El Derecho Humano a la Libertad Religiosa

Jacques Maritain

“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21)

“Mi Reino no es de este mundo”

(Juan 18, 33-37)

El hombre (varón o mujer), se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser conciente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.(Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956)

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la  libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o asocia con otras personas para hacerlo; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

  1. Religión: Persona, Sociedad y Estado.

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

  1. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa.

La persona, conciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

  1. El Derecho Humano a la Libertad Religiosa.

El derecho que toda persona tiene al ejercicio de la libertad religiosa debe ser respetado y garantizado por las normas que reglamentan su ejercicio y la misma alcanzan, entre otros, a los siguientes derechos:

1.1. A profesar sus creencias religiosas;

1.2. A cambiar o abandonar dichas creencias;

1.3. A manifestarlas;

1.4. A no estar obligado a expresarlas;

1.5. A recibir y trasmitir información religiosa;

1.6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;

1.7. A practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;

1.8. A  no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;

1.9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas o actos religiosos en lugares públicos,

1.10. A  asociarse con fines religiosos;

1.11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, comisarías, cuarteles o en el campo de batalla;

1.12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;

1.13. A educar y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimiento de educación pública estatal;

1.14. A conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;

1.15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.

1.16. A que se respete el secreto de confesión.

A la Iglesia y los demás confesiones religiosas se le debe garantizar también vía reglamentación, al menos, los siguientes derechos:

1.1. A que les reconozca su personería jurídica, su organización en base a las normas que ellas mismas se dicten, y las autoridades que designen.

1.2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.

1.3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;

1.4. A tener cementerios;

1.5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial;

1.6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o las de otras comunidades religiosas, dentro y fuera del país;

1.7. A admitir o excluir fieles;

1.8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, enviar – dentro y fuera del país – o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual  y económicamente;

1.9. A reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas dentro y fuera del país.

1.10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.

1.11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.

1.12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a la Iglesia o a la confesión religiosa que indiquen.

1.13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

La mayoría de estos derechos, cuya enumeración no es taxativa, están reconocidos por la Constitución Nacional, la de las provinciales, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, y por leyes nacionales y provinciales.

  1. Sociedad Política, Estado, Iglesia, Autoridades Eclesiástica y otras Confesiones Religiosas.

De lo antes expresado queda claro que quien es religioso es la persona y que la expresión social del fenómeno religioso se da en las sociedades intermedias; como la familia, en las comunidades religiosas y en la sociedad política; y no en el Estado, que no profesa ninguna religión, por lo que podemos afirmar que es laico, aunque no sea indiferente ante la religiosidad de los ciudadanos, ni a las instituciones religiosas que viven y se desarrollan en el seno de la sociedad política a la que sirve, ni a la religiosidad de quienes ocupan cargos de gobierno o en la administración.

La Iglesia Católica como institución universal tiene reconocimiento como persona jurídica desde hace siglos por los usos y costumbres del derecho de gente o derecho internacional, y como así tácitamente lo reconoce la Constitución Nacional (Art. 2 y 75 inc. 22), y expresamente lo hace el Código Civil (Arts. 33 y 2345), en nuestro país.

La autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que tiene su Sede en el Vaticano, puede celebrar concordatos con el gobierno argentino (Art. 75 inciso 22), lo que no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse también acuerdos con las autoridades locales de la Iglesia, sus institutos de vida consagrada, y con las demás confesiones religiosas.

Las demás confesiones religiosas tienen también el derecho al reconocimiento de su personería jurídica aunque actualmente ello no se encuentra debidamente legislado en la Argentina y sólo consiguen su reconocimiento como tales a través de la adopción de formas sociales o asociacionales, civiles  o comerciales, que no se ajustan a su naturaleza religiosa, y con la previa inscripción en un registro de cultos.

  1. Separación, Autonomía y Cooperación.

De ello se desprende la necesaria autonomía que tienen la Iglesia y las demás confesiones religiosas respecto del Estado, fundamentadas jurídicamente en las personalidades jurídicas distintas que invisten el Estado, la Iglesia y las demás confesiones religiosas.

Podemos válidamente afirmar, entonces, que existe separación entre el Estado y la Iglesia, como también respecto de las demás confesiones religiosas. Pero ello no debe interpretarse como ruptura, sino, todo por el contrario, implica también cooperación.

La cooperación entre Iglesia y Estado es fundamental en el campo mixto; como en el de la bioética, el matrimonio, la familia, la cultura, la educación, lo social, los medios de comunicación, el patrimonio cultural, etcétera; en cuyas relaciones humanas se hace necesario armonizar las normas morales y canónicas con la legislación positiva.

  1. Estado Laico y Limitado.

El Estado no adopta ni tiene una religión, como todavía rezan algunas constituciones provinciales (Santa Fe, Art. 3º, y Catamarca, Art. 2º) que declaran a la Católica como la Religión de la provincia, y como bien quedó aclarado en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 cuando se discutió el artículo 2º de la Constitución Nacional, en la sesión del 21 de abril de ese año, cuando el convencional y prelado Benjamín J. Lavaysse sostuvo “(…)que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva (…)” lo que implicaba que el Estado no debía adoptar religión alguna y que debía declararse la libertad de culto. A la expresión “adopta y sostiene el culto católico” del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (Art. 3º) los constituyente le suprimieron el “adopta” al incorporarlo a nuestra Carta Fundamental (Art. 2), por las razones esgrimidas por el padre Lavaysse y José Benjamín Gorostiaga.

  1. La Igualdad de Derechos y la Libertad Religiosa.

Las personas físicas y jurídicas, titulares del derecho a la libertad religiosa, son iguales ante la ley. Esta igualdad debe interpretarse, como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, como lo ha hecho en distintos pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a distintas cuestiones (Fallos: 16:118, sentencia del 1º de mayo de 1875).  El número de files que integran las distintas confesiones religiosas, su expansión en el mundo y en nuestro país, y su significación histórica, cultural y social deben ser tenidas en cuenta a los efectos de hacer esta interpretación.

La invocación del derecho a la libertad religiosa no justifica actos de discriminación ni admite privilegios o supremacía para el acceso a cargos públicos, como ocurre por ejemplo cuando la Constitución Nacional dispone que: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)” (Art.73). La ley 23.592 tipifica y castiga los actos discriminatorios.

  1. Cuestiones controvertidas

Hay algunas cuestiones importantes que necesitarían ser resueltas normativamente para que los argentinos podamos ejercitar más plenamente la libertad religiosa, a saber:

1.1. El Gobierno Federal debe propiciar ante la comunidad internacional la firma de un tratado de derechos humanos sobre libertad religiosa.

1.2. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que hoy actualmente sólo tienen un simbólico sentido reparatorio por la confiscación de bienes que se le hicieron en el siglo XIX, ya que en modo alguno alcanzan para el sosteniendo que manda el texto constitucional.

1.3. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito. Debe suprimirse el artículo 73 que prohíbe ingresar al Congreso a los eclesiásticos regulares.

1.4. Debe reglamentarse el derecho a profesar y ejercer libremente su culto (Arts. 14  y 20 de la Constitución) y dictarse una ley de libertad religiosa, que derogue la ley de facto 21.745, y que declarare y garantice los derechos de los habitantes y de las confesiones religiosas, que hay actualmente en el país, y reconozca la personaría jurídica y de las que en el futuro puedan ser solicitadas. El convencional José Benjamín Gorostiaga así lo expresó en la sesión del 24 de abril de 1853 de la Convención Constituyente.

1.5. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

1.6. Debe modificarse el Código Civil para que se reconozca el matrimonio religioso, y se establezca la forma en que los mismos sean inscriptos en el Registro General de las Personas, como lo tiene establecido la legislación de Brasil y Chile.

1.7. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o  pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), que ser reitera en otros tratados internacionales y constitucionales provinciales. Actualmente se cumple con ello en las provincia de Salta, Tucumán y Catamarca.

1.8. Modificar el Código Penal a los efectos de preservar mejor el bien jurídico protegido: libertad religiosa y sancionar las conductas discriminatorias, fraudulentas, agresivas y contrarias a los derechos humanos ejercidas por personas o por quienes creen o intervengan en falsas confesiones religiosas, comúnmente denominadas “sectas”, y que invocan su condición religiosa con fines ilícitos.

Los mejores deseos para que estos propósitos se hagan posibles encuentran su mejor síntesis en estas palabras de Benedicto XVI:

Que los miembros de todas las religiones estén unidos en la defensa y promoción de la vida y la libertad religiosa en todo el mundo. Y que, dedicándonos generosamente a este sagrado deber -a través del diálogo y de tantos pequeños actos de amor, de comprensión y de compasión – seamos instrumentos de paz para toda la familia humana.” (17 de abril de 2008 en Washington D. C.)

Córdoba, septiembre de 2010.

El Disparate de la Reelección y la Carta que no llegó a Destino

Intendente de Córdoba Daniel Giacomino

Córdoba; que es la ciudad más extensa del país (con 576 Km. 2), con una superficie superior al doble de la Capital Federal (200 Km. 2), y que, después de ésta, es la segunda más poblada del Argentina (1.309.536), con más habitantes que 18 provincias argentinas y 9 estados norteamericanos; dictó su primera Carta Orgánica Municipal, el 6 de noviembre de 1995; en la que se declaró que sus vecinos son los “protagonistas y artífices de la vida cotidiana y el destino común de la ciudad” (art. 15), pero los pésimos gobiernos que se sucedieron hicieron que los cordobeses no recibieran este mensaje.

Fue positivo:

• Crear el cargo de viceintendente;

• Obligar a los candidatos a intendente y vice a encabezar las listas de concejales, para que pudieran serlo si no eran elegidos en esos cargos, y si los votos obtenidos y el sistema proporcional lo hicieren posible; y

• Permitir a los ciudadanos marcar la preferencia en la lista de concejales, y evitar así las “listas sábanas”, aunque ello se frustró al reglamentarlo, porque el nombre de los candidatos preferidos había que escribirlo de puño y letra en otra boleta, lo que atenta contra el secreto del voto; y por exigirse un número mínimo muy alto de preferencias para cambiar el orden de las listas.

Fue negativo:

• Establecer el voto desde los 16 años (art. 124) ya que a los adolescentes no les interesó inscribirse el padrón, como lo pronosticamos en la Convención.

• El piso del 2 por ciento de votos para acceder al Concejo Deliberante proscribió a partidos menores.

• Aumentar, sin necesidad, de 3 a 5 los vocales del Tribunal de Cuentas; y

• Mantener el Tribunal Administrativo de Faltas, creado por el gobierno militar, contrariando a la Constitución Nacional que sólo prevé un Poder Judicial federal y otro provincial y no reconoce la autonomía judicial de los municipios (Art. 123).

