Qué saben los chicos del 25 de Mayo

Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810

En una encuesta, que en la primera clase de año -el  11 de marzo de 2010 -,  hice  con la jefa de trabajos prácticos, Natalia Sabrina Kenis, a 45 alumnos (de los cuales 21 tienen 20 años; 15 nacieron hace 21, 22 años tienen 7 alumnos, y hay 1 de 23 y otro de 25 años de edad) de tercer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, sobre lo que conocían respecto del Bicentenario, obtuve los siguientes resultados:

A la pregunta: ¿Que se conmemora en el Bicentenario? Respondieron: un alumno: La creación de la Constitución; 6 alumnos: la Declaración de la Independencia; 13 no contestaron; y 25: el Primer Gobierno Propio, o la Revolución de Mayo.

Al interrogar: ¿Quién fue Cornelio Saavedra? 28 alumnos dijeron: que fue integrante de la Primera Junta; 9 no contestaron; 6 alumnos: un Presidente; y otro: el Fundador de Córdoba, lo que supongo -por lo absurdo de la respuesta- que fue un chiste que gastó un estudiante, aprovechando el anonimato de la encuesta.

Cuando les pregunté sobre el feriado del 25 de Mayo: ¿Que se conmemora?; ¿A que año corresponde?, ¿Donde ocurrió lo que se conmemora? Respondieron: dos alumnos: la Independencia Patria; 5 no contestaron; y 38 dijeron: la Primera Junta. De estos sólo 15 dijeron correctamente que el 25 de Mayo correspondía al año 1810, y la misma cantidad de encuestados: que tuvo lugar en Buenos Aires.

También pregunté sobre al 9 de Julio: ¿Que se conmemoraba?, ¿A que año correspondía?, ¿A donde ocurrió lo que se celebraba ese día? La  respuesta de 30 alumnos fue la acertada: la Independencia Patria, acaecida en Tucumán: pero 15 confundían esta fecha con la de la Revolución de Mayo, y el año que indicaron –equivocadamente- fue 1810.

Conclusión

De lo relevado en esta muestra se puede concluir que nuestros chicos – y no sólo mis queridos alumnos de la Universidad Católica- carecen de conocimientos básicos respecto de la Nación a la que pertenecen, lo que atenta seriamente contra su identidad ciudadana, y, lo que es más grave, denota graves falencias en el sistema educativo, que es necesario reparar cuanto antes. Además, se trata de personas que por su preparación pronto (cursan una carrera de 5 años) deberán asumir; como futuros abogados,  jueces, legisladores, fiscales, docentes o expertos en Derecho; un liderazgo en la sociedad donde proyectarán las carencias detectadas.

Desgraciadamente, los estudiosos de la historia han discutido tanto sobre lo que pasó en el Cabildo de Buenos Aires aquel glorioso 25 de Mayo de 1810 -muchas veces para justificar posturas ideologías o decisiones políticas actuales- que han desfigurado, en la memoria colectiva, el sentido de lo que quisieron, hicieron y resolvieron los hombres de Mayo.

Lo que decidieron, y que festejamos 200 años después, fue el establecimiento de un Primer Gobierno Patrio; ante el cese de la autoridad del Monarca español, el Borbón Fernando VII, y, en consecuencia, de su alter ego en Buenos Aires, el Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros; con motivo de la invasión napoleónica, ocurrida desde Francia a España.

Dicha Junta fue elegida por voluntad del vecindario de Buenos Aires (lo que fue el primer ejercicio de la democracia en nuestra historia), que como “hermana mayor”, según palabras de Juan José Paso, del resto de las ciudades y provincias que integraban el entonces Virreinato del Río de la Plata, comenzó a regir los destinos de los pocos habitantes que vivían estas despobladas y lejanas tierras del mundo calificado entonces como civilizado. En palabras de Cornelio Saavedra “(…) y no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando”.

Este primer y rudimentario ejercicio de la voluntad popular para designar a quienes nos debía gobernar -la Junta presidida por mencionado Saavedra-, fue el primer paso para lograr más tarde la Independencia -que se declararía, seis años después, en Tucumán, el 9 de Julio de 1816-; y, 43 años después, la definitiva organización nacional, con la sanción -en Santa Fe- de la Constitución Nacional, el 1º de Mayo de 1853.

En vísperas del Bicentenario se torna imprescindible y urgente que el sistema educativo -en todos sus niveles-, los medios de comunicación, las familias y las sociedades intermedias procuren cubrir estas lagunas que jóvenes, y no tan jóvenes, tienen en su memoria respecto de lo que fuimos, de lo que somos; para no equivocarnos en lo que queremos, para nosotros y para nuestra posteridad.

¡Qué desafío!

Córdoba, abril de 2010.

Balance de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Edificio de las Naciones Unidas

El sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH), aprobada en París por la Resolución 217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con las abstenciones de Arabia Saudita, Sudáfrica y seis países comunistas, parece una oportunidad propicia para intentar, aunque más no sea parcialmente –ya que el tema es muy amplio-, hacer un balance de lo que en materia de derechos del hombre se ha avanzado, y, por qué no también, retrocedido, en estas seis décadas, y avizorar las perspectivas para el futuro.

Las expresiones “Derechos del Hombre”, se usa indistintamente con la de “Derechos Humanos”, “Derechos Naturales”, “Derechos Fundamentales”, “Derechos esenciales”, “Derecho Innatos”, “Derecho Personales”, “Derechos Individuales”, “Derechos Morales”, “Derechos Públicos Subjetivos”, “Derechos Subjetivos”, “Libertades Fundamentales” o “Libertades Públicas”, aunque para justificar su empleo se hayan dado distintas razones, pero todas estas denominaciones se corresponden con la idea central de la Declaración Universal.

GESTACIÓN

La gestación de la misma se consiguió, no con poco esfuerzo a poco de terminada la segunda guerra mundial, en el marco de la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego del reparto político que los vencedores hicieron después de la misma sobre el mapa de Europa, y al inicio de la guerra fría, con el significativo aporte de distintas personalidades, entre las que merece destacarse la del filósofo francés Jacques Maritain.

Europa, a mediados del siglo XX, había padecido dos guerras mundiales en la que se habían arrojado dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y , los holocaustos armenio (1915) y los del Tercer Reich de: judíos, polacos, eslavos, prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, homosexuales y discapacitados (entre 1933 a 1944); las experiencias totalitarias: comunistas, nacional socialistas, y fascista; y la guerra civil española, todo lo cual habían costado la vida de decena de millones de personas.

Al sancionarse la DUDH, los países del este europeo y en Asia, la República Popular China, estaban sometidos a regímenes comunistas, en Europa subsistían las dictaduras de Francisco Franco en España y Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, en África comenzaba el proceso de descolonización, se acababa de crear el Estado de Israel, confrontado con los Palestinos y el mundo árabe que lo rodeaba, y la mayoría de los países latinoamericanos estaban gobernados por dictadores o sistemas políticos autoritarios.

Como bien señala Roberto Papini , al describir el proceso de elaboración de este documento, los antecedentes más importantes que se tuvieron en cuenta fueron: el “Bill of Rights” inglés de 1689, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y, muy especialmente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se acababa de aprobar, por Resolución XXX, en la 9ª. Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá entre el 30 de marzo al 2 de mayo de 1948.

La Carta de la ONU, aprobada en San Francisco el 26 de junio de 1945, establecía como fines esenciales de la nueva organización, el “realizar la cooperación internacional(…) en el desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos” (artículo 1 inciso 3) y dentro de los fines de tal cooperación se refiere a promover “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y a la efectividad de tales derechos y libertades” (artículo 55 inc. c).

Para su redacción se designó una Comisión, que se reunión por primera vez en enero de 1947, y que tuvo por Presidente a Eleanor Roosevelt, esposa del difunto Presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt; por vicepresidente al filósofo Dr. P. C. Chang, jefe de la delegación china en la ONU; y como integrantes al filósofo libanés Charles H. Malik, griego-ortodoxo, que fue el rapporteur de la Comisión; al francés René Cassin, un jurista y filósofo judío; a la señora Hans Mehta, del National Congress de la India; a Fernand Dehousse, jurista belga; a John P. Humprey, jurista canadiense, director de la División para los Derechos Humanos del Secretariado General de la ONU; al chileno Hernán Santa Cruz; y a Carlos Rómulo, periodista filipino ganador del Premio Pulitzer.

En dicho Cuerpo pronto hubo posiciones diferentes. Los que representaban a los países de Europa occidental, excluida Gran Bretaña, insistían no sólo en las libertades sino también en el tema de la igualdad, y la atención de los derechos sociales. Los países anglosajones ponían el acento sobre los derechos políticos y no ocultaban una cierta desconfianza con respecto a la intervención del estado. Los países socialistas, que temían que la Declaración estuviera hecha contra ellos, pretendían subordinar al individuo al estado y enfatizaban los derechos económico – sociales con respecto a las libertades políticas, además de insistir sobre la autodeterminación de los pueblos (referida principalmente a la entonces colonias occidentales) y, en todo caso, propensos a defender la libertad de cada estado para aplicar los derechos reconocidos en el marco de cada situación nacional. Los países latinoamericanos, invocaban la reciente Declaración de Bogotá. Los países islámicos, no querían una Declaración demasiado “occidental”. Las diferencias entre Estados Unidos y la URSS se hacían sentir en los debates.

Uno de los primeros enfrentamientos en la Comisión fue la cuestión de si se dotaba a la Declaración de un mecanismo de tutela de los derechos, pero la Señora Roosevelt –conciente que ello no sería aprobado en el Senado de su país-, y apoyada por los países socialistas, se opuso, afirmando que muchos países no habrían aceptado ingerencias en el ámbito interno. Recordemos que en los Estados Unidos algunos estados tenían todavía leyes raciales. Por ello se decidió pasar a otro documento el tema de la tutela.

Esto se conseguirá muchos años después con la creación de distintos tribunales internacionales de derechos humanos; además de la Corte Internacional de Justicia de La Haya -creada 1945, que comenzó a funcionar en 1946 y que era continuadora de la Corte Permanente de Justicia Internacional-; como fueron: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en 1969 en San José Costa Rica, donde tiene su sede; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde 1998 tiene sede en Estrasburgo, Francia, que atiende los reclamos de las víctimas de violaciones de derechos reconocidos en la Declaración Universal y en la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptada por el Consejo de Europa en 1950 y que entró en vigor en 1953, con el nombre: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. También se crearon tribunales penales con competencias especiales en materia de derechos humanos, como lo fueron los de Nüremberg, Tokio, y para los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998 y que entró en vigor en julio de 2002, creó la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que persigue y castiga a los responsables de crímenes, por violaciones graves a derechos humanos, genocidios y delitos de lesa humanidad, dicha Corte sólo juzga casos entre Estados y no entre personas.

