Recordar, ¿Para Qué?

El Aniversario del 24 de marzo de 1976

José López Rega e Isabel Martínez de Perón

Fue el día más doloroso de mi vida política. La noche anterior Oscar Alende, a quién voté para presidente, peroraba por televisión un discurso, como si no conociera lo que todos sabían, que los militares derrocarían a “Isabelita” Martínez de Perón. Pero nadie calculó jamás la violencia política que se desataría.

Ese 24 de marzo tenía que ir a Buenos Aires para ver a un amigo, pero el viaje se frustró cuando supe que mi nombre lucía en una lista negra, de los que iban a ser detenidos. Suspendí el viaje, y me guardé un tiempo. Con este amigo hablé por teléfono desde Córdoba, y me comentó que le llamó la atención, ver aquel día, caminar sólo, en una despoblada vereda porteña, al ex presidente Arturo Íllia.

La violencia, en realidad, comenzó en los años 50, en la disputa entre peronistas y antiperonistas, con la decadencia del gobierno de Perón, después la muerte de Evita. El laborista Cipriano Reyes y Ricardo Balbín (UCR) padecieron cárcel; en 1953 un atentado terrorista en Plaza de Mayo dejó 5 muertos y 90 heridos, su autor principal, Roque Carranza (el que fuera Ministro de Defensa en 1983), estuvo preso por ello. En 1955 desapareció el médico comunista Juan Ingalinella; el 16 de junio aviones de la Armada bombardearon Plaza de Mayo dejando 364 muertos y un millar de heridos; esa noche, en represalia, se incendiaron la curia y diez iglesias en el centro de Buenos Aires, se clausuraron sedes de partidos, diarios y del Jockey Club.

La “Revolución Libertadora”, que derrocó a Perón el 16 de septiembre, proscribió al peronismo, encarceló dirigentes e intervino a gremios. En 1956 fusilaron al general Juan José Valle, por levantarse contra el gobierno militar, con un saldo de 18 militares y 13 civiles muertos. En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, un atentado hizo estallar en Córdoba los tanques de Shell, lo que provocó la intervención y puso fin del gobierno de Arturo Zanichelli.

Durante los años 60 hubo dos golpes de estado, el que derrocó a Frondizi y a Íllia. Los hechos luctuosos -más graves- que le sucedieron fueron: la “Noche de los bastones largos” en la UBA, el “Cordobazo” y el “Viborazo” en Córdoba, el “Rosariazo” y el asesinato del sindicalista Augusto Timoteo Vandor.

La década de los 70 mal comienzan con el asesinado de Pedro Eugenio Aramburu, que además fue el debut de Montoneros, un grupo guerrillero peronista liderado por Mario Firmenich, que luego tomaría La Calera, asesinaría a los políticos Arturo Mor Roig (UCR) y Roberto Uzal (Nueva Fuerza); a los sindicalistas José Ignacio Rucci, Rogelio Coria, José Alonso; al comisario Alberto Villar; al general Omar Carlos Actis; y a uno de sus integrantes Roberto Quieto, por traidor. Secuestraron a Jorge y Juan Born, de los que obtuvieron 60 millones de dólares; atentaron contra la Superintendencia de la Policía Federal; y provocaron la Masacre de Margarita Belén en Chaco.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), liderado por Mario Roberto Santucho, fue la guerrilla marxista que en 1969 asaltó un Banco en Escobar llevándose 213 mil dólares; en 1970 una comisaría de Rosario, donde mataron a 2 policías; en 1972 asesinaron al Gendarme Pedro Agarotti; y en 1973 asaltaron el Batallón 141, en Córdoba, y el Comando de Sanidad del Ejército en la Capital Federal. El 1974 coparon la Guarnición de Azul, donde murió el coronel Arturo Gay, su esposa, el coronel Ibarzábal, y 5 guerrilleros. En 1974, asesinaron al juez, Jorge V. Quiroga. En Tucumán coparon la localidad de Acheral. Atacaron simultáneamente: la Fábrica Militar de Villa María, donde capturaron al Coronel Argentino Larrabure, y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. En 1975 atacaron al Batallón de Arsenales 121, en Fray Luis Beltrán cerca de Rosario, donde murieron 2 guerrilleros y el coronel Carpani Acosta. En 1975 en la ruta 301 de Tucumán, murió en un tiroteo el subteniente Raúl García. Ese año el ERP es derrotado por el Operativo Independencia comandado por el general Antonio Bussi. Su última acción fue el fallido asalto al Batallón 601 en Monte Chingolo.