Fue letra muerta establecer:

• El Consejo Económico Social;

• Las Juntas de Participación Vecinal, integradas por representantes de los centros vecinales;

• Elecciones internas abiertas;

• Mecanismos de participación como: el voluntariado, la iniciativa, la consulta popular, el referéndum y la revocatoria;

• El conceder la personería jurídica a los centros vecinales, potestad que detenta la Provincia; y

• Declarar el ingreso de empleados por idoneidad y concurso, ya que se superpobló la Administración con personal contratado, interino, monotributistas y beneficiarios de planes sociales, que periódicamente se incorporan a planta permanente.

Hubiera sido bueno crear la Defensoría del Vecino; el Historiador de la Ciudad; y los Consejos de la Juventud, de la Mujer, de los centros vecinales y de los partidos políticos.

El Intendente Daniel Giacomino, presentó una acción judicial para ver si puede ser reelecto, lo que es un disparate, porque:

* No tiene apoyo de los vecinos,

* La Carta reza que el intendente y su vice: “(…) Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con el intervalo de un período”. (Art. 83). Giacomino no puede ser reelegido porque fue viceintendente en el gobierno anterior, aunque renunció a mitad del mismo para ser diputado. La absurda interpretación del Intendente haría posible la reelección siempre, con la sola renuncia, antes de terminar su mandato, de quién la pretenda.

* Invocar, a su favor, que la Carta dice respecto de los Concejales y vocales del Tribunal de Cuentas, de que: “Pueden ser reelectos por una vez consecutiva y debe pasar un período completo para su nueva elección” (Arts. 51 y 91), es absurdo ya que lo del “período completo” se refiere al que sigue a los dos permitidos

* Su reelección sólo sería posible si se reforma la Carta, lo que es improbable por su pobre gestión, por lo que pasó con Eduardo Angeloz, y al gobernador de Misiones Carlos Rovira, cuando fue derrotado en las urnas por Monseñor Joaquín Piña (2006).

Pero, con esto y la pobre oferta electoral que hay, no estaría mal debatir una reformar de la Carta, no para la reelección, sino para decidir:

• Descentralizar del gobierno municipal, como en las grandes urbes de América, y dividir la ciudad en comunas, para que la gobiernen alcaldes y juntas de vecinos, elegidos por el pueblo, con sede en los Consejos de Participación Comunal (CPC), con atribuciones y presupuesto para resolver los problemas más acuciantes de los barrios.

• Reglamentar la negociación colectiva con los sindicatos, que han tenido preso a los últimos intendentes, y autorizar en los conflictos la intervención del Ministerio de Trabajo.

• Suprimir la Justicia Municipal de Faltas y hacer que los Jueces provinciales juzguen las contravenciones y faltas municipales.

• Pasar los colegios a la Provincia y los bomberos y parte de la policía al Municipio, como está ocurriendo en la Provincia de Buenos Aires.

• Hacer posible convenios con los municipios del área metropolitana para regular servicios comunes y fijar sus límites.

• Prohibir que se deleguen facultades al Ejecutivo en los presupuestos, y que se cumplan con los participativos.

• Decidir qué hacer con la noche, el transporte, la basura y con las deficitarias empresas públicas Tamse y Crese.

Este aniversario nos debe hacer pensar de nuevo en la Córdoba que queremos. El desarrollo que en los últimos tiempos ha tenido Rosario –que pretende disputar el liderazgo que Córdoba tiene en el país- nos debe estimular para trazar una nueva estrategia de desarrollo y en reorganizar y descentralizar el gobierno de ésta gran ciudad, para ;ponerlo más cerca de sus vecinos.

Córdoba, Noviembre de 2010.

Poner Fin al Poder Ejecutivo Legislador

Edificio del Congreso Argentino

La reforma constitucional de 1994 autorizó y puso límites a la delegación legislativa del Poder Legislativo al Ejecutivo (Art. 76); e instruyó al Congreso para que revise toda la delegación anterior y las leyes dictada en su consecuencia. Dispuso, además, que toda esa legislación que no contenga plazo establecido para su ejercicio, a menos que sea ratificada por el Congreso, caducará a los 5 años (Cláusula transitoria 8ª.), luego de un estudio pormenorizado y riguroso. Este término se prorrogó varias veces (por leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519) y vence el 24 de agosto próximo.

Entre las leyes delegantes está el Código Aduanero, ley 22.415 del gobierno militar –tachado de inconstitucional por delegar potestades tributarias -, que fue en lo que se fundó el Ministro de Economía para dictar la famosa Resolución 125/ 2008 que estableció la alícuota de retenciones a las exportaciones, que generó el conflicto, todavía irresuelto, con el campo.

El nuevo Artículo 76 de la Constitución dispuso que: “Se prohíbe la delegación  legislativa en el Poder Ejecutivo, Salvo en materias determinadas de administración o de emergencia publica, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la  delegación que el Congreso establezca (…)” y fue dictada con el propósito de atenuar los poderes presidenciales. Por eso la norma permite la delegación sólo por vía de excepción y cumpliendo ciertas pautas: que se suministre un criterio claro para guiar al organismo administrativo al cual se le transfieren potestades, que la transferencia de facultades tenga lugar sólo respecto de materias determinadas, y que la delegación se efectúe por tiempo limitado Es claro, que la Cláusula transitoria 8ª, al exigir “ratificación expresa por una nueva ley”, demandaba que las normas que contuvieran delegaciones legislativas fueran examinadas  exhaustivamente.

El constituyente Alberto García Lema expresó que: “(…)La finalidad de la Disposición Transitoria Octava fue facilitar el análisis por el Congreso de las bases de la delegación utilizadas en la legislación preexistente, previendo un plazo de transición más que razonable (de cinco años) para que pudiese valorar la conveniencia ya sea de ratificar sin cambios la delegación concedida, ya fuere de mantenerla pero modificando el originario intelligible standard –en ambos casos fijando el plazo para su ejercicio-, o simplemente dejándola sin efecto y reasumir íntegramente la potestad legislativa”. Esta postura fue destacada por la Corte Suprema (Fallos 331:2406). Lo que no hay dudas acerca de que la intención del Constituyente exigía una revisión integral, pormenorizada y minuciosa.

La ley 26.519 creó, tardíamente, una Comisión especial a la que encarga, en el marco de lo dispuesto por la disposición transitoria 8ª, la revisión de toda la materia delegada.

El Congreso, hasta ahora, no revisó la delegación legislativa, y se limitó a ratificar en masa y prorrogar las delegaciones legislativas, muchas de ellas dictadas durante los gobiernos de facto. ¿Qué debe hacer entonces, en esa coyuntura, el Congreso?

Todas esas ratificaciones son inconstitucionales por haber eludido el mandato constitucional. Por lo que la legislación delegada, en sentido estricto, ya caducó en los términos de la Disposición transitoria 8ª. Y por ello el Congreso no debe hoy volver a ratificarla. El Congreso debe, entonces, legislar nuevamente en cada una de las materias, lo que no es fácil ya que hay más de 1900 leyes involucradas, sino porque todas las relaciones nacidas al amparo de esa legislación delegada habrían caducado ya en el año 1999, al transcurrir los 5 primeros años.

El Congreso está, hoy, frente a la misma disyuntiva que tuvo en 1999 y seguramente decidirá:

1. Postergar de nuevo la revisión de toda la legislación y ratificar en masa la que fue delegada por un tiempo determinado, como lo ha hecho hasta ahora;

2. Ratificar expresamente y de modo definitivo toda la legislación delegada que haya logrado identificar; o

3. Ratificar algunas leyes, derogar otras, y ponerle plazo de caducidad a algunas de las no ratificadas. Las retenciones, a estar por lo que expresan los proyectos de la oposición, es posible que entren en esta categoría, se deroguen algunas (maíz, trigo y girasol), y se mantengan otras, con una alícuota que se reduzca progresivamente hasta su extinción.

La delegación y revocación de las potestades legislativas, es privativa del Congreso, y las leyes que lo instrumentan no pueden ser vetadas por el Ejecutivo.

La República necesita el respeto de la división de poderes, para lo cual el Congreso debe recuperar las facultades que, desde hace tanto tiempo, le fueron sustraídas.

Córdoba, agosto de 2010.

* Es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación..

** D.Phil (Doctor en Filosofía) University of Oxford, Reino Unido.

Educación Religiosa: El Valor de los Valores

Simbolos Religiosos

No alcanza con hacer más inclusiva a la educación y aumentar el contenido de lo que se enseña, es necesario mejorar su calidad, y dar prioridad a la formación sobre la enseñanza, y a la transmisión de valores sobre los conocimientos.

Si “la primera finalidad de la educación – como recuerda Jacques Maritain – es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre”, la educación debe transmitir valores, que tienen por fuente la razón, pero también la fe religiosa de cada uno, y que fueron aportados por las distintas tradiciones religiosas a la cultura y a la moral universal.

Por ello urge incorporar la educación religiosa a los planes de estudio, y cumplir así con el Pacto de San José de Costa Rica cuando dice: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (Art. 12,4); y con las constituciones provinciales, como la que nos tocó sancionar en Córdoba en 1987, que reza: “Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones.

La emblemática ley 1420, mal llamada de “enseñanza laica”, no era contrario a ello, sólo que decía: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases.” (Art. 8)

En la actualidad sólo en Salta, Tucumán y Catamarca se enseña religión en los colegios del Estado, quizás porque en otros lados se teme reabrir crispados debates como los que se dieron: en 1884 al dictarse la ley 1420; o en 1943 cuando por un decreto derogado en 1955 se implantó en las escuelas la enseñanza de la religión católica, y moral para los que no profesaban ese culto;  o en 1959 cuando “libres” y “laicos” discutieron en la calle la ley Domingorena, que autorizó a las universidades privadas.

La educación religiosa que proponemos no pretende reimplantar en los colegios estatales la materia religión católica, como ocurrió entre 1943-1955; sino que se enseñe, con criterio pluralista, los principios éticos, filosóficos, y teológicos de las distintas tradiciones religiosas, lo que expresan sus Libros Sagrados, y se muestra en su liturgia; y que integran la cultura de la humanidad.

La enseñanza catequística, que alimenta la fe de quienes la tienen, debe impartirse en los templos o colegios religiosos, y no en las escuelas del Estado.

Prohibir la enseñanza religiosa, con el alcance indicado, en la educación pública estatal, es discriminar y atentar contra a libertad de conciencia,  religiosa y de enseñanza, además de contrariar las normas antes citadas.

El ejercicio de la libertad religiosa en la educación pública, es el mismo que ejercitan los padres con sus hijos, o los docentes en los colegios religiosos; donde educar no es imponer, discriminar o negarse a hacer conocer textos o prácticas religiosas, que el educando puede o no aceptar, compartir, e incorporar o no a su proyecto de vida.