Además, en la Comisión el señor Chang propuso que la Declaración tuviera un Preámbulo centrado en la dignidad humana; Malik propició que se definiera ante todo qué es el hombre; otro insistía sobre el principio de que la sociedad fuese considerada anterior al individuo, mientras que Malik consideraba que “el ser humano es más importante que cualquier grupo nacional o cultural al cual pueda pertenecer”.

Como bien recuerda Papini, dentro de la Comisión se designó un Comité, para redactar un borrador preliminar, integrado por: Roosevelt, Chang, Malik y Humprey. A este último, con la ayuda del secretariado de la Naciones Unidas, se le pidió redactar la primera versión.

El borrador de Humprey, tenía 48 artículos, era un listado heterogéneo, aunque bastante completo, de propuestas en los que se afirmaban los derechos políticos, pero también los económicos y sociales. Durante la discusión se confió su revisión a René Cassin, futuro Premio Nóbel de la Paz, que dividió los derechos en categorías y dio un sentido a la dependencia recíproca entre ellas, insistiendo en la vinculación con la naturaleza humana. Propuso un preámbulo y agregó seis principios generales. Su contribución evitó debates sobre la concepción del hombre y de la sociedad, sobre los que no había acuerdo, y trató de superar la confrontación entre los que sostenían sólo los derechos políticos, como Gran Bretaña, y los países socialistas que, en cambio, querían reservar una posición particular a los derechos sociales, vinculando ambas categorías a la dignidad humana. Medió entre diferentes posiciones culturales, especialmente en temas sensibles como la religión y el derecho de familia; como puede verse que en la Declaración donde no está previsto el divorcio ni se condena a la poligamia. El documento revisado era un listado más coherente de derechos.

Se le pidió a la UNESCO ayudar a la Comisión para lo cual decidió reunir a algunas personalidades, en una “Comisión para los fundamentos teoréticos de los Derechos Humanos” cuyos integrantes fueron: Edward Hallett Carr (Presidente), Aldous Huxley, Jacques Maritain, Pierre Teilhard de Chardin, Bertrand Russell, Benedetto Croce, Salvador de Madariaga, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, entre otros, a quienes se les envió un cuestionario. No obstante la diferente valoración de la naturaleza de los derechos -algunos rechazaban la ley natural sobre la que se basaban las declaraciones de los siglos XVII y XVIII, y los socialistas no olvidaban las críticas de Karl Marx a la Declaración de 1789-, las respuestas concordaban en que había que formular una declaración de derechos. Hubo diferencias de enfoque en las respuestas: los no occidentales, pusieron en evidencia lo ajeno del término “derechos” en sus tradiciones, y los asiáticos subrayaban la necesidad de incluir los deberes junto a los derechos.

La contribución de Maritain, que era entonces embajador de Francia ante la Santa Sede, y que fue llamado a último momento para sustituir a León Blum como Jefe de la delegación francesa a la Segunda Conferencia General de la UNESCO en la ciudad de Méjico en noviembre de 1947, fue decisiva. Elegido presidente de la Conferencia, las tesis que expresó en su discurso inaugural tuvieron buena acogidas.

En polémica indirecta con Julián Huxley, Director General de la UNESCO, que en su trabajo L´Unesco ses buts et sa philosophie sostenía la necesidad de que la Organización elaborase una especie de superfilosofía (cientificista) que diera una base teórica a su acción; Maritain, en cambio, propuso un enfoque realista y práctico al problema ya que entendía que: era posible la cooperación entre los hombres por su naturaleza común, y se podían definir “principios prácticos”, esencialmente los derechos humanos, comunes a las distintas corrientes de pensamiento y tradiciones, pero con la condición, paradójicamente, de dejar de lado las justificaciones teóricas que cada uno habría podido dar pero sobre las cuales no hubiera habido consenso. Él así limitaba la naturaleza del acuerdo a una “finalidad práctica”, a “un mismo conjunto de convicciones que guiaban la acción”, y agregaba “con el ´por qué´ comienza la disputa”, en efecto en los hechos “los espíritus no han sido nunca tan cruelmente divididos”. La Declaración derechos, por importante que sea, sólo debería ser “el prefacio de una Carta del mundo cívico”.

Maritain expresó este enfoque en su respuesta a la encuesta de la UNESCO en 1947, y lo reiteró después en su intervención en Méjico y donde la idea prevaleció sobre otras, tanto que Huxley le pidió al filósofo francés que escribiera la introducción a la obra colectiva “Autour de la nouvelle Declaration universelle des droits de l´homme”, en la cual expuso su propuesta. Las respuestas de los “sabios” fue entregada por la UNESCO a la Comisión de los Derechos del Hombre y el contenido de dicho documento influenció decisivamente a los redactores de la Declaración.

Malik quería una referencia explícita a Dios en el primer artículo, pero Cassin, y otros, no estuvieron de acuerdo porque ello minaba la universalidad del documento. Cassin pidió que la Declaración no fuese definida como “internacional” sino como “universal”.

Después de un encendido debate sobre los derechos sociales, se resolvió que se concedía un cierto grado de discrecionalidad a cada uno de los estados, de acuerdo con su propia organización y con sus propios recursos, para poder hacer efectivo dichos derechos.

Algunos insistían en citar a Dios y que los derechos estaban inscriptos “por naturaleza” en el ser humano. Chang logró evitar que Dios y la naturaleza fuesen citados. Los países musulmanes estaban divididos: los delegados de Pakistán y de Egipto aceptaban los mismos derechos para el hombre y para la mujer en el matrimonio y Arabia Saudita era contrario a esto. Egipto y la India estaban dispuestos a aceptar el cambio de religión, Arabia Saudita no.

El dictamen de la Comisión fue sometido al Consejo Económico y Social en la Sesión del 19 de julio al 28 de agosto de 1948, y después a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que entre el 14 septiembre al 10 de diciembre de ese mismo año lo discutió y aprobó.

INSPIRACIÓN PERSONALISTA

La DUDH, siguiendo siempre a Papini, se basa en la idea de la dignidad de la persona, es de inspiración personalista y, sobre esta base, delinea un orden de convivencia pacífica mundial. Recepta, además, la tradición iluminista-liberal al poner énfasis sobre los derechos políticos fundamentales, sin olvidar los derechos económico-sociales cuyos promotores más celosos no fueron los delegados de países comunistas, sino los de los países latinoamericanos, que representaban a 21 de los 55 países que entonces tenían las Naciones Unidas.

“Llamamos personalista a toda doctrina, a toda civilización que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sostienen su desarrollo.”

Digno, para el Diccionario de la Real Academia, es lo “que merece algo en sentido favorable o adverso (…) correspondiente, proporcionado al mérito y condición de una persona o cosa”. Germán J. Bidart Campos, entiende, que la dignidad del hombre es “inherente a su ser, a su esencia, a su naturaleza (…) Quién no ‘es’ hombre (ausencia ontológica de ser) no puede resistir el predicado de la dignidad.”

Maritain afirma que el hombre es, creado por Dios, como realidad material, como individuo, “(…) se sostiene a sí mismo por la inteligencia y la voluntad”, lo que significa “(…) que en la carne y los huesos del hombre hay un alma que es un espíritu y vale más que todo el universo material”. “La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización”. “Esta descripción no es monopolio de la filosofía cristiana (…) Es común a todas las filosofías que, de una u otro manera, reconocen la existencia de un Absoluto superior al orden todo del universo, y el valor supratemporal del alma humana.” Hay también quienes prescinden del derecho natural y fundamentan los derechos humanos en el historicismo, y los consideran derechos históricos o en la ética, y los tienen como derecho morales.

Alfredo Fragueiro agregaba a esta distinción del hombre como individuo y como persona, el de personalidad, ya que todas las personas son iguales en dignidad, pero en la medida que actualizan su potencialidades espirituales y materiales se convierten en personalidades distintas y diferentes, que merecen un trato jurídico diferenciado (ejemplo de ello es que los que tienen muchos ingresos abonan más impuestos que los que tienen pocos).

El hombre tiende por naturaleza a asociarse con otros hombres, es un animal político -como decía Aristóteles-, y al entrar en esta relación de alteridad necesita proteger el desarrollo de su personalidad, este universo hipostático, como dicen los teólogos, unidad indisoluble de espíritu y materia, donde los bienes de la libertad, que residen en su espíritu; el de la vida, que está en su realidad material, y el del trabajo, que se expresan en su personalidad, espiritual y material, necesitan ser respetados y protegidos, y de allí nacen los derechos humanos, anteriores y superiores a las constituciones, tratados internacionales y las leyes positivas, para defender su dignidad personal y sus bienes fundamentales: la libertad, la vida y el trabajo.

La palabra derecho, que viene del latín dirigere (dirigir) o regere (regir), alude a lo recto, o sea a la conducta que, en las relaciones entre personas, se ajusta a lo justo, al regirse por el principio de dar a cada uno lo suyo -que es la esencia del derecho-, y el que la misma esté dirigida al bien común, que es su fin. Las leyes, naturales o positivas, son la causa eficiente del derecho, lo que nos indica que es lo recto, lo justo, “que es lo suyo”. El derecho se manifiesta entonces: en la conducta recta; en la norma, que indica lo que es lo justo, ya que la virtud de la justicia es la esencia del derecho.

El “derecho a ser hombre”, a existir como tal, a la propia personalidad, es el primero de los derechos, le siguen el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a trabajar. Los demás derechos son una derivación de estos. Dichos derechos tienen que ver con el desarrollo que el hombre hace de sus propios bienes y facultades para alcanzar el destino temporal y espiritual, su propia felicidad, para el que ha sido creado, y la confrontación y necesaria armonización con los derechos de los demás hombres, que persiguen iguales propósitos.

Los derechos naturales tienen su raíz en la eminente dignidad del hombre, como una realidad ontológica, que es “un orden ideal relativo a las acciones humanas, una división entre lo conveniente y lo inconveniente, lo adecuado e inadecuado,(…)” pero también como una realidad gnoseológica, que significa el progresivo conocimiento de las normas de derecho natural que el hombre viene haciendo, desde que existe la humanidad, guiándose, según Santo Tomás, por las inclinaciones y no sólo por la racionalidad de la naturaleza humana. Esto es lo que nos permite hablar de un derecho natural de contenido progresivo, que alude al modo con que la razón ha llegado a conocer las reglas del derecho natural a través de los tiempos y nos impide referirnos a los derecho como “nuevos” o “viejos”, según las palabras de Maritain o de los derecho de primera (civiles y políticos), segunda (sociales) y tercera generación (los de nuestra época como los al ambiente, a la información, de los consumidores y usuarios, de las minorías, etcétera).

