El Rol del Estado en el Siglo XXI

Firma del Tratado de Münster, Westfalia

En 1648 se firmó el Tratado de Westfalia, que hizo posible la Paz de Westfalia, y  puso fin a la Guerra de los Treinta Años, con este pacto aparecen los Estados modernos. El tratado consagra el principio del equilibrio, ratificado en Utrecht en 1713, que implica que ningún Estado debe ser tan poderoso que esté en condiciones – sólo o en alianzas – de imponer su voluntad a los demás. Se sustituía, de esta manera, la idea comunitario-religiosa imperante en el Medioevo por una noción moderna del Estado Nación con todas sus implicancias de respeto a las soberanías territoriales. El nacimiento del Estado Nación marcó, por esta razón, un punto culminante en la historia de las relaciones internacionales en Occidente.

La organización interestatal ensayada con la Sociedad de Naciones, que se inauguró en 1920, y concretada en 1945, con la Organización de las Naciones Unidas; la caída del Muro de Berlín en 1989 y el fin de la guerra fría, son hitos importantes en el camino por intentar armonizar las necesidades de cooperación de los distintos pueblos, frente a las limitaciones y debilidades de los estados nacionales para obtener el bien común de las sociedades políticas a las que sirven.

Estos esfuerzos de cooperación entre los Estados a nivel internacional se ha visto completado por organizaciones regionales, como el de la Organización de Estados Americanos y últimamente el Unasur,  tratados de integración, como los de la Unión Europea y el Mercosur,  y distintos foros, cumbres o encuentros políticos, como por ejemplo los de los Grupos de los 7, de los 20 o de los 77 más China, o especializados en temas específicos como Davos (economía), para poner solo algunos ejemplos.

Los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio fijados en septiembre del año 2000 por 189 jefes de Estado y Gobiernos en Nueva York en lo que se llamó la Cumbre del Milenio, evaluados hace unos días por la Asamblea de la ONU, muestran, por un lado, las debilidades de los Estados para resolver los graves problemas que aquejan a las sociedades políticas a las que se deben y, por otro, la imperiosa necesidad de una mayor cooperación entre ellos y los distintos órganos y organizaciones internacionales.

Estos ocho objetivos, de los cuales los siete primero tienen fijado plazos de ejecución, son:

1.    Erradicar la extrema pobreza y el hambre;

2.    Lograr la enseñanza primaria universal;

3.    Promover la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer;

4.    Reducir la mortalidad de los niños;

5.    Mejorar la salud materna;

6.    Combatir el VIH/ Sida, la malaria, el paludismo y otras enfermedades;

7.    Garantizar el sustento del medio ambiente;

8.    Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Estos propósitos, y otros de parecido tenor, nos muestran la necesidad de avanzar en concretar una sociedad política mundial en la que se establezca una autoridad mundial que sea un instrumento para que la humanidad pueda gestionar un bien común universal, como alguna vez pensó Jacques Maritain que ello era posible.[1]

Sociedad política, Estado y Bien Común

Maritain, en dicha obra, marcó la diferencia que había y hay entre la sociedad política  y el estado, en una época que las doctrinas totalitarias pretendían identificarlos, en desmedro de los derechos humanos y del rol que le cabe en su existencia y sociabilidad a la persona humana. Recordemos, con el filósofo, que Benito Mussolini, líder del fascismo, proclamaba: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”

La sociedad o el cuerpo político es, para el pensador francés: “(…) impuesta por naturaleza y lograda por razón, es la más perfecta de las sociedades temporales. Es una realidad humana concreta y total que tiende a un bien humano concreto y total: el bien común. (…) La Justicia es una condición primordial para la existencia del cuerpo político, pero la Amistad es su expresión vital. La Amistad tiende hacia una comunión realmente humana y libremente obtenida.”. [2]

El Estado, en cambio, es: “(…) es sólo aquella parte del cuerpo político especialmente interesada en el mantenimiento de la ley, el fomento del bienestar común y del orden público, así como la administración de los asuntos públicos. El estado se especializa en los intereses del todo. No es un hombre ni un conjunto de hombres; es un haz de instituciones combinadas que forman una máquina situada en la cima: este tipo de obra de arte ha sido construida por el hombre y utilizada cerebros y energías humanas y no es sino hombre, pero constituye una encarnación suprema de la razón, una superestructura impersonal y perviviente (…).” Agrega a ello que “(…) el estado no es sino un organismo facultado para utilizar el poder y la coerción, integrado por expertos o especialistas en ordenamiento y bienestar públicos, un instrumento al servicio del hombre. Poner el hombre al servicio de ese instrumento es perversión política. El ser humano como individuo es para el cuerpo político, y el cuerpo político es para el ser humano como persona. Pero en modo alguno el hombre es para el estado, sino el estado para el hombre.” [3]

La sociedad es un medio para la persona y su fin es el bien común, que es como bien decía Maritain: “la buena vida humana de la multitud”,[4] que además nos recuerda que “(…) si la persona pide de por sí `formar parte´ de la sociedad, o `ser miembro´ de la sociedad, esto no significa que ella pida estar en la sociedad como una parte (…). Ella exige “por el contrario (…) ser tratada en la sociedad como un todo.” [5]

TRANSICIÓN HACIA LA SOCIEDAD `POLÍTICA Y EL ESTADO MUNDIAL

El mundo se debate hoy en el dilema de como superar los límites que le impone a la sociedades políticas nacionales -que han dejado de ser perfectas o autosuficientes- las demandas de la globalización, y la debilidades que sus respectivos Estados muestran para gestionar el bien común de los pueblos a los que sirven; y en la espera de que se constituya una sociedad política mundial, fundada en “la libertad, la razón y las virtudes humanas” , con un Estado, también mundial, que disponga de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales necesarios para gobernarlo, que sirva para gestionar el bien común universal, y que garantice los derechos de los hombres y de los pueblos declarados en una Constitución que rija a toda la humanidad.[6]

FORTALEZAS DEL ESTADO

La mayoría de las Naciones latinoamericanas, y del mundo en general, han iniciado este nuevo milenio mostrando significativos progresos en la organización y gestión de sus gobiernos y administraciones de sus Estados. Los más significativos son los que se detallan a continuación:

  1. Se ha progresado en la democratización de los gobiernos y en la adopción del sistema político de la Democracia Constitucional, respetando el régimen representativo, pluralista y republicano de gobierno.
  2. Se han reducido al mínimo los países que persisten en mantener regímenes totalitarios o dictaduras como formas de gobierno (caso de Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam, Irán, etcétera).
  3. Los intentos de golpes de estados han tenido un amplio repudio de la comunidad internacional, como es el caso de los recientes ocurridos en Honduras (2009) y Ecuador (2010), aunque en este caso se discuta si fue realmente, lo que ameritaría ampliar la Carta Democrática Interamericana (OEA Lima 11/IX/2001). Las crisis políticas internas, como las que se produjeron en Argentina de los años 1989 y 2001, se han resuelto afortunadamente sin la intervención de las Fuerzas Armadas y dentro de los procedimientos constitucionales.
  4. Se ha progresado, también, en un más amplio reconocimiento de los derechos humanos y las distintas legislaciones internas e internacionales han establecido mejores garantías para su ejercicio y protección.
  5. Cada vez hay más países y tribunales internacionales que juzgan y castigan a quienes atentaron o cometieron delitos de lesa humanidad y cometieron graves atentados contra los derechos humanos.
  6. El abandono de la violencia política ha racionalizado y humanizado la disputa por el poder y ha mejorado significativamente las reglas de juego que regulan la competencia y el conflicto político.
  7. La ingerencia de las fuerzas armadas en la política y en los gobiernos ha disminuido considerablemente y los gobiernos militares son muy pocos y están muy desprestigiados.
  8. Se ha difundido y extendido la educación en la población y cada vez hay más personas que acceden a los distintos niveles en que se desarrolla la misma.
  9. La mujer ha hecho valer sus derechos y su participación y su rol en la vida política y social se ha acrecentado.
  10. Los tratados internacionales de derechos humanos y las Cortes y organismos internacionales que ejercen su tutela cada vez tienen mayor significación.
  11. Se han declarado y tutelado mejor a los derechos sociales.
  12. Los llamados derechos de la “tercera generación” como los que protegen al ambiente, a los consumidores, a los usuarios de servicios públicos, a la información y a la comunicación, a través de nuevos recursos, medios y redes han cobrado mayor importancia; lo que ha obligado a los Estados a crear tutelas, marcos regulatorios y organismos dedicados a garantizarlos.
  13. Se ha criminalizado las discriminaciones, y reconocido y garantizado mejor los derechos de las minorías, y se han establecido acciones positivas para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos.
  14. Se ha progresado en el diálogo ecuménico e interreligioso lo que ha permitido un mejor ejercicio de la libertad religiosa.
  15. Se ha progresado significativamente en lo que respecta al crecimiento de la economía, en la producción de bienes y servicios, y en la intensidad de su intercambio entre las naciones.
  16. Las nuevas tecnologías electrónicas y las que se emplean en los medios de comunicación han permitido mejorar significativamente la eficacia de los gobiernos y las administraciones estatales, y han acortado las distancias entre las personas.
  17. Se ha progresado, aunque no todo lo que sería deseable, en los procesos de integración entre las naciones, los ejemplos de la Unión Europea y el Mercosur son destacables..
  18. La multilateralidad ha recobrado importancia frente a la práctica de decisiones unilaterales empleadas de los gobiernos de las grandes potencias; y el peso de las potencias emergentes se ha comenzado ha hacer sentir en los Foros internacionales.

LA DEMOCRACIA AUTORITARIA

Junto con algunos pocos estados totalitarios o autocráticos que todavía se mantienen siguiendo los modelos del siglo XX (como Cuba en Latinoamérica); o que han mutado en sus estructuración y funcionamiento, como es el caso de China, donde el Estado comunista se ha combinado con el capitalismo salvaje;  han aparecido gobierno elegidos por el pueblo, que se proclaman defensores de la Democracia Constitucional, pero que, en la práctica, ejercen el poder en forma autoritaria, a los que Jorge Vanossi[7] – citando a Francis Fukuyama en comentario a Samuel Huntington y a Ennio Coretto[8] – llama “democracias autoritarias”,, como es el caso de de los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua, en Latinoamérica, y que encuentran admiradores e imitadores en gobierno, partidos o políticos de otros países, como es el caso de gobierno argentino, o movimientos como “Junto Podemos Más” de Chile, o políticos como Manuel Zelaya de Honduras u Ollanta Humala en Perú. La particularidad que caracteriza a estos gobiernos es que se someten periódicamente a elecciones, y en algunos casos, como acaba de ocurrir en Venezuela, el resultado electoral no le es del todo favorable.

Los rasgos más notables de este populismo neoautoritario son los siguientes:

1.    Sus gobiernos tienden a concentrar el poder político, financiero y comunicacional en la persona de su lider, y pretende perpetuarse en el poder, por ello una de las principales reformas constitucionales que procuran es que sea posible la reelección presidencial indefinida.

2.    Otras veces la concentración y continuidad en el ejercicio del poder se produce mediante una diarquía; como es el caso de Rusia con el primer ministro, Vladimir Putin, y del presidente Dmitry Medvédev; o en Argentina con los esposos  Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

3.    Estos gobiernos tratan de dividir a la sociedad en dos fracciones irreconciliables – gobierno y oposición – y acentuar las diferencias políticas, sociales, regionales y étnicas, tensando al máximo la dialéctica amigo – enemigo, que caracteriza a la disputa política. La crispación, la descalificación y persecución de los adversarios, considerados enemigos; y el negarse a negociar políticamente – como estilo político -; se impone sobre la búsqueda de consensos, la elaboración de políticas de Estado, la creación de un clima fraternal y de amistad cívica necesario para alcanzar el bien común.

4.    La defensa de los derechos humanos es una bandera importante de estos gobiernos y las organizaciones que lo apoyan,  pero dicha defensa  depende de quién sea el que atente contra ellos. La negativa a defender: a los opositores presos por el régimen castrista de Cuba; y la no concesión de la extradición por parte del gobierno argentino, ante un pedido del Chile, de Sergio Galvarino Apablaza Guerra, líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, supuesto autor del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, hechos ocurrido en Chile en 1991 durante el gobierno democrático del presidente Patricio Aylwin, y, además, concederle el status de refugiado político; son un ejemplo de ello.

5.    El poder político, en estos países, se ha centralizado en el Poder Ejecutivo, en desmedro de los poderes Legislativo y Judicial, y de los demás órganos de control, de los gobiernos de los estados o provincias federadas, de los departamentos, regiones, alcaldías y municipios.

6.    En algunos casos, como en Venezuela, la participación, influencia y la disciplina de las Fuerzas Armadas es decisiva en la estructura de poder del gobierno y en la fracción política que lo respalda.

7.    Salvo el partido oficial que está estructurado verticalmente, el resto de los partidos – en este modelo -, están generalmente fraccionados, sus idearios políticos diluidos u olvidados, lo que los ha debilitado como alternativas de poder, como gestores de propuestas y plataformas electorales, en su capacidad para promover nuevos liderazgos, hacer educación política, y continuar siendo canales para una mejor representación ciudadana.

8.    Que hay fundadas sospechas de que se mantienen buenas relaciones con grupos narco – guerrilleros, como la FRAC o el Ejército de Liberación Nacional, según las denuncias del gobierno de Colombia, o de ETA que tienen su fuente en España.

9.    La Administración Pública, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, el servicio exterior, los medios de comunicación estatales, los institutos de estadísticas, las empresas públicas y los organismos financieros del Estado han sido puesto bajo el control de estos gobiernos, y los recursos fiscales del Estado se manejan a discreción. Las autonomías de los estados, provincias, departamentos, alcaldías o municipios, en los sistemas estatales federales o descentralizados no han sido respetados o directamente han sido desconocidas.

10. Los recursos financieros del Estado se malversan a favor de quienes apoyan al gobierno, y se concentran en una gran caja que maneja discrecionalmente el gobierno, en desmedro de otros poderes u órganos del mismo, o de los estados, provincias, departamentos, municipios o alcaldías.

11. La política de subsidios, planes sociales y reivindicación de intereses de los sectores socialmente menos favorecidos de la población les sirve para mantener la adhesión de ellos y ponerlos en pugna con el resto de la sociedad, sin que estas ayudas les permita superar su situación de desempleo, pobreza o indigencia.