Las religiones, como los credos políticos, hoy también pueden enseñarse con criterios “universalistas”, incluso lo pueden hacer quienes no comulgan con la fe que se enseña. La pluralidad religiosa no debe llevarnos al absurdo de no estudiar ninguna religión, sino que nos convoca a tratar de conocerlas a todas.

Si a un niño se le enseña, desde la razón, que debe respetar a los demás, para ser él mismo respetado; no se lo confunde si se le agrega a ello que los que tienen fe consideran al prójimo como hijo de Dios, y que todos los hombres han sido creados iguales, a su imagen y semejanza. De este modo se le brinda mejores razones para incorporar ese valor a su conducta.

Aquello que decía la ley 1420 que la enseñanza religiosa se haga fuera de las horas de clase hoy está superado por la doble escolaridad o la extensión de la jornada, y la incorporación de cátedras libres y materias optativas en las carreras universitarias, donde se puede se enseñar religión, libros sagrados, Derecho Eclesiástico, Relaciones Interreligiosas, etcétera.

Al reformar las leyes de educación, como estudia hacer Córdoba, debemos recordar que está pendiente incorporar la educación religiosa; que ayudará a trasmitir valores a conductas hoy viciadas por la anomia, la corrupción o la violencia, y debilitadas en sus vínculos fraternales, de cooperación y de solidaridad; lo que no mejorará, como está probado, con hacer más severas las leyes o con aumentar las penas en el Código Penal.

Córdoba, julio de 2010.

Realidad Político – Social en la Argentina del Bicentenario

 

Logo Bicentenario

Logo de la celebración del Bicentenario Argentino

Política y Sociedad

 El poder político y la autoridad es la capacidad que tienes las sociedades de imponer su voluntad a las personas que la integran, y que fueron sus creadores, y su finalidad es el bien común. Por ello, podemos afirmar, que la política, que ciudadanos y gobernantes practicamos, es ciencia, arte y virtud del bien común, y que tiene una faz agonal – referida a lucha o competencia para alcanzar el poder -, y otra arquitectónica – la que se refiere a la actividad creadora, constructora e integradora -.

Hoy nos proponemos analizar, como ciudadanos y como cristianos, lo político en el modo y la forma que se desarrolla dentro de la sociedad política Argentina, como la que se despliega en la región latinoamericana – donde nuestra Nación esta inserta -, y en el mundo en que a todos nos toca vivir.

Como bien indica Arturo Ponsati, lo político ha constituido y constituye una dimensión irrenunciable, insoslayable, e inquebrantable de lo humano. Nadie, que vive en sociedad, puede considerarse ajeno a la misma. La persona, la sociedad, la cultura y la historia constituyen los antecedentes necesarios de lo político.

Las tres condiciones constitutivas de la dimensión política del hombre son:

  1. La relación del mando y de la obediencia, de cuya interacción nace el orden y que condiciona la formación de la unidad política
  2. La relación entre los privado y lo público, de la cual emerge la opinión, y que determina la forma de organización o sea el régimen político; y
  3. La dialéctica amigo – enemigo, que engendra la lucha, y hace posible su conservación.[1]

 

A diferencia de las concepciones totalitarias, como bien indica Jacques Maritain, no es la sociedad política sino que “La persona humana como tal es una totalidad; el individuo material como tal o la persona como individuo material es una parte. Mientras que la persona, como persona, o como totalidad, tiene derecho pleno a que el bien común de la sociedad temporal retorne a ella; y aunque, por su ordenación al Todo trascendente, está por sobre la sociedad temporal, esa misma persona, como individuo o como parte, es inferior al todo y a él esta subordinado, y como órgano del todo debe estar al servicio de la obra común.”[2]

Como bien decía Jean Jacques Rousseau “el verdadero fin de la política es hacer cómoda la existencia y felices a los pueblos”. El bien común al que se encamina la sociedad política; que, además, es el fin de la política y del derecho; debemos entenderla, según expresaba Maritain, como “la buena vida humana de la multitud”, que abarca “no solamente el conjunto de bienes o servicios de utilidad pública o de interés nacional (caminos, puertos, escuelas, etc.) que supone la organización de la vida común, ni las buenas finanzas del Estado, ni su pujanza militar: no es solamente el conjunto de justas leyes, de buenas costumbres y de sabias instituciones que dan su estructura a la nación, ni la herencia de sus gloriosos recuerdos históricos, de sus símbolos y de sus glorias, de sus tradiciones y de sus tesoros de cultura (…) todo lo que supone conciencia cívica, de las virtudes políticas y del sentido del derecho y de la libertad, y de todo lo que hay de actividad, de prosperidad material y de tesoros espirituales, de sabiduría tradicional inconcientemente vivida, de rectitud moral, de justicia, de amistad, de felicidad, de virtud y de heroísmo en la vida individual de los miembros de la comunidad (…), ayudándoles así a perfeccionar su vida y su libertad de persona.” [3]

La Argentina del Bicentenario

 

El haber cumplido 200 años de la Revolución de Mayo, en que el pueblo de Buenos Aires, como hermana mayor del resto de las ciudades y pueblos de interior, tomó aquella trascendental decisión política de elegir el primer gobierno patrio presidido por Cornelio de Saavedra, es una oportunidad para reflexionar a cerca de cómo hoy se hace y se toman las decisiones política en la República Argentina.

I. Lo Positivo

 

El Bicentenario nos muestra una sociedad argentina satisfecha por:

  1. Haber cumplido más de un cuarto de siglo de vida democrática.
  2. Haber finiquitado en 1983 con un ciclo de 53 años (entre 1930 a 1983) en el que se alternaban gobiernos de facto, surgidos de golpes de estado producido por personal de las Fuerzas Armadas, con gobiernos de iure, y no haber vuelto a recurrir a golpes de estado ni a los miliares para resolver las graves crisis político- económica que se produjeron en 1989 y en el año 2001.
  3. Haber retornado, hace 26 años, a la plena vigencia de la Constitución, la que, además, en 1994 fue reformada y se intentó ponerla a tono con los nuevos tiempos, reconociendo nuevos derechos y garantías, y adecuando sus instituciones y su proyecto político al nuevo contexto en que le tocaba regir.
  4. Haber elegidos por el pueblo en elecciones libres a sus gobernantes sin interrupciones desde el 30 de octubre de 1983.
  5. Haber abandonado la violencia política y garantizado mejor a los derechos humanos, juzgando y condenando a quienes atentaron contra los mismos durante el último gobierno militar;  indemnizado a los que habrían sido privados de su libertad o tuvieron que irse del país durante la década del setenta y los primeros años del ochenta del siglo anterior.
  6. Haber dado jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
  7. Haber reglamentado el hábeas corpus y el hábeas data; criminalizado las discriminaciones y reconocido y garantizado los derechos de las minorías: especialmente la de los opositores políticos, de los niños, las mujeres, los indígenas y los homosexuales.
  8. Haber reconocido y garantizado mejor los derechos al ambiente, del consumidor, de los usuarios de los servicios públicos, a la información y a la comunicación, a través de los nuevos medios y redes que se comenzaron a utilizar con motivo de las nuevas tecnologías electrónicas.
  9. Haber progresado en la sociedad argentina en el diálogo ecuménico e interreligioso lo que significa un mejor ejercicio de la libertad religiosa.
  10. Haber podido en lo económico sortear con éxito la crisis de los años 1989, 2001 y la mundial de 2009 y haber podido, a pesar de las mismas, volver a lograr un significativo crecimiento económico, merced – principalmente- al crecimiento de las exportaciones.
  11. Haber avanzado en materia de políticas sociales, especialmente por haber restablecido la actualización del salario mínimo vital y móvil, el haberse otorgados distintos planes sociales a los más pobres, por haber otorgado las jubilaciones llamadas de “Amas de casas” a quienes no podía acceder a estos beneficios por falta de aportes, y el haberse dispuesto la asignación “universal” –aunque no abarque a todos – por hijo.
  12. Haber iniciado y sostenido – no con pocas dificultades – un proceso de integración regional, como los surgidos de los tratados del MERCOSUR, y por el Pacto de San José de Costa Rica, que regula la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

II. Lo Negativo

El que no hayan podido terminar su mandato constitucional los presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Fernando de la Rúa fue lo más negativo de este período. En el gobierno de Néstor Kirchner y luego en el de su esposa Cristina Fernández, se ha impuesto:

  1. Una política populista que pretende dividir a la sociedad en dos fracciones irreconciliables, tensando al máximo la dialéctica amigo – enemigo, y donde en la agenda política se plantean temas que dividen a los argentinos, como acaba de suceder con la reforma del régimen matrimonial y de adopción. La crispación, como estilo político, se impone sobre la necesidad de buscar el bien común a través del consenso y de políticas de estado.
  2. El poder se ha centralizado en el Poder Ejecutivo, en desmedro de los otros dos poderes constitucionales: el Legislativo y el Judicial, de los órganos de control, de las provincias y de los municipios.
  3. El uso y abuso frecuente de decretos de necesidad y urgencia y de las facultades delegadas en materia legislativa es una de las manifestaciones de esta centralización.
  4. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner su marido Néstor ha continuado teniendo una influencia decisiva en el ejercicio del poder político del Estado, más allá de las que le competen como presidente del Partido Justicialista, líder del Frente de la Victoria, diputado de la Nación y secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
  5. La última reforma a la composición del Consejo de la Magistratura permitió al gobierno tener derecho de veto en sus decisiones más trascendentes, lo que han creado distintos condicionamientos al buen funcionamiento de la Justicia.
  6. Los partidos y el sistema de partidos se han fraccionado, sus idearios políticos se han olvidado o diluido, lo que los ha debilitado como medios para gestar propuestas y plataformas electorales, promover auténticos liderazgos políticos, hacer educación política, y continuar siendo canales que permitan una mejor representación. El “que se vayan todos” sirvió de poco para hacer una renovación de los cuadros políticos. La ley de reforma política aprobada en el año 2009 por el Congreso, a propuesta del gobierno mientras tuvo mayoría en las Cámaras, no tiene otro propósito que facilitar la reelección de los esposos Kirchner.
  7. El fracaso de la oposición en el Congreso luego de haber triunfado en las elecciones del 28 de junio de 2009; por las disputas entre sus distintos líderes y la falta de objetivos claros en su accionar; ha frustrado las expectativas de cambio que los electores habían depositado en las urnas junto con su voto.
  8. La Administración Pública, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, el servicio exterior y los organismos financieros al Estado han sido puesto bajo el control del gobierno. Se ha creado una gran caja con los recursos fiscales del Estado que se manejan a discreción con la que se han malversado los aportes jubilatorios y los recursos fiscales destinados a la coparticipación federal. Parte de las reservas del Banco Central han sido incorporadas esta gran caja.
  9. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC); que son indispensables para la buena marcha de la economía y de las finanzas, para saber los índices de desempleo, de pobreza, indigencia, de inflación, etcétera; han sido adulterados mediante la intervención de dicho Instituto.
  10. El sistema tributario esta totalmente desquiciado, carece de equidad, y es la causa de que parte importante de la economía funcione en negro.
  11. La autonomía de las provincias y de los municipios se ha tornado ilusoria y sus autoridades dependen política y financieramente del gobierno federal y de la caja que administra con total discreción el Ejecutivo.
  12. Como bien demuestran las encuestas la seguridad se ha convertido uno de los problemas más acuciantes que afligen a la gente.
  13. La corrupción es otro de los males que nos afligen a todos y que no ha encontrado la forma de ser erradicada. Además, el prestigio de los políticos, incluso los de conducta intachable, ha decaído significativamente por esta causa, y muchas personas se niegan a participar en los partidos o en los gobiernos por este motivo.
  14. Se ha establecido un “capitalismo de amigos”, con empresarios o financistas privados vinculado al gobierno, para controlar importantes capitales, empresas privadas, ganar licitaciones de obras o servicios públicos, controlar el juego, hacer negocios en otros países, y financiar al aparato político que apoya al gobierno.
  15. Se ha creado una importante red de organizaciones no gubernamentales, financiadas con recursos fiscales, que junto a organizaciones sindicales, de “derechos humanos” y fracciones políticas afines, como los piqueteros, barras bravas y punteros políticos, ejercen el clientelismo político en apoyo al gobierno y a sus políticas, y dominan la calle con manifestaciones, marchas, actos públicos, cortes de rutas o calles y escraches a favor del gobierno y de sus políticas, y denostan a los opositores o los que han sido declarado sus enemigos.
  16. Invocando el propósito de terminar con el monopolio de algunos medios de comunicación, como Clarín, se pretende crear o ampliar el manejo político que se hace de los medios que pertenecen al Estado o que desde el sector privado apoyan al gobierno y a sus políticas. La ley de medios, además de desconocer la autonomía de las provincias, tiene este propósito.
  17. Se mantiene un conflicto permanente con la Iglesia criticando y tratando de desprestigiar a sus prelados, se ha roto con la tradición de asistir por parte del primer mandatario del país a los Tedeum en las conmemoraciones de las fechas patrias, y poco o nada se ha avanzado en implementar políticas de respeto a la libertad religiosa. El diferendo con la Santa Sede por el vicariato castrense se mantiene sin solución, aunque ya no lo ejerza Monseñor Antonio Baseotto, por quién el gobierno planteó el problema, y nada se ha resuelto sobre el Acuerdo con la Santa Sede de 1956 sobre la materia. El conflicto que se suscitó por el no otorgamiento del placet al embajador designado por el gobierno ante el Vaticano, Alberto Iribarne, se superó con su renuncia en el año 2008. El debate de la ley de matrimonio del mismo sexo tensó aún más la relación del Gobierno con la Iglesia y con los evangélicos. La ley de reglamenta la libertad religiosa duerme en el Congreso.
  18. El mayor distanciamiento que se ha producido en las últimas décadas entre los que tienen mayores y menores ingresos es la mayor afrenta que hemos padecido los argentinos; lo que ha aumentado la pobreza, la indigencia y la desnutrición en la población, que ha crecido en muchos pueblos y zonas del país, en las villas de emergencia y en el mayor número de personas que se encuentran en “situación de calle” en las grandes ciudades; y donde la alimentación, los servicios de salud, de educación, de vivienda y de asistencia espiritual son más que insuficientes. Aquí cabe la sabia regla de Confucio de que “En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza.”
  19. El desempleo y la falta de preparación para acceder a trabajar es otras de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país. Los haberes de la inmensa mayoría de los jubilados y pensionados están muy lejos de cubrir la necesidades básicas de quienes pretender vivir con esos ingresos.
  20. La Educación muestra no solamente deficiencias en la infraestructura de escuelas y colegios; en cumplir con el propósito, nunca alcanzado, de que sea más inclusiva; de que se cumpla con las 180 horas de clases anuales; o en la demora en implementar la doble escolaridad; sino por su calidad, especialmente en los aspectos formativos y en la prioridad que merece el transmitir valores, más que información. Es notable la falta de educación política, y de educación religiosa en las escuelas públicas. En la educación universitaria hay niveles de deserción, demora en graduarse de los alumnos y déficit de investigación, que son por demás alarmantes. Los recursos destinados a la educación superior son por demás insuficientes. No se ha resuelto adecuadamente el ingreso a las universidades del Estado, ni se ha desdoblado, como sería de desear, los títulos académicos de los habilitantes para el ejercicio profesional.
  21. Hay serios problemas de infraestructura, de transporte y de provisión de energía que afectan al desarrollo productivo del país y la calidad de vida de sus habitantes, como consecuencia de la falta de previsión y de políticas de estados en esas materias.
  22. La necesidad de preservar mejor nuestros recursos naturales nos ha llevado en los últimos tiempo a marchas y contramarchas, como ocurre con las normas sobre protección de los glaciales; o el diferendo con Uruguay sobre la empresa Botnia que nos llevó a perder un pleito en el Tribunal de La Haya; o la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Mendoza, Beatriz” que tiene por fin terminar con la contaminación del Riachuelo.

Latinoamérica

En la región latinoamericana, donde la democracia constitucional fue adoptada, al finalizar el siglo XX en todos los países con excepción de Cuba, ha ocurrido en el año 2009 un golpe de estado en Honduras, que ha sido repudiado por todos los países de América y de otras partes del mundo, ha resentido las relaciones entre los países de la región y ha hecho pensar a muchos que habría que ampliar la Declaración de la Democracia suscripta en Lima.

Además, últimamente en países – como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua – , gobiernos elegidos por el pueblo, que practican un populismo que esconde nuevas formas de autoritarismos, y que algunos políticos, partidos o gobiernos, de otros países – como el nuestro – parecen querer imitar.

Esta nueva modalidad del autoritarismo se caracteriza por:

  1. Tener presidentes, de fuerte personalidad; que olvidando la frase de Séneca “Todo poder excesivo dura poco”, o la de Montesquieu: “Cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco, y sin notarlo”; llegaron a sus cargos con el propósito de permanecer largo tiempo en el mismo, de eso es que impulsaron reformas constitucionales para ser reelegidos indefinidamente.
  2. Que pretenden controlar todos los órganos del gobierno y del estado; que desprecian y neutralizan a los órganos de control, y a los desconcentrados o descentralizados (empresas públicas, provincias, departamentos, municipios o alcaldías).
  3. Que controlan sus parlamentos, con unanimidad – como en el caso de Venezuela donde actualmente no hay opositores -, o le imponen rígidas disciplinas para que le deleguen las más importantes facultades legislativas, o dicten las leyes que les proponen.
  4. Que ejercen el poder con políticas que dividen a los países en dos fracciones políticas, regionales o étnicas irreconciliables; donde el diálogo, el consenso es imposible y la oposición es combatida hasta ser eliminada institucionalmente;
  5. Que los partidos políticos han sido debilitados y los dirigentes opositores perseguidos.
  6. Que se ejerce un control estatal y político de los medios de comunicación masivos, y se usa a los que dependen del Estado o que son influidos por el mismo, por ejemplo a través de la publicidad oficial; con el propósito de hacer propaganda política del gobierno de turno.
  7. Que se ha propuesto estatizar o controlar empresas y capitales privados que no le responden políticamente.
  8. Que la relaciones con la jerarquía de la Iglesia y de los demás cultos es siempre conflictiva.
  9. Que en política internacional pretenden influir en la de los países vecinos con el propósito de imponer sus políticas autoritarias.
  10. Que mantienen o impulsan buenas relaciones con países donde no se respetan los derechos humanos y no tienes regímenes democráticos, como es el caso de Irán y Cuba.
  11. Que hay fundadas sospechas de que se mantienen buenas relaciones con grupos narco – guerrilleros, como la FRAC o el Ejército de Liberación Nacional, según la reciente denuncia del gobierno de Colombia, y con ETA del país vasco, como se denunció hace un tiempo.

La región ha tenido en los últimos años un crecimiento económico significativo como consecuencia de las exportaciones a los países asiáticos, pero no ha llegado a coordinar políticas ni avanzar en el proceso de integración; a pesar de las frecuentes reuniones de presidentes, ministros y la creación de organismos de cooperación, como la UNASUR. El liderazgo de Brasil en la región ha sido notorio en los últimos tiempos.

El narcotráfico se ha extendido en la región y a los países se les hace cada vez más difícil poder combatirlos sin ayuda internacional.

Algunos de los países de la región han aumentado el presupuesto de las Fuerzas Armadas y en alguna medida compiten en una costosa e innecesaria carrera armamentista.

Las migraciones en los países de la región merecerías una mejor regulación.

Las catástrofes sufridas recientemente por Haití y Chile, nos han hecho pensar que el auxilio solidario de los países vecinos debe estar mejor organizado, y que debe crearse una fuerza y un fondo internacional para auxiliar más rápido e eficientemente a los damnificados.

El MERCOSUR, que pronto tendrá un parlamento elegido por el voto popular, en los últimos tiempos no ha profundizar el proceso de integración, no se han incorporado nuevos países, y las diferencia entre los gobiernos que los integran han impedido su progreso.

El Mundo Globalizado

A una década de iniciado el nuevo milenio nos encontramos en un mundo que:

  1. Ha valorizado los derechos humanos;
  2. Que a pesar que hace más de dos década que terminó con la guerra fría, lamentablemente, no ha podido eludir los conflictos bélicos regionales; en el que existen zonas, como el Medio Oriente, donde los conflictos se suceden permanentemente o están latentes. La carrera armamentista, incluso nuclear, no ha podido ser detenida ni controlada.
  3. El terrorismo es una amenaza permanente y las innovaciones que se hicieron para combatirlo, como las “guerras preventivas”, la invasión a Irak por motivos que luego resultaron falsos y la creación de cárceles internacionales al estilo de Guantánamo y la autorización de torturar en los interrogatorios.
  4. La pobreza, la indigencia y los efectos de las catástrofes causada por fenómenos naturales no encuentran todavía respuesta de la humanidad, por no estar organizada como una sociedad política mundial.
  5. Las organizaciones internacionales ni los gobierno de las grandes potencias han podido regular y controlar las relaciones, cada vez más globalizadas, de un mundo cada día más complejo; y estamos lejos de poder establecer un gobierno mundial como sería de desear.
  6. El comercio, las finanzas y la economía globalizada condicionan el accionar de los estados;
  7. el control de la natalidad, las migraciones, la pobreza, la trata de personas, el narcotráfico, el comercio de armas y la contaminación son problemas que los países no puede resolver sin que los organismos internacionales y las grandes potencias fijen políticas y acuerden reglas para darles solución.