Maritain dice que “el derecho natural implica esencialmente un desarrollo dinámico, y por qué la conciencia moral, o el conocimiento del derecho natural, ha progresado desde la era de las cavernas de una doble manera: primero, con respecto al modo con que la razón humana ha llegado a conocer de una manera cada vez menos crepuscular, tosca y confusa, las reglas primordiales del derecho natural; segundo, con respecto al modo con que alcanzó a conocer –siempre por el conocimiento a través de la inclinación- sus normas ulteriores y más elevadas. Y ese conocimiento sigue progresando todavía y continuará progresando mientras dure la historia de la humanidad. Ese desarrollo de la conciencia moral es, sin discusión, la mejor prueba del progreso humano.(…) el derecho natural es un código no escrito: ley no escrita, en el más profundo sentido de la palabra, porque nuestro conocimiento no es el fruto del libre concepto, sino resultado de una ideación limitada a las inclinaciones esenciales del ser, de la naturaleza viviente y de la razón, que actúan en el hombre, y porque se desarrolla proporcionalmente al grado de experiencia moral y autocrítica, así como de experiencia social, de que ha sido y es capaz el hombre a lo largo de las diversas edades históricas.”

Malik, bajo la influencia de las encíclicas sociales insistió, cuando se debatía la redacción de la DUDH, que se usara el termino “persona” y no “individuo”, de allí que la misma afirma que la persona está “dotada de razón y de conciencia”, se habla de “derechos iguales e imprescriptibles”, se reconocen no sólo los derechos personales sino también los de los grupos sociales. En su preámbulo, en su proclama y sus 30 artículos se usa 28 veces la expresión “persona”, y “personalidad” en 3 oportunidades.

INFLUENCIAS Y CRÍTICAS

Las ideas que contiene la DUDH tuvieron influencia en las Constituciones y leyes de muchos países también, y en otras declaraciones, tratados y normas internacionales. No sólo fue una declaración de principios, sino como lo expresó más tarde la señora Roosevelt, tuvo “un inmenso caudal educativo”, como bien indica también la Proclama de la Declaración.

Las Convenciones de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario, del 12 de Agosto de 1949, que protegen los derechos de las personas que no toman parte en las hostilidades, y la Convención Europea de Derechos Humanos, celebrada en Roma en 4 de Noviembre de 1950, fueron los primeros ecos de la Declaración. Pero hubo que esperar hasta el 16 de diciembre de 1966, para que sus principios fueran explicitados en tratados internacionales aprobados por la Asamblea de la ONU, como fueron el “Pacto para los Derechos Civiles y Políticos” y al “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, y donde se repitieron las diferencias entre los dos tipos de derechos. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966, que entra en vigor: 23 de marzo de 1976. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte fue aprobado y proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/128 15 44/128 15 de diciembre de 1989. En 1969 se firmó el Pacto de San José de Costa Rica que lleva el nombre de Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Declaración, y estos tratados, tienen en nuestro país jerarquía constitucional por lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, desde que fue reformada en 1994. La Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 23 de junio de 1993 amplió el alcance de la declaración de 1948.

Las críticas que se hicieron sobre el Documento de 1948 prolongaron el debate que hubo durante su gestación, principalmente entre quienes privilegiaban los derechos civiles y políticos, y quienes hacían hincapié en los derechos sociales. La Declaración Universal, a pesar de sus limitaciones, la primera de las cuales fue acentuar la responsabilidad sólo de los Estados en relación con las violaciones de los derechos, fue una síntesis adecuada, al menos para aquella época, de los dos enfoques.

En los últimos años se atiende más a los “nuevos” derechos culturales y ambientales y la ONU ha contribuido al desarrollo de estos temas, especialmente desde la Conferencia de Río sobre el ambiente en 1982, y a la de Beijing sobre la mujer en 1995. Después de la descolonización y a partir de los años setenta, los derechos culturales que tienen que ver con la protección de las lenguas y de las tradiciones, se han vuelto muy actuales, tanto por la exigencia de una representación adecuada de minorías en estados cada vez más multiculturales, cuanto por el surgimiento de conflictos de identidad.

La tradición iusnaturalista, que muestra la DUDH, los Pactos de 1966 y el de San José de Costa Rica, reconoce los derechos como personales y no los considera concesiones del poder público o de cualquier autoridad patriarcal o familiar, lo que puede hallarse en controversia con las tradiciones confucianas, hindúes, islámicas y africanas, en las cuales se privilegian las instancias colectivas sobre las individuales, y los deberes sobre los derechos. En China se acuñó un vocablo nuevo para traducir el término “derecho subjetivo”. De aquí la crítica a la visión “occidental” de estos documentos.

Como bien recuerda Papini, el mundo musulmán elaboró Declaraciones alternativas a la de 1948, considerando los derechos humanos en el Islam: la de Dacca en 1981 y la de El Cairo en 1990 donde, por ejemplo, se mantienen las diferencias entre hombre y mujer. También la “Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos” de 2003. En el sudeste asiático, se insiste en los “valores asiáticos” en antítesis a los occidentales y en 1993, se llega a la Declaración de Bangkok, que da prioridad de los derechos sociales con respecto a los políticos y se antepone el “derecho al desarrollo” sobre los derechos individuales, con una percepción diferente con respecto a la tradicional-occidental entre derechos individuales y colectivos, con el riesgo de someter a la discrecionalidad del poder político el goce de los derechos de libertad de los individuos. En la Conferencia de Viena de 1993, junto a una toma de conciencia positiva sobre la situación de la pobreza en el mundo, se notaba ampliamente la diversidad de lenguajes sobre los derechos.

En el mundo cristiano ortodoxo señaló también distanciamientos con la Declaración de 1948. En 2006, se celebró en Moscú una sesión del Congreso Mundial Ruso, en la cual la Iglesia Ortodoxa tenía una influencia decisiva, y donde se aprobó una Declaración sobre los derechos y la dignidad del hombre; documento muy crítico con respecto a los “principios liberales y anglosajones” consagrados en la Declaración Universal. Dicho documento declara inadmisible que la libertad de elección de un individuo tenga como único límite la libertad de elección de los otros: existen valores superiores de carácter ético, religioso y también patriótico, que, cuando están arraigados en una sociedad, tienen preeminencia sobre la libertad individual.

También, se observa cierta politización del tema de los derechos humanos en occidente, como ocurre con el “nuevo” derecho de “ingerencia humanitaria” invocado en varios casos para justificar las intervenciones en Somalía, en la ex Yugoslavia o en Irak en los años noventa.

Un ulterior problema se refiere a la relación entre el requerimiento de seguridad colectiva, sobre todo debido al terrorismo, y la limitación creciente y peligrosa de los derechos de privacidad sin un suficiente control a las administraciones públicas establecidas a ese fin.

Los derechos económicos, sociales y los culturales son a menudo amenazados también por el sistema económico y financiero globalizado, que es dominante a nivel transnacional, y que no está regulado debidamente por los organismos internacionales, ni por tratados internacionales y que está fuera del alcance y la competencia de las autoridades y la regulaciones de los estados.

Pablo Luís Manili ha dicho, y ha dicho bien, que: “Sin duda, la DUDH fue el punto de partida y la piedra basal del derecho internacional de los derechos humanos, que hoy, a sesenta años de la adopción de ésta, se presenta como una rama del derecho frondosa y desarrollada, con autonomía científica y académica, con un cúmulo de doctrina de autores, de opiniones de órganos no jurisdiccionales y de jurisprudencia de órganos jurisdiccionales que, en el ámbito internacional, han ido edificando un nuevo corpus iuris. Ya no se puede cuestionar, en el siglo XXI, la obligatoriedad de la DUDH. Sea que se adopte la postura de su incorporación al “derecho de la carta” o que se sostenga la doctrina del consenso, su fuerza vinculante está asegurada. Pero la DUDH ha dado un paso más en las últimas tres décadas: su incorporación al derecho constitucional, especialmente en iberoamérica. Seguramente habrá otras constituciones que en el futuro se remitan a ella como fuente de sabiduría y como herramienta para completar el sistema de derechos fundamentales de la persona humana.”

RETROCESOS EN EL MUNDO

Como bien afirma Norberto Bobbio “el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no era el de fundamentarlos, sino el de protegerlos.”

Durante su discusión y aprobación, y después de la DUDH hubo graves atentados a los derechos humanos por causa de los siguientes conflictos bélicos como el árabe-israelí, que es permanente, pero en el que tubo picos del mayor conflictividad: como fueron los quince meses después de la partición en 1947 y la creación del Estado de Israel en 1948 cuando cinco países árabes invadieron el territorio de Israel, la guerra de Suez en 1956, la de los Seis Días en junio de 1967, en 1973 la de Yom Kipur, la del Líbano de 1978, la primera (1987) y segunda intifada (2000) y la ocurrida en la franja de Gaza, entre 2008 al 2009.

A ello hay que sumarle la guerra en Corea (entre la del Norte y la del Sur desde 1950 hasta 1953). La invasión del Canal de Suez por tropas de Francia, Gran Bretaña e Israel, ocurrida el 29 de octubre de 1956, con motivo de su nacionalización decidida el 26 de julio por el Presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, para financiar en parte la construcción de la presa de Asuán, en respuesta a la negativa financiamiento dispuesta por Estados Unidos y Gran Bretaña. A principios de 1957, con la intervención de la ONU, se retiraron las potencias europeas e Israel y el canal se reabrió. La guerra de Vietnam, entre 1958 y 1975, en la que se enfrentaron la República de Vietnam del Sur, apoyada principalmente por los Estados Unidos, y Vietnam del Norte, ayudada por el bloque comunista. Las guerras Indo-Pakistaní de 1965 y de 1971; las de Afganistán (primero por la invasión soviética entre 1979 a 1988, y desde 2001 por la ofensiva internacional encabezada por Estados Unidos); la de Malvinas, al disponer el presidente General Leopoldo Fortunato Galtieri su invasión en 1982 y la réplica del Reino Unido, la del Golfo Pérsico, entre Irak y una coalición internacional de 31 países entre los que se encontraba Argentina, liderada por Estados Unidos y con mandato de la ONU, como respuesta a la invasión y anexión del emirato de Kuwait, entre 1990 a 1992; la intervención de Etiopía en la Guerra Civil Somalí iniciada en diciembre de 2006 y donde en el año siguiente intervino Estados Unidos, para citar los conflictos más importantes; y la guerra civil de Laos, que fue un conflicto armado que se dio en ese país del Sureste de Asia entre 1962-1975.