12. Una importante red de organizaciones no gubernamentales (ONGs), financiadas con recursos fiscales junto a organizaciones sindicales, de “derechos humanos” y fracciones políticas afines, como los piqueteros, barras bravas y punteros, ejercen el clientelismo político en apoyo al gobierno y a sus políticas, y dominan la calle; con manifestaciones, marchas, actos públicos, protestas, cortes de rutas o calles, toma de colegios o facultades de las universidades; practican escraches y denostan a los opositores y a los que han sido declarados enemigos de la facción  gubernamental.

13.  Estos gobierno manipulean los medios de comunicación masiva, estatizándolos, poniéndolos bajo la dirección de sus partidarios, o favoreciéndolos o no, según su fidelidad al régimen, con la asignación de recursos del Estado destinado a la publicidad oficial.

14. Tratan de influir políticamente sobre los niños y jóvenes a través del sistema educativo de gestión estatal y por los medios de comunicación.

15. La corrupción, el favoritismo en lo que se ha dado en llamar el “capitalismo de amigos”, y el manejo discrecional de recursos del Estado, a través de “superpoderes” delegados por los parlamentos o invocando estados de excepción o de emergencia, ha permitido crear un sistema de financiamiento de la política y de los beneficiarios de la misma. Se ha estatizado y presionado a empresas y capitales privados que no le responden políticamente.

16. Las relaciones con la jerarquía de la Iglesia y de los demás cultos es generalmente conflictiva.

17. En política internacional se pretende influir en la de los países vecinos con el propósito de imponer sus políticas autoritarias, los ejemplos de Venezuela y Ecuador con Colombia es un ejemplo de ello; y se cultivan buenas relaciones con países donde no se respetan los derechos humanos y no tienes regímenes democráticos, como es el caso de Irán y Cuba.

LAS DEBILIDADES DE LOS ESTADOS

Los Estados del siglo XXI, incluso los que no están influidos por el modelo autoritario descripto anteriormente, muestran algunas falencias y debilidades que son necesarios superar mediante una mejor organización y con la cooperación internacional con el propósito de que cumplan con el rol institucional que les corresponde. Las más notables son:

1.    Los mecanismos de representación política necesitan ser perfeccionados y quienes la ejercen deben mejorar su gestión, para superar el creciente desprestigio de los políticos y la desconfianza en esta representación. Ejemplo de ello es el cuestionamiento se hace en Chile al sistema binominal y en Argentina a las llamadas “listas sábanas” o a los “candidatos testimoniales” en las elecciones de parlamentarios.

2.    Es necesario apelar con más frecuencia a la voluntad popular, a través de las instituciones de democracia semidirecta – como la consulta o la iniciativa popular -, especialmente en temas sensibles a la población como lo es el del matrimonio del mismo sexo, recientemente aprobado por ley en Argentina.

3.    Los órganos de control necesitan ser mejorados en su eficacia.

4.    La necesidad de hacer más inclusiva a la educación pública y ampliar el tiempo de permanencia en las escuela de los alumnos, es una de las necesidades que debe cubrir el Estado, al mismo tiempo que dar prioridad a la educación en valores, morales y religiosos, complementando la que se da dentro de la familia, y crear una oferta educativa que sirva para capacitar a las nuevas generaciones en los desafíos laborales que se les presentan. La educación política no ha sido adecuada al menos para las necesidades de los ciudadanos y la formación de dirigentes políticos en la Argentina.

5.    El Estado tiene serias dificultades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ni la existencia de barrios cerrados en la ciudades, ni la proliferación de las agencias de seguridad privadas, ni los consejos de vecinos, ni las disputas entre garantistas y quienes quieren hacer más severa las penas a los delincuentes han servido para solucionar este grave problema.

6.    Las organizaciones delictivas, sean ellas terroristas, guerrillas, cárteles del narcotráfico, las que se ocupan de la trata de personas y del tráfico de armas, las maras o pandillas centroamericanas, se han convertido en problemas muy difíciles de resolver por los Estados, que no los pueden combatir por los métodos tradicionales y sin la cooperación internacional.

7.    Los controles y las regulaciones de los Estados a las finanzas y la economía dejan mucho que desear y estas falencias son, muchas veces, la causa de las crisis que se generan, como la hipotecaria de 2008. Las fórmulas estatistas o privatistas han fracasado en lograr esos controles y regulaciones.

8.    Las diferencias entre los que tienen mayores y menores ingresos se ha acrecentado significativamente al ritmo del mayor crecimiento de las economías.

9.    La falta de equidad tributaria y el uso de impuestos de fácil recaudación (al cheque, las retenciones, al valor agregado en Argentina) en desmedro de los más justos y equitativos pero de más difícil administración (como el impuesto a las ganancias o a los bienes personales); y la acumulación de mayores recursos fiscales por parte del Estado federal o central en desmedro de los que les corresponden a los estados federados o provincias, municipios, alcaldías, departamentos, regiones u otros entes descentralizados.

10. El lavado de dinero, la fuga de capitales, la economía en negro, el endeudamiento de los órganos del Estado, el default y la inflación son prácticas difíciles de revertir por parte de los gobiernos y que atentan contra la buena marcha de la economía

11. La pobreza, la indigencia, la desnutrición y las migraciones que se producen como consecuencia de ellas, no son fáciles de superar. Como consecuencia de ello se han instalado asentamientos, en las grandes ciudades, llamados villas miserias – en Argentina -, o campamentos o poblaciones callampas en Chile, favelas en Brasil; y se han multiplicado las personas o familias que se encuentran “en situación de calle” y que viven en plazas y lugares públicos.

12. El desempleo y la inestabilidad laboral ha aumentado en los últimos tiempos con motivo de las nuevas tecnologías de producción, que requiere menos mano de obra y mejor preparación. Esta realidad se observa en todos los niveles de la oferta laboral.

13. El envejecimiento de la población y las dificultades para financiar y mantener en montos dignos las jubilaciones y pensiones de las personas de la tercera edad, es otro de los desafíos que enfrentan los Estados modernos.

14. Los altos costos que demanda el sistema de salud y la necesidad que el mismo esté al alcance de toda la población es otro de los problemas a atender.

15. La proliferación del juego, con importantes recaudaciones a favor de los que lo promueven y administran, y para el Estado que lo permite, en versiones muy simplificada – como es el caso de los slots -, atenta contra los buenos hábitos de las personas y la economía de muchas familias.

16. La necesidad de contar con los medios para atender y reparar los daños que causan las catástrofes naturales o las fallas tecnológicas, como el Tsunami de Indonesia (2004), el huracán Katrina en las costas de Louisiana (2005), los terremotos de Haití y Chile, el derrame de petróleo en el golfo de México, el derrumbe de las montañas de Oaxaca en México y la situación de los 33 mineros atrapados en la mina de Copiapó en Chile (2010), obligan a los Estados a estar prevenidos, a ser eficaces y a contar con una pronta cooperación internacional.

17. La dificultad de compatibilizar las regulaciones internas y externas de los Estados y hacer efectivo su cumplimiento es una de las dificultades que encuentran los Estados dentro de de este mundo globalizado.

18. Los sistemas democráticos, caracterizados por la alta litigiosidad, requieren una organización de justicia capaz de procesar eficazmente los conflictos que los generan – lo que no es fácil de alcanzar -, y de un eficaz sistema de control de constitucionalidad capaz de orientar a las conductas hacia los altos principios de libertad y justicia que proclaman las Constituciones.

19. La libertad religiosa, que los ciudadanos y las distintas confesiones religiosas ejercitan dentro de una sociedad política presidida por un Estado laico – aunque no desentendido de la fe de sus ciudadanos –  necesita ser estimulada para que los fieles puedan realizarse como persona y las distintas tradiciones y confesiones religiosas puedan ejercer libremente sus cultos, sin que haya conflictos entre ellos.

20. La necesidad de proteger los recursos naturales y evitar la contaminación son un compromiso de los estados con las generaciones actuales y futuras. El cambio climático, el calentamiento global, la necesidad de preservar los glaciales, evitar la deforestación y anticiparse a las crisis energéticas, son desafíos que se deben asumir.

21. La carrera armamentista es algo que hay que detener y el desarme, especialmente de armas nucleares, hay que acelerar.

22. El terrorismo es una amenaza permanente, los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) en Buenos Aires son un ejemplo de ello. Pero las innovaciones que se hicieron para combatirlo, como las “guerras preventivas”, la invasión a Irak por motivos que luego resultaron falsos, la creación de cárceles internacionales como la de Guantánamo y la autorización de torturar en los interrogatorios y el Acta Patriótica sancionada por el Congreso de EEUU, no debieron ser los medios adecuados para combatirlo.

23. Hay que despertar mayor confianza en los procesos de integración y en los organismos a los que se les ha delegado facultades. La elección, el año próximo, del Parlamento del Mercosur es un buen signo para ello.

LA REFORMA ADMINISTRATIVA

Los Estados necesitan también, como propone la Carta de Chiapa (en la reunión del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, en Tuxtla Gutiérrez el 20 de agosto de 2010) hacer una reforma administrativa integral, como parte de la reforma del Estado. Ello implica:

1.     Una distribución más efectiva del poder, con énfasis en auténticas estrategias de descentralización.

2.     Buscar un equilibrio entre lo técnico y lo político.

3.     El aparato gubernamental debe articularse transversal y coordinadamente en todo el territorio, al encauzar, junto con la población, las políticas que hagan viable el desarrollo sustentable.

4.     Aprovechar de manera integral las ventajas de la sociedad del conocimiento y la revolución tecnológica, para actuar en los inciertos, fragmentados y complejos procesos de globalización, conservando y reafirmando la esencia de cada Nación.

5.     Aplicar la digitalización con criterios democráticos en cuanto a la accesibilidad, conectividad e implantación racional de innovaciones en la gestión pública.

6.     Vincular a la Administración Pública con las instituciones de educación superior para fines de profesionalización e investigación prospectiva, que fundamenten la planeación, programación y evaluación de la función pública.

7.     Fomentar los principios de cooperación y solidaridad con el fin de actualizar las instituciones públicas en función de las demandas y necesidades sociales.

8.     Ampliar el sistema administrativo público en dos vías: al abrir nuevas formas de participación, plurales y colegiadas, en la acción y decisiones públicas y al acreditar la utilidad de los instrumentos de transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas, para la evaluación social del desempeño de las instituciones y los servidores públicos.

REFLEXIÓN FINAL

La descripción y enumeración de fortalezas y debilidades que nos muestran los Estados en estos nuevos tiempos, los desvíos que se avizoran, y las exigencias de la globalización, nos obligan a estudiar las formas, los métodos y los posibles modo de superación de los problemas que los motivan, que no son otros que la necesidad de los hombres y mujeres de nuestra época de poder realizar su plan de vida, dentro de una sociedad más solidaria, más fraternal y más amistosa.

El rol del Estado de hoy lo obliga a reafirmar su condición de instrumento activo de la sociedad política fraterna, y de las sociedades intermedias y personas que lo integran, para alcanzar el bien común. Necesita estar organizado democráticamente, con un gobierno republicano, protector de los derechos humanos y del ambiente, integrado por personal idóneo y asistido por la mejor tecnología.

La cooperación internacional y los procesos de integración le son indispensables, no sólo para conseguir una convivencia pacífica, un mejor intercambio de bienes y servicios y lograr los “8 objetivos del desarrollo del milenio”, sino también para el cumplimiento de mucho de sus propósitos que sólo no puede alcanzar, en este tránsito necesario, urgido por la globalización, hacia una sociedad política y autoridad mundial.

Como se dijo en Gaudium et spes:  ”La autoridad política debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos, sino disciplinándola y orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales.” [9]

Santiago de Chile, octubre de 2010.


[1] El Hombre y el Estado, páginas 213 y siguientes, Editorial Guillermo Kraft Ltda. 3ª. Edición, 1952.

[2] Obra citada, página 23.

[3] Obra citada, página 26.

[4] La Persona Humana y el Bien Común, página 59, Club de Lectores, 1981.

[5] Obra citada, página 64.

[6] El Hombre y el Estado, página 225, Editorial Guillermo Kraft Ltda. 3ª. Edición, 1952.

[7] “Mutaciones regresivas en el ejercicio de la forma Republicana de gobierno” Debates de Actualidad,, página 17, Año XXV Nº 202,.enero-junio de 2010..

[8] Corriere Della Sera, 5 de enero de 2009.

[9] Compendio de la  Doctrina Social de la Iglesia, Pontificio Consejo Justicia y Paz, página 251, Conferencia Episcopal Argentina, 2005.

Procedimientos Parlamentarios en la Provincia de La Rioja

Escudo de la Provincia de La Rioja

Legislatura

La provincia de la Rioja, de la República Argentina, tiene una Legislatura unicameral, que ejerce la “Función Legislativa”, y que su Ley Fundamental llama Cámara de Diputados, y está integrada por treinta y seis diputados, elegidos por el voto directo del pueblo de los departamentos en que se divide su territorio (Art. 86º y 87º de la Constitución), con mandato por cuatro años. El cuerpo se renueva por mitades cada bienio y esta presidido por el vicegobernador, elegido también por el pueblo junto al Gobernador y con mandato por cuatro años. La Cámara designa, todos los años, en su primera sesión ordinaria, un vicepresidente primero y segundo, que lo reemplazan en caso de impedimento (Art. 98º).

Procedimientos Parlamentarios

Los procedimientos parlamentarios en la Provincia de La Rioja están fijados en su Constitución, cuya última reforma fue en el año 2008, y en el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados; y son los siguientes:

1. La Iniciativa Popular: El Artículo 83º de la Constitución que dice: Por la ini­cia­ti­va po­pu­lar, el cuer­po elec­to­ral con el por­cen­ta­je que la ley de­ter­mi­ne, que no debe ser in­fe­rior al cinco por cien­to del elec­to­ra­do, puede pre­sen­tar un pro­yec­to de ley o de de­ro­ga­ción de leyes en vi­gen­cia para su tra­ta­mien­to por la Cá­ma­ra de Dipu­tados, in­clu­yen­do la re­for­ma cons­ti­tu­cio­nal. La Cá­ma­ra de Dipu­tados está obli­ga­da a con­si­de­rar el pro­yec­to. Cuan­do lo re­cha­ce o lo re­for­me sus­tan­cial­men­te, la ini­cia­ti­va de­be­rá so­me­ter­se a con­sul­ta po­pu­lar. Si el pro­yec­to no es tra­ta­do en el tér­mino de tres meses el mismo que­da­rá apro­ba­do.