Reflexión Final

 

Lo aquí expuesto en forma sucinta ha querido ser una rápida mirada sobre lo que pasa y lo que nos pasa en la vida política de nuestro país, y en el contexto internacional que lo rodea; y tiene por objeto hacer un aporte para una reflexión y oportuno análisis teológico.

La Teología y la Iglesia deben tener presente una frase del sindicalista Víctor de Genaro cuando dijo: “La Iglesia y la FEDE (por la Federación Juvenil Comunista) son los principales formadores de cuadros de la política argentina”[4]

La educación política y la prédica de la fraternidad son quizás lo que le falta a nuestra democracia para tener un mejor desarrollo, y a nuestra política para alcanzar la eficiencia y el prestigio que ha perdido.

La Falda, julio de 2010.


[1] Lecciones de Política, páginas 1 y 5, Ediciones El Graduado, San Miguel del Tucumán, 1993.

[2] La persona y el bien común, página 75 y 76, Club de Lectores, Buenos Aires, 1981.

[3] Obra citada, página 58 y 59.

[4] ISIDORO GILBERT La Fede, Alistándose para la revolución, la Federación Juvenil Comunista 1921 – 2005, página 23, Sudamericana, Buenos Aires, 2009.

Matrimonio o Unión Civil

Primer matrimonio gay en Argentina

Parto de la base que todas las personas humanas hemos sido creadas iguales en dignidad y derechos, a imagen y semejanza de Dios, y somos hijos del Creador y herederos del Cielo, por lo que repudiamos toda forma de discriminación, especialmente aquella que pueda afectar a los homosexuales. Pienso, además, como expresa el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay hombres y mujeres que: “No eligen su condición homosexual. (…y) Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitarán, respecto de ellos, todo signo de discriminación injusta.”

Pero en el corazón de la agenda parlamentaria el gobierno ha instalado otro tema que divide a los argentinos: el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Cámara de Diputados sancionó una reforma al Código Civil que lo permite, al sustituir la expresión: “hombre y mujer” o “cónyuges” por “contrayentes”, y extendió a las parejas de igual sexo el derecho de adoptar.

Esto es contrario al matrimonio, como institución natural, que tiene por finalidad: el amor entre el esposo y la esposa, la procreación, la preservación de la especie, la crianza, cuidado, manutención y educación de los hijos. Y no se condice con el significado de la palabra matrimonio que, según el Diccionario de la Lengua Española, es la: “Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.” La expresión latina Matrimonium, proviene de matrem (madre) y monium (calidad de).

Si bien Dalmacio Vélez Sársfield, por aquello de que en las leyes no hay que definir, no definió la composición del matrimonio al redactar el Código Civil; nadie dudaba ni duda que se refería a la unión del varón y la mujer. Cuando se sancionó la ley del divorcio, 23.515, se lo explicitó al decir que: “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer (…)” (art. 172 del Código Civil).

El presidente Hipólito Yrigoyen, en igual sentido y ante un proyecto de ley del divorcio, dijo: El tipo ético de familia que nos viene de nuestros mayores ha sido la piedra angular en la que se ha fundado la grandeza del país, por eso el matrimonio, tal como está preceptuado, conserva en nuestra sociedad el sólido prestigio de las normas morales y jurídicas en que reposa. Toda innovación a ese sentido puede determinar tan hondas transiciones que sean la negación de lo que constituyen sus más caros atributos. Es así V. H., debe meditar muy profundamente para saber si está en las atribuciones de los poderes constituidos, introducir reformas de tan vital significación o si ellas pertenecen a los poderes constituyentes. No basta que el matrimonio esté regido por el Código Civil para llegar a la conclusión de que es susceptible de modificarse en su esencia por simple acto legislativo.”[1]

Igual concepto de matrimonio encontramos en la Constitución, reformada por el peronismo en 1949, cuando en su artículo 37 II expresó que: “(…) La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimento de sus fines. 1. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad.(…) 4. La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado.”

INCONSTITUCIONALIDAD

Pero el proyecto, que debate el Senado, además de contradecir el significado natural e institucional del matrimonio, es contrario a la Constitución reformada en 1994, que declaró de jerarquía constitucional (art. 75, 22) los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando ellos disponen:

  • En la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.” (…) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” (Art. 16).
  • En la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. ” (Art. 17).
  • En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” (Art. 23).
  • En el Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. (…) Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período (…).” (Art. 10)”.
  • La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer: (…) eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurar, en condición de igualdad entre hombres y mujer: (…) g) Los mismos derechos personales entre marido y mujer, entre ellos de elegir el apellido, profesión y ocupación. (…) (art. 16)

Ni el Congreso por ley, ni una consulta popular (art. 40 de la Constitución y 1 de la Ley 25.432), pueden reformar esto, que integra el Bloque Constitucional. Para denunciar estos tratados internacionales debe hacerlo el Poder Ejecutivo, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso (art. 75, 22).  El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados es, por ello, inconstitucional.

A favor de este proyecto se ha dicho, forzando la literalidad de los textos, que las citadas normas internacionales no se refieren al casamiento del hombre con la mujer, sino del hombre y la mujer, y que deben entenderse como abarcativas a los del mismo sexo. Pero ello no se condice con la declaración del resto de los derechos que se declaran en los mismos, donde se los atribuyen siempre a la persona, y sólo se refiere al “hombre y la mujer” cuando trata del matrimonio. En los 30 artículos de la Declaración Universal sólo cuando se refiere al matrimonio usa la fórmula “Los hombres y las mujeres”; en el resto se refiere, por la positiva, a “Todos los seres humanos”, “Todas las personas”, “Toda Persona”, “Todo ser humano”, “Todo individuo”, “Los derechos de cada hombre”, “Los padres” ; y, por la negativa, a “Nadie”.

El más grande de los constitucionalistas de nuestra generación, Germán J. Bidart Campos, cuando escribió, comentando el Pacto de San José de Costa Rica, expresó: “El apartado 2 reconoce operativamente el derecho de casarse. Aquí sí se enfoca un derecho subjetivo de cada persona – hombre y mujer- para contraer matrimonio, con lo que la norma no serviría para cubrir uniones entre personas del mismo sexo. En efecto, aún cuando no se dice que el derecho es de contraer matrimonio “entre sí” (el hombre con la mujer), damos por cierto que ése es el sentido de la cláusula, y que al formularla no se pretendió darle el alcance de que “el hombre y la mujer” titularizan el derecho de casarse no “entre sí” sino el hombre con otro hombre y la mujer con otra mujer”. [2]

Además, en los instrumentos internacionales, se ponen énfasis en que: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad”, lo que es negado en el proyecto que pretende convertir al matrimonio en un mero contrato. Cuando se menciona a “Los padres, en la Declaración Universal, si tomamos lo que indica el Diccionario de la Lengua Española en el significado de la expresión Padre, en plural, nos indica que es: “El padre y la madre”. Cuando se habla de la protección que merecen las “madres (…) antes y después del parto”, en el Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se está refiriendo a algo que es imposible que se dé entre personas del mismo sexo, por no tener capacidad de engendrar.

Los impedimentos para contraer matrimonio fijados en el Código Civil como: la consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación, y entre hermanos y medio hermanos; y la afinidad en línea recta en todos los grados (art. 116 incisos 1, 2 y 4), tienen razón de ser en el matrimonio heterosexual, pero carece de sentido en las parejas del mismo sexo, porque es imposible entre ellos la procreación natural, y hasta pueden ser tachados de discriminatorios, por quienes se vean afectado por dichos impedimentos y pertenezcan al mismo sexo, en caso de darse esta absurda equiparación. El deber de mutua fidelidad, previsto en el artículo 198, y la causal de separación por adulterio, establecida en el inciso 1 del 202 del Código Civil no tienen el mismo sentido en la unión entre las personas del mismo sexo, que en el matrimonio.

Unión Civil

Si tenemos en cuenta que en nuestra sociedad hay personas del mismo sexo, homosexuales o no, que voluntariamente quieren convivir y asistirse mutuamente, en forma permanente; es que, sin modificar la legislación sobre el matrimonio y sin reformar la Constitución, se podría crear por ley un tipo de sociedad o unión civil, que las comprenda, a los efectos de regular las cuestiones patrimoniales, de habitación, de obra social y de herencia que se den entre los que la integran.

El régimen de adopción, que se rige por el principio del interés superior del niño, no es necesario cambiarlo ya que el actual permite adoptar a personas que no están unidas en matrimonio.

Fernando Savater ha escrito que “Suele decirse que todas las culturas son igualmente válidas y que no hay unas mejores que otras. Creo que no es verdad. La cultura que incluye es superior a la que excluye; la cultura que respeta y comprende me parece más elevada que la que siente hostilidad ante lo diferente; la cultura en la que conviven formas plurales de amar, rezar, razonar o cantar tiene primacía sobre la que se atrinchera en lo unánime y confunde armonía con uniformidad”.

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha bien declarado el “derecho a ser diferentes, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de (…), orientación sexual,(…)” con el propósito de reconocer, entre otros, los derechos de los homosexuales – a quienes socialmente se los ha discriminado injustamente duramente mucho tiempo -, remarcando aquella interpretación del principio de igualdad ante la ley que proclama: “la igualdad entre los iguales en iguales circunstancias”. Pero en el proyecto en debate cuando se intenta regular la unión entre personas del mismos sexo se vulnera este derecho al equipar, lo que es distinto y diferente, como: el matrimonio con la unión civil de los del mismo sexo, y sustituir la condición natural y jurídica de padre o madre, de esposo o esposa, con la de simple “contrayente”. La ley que se pretende sancionar, entonces, atenta también contra este derecho a ser diferentes.

Bidart Campos ha dicho al respecto que: “(…) para sostener que la unión homosexual no es igual a la unión conyugal del varón y la mujer, no estamos pensando en lo que pueden o no pueden hacer sexualmente entre sí las personas del mismo sexo y de sexo distinto. Esa distinción no nos interesa, porque hace a la intimidad de cada quien. Pero que la diferencia biológica y orgánica – y también convivencial – entre hombres y mujeres aleja sobre manera lo que de parecido pueda haber entre el matrimonio y la unión homosexual va más allá del sexo, porque se extiende a los ya citados roles personales, al modo de ser y de vivir, y a la identidad también personal que les da sustento y que tiene la impronta del sexo personal de cada uno.” [3]

El reconocimiento de los derechos a personas del mismo sexo a unirse civilmente, me parece que cumple acabadamente con el mandato de “afianzar la justicia”.

Córdoba, junio de 2010.


[1] Tomado de: “Ley 12. 839. Documentos de Hipólito Yrigoyen. Apostolado Cívico. Obra de gobierno. Defensa ante la Corte” Bs. As., Senado de la Nación, 1986 por Norberto Padilla
”Algunas consideraciones sobre la instauración del matrimonio entre personas del mismo sexo” presentado ante el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas”, el 20 de mayo de 2010.