La Triple A fue un grupo para-policial; organizado y dirigido por José López Rega, ministro y secretario de Perón, y Alberto Villar, después de la Masacre de Ezeiza; que en 1974 mató al sacerdote Carlos Mugica; al ex Vicegobernador de Córdoba Atilio López y a Juan Varas; al abogado Alfredo Curutchet; al subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler; a Silvio Frondizi, y al sindicalista Juan M. Russo. En 1975 en Córdoba atentaron contra La Voz del Interior; secuestraron y asesinaron a la familia Pujadas; mataron en la cárcel, al abogado Hugo Vaca Narvaja (h). Luego secuestraron y hicieron desaparecer a su padre, que había sido ministro de Frondizi.

El 24 de marzo de 1976 general Jorge Rafael Videla se proclamó presidente y desapareció René Salamanca, dirigente de SMATA Córdoba; en abril desapareció el senador por Córdoba, Luís Carnevale (PJ); en mayo la catequista Mónica Mignone; en junio fue asesinado el Jefe de la Policía Federal Cesáreo Cardozo; en julio por un atentado con explosivos muren 16 personas e hieren a 65, en Seguridad Federal; en Buenos Aires asesinaron a 3 sacerdotes palotinos y 2 seminaristas; en Chamical La Rioja, asesinaron a los religiosos Gabriel Longuevillet y Carlos de Dios Murias; en agosto matan el obispo de la Rioja, Enrique Angelelli, en un extraño accidente automovilístico; fue detenido y muere preso el ex diputado nacional Mario Abel Amaya (UCR); también en agosto aparecieron 20 cuerpos de varones y 10 de mujeres, dinamitados por policías en Fátima, Provincia de Buenos Aires. En septiembre, desaparecen varios estudiantes secundarios en la “Noche de los Lápices”. En diciembre desaparecen tres de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. En 1977 asesinaron, en otro misterioso accidente de tránsito, al obispo Carlos Ponce de León, de San Nicolás. Dos religiosas francesas desaparecieron, junto a otras 8 personas en diciembre. En 1978 en un atentado con explosivos mataron en su casa a la hija, del Almirante Lambruschini, y a 2 vecinos.

Este relato incompleto de lo sucedido; antes, durante y después de aquel fatídico día; muestra lo inútil e inservibles que fueron y son los argumentos, las doctrinas, las ideologías, los credos y las consignas que llevaron a cometer estos desatinos, y que, luego, pretendieran o pretenden ser justificados. Cuantas vidas perdidas; desapariciones (¿9 ó 30 mil?); torturas; exilios; libertades arrasadas; hijos sin padres y padres sin hijos; cuantas energías y recursos dilapidados; sin razón alguna. Visto hoy fue todo un gran disparate.

Mi respuesta, sin dudar, a la pregunta inicial es: Recuerdo, para que no vuelva a ocurrir. No a la violencia política y sí a la democracia, por imperfecta que hoy la vea.

Córdoba, marzo de 2010.

El Triste Espectáculo del Senado Semivacío

Senador Carlos Menem

Las expectativas positivas puestas en la primera sesión preparatoria del Senado de año 2010 con la nueva composición, como se vio por televisión, se frustraron cuando el recinto quedó semivacío, por el retiro de los senadores que responden al gobierno, para dejar la sesión sin quórum, después de elegir a las autoridades de la Cámara, y antes de votar las presidencias y la composición de las comisiones, rompiendo así lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Con esto el gobierno evitó una nueva derrota, como la que sufrió en diciembre, y logró que la oposición ratificara al senador José Juan Bautista Pampuro como presidente provisional del Cuerpo, cargo que le interesa a los Kirchner, ya que su titular sustituye al presidente y vicepresidente en casos de viajes al exterior o acefalía; y evitó que el oficialismo quedara en minoría en las 24 comisiones y perdiera la presidencia de la mayoría de ellas.

La ausencia, del denostado senador Carlos Saúl Menem, que se quedó en La Rioja jugando al golf, fue decisiva, ya que con su presencia la oposición hubiera conseguido el número de 37 senadores que eran necesarios para mantener el quórum. Las razones de la ausencia, y la compensación que por ello se le dio o se le dará al ex presidente, se desconocen.

La decepción que nos produjo el retiro injustificado de los senadores oficialista se funda en que los legisladores fueron elegidos para representar al pueblo y a las provincias, y para que expongan las razones que tienen para votar a favor o en contra de las decisiones que la Cámara tome, y no para impedir una votación o desconocer un pacto.