2. La consulta popular: El Artículo 84º de la Constitución reza: “Las cues­tio­nes de go­bierno y la vi­gen­cia de nue­vas leyes, la re­for­ma o de­ro­ga­ción de nor­mas ju­rí­di­cas de sig­ni­fi­ca­ti­va im­por­tan­cia, pue­den ser so­me­ti­das a con­sul­ta po­pu­lar, que podrá ser obli­ga­to­ria o fa­cul­ta­ti­va.

Será obli­ga­to­ria en los si­guien­tes casos:
1.-
Toda re­for­ma cons­ti­tu­cio­nal rea­li­za­da por la Cá­ma­ra de Dipu­tados de acuer­do al Ar­tícu­lo 177º(Enmienda de la Constitución).
2.-
Las leyes que au­to­ri­zan em­prés­ti­tos cuyos ser­vi­cios sean su­pe­rio­res al por­cen­ta­je en que se pue­den afec­tar los re­cur­sos or­di­na­rios.
3.-
Los actos le­gis­la­ti­vos que se con­si­de­re con­ve­nien­te so­me­ter a con­sul­ta antes de su vi­gen­cia.
Toda pro­pues­ta que sea so­me­ti­da a con­sul­ta po­pu­lar obli­ga­to­ria se ten­drá por re­cha­za­da por el pue­blo si una ma­yo­ría de más del trein­ta y cinco por cien­to de los votos
de los elec­to­res ins­crip­tos en el Re­gis­tro Elec­to­ral no la aprue­ba.”

3. La revocatoria Popular: Se rige por el Ar­tícu­lo 85º de la Constitución que dispone: “El cuer­po elec­to­ral tiene el de­re­cho de de­ci­dir la des­ti­tu­ción o se­pa­ra­ción de aque­llos fun­cio­na­rios elec­ti­vos que no han cum­pli­do el man­da­to re­ci­bi­do o que por el mal desem­pe­ño en sus fun­cio­nes han de­ja­do de me­re­cer la con­fian­za de­po­si­ta­da en ellos por el pue­blo. Para que la re­vo­ca­to­ria po­pu­lar se con­si­de­re vá­li­da es ne­ce­sa­rio que el re­sul­ta­do elec­to­ral su­pere el cin­cuen­ta por cien­to de los elec­to­res ins­crip­tos en el Re­gis­tro Elec­to­ral.”

4. Elección de autoridades: El Reglamento interno de la Legislatura dispone en su Artículo 1°: “Todos los años en la última semana del mes de febrero, se reunirá la Cámara en Sesiones Preparatorias con el objeto de acordar la designación de las Autoridades, de acuerdo al 2º y 3º Párrafo del Artículo 96º de la Constitución Provincial.” Y en el Artículo 2°: “Convocado el Cuerpo Legislativo y previo a la inauguración del Período de Sesiones Ordinarias por parte del titular de la Función Ejecutiva, la Cámara elegirá de su seno y a simple pluralidad de votos a las autoridades del mismo, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo de la Función Legislativa, los que deberán prestar Juramento eligiendo algunas de las formas previstas en este Reglamento.”

5. Incorporación de los diputados electos: El Reglamento dispone al respecto: Artículo 3°: “En caso de renovación parcial de la Cámara, el Presidente de la misma, convocará a una Reunión Preparatoria entre los días 16 y 23 de noviembre a todos los diputados electos, quienes deberán presentar ante la misma, los diplomas que los acreditan como tal y al sólo efecto que, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Peticiones, Poderes y Reglamento, evalúe los derechos y títulos de los mismos.” Y el Artículo 4°“Reunida la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Peticiones, Poderes y Reglamento, a los efectos del artículo anterior, ésta considerará las impugnaciones formuladas a algunos de sus miembros y, procederá a leer los escritos recibidos. Luego concederá la palabra a los diputados que formularen alguna impugnación y lo mismo hará con los afectados. Los oradores tanto el que solicita la impugnación como los personalmente alcanzados, dispondrán de quince (15) minutos improrrogables para tal fin. Los diputados electos, asistirán a la discusión del proyecto sobre aprobación o desaprobación de los títulos; no pudiendo opinar sobre los que le son personales.”El Artículo 5° regla que: “Las impugnaciones sólo pueden consistir: 1.- En la negación de algunas de las calidades exigidas por el Artículo 89º (ser argentino, mayor de edad y con 2 años de residencia en el departamento) de la Constitución Provincial. Cuando la impugnación demostrare, prima facie, la Falta  de uno de los requisitos constitucionales, el impugnado no podrá prestar Juramento reservándose su diploma para ser juzgado en las Sesiones Ordinarias. Si resulta necesaria una investigación, el impugnado se incorporará en las condiciones indicadas en el Inciso siguiente. 2.- En la afirmación de irregularidades en el proceso electoral, los impugnados podrán incorporarse con los mismos caracteres y atributos de los diputados en ejercicio.”Artículo 6°: “Las impugnaciones por escrito podrán realizarse desde el momento en que la Autoridad Competente efectúe la proclamación de los electos y hasta veinticuatro (24) horas antes de la primera Sesión de incorporación, las mismas serán depositadas en la Secretaría Legislativa.”El Artículo 7°: Las impugnaciones pueden ser formuladas:

a) Por un diputado en ejercicio o electo.

b) Por el máximo Órgano Ejecutivo Provincial o un Partido Político organizado en el distrito que lo eligió.

Y el Artículo 8°: “La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Peticiones, Poderes y Reglamento, que entiende sobre el tema, estudiará y dictaminará sobre las impugnaciones producidas. Ésta dictará el procedimiento de juzgamiento que garantizará el derecho de defensa del titular del diploma a impugnar. La Comisión podrá dictar medidas para mejor proveer e incluso ejercer las atribuciones de Comisión de Investigación de la Cámara. El despacho emitido por esta Comisión será considerado por la Cámara en Sesiones Especiales. En caso de que tres (3) veces seguidas no se Consiguiera el quórum en aquellas Sesiones, la impugnación será girada a la Cámara en su conjunto, y el o los despachos que se pudieran haber emitido serán considerados en las Reuniones de Tablas como asunto preferente.”Artículo 9°: “Las impugnaciones que no sean resueltas por la Cámara dentro de Los tres (3) meses quedarán desestimadas.”El Artículo 10º: “Si alguno o algunos de los títulos o poderes, fueren desaprobados de acuerdo a la aplicación de este Reglamento Interno y sobreviniente de los Artículos 78º, 87º, 92º o 95º de la Constitución Provincial, el resultado de la votación se comunicará al Tribunal Electoral Provincial a sus efectos.” El Artículo 11°:“Aprobados los diplomas, los diputados serán incorporados por Acto de Juramento que prestarán, siendo interrogados en los términos siguientes: (…)”. El Artículo 12°: “Este Juramento será tomado por el Presidente de la Cámara en voz alta, estando todos de pie.” Y el Artículo 13°: “Incorporado un diputado y archivado el título que presente, el Presidente de la Cámara, le extenderá un despacho refrendado por el Secretario en el que acredite el carácter que inviste, el Departamento que representa, el día de su incorporación y el de su cese por  ministerio de ley, tomando razón de él, por el Secretario en un libro que llevará a tal efecto.  Se le proveerá también de una medalla que le sirva de credencial a pedido del interesado y a su exclusivo cargo.”

6. El desafuero de los diputados: se tramita en los términos que dispone la Constitución en el: Ar­tícu­lo 93º “(…) Nin­gún dipu­tado podrá ser arres­ta­do desde el día de su elec­ción hasta el de su cese, ex­cep­to el caso de ser sor­pren­di­do en fla­gran­te eje­cu­ción de un hecho ilí­ci­to do­lo­so que me­rez­ca pena pri­va­ti­va de li­ber­tad; en este caso el juez que or­de­ne la de­ten­ción dará cuen­ta den­tro de los tres días a la Cá­ma­ra, con la in­for­ma­ción su­ma­ria del hecho.” El Ar­tícu­lo 94º, a su vez, dice:. ”La Cá­ma­ra al co­no­cer el su­ma­rio podrá alla­nar el fuero del arres­ta­do por ma­yo­ría ab­so­lu­ta de sus miem­bros, de­bien­do con­si­de­rar­se alla­na­do de hecho si la Cá­ma­ra no hu­bie­se re­suel­to el caso den­tro de los diez días si­guien­tes en que se re­ci­bió el su­ma­rio. Para no hacer lugar al alla­na­mien­to se re­quie­re ma­yo­ría ab­so­lu­ta de votos pre­sen­tes, en cuyo caso el de­te­ni­do será pues­to in­me­dia­ta­men­te en li­ber­tad. Cuan­do se de­duz­ca acu­sa­ción ante la jus­ti­cia con­tra un dipu­tado, exa­mi­na­do el mé­ri­to de la misma en la se­sión pró­xi­ma a la que se diere cuen­ta del hecho, la Cá­ma­ra, con los dos ter­cios de votos de la to­ta­li­dad de sus com­po­nen­tes, podrá sus­pen­der en sus fun­cio­nes al acu­sa­do y de­jar­lo a dis­po­si­ción del Juez Com­pe­ten­te para su juz­ga­mien­to.”

7. Las facultades disciplinarias que la Cámara de Diputados ejerce entre sus miembros está reglada en el Ar­tícu­lo 95 de la Constitución que dispone: “La Cá­ma­ra, con dos ter­cios de los votos de la to­ta­li­dad de sus miem­bros, co­rre­gi­rá a cual­quie­ra de ellos por des­or­den de con­duc­ta en el ejer­ci­cio de sus fun­cio­nes o au­sen­tis­mo no­to­rio e in­jus­ti­fi­ca­do o lo ex­clui­rá de su seno por in­ha­bi­li­dad fí­si­ca, psí­qui­ca, moral o legal so­bre­vi­nien­te a su in­cor­po­ra­ción.” El Reglamento en caso de inobservancia del mismo dispone: Artículo 184° “Todo diputado puede reclamar la observación de este Reglamento, si juzga que se lo contraviene y el Presidente lo hará observar. Artículo 185°. “Si el autor de la supuesta infracción pretendiera no haber incurrido en ella, lo resolverá inmediatamente una votación sin discusión.

8. Sanciones a los que obstaculicen o impidan a los diputados el ejercicio de su actividad parlamentaria: El Reglamento en su Artículo    178° dispone: “Cuando de cualquier modo y en cualquier lugar se obstaculizare o impidiere a los Miembros de la Cámara el ejercicio de su actividad parlamentaria, la Cámara con el voto de las dos terceras partes de sus Miembros presentes, puede imponer sanciones de arresto a quienes resulten responsables del hecho, la que no podrá exceder de setenta y dos (72) horas, debiendo poner la Cámara en su caso el hecho en conocimiento del Juez competente. Previamente, se dará al imputado la oportunidad de su defensa, mediante citación fehaciente.”

9. La interpelación a los ministros o la concurrencia en su  reemplazo por el Gobernador: se realiza de acuerdo a lo que regla el

Ar­tícu­lo 98: “La Cá­ma­ra, con la apro­ba­ción de un ter­cio de sus miem­bros pre­sen­tes, podrá lla­mar a su seno a los mi­nis­tros para re­ci­bir las ex­pli­ca­cio­nes e in­for­mes que es­ti­me con­ve­nien­tes, a cuyo efec­to de­be­rá ci­tar­los con cua­ren­ta y ocho horas de an­ti­ci­pa­ción y ha­cer­les saber los pun­tos sobre los cua­les han de in­for­mar. El Go­ber­na­dor podrá con­cu­rrir a la Cá­ma­ra cuan­do lo es­ti­me con­ve­nien­te en re­em­pla­zo de los mi­nis­tros in­ter­pe­la­dos.” El Reglamento en su Artículo 177° a su vez reza: “Cuando en virtud de lo dispuesto en el Artículo 98°, de la Constitución Provincial, los Ministros o Secretarios de Estado, que concurren a la Cámara por pedido de ésta, el orden de la palabra será el siguiente:

1.- El diputado o los diputados interpelantes lo harán en un máximo de sesenta (60) minutos en conjunto.

2.- Los Ministros y/o Secretarios por igual lapso.

3.- Cualquiera de los demás diputados, tendrán cinco (5) minutos cada uno a los efectos de realizar las preguntas pertinentes también podrán hacerlo por escrito.

4.- El o los diputados interpelantes podrán formular las observaciones que consideren pertinentes, por un lapso de treinta (30) minutos en conjunto.

5.- Los Ministros o Secretarios interpelados dispondrán para su exposición final, un plazo máximo de treinta (30) minutos. Los plazos consignados sólo pueden ser ampliados con autorización de la Cámara.”

10. Las facultades de las comisiones permanentes se rigen por el Ar­tícu­lo 100° que dispone:Las Co­mi­sio­nes Le­gis­la­ti­vas po­drán dic­tar re­so­lu­cio­nes, decla­ra­cio­nes y efec­tuar pe­di­dos de in­for­mes. La Cá­ma­ra podrá dis­po­ner la re­mi­sión a las mismas de asun­tos de menor tras­cen­den­cia para que ellas los re­suel­van.”

11. La Cámara reunida en minoría y para obtener quórum podrá compeler a los ausentes de acuerdo Ar­tícu­lo 103°: “La Cá­ma­ra se­sio­na­rá con la pre­sen­cia de la mitad más uno de sus com­po­nen­tes. Podrá rea­li­zar se­sio­nes en mi­no­ría al sólo efec­to de acor­dar me­di­das para com­pe­ler a los in­asis­ten­tes. Las se­sio­nes serán pú­bli­cas salvo que en razón de la na­tu­ra­le­za del asun­to se re­sol­vie­re lo contrario.”

12. Para prestar acuerdo en la designación de funcionarios o magistrados se rige por lo que dispone el Reglamento en su Artículo 105° cuando dice: “Los Mensajes de la Función Ejecutiva solicitando Acuerdo para cualquier nombramiento, pasarán a la Comisión respectiva, salvo que a petición de un diputado la Cámara, constituida en Comisión, resuelva considerarlo en forma inmediata. En el primer caso, la Cámara señalará el término prudencial dentro del cual se expedirá la Comisión. Si ésta no lo hiciere en el término determinado, se considerará el Mensaje sin más trámite.” Y el Artículo 106° expresa: “En el caso de los Miembros de las Instituciones u Organismos que dependan directamente de la Función Legislativa, se utilizará el mismo proceso que el artículo anterior para otorgar el acuerdo de los mismos.