Los derechos fundamentales fueron gravemente conculcados en los países comunistas, concretamente en la Unión Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), hasta la caída del muro de Berlín en 1989. La invasión de la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia a Hungría en 1956 y a Checoslovaquia en 1968, que interrumpió la Primavera de Praga, que fue el período de liberalización política que duró desde el 5 de enero hasta el 20 de agosto de ese año. Los ocurridos en la República Popular China durante el Gran Salto Adelante (1957 1960), que fracasó y produjo una gran hambruna, y la revolución cultural (1966-1969), con la actuación de los guardias rojos que produjeron innumerables desmanes, ambas impulsada por Mao Tse-Tung que gobernó hasta su muerte en 1976. La masacre de la Plaza Tian’anmen donde hubo también una gran cantidad de muertos, heridos y personas privadas de su libertad sucedió en Pekín en 1989. Actualmente en dicho país hay un régimen comunista, con una economía capitalista muy desarrollada, donde la libertad de los mil trescientos millones de chinos se encuentra por demás conculcadas. Este país es el que mayor cantidad de personas condena a muerte por año en el mundo, aunque no haya estadísticas que respalden dicha afirmación.

En 1949 el Ejército Popular de Liberación chino invadió el Tíbet. Las facciones de tibetanos leales al Dalai Lama, iniciaron en Lhasa el 10 de marzo de 1959, el Levantamiento Nacional Tibetano para exigir la independencia. El ejército de China aplastó el movimiento y el Dalai Lama huyó del Tíbet con sus allegados. En los años siguientes, el Dalai Lama buscó el apoyo de la ONU, cuya Asamblea emitió declaraciones en 1959, 1961 y 1965, solicitando a China que respetara los derechos humanos del pueblo tibetano y su autodeterminación. Desde 1988, el Dalai Lama intenta llegar a un acuerdo y propuso la creación de un Tíbet democrático y con gobierno autónomo, en asociación con la República Popular de China. En 2010 fue recibido por el presidente Barack Obama, de Estados Unidos, con este propósito.

En Estados Unidos la lucha por los derechos civiles y en contra de la segregación racial, aunque continúa todavía con otras características, tuvo un período muy importante entre el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 y el asesinato del líder afroamericano Martin Luther King en 1968. El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Brown v. Board of Education (1954), que rechaza la doctrina de “separados pero iguales” en las escuelas pública fue un paso muy importante para el inicio en esta lucha. En1955 por el racismo se produjeron la muerte de tres personas de color Emmett Till, un adolescente de 14 años; el pastor activista George W. Lee; y el militante de los derechos civiles Lamar Smith. El 1º de diciembre de 1955, Rosa Parks rehusó a levantarse de su asiento en un autobús para dejárselo a un pasajero blanco. Rosa fue arrestada, enjuiciada y sentenciada por conducta desordenada y por violar una ley local. Cuando esto se conoció en la comunidad negra, se organizó el Boicot de Autobuses de Montgomery para protestar por la segregación racial. El boicot duró 382 días, y fue encabezado por el pastor Martin Luther King, hasta que la ley local de segregación entre negros y blancos fue levantada. El liderazgo de King fue creciendo hasta lograr la aprobación de la Civil Rights Act el 2 de julio, y el 14 de octubre de 1964, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, por su resistencia no violenta en contra de los prejuicios raciales. En los últimos años predicó en contra de la guerra de Vietnam y a favor de los pobres. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis (Tennessee).

La guerra de independencia de Argelia tuvo lugar entre 1954 y 1962 y fue un período de lucha del Frente Nacional de Liberación de Argelia (FLN) apoyado por habitantes originales del país en contra de la colonización francesa establecida en Argelia desde 1830. En esta guerra perdieron la vida decena de miles de personas, y se utilizó la tortura y técnicas terroristas, desde y contra el FLN, como de la organización pro francesa OAS, mucha de esas técnicas perversas se utilizarán luego en Latinoamérica.

Las violaciones a los derechos humanos han sido notables en los conflictos multiétnicos y tribales de África, con en Ruanda, que después de independizarse de Bélgica en 1961 padeció el conflicto entre los hutus y los tutsis que culminó con el genocidio de 1994. La Guerra del Congo —que involucró a Angola, Zimbabwe, Uganda, Ruanda y Namibia— fueron las más tremendas. Más de tres millones de personas murieron entre 1998 y 2002 en la selva congoleña por actos violentos, hambre y enfermedades en el más mortífero conflicto surgido en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. En este siglo el genocidio de Darfur, en el oeste de Sudán. Todas estas disputas costaron la vida y el desplazamiento gran cantidad de personas.

El apartheid en Sudáfrica significó un sistema de separación étnica favorable a la minoría blanca, que hizo que el líder negro Nelson Mandela estuviera 27 años en prisión antes de llegar a ser presidente democrático de ese país entre 1994 y 1999.

Igualmente en los conflictos que se sucedieron entre 1993 y 1995 en Bosnia y Herzegovina, Repúblicas que habían pertenecido a la antigua Yugoslavia. A principio de la última década del siglo pasado se dio también el genocidio de Ruanda, y ya en este siglo el de Darfur, en el oeste de Sudán. Todas estas disputas costaron la vida y el desplazamiento de centenares de miles de personas.

Los grupos terroristas como ETA en España y Francia, la Organización de Liberación de Palestina (OLP), las Brigadas Rojas en Italia entre 1970 a 1973 que secuestraron y mataron al líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro, Jihad Islámica Palestina que actuó en la década del setenta, Hamas en la Franja de Gaza desde 1987, Al-Jihad fundada en 1970 en Egipto, el Ejército Rojo Japonés creado en 1970, Hezbollah grupo chiíta fundado en 1982 en el Líbano, Al-Qaeda creado por Osama Bin Laden en 1980 para unir a los árabes que lucharon en Afganistán contra la URSS, la banda Baader-Meinhof, liderada por Andreas Baader que desde 1969 actuó en Alemania Federal, y otros que actuaron en distintos países o regiones como fracciones políticas violentas atentaron también seriamente contra los derechos invocados en la DUDH.

Luego de la disolución de la URSS Chechenia declaró su independencia en noviembre de 1991, pero Boris Yeltsin en 1994 envió tropas para restaurar la autoridad de Moscú. La primera guerra terminó en 1996, con una derrota humillante del ejército ruso. En octubre de 1999, el primer ministro ruso Vladimir Putin reanudó la ofensiva, lanzando una “operación antiterrorista”, luego de que se produjeran varios atentados en Moscú que se le atribuyeron a los chechenos. Estos conflictos bélicos en la pequeña república caucásica musulmana han costado muchas vidas.

El 9 de abril de 1991, poco después del colapso de la URSS, Georgia declaró su independencia, pero en 1992 se vio envuelto en una guerra civil que duró casi hasta 1995. Este año, dos regiones del país, Abjasia y Osetia del Sur, se vieron en disputa con otros separatistas locales, lo cual desembocó en guerras y violencia interétnica, apoyadas por Rusia, Abjasia y Osetia del Sur mantienen de facto independencia de Georgia. Muchas personas murieron, la mayor parte de ellos civiles asesinados en operaciones de limpieza étnica, otros fueron desplazados o expulsados. El 7 de agosto de 2008 las fuerzas armadas de Georgia comenzaron la operación Campo Limpio con el fin de “restaurar el orden constitucional” en Osetia del Sur. Los combates se iniciaron en los alrededores de la capital de Osetia del Sur, con la batalla de Tsjinval. Poco después esta operación se convirtió en una guerra entre Georgia de un lado y las repúblicas separatistas pro-rusas de Osetia del Sur y Abjasia y la misma Rusia de otro.

RETROCESOS EN LATINOAMÉRICA

Sería muy largo detallar los atentados a los derechos humanos habidos en estas seis décadas en los países latinoamericano con motivos de las dictaduras, las guerrillas, las organizaciones paramilitares, y últimamente por los carteles del narcotráfico, con sus secuelas de muertes, desaparición de personas, torturas, exilios y pérdida de hijos por quienes fueron víctimas de la represión.

En el marco de la guerra fría se creó el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), llamada de 1963 a 2001 Escuela de las Américas (School of the Americas), que es una organización para la instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos situada actualmente en Fort Benning, en la localidad estadounidense de Columbus (Georgia). Dicha escuela estuvo situada desde 1946 a 1984 en Fort Amador y luego en Fort Gulick, Panamá. Se graduaron gran cantidad de militares y policías de hasta 23 países de América Latina, algunos de ellos de especial relevancia por sus crímenes contra la humanidad. En la misma se difundió lo que se conoció como la Doctrina de la Seguridad Nacional y se instruyó a militares, policías y personal de inteligencia en técnicas de contrainsurgencia operaciones de comando, tiro franco, guerra psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio, lo que tanto daño hizo a los derechos humanos en nuestro país y en Latinoamérica.

La revolución cubana encabezada por Fidel Castro en 1959 con la gran cantidad de fusilados, exiliados, confiscaciones de bienes y las privaciones de la libertad que se dieron y subsisten todavía en la isla. Un millón de exiliados hay en Estados Unidos, en países latinoamericanos y europeos.. Durante muchos años desde Cuba y bajo este régimen se impulsó la lucha armada y se entrenaron guerrilleros que operaron luego en distintos países de América Latina y de África. La figura del Ernesto “Che“ Guevara representa este modo de rebeldía que entusiasmó a muchos jóvenes antes de la caída del muro de Berlín. El régimen mantiene en prisión desde el año 2003 a 75 disidentes. Durante el año 2010 murió en prisión –mientras protestaba con una huelga de hambre- uno de ellos, Orlando Zapata Tamaño, lo ha hecho que el mundo proteste por esta afrenta contra los derechos humanos. Las Damas de Blanco y grupos de opositores ejercen cada vez mayor resistencia dentro de la isla. Actualmente, con la presidencia de Raúl Castro, sigue sin haber elecciones libres y existe monopolio del gobierno en los medios de comunicación, incluido en Internet. El bloqueo dispuesto por Estados Unidos – al que se oponen los demás países de Latinoamérica- es la razón principal que invoca el régimen para mantenerse. El 12 de abril de 2003 fueron fusilados, luego de un juicio sumario de pocos días, los jóvenes Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luís Martínez Isaac por haber secuestrado una lancha para huir a Estados Unidos.

Al atardecer del 2 de octubre de 1968, pocos días antes de los Juegos Olímpicos, en ciudad de México miles de estudiantes y residentes llenaron la plaza de las Tres Culturas de la unidad habitacional Tlatelolco. Al amparo de la oscuridad, el ejército y la policía rodearon a la multitud en un movimiento de tenazas y lo reprimieron usando helicópteros, tanquetas y abrieron fuego. Esa noche infernal, conocida hoy como la masacre de Tlatelolco, dejó un gran número de muertos, que algunas estiman en 300, y miles de heridos y presos.

Los derechos humanos fueron gravemente afectados por el accionar de las guerrillas, rurales y urbanas, en distintos países de Latinoamérica como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional, en Colombia, las más antiguas del continente; en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, convertido actualmente en el partido de gobierno del presidente Mauricio Funes; en Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; en Honduras, la Unificación Democrática; en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente convertido en partido político en el gobierno del presidente Daniel Ortega; en Perú, Sendero Luminoso; en Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros, uno de cuyos líderes José Mujica, es el actual presidente de ese país; a los que se podría agregar en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esta enumeración recordamos sólo los más importantes y por el accionar de estos grupos se perdieron muchas vidas.