Las autoridades del Senado: el presidente provisional, el vicepresidente y las vicepresidencias primera y segunda, según el reglamento interno, se deben votar uno por uno y en forma nominal; o sea preguntándole, el presidente del Cuerpo a cada senador, por quién lo hace; pero en este caso se hizo en una sola votación, levantando la mano todos los presentes, porque así se había acordado y para no perder tiempo.

De haberse previsto que la palabra dada podría ser incumplida, como efectivamente ocurrió, se podría haber pactado una sola votación, tanto para las autoridades de la Cámara como para las comisiones. Así se hizo en la Convención Constituyente de 1994 con el “núcleo de coincidencia básicas”, en que la reelección, querida por Menem, se votó junto a los otros puntos que querían sus opositores radicales, para evitar una huída la indicada por el senador Miguel Ángel Pichetto.

Cuando se iba a hacer la segunda votación para la integración y autoridades de las comisiones, que favorecía a la ahora mayoritaria oposición, Pichetto ordenó el retiro del bloque y sus aliados, y el recinto quedó con la mitad de los senadores, sin saber que hacer. Una senadora advirtió que se podía seguir debatiendo, aunque no votar, lo que se hizo un tiempo más, sin que se usara el recurso, pocas veces empleado, del artículo 64 de la Constitución que permite a la minoría compeler a la mayoría a presentarse para sesionar, y a sancionar a los que no concurran.

Este mecanismo se empleó en 1880 por la Cámara de Diputados, cuando el Congreso sesionaba en el edificio de la Municipalidad de Belgrano (hoy Museo Sarmiento), que más tarde (1887) se incorporó como un barrio a la Capital, porque no podía hacerlo en Buenos Aires por haberse sublevado del gobernador Carlos Tejedor de la provincia de Buenos Aires. La Cámara compelió a los ausentes y los 40 que no comparecieron se los excluyó del Cuerpo y así se pudo votar la ley 1029, que capitalizó la ciudad de Buenos Aires.

Si se hubiera compelido a los ausentes en la sesión del 24 de febrero pasado, a los que no hubieran vuelto al recinto en el tiempo indicado, se los podría haber sancionado hasta con la exclusión. Pero, luego, a diferencia de lo ocurrido en 1880, habría que haber incorporado a los suplentes, que no se elegían entonces.

Nos queda la duda si lo que quieren los Kirchner es mantener el Congreso cerrado, como ocurrió durante su receso, y seguir gobernando mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU) o de legislación delegada; o si lo que pretenden es torcerle el brazo a la oposición, y arrebatarles las presidencia y las mayoría en las comisiones. En el año del Bicentenario, el pueblo –otra vez- quiere saber de que se trata.

Córdoba, febrero de 2010.

La Reducción de las Jubilaciones en Córdoba

Gobernador Juan Schiaretti

Gobernador Juan Schiaretti

La Constitución Provincial que declara que las jubilaciones y pensiones son “irreductibles” (Art. 57) viene padeciendo vejaciones por parte de los poderes del Estado, que llevan a fulminar dicha garantía constitucional. Con la ley 9504 de la Provincia de Córdoba (B.O. 31.7.08) se ordenó recortar los beneficios previsionales que abona la Caja de Jubilaciones de la Provincia mayores a 5 mil pesos (cifra que luego se aumentó a 6 mil pesos).

Dicha ley, también, es contraria el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando declaró inconstitucional el Decreto 1777/95 del gobernador Ramón Mestre -que fue el primero en reducir haberes previsionales- en el fallo “Iglesias” (11.7.07), cuya doctrina debe ser seguida según la propia doctrina de la Corte del “leal acatamiento”.

La casi totalidad de los tribunales inferiores provinciales concedieron medidas cautelares en los amparos que iniciaron los beneficiarios perjudicados por los recortes. Muchos juzgados y Cámaras declararon inconstitucional la referida ley 9504 en cuanto dispone recortes en los haberes, e hicieron lugar a dichas acciones.

A pesar de esto, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, en el caso “Bossio” (15.12.09) – un fallo político, que no está firme ya que fue recurrido-, dejó sin efecto -para ese caso- la medida cautelar ordenada. Y, aunque dio valor de pago a lo percibido como consecuencia de la misma, dispuso sustituir –y estos es lo más grave- los descuentos dispuestos en la ley 9504 por una nueva liquidación, consistente en descontar todo lo que supere el 82% del sueldo líquido del activo. Criterio idéntico al del decreto 1777, que la Corte declaró inconstitucional en el caso “Iglesias”, y que el gobernador José Manuel de la Sota, por esa razón, derogó.