13. Aprobar o desechar tratados o convenios: Artículo 105 “Corresponde a la Cámara de Diputados: (…) Inciso 12 Apro­bar o desechar los tra­ta­dos o con­ve­nios que el go­ber­na­dor acuer­de con el Es­ta­do Na­cio­nal, otras pro­vin­cias o mu­ni­ci­pios, entes pú­bli­cos o pri­va­dos na­cio­na­les o ex­tran­je­ros, es­ta­dos ex­tran­je­ros u or­ganismos in­ter­na­cio­na­les; (…)”

14. La sanción de las leyes y la aprobación de decretos, resoluciones, comunicaciones, declaraciones o reformas al Reglamento interno de la Cámara tiene varios etapas, que son los siguientes:

14. 1. Proyectos: se inicia con los proyectos que pueden presentar los diputados, o que envía mediante mensajes la Función Ejecutiva o la Función Judicial. La presentación debe ser por escrito y firmado por el o los autores y se debe acompañar copia del mismo en soporte digital a efectos de facilitar su rápida incorporación a la red informática. (Arts.  93º al 99º del Reglamento) “Los proyectos que presentan los diputados serán fundados por escrito. Se anunciarán en la Sesión en que tengan entrada y serán girados a la o las Comisiones que corresponda” (Art. 100º del Reglamento). “Cuando algunas de las otras Funciones del Estado – Ejecutiva y Judicial – presentaren algún proyecto, serán anunciados y pasarán sin más trámite a las Comisiones respectivas. Éstos deberán ser enviados en forma de Mensaje y con la firma del titular de la Función o sus reemplazos naturales.” (Art. 101º). “En ningún caso el autor de un proyecto que ya esté a consideración de la Comisión respectiva o de la Cámara, podrá retirarlo ni modificarlo, a no ser por resolución de aquella mediante petición del autor o de la Comisión, en su caso.( Art. 102°). “Todo proyecto presentado en la Cámara se incluirá en el Orden del Día y se dará copia a la prensa para su publicación a través de la Secretaría Legislativa.” (Art. 103°). “Los Proyectos, Mensajes o demás Asuntos enviados por la Función Ejecutiva y presentados a la Cámara, no pueden ser retirados o girados a archivo, sin la anuencia de aquella o por Resolución de Cámara.” (Art. 104°). “Los Mensajes de la Función Ejecutiva solicitando Acuerdo para cualquier nombramiento, pasarán a la Comisión respectiva, salvo que a petición de un diputado la Cámara, constituida en Comisión, resuelva considerarlo en forma inmediata. En el primer caso, la Cámara señalará el término prudencial dentro del cual se expedirá la Comisión. Si ésta no lo hiciere en el término determinado, se considerará el Mensaje sin más trámite.” (Art. 105°) “En el caso de los Miembros de las Instituciones u Organismos que  dependan directamente de la Función Legislativa, se utilizará el mismo proceso que el artículo anterior para otorgar el acuerdo de los mismos.” (Art. 106°)

14. 2.  Discusión en sesión: “Todo proyecto o asunto que deba ser considerado por la Cámara pasará por dos discusiones, la primera en general y la segunda en particular.” (Art. 125°) “Las discusiones en general tendrán por objeto la idea fundamental del asunto considerado en conjunto.” (Art. 126 “La discusión en particular tendrá por objeto cada uno de los distintos artículos, títulos o capítulos del tema en debate, pudiendo la Cámara con el voto de las dos terceras partes solicitar la aprobación a Libro Cerrado del asunto en tratamiento.” (Art.127°) “Ningún asunto podrá ser tratado sin Despacho de Comisión, a no mediar resolución adoptada por las dos terceras partes de los votos emitidos, sean que se formulen moción de Sobre Tablas o de Preferencia. Los proyectos que importen gastos no podrán ser tratados, en ningún caso, sin Despacho de Comisión.” (Art.128°)  “La discusión de un proyecto quedará terminada con las Resoluciones recaídas sobre el último artículo.” (Art. 129°) “Todos los proyectos que hayan recibido sanción definitiva en la Cámara, serán comunicados a la Función Ejecutiva a los efectos de dar cumplimiento al Artículo 107° de la Constitución Provincial” (Art. 130°).

14. 3. De la discusión en general: “La discusión en general versa sobre todo el proyecto o asunto tomado en masa, o sobre la idea fundamental de aquel.” (Art. 131°)Todos los diputados y siempre que se ajusten al tema en discusión podrán hacer uso de la palabra una sola vez y planteando oposición o modificación, a excepción del autor del proyecto o miembro informante de la Comisión que podrán hacerlo las veces que fuere necesario.” (Art. 132°) Cuando se consideren Despachos de Comisión sin disidencias generales y sin observaciones formuladas, el Presidente lo anunciará así y  prescindiéndose de todo debate, se votará sin más trámite.” (Art. 133°) Si no hubiere disidencias generales en el despacho, pero sí observaciones sólo podrán intervenir en el debate en general, el autor del proyecto, el miembro informante de la Comisión, un representante de cada bloque político y los diputados que hubieren formulado observaciones.” (Art. 134°) “Cerrado el debate y hecha la  votación del proyecto en general, si éste resultare rechazado, concluye toda discusión sobre él; si resultare aprobado se pasará a su discusión en  particular.” (Art. 135°) “La discusión en general será omitida, cuando el proyecto o asunto haya sido considerado previamente por la Cámara en Comisión, en cuyo caso, luego de constituida en Sesión, se limitará a votar si se aprueba o no el proyecto en general.” (Art. 136°)

14. 4. De la discusión en particular. La discusión en particular se hará en detalle, por artículo, capítulo, título, o parte recayendo sucesivamente votación sobre cada uno. A petición de un diputado y con la aprobación de los dos tercios  de los Miembros de la Cámara, un proyecto puede ser aprobado a Libro Cerrado.” (Art. 137°) En la discusión en particular, los diputados, pueden hacer uso de la palabra dos (2) veces a excepción del miembro informante, el autor del proyecto y del diputado que asuma la representación de un Bloque Parlamentario, quienes podrán hacerlo para replicar durante el debate. La palabra será otorgada por Presidencia, en el orden en que fue solicitada, llevando el registro de la misma, a través de Secretaría.” (Art. 138°) En esta discusión se observará rigurosamente la unidad del debate, y en consecuencia, el orador que salga notablemente de la cuestión será llamado al orden.” (Art. 139°) “Durante la discusión en particular de un proyecto pueden presentarse otro u otros artículos que sustituyan totalmente el artículo que se está discutiendo, o supriman algo de él o lo adicionen o alteren en su redacción. Cuando la Comisión acepta la sustitución, modificación o supresión, será Considerada parte integrante del dictamen.” (Art. 140°) “En cualquiera de los casos mencionados en el artículo anterior, la o las modificaciones se presentarán por escrito; si la Comisión no las acepta, se vota en primer término su dictamen y si éste es rechazado, la o las modificaciones se considerarán en el orden en que han sido propuestas.” (Art. 141°)

14. 5. De la votación de las leyes, decretos, resoluciones, comunicaciones o Declaraciones, acuerdos, y reformas del reglamento seguirán el siguiente procedimiento. Todo proyecto o asunto se vota, tanto en general como en particular, por medios electrónicos, nominalmente o por signos, a fin de permitir registrar, la forma en que ha votado cada diputado. La Cámara puede resolver por simple mayoría de sus Miembros presentes, obviar algunos de estos procedimientos cuando existe dictamen de Comisión unánime o no se ha planteado disidencia. Los pedidos de Acuerdos o nombramientos que deba hacer la Cámara por este Reglamento o por Ley, será a través de votación nominal.” (Art. 169°) “Toda votación que deba realizar esta Cámara se hará mecánicamente, nominal o por signos. Toda votación nominal será por orden alfabético.” (Art. 170°) “Toda votación se reduce a la afirmativa o negativa, precisamente en los términos en que está escrito el artículo, proposición o período que se vota.” (Art. 171°) “Habiendo quórum legal hace decisión la mayoría simple, es decir, el voto de la mitad más uno de los Miembros presentes, salvo los casos en que la Constitución Provincial u otra norma exija mayorías especiales o base de cómputos diferentes. Se indicará en Acta los resultados de cada votación. Entiéndase por mayoría absoluta la mitad más uno de la totalidad de los Miembros del Cuerpo.” (Art. 172°) “Si se suscitaren dudas respecto del resultado de la votación, inmediatamente después de proclamada, cualquier diputado podrá pedir rectificación, la que se practicará con los diputados presentes que hubieren tomado parte en aquella, los diputados que no hubieren tomado parte en la votación no podrán intervenir en la rectificación.” (Art. 173°) “Cuando la Cámara es presidida por un diputado, en los casos contemplados por la Constitución o este Reglamento, se requiera su voto para hacer resolución, éste votará en último término.” (Art. 174°) “El voto será por la afirmativa o por la negativa. Un diputado presente y con autorización del Cuerpo, puede abstenerse de votar. En este caso, el cálculo del quórum y el cómputo de la votación, se hará sobre la cantidad de votos que se emitan. Ningún diputado puede protestar contra la Resolución de la Cámara, pero tiene derecho a pedir la consignación de su voto en el Acta y en el Diario de Sesiones.” (Art. 175°) Si una votación resultare un empate, se abrirá una nueva discusión y se procederá a una segunda votación y si de ésta resultare un nuevo empate, decide el voto del Presidente. Pueden participar de la segunda votación, los diputados que se hayan incorporado antes de la misma.” (Art. 176°).

Si se tratara de la reforma del Reglamento el mismo expresa en su Artículo 186°:“Ninguna disposición de este Reglamento puede ser alterada ni derogada por Resolución Sobre Tablas, sino únicamente por medio de un    proyecto en forma, que seguirá la misma tramitación que cualquier otro y requerirá para su aprobación los dos tercios de los Miembros de la Cámara.”

15. En caso de veto de una ley la Constitución dispone: “Cuando un proyecto de ley fuere sancionado por la Cámara, esta lo remitirá dentro de los cinco días al gobernador para su promulgación y publicación. El gobernador podrá vetar dicho proyecto en el término de diez días hábiles, en forma total o parcial. Si no  lo hiciere se considerará promulgado. Vetada en todo o en parte una ley sanciona da volverá con sus objeciones a la Cámara y si esta insistiere en su sanción con dos tercios de votos de los miembros presentes, será ley y pasará al gobernador para su promulgación. No concurriendo los dos tercios para la in­sistencia, ni mayoría para aceptar las modificaciones propuestas por el gobernador, no podrá repetirse en las sesiones del mismo año. Vetada en parte la ley por el gobernador, este podrá promulgar la parte no vetada.” (Art. 107°)

16. Juicio Político: La Constitución riojana dispone al respecto que: “El Gobernador, Vicegobernador, Ministros, Miembros del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal General, el Defensor General, el Fiscal de Estado y los miembros del Tribunal de Cuentas podrán ser  denunciados ante la Cámara de Diputados por inhabilidad sobreviniente física o mental, por mal desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo o por delitos comunes. (Art. 108°) “Anualmente, la Cámara en su primera sesión se dividirá por sorteo en dos salas, compuestas cada una por la mitad de sus miembros a los fines de la tramitación del Juicio Político. En caso de que la composición de la Cámara fuese impar, la sala segunda se integrará con un miembro más. La sala primera tendrá a su cargo la acusación y la sala segunda será la en cargada de juzgar. Cada sala será presidida por un diputado elegido de su seno. (Art.109°) “La sala acusadora nombrará anualmente, en su primera sesión, una comisión de investigación de cinco miembros, no pudiendo facultar al presiden­te para que la nombre. Dicha comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los he­chos en que se funda la acusación, teniendo para tal efecto las más amplias facultades. (Art. 110°) La comisión investigadora practicará las diligencias en el término perentorio de cuarenta días y presentará el dictamen a la sala acusadora que podrá aceptarlo o rechazarlo, necesitando dos tercios de los votos de sus miembros presentes cuando fuere favorable a la acusación. (Art. 111°) “Desde el momento que la sala acusadora haya acepta do la acusación, el acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funcio­nes sin goce de sueldo. (Art.112°) Admitida la acusación por la sala acusadora, ésta nombrará una comisión de tres de sus miembros para que la sostenga ante la segunda sala constituida en tribunal de sentencia, previo juramento prestado ante su presidente. (Art. 113°) “La sala de sentencia procederá de inmediato al estu­dio de la acusación, prueba y defensa, para pronunciarse en definitiva en el término de treinta días. Vencido este término sin dictar el fallo condenatorio, el acusado volverá al ejercicio de sus funciones con derecho a percibir los haberes no cobra dos sin que el juicio pueda repetirse por los mismos hechos. (Art. 114°) “Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la sala de sentencia. La votación será nominal, debiendo registrarse en el acta el voto de los diputados sobre cada uno de los cargos que contenga la acusación. (Art. 115°) “El fallo no tendrá más efecto que el de destituir al acusado, pu­diendo inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado, que dan do siem­pre sujeto a acusación, juicio y condena conforme a las leyes comunes y ante los tribuna­les ordinarios.” (Art. 116°) La Cámara dictará una ley de procedimientos para esta clase de juicios, garantizando el ejercicio del derecho de defensa. (Art. 117°)

La ley 5048 dispone al respecto:

16.1. Denuncia:

Artículo 2º: “La denuncia promoviendo Juicio Político será formulada ante la Cámara de Diputados por cualquier ciudadano mayor de edad que acredite habitar en la Provincia de La Rioja.” Artículo 3º: “La denuncia deberá ser presentada por escrito, en papel simple, determinando con toda precisión el nombre y cargo del funcionario que se acusa, los hechos que sirvan de fundamento, acompañando o indicando las pruebas documentales y los testimonios que invoque. La denuncia deberá ser firmada por ante el Secretario Legislativo y/o subrogante, quien actuando como fedatario, verificará identidad y domicilio del denunciante y, sin más trámite la ingresará en el Orden del Día de la primera Sesión posterior a la fecha de presentación. Habiendo tomado conocimiento la Cámara, ésta girará la denuncia a la Sala Acusadora del Juicio Político”. Artículo 4º: “Recibida la denuncia por la Sala Acusadora, decidirá, en la misma Sesión, si los funcionarios acusados y los cargos formulados son de aquellos comprendidos en el Artículo 105º de la Constitución Provincial. Sólo por el voto de los dos tercios de los miembros presentes, podrá declarar su incompetencia para entender en la denuncia.” Artículo 5º: “Votada negativamente la cuestión, la denuncia se considerará rechazada. Votada afirmativamente, pasará a la Comisión Investigadora, para la cual desde ese momento correrá el término previsto en el Artículo 108º de la Constitución.”