La Operación Cóndor o Plan Cóndor fue la coordinación de las acciones contra la guerrilla y el terrorismo de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur de América -Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- entre sí y con la CIA llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. Por la misma se hicieron seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios ilegales, traslados entre países y desaparición o muerte de subversivos y opositores a las dictaduras militares de la región.

Entre los hechos que se le atribuyen está el asesinato del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires, junto a su cónyuge Sofía Esther Cuthbert Chiarleoni, el 30 de septiembre de 1974; del ex ministro del gobierno de Salvador Allende, Marcos Orlando Letelier en Washington D.C. Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1976; y la tentativa de atentado sufrido en Roma por, el ex ministro del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, ocurrido el 6 de octubre de 1975, que por suerte salvaron sus vidas. En los últimos tiempos se ha podido comprobar que el presidente Frei Montalva fue asesinado cuando se encontraba internado en un centro de salud en 1982 por personeros del régimen pinochetista. El 18 de mayo de 1976 fue secuestrado en Buenos Aires el político uruguayo del Partido Colorado, ex legislador y ministro, Zelmar Raúl Michelini, hallándose su cuerpo sin vida, asesinado, el 21 de mayo, junto con el del ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, que también había sido secuestrado, y los de los ex militantes guerrilleros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo Metropolitano de El Salvador fue asesinado el día 24 de marzo de 1980, que en sus homilías dominicales había denunciado violaciones de los derechos humanos. Se sospecha que un represor argentino del Batallón 601 llamado o apodado Emilio Antonio Mendoza habría sido uno de los que lo asesinaron. En 1994, su sucesor Arturo Rivera y Damasse, abrió la causa para su canonización y Monseñor Romero recibió el título de Siervo de Dios.

La vuelta a la democracia constitucional en los distintos países de la región, con la excepción de Cuba, mejoró sustancialmente la situación de los derechos humanos, aunque respecto a la forma que se trató la cuestión de lo que sucedió en el período predemocrático, con Horacio Verbitsky podemos decir que: “Chile y la Argentina constituyen un modelo, si bien hay diferencias: en el caso de la Argentina, el establishment militar se derrumbó después de la guerra de Malvinas; en Chile, en cambio, Pinochet se retiró con todo los honores y se mantuvo con las leyes de amarre, los senadores vitalicios y la comandancia en jefe. Por eso, creo que la lucha fue más difícil en Chile que en la Argentina y no porque aquí haya sido fácil, por cierto. El otro modelo en el mundo, es el de Sudáfrica, donde se plantea el canje de impunidad por confesión de la verdad. (…) Los modelos del Cono Sur están teniendo repercusiones en Uruguay y en Colombia, y han tenido repercusiones en Perú (como los casos de Barrios Alto y el Grupo Colina), donde en función de decisiones del Sistema Interamericano han comenzado los procesos contra perpetradores de las violaciones de los derecho humanos. Tanto en Chile y Argentina como en Sudáfrica los procesos de justicia son posteriores a los hechos. En Colombia, en cambio, el proceso de justicia es contemporáneo con el conflicto, lo cual es una condición totalmente distinta. El presidente Álvaro Uribe abre una negociación con los paramilitares sobre un modelo a la sudafricana, de canje de impunidad por confesión.”

En la primera década de este siglo han aparecido nuevas formas de autoritarismo en Latinoamérica, con perfil populista, y donde se intenta partir la sociedad en dos fracciones en conflicto permanente, como se observa en la Venezuela de Hugo Chávez Frías, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Rafael Correa Delgado y en la Nicaragua de Daniel Ortega, donde se ha concentrado el poder en la fracción dominante -aunque todavía hay elecciones-; se ha permitido la reelección de los presidentes; se ha limitado el funcionamiento y competencia de los órganos legislativos; la Justicia es adicta al régimen y sigue sus pautas; los estados y municipios han visto cercenada su autonomía; se persigue, encarcela y excluye a los opositores; hay clientelismo político; se ha limitado el uso de los medios de comunicación masivos y, en general, se cercenan en forma creciente los derechos humanos. Este modelo, o algunos rasgos de los mismos, son o intentan se imitados por políticos en otros países (verbigracia: el ex presidente Manuel Zelaya de Honduras protagonista principal del golpe de estado del año 2009 por el que fue derrocado; y el político y militar retirado peruano Ollanta Moisés Humala Tasso, fundador del Partido Nacionalista Peruano y ex candidato a presidente), y por gobiernos, como en nuestro país durante las presidencias a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El terrorismo se expresó brutalmente en los atentados perpetrados en Buenos Aires: contra de la embajada de Israel el 17 de marzo de 1992 cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha, causando la destrucción de la embajada, daños a una iglesia católica y a una escuela ubicada en un edificio cercano, en el que murieron 29 personas, e hirió otras 242; y el 18 de julio de 1994 a la mañana una bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA-, en calle Pasteur 633, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Ambos atentados se encuentran impunes todavía aunque se sospecha como responsables a terroristas de Hizbollah e Irán.

En los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 el terrorismo atentó contra las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono, cuando dos aviones de American Airlines y de United Airlines, se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, y un tercer avión de American Airlines impactó contra la esquina del Pentágono en Virginia; en ambos atentado murieron unas tres mil personas.

En España, en la Estación Atocha – cerca de Madrid- el 11 de marzo de 2004 explotó una bomba, una segunda en la estación de El Pozo y otra en Santa Eugenia, y, minutos más tarde, cuatro explosiones más destruyen otro tren a 500 metros de Atocha. En estos atentados murieron 192 personas y 1.500 resultaron heridas.

Estos hechos además de afectar a los derechos humanos provocaron que se iniciara una nueva forma de guerra, contra el terrorismo, sin un enemigo determinado -que no era otro estado como hasta ese momento de entendía la guerra-. Ello motivó la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak en el año 2003 –invocando razones que luego se demostraron falsas-, los actuales conflictos que se desarrollan en Afganistán y Paquistán, e hizo que se produjera la sanción en el Congreso de los Estados Unidos del Acta Patriótica (2001), que admite restringir los derechos personales hasta límites por demás discutibles y que se instalaran cárceles como la de Guantánamo, donde el trato a los internos es inhumano y donde alguno de ellos no tienen procesos. Por ella se ha llegado a justificar los interrogatorios haciendo uso de la técnica de tortura que en nuestro país se conoció con el nombre del “submarino”.

RETROCESOS EN ARGENTINA

La DUDH se produce cuando en Argentina vivía una etapa en que se alternaban gobierno civiles y militares, que comenzó el 6 de septiembre de 1930 y que concluyó el 10 de diciembre de 1983, en la que se sucedieron seis golpes de estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) producidos por militares que derrocaban a gobiernos constitucionales. Durante este tiempo los gobiernos –civiles y militares- se arrogaban atribuciones de emergencia – previstos o no en la Ley Fundamental-, que limitaban o desconocían derechos de las personas. Se gobernaba bajo estado de sitio, estado de guerra interno, ley marcial, o plan CONINTES, la regla era la emergencia y la excepción (los días que había elecciones) el pleno ejercicio de los derecho ciudadanos. Antes de 1983 hubo muchas personas privadas de su libertad física sin orden escrita de autoridad competente, algunas que pasaron más ocho años en esa situación. La detención con incomunicación era frecuente y muchas veces llegó a durar más de un año. Las órdenes judiciales emanada de los jueces en los hábeas corpus o en las mismas causas penales eran desoídas o incumplida por las autoridades administrativas, policiales o militares, y los pedidos de los arrestados de salir fuera del país, fundados en el estado de sitio vigente (artículo 23 de la Constitución), eran también incumplidas. Se cesantearon sin causa ni indemnización muchos empleados públicos. Se torturaron y vejaron a detenidos y se obligaron a exiliarse a muchos argentinos. Los medios de comunicación eran censurados. En los allanamientos de viviendas se sustraían o destruían bienes.

1. LA PRIMERA DÉCADA

En 1948, cuando se aprueba la DUDH, era presidente constitucional el general Juan Domingo Perón, en su primer mandato, y durante el mismo se persiguió muchos de los que se le oponían, como ocurrió con Cipriano Reyes, un dirigente sindical de la carne que fue uno de los que lideró la gran manifestación popular del 17 de octubre de 1945 que hizo posible que ganara la elección presidencial, el año siguiente, el entonces coronel Perón. Pero Reyes pronto cayó en desgracia con el peronismo y en 1946 le asaltaron el sindicato, porque Perón quería que todos los gremios dependieran de la CGT y Reyes no esta de acuerdo. En 1946 fundó el Partido Laborista y al año siguiente, ya diputado nacional, salvó su vida cuando lo ametrallaron a la salida de su casa. En 1948 fue acusado de complot contra el presidente y contra Eva Perón. Fue torturado casi hasta morir y estuvo preso entre 1948 y 1955.

En 1949 fue detenido torturado y muerto en Tucumán el dirigente sindical azucarero Carlos Aguirre, del Partido Comunista. Sufrieron tortura los militantes universitarios Ernesto Mario Bravo y Luis Vila Ayres, comunista el primero y socialista el segundo, y el abogado radical Juan Ovidio Zavala.

Ricardo Balbín, líder de la opositora Unión Cívica Radical, en 1946 fue electo diputado nacional y presidió el llamado “Bloque de los 44″, el único opositor en la Cámara de Diputados, ya que el Senado era enteramente oficialista. Por su oposición parlamentaria el gobierno lo persiguió política y judicialmente, hasta que fue expulsado del Congreso en 1949 y encarcelado en el penal de Olmos en La Plata. En 1950 es candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires y vuelve a ser encarcelado el mismo día de los comicios. A fines de ese año, el presidente Perón lo indulta, y en 1954 vuelve a ser encarcelado.

Durante los dos primeros gobierno de Perón iniciados en 1946 actuó un grupo político violento llamada Alianza Libertadora Nacionalista, y en su segundo gobierno, iniciado en 1952, el conflicto con los opositores se agravó y extendió a la Iglesia, a los profesores de las universidades que fueron cesanteados, y a una fracción de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de Perón en 1950 clausuró 40 medios de comunicación, expropió todo el papel de diario y avanzó sobre el control y censura a los medios de comunicación.

En enero de 1951, el Gobierno de Perón expropió el diario La Prensa, que luego reapareció como medio de las centrales obreras. el levantamiento del 28 de septiembre de 1951, encabezado por un general retirado -Benjamín Menéndez-, rápidamente sofocado. Su única víctima fue un cabo leal. Como consecuencias de ello se dictó una ley que imponía la pena de muerte para hechos similares y fueron arrestados los militares Alejandro Agustín Lanusse, Julio Alsogaray, Tomás Sánchez de Bustamante, Luís M. Prémoli, Alcidez López Aufranc, entre otros.