Esto es tan claro, que el mismo día (15.12.09) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Hernández”, ratificó y amplió los fundamentos del fallo “Iglesias”, declarando no sólo la inconstitucionalidad del decreto sino también de las leyes de emergencia que ordenaban recortes. La doctrina de “Hernández”, la Corte la aplicó también en otros 8 juicios más, dejando aún sin mayor sustento lo sostenido por el Tribunal Superior para fundar lo decidido en “Bossio”.

El gobernador Juan Schiaretti se apresuró entonces a dictar el Decreto 1830/09 y la Legislatura, a su pedido, la ley 9722, por la que suspendía las medidas cautelares y adopta el criterio sentado por el inconstitucional decreto 1777 y en el fallo de “Bossio”, aunque el mismo no estaba ni está firme, contrariando la doctrina sentada por la Corte Suprema en los casos antes mencionados y arrogándose competencias judiciales que tiene expresamente vedadas.

Eso motivó nuevas acciones judiciales, con resultado favorable, donde se ordenó a la Caja abstenerse de descontar. Sin embargo, la Caja volvió a desobedecerlas, y hasta se negó a recibir oficios judiciales donde se ordenaban esas medidas, antes y durante la feria del mes de enero de 2010, inclusive en este último caso con la habilitación de feria dictada por los jueces de turno, lo que implicó incumplir deberes de funcionario público.

El vocal del Tribunal Superior Carlos García Allocco, durante la feria de enero de 2010, dictó distintos pronunciamientos, arrogándose la competencia del plenario del Alto Tribunal que integra –sin llamar a otros miembros-, revocando fallos de Cámara en los que se habían admitido pedidos de cautelares con el planteo de inconstitucionalidad de la ley 9722 y de la ya declarada inconstitucionalidad del Decreto 1830/09 y de la Ley antes mencionada, contrariando expresas disposiciones de la Constitución Provincial (Arts. 164 y 165).

En este pronunciamiento el vocal impone la doctrina del Decreto 1777/95 y del fallo no firme de “Bossio”; en suma, aplica un decreto derogado y en contra de lo expresamente sentando por la Corte Suprema. Como conclusión de este extraño proceder, los pronunciamientos fueron dictados mediante el trámite conocido como “per saltum” –lo que importa “saltear” pasos procesales, exigidos por ley-. Mecanismo no previsto por la Constitución ni por ninguna ley, y en los que, mas gravemente aún, no se dio participación a las partes, atentando contra el derecho de defensa.

Estas resoluciones olvidaron el fin de la emergencia que fundó la Ley 9722, atento que la Nación envió de $650 millones en concepto de déficit de la Caja para el año 2009, y de $690 millones por el del 2008, por el acuerdo celebrado por la Nación y la Provincia en septiembre de 2008. Además, por otro acuerdo, entre las mismas partes, se dispuso que durante los años 2010 y 2011 la Provincia reciba $1.650 millones para cubrir el déficit de la Caja por dichos años. Este acuerdo lo aprobó por Ley 9721 la Legislatura en la misma sesión que sancionó la ley 9722, y la Nación ya giró $350 millones de dicho acuerdo en enero pasado. Esto permitió aumentar los beneficios mínimos a mil pesos, sin reparar que el salario mínimo vital y móvil es de $1500. Queda aún por blanquear las remuneraciones sin aportes de la provincia y los municipios.

A fines de enero de 2010 la Caja solicitó un nuevo per saltum en una larga lista de pleitos radicados en Cámaras y Juzgados de toda la Provincia. El Tribunal Superior le corrió vista al Fiscal General, y esperemos que, al menos, no se vuelva a afectar el derecho de defensa de las partes de los juicios del listado.

En uno de los fallos de Cámara, revocado por García Allocco, se invocó el Pacto de San José de Costa Rica para declarar la inconstitucionalidad de la ley 9722 alegando que ni siquiera en caso de grave emergencia, como la guerra y el estado de sitio, podía contrariarse la disposición constitucional como esta (Art. 27 del Pacto).