16. 2. Comisión Investigadora:

Artículo 6º: “La Comisión Investigadora, en el cumplimiento de sus funciones, tendrá las más amplias facultades, pudiendo, sin perjuicio de cuantas medidas considere convenientes y necesarias:

a) Solicitar informe, con las mismas facultades que la Constitución y el Reglamento prevé para la Cámara.

b) Requerir el envío o la presentación de Expedientes Administrativos o Judiciales.

c) Realizar por sí o por técnicos, compulsa de libros y documentos públicos

privados, e intervenir contabilidades.

d) Requerir el allanamiento de domicilios.

e) Recibir declaraciones testimoniales.

f) Recibir en su seno al denunciante, para ampliar la denuncia y ofrecer nuevos elementos probatorios. Recibir, asimismo, al funcionario acusado, a su pedido para ofrecer elementos de  descargo. La resolución la tomará sin sustanciación ni recurso alguno. Para el  ejercicio de sus facultades podrá hacer uso de la fuerza pública.” Artículo 7º “Una vez ejecutadas las diligencias de investigación o al vencimiento del término legal, formulará dictamen ante la Sala Acusadora. En ningún caso podrá dejar dictaminar sobre la veracidad de los cargos formulados y la responsabilidad del imputado.”

16.3. Sala Acusadora:

Artículo 8º: “La Sala Acusadora estudiará el dictamen de la Comisión Investigadora aceptando o rechazando la acusación con respecto a cada uno de los cargos formulados, necesitándose dos tercios de votos de sus miembros presentes para dar curso a la acusación. Artículo 9º: “Si el voto fuere negativo sobre todos los cargos, la denuncia se tendrá por desechada. Cuando, se admita la acusación aunque fuere parcialmente, designará una Comisión de tres de sus integrantes, la que previo juramento la sostendrá ante la Sala de Sentencia.” Artículo 10º: “Desde el momento en que la Sala Acusadora haya admitido la acusación y librado los pertinentes oficios de comunicación al acusado a la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, el acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo. La comunicación se hará acto seguido de terminada la Sesión por el medio más rápido, con la firma del Presidente y del Secretario de la Sala, dejándose constancia del libramiento de los oficios.” Artículo 11º: “El Presidente de la Sala efectuará la pertinente comunicación a la Sala de Sentencia, a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 111º de la Constitución, con transcripción de la resolución votada y dando los nombres de los miembros de la Comisión Acusadora.” Artículo 12º: “Si la Comisión de Investigación no produjera dictamen en el término constitucional, la Sala Acusadora lo hará con los elementos de juicio que posea o previa investigación sumarísima que realice, aceptando o rechazando la acusación con respecto a cada uno de los cargos formulados, necesitándose dos tercios de votos de sus miembros presentes para dar curso a la acusación. En el supuesto señalado en el apartado anterior, la Sala Acusadora formulará dictamen en el plazo de 20 días.

Artículo 13º: “Después que la Sala Acusadora admita la acusación, el funcionario acusado no podrá presentar renuncia a su cargo y permanecerá sujeto a las resultas del Juicio Político. La presentación de la renuncia no producirá efecto alguno.” Artículo 14º: “Serán insanablemente nulos los actos suscriptos por el funcionario sometido a Juicio Político, desde que la Sala Acusadora pronunciare su suspensión en el cargo.”

16. 4. Sala de Sentencia:

Artículo 15º: “Cuando la Sala de Sentencia reciba la comunicación del Artículo 11º, el Presidente convocará a sus miembros dentro del término de cinco (5) días de recibida aquélla, a fin de constituirse en Tribunal de Sentencia.” Artículo 16º: “Reunidos los miembros tomarán conocimiento de la comunicación, y acto seguido prestarán juramento ante el Presidente de la Sala y éste ante la misma, de “administrar justicia con imparcialidad y rectitud conforme a la Constitución y a las leyes vigentes en la Provincia”. Artículo 17º:

“Constituida así la Sala de Sentencia, fijará día y hora de sesión, para un término no mayor de cinco días, en que estará dispuesta a recibir u oír la acusación, de lo que avisará formalmente por oficio a la Comisión Acusadora.”

Artículo 18º: “Si la Comisión Acusadora no se hace presente sosteniendo la acusación, o no envía por escrito los cargos, la Sala de Sentencia puede: a) Tener por desistida de la acusación a la Sala Acusadora. b) Intimidar a la Sala Acusadora a sostener la acusación en término no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de tenerla por desistida. Al efecto de recibir la acusación fijará nuevas sesiones que serán comunicadas con los recaudos del artículo anterior. En caso de no ser sostenida la acusación en dicha sesión, se declara desistida la misma. En ambos casos, la declaración de la Sala de Sentencia tendrá los efectos de fallo absolutorio.” Artículo 19º: “Establecida la acusación por la Sala Acusadora, el Tribunal de Sentencia procederá a conocer la causa, que fallará en el término de treinta días.” Artículo 20º: “El término previsto en el Artículo 111º de la Constitución Provincial, corre desde la sesión en que formalmente se reciba la acusación.”

16. 5. El Juicio:

El Artículo 21º reza: “Recibida la acusación, acto seguido se correrá traslado al acusado o acusados, separadamente, con copia del escrito o de la versión presentada por la Comisión Acusadora, por el término de cinco días perentorios, bajo apercibimiento de seguir el Juicio en rebeldía. La contestación podrá ser verbal o por escrito, pero dado el primer modo, se presentará también por escrito bajo la firma del acusado, con patrocinio letrado, pudiendo éste valerse de uno o más defensores letrados. La sesión para recibir la contestación, será fijada para una fecha que asegure al acusado el término perentorio fijado.”

Artículo 22º: “Contestada la acusación, si la Comisión Acusadora quisiere replicar, se pasará a cuarto intermedio por breve término, y al finalizar el mismo, en audiencia verbal, será expuesta la réplica, en cuyo caso y en acto seguido, el acusado podrá contrarreplicar del mismo modo.” Artículo 23º: “Si el acusado no comparece a contestar el traslado a solicitud de la Comisión Acusadora, será declarado contumaz por simple mayoría y el juicio seguirá en rebeldía. El acusado podrá presentarse en cualquier momento del proceso, con preclusión para él, de las instancias cumplidas. La declaratoria de rebeldía será notificada al acusado con íntegra transcripción de la resolución.” Artículo 24º: “El Presidente de la Sala determinará los asientos que en el Recinto ocupará la Comisión Acusadora, el acusado y sus defensores.” Artículo 25º: “En la sesión para recibir la contestación, las partes podrán ampliar el ofrecimiento de pruebas que hayan formulado en el acto de acusar y contestar.”Artículo 26º: “Cumplidas las diligencias prescriptas en los artículos anteriores, la Sala de Sentencia, constituida en Sesión Secreta, conferenciará si ha de abrir el juicio a pruebas, debiendo hacerlo si lo solicitare alguna de las partes. Las pruebas que éstas ofrezcan no podrán rechazarse sino por dos tercios de votos de los presentes.” Artículo 27º: “Si ninguna de las partes solicita que el juicio se abra a pruebas, la Sala podrá ordenarlo de oficio.”

Artículo 28º: “El término de pruebas nunca excederá de diez días. Las pruebas de ambas partes serán producidas en sesiones sucesivas.” Artículo 29º: “El Presidente de la Sala examinará los testigos en presencia de las partes, si quisieren concurrir. Los demás miembros, los miembros de la Comisión Acusadora y el o los defensores del acusado, por su orden, podrán hacer a los testigos las preguntas que crean oportunas. La Sala de Sentencia desestimará las preguntas que considere impertinentes.”

Artículo 30º: “Los documentos que las partes presenten dentro del término de pruebas serán leídos en las sesiones y agregados al proceso.” Artículo 31º: “Vencido el término de prueba o terminada su producción, el Presidente concederá por su orden la palabra a los miembros de la Sala Acusadora y al Letrado o Letrados del acusado, para que aleguen sobre el mérito de la prueba recibida.” Artículo 32º: “Oída las partes, o habiendo renunciado a dar los alegatos, la Sala constituida en comisión, conferenciará en sesión secreta y pronunciará el fallo. Los miembros de la Sala de Sentencia no podrán abstenerse de emitir su voto.”

16. 6. Sentencia:

Continúa la ley diciendo en su Artículo 33º: “Terminada la sesión secreta, en un plazo no mayor de tres días, se reunirá en Sesión Pública para dictar sentencia, de lo que serán notificadas las partes.” Artículo 34º: “Iniciada la sesión y sin más trámites, el Presidente de la Sala se dirigirá por orden alfabético a cada uno de los miembros de la Sala y le preguntará si el acusado es culpable del cargo que se le hace, debiendo hacer una pregunta por cada cargo. La única contestación admitida será “sí” o “no”, no pudiendo fundamentarse el voto.” Artículo 35º: “Si sobre ninguno de los cargos hay dos tercios de votos sobre el total de miembros del Tribunal de Sentencia en contra del acusado, éste será absuelto de la acusación y redactado el fallo como después se establece estando terminado el juicio.” Artículo 36º: “Si resultare mayoría de dos tercios de votos sobre todos los cargos, o sobre alguno o algunos de ellos, se declarará destituído al acusado de su cargo, conforme al Artículo 113º de la Constitución Provincial.” Artículo 37º: “Cumplidos los trámites señalados, el Presidente nombrará una Comisión de tres miembros para la redacción del fallo. Para la aprobación del texto de la sentencia, se requiere la simple mayoría. Se firmará por el Presidente y el Secretario y se agregará el original al juicio. Por vía de oficio se transcribirá íntegramente a la Sala Acusadora, a la Cámara de Diputados, al Ejecutivo Provincial y al Tribunal Superior de Justicia. La sentencia se notificará al funcionario destituido con transcripción íntegra.” Artículo 38: “Recibido el oficio por la Cámara de Diputados, el Secretario Legislativo ordenará la publicación de la sentencia completa en el Boletín Oficial de la Provincia y entregará copia autenticada a las agencias y medios periodísticos”.

16. 7. Disposiciones generales:

La establece al respecto: Artículo 41º: “Los miembros de cada Sala sólo podrán excusarse, cuando sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o   segundo de afinidad, con el acusado, o estén ligado por un interés legítimo al acusador o al acusado.” Artículo 42º: “Para todo lo que no esté previsto en ésta Ley; regirá supletoriamente el Reglamento Interno de la Cámara y el Código de Procedimientos en lo Criminal de la Provincia de La Rioja” Artículo 43º: “Los términos se cuentan en días hábiles.”

Artículo 44º: “Los Presidentes de ambas Salas tienen derecho a voto y en caso de empate tendrán voto decisivo.Artículo 45º: “Las Sesiones serán públicas, salvo las excepciones previstas por esta Ley o las que las Salas lo resolverán expresamente.”

17. Reforma o enmienda a la Constitución: La Constitución establece en el Ar­tícu­lo 176°: La ne­ce­si­dad de la re­for­ma par­cial o total de la cons­ti­tu­ción de­be­rá ser de­cla­ra­da por ley con el voto de los dos ter­cios de los miem­bros de   la Cá­ma­ra de Dipu­tados. San­cio­na­da la ley y co­mu­ni­ca­da al Go­ber­na­dor, este no podrá ve­tar­la y de­be­rá con­vo­car a elec­cio­nes para ele­gir los Con­ven­cio­na­les Cons­ti­tu­yen­tes de acuer­do a lo es­ta­ble­ci­do en esta Cons­ti­tu­ción y en la ley.

La Con­ven­ción no podrá in­cluir en la re­for­ma otros pun­tos que los ex­pre­sa­dos en la Ley de Con­vo­ca­to­ria, pero no está obli­ga­da a mo­di­fi­car, su­pri­mir o com­ple­men­tar las dis­po­si­cio­nes de la cons­ti­tu­ción cuan­do con­si­de­re que no exis­te ne­ce­si­dad o con­ve­nien­cia de la re­for­ma. La Con­ven­ción, en su pri­me­ra se­sión, fi­ja­rá el tér­mino que es­ti­me ne­ce­sa­rio para desem­pe­ñar su co­me­ti­do, el que no podrá ex­ce­der de un año desde la fecha de su cons­ti­tu­ción. La Con­ven­ción san­cio­na­rá, pro­mul­ga­rá y pu­bli­ca­rá sus de­ci­sio­nes, que deben ser ob­ser­va­das como la ex­pre­sión de la vo­lun­tad po­pu­lar.” Y en el Ar­tícu­lo 177º: La Cá­ma­ra de Dipu­tados de la Pro­vin­cia podrá san­cio­nar con el voto de lo dos ter­cios de sus miem­bros la en­mien­da de esta Cons­ti­tu­ción, que no podrá ex­ce­der de tres ar­tícu­los, y sólo que­da­rá in­cor­po­ra­da al texto cons­ti­tu­cio­nal si fuere ra­ti­fi­ca­da por con­sul­ta po­pu­lar, que ten­drá lugar en opor­tu­ni­dad de la pri­me­ra elec­ción ge­ne­ral que se reali­ce. Esta en­mien­da no podrá lle­var­se a cabo sino con in­ter­va­lo de dos años.”

La Rioja, Septiembre de 2010.

El Derecho Humano a la Libertad Religiosa

Jacques Maritain

“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21)

“Mi Reino no es de este mundo”

(Juan 18, 33-37)

El hombre (varón o mujer), se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser conciente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.(Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956)

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la  libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o asocia con otras personas para hacerlo; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

  1. Religión: Persona, Sociedad y Estado.

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

  1. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa.

La persona, conciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

  1. El Derecho Humano a la Libertad Religiosa.

El derecho que toda persona tiene al ejercicio de la libertad religiosa debe ser respetado y garantizado por las normas que reglamentan su ejercicio y la misma alcanzan, entre otros, a los siguientes derechos:

1.1. A profesar sus creencias religiosas;

1.2. A cambiar o abandonar dichas creencias;

1.3. A manifestarlas;

1.4. A no estar obligado a expresarlas;

1.5. A recibir y trasmitir información religiosa;

1.6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;

1.7. A practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;

1.8. A  no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;

1.9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas o actos religiosos en lugares públicos,

1.10. A  asociarse con fines religiosos;

1.11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, comisarías, cuarteles o en el campo de batalla;

1.12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;

1.13. A educar y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimiento de educación pública estatal;

1.14. A conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;

1.15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.