El 15 de abril de 1953, durante el primer acto televisado por Canal 7, en que Perón hablaba a trabajadores de la CGT en Plaza de Mayo, un grupo antiperonista hizo estallar dos bombas, que mataron a 5 trabajadores y dejó más de 90 heridos. Fueron detenidos como responsables del atentado y sufrieron torturas el radical Roque Carranza –que luego será Ministro de Defensa del presidente Raúl Alfonsín- y el demócrata progresista Carlos Alberto González Dogliotti, así como Yolanda J. V. de Uzal y los hermanos María Teresa y Jorge Alfredo González Dogliotti.

Al finalizar dicho acto, grupos de la Alianza Libertadora Nacionalista se encaminaron por la avenida Rivadavia hasta el 2100, donde estaba la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista y donde funcionaba el diario La Vanguardia, a la que asaltaron y prendieron fuego, con gente adentro que huyó por los fondos. Luego siguieron la sede capitalina del radicalismo bonaerense, en Moreno al 2400, la del Partido Demócrata, que estaba en las cercanías, y el edificio del Comité Nacional de la UCR, en Tucumán al 1600. Finalmente, el edificio del Jockey Club, en la calle Florida, entre otros intentos que la Policía evitó.

En el conflicto con la Iglesia Católica que se planteó el gobierno dispuso la expulsión de monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Ramón Novoa, después de la procesión de Corpus Cristi del 11 de junio de 1955 que congregó a 200 mil personas. El 16 de junio de ese año aviones militares, en su mayoría de la Armada, bombardearon Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la avenida Paseo Colón, la Avenida de Mayo, el Congreso, y la residencia presidencial (donde ahora está la Biblioteca Nacional), de lo que resultó la muerte de 364 civiles y más de 800 heridos; esa noche grupos afines al gobierno, y con su complicidad, saquearon e incendiaron en Buenos Aires la Curia Metropolitana y las iglesias: Catedral, de San Francisco, San Ignacio, Santo Domingo, San Miguel, San Nicolás, San Juan, la Merced, la Piedad y el Socorro. El 17 de junio de 1955 en Rosario fue detenido y torturado hasta morir el médico Juan Ingalinella del Partido Comunista, del cual nunca se encontró su cadáver.

La Revolución Libertadora del 16 de septiembre de ese año derrocó a Perón y lo reemplazó por un gobierno de facto cuya presidencia recayó primero en el General Eduardo Lonardi y desde el 13 de noviembre por el general Pedro Eugenio Aramburu; en el mismo se proscribió al peronismo, se intervinieron sindicatos y universidades, en las que se expulsaron a profesores. El 12 de junio de 1956, fue fusilado el general Juan José Valle, líder del frustrado levantamiento cívico-militar producido el 9 de junio de ese mismo año, que encabezó junto con el general Raúl Tanco. El saldo de muertos fusilados fue de 18 militares y 13 civiles.

En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se perpetró un atentado terrorista en el que murieron 15 personas y hubo 20 heridos, mediante bombas que hicieron volar los depósitos de nafta que la empresa Shell tenía en barrio San Fernando, en Córdoba, lo que motivó la intervención federal y la caída del gobernador Arturo Zanichelli. Entre los autores, que nunca fueron condenados, estaban los dirigentes de la Alianza Libertadora Nacionalista, Carlos “Coco” Pedrotti y Oscar “Perro” Moyano.

Felipe Vallese, obrero metalúrgico, fue secuestrado el 23 de agosto de 1962 y luego de ser torturado en una comisaria de Villa Adelina desapareció.

2. LA GUERRILLA

El primer grupo guerrillero en Argentina fue el de los Uturuncos, que tuvo una efímera vida entre mediados de 1959 y febrero del 60 en la zona boscosa del sur de la provincia de Tucumán, en el departamento de Chicligasta. El nombre del grupo guerrillero fue Ejército de Liberación Nacional-Movimiento Peronista de Liberación, aunque pasó a la historia como: Uturuncos. El asesinato de un obrero azucarero en Tucumán encendió la chispa. Enrique Manuel Mena, líder peronista de izquierda que tomó el alias de “Comandante Uturunco” fue el jefe del grupo. Hicieron ataques a comisarías, cuarteles de bomberos y comercios. En la Nochebuena de 1959 tomaron la comisaría de Frías, en Santiago del Estero. Pero por falta de apoyo entre la población, fue desbaratado en poco tiempo por las fuerzas de seguridad del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) del presidente Arturo Frondizi. El comandante Uturunco fue arrestado en 1960.

El segundo intento guerrillero rural fue liderado por Jorge Ricardo Masetti, alias “Comandante Segundo”, periodista de Radio El Mundo que, mientras cubría la revolución en la Sierra Maestra, Cuba, se incorporó a la lucha armada. En febrero de 1964 fundó el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) para actuar en la región de Orán Salta, durante la zafra azucarera. Massetti, ingresó con sus hombres por la frontera con Bolivia para afianzar la guerrilla en el norte argentino, que luego quedaría en manos del “Comandante Primero”, el Che. El campamento fue descubierto por Gendarmería y destruido poco después, y el cuerpo de Massetti jamás apareció.

En septiembre de 1968 en un paraje llamado La Caña, a 120 kilómetros de Taco Ralo, en el sudeste de Tucumán, la policía recibió informaciones: sobre movimientos de grupos armados presumiblemente guerrilleros. Desde San Miguel del Tucumán, a unos cien kilómetros de Taco Ralo, partieron sesenta efectivos de la policía local al mando del comisario Hugo Tamagnini. Llegaron al campamento, que los guerrilleros llamaban “El Plumerillo”, la noche del 18, y atacaron y redujeron a los rebeldes, deteniendo a 9 personas, incluida una mujer, pero 4 escaparon y luego fueron encontrados el jueves 19 y, junto con las restantes, fueron trasladados a Tucumán. El grupo se denominaba Comando Montonero 17 de Octubre, de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), y fue fundado en abril de 1968 por los integrantes de la Juventud Peronista: Envar El Kadr, Carlos Caride y los ex seminaristas Gerardo Ferrari y Arturo Ferré Gadea. Las Fuerzas Armadas Peronistas no se desmantelaron tras el fracaso. Los guerrilleros de Taco Ralo reconocían el líderazgo de Perón. Las FAP reaparecieron en 1969 y 1970 con varias acciones de guerrilla urbana y en 1971 un sector de las FAP se integró a Montoneros. El 22 de mayo de 1973 las FAP ejecutaron al dirigente sindical Dirk Kloosterman secretario general del sindicato de trabajadores mecánicos (SMATA).

La guerrilla argentina que actuó después tuvo dos vertientes: el peronismo y el marxismo. Entre las primeras actuaron tres grupos principales: las referidas FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), Descamisados y Montoneros. Esta última organización sería la más importante y terminaría incluyendo en su seno a todas las expresiones de la guerrilla peronista, desprendimientos de grupos marxistas y a las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) una organización que se había originado en fracciones de partidos de izquierda, especialmente el Partido Comunista y el Partido Socialista de Vanguardia, para integrarse con grupos provenientes de la Juventud Peronista. Por el contrario, el núcleo fundador de Montoneros, provenía de grupos de la extrema derecha católica, y fue evolucionando junto con algunos sectores de la Iglesia, conocidos como sacerdotes del Tercer Mundo, hacia posiciones más progresistas hasta situarse a comienzos de los 70 a la izquierda del peronismo.

2.1. MONTONEROS

Montoneros fue un grupo guerrillero, cuyos principales dirigentes fueron Mario Firmenich, un hombre de formación nacionalista católica, Fernando Abal Medina, su pareja Norma Esther Arrostito, y Gustavo Ramus, y que se presentó en sociedad el 1º de junio de 1970 mediante un comunicado referido al secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu. El secuestro había sido el 29 de mayo, cuando un grupo de montoneros, vestidos como oficiales del Ejército, lo sacaron en su departamento y lo llevaron a una chacra de Timote, provincia de Buenos Aires, y luego de un “juicio revolucionario” fue asesinado por Fernando Abal Medina en el sótano de la mencionada chacra. El 1º de julio de 1970, coparon la localidad cordobesa de La Calera. En la retirada, fue herido el montoneros Ignacio Vélez; detenidos Luís Lozada, José Breganti, Felipe Defrancesco, Cristina Liprandi, José Fierro, Juan Conte Grand, Juan Sorati Martínez y Heber Albornoz, y murió en el enfrentamiento Emilio Maza.

El 18 de marzo de 1972 tres hombres y una mujer que dijeron pertenecer a Montoneros ingresaron a la casa del dirigente político Roberto Mario Uzal, miembro del partido Nueva Fuerza, e intentaron secuestrarlo. Uzal se resistió y en el tiroteo resultó gravemente herido, falleciendo dos días más tarde, el 20 de marzo. Mataron, también, al dirigente sindical José Ignacio Rucci, por entonces Secretario General de la CGT, hecho que acaeció el 25 de septiembre de 1973 en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires.

El 14 de febrero de 1974 asesinaron al dirigente político y diputado nacional radical Hipólito Acuña. El 22 de marzo de ese año al retirado dirigente sindical peronista Rogelio Coria. Arturo Mor Roig, dirigente radical que había sido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en el gobierno de Íllia y Ministro del Interior durante la dictadura presidida por el general Alejandro Lanusse y que se había retirado de la política, fue asesinado por Montoneros el 15 de julio de 1974 mientras almorzaba en un restaurante de San Justo. El 1º de noviembre de ese año, el comisario Carlos Villar, uno de los organizadores de la Triple A, y su esposa Elsa Marina Pérez, mientras hacía un paseo por el delta del Tigre en una lancha, en la misma se produjo una explosión por la que murieron ambos.

El 19 de septiembre de 1974 un comando Montonero secuestró y obtuvo el cobro del mayor rescate de la historia argentina ya que la organización recibió 60 millones de dólares, por la entrega con vida de los hermanos Juan y Jorge Born, principales accionistas Bunge & Born –la principal empresa cerealera del país-, a los seis y nueve meses respectivamente. Durante este hecho fueron asesinados un empresario de apellido Bosch y al conductor del vehículo apellidado Pérez en que viajaban los secuestrados.

El 5 de octubre de 1975 Montoneros atacó el Regimiento de Infantería 29, en la provincia de Formosa. En la operación participaron más de cincuenta guerrilleros. Para llevar a cabo la ofensiva, se robaron más de 20 vehículos y secuestraron un Boeing 739 de Aerolíneas Argentinas en pleno vuelo. El enfrentamiento dejó un saldo de 13 muertos y 19 heridos del Ejército y un número similar o mayor de bajas, de montoneros.