En definitiva, Córdoba es testigo de un atropello sistemático, cuyas víctimas fueron los jubilados, a la Constitución Nacional y Provincial, y a los Tratados internacionales de Derecho Humanos, en que han incurrido autoridades provinciales. Esto merece ser denunciados en defensa del Estado de Derecho ante la opinión pública, que ha sido sorprendida por este accionar contrario al sistema republicano y democrático de gobierno.

Córdoba, febrero de 2010.

Sobre el Caso Redrado: Consejo Vinculante o No Vinculante

Anibal Fernandez

Jefe de Gabinete Argentino Aníbal Fernandez

Aníbal Fernández afirmó, antes de la renuncia no aceptada de Redrado, que el consejo que debe emitir la Comisión parlamentaria que trata su caso no es vinculante, o sea que no obliga al Poder Ejecutivo que quiere removerlo, lo que no es del todo cierto.

Recordemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó dos decretos de necesidad y urgencia (DNU), uno que creaba el Fondo del Bicentenario y el otro que removió al presidente del Banco Central Hernán Martín Pérez Redrado, pero los mismos -por órdenes judiciales- están suspendidos en su ejecución.

Redrado, que fue designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y por un plazo de 6 años (Art. 7 Ley 24.144 Carta Orgánica del Banco Central- COBC) que vence en septiembre de 2010, para ser removido necesita que el Presidente de la Nación lo decida mediante un decreto, motivado en su“mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público”, pero debe contar “con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación. La misma será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara.” (Art. 9 COBC).

Esta Comisión que está reunida a pedido del Ejecutivo -sin que se haya derogado aún el DNU No. 18 que removió a Redrado sin su “previo consejo”-presidida por el vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Julio César Cleto Cobos, y con la presencia de Gustavo Ángel Marconato (Frente para la Victoria) y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), presidentes de la comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas de la Cámara de Diputados, y que sesiona con quórum justo, por la ausencia de los dos senadores que no están aún designados.

El hecho que a la remoción tenga forma de decreto de necesidad y urgencia (equivalente a una ley) no modifica la Carta del Banco Central (ley 24.144), y no releva al Ejecutivo de la obligación del “previo consejo” de la Comisión parlamentaria. Para evitar esta exigencia el decreto, o mejor una ley, debió modificar dicha Carta, no sólo para el caso Redrado, sino también para cualquier otra remoción que en el futuro pueda disponer el Poder Ejecutivo en el directorio del Banco.

¿Qué puede pasar en la Comisión?

  • Si  los dos diputados aconsejan en dictamen conjunto o separado –por causales distintas- la remoción de Redrado, Cobos tendrá, en el último caso, desempatar sobre que causales sustenta el despacho de la Comisión. La presidenta podría removerlo sólo por las causales del dictamen final, en este caso el mismo es vinculante.
  • Si la presidenta cambia de opinión, o no esté de acuerdo con los fundamentos del consejo de remoción dado por la Comisión, puede aceptarle la renuncia al presidente del Banco Central. En este caso el consejo no es vinculante.
  • Si, en cambio, hubieran dos dictámenes de los diputados, uno por la remoción y el otro en sentido contrario, en este caso el presidente de la Cobos sólo puede desempatar. No siendo senador ni diputado y como presidente de la Comisión no le está permitido hacer algo más que lo que puede hacer en las votaciones cuando preside el Senado o el Congreso reunido en Asamblea, que es inclinarse por alguna de las opciones votadas. El presidente no podría imponer una tercera posición, distinta a la de los legisladores que integran el Cuerpo.
  • Si dicha Comisión no se expidiera, o le solicitara al Ejecutivo que revoque el DNU No. 18, o aconsejare que no se lo remueva y le acepte la renuncia, la presidenta no puede cesantear a Redrado, ya que lo que impone la ley es que la decisión presidencial debe ser idéntica con el “previo consejo” de la Comisión, y si la misma no da este consejo el Ejecutivo por su cuenta no puede hacerlo, y deberá aceptar la renuncia.

Esto concuerda con el decreto presidencial que designa al presidente del Banco Central, que para ser válido necesita del acuerdo del Senado (art. 7 COBC), y la diferencia es que en el decreto que lo nombra, el acuerdo Senatorial es posterior al decreto, y en el de remoción el consejo debe ser anterior, aunque en este anómalo caso el decreto se haya dictado antes. El “previo consejo” para que no sea removido es vinculante, a pesar de lo que diga Aníbal Fernández.

La incertidumbre que estas situaciones producen no sólo desgasta a la presidenta –que ya reemplazó al Procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino por Joaquín da Rocha por el fracaso del gobierno en las instancias judiciales- o inquietan a los mercados, sino que nos alejan de aquella sana aspiración, que fuera bandera electoral, de ser un “País serio”.