1.16. A que se respete el secreto de confesión.

A la Iglesia y los demás confesiones religiosas se le debe garantizar también vía reglamentación, al menos, los siguientes derechos:

1.1. A que les reconozca su personería jurídica, su organización en base a las normas que ellas mismas se dicten, y las autoridades que designen.

1.2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.

1.3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;

1.4. A tener cementerios;

1.5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial;

1.6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o las de otras comunidades religiosas, dentro y fuera del país;

1.7. A admitir o excluir fieles;

1.8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, enviar – dentro y fuera del país – o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual  y económicamente;

1.9. A reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas dentro y fuera del país.

1.10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.

1.11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.

1.12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a la Iglesia o a la confesión religiosa que indiquen.

1.13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

La mayoría de estos derechos, cuya enumeración no es taxativa, están reconocidos por la Constitución Nacional, la de las provinciales, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, y por leyes nacionales y provinciales.

  1. Sociedad Política, Estado, Iglesia, Autoridades Eclesiástica y otras Confesiones Religiosas.

De lo antes expresado queda claro que quien es religioso es la persona y que la expresión social del fenómeno religioso se da en las sociedades intermedias; como la familia, en las comunidades religiosas y en la sociedad política; y no en el Estado, que no profesa ninguna religión, por lo que podemos afirmar que es laico, aunque no sea indiferente ante la religiosidad de los ciudadanos, ni a las instituciones religiosas que viven y se desarrollan en el seno de la sociedad política a la que sirve, ni a la religiosidad de quienes ocupan cargos de gobierno o en la administración.

La Iglesia Católica como institución universal tiene reconocimiento como persona jurídica desde hace siglos por los usos y costumbres del derecho de gente o derecho internacional, y como así tácitamente lo reconoce la Constitución Nacional (Art. 2 y 75 inc. 22), y expresamente lo hace el Código Civil (Arts. 33 y 2345), en nuestro país.

La autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que tiene su Sede en el Vaticano, puede celebrar concordatos con el gobierno argentino (Art. 75 inciso 22), lo que no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse también acuerdos con las autoridades locales de la Iglesia, sus institutos de vida consagrada, y con las demás confesiones religiosas.

Las demás confesiones religiosas tienen también el derecho al reconocimiento de su personería jurídica aunque actualmente ello no se encuentra debidamente legislado en la Argentina y sólo consiguen su reconocimiento como tales a través de la adopción de formas sociales o asociacionales, civiles  o comerciales, que no se ajustan a su naturaleza religiosa, y con la previa inscripción en un registro de cultos.

  1. Separación, Autonomía y Cooperación.

De ello se desprende la necesaria autonomía que tienen la Iglesia y las demás confesiones religiosas respecto del Estado, fundamentadas jurídicamente en las personalidades jurídicas distintas que invisten el Estado, la Iglesia y las demás confesiones religiosas.

Podemos válidamente afirmar, entonces, que existe separación entre el Estado y la Iglesia, como también respecto de las demás confesiones religiosas. Pero ello no debe interpretarse como ruptura, sino, todo por el contrario, implica también cooperación.

La cooperación entre Iglesia y Estado es fundamental en el campo mixto; como en el de la bioética, el matrimonio, la familia, la cultura, la educación, lo social, los medios de comunicación, el patrimonio cultural, etcétera; en cuyas relaciones humanas se hace necesario armonizar las normas morales y canónicas con la legislación positiva.

  1. Estado Laico y Limitado.

El Estado no adopta ni tiene una religión, como todavía rezan algunas constituciones provinciales (Santa Fe, Art. 3º, y Catamarca, Art. 2º) que declaran a la Católica como la Religión de la provincia, y como bien quedó aclarado en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 cuando se discutió el artículo 2º de la Constitución Nacional, en la sesión del 21 de abril de ese año, cuando el convencional y prelado Benjamín J. Lavaysse sostuvo “(…)que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva (…)” lo que implicaba que el Estado no debía adoptar religión alguna y que debía declararse la libertad de culto. A la expresión “adopta y sostiene el culto católico” del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (Art. 3º) los constituyente le suprimieron el “adopta” al incorporarlo a nuestra Carta Fundamental (Art. 2), por las razones esgrimidas por el padre Lavaysse y José Benjamín Gorostiaga.

  1. La Igualdad de Derechos y la Libertad Religiosa.

Las personas físicas y jurídicas, titulares del derecho a la libertad religiosa, son iguales ante la ley. Esta igualdad debe interpretarse, como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, como lo ha hecho en distintos pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a distintas cuestiones (Fallos: 16:118, sentencia del 1º de mayo de 1875).  El número de files que integran las distintas confesiones religiosas, su expansión en el mundo y en nuestro país, y su significación histórica, cultural y social deben ser tenidas en cuenta a los efectos de hacer esta interpretación.

La invocación del derecho a la libertad religiosa no justifica actos de discriminación ni admite privilegios o supremacía para el acceso a cargos públicos, como ocurre por ejemplo cuando la Constitución Nacional dispone que: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)” (Art.73). La ley 23.592 tipifica y castiga los actos discriminatorios.

  1. Cuestiones controvertidas

Hay algunas cuestiones importantes que necesitarían ser resueltas normativamente para que los argentinos podamos ejercitar más plenamente la libertad religiosa, a saber:

1.1. El Gobierno Federal debe propiciar ante la comunidad internacional la firma de un tratado de derechos humanos sobre libertad religiosa.

1.2. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que hoy actualmente sólo tienen un simbólico sentido reparatorio por la confiscación de bienes que se le hicieron en el siglo XIX, ya que en modo alguno alcanzan para el sosteniendo que manda el texto constitucional.

1.3. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito. Debe suprimirse el artículo 73 que prohíbe ingresar al Congreso a los eclesiásticos regulares.

1.4. Debe reglamentarse el derecho a profesar y ejercer libremente su culto (Arts. 14  y 20 de la Constitución) y dictarse una ley de libertad religiosa, que derogue la ley de facto 21.745, y que declarare y garantice los derechos de los habitantes y de las confesiones religiosas, que hay actualmente en el país, y reconozca la personaría jurídica y de las que en el futuro puedan ser solicitadas. El convencional José Benjamín Gorostiaga así lo expresó en la sesión del 24 de abril de 1853 de la Convención Constituyente.

1.5. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

1.6. Debe modificarse el Código Civil para que se reconozca el matrimonio religioso, y se establezca la forma en que los mismos sean inscriptos en el Registro General de las Personas, como lo tiene establecido la legislación de Brasil y Chile.

1.7. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o  pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), que ser reitera en otros tratados internacionales y constitucionales provinciales. Actualmente se cumple con ello en las provincia de Salta, Tucumán y Catamarca.

1.8. Modificar el Código Penal a los efectos de preservar mejor el bien jurídico protegido: libertad religiosa y sancionar las conductas discriminatorias, fraudulentas, agresivas y contrarias a los derechos humanos ejercidas por personas o por quienes creen o intervengan en falsas confesiones religiosas, comúnmente denominadas “sectas”, y que invocan su condición religiosa con fines ilícitos.

Los mejores deseos para que estos propósitos se hagan posibles encuentran su mejor síntesis en estas palabras de Benedicto XVI:

Que los miembros de todas las religiones estén unidos en la defensa y promoción de la vida y la libertad religiosa en todo el mundo. Y que, dedicándonos generosamente a este sagrado deber -a través del diálogo y de tantos pequeños actos de amor, de comprensión y de compasión – seamos instrumentos de paz para toda la familia humana.” (17 de abril de 2008 en Washington D. C.)

Córdoba, septiembre de 2010.

El Disparate de la Reelección y la Carta que no llegó a Destino

Intendente de Córdoba Daniel Giacomino

Córdoba; que es la ciudad más extensa del país (con 576 Km. 2), con una superficie superior al doble de la Capital Federal (200 Km. 2), y que, después de ésta, es la segunda más poblada del Argentina (1.309.536), con más habitantes que 18 provincias argentinas y 9 estados norteamericanos; dictó su primera Carta Orgánica Municipal, el 6 de noviembre de 1995; en la que se declaró que sus vecinos son los “protagonistas y artífices de la vida cotidiana y el destino común de la ciudad” (art. 15), pero los pésimos gobiernos que se sucedieron hicieron que los cordobeses no recibieran este mensaje.

Fue positivo:

• Crear el cargo de viceintendente;

• Obligar a los candidatos a intendente y vice a encabezar las listas de concejales, para que pudieran serlo si no eran elegidos en esos cargos, y si los votos obtenidos y el sistema proporcional lo hicieren posible; y

• Permitir a los ciudadanos marcar la preferencia en la lista de concejales, y evitar así las “listas sábanas”, aunque ello se frustró al reglamentarlo, porque el nombre de los candidatos preferidos había que escribirlo de puño y letra en otra boleta, lo que atenta contra el secreto del voto; y por exigirse un número mínimo muy alto de preferencias para cambiar el orden de las listas.

Fue negativo:

• Establecer el voto desde los 16 años (art. 124) ya que a los adolescentes no les interesó inscribirse el padrón, como lo pronosticamos en la Convención.

• El piso del 2 por ciento de votos para acceder al Concejo Deliberante proscribió a partidos menores.

• Aumentar, sin necesidad, de 3 a 5 los vocales del Tribunal de Cuentas; y

• Mantener el Tribunal Administrativo de Faltas, creado por el gobierno militar, contrariando a la Constitución Nacional que sólo prevé un Poder Judicial federal y otro provincial y no reconoce la autonomía judicial de los municipios (Art. 123).

Fue letra muerta establecer:

• El Consejo Económico Social;

• Las Juntas de Participación Vecinal, integradas por representantes de los centros vecinales;

• Elecciones internas abiertas;

• Mecanismos de participación como: el voluntariado, la iniciativa, la consulta popular, el referéndum y la revocatoria;

• El conceder la personería jurídica a los centros vecinales, potestad que detenta la Provincia; y

• Declarar el ingreso de empleados por idoneidad y concurso, ya que se superpobló la Administración con personal contratado, interino, monotributistas y beneficiarios de planes sociales, que periódicamente se incorporan a planta permanente.

Hubiera sido bueno crear la Defensoría del Vecino; el Historiador de la Ciudad; y los Consejos de la Juventud, de la Mujer, de los centros vecinales y de los partidos políticos.

El Intendente Daniel Giacomino, presentó una acción judicial para ver si puede ser reelecto, lo que es un disparate, porque:

* No tiene apoyo de los vecinos,

* La Carta reza que el intendente y su vice: “(…) Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con el intervalo de un período”. (Art. 83). Giacomino no puede ser reelegido porque fue viceintendente en el gobierno anterior, aunque renunció a mitad del mismo para ser diputado. La absurda interpretación del Intendente haría posible la reelección siempre, con la sola renuncia, antes de terminar su mandato, de quién la pretenda.

* Invocar, a su favor, que la Carta dice respecto de los Concejales y vocales del Tribunal de Cuentas, de que: “Pueden ser reelectos por una vez consecutiva y debe pasar un período completo para su nueva elección” (Arts. 51 y 91), es absurdo ya que lo del “período completo” se refiere al que sigue a los dos permitidos

* Su reelección sólo sería posible si se reforma la Carta, lo que es improbable por su pobre gestión, por lo que pasó con Eduardo Angeloz, y al gobernador de Misiones Carlos Rovira, cuando fue derrotado en las urnas por Monseñor Joaquín Piña (2006).

Pero, con esto y la pobre oferta electoral que hay, no estaría mal debatir una reformar de la Carta, no para la reelección, sino para decidir:

• Descentralizar del gobierno municipal, como en las grandes urbes de América, y dividir la ciudad en comunas, para que la gobiernen alcaldes y juntas de vecinos, elegidos por el pueblo, con sede en los Consejos de Participación Comunal (CPC), con atribuciones y presupuesto para resolver los problemas más acuciantes de los barrios.

• Reglamentar la negociación colectiva con los sindicatos, que han tenido preso a los últimos intendentes, y autorizar en los conflictos la intervención del Ministerio de Trabajo.

• Suprimir la Justicia Municipal de Faltas y hacer que los Jueces provinciales juzguen las contravenciones y faltas municipales.

• Pasar los colegios a la Provincia y los bomberos y parte de la policía al Municipio, como está ocurriendo en la Provincia de Buenos Aires.

• Hacer posible convenios con los municipios del área metropolitana para regular servicios comunes y fijar sus límites.

• Prohibir que se deleguen facultades al Ejecutivo en los presupuestos, y que se cumplan con los participativos.

• Decidir qué hacer con la noche, el transporte, la basura y con las deficitarias empresas públicas Tamse y Crese.

Este aniversario nos debe hacer pensar de nuevo en la Córdoba que queremos. El desarrollo que en los últimos tiempos ha tenido Rosario –que pretende disputar el liderazgo que Córdoba tiene en el país- nos debe estimular para trazar una nueva estrategia de desarrollo y en reorganizar y descentralizar el gobierno de ésta gran ciudad, para ;ponerlo más cerca de sus vecinos.

Córdoba, Noviembre de 2010.

Poner Fin al Poder Ejecutivo Legislador

Edificio del Congreso Argentino

La reforma constitucional de 1994 autorizó y puso límites a la delegación legislativa del Poder Legislativo al Ejecutivo (Art. 76); e instruyó al Congreso para que revise toda la delegación anterior y las leyes dictada en su consecuencia. Dispuso, además, que toda esa legislación que no contenga plazo establecido para su ejercicio, a menos que sea ratificada por el Congreso, caducará a los 5 años (Cláusula transitoria 8ª.), luego de un estudio pormenorizado y riguroso. Este término se prorrogó varias veces (por leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519) y vence el 24 de agosto próximo.

Entre las leyes delegantes está el Código Aduanero, ley 22.415 del gobierno militar –tachado de inconstitucional por delegar potestades tributarias -, que fue en lo que se fundó el Ministro de Economía para dictar la famosa Resolución 125/ 2008 que estableció la alícuota de retenciones a las exportaciones, que generó el conflicto, todavía irresuelto, con el campo.