[2] Bidart Campos, Germán J. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, tomo III, p. 493, EDIAR, 1995, cita tomada del trabajo antes citado de Norberto Padilla.

[3] El Derecho 164 – 723

La Libertad Religiosa en la Educación

Simbolos Religiosos

Antes de comenzar mi exposición quiero agradecer a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas; a su presidente, el Profesor Doctor Jorge Reinado Vanossi; a los señores académicos que la integran, y muy especialmente al doctor Gregorio Badeni – quién me comunicó mi designación y me acaba de presentar -, por el alto honor que significa para mi esta incorporación, por lo que se ha dicho de mi persona en este acto, y por lo que importa para la República la existencia misma de esta Corporación, en la que viven, y se cultivan lo mejor de nuestros principios morales y de nuestro pensamiento político.

El fresco recuerdo de la Revolución de Mayo nos permite, al haber pasado un día de su Bicentenario, reafirmar el alto valor del mensaje moral que nos legó lo que ocurrió aquel día 25. Por primera vez en nuestra historia el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, erigiéndose en “hermana mayor” del resto de las provincias, ejerció la voluntad popular, al elegir la Primera Junta de Gobierno. Este primer acto democrático, estampó en la memoria de la nueva Nación un principio liminar de lo que sería nuestra querida República, que merece también ser hoy recordado y exaltado en esta Academia, hogar de las Ciencias Morales y Política, repitiendo la histórica frase que la resume el ideario de Mayo, y que expresó el líder, no siempre bien recordado, de la Revolución: Cornelio de Saavedra: “(…) y que no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando”

El recuerdo de la Revolución me ha parecido que es una buena oportunidad para reflexionar sobre alguno de los problemas que comenzó a discutirse en la Primera Junta y que no ha terminado de resolverse en estos doscientos años, como lo es el de la ubicación y el papel de la religión en la sociedad política que comenzó a gestarse en 1810, y las relaciones entre el Estado y las iglesias y demás confesiones religiosas; al menos en algunas áreas donde confluyen los intereses y normas civiles y religiosas, y que podríamos denominar de carácter mixto, como lo son el matrimonio, la familia, la cultura, y la educación, que es de lo que me referiré en ésta oportunidad.

Desde siempre nuestra vida como Nación estuvo impregnada por la presencia de la religión: los primeros europeos que llegaron a estas tierras tenían por propósito: la evangelización, hombres del clero y laicos prominente tuvieron un protagonismo fundamental en la Revolución de Mayo (1810), en el Congreso de Tucumán (1816), en la Convención Constituyente que dictó la Constitución de 1853, y en las Convenciones reformadoras. El pensamiento de los mismos estuvo siempre inspirado en conceptos derivados de la razón y de la fe.

Por ello en el preámbulo de nuestra actual Constitución se invoca a “Dios, fuente de toda razón y justicia”; el “profesar libremente su culto” es un derechos de todos los habitantes del país (artículo 14); a los extranjeros también se les reconoce les derecho de “ejercer libremente su culto” (artículo 20); las “acciones privadas de los hombres” están “sólo reservadas a Dios” (artículo 19); los “concordatos con la Santa Sede” integran nuestro orden normativo (inciso 22 del artículo 75); y el juramento del presidente y vicepresidente de la Nación debe hacerse “respetando sus creencias religiosas” (artículo 93).

La separación de la Iglesia Católica del Estado ha tenido distintas etapas de concreción desde la Revolución de Mayo, y su mejor definición, y paso fundamental en ese sentido, se produjo en la Convención Constituyente de 1853, cuando se discutió y aprobó el artículo 2º de la Constitución, el que dispuso que el Estado sostiene del Culto Católico, Apostólico y Romano, e implícitamente reconoció la personería jurídica de la Iglesia Católica – luego explicitado en el Código Civil (artículo 33) -, pero no la adoptó como religión oficial; apartándose de sus mejores precedentes: las Constituciones de 1819 (Artículos I y II) y 1826 (Artículo 3) y del proyecto de Juan Bautista Alberdi.

En esa oportunidad, y a favor de dicha separación – que nunca significó ruptura -, el convencional, y sacerdote católico, Benjamín Lavaysse expresó que: “…la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar el culto exterior (…).Que la religión, como creencia no necesitaba más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva. (…)”. Al mismo tiempo se reconoció la libertad religiosa (artículos 14 y 20), aunque todavía se discute en el Congreso la ley que reglamente su ejercicio.

El sostenimiento del culto católico (artículo 2), fundado en la necesidad de reparar las confiscaciones de bienes que se le hicieron a la Iglesias Católica en la década del veinte; y que hoy es más simbólico que real – por lo exiguo de las partidas presupuestaria destinadas a ese fin -; se ha extendido a las demás confesiones e instituciones religiosas a través de las exenciones y beneficios tributarios, y no debe entenderse como una prohibición a que los demás cultos puedan tener aportes del Estado, como en algunos casos los tienen por la labores que realizan.

En el futuro, se suprima o no este artículo, opino que el sostenimiento de los cultos deberá estar regulado por una ley que permita a los fieles contribuir con sus respectivas confesiones religiosas a través de un porcentaje de los impuestos que oblan, como existe en Alemania, España o Italia.

A pesar de dicha separación la Constitución mantuvo el patronato para designar obispos de las iglesias catedrales, que la Santa Sede desde 1810 no aceptaba; el requisito de ser católico para ser presidente o vicepresidente de la Nación y que para accede a estos cargos debían jurar por Dios y los Santos Evangelios (por exigencia del Derecho Canónico a quienes ejercen el Patronato); el exequátur; el que el Congreso tenía que autorizar la admisión otras ordenes religiosas; y el promover la conversión de los indios al catolicismo; los cuales – con excepción del sostenimiento del culto- fueron suprimidos por el Acuerdo del Estado Argentino con la Santa Sede en 1966, en cuya gestación tuvo un papel destacado el Doctor Vanossi, y por la reforma de nuestra Carta Fundamental en 1994. El patronato, el exequátur y la autorización que era necesaria para admitir nuevas órdenes religiosas contrariaban la libertad religiosa de los católicos. El referido Acuerdo hizo efectivo los principios de “autonomía y cooperación”, que rigen hoy las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, y que también debe hacerse efectivo para las demás confesiones religiosas, para lo que será muy importante que se sancione la ley de libertad religiosa que discute actualmente la Cámara de Diputados.

Lo religioso, que no esta bloqueado en nuestra conciencia e intimidad, se expresa en nuestra vida en sociedad, no sólo por la asistencia a los templos, mezquitas o sinagogas; sino también en nuestra arquitectura, literatura, en la música, la pintura, la escultura y otras expresiones artísticas. También se muestra en los nombres de muchas de nuestras provincias, ciudades, parques, plazas, avenidas, bulevares, calles, monumentos y edificios. Los argentinos expresamos nuestra fe orando, participando en peregrinaciones, procesiones, y otras manifestaciones públicas. La existencia de gran cantidad de escuelas, universidades, establecimientos educativos, ONGs y medios de comunicación orientados y dirigidos por comunidades religiosas son otras expresiones de la religiosidad de nuestro pueblo. La invocación a Dios y a los Libros Sagrados, en la fórmula de los juramentos, el uso de símbolos religiosos en lugares públicos como: la Cruz, la imagen de la Virgen María o de los Santos, la estrella de David, la Menoráh o la media Luna; el uso de hábitos o accesorios en la vestimenta como la Kipá, o el velo o la Burka que usan las mujeres musulmanas, y el respeto por los feriados religiosos, son otras exteriorizaciones de la religiosidad de nuestro pueblo.

Y cuando nos referimos a la religión lo hacemos teniendo presente que no vivimos en el siglo XIX, en el que el predominio del Culto Católico era determinante y la separación de la Iglesia y el Estado no se había terminado de concretar; sino en una época en que los católicos, que si bien siguen siendo mayoría, conviven con fieles de otras confesiones religiosas y con un Estado laico, en un sano y positivo pluralismo religioso,

Pero lo que hoy queremos plantear es la necesidad de abrir o reabrir un debate sobre el ejercicio de la libertad religiosa en la educación, algo que se ha discutido con mucha pasión en algunos momentos de nuestra historia, como fue cuando se discutió la ley de educación común No. 1420 de 1884; cuando se estableció el enseñanza de la religión católica en las escuelas, en 1943[1]; y cuando se dictó la ley Domingorena Nº 14.557, de 1958, que autorizó las universidades privadas. Este debate que propongo, que no lo es sobre un anteproyecto concreto de ley, se basa en una necesidad, que no es la misma que motivó el dictado que aquellas controvertidas normas.

Cuando se discutió la ley 1420; llamada de enseñanza laica, que tuvo por modelo una ley Belga de 1878, que establecía los contenidos mínimos de lo que debía enseñase en los colegios – entre los que se encontraba la moral – , y que disponía que la enseñanza religiosa debía darse fuera de las horas de clase; los que se oponían a la misma, como el senador sanjuanino Rafael Igarzábal,  entendían que para cumplir la Constitución; que establecía: el sostenimiento del culto católico, que el presidente tenía hacer la presentación de los obispos de las iglesias catedrales y que tenía que jurar por Dios y los Santos Evangelios, y que el Congreso tenía que convertir los indios al catolicismo; era necesario la enseñanza de la religión en las aulas. Y que no había enseñanza de la moral sin enseñanza religiosa. [2]

En sentido contrario el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública Eduardo Wilde en el debate del Senado sostuvo: “No se puede decir, pues, que ese proyecto rechace la instrucción religiosa en las escuelas; pero, no reconoce tampoco que el Estado esté en la obligación de darla. ¿Por qué? Porque entonces la enseñanza no tendría un carácter universal y la que el Estado esta obligado a dar debe tener carácter universal, ¿Por qué? Porque debe aplicarse a todos los individuos que habitan el suelo en el cual se ejerce la soberanía; y si ese suelo está habitado por individuos de diversas creencias religiosas, el hecho muestra la imposibilidad en que se encuentra el Estado de suministrar la enseñanza religiosa, adoptando una sola religión. Vendría entonces la obligación por parte del Estado de enseñar todas las religiones o de no enseñar absolutamente ninguna. Un pueblo como el nuestro habitado por gente de diversas nacionalidades, de diverso idioma, de diversas creencias, de diverso culto, en una palabra, no puede exigir que el Estado se convierta en maestro de una sola de las creencias, porque eso es atacar la libertad de los otros;(…)” [3]

Pero el Ministro Wilde, en el Senado, dijo también que: La enseñanza de la moral debe hacerse. Los principios de la moral son innatos en el hombre; los principios de la moral cristiana lo son también, porque este calificativo ha sido aplicado a cosas conocidas como morales desde tiempos anteriores a la existencia de la religión cristiana. El calificativo no las varía. El calificativo no quiere decir sino que parte de esos principios reconocidos como morales en el mundo han sido maltratados por la religión cristiana. Entonces, el calificativo, no variando los principios de la moral, los deja con su carácter de principios universales de moral y por lo tanto civilizadores. No hay inconveniente, por tanto, en que se acepte una proposición semejante; y recuerdo que al discutirse una ley idéntica a la que se discute en esta Cámara, no sé si en Bélgica o en Holanda, al hacerse esta proposición, no fue un católico ni un cristiano el que se levantó para apoyarla; fue un israelita el que, aceptando la, idea, declaró que sólo entendía por moral cristiana la moral que había servido para tantas civilizaciones: la moral universal.”