Córdoba, enero de 2010.

DNU: Dos Preguntas Más

Martín Perez Redrado

Martín Perez Redrado

Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) No. 2010/ 2009, que destina reservas del Banco Central al Fondo del Bicentenario y, en consecuencias, libera recursos del presupuesto para cubrir gasto público, y el No. 18/ 2010, que remueve al presidente de ese Banco, Martín Pérez Redrado, dictados por el Poder Ejecutivo; además de no haber justificado ni la “necesidad” ni la “urgencia”, que el decreto de remoción no contó con el consejo de la comisión del Congreso y que no se dio oportunidad de defensa a Redrado por el delito que se le atribuye; plantean dos interrogantes que merecen adecuadas respuestas: 1. ¿Puede el PE dictar leyes (DNU) cuando el Congreso está en receso? y 2. ¿Dónde, cuando y quienes asistieron al “acuerdo general de ministros” que los decidió?

1. – El Congreso es quién sanciona leyes pero, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previsto por esta Constitución para la sanción de las leyes” (art. 99, 3 CN) puede hacerlo el Poder Ejecutivo mediante DNU. Por lo tanto, si el Congreso está en receso, y, por ello, no puede dictar leyes, tampoco puede hacerlo el Poder Ejecutivo, quién puede hacer cesar el receso convocando a sesiones extraordinarias (art. 63 CN).

Negarse a hacerlo es también impedir que se cumpla aquella otra exigencia de la Ley Fundamental, después de dictado el DNU- de que elevado al plenario del Congreso el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente –que controla la validez de los mismos-, “de inmediato” deba ser considerado por “las Cámaras” (art. 99, 3 CN), luego que el jefe de gabinete de ministros lo someta a dicha Comisión dentro de los diez días, y ésta lo despache en igual tiempo.

Este es el segundo año parlamentario que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se niega a convocar a sesiones extraordinarias, lo que demuestra que no hay necesidad ni urgencia para dictar ley alguna. El reciente requerimiento del consejo de la Comisión parlamentaria es un reconocimiento de la omisión incurrida en el Decreto No. 18.

Conclusión: con el Congreso en receso el Poder Ejecutivo no puede dictar DNU.

2. – Los DNU “serán decididos (por el presidente de la Nación) en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete” (art. 99, 3 y 100, 13 CN). Por lo que es indispensable el “acuerdo general de ministros”, que se resuelve en una reunión de gabinete – la que debe “coordinar, preparar y convocar” el jefe de gabinete (art. 100, 5 CN)-, lo que hace mucho no tenemos noticias que ocurra. Además, el DNU debe ser firmado por el presidente y por los ministros, pero ello no suple la necesaria reunión de gabinete para que estos discutan y lleguen a un “acuerdo” con el presidente, lo que reemplaza el debate en el Congreso que por las razones de “urgencia”  no pudo hacerse.

En estos dos casos, hubo refrendo, pero no tenemos información de que haya habido reunión de gabinete, y, por tanto, tampoco pudo haber “acuerdo general de ministros”.

Pruebas al canto: en la página Web del Ministerio de Salud se informó que el titular de la cartera Juan Manzur – que firma el DNU que remueve a Redrado estuvo en Misiones (Puerto Iguazú) y Chaco entre el 6 y el 8 de enero, y el DNU que refrendó tiene fecha 7 de ese mes, día en que el ministro visitó el Hospital “Dr. Enrique De Llamas” en Charata, junto al gobernador de Chaco. La prensa informó que el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, estaba en Valeria del Mar, mientras que los de Trabajo, Carlos Tomada, y de Defensa, Nilda Garré estaban en Pinamar. Los tres suscribieron también el DNU.

Si hubiera habido reunión de gabinete ¿a donde fue?, ¿en la Casa Rosada, en Olivos, en Charata, en Valeria del Mar, o en Pinamar?, y otra duda: ¿cuándo y a donde firmaron los ministros el DNU refrendando y legalizando la de la presidenta?

Conclusión: pudo haber refrendo, pero se omitió el “acuerdo general de ministros”.

Estos dos interrogantes ponen aún más en duda la plena vigencia del Estado de Derecho y dañan la siempre anhelada calidad institucional.

Córdoba, enero de 2010.