El nuevo Artículo 76 de la Constitución dispuso que: “Se prohíbe la delegación  legislativa en el Poder Ejecutivo, Salvo en materias determinadas de administración o de emergencia publica, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la  delegación que el Congreso establezca (…)” y fue dictada con el propósito de atenuar los poderes presidenciales. Por eso la norma permite la delegación sólo por vía de excepción y cumpliendo ciertas pautas: que se suministre un criterio claro para guiar al organismo administrativo al cual se le transfieren potestades, que la transferencia de facultades tenga lugar sólo respecto de materias determinadas, y que la delegación se efectúe por tiempo limitado Es claro, que la Cláusula transitoria 8ª, al exigir “ratificación expresa por una nueva ley”, demandaba que las normas que contuvieran delegaciones legislativas fueran examinadas  exhaustivamente.

El constituyente Alberto García Lema expresó que: “(…)La finalidad de la Disposición Transitoria Octava fue facilitar el análisis por el Congreso de las bases de la delegación utilizadas en la legislación preexistente, previendo un plazo de transición más que razonable (de cinco años) para que pudiese valorar la conveniencia ya sea de ratificar sin cambios la delegación concedida, ya fuere de mantenerla pero modificando el originario intelligible standard –en ambos casos fijando el plazo para su ejercicio-, o simplemente dejándola sin efecto y reasumir íntegramente la potestad legislativa”. Esta postura fue destacada por la Corte Suprema (Fallos 331:2406). Lo que no hay dudas acerca de que la intención del Constituyente exigía una revisión integral, pormenorizada y minuciosa.

La ley 26.519 creó, tardíamente, una Comisión especial a la que encarga, en el marco de lo dispuesto por la disposición transitoria 8ª, la revisión de toda la materia delegada.

El Congreso, hasta ahora, no revisó la delegación legislativa, y se limitó a ratificar en masa y prorrogar las delegaciones legislativas, muchas de ellas dictadas durante los gobiernos de facto. ¿Qué debe hacer entonces, en esa coyuntura, el Congreso?

Todas esas ratificaciones son inconstitucionales por haber eludido el mandato constitucional. Por lo que la legislación delegada, en sentido estricto, ya caducó en los términos de la Disposición transitoria 8ª. Y por ello el Congreso no debe hoy volver a ratificarla. El Congreso debe, entonces, legislar nuevamente en cada una de las materias, lo que no es fácil ya que hay más de 1900 leyes involucradas, sino porque todas las relaciones nacidas al amparo de esa legislación delegada habrían caducado ya en el año 1999, al transcurrir los 5 primeros años.

El Congreso está, hoy, frente a la misma disyuntiva que tuvo en 1999 y seguramente decidirá:

1. Postergar de nuevo la revisión de toda la legislación y ratificar en masa la que fue delegada por un tiempo determinado, como lo ha hecho hasta ahora;

2. Ratificar expresamente y de modo definitivo toda la legislación delegada que haya logrado identificar; o

3. Ratificar algunas leyes, derogar otras, y ponerle plazo de caducidad a algunas de las no ratificadas. Las retenciones, a estar por lo que expresan los proyectos de la oposición, es posible que entren en esta categoría, se deroguen algunas (maíz, trigo y girasol), y se mantengan otras, con una alícuota que se reduzca progresivamente hasta su extinción.

La delegación y revocación de las potestades legislativas, es privativa del Congreso, y las leyes que lo instrumentan no pueden ser vetadas por el Ejecutivo.

La República necesita el respeto de la división de poderes, para lo cual el Congreso debe recuperar las facultades que, desde hace tanto tiempo, le fueron sustraídas.

Córdoba, agosto de 2010.

* Es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación..

** D.Phil (Doctor en Filosofía) University of Oxford, Reino Unido.

Educación Religiosa: El Valor de los Valores

Simbolos Religiosos

No alcanza con hacer más inclusiva a la educación y aumentar el contenido de lo que se enseña, es necesario mejorar su calidad, y dar prioridad a la formación sobre la enseñanza, y a la transmisión de valores sobre los conocimientos.

Si “la primera finalidad de la educación – como recuerda Jacques Maritain – es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre”, la educación debe transmitir valores, que tienen por fuente la razón, pero también la fe religiosa de cada uno, y que fueron aportados por las distintas tradiciones religiosas a la cultura y a la moral universal.

Por ello urge incorporar la educación religiosa a los planes de estudio, y cumplir así con el Pacto de San José de Costa Rica cuando dice: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (Art. 12,4); y con las constituciones provinciales, como la que nos tocó sancionar en Córdoba en 1987, que reza: “Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones.

La emblemática ley 1420, mal llamada de “enseñanza laica”, no era contrario a ello, sólo que decía: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases.” (Art. 8)

En la actualidad sólo en Salta, Tucumán y Catamarca se enseña religión en los colegios del Estado, quizás porque en otros lados se teme reabrir crispados debates como los que se dieron: en 1884 al dictarse la ley 1420; o en 1943 cuando por un decreto derogado en 1955 se implantó en las escuelas la enseñanza de la religión católica, y moral para los que no profesaban ese culto;  o en 1959 cuando “libres” y “laicos” discutieron en la calle la ley Domingorena, que autorizó a las universidades privadas.

La educación religiosa que proponemos no pretende reimplantar en los colegios estatales la materia religión católica, como ocurrió entre 1943-1955; sino que se enseñe, con criterio pluralista, los principios éticos, filosóficos, y teológicos de las distintas tradiciones religiosas, lo que expresan sus Libros Sagrados, y se muestra en su liturgia; y que integran la cultura de la humanidad.

La enseñanza catequística, que alimenta la fe de quienes la tienen, debe impartirse en los templos o colegios religiosos, y no en las escuelas del Estado.

Prohibir la enseñanza religiosa, con el alcance indicado, en la educación pública estatal, es discriminar y atentar contra a libertad de conciencia,  religiosa y de enseñanza, además de contrariar las normas antes citadas.

El ejercicio de la libertad religiosa en la educación pública, es el mismo que ejercitan los padres con sus hijos, o los docentes en los colegios religiosos; donde educar no es imponer, discriminar o negarse a hacer conocer textos o prácticas religiosas, que el educando puede o no aceptar, compartir, e incorporar o no a su proyecto de vida.

Las religiones, como los credos políticos, hoy también pueden enseñarse con criterios “universalistas”, incluso lo pueden hacer quienes no comulgan con la fe que se enseña. La pluralidad religiosa no debe llevarnos al absurdo de no estudiar ninguna religión, sino que nos convoca a tratar de conocerlas a todas.

Si a un niño se le enseña, desde la razón, que debe respetar a los demás, para ser él mismo respetado; no se lo confunde si se le agrega a ello que los que tienen fe consideran al prójimo como hijo de Dios, y que todos los hombres han sido creados iguales, a su imagen y semejanza. De este modo se le brinda mejores razones para incorporar ese valor a su conducta.

Aquello que decía la ley 1420 que la enseñanza religiosa se haga fuera de las horas de clase hoy está superado por la doble escolaridad o la extensión de la jornada, y la incorporación de cátedras libres y materias optativas en las carreras universitarias, donde se puede se enseñar religión, libros sagrados, Derecho Eclesiástico, Relaciones Interreligiosas, etcétera.

Al reformar las leyes de educación, como estudia hacer Córdoba, debemos recordar que está pendiente incorporar la educación religiosa; que ayudará a trasmitir valores a conductas hoy viciadas por la anomia, la corrupción o la violencia, y debilitadas en sus vínculos fraternales, de cooperación y de solidaridad; lo que no mejorará, como está probado, con hacer más severas las leyes o con aumentar las penas en el Código Penal.

Córdoba, julio de 2010.

Realidad Político – Social en la Argentina del Bicentenario

 

Logo Bicentenario

Logo de la celebración del Bicentenario Argentino

Política y Sociedad

 El poder político y la autoridad es la capacidad que tienes las sociedades de imponer su voluntad a las personas que la integran, y que fueron sus creadores, y su finalidad es el bien común. Por ello, podemos afirmar, que la política, que ciudadanos y gobernantes practicamos, es ciencia, arte y virtud del bien común, y que tiene una faz agonal – referida a lucha o competencia para alcanzar el poder -, y otra arquitectónica – la que se refiere a la actividad creadora, constructora e integradora -.

Hoy nos proponemos analizar, como ciudadanos y como cristianos, lo político en el modo y la forma que se desarrolla dentro de la sociedad política Argentina, como la que se despliega en la región latinoamericana – donde nuestra Nación esta inserta -, y en el mundo en que a todos nos toca vivir.

Como bien indica Arturo Ponsati, lo político ha constituido y constituye una dimensión irrenunciable, insoslayable, e inquebrantable de lo humano. Nadie, que vive en sociedad, puede considerarse ajeno a la misma. La persona, la sociedad, la cultura y la historia constituyen los antecedentes necesarios de lo político.

Las tres condiciones constitutivas de la dimensión política del hombre son:

  1. La relación del mando y de la obediencia, de cuya interacción nace el orden y que condiciona la formación de la unidad política
  2. La relación entre los privado y lo público, de la cual emerge la opinión, y que determina la forma de organización o sea el régimen político; y
  3. La dialéctica amigo – enemigo, que engendra la lucha, y hace posible su conservación.[1]

 

A diferencia de las concepciones totalitarias, como bien indica Jacques Maritain, no es la sociedad política sino que “La persona humana como tal es una totalidad; el individuo material como tal o la persona como individuo material es una parte. Mientras que la persona, como persona, o como totalidad, tiene derecho pleno a que el bien común de la sociedad temporal retorne a ella; y aunque, por su ordenación al Todo trascendente, está por sobre la sociedad temporal, esa misma persona, como individuo o como parte, es inferior al todo y a él esta subordinado, y como órgano del todo debe estar al servicio de la obra común.”[2]

Como bien decía Jean Jacques Rousseau “el verdadero fin de la política es hacer cómoda la existencia y felices a los pueblos”. El bien común al que se encamina la sociedad política; que, además, es el fin de la política y del derecho; debemos entenderla, según expresaba Maritain, como “la buena vida humana de la multitud”, que abarca “no solamente el conjunto de bienes o servicios de utilidad pública o de interés nacional (caminos, puertos, escuelas, etc.) que supone la organización de la vida común, ni las buenas finanzas del Estado, ni su pujanza militar: no es solamente el conjunto de justas leyes, de buenas costumbres y de sabias instituciones que dan su estructura a la nación, ni la herencia de sus gloriosos recuerdos históricos, de sus símbolos y de sus glorias, de sus tradiciones y de sus tesoros de cultura (…) todo lo que supone conciencia cívica, de las virtudes políticas y del sentido del derecho y de la libertad, y de todo lo que hay de actividad, de prosperidad material y de tesoros espirituales, de sabiduría tradicional inconcientemente vivida, de rectitud moral, de justicia, de amistad, de felicidad, de virtud y de heroísmo en la vida individual de los miembros de la comunidad (…), ayudándoles así a perfeccionar su vida y su libertad de persona.” [3]

La Argentina del Bicentenario

 

El haber cumplido 200 años de la Revolución de Mayo, en que el pueblo de Buenos Aires, como hermana mayor del resto de las ciudades y pueblos de interior, tomó aquella trascendental decisión política de elegir el primer gobierno patrio presidido por Cornelio de Saavedra, es una oportunidad para reflexionar a cerca de cómo hoy se hace y se toman las decisiones política en la República Argentina.

I. Lo Positivo

 

El Bicentenario nos muestra una sociedad argentina satisfecha por:

  1. Haber cumplido más de un cuarto de siglo de vida democrática.
  2. Haber finiquitado en 1983 con un ciclo de 53 años (entre 1930 a 1983) en el que se alternaban gobiernos de facto, surgidos de golpes de estado producido por personal de las Fuerzas Armadas, con gobiernos de iure, y no haber vuelto a recurrir a golpes de estado ni a los miliares para resolver las graves crisis político- económica que se produjeron en 1989 y en el año 2001.
  3. Haber retornado, hace 26 años, a la plena vigencia de la Constitución, la que, además, en 1994 fue reformada y se intentó ponerla a tono con los nuevos tiempos, reconociendo nuevos derechos y garantías, y adecuando sus instituciones y su proyecto político al nuevo contexto en que le tocaba regir.
  4. Haber elegidos por el pueblo en elecciones libres a sus gobernantes sin interrupciones desde el 30 de octubre de 1983.
  5. Haber abandonado la violencia política y garantizado mejor a los derechos humanos, juzgando y condenando a quienes atentaron contra los mismos durante el último gobierno militar;  indemnizado a los que habrían sido privados de su libertad o tuvieron que irse del país durante la década del setenta y los primeros años del ochenta del siglo anterior.
  6. Haber dado jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
  7. Haber reglamentado el hábeas corpus y el hábeas data; criminalizado las discriminaciones y reconocido y garantizado los derechos de las minorías: especialmente la de los opositores políticos, de los niños, las mujeres, los indígenas y los homosexuales.
  8. Haber reconocido y garantizado mejor los derechos al ambiente, del consumidor, de los usuarios de los servicios públicos, a la información y a la comunicación, a través de los nuevos medios y redes que se comenzaron a utilizar con motivo de las nuevas tecnologías electrónicas.
  9. Haber progresado en la sociedad argentina en el diálogo ecuménico e interreligioso lo que significa un mejor ejercicio de la libertad religiosa.
  10. Haber podido en lo económico sortear con éxito la crisis de los años 1989, 2001 y la mundial de 2009 y haber podido, a pesar de las mismas, volver a lograr un significativo crecimiento económico, merced – principalmente- al crecimiento de las exportaciones.
  11. Haber avanzado en materia de políticas sociales, especialmente por haber restablecido la actualización del salario mínimo vital y móvil, el haberse otorgados distintos planes sociales a los más pobres, por haber otorgado las jubilaciones llamadas de “Amas de casas” a quienes no podía acceder a estos beneficios por falta de aportes, y el haberse dispuesto la asignación “universal” –aunque no abarque a todos – por hijo.
  12. Haber iniciado y sostenido – no con pocas dificultades – un proceso de integración regional, como los surgidos de los tratados del MERCOSUR, y por el Pacto de San José de Costa Rica, que regula la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

II. Lo Negativo

El que no hayan podido terminar su mandato constitucional los presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Fernando de la Rúa fue lo más negativo de este período. En el gobierno de Néstor Kirchner y luego en el de su esposa Cristina Fernández, se ha impuesto:

  1. Una política populista que pretende dividir a la sociedad en dos fracciones irreconciliables, tensando al máximo la dialéctica amigo – enemigo, y donde en la agenda política se plantean temas que dividen a los argentinos, como acaba de suceder con la reforma del régimen matrimonial y de adopción. La crispación, como estilo político, se impone sobre la necesidad de buscar el bien común a través del consenso y de políticas de estado.
  2. El poder se ha centralizado en el Poder Ejecutivo, en desmedro de los otros dos poderes constitucionales: el Legislativo y el Judicial, de los órganos de control, de las provincias y de los municipios.
  3. El uso y abuso frecuente de decretos de necesidad y urgencia y de las facultades delegadas en materia legislativa es una de las manifestaciones de esta centralización.
  4. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner su marido Néstor ha continuado teniendo una influencia decisiva en el ejercicio del poder político del Estado, más allá de las que le competen como presidente del Partido Justicialista, líder del Frente de la Victoria, diputado de la Nación y secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
  5. La última reforma a la composición del Consejo de la Magistratura permitió al gobierno tener derecho de veto en sus decisiones más trascendentes, lo que han creado distintos condicionamientos al buen funcionamiento de la Justicia.
  6. Los partidos y el sistema de partidos se han fraccionado, sus idearios políticos se han olvidado o diluido, lo que los ha debilitado como medios para gestar propuestas y plataformas electorales, promover auténticos liderazgos políticos, hacer educación política, y continuar siendo canales que permitan una mejor representación. El “que se vayan todos” sirvió de poco para hacer una renovación de los cuadros políticos. La ley de reforma política aprobada en el año 2009 por el Congreso, a propuesta del gobierno mientras tuvo mayoría en las Cámaras, no tiene otro propósito que facilitar la reelección de los esposos Kirchner.
  7. El fracaso de la oposición en el Congreso luego de haber triunfado en las elecciones del 28 de junio de 2009; por las disputas entre sus distintos líderes y la falta de objetivos claros en su accionar; ha frustrado las expectativas de cambio que los electores habían depositado en las urnas junto con su voto.
  8. La Administración Pública, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, el servicio exterior y los organismos financieros al Estado han sido puesto bajo el control del gobierno. Se ha creado una gran caja con los recursos fiscales del Estado que se manejan a discreción con la que se han malversado los aportes jubilatorios y los recursos fiscales destinados a la coparticipación federal. Parte de las reservas del Banco Central han sido incorporadas esta gran caja.
  9. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC); que son indispensables para la buena marcha de la economía y de las finanzas, para saber los índices de desempleo, de pobreza, indigencia, de inflación, etcétera; han sido adulterados mediante la intervención de dicho Instituto.
  10. El sistema tributario esta totalmente desquiciado, carece de equidad, y es la causa de que parte importante de la economía funcione en negro.
  11. La autonomía de las provincias y de los municipios se ha tornado ilusoria y sus autoridades dependen política y financieramente del gobierno federal y de la caja que administra con total discreción el Ejecutivo.
  12. Como bien demuestran las encuestas la seguridad se ha convertido uno de los problemas más acuciantes que afligen a la gente.
  13. La corrupción es otro de los males que nos afligen a todos y que no ha encontrado la forma de ser erradicada. Además, el prestigio de los políticos, incluso los de conducta intachable, ha decaído significativamente por esta causa, y muchas personas se niegan a participar en los partidos o en los gobiernos por este motivo.
  14. Se ha establecido un “capitalismo de amigos”, con empresarios o financistas privados vinculado al gobierno, para controlar importantes capitales, empresas privadas, ganar licitaciones de obras o servicios públicos, controlar el juego, hacer negocios en otros países, y financiar al aparato político que apoya al gobierno.
  15. Se ha creado una importante red de organizaciones no gubernamentales, financiadas con recursos fiscales, que junto a organizaciones sindicales, de “derechos humanos” y fracciones políticas afines, como los piqueteros, barras bravas y punteros políticos, ejercen el clientelismo político en apoyo al gobierno y a sus políticas, y dominan la calle con manifestaciones, marchas, actos públicos, cortes de rutas o calles y escraches a favor del gobierno y de sus políticas, y denostan a los opositores o los que han sido declarado sus enemigos.
  16. Invocando el propósito de terminar con el monopolio de algunos medios de comunicación, como Clarín, se pretende crear o ampliar el manejo político que se hace de los medios que pertenecen al Estado o que desde el sector privado apoyan al gobierno y a sus políticas. La ley de medios, además de desconocer la autonomía de las provincias, tiene este propósito.
  17. Se mantiene un conflicto permanente con la Iglesia criticando y tratando de desprestigiar a sus prelados, se ha roto con la tradición de asistir por parte del primer mandatario del país a los Tedeum en las conmemoraciones de las fechas patrias, y poco o nada se ha avanzado en implementar políticas de respeto a la libertad religiosa. El diferendo con la Santa Sede por el vicariato castrense se mantiene sin solución, aunque ya no lo ejerza Monseñor Antonio Baseotto, por quién el gobierno planteó el problema, y nada se ha resuelto sobre el Acuerdo con la Santa Sede de 1956 sobre la materia. El conflicto que se suscitó por el no otorgamiento del placet al embajador designado por el gobierno ante el Vaticano, Alberto Iribarne, se superó con su renuncia en el año 2008. El debate de la ley de matrimonio del mismo sexo tensó aún más la relación del Gobierno con la Iglesia y con los evangélicos. La ley de reglamenta la libertad religiosa duerme en el Congreso.
  18. El mayor distanciamiento que se ha producido en las últimas décadas entre los que tienen mayores y menores ingresos es la mayor afrenta que hemos padecido los argentinos; lo que ha aumentado la pobreza, la indigencia y la desnutrición en la población, que ha crecido en muchos pueblos y zonas del país, en las villas de emergencia y en el mayor número de personas que se encuentran en “situación de calle” en las grandes ciudades; y donde la alimentación, los servicios de salud, de educación, de vivienda y de asistencia espiritual son más que insuficientes. Aquí cabe la sabia regla de Confucio de que “En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza.”
  19. El desempleo y la falta de preparación para acceder a trabajar es otras de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país. Los haberes de la inmensa mayoría de los jubilados y pensionados están muy lejos de cubrir la necesidades básicas de quienes pretender vivir con esos ingresos.
  20. La Educación muestra no solamente deficiencias en la infraestructura de escuelas y colegios; en cumplir con el propósito, nunca alcanzado, de que sea más inclusiva; de que se cumpla con las 180 horas de clases anuales; o en la demora en implementar la doble escolaridad; sino por su calidad, especialmente en los aspectos formativos y en la prioridad que merece el transmitir valores, más que información. Es notable la falta de educación política, y de educación religiosa en las escuelas públicas. En la educación universitaria hay niveles de deserción, demora en graduarse de los alumnos y déficit de investigación, que son por demás alarmantes. Los recursos destinados a la educación superior son por demás insuficientes. No se ha resuelto adecuadamente el ingreso a las universidades del Estado, ni se ha desdoblado, como sería de desear, los títulos académicos de los habilitantes para el ejercicio profesional.
  21. Hay serios problemas de infraestructura, de transporte y de provisión de energía que afectan al desarrollo productivo del país y la calidad de vida de sus habitantes, como consecuencia de la falta de previsión y de políticas de estados en esas materias.
  22. La necesidad de preservar mejor nuestros recursos naturales nos ha llevado en los últimos tiempo a marchas y contramarchas, como ocurre con las normas sobre protección de los glaciales; o el diferendo con Uruguay sobre la empresa Botnia que nos llevó a perder un pleito en el Tribunal de La Haya; o la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Mendoza, Beatriz” que tiene por fin terminar con la contaminación del Riachuelo.

Latinoamérica

En la región latinoamericana, donde la democracia constitucional fue adoptada, al finalizar el siglo XX en todos los países con excepción de Cuba, ha ocurrido en el año 2009 un golpe de estado en Honduras, que ha sido repudiado por todos los países de América y de otras partes del mundo, ha resentido las relaciones entre los países de la región y ha hecho pensar a muchos que habría que ampliar la Declaración de la Democracia suscripta en Lima.

Además, últimamente en países – como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua – , gobiernos elegidos por el pueblo, que practican un populismo que esconde nuevas formas de autoritarismos, y que algunos políticos, partidos o gobiernos, de otros países – como el nuestro – parecen querer imitar.

Esta nueva modalidad del autoritarismo se caracteriza por:

  1. Tener presidentes, de fuerte personalidad; que olvidando la frase de Séneca “Todo poder excesivo dura poco”, o la de Montesquieu: “Cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco, y sin notarlo”; llegaron a sus cargos con el propósito de permanecer largo tiempo en el mismo, de eso es que impulsaron reformas constitucionales para ser reelegidos indefinidamente.
  2. Que pretenden controlar todos los órganos del gobierno y del estado; que desprecian y neutralizan a los órganos de control, y a los desconcentrados o descentralizados (empresas públicas, provincias, departamentos, municipios o alcaldías).
  3. Que controlan sus parlamentos, con unanimidad – como en el caso de Venezuela donde actualmente no hay opositores -, o le imponen rígidas disciplinas para que le deleguen las más importantes facultades legislativas, o dicten las leyes que les proponen.
  4. Que ejercen el poder con políticas que dividen a los países en dos fracciones políticas, regionales o étnicas irreconciliables; donde el diálogo, el consenso es imposible y la oposición es combatida hasta ser eliminada institucionalmente;
  5. Que los partidos políticos han sido debilitados y los dirigentes opositores perseguidos.
  6. Que se ejerce un control estatal y político de los medios de comunicación masivos, y se usa a los que dependen del Estado o que son influidos por el mismo, por ejemplo a través de la publicidad oficial; con el propósito de hacer propaganda política del gobierno de turno.
  7. Que se ha propuesto estatizar o controlar empresas y capitales privados que no le responden políticamente.
  8. Que la relaciones con la jerarquía de la Iglesia y de los demás cultos es siempre conflictiva.
  9. Que en política internacional pretenden influir en la de los países vecinos con el propósito de imponer sus políticas autoritarias.
  10. Que mantienen o impulsan buenas relaciones con países donde no se respetan los derechos humanos y no tienes regímenes democráticos, como es el caso de Irán y Cuba.
  11. Que hay fundadas sospechas de que se mantienen buenas relaciones con grupos narco – guerrilleros, como la FRAC o el Ejército de Liberación Nacional, según la reciente denuncia del gobierno de Colombia, y con ETA del país vasco, como se denunció hace un tiempo.

La región ha tenido en los últimos años un crecimiento económico significativo como consecuencia de las exportaciones a los países asiáticos, pero no ha llegado a coordinar políticas ni avanzar en el proceso de integración; a pesar de las frecuentes reuniones de presidentes, ministros y la creación de organismos de cooperación, como la UNASUR. El liderazgo de Brasil en la región ha sido notorio en los últimos tiempos.

El narcotráfico se ha extendido en la región y a los países se les hace cada vez más difícil poder combatirlos sin ayuda internacional.

Algunos de los países de la región han aumentado el presupuesto de las Fuerzas Armadas y en alguna medida compiten en una costosa e innecesaria carrera armamentista.

Las migraciones en los países de la región merecerías una mejor regulación.

Las catástrofes sufridas recientemente por Haití y Chile, nos han hecho pensar que el auxilio solidario de los países vecinos debe estar mejor organizado, y que debe crearse una fuerza y un fondo internacional para auxiliar más rápido e eficientemente a los damnificados.

El MERCOSUR, que pronto tendrá un parlamento elegido por el voto popular, en los últimos tiempos no ha profundizar el proceso de integración, no se han incorporado nuevos países, y las diferencia entre los gobiernos que los integran han impedido su progreso.

El Mundo Globalizado

A una década de iniciado el nuevo milenio nos encontramos en un mundo que:

  1. Ha valorizado los derechos humanos;
  2. Que a pesar que hace más de dos década que terminó con la guerra fría, lamentablemente, no ha podido eludir los conflictos bélicos regionales; en el que existen zonas, como el Medio Oriente, donde los conflictos se suceden permanentemente o están latentes. La carrera armamentista, incluso nuclear, no ha podido ser detenida ni controlada.
  3. El terrorismo es una amenaza permanente y las innovaciones que se hicieron para combatirlo, como las “guerras preventivas”, la invasión a Irak por motivos que luego resultaron falsos y la creación de cárceles internacionales al estilo de Guantánamo y la autorización de torturar en los interrogatorios.
  4. La pobreza, la indigencia y los efectos de las catástrofes causada por fenómenos naturales no encuentran todavía respuesta de la humanidad, por no estar organizada como una sociedad política mundial.
  5. Las organizaciones internacionales ni los gobierno de las grandes potencias han podido regular y controlar las relaciones, cada vez más globalizadas, de un mundo cada día más complejo; y estamos lejos de poder establecer un gobierno mundial como sería de desear.
  6. El comercio, las finanzas y la economía globalizada condicionan el accionar de los estados;
  7. el control de la natalidad, las migraciones, la pobreza, la trata de personas, el narcotráfico, el comercio de armas y la contaminación son problemas que los países no puede resolver sin que los organismos internacionales y las grandes potencias fijen políticas y acuerden reglas para darles solución.

Reflexión Final

 

Lo aquí expuesto en forma sucinta ha querido ser una rápida mirada sobre lo que pasa y lo que nos pasa en la vida política de nuestro país, y en el contexto internacional que lo rodea; y tiene por objeto hacer un aporte para una reflexión y oportuno análisis teológico.

La Teología y la Iglesia deben tener presente una frase del sindicalista Víctor de Genaro cuando dijo: “La Iglesia y la FEDE (por la Federación Juvenil Comunista) son los principales formadores de cuadros de la política argentina”[4]

La educación política y la prédica de la fraternidad son quizás lo que le falta a nuestra democracia para tener un mejor desarrollo, y a nuestra política para alcanzar la eficiencia y el prestigio que ha perdido.

La Falda, julio de 2010.


[1] Lecciones de Política, páginas 1 y 5, Ediciones El Graduado, San Miguel del Tucumán, 1993.

[2] La persona y el bien común, página 75 y 76, Club de Lectores, Buenos Aires, 1981.

[3] Obra citada, página 58 y 59.

[4] ISIDORO GILBERT La Fede, Alistándose para la revolución, la Federación Juvenil Comunista 1921 – 2005, página 23, Sudamericana, Buenos Aires, 2009.