En este último argumento de Wilde esta el punto de partida del debate que debería abrirse con la pregunta: ¿por qué no completar y enriquecer la enseñanza de esa moral universal con la educación religiosa, en sus distintas tradiciones, libros sagrados, dogmas y principios?, en un momento en que no se discute el derecho a enseñar y a aprender (artículo 14 de la Constitución), ni a la libertad religiosa. Con menos énfasis que en otras épocas todavía se desconfía y teme volver a la experiencia de la enseñanza religiosa del período 1943 – 1955, o que se use la educación pública, de gestión estatal, con el propósito de “adoctrinar” a los educandos a favor de la Iglesia Católica; cuando en realidad de lo que se trata en nuestra propuesta es de cumplir con la finalidad de la educación que es contribuir al desarrollo integral de la persona humana, especialmente en lo que tiene que ver con su dimensión trascendente. Para ello entiendo necesario trasmitir a los educandos los conocimientos y la experiencia religiosa que la historia nos ha legado, respetando la libertad religiosa de los mismos y de sus padres o tutores.

Las dificultades y problemas que enfrenta el hombre, en estos tiempos, como consecuencia del debilitamiento de la familia; la crisis moral; la desigualdad de oportunidades -especialmente en el plano educacional, laboral, y de ingresos-; la falta de conciencia y participación cívica, la desconfianza en los dirigentes, la inseguridad, las adicciones, la persistencia de algunas formas de esclavitud – como la trata de personas -, la corrupción, y la distancia entre religión y la vida, etcétera; no encuentra respuesta en las distintas propuestas, proyectos o modelos de nuevas leyes, como por ejemplo: cuando se quiere hacer más severo al Código Penal.

Para superar estos vicios se hace necesario apelar a la educación y no sólo a la que trasmite conocimientos científicos y técnicos, sino también a la que comunica y difunde los principios y valores universales de la moral y la ética, que sólo la sabiduría práctica, estudiada por la filosofía y la teología, nos la puede proporcionar. Para ello necesitamos revisar los contenidos de nuestra educación pública, para enfatizar los estudios sobre moral, ética, filosofía, teología y profundizar el conocimiento de los Libros Sagrados y la liturgia de las distintas tradiciones religiosas, conocimientos derivados de la razón y la fe religiosa.

Persona y Educación

Si de valores y educación se trata el punto de partida – desde mi óptica – tiene que ser la persona humana y el desarrollo de su personalidad dentro de una sociedad que tiene por fin al bien común.

“La primera finalidad de la educación – para Jacques Maritain- es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre.” En cuanto ser personal el hombre es una realidad hipostática, de espíritu y materia, que se diferencia de los demás individuos de la creación por ser conciente y libre, por ser un todo en sí mismo. Está dotado de un alma espiritual, donde la inteligencia supramaterial, dirigida hacia la verdad, se nutre del conocimiento racional, que surge de la experiencia; pero que para los cristianos está enriquecido por la revelación, que conoce a través de la fe. La libertad, otro atributo espiritual de su voluntad, lo impulsa hacia el bien; y los sentimientos lo encaminan hacia la belleza. La Verdad, el Bien y la Belleza, como absolutos, se identifican con Dios.

Maritain entiende que  “la idea griega, judía y cristiana del hombre:(…que) es un animal dotado de razón cuya suprema dignidad está en la inteligencia; el hombre es un individuo libre en relación personal con Dios, y cuya suprema ‘justicia’ o rectitud consiste en obedecer voluntariamente a la ley de Dios; el hombre es una criatura pecadora y herida, llamada a la vida divina y a la libertad de la gracia, y cuya suprema perfección consiste en el amor.”[4]

El hombre, entonces, es un animal de naturaleza, pero también de cultura, y su desenvolvimiento se da en la sociedad y en la civilización, por lo que también es un animal histórico, todo lo cual demuestra la necesidad de la educación, que es el arte moral, o sea una sabiduría práctica, por el que la persona es auxiliada por las experiencias colectivas, que las generaciones pasadas han acumulado, y por una transmisión regular de conocimientos adquiridos.

Para conseguir la libertad en la que se determina a sí mismo y para lo cual fue hecho tiene el hombre necesidad de una disciplina y de una tradición de la que no puede desentenderse aunque deba luchar, muchas veces, contra ella para enriquecerla y hacerla apta para nuevos combates.

La educación, que es un arte moral y una sabiduría práctica; se desarrolla en la familia, la escuela, en la universidad, en la sociedad política y en la Iglesia; y no puede desentenderse de sus fines, que no son distintos de los de la persona humana. Una educación preocupada por los medios o los métodos pero desentendida de los fines no es tal, como tampoco lo es la que se ocupa sólo de las ciencias que indagan sobre las causas segundas, y no atiende a lo ontológico. Para que la educación atienda a todos los interrogantes que se plantea el hombre no puede eludir a las que se refieren a las causas primeras, que estudia la filosofía; o las que tienen que ver con su destino trascendente, si tenemos en cuenta que está hecho a imagen y semejanza de Dios, de lo que se ocupa la teología.

Bien decía Juan Bautista Alberdi, que “Casi todas (las constituciones) empiezan declarando que son dadas en nombre de Dios, legislador supremo de las naciones. Esta palabra grande y hermosa debe ser tomada, no en su sentido místico, sino en su profundo sentido político. Dios, en efecto, da a cada pueblo su constitución o manera de ser normal, como la da a cada hombre. El hombre no elige discrecionalmente su constitución gruesa o delgada, nerviosa o sanguínea; así tampoco el pueblo se da por su voluntad una constitución monárquica o republicana, federal o unitaria.”[5]

Refiriéndose a los fines de la Constitución Argentina, expresaba que “El hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras. La religión debe ser hoy, como en el siglo XVI el primer objeto de nuestras leyes fundamentales.”

Agregaba que “nuestra política moderna americana (…) debe  mantener y proteger la religión de nuestros padres, como la primera necesidad de nuestro orden social y político; pero debe protegerla por la libertad, por la tolerancia y por todos los medios que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal (…)”

“La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión católica el medio de educar esas poblaciones.”[6]

Jurgen Habermas en su célebre debate con el Cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, ha dicho, y ha dicho bien, que: “La historia de la teología cristiana de la Edad Media y, en especial la escolástica española tardía, pertenecen, naturalmente, a la genealogía de los derechos humanos. Pero los fundamentos legitimadores de un poder estatal neutral en lo concerniente a cosmovisión, procedente finalmente de las fuentes profanas que representa la filosofía del siglo XVII y XVIII.” También expresó que: “La traducción de que el hombre es imagen de Dios a la idea de una igual dignidad de todos los hombres que hay que respetar incondicionalmente es una de esas traducciones salvadoras (que salvan el contenido religioso traduciéndolo a la filosofía). Es una de esas traducciones que, allende los límites de una determinada comunidad religiosa, abre de los contenidos de los conceptos bíblicos al público universal de quienes profesan otras creencias o de quienes simplemente no son creyentes”.[7]

Los estudios sobre moral y religión no pueden, entonces, estar ausentes de los planes de estudios de los establecimientos educaciones, sean ellos de gestión estatal o privados. Esto no significa que proponemos volver a la experiencia que a nivel nacional se dio entre los años 1943 y 1955[8], o que se viene dando en algunas provincias, como Salta, Tucumán y Catamarca – donde se enseñó y enseña educación católica para los católicos y moral para los que no lo eran o son -, sino que se trata de hacer conocer lo religioso a través, y según la interpretación, de las distintas tradiciones y confesiones religiosas, permitiendo así un mejor desarrollo de la faz trascendente que tiene el educando como persona, y permitir que se enriquezca en los valores que adopte para sustentar su vida como persona y como integrante de la sociedad política a la que pertenece. Ello le servirá también para mejor elegir, y luego cimentar, los proyectos de vida que decida emprender.

Esto significa hacer efectivo lo que disponen la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (Artículo 12,4) y que se reitera casi textualmente en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13, 3); y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 18, 4). [9] Dichos tratados tienen jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución).

El Acuerdo firmado entre Brasil y la Santa Sede en el año 2008 admite la enseñanza religiosa en los horarios normales de las escuelas del Estado.[10]

En las constituciones provinciales encontramos disposiciones de igual o parecido tenor como: la de La Pampa (texto del 1960) cuando reza, siguiendo el criterio de la Ley 1420, que: “(…) Podrá impartirse enseñanza religiosa en las escuela públicas a los alumnos que opten por ella, exclusivamente por los ministros autorizados de los diferentes cultos, con posterioridad a las horas de clase oficial.” (Art. 24), o la de Córdoba (2001) – que me tocó votar como constituyente – , que dispone: “Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones.”

Normas similares se aprecian en la de Salta (de 1998); de Jujuy (1986);  de San Luís (1987);  de Catamarca (1988); de Formosa (2003); de Tucumán (2006); y de La Rioja (2002), con una fórmula más genérica, dispone que: “(…) Su finalidad es el desarrollo integral, permanente y armonioso de la persona, capacitándola para vivir en una sociedad democrática y participativa, basada en la ética, la libertad y la justicia social; en el respeto a las tradiciones e instituciones del País, y en los sentimientos religiosos, morales y de solidaridad humana.” (Art. 51º). Esta ambigüedad se repite en la de Tierra del Fuego (1991).

Las de Entre Ríos (2008), Mendoza (1997) y Neuquén (2006), en sentido inverso se declaran laicas y la primera proclama, que: “La educación común en la Provincia es gratuita y laica en los niveles inicial, primario, secundario y superior de las instituciones de gestión estatal.” (Art. 258). La de San Juan (1986), contrariando a la Nacional, declara que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo” (art. 21º), y dispone que: “La enseñanza que imparte el Estado es obligatoria, gratuita, no confesional (…).” (Art. 80º). Las de las provincias de Santa Fe (1962), Río Negro (1988), Misiones (1988), Chubut (1994), Chaco (1994), Buenos Aires (1994), Santa Cruz (1998), la de Santiago del Estero (2005) y Corrientes (2007) no tiene disposiciones que aludan a la educación religiosa.