Por Qué No Es Presidenciable De Narváez

Francisco de Narváez

Francisco de Narváez

Ante la versión de que Francisco de Narváez aspira a ser candidato a presidente de la Nación, me parece oportuno recordar que la Constitución Nacional dispone que “Para ser elegido presidente (…)de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero(…)” (art. 89) y que el actual diputado nacional nació en Bogotá el 22 de septiembre de 1953, reside en nuestro país desde el 6 de junio de 1958, se naturalizó argentino en 1992, pero sus padres no son “ciudadano nativo”, ya que su madre Doris Steuer, nació en Europa y luego se naturalizó argentina; y su padre fue Juan Salvador de Narváez Vargas, un colombiano dedicado al negocio del café, que falleció el 5 de marzo de 1985.

Los constituyente de 1853 extendieron a los hijos de los ciudadanos nativos nacidos en el extranjero la posibilidad de ser presidentes porque algunos de ellos estuvieron fuera del país, exiliados, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y no quisieron privar a sus hijos, nacidos en esas circunstancias, de este posible alto honor.

El ser “hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero” no es requisito para ser diputado; y antes de De Narváez hubo quienes integraron la Cámara baja y hasta la presidieron, como lo fue entre 1963 a 1966, Arturo Mor Roig, nacido en Lérida, (Cataluña, España), el que fue asesinado por los Montoneros el 15 de julio de 1974.

¿Este requisito lo discrimina y, por tanto, contradice algún tratado internacional?

Para la Constitución los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional “deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos” (art. 75 inc. 22 CN). En consecuencia, el derecho a “Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país que declara el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25 inc. c), para citar sólo alguno, no suprime el requisito de la nacionalidad, ni el mismo puede interpretarse como discriminatorio, ya que concuerda con aquella afirmación de la Constitución de que “Todos sus habitantes son iguales ante la ley” (art. 16 ), igualdad, que siempre fue bien entendida, “entre los iguales en iguales circunstancias”.

De Narváez afirma que la Justicia le dará la razón si su candidatura a presidente le fuera impugnada por no ser argentino nativo, porque cuando fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires una impugnación basada en idéntica exigencia de la Constitución de ese Estado (art. 121 inc. 1), fue desestimada por la Junta Electoral, por 4 votos contra uno el 23 de agosto de 2007.

El voto mayoritario invocó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de agosto de 2006  en la causa “Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” en el que se declaró inconstitucionalidad “la norma local que impone el requisito de la nacionalidad argentina para concursar al cargo de secretario de Primera Instancia en los Juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

Pero este criterio, entiendo, no es aplicable para el caso del presidente de la República por tratarse éste de un requisito constitucional y no legal, como lo fue en el caso de la secretaria Gottschau. Además, la función de secretaria, exhaustivamente analizada por la Corte en el fallo, no se ve comprometida en nada por el hecho de quién la ejerza sea naturalizado, como bien dijo el Alto Tribunal en aquel pronunciamiento. En cambio el cargo y la función de presidente la debe ejercer el que tenga un incuestionable arraigo en la Nación, de allí el requisito.

Si se reformara la Constitución el mismo podría ser modificado, no para favorecer a De Narváez ni a otra persona, sino porque en la época de la globalización, el arraigo que los constituyentes quisieron que tengan el presidente y el vicepresidente, lo cumple acabadamente quién ingresó y residió en el país siendo niño, se naturalizó hace varios lustros y prestó servicios como diputado, cargo para el que fue elegido por el pueblo en 2005 y 2009.

Esta criterio no tiene nada que ver con la opinión que tengo sobre la persona del “Colorado” De Narváez, que por un lado me cae simpático por haber sido uno de los dueños de aquel negocio de regalos para niños que fundó su abuelo materno judío, Karel Steuer, en 1933 en Praga llamado “Te Ta” (“Tía” en idioma Checo), y que junto a Federico Deutsch lo abrieron en Argentina en 1946 como “Casa Tía”, la que visité tantas veces desde niño en el local que tenía en Córdoba, en la segunda cuadra de la calle Rivera Indarte, y que entonces era lo más parecido a lo que hoy es un shopping.

Pero más allá de sus ideas, su pinta, sus cambiantes inclinaciones políticas y su rotundo éxito en las elecciones del 28 de junio del 2009, al derrotar -nada menos- que a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires; no me convence su perfil de político millonario de 3 dígitos, de moda en esta época en que priman las desigualdades sociales; porque me recuerda a Ross Perot, en Estados Unidos, Silvio Berlusconi en Italia y Sebastián Piñera en Chile, lo que no me parece bueno para el desarrollo democrático, y porque temo, alguna vez, encontrar a Ricardo Fort, que sí es argentino nativo, en alguna boleta electoral.