La ley 1420 – de 1884 – que expresaba: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases” (Artículo 8), pesa en la cultura de los argentinos y ha hecho pensar a muchos que la educación religiosa ha sido erradicada de nuestra educación y cultura, o, al menos, que está circunscripta a que se imparta en la familia, el templo o los establecimientos educativos confesionales. En realidad esa importante ley definía los “mínimum” [11]que se debía enseñar en las escuelas en la jornada escolar, dejando en manos de los ministros de los distintos cultos la enseñanza religiosa, para que se haga antes o después de las horas de clases.

El propósito de extender a todos los habitantes del país la educación era válida entonces y lo es ahora, pero la calidad educativa exige hoy, como ayer, establecer prioridades y poner énfasis en conocimientos, habilidades y sentimientos que hay que cultivar, imprimiendo valores y principios sin los cuales es imposible vivir, y mucho menos convivir.

Pasado más de un siglo de este debate se hace necesario volver sobre el tema definiendo en primer lugar lo que significa educación religiosa, y separar lo que tiene que ver con alimentar la fe de quienes la tienen, a través de la enseñanza del catecismo o la preparación para los ministerios de los distintos cultos – que debe hacer cada confesión religiosa en sus templos o en sus seminarios- y no en los establecimientos de educación pública estatal; de lo que son los conocimientos de los principios éticos, filosóficos, teológicos y los que provienen de las distintas tradiciones religiosas, de sus respectivos Libros Sagrados y su liturgia; que integran el patrimonio cultural de nuestro país y de la humanidad.

Prohibir o limitar la enseñanza e investigación de estos últimos conocimientos en los establecimientos educativos públicos estatales es discriminar y atentar contra a libertad religiosa y de enseñanza, además de contrariar las normas antes citadas. Es cierto que ello se puede hacer de dos maneras: enseñando la religión que elijan los educandos, sus padres o tutores – como indican los tratados internacionales, o constituciones provinciales antes mencionadas – ; y/o incorporando a la enseñanza estudios comparados respecto de las distintas religiones; o cuando se estudian temas específicos enseñar los distintos enfoques que tienen las distintas confesiones religiosas sobre ellos.

Esto, que trata de hacer efectiva la libertad religiosa dentro del campo de la educación, es lo mismo que ocurre dentro de la familia o en los establecimientos educativos confesionales, donde educar o enseñar no debe confundirse con imponer, discriminar o negarse a transmitir conocimientos, textos o prácticas religiosas, que el educando puede o no aceptar, compartir –total o parcialmente-, e incorporar o no a su formación o proyecto de vida. Algo similar ocurre con la educación filosófica o política, donde el estudiar las distintas corrientes del pensamiento, incluso aquellas que causaron graves daños a la humanidad, no debe significar imponer o pedir la adhesión a alguna de ellas.

Todos sabemos, por experiencia propia, que la religiosidad de nuestros hijos o nietos no es la misma que la de cada uno de nosotros, a pesar de lo que puede habérseles transmitidos en la educación familiar; eso mismo es lo que debe ocurrir con nuestros alumnos en las escuelas y universidades. Las religiones, como los credos políticos, hoy también puede ser enseñadas con criterios “universalistas”, como pretendía Wilde que deberían ser los contenidos de la educación pública, incluso puede llegar a ser impartida por quienes no comulgan con la fe o tradición que se hace conocer, lo que seguramente ocurrirá cuando se enseñen o hagan estudios comparados de las religiones. La pluralidad religiosa no debe llevarnos a no estudiar ninguna religión – como entendía el Ministro Wilde -, sino que nos convoca a que tratemos de conocerlas a todas.

La educación debe transmitir valores, que tengan por fuente la razón, y la fe, respetando las creencias religiosas de cada uno. Además de los fundamentos de la fe de cada educando, de sus padres o tutores, debe hacerse conocer, en sus rasgos principales, las demás religiones. Si algo tengo que reprocharle a mi formación religiosa es lo poco que conozco de La Torá o del Corán, y de las demás tradiciones religiosas, que no sea la Católica que profeso.

Dar prioridad, dentro de los mínimos que debe contener la educación, a los aspectos formativos de la enseñanza es importante para desarrollar mejor el proyecto de vida que tenemos cada uno como persona y colectivamente como Nación.

Si a un niño se le enseña que debe respetar a los demás, para ser él mismo respetado, y actuar fraternalmente; no se lo está confundiendo si se le agrega a ello que los que tienen fe consideran al prójimo como hijo y heredero de Dios, porque todos los hombres han sido creados iguales, a su imagen o semejanza. De este modo se le está dando mayores razones para incorporar ese valor a su conducta.

Aquello de que la enseñanza religiosa se haga fuera de las horas de clase hoy está superado por la necesidad de extender la jornada escolar, con la doble escolaridad.

La existencia en las universidades de materias optativas y cátedras libres permite, sin que nadie se sienta discriminado, que en las mismas se enseñe religión, o se encaren estudios e investigaciones sobre temas que tienen que ver con la misma; como por ejemplo: Derecho Eclesiástico, o Relaciones Interreligiosas. El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) le ha propuesto recientemente a la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que se cree una cátedra libre sobre Libertad Religiosa.

La necesidad de reforzar los aspectos formativos de la educación y de trasmitir a los educandos, de hoy, principios y valores éticos sin prescindir de los aportes que la religión, me parece la mejor fórmula para superar la violencia, la anomia, el relativismo, la crispación en el modo de competir en política, el debilitamiento de los vínculos fraternales, de cooperación y de solidaridad, y la indiferencia en el propósito de “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”, que – desgraciadamente –  abundan en estos tiempos en nuestra sociedad.

Basados en esta necesidad en el año 2003 se dictó la ley 25.878 que declaró el día 29 de julio como “el Día de los Valores Humanos” (art. 1º) y dispone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrará los medios necesarios para que se desarrollen clases alusivas a esta conmemoración en los establecimientos educativos de todo el país.” (Art. 2º). Esta ratifica la necesidad de que los “valores humanos” , como los que tienen que ver con la religiosidad de nuestro pueblo, no pueden estar ausentes de la educación.

Conclusiones

Como bien decía Winston Churchill: “una buena conversación debe agotar el tema, no a los interlocutores”, por ello y a modo de conclusión me animo a afirmar que:

1.    Es necesario abrir el debate sobre la libertad religiosa en la educación pública estatal con el propósito de dar prioridad a los contenidos que tienen que ver con los principios éticos y los valores.

2.    En dicho contenidos no puede estar ausente la educación religiosa respetando la libertad y pluralidad religiosa.

3.    En la enseñanza religiosa no deben incluirse lo que sirve para alimentar la fe, como es el catecismo, sino objetivamente lo que cada credo o tradición religiosa es, respetando el derecho de los padres o de los educandos respecto de sus creencias.

4.    También es importante que se enseñen los principios, dogmas, libros sagrados, en sus rasgos principales, de las distintas tradiciones religiosas.

5.    Con ello estaríamos cumpliendo con el fin de la educación: que es la formación integral de la persona humana, con lo que manda la Constitución al Congreso: “Proveer lo conducente al desarrollo humano (…)”, y con lo que dispone la ley de Educación Nacional No. 26.206:“Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores.” (Art. 11) [12]

Las palabras de Fray Mamerto Esquiú, en su célebre discurso con motivo de la jura de la Constitución, resumen lo que necesitamos trasmitir a través de la educación y que es lo que me ha movido a hacer esta propuesta ante ustedes:

Dios se mece sobre los hombres, como el sol centellea sobre los planetas. ¡Por esto es sublime la sociedad! ¡Por esto es grande! ¡Por eso se exalta, palpita nuestro corazón cuando sentimos la vida de las naciones! Por esto la Religión y la Patria tienen idénticos intereses, nacen de un mismo principio, caminan cada una por vías peculiares a un mismo fin, y la una y la otra con sus pies en la tierra,  y asidas de sus manos con eterno amor, campean sus cabezas en el horizonte de lo infinito.”

Buenos Aires, mayo de 2010.


[1] El Decreto 18.411 de 1943 del Presidente de facto Pedro Pablo Ramírez: “En las escuelas públicas de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio. Quedan excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral.” (Art. 1) “Los docentes que tengan a su cargo la enseñanza de la Religión Católica serán designados por el Gobierno debiendo recaer sus nombramientos en personas autorizadas por la Autoridad Eclesiástica”. (art. 2) Los programas y los textos destinados a la enseñanza religiosa será aprobados por el gobierno, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica.” (Art. 3) Este decreto fue ratificado por la ley 12.978 de 1947 y fue derogado por la  ley 14.401 del 13 de mayo de 1955.

[2] Diario de sesiones del Congreso de la Nación, Cámara de Senadores, sesión del 26 de junio de 1884.

[3] Diario de Sesiones del Senado de la Nación del 28 de agosto de 1883.

[4] “La educación en este momento crucial” página 18, Ediciones Desclée de Brouwer, Buenos Aires, 1965.

[5] “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, página 75 y 76, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, República Argentina, 2002

[6] “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, página 83 y 84, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, República Argentina, 2002

[7] El 19 de enero de 2004.

[8] Decreto 18.411 de 1943 del Presidente de facto Pedro Pablo Ramírez: “En las escuelas públicas de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio. Quedan excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral.” (Art. 1) “Los docentes que tengan a su cargo la enseñanza de la Religión Católica serán designados por el Gobierno debiendo recaer sus nombramientos en personas autorizadas por la Autoridad Eclesiástica”. (art. 2) Los programas y los textos destinados a la enseñanza religiosa será aprobados por el gobierno, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica.” (Art. 3) Este decreto fue ratificado por la ley 12.978 de 1947 y fue derogado por la  ley 14.401 del 13 de mayo de 1955.

[9] El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Y el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Art. 18, 4).

[10] Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativo al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil firmado el 13 de noviembre de 2008. Artigo 11º A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. §1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação.

[11] La Ley 1420 disponía en su “Artículo 6º- El minimum de instrucción obligatoria, comprende las siguientes materias: Lectura y Escritura; Aritmética (las cuatro primeras reglas de los números enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley nacional de monedas, pesas y medidas); Geografía particular de la República y nociones de Geografía Universal; de Historia particular de la República y nociones de Historia General; Idioma nacional, moral y urbanidad; nociones de higiene: nociones de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales; nociones de Dibujo y Música vocal; Gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional, para las niñas será obligatorio, además, los conocimientos de labores de manos y nociones de economía doméstica. Para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillas, y en las campañas, nociones de agricultura y ganadería.”

[12] La Ley 26.206 de Educación Nacional (2006) nada dispone sobre la educación religiosa aunque hace una serie de afirmaciones como que: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.” (Art. 2º) Que “La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.” (Art. 6º) Que “El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4º de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario.” (Art. 8º) Que “Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:(…)b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores.” (Art. 11)