Córdoba, enero de 2010.

Blindar al Gobierno sobre Ordenes de los Jueces

Tribunales de Buenos Aires

Tribunales de Buenos Aires

En la desenfrenada carrera por aprovechar la mayoría en el Congreso, que el gobierno perdió el 28 de junio pasado y que recién se hará efectiva el 10 de diciembre cuando asuman los electos, la Cámara de Diputados el 8 de octubre pasado dio media sanción -con 135 votos-, a un proyecto de ley que intenta blindar al Estado Nacional, sus reparticiones y entes, frente a cualquier medida preventiva que puedan ordenar los jueces en protección de derechos humanos vulnerados.

Para ello dicho proyecto reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dispone que cuando se pidan medidas cautelares para proteger derechos afectados por el Estado Nacional, sus reparticiones o entes, los jueces deberán dar vista de la petición a la Administración por tres días antes de ordenarlas, lo que significa una demora que puede tornar ilusorios los derechos que se quieren proteger, en especial si el afectado lo pide a un juez federal del interior del país, en razón que esos tres días pueden convertirse en varias semanas o meses, por la demora que tarda una notificación desde un juzgado federal del interior a una repartición del Estado con sede en Buenos Aires.

Afortunadamente el diputado Federico Pinedo logró hacer introducir en el texto una excepción a este trámite dilatorio que expresa: “Salvo casos de urgencia debidamente justificados”, lo que puede permitir que el buen criterio de los jueces pueda eludir esta injustificada limitación a sus potestades, ya que siempre que se concede una medida cautelar la misma se funda en la verosimilitud del derecho invocado.

Ésta modificación no alcanza a la acción de amparo, como algunos han creído, ya que cuando la misma se plantea contra actos u omisiones de autoridad se rige por la ley 16.986, que no ha sido reformada por este proyecto de ley, que espero sea rechazado en el Senado. Lo curioso es que esta norma, dictada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía para limitar el número de amparos, al no ser mencionada en esta oportunidad como reformada, sirve hoy para no cercenar las medidas cautelares que disponen en los amparos.

Otra restricción que establece este proyecto es cuando se pide la suspensión de un acto administrativo, ya que la misma no se concederá si afecta gravemente el interés público o cuando los representantes del Estado acrediten sumariamente que la ejecución del acto generaría perjuicios más graves que los que eventualmente produzca la suspensión del mismo.

A pesar del grave retroceso que implica este proyecto es positivo que el mismo haya dispuesto que si el pedido de suspensión del acto administrativo, que atenta contra los derechos del administrado, se encontrare pendiente en la instancia administrativa, podrá concederse dicha suspensión, si el peticionante acredita haber solicitado la misma ante la autoridad administrativa (en los términos del art. 12 de la ley 19.549 de Trámite Administrativo de la Nación) y que la suspensión fue rechazada; o que transcurrido el plazo superior a quince días desde que se lo peticionó, no se hubiera dictado resolución sobre el particular.

El proyecto concluye con una obviedad, que muestra la abyecta intención que lo inspira, al disponer, algo que los jueces pueden hacer sin que lo diga ninguna ley, que: “La autoridad administrativa, en cualquier estado del proceso, podrá alegar fundadamente que la suspensión provoca un grave daño al interés público, y en tal caso el juez podrá dejar sin efecto la suspensión, declarando a cargo de aquella los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto en que se hiciere lugar a la demanda o recurso”.

El diputado oficialista del Chubut Juan Mario Pais, autor de este proyecto, aclaró: “No se restringen las medidas cautelares contra las empresas de servicios públicos, como Edesur o Edenor, ni contra otros particulares, como fueron los amparos por el corralito contra los bancos. Pero a veces hay abusos, como fue el caso de la cuota Hilton, que fue distribuida por los jueces”. Esta explicación muestra el claro atentado contra el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución) que implica esta norma, que discrimina a quién sufre la vulneración de un mismo derecho por parte de un órgano del Estado, respecto de la que es producida por un particular.

Si el gobierno no quiere volver a perder elecciones, no deje que este tipo de leyes se sancionen, y apele a las mejores banderas que alguna vez levantó, como la de los derechos humanos, la de calidad institucional o del país serio. Este proyecto es contrario a todo esto.

Córdoba, de noviembre de 2009.