El 28 de diciembre de 1975 Roberto Quieto, de la conducción de Montoneros, concurrió a la playa “La Grande”, en Martínez, junto a familiares suyos, donde fue detenido por personal policial, se lo torturó y pasó a integrar la lista de desaparecido. Un comunicado de Montoneros del 14 de febrero de 1976 informó que el “Tribunal Revolucionario” encontró a Quieto “culpable de los delitos de deserción en operación y delación, y propuesto las penas de degradación y muerte a ser aplicadas en el modo y oportunidad a determinar”.

A mediados de 1975, Montoneros formó la “Compañía Montoneros de Monte” que operaría en el noroeste de Tucumán. El 13 de febrero de 1976 mientras los montoneros penetraban por la zona de El Cadillal se produjo un encuentro con el Ejército Argentino, donde resultaron muertos varios integrantes de “Fuerza de Monte del Ejército Montonero”, entre ellos Juan Carlos Alsogaray, hijo del Teniente General Julio Alzogaray, quien, hacía un tiempo, había sufrido un intento de secuestro fallido en la vía pública a manos de Montoneros, donde militaban sus hijos.

El 2 de julio de 1976 se atentó, colocando una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, que causó la muerte de 18 personas y fueron heridas a otras 66. El 19 de agosto, los Montoneros interceptaron el auto particular del general Omar Carlos Actis a cargo de la organización del Mundial 78 de fútbol, y cuatro guerrilleros lo asesinaron. El 12 de septiembre Montoneros destruyó un ómnibus policial en Rosario con un coche bomba, matando a 9 policías y dos civiles, e hiriendo gravemente a por lo menos 50. Durante el 8 de octubre fueron atacados con bombas las oficinas de las compañías Fiat, Mercedes Benz y Chevrolet. El 16 de octubre otra bomba detonó en el club de cine del Círculo Militar, que no causó muertos pero hirió a 60 personas. Durante los primeros tres días de noviembre cinco casas de cinco ejecutivos empleados por Laboratorios Lazar fueron atacados con bombas y Carlos Roberto Souto, ejecutivo de Chrysler fue asesinado por miembros de los Montoneros. El 15 de diciembre del mismo año, fue el atentado con explosivos que produjo 14 muertos y 20 heridos, en el micro cine de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa, durante una reunión de trabajo. En la llamada Masacre de Margarita Belén militares y policías ultimaron a 22 Montoneros la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, cerca de la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco.

2. 2. E.R.P.

La vertiente marxista la expresó el grupo guerrillero “foquista” llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), liderado por Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo, durante los años setenta. Hacia finales de 1975 fue desarticulado por las Fuerzas Armadas como consecuencia del Operativo Independencia.

El ERP formó la “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez” en Tucumán, y las Compañías urbanas “Decididos” de Córdoba, “Combate de San Lorenzo”, en Paraná, “Héroes de Trelew”, “José Luis Castrogiovanni” y “Guillermo Pérez”, estas tres últimas constituyeron el “Batallón urbano José de San Martín”, de Buenos Aires, cuyo bautismo de fuego fue el asalto al cuartel militar de Monte Chingolo.

A principio de 1969 Santucho asaltó el Banco Provincia de Escobar llevándose unos 213 mil dólares; en septiembre de 1970 asaltaron una comisaría de Rosario y mataron a dos policías; el 17 de marzo de 1972 mataron en su casa del Comandante de Gendarmería Pedro Agarotti; y en febrero de 1973 asaltaron y tomaron el Batallón 141 de Comunicaciones del ejército, en Córdoba, y sustrajeron armamento y municiones. Luego asaltaron al Comando de Sanidad del Ejército en la Capital Federal pero cinco horas más tarde los militares abren fuego y se libra un combate hasta que los guerrilleros se rinden. El 19 de enero de 1974 asaltaron y coparon la guarnición militar de Azul, en la provincia de Buenos Aires, pero fueron resistidos lo que obligó a que Gorriarán Merlo –su líder- decidiera la retirada. En este operativo murieron el coronel Arturo Gay, su esposa, Nilda Cazaux de Gay; el coronel Ibarzábal, este último luego de un prolongado cautiverio en una de cárcel del pueblo, y 5 guerrilleros.

El domingo 28 de abril de 1974, fue asesinado en la calle -cuando iba a ver un partido de fútbol- quién había sido juez de la Nación, Jorge Vicente Quiroga, que había integrado la Cámara Federal en lo Penal, disuelta por ley en 1973, y que durante el gobierno militar juzgaba a los “subversivos”, que luego habían sido beneficiados por una ley de amnistía de ese mismo año.

En mayo de 1974 en Tucumán asaltaron y coparon la localidad de Acheral. En agosto de 1974 atacaron en simultáneo la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, donde fue capturado el Coronel del Ejército, Argentino del Valle Larrabure y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca, la que fracasó. El 13 de abril de 1975 el ERP hizo una operación contra el Batallón de Arsenales 121, en la localidad de Fray Luis Beltrán al norte de Rosario. En los enfrentamientos resultaron muertos dos guerrilleros y el coronel Carpani Acosta. El 11 de mayo de 1975 se produjo un intenso tiroteo en la ruta 301 en Tucumán, en donde fue muerto el subteniente Raúl Ernesto García. Manipulando material explosivo, el 5 de agosto pierde la vida el teniente José Conrado Mundani. Y el 16 de agosto mueren en un enfrentamiento en la localidad Las Mesadas de Tucumán, el cabo primero Miguel Dardo Juárez y seis guerrilleros. En Septiembre de 1975, tras 8 meses de lucha, el ERP, pone fin a la guerrilla rural. Su última gran acción fue el fallido asalto al Batallón Depósitos de Arsenales 601 Domingo Viejobueno, ubicado en la localidad de Monte Chingolo.

Los atentados y muertes recordados fueron desde nuestro punto de vista los más resonantes y significativos, pero hubo muchos otros que costaron vidas y dañaron seriamente a los derechos humanos.

3. LA “REVOLUCIÓN ARGENTINA”

Durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, que derrocó en 1966 al presidente Arturo Humberto Íllia, se intervinieron las universidades nacionales, y se produjo lo que se llamó la “Noche de los Bastones Largos”, cuando la policía el 29 de julio de ese año desalojó cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por sus autoridades, profesores y alumnos que resistían la intervención.

Durante el gobierno de la llamada “Revolución Argentina” que se prolongó hasta 1973 hubo muchas y grandes protestas populares, En una manifestación en Córdoba fue asesinado por la policía el obrero y estudiante Santiago Pampillón el 7 de septiembre de 1966. En el “Cordobazo”, ocurrido el 29 de mayo de 1969, un trabajador del sindicato de mecánicos – Máximo Mena- fue asesinado por la policía. Luego vino el “Rosarinazo” que se prolongó desde el 13 de mayo hasta el 17 de septiembre de ese año. El 15 de mayo la policía reprimió una manifestación de estudiantes en Corrientes en la que murió el estudiante Juan José Cabral. Dos días después, en Rosario, estudiantes que se movilizaban para repudiar el crimen de Cabral fueron enfrentados por la policía y murió el estudiante Adolfo Bello. En esta ciudad, en una marcha del silencio del 21 de mayo, la policía volvió reprimir y murió el aprendiz metalúrgico Luis Norberto Blanco, de 15 años. El 30 de junio de 1969 fue asesinado por un comando el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Timoteo Vandor en su despacho y de cinco balazos.

El “Viborazo”, que fue un segundo “Cordobazo”, se produjo el 15 de marzo de 1970. El l7 de agosto de ese año fue asesinato del dirigente gremial peronista y Secretario de la CGT José Alonso y el 14 de octubre el Subcomisario de la Policía Federal D. Osvaldo Sandoval, quien había encabezado la investigación del crimen de Aramburu.

El 22 de agosto de 1972, 16 guerrilleros fueron muertos cuando intentaron fugarse del penal de Trelew.

El 20 de junio de 1973, en un multitudinario acto en el que se celebraba el regreso de Perón después de 18 años de exilio, ocurrió la masacre de Ezeiza, cerca del aeropuerto. Por directivas de Perón, la seguridad del operativo se delegó en el Coronel (RE) Jorge Osinde, a quién fue el responsable de la represión. El 22 de mayo de 1973 es asesinato del sindicalista peronista Dirk Kloosterman, Secretario General de S.M.A.T.A., en la Provincia de Buenos Aires.

4. LA TRIPLE A Y EL COMANDO LIBERTADORES DE AMÉRICA

La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), Triple A, fue un grupo paramilitar de ultraderecha, que hizo numerosos atentados y asesinatos en la década de 1970. Fue organizado y dirigido por José López Rega; ex comisario de la policía, secretario Juan Domingo Perón y miembro de la logia masónica Propaganda Due, dirigida por Licio Gelli. En la organización colaboró el entonces comisario general de la Policía Federal, Alberto Villar. En el gobierno Raúl Lastiri, en 1973. López Rega fue designado Ministro de Bienestar Social –cargo que mantuvo en las presidencias de Perón e Isabel Martínez-.

El primer atentado de la Triple A fue el 21 de noviembre de 1973, cuando colocó una bomba en el automóvil del senador radical del Chubut Hipólito Solari Yrigoyen, que al explotar mutiló al senador, pero no lo mató; dos años más tarde otra bomba estalló en su casa en Puerto Madryn.

El 23 de Enero de 1974 son asesinados en Río Segundo cinco dirigentes cooperativistas provenientes de la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, a un costado de la ruta 9; por miembros de la Policía de Córdoba, luego argumentarían que se equivocaron pensando que era un grupo subversivo.

La Triple A llevó a cabo múltiples atentados. El 11 de mayo de 1974 fue baleado, en la puerta de la iglesia de San Francisco Solano en el barrio porteño de Villa Luro el sacerdote Carlos Mugica. El 16 de septiembre siempre en 1974 fueron asesinados el ex Vicegobernador de Córdoba y sindicalista Atilio López, sindicalista, junto al contador Juan Varas. El 13 de septiembre mataron al defensor de presos políticos Alfredo “Cuqui” Curutchet. El 20 de septiembre fue asesinado el subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler. El 27 de septiembre de 1974 fue asesinado el abogado e intelectual marxista, Silvio Frondizi, fundador de Praxis y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Praxis), que era hermano del presidente Arturo Frondizi. El 3 de octubre de 1974 fue asesinado el ex-Secretario General Sindicato de la Madera de la Provincia de Buenos Aires, Juan Mario Russo.

En Córdoba atentaron contra el diario La Voz del Interior en la madrugada del 23 de enero de 1975, durante el gobierno del interventor federal Oscar Lacabanne, con la voladura de la rotativa que se le atribuye al denominado Comando Libertadores de América, un equivalente de la Triple A en la provincia de Córdoba.

Los padres y dos hermanos de Mariano Pujadas, uno de los muertos en Trelew, fueron secuestrados y asesinados el 14 de agosto de 1975 en Córdoba, por el Comando Libertadores de América.

El abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), que fue mi compañero de clase en el Colegio Normal Alejandro Carbó, fue detenido el 10 de marzo de 1975 y mientras estaba alojado en la Cárcel Penitenciaria de barrio San Martín en la ciudad de Córdoba el 12 de agosto de 1976 una patrulla militar que lo retiró del penal (UP1) junto a Eduardo De Breuil, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Arnaldo Toranzo y Gustavo Adolfo De Breuil. Luego de un trecho, los hicieron bajar de la camioneta en que los trasladaron a los tres últimos y fueron fusilados. Eduardo de Breuil salvó su vida y formuló la denuncia ante la Justicia, que no investigó este crimen. Miguel Hugo Vaca Narvaja en agosto de 1976 había logrado la autorización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ser liberado y exiliarse en Francia, país que ya había aceptado recibirlo. Cinco días más tarde que el gobierno militar recibiera de la Corte la orden de liberarlo, fue fusilado.

El 10 de marzo de 1976 personal policial detuvo al también abogado Hugo Vaca Narvaja, padre del fusilado Miguel Hugo y de Fernando -dirigente montonero- y el último ministro del interior del presidente Arturo Frondizi, del que no se tuvo más noticias y hasta ahora es considerado desaparecido. El 23 de ese mes, Susana Yofre, su esposa y madre de doce hijos, se fue con toda su familia a Buenos Aires –en total eran 27 personas– y pidió refugio en el consulado mexicano. El 23 entraron en la embajada y el 24, el mismo día que se produjo el golpe militar que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón, salieron en avión desde Ezeiza donde permanecieron varios años. El 14 de octubre de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló el caso “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c. Ministerio del Interior” y otros 6 expedientes más, en los que ordenó indemnizar a la familia Vaca Narvaja por los daños y perjuicios sufridos durante su forzado exilio.

La CONADEP probó la intervención de la Triple A en 19 homicidios en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975; se sospecha además de su participación en centenares de otros. Además, las amenazas de muerte que hicieron llevaron al exilio, a científicos como Manuel Sadosky, artistas como Héctor Alterio y políticos como José Ber Gelbard. Entre los meses de julio, agosto y septiembre de 1974 la Triple A realizó 220 atentados, de los que resultarían 60 víctimas mortales y 44 heridas de gravedad, además de 20 secuestros. La estimación indica que cometieron unos 1500 crímenes.

5. “EL PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL”

El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla y en la madrugada de ese día fue detenido y desapareció René Salamanca, secretario general del SMATA de Córdoba y dirigente del Partido Comunista Revolucionario. El 14 de abril desapareció quién acababa de ser senador nacional justicialista por Córdoba, Luís Agustín Carnevale. Mónica María Mignone; hija de Emilio Mignone, que perteneció a la Acción Católica, que había sido ministro de Educación en el gobierno peronista bonaerense del coronel Domingo Alfredo Mercante y luego viceministro de la Nación en el gobierno del general Juan Carlos Onganía; catequista y misionera católica, fue secuestrada y desaparecida el 14 de mayo. El 18 de junio fue asesinado el Jefe de la Policía Federal General D. Cesáreo Cardozo, mediante una bomba colocada debajo de su cama en su domicilio, atribuido a una montonera amiga de su hija. El 2 de julio un atentado con explosivos asesinó a 16 personas e hirió a 65, en el comedor de Seguridad Federal. El 4 de julio fueron asesinados en la Iglesia de San Patricio en Buenos Aires los sacerdotes palotinos Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly y Pedro Eduardo Dufau, y los seminaristas de la misma orden Salvador Barbito Doval y Emilio José Barletti.

El 18 de julio fueron asesinados en Chamical, La Rioja, el sacerdote Gabriel Longuevillet y Fray Carlos de Dios Murias. El 4 de agosto muere Monseñor Enrique Ángel Angelelli, obispo de la Rioja, asesinado en un extraño accidente de tránsito cerca de Chamical. El 17 de agosto fue detenido el ex diputado nacional Mario Abel Amaya, que el 19 de octubre fallece, presumiblemente en la cárcel de Devoto por una crisis asmática, sin medicación y con evidente muestras de maltrato físico. El 20 de agosto aparecieron 30 cuerpos, 20 de varones y 10 de mujeres, que fueron dinamitados en la localidad de Fátima, Provincia de Buenos Aires, masacre que fue perpetrada por personal policial. El 16 de septiembre, fueron secuestrados y desaparecieron estudiantes secundarios en lo que se llamó la “Noche de los Lápices”. Y el 27 de noviembre, siempre en 1976, Pablo Gazzarri, sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, fue detenido por policías y torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada, quién enero de 1977 fue subido a un “vuelo de la muerte”.

Un grupo de madres de desaparecidos reunidas en la iglesia Stella Maris resuelven ir a Plaza de Mayo a pedir una audiencia al presidente Jorge Rafael Videla lo que hicieron el 30 de abril de 1977, así nace esta Asociación que en 1986 va a sufrir el desprendimiento de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora. Desde entonces, todos los jueves repetirían una caminata, porque las fuerzas de seguridad les exigieron “circular” por causa del estado de sitio, alrededor de la pirámide central de la plaza. En diciembre de ese año fueron secuestradas y desaparecieron tres de las fundadoras: Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco.

El 11 julio de 1977 fue asesinado Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás de los Arroyos en otro misterioso accidente automovilístico cerca de Ramallo. Las religiosas francesas Léonie Duquet y Alice Domon fueron secuestradas junto a otras ocho personas en diciembre de 1977 en la Iglesia Santa Cruz de Buenos Aires, cuando participaban de reuniones del grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo. Los restos de Duquet y cuatro madres de Plaza de Mayo fueron arrojados al mar desde un avión en uno de los llamados “vuelos de la muerte”’. Arrastrados los restos por la marea hasta una playa desde donde fueron enterrados clandestinamente en un cementerio de la provincia de Buenos Aires, en donde fueron hallados en 2005. Alice Domon sigue desaparecida.

Otros religiosos que perdieron la vida fueron: Carlos Dorniak, asesinado en Bahía Blanca el 21 de marzo de 1975; Nelio Rougier, detenido en Córdoba en septiembre de 1975, desaparecido; Miguel Angel Urusa Nicolau, detenido en Rosario el 1º de enero de 1976, desaparecido; José Tedeschi, salesiano reducido al estado laical, detenido el 2 de febrero de 1976 en la Villa Itatí, en Bernal. Su cadáver apareció días más tarde con señas de haber sido torturado; el hermano Julio San Cristóbal, de la Congregación de las Escuelas Cristianas de La Salle, detenido y desaparecido el 5 de febrero de 1976; Francisco Soares, asesinado en Tigre, al igual que un inválido a su cargo, el 13 de febrero de 1976; Pedro Fourcade, detenido el 8 de marzo de 1976, desaparecido; Héctor Federico Baccini, detenido en La Plata el 25 de noviembre de 1976, desaparecido, estaba en trámite su reducción al estado laical; Carlos Armando Bustos, detenido en Buenos Aires, el 8 de abril de 1977, desaparecido; Mauricio Silva Iribarnegaray, detenido en Buenos Aires el 14 de junio de 1977, desaparecido; y Jorge Adur, detenido el 7 de enero de 1980, desaparecido.

El 1° de agosto de 1978, al Almirante Armando Lambruschini -que un mes después sucedió al almirante Emilio Eduardo Massera en la jefatura de la Armada- le colocaron una bomba que le destruyó su vivienda, en la calle Pacheco de Melo al 1900, en Buenos Aires. Por la explosión murió su hija Paula, de 15 años, y dos vecinos del edificio de departamentos contiguo.

El 6 de septiembre de 1979 llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que durante dos semanas entrevistó con personalidades de la política, la cultura y miembros del gobierno, visitó cárceles y recibió numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Patricia Derian, secretaria de Derechos Humanos del gobierno de James Carter, fue quién impulsó la visita de la Comisión.

No quiero terminar esta descripción, de los más notorios atentados contra los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país, sin recordar y rendir un sentido homenaje a Augusto Conte MacDonald; quién fuera diputado de la Nación, dirigente del Partido Demócrata Cristiano -al que pertenezco desde mi juventud- y uno de los fundadores, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); que perdió para siempre a su desaparecido hijo, Augusto María, mientras hacía el servicio militar durante el último gobierno militar, a pesar de las gestiones que hizo ante militares que conocía para que ello no ocurriera, circunstancia que lo marcó hasta su muerte en 1992.

6. LA VUELTA A LA DEMOCRACIA

La derrota de Malvinas en 1982 precipitó la caída del último gobierno militar y los argentinos logramos en 1983 la recuperación de la democracia y la vuelta al orden constitucional. A este gran logro, hay que sumarle el apartamiento de la política de los militares, y el juzgamiento de los responsables de la represión, primero a través de la investigación que hizo la CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas), presidida por el escritor Ernesto Sábato, donde se comprobaron que hubo cerca de 9 mil desaparecidos, y después en el juicio a las Juntas Militares que presidieron el último gobierno de facto, luego que se anulara una ley de facto que amnistiaba a los represores. En Córdoba la CONADEP fue integrada por destacadas personalidades como Luís Rébora, Angel Manzur, Rodolfo Barraco Aguirre, Albino Serafín y Rubén Arroyo. Se discute todavía el número de personas desaparecidas, que algunos estiman en 30 mil, aunque los que comprobó la CONADEP fueron los antes indicados.

Tiempo después se descubrieron centros clandestinos en los que se interrogaba y torturaba a personas durante el gobierno militar como lo fueron la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el Vesubio, Campos “Atlético, Banco y Olimpo de los dioses”, el Garaje Olimpo y el Pozo de Bánfield en Buenos Aires, y La Perla, el Campo de la Ribera y el Departamento de Inteligencia de la Policía de la provincia, el D2, en Córdoba. La Cacha en La Plata. Se calcula que hubo más de 300 centros en todo el país.

Los que dirigieron el gobierno militar, fueron juzgados en 1984 por la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional y la sentencia se dictó el 9 de diciembre de 1985. Los acusados fueron los integrantes de las tres juntas militares: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti que integraron la primera junta militar (1976 – 1980); Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna, que formaron parte de la segunda junta (1980-1981); y Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, que integraron la tercera (1981-1982). La pena de prisión perpetua fue para los integrantes de la primera Junta Militar, mientras que los de la tercera fueron absueltos. También se les aplicó, inhabilitación absoluta perpetua y destitución del grado militar, por hallarlos culpables de los delitos de homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad calificada, tormentos, robos agravados, falsedades ideológicas de documento público, usurpaciones, reducciones a servidumbre, extorsión, secuestros extorsivos, supresión de documento, sustracciones de menores, y tormentos seguidos de muerte. El fallo lo confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986.

Las leyes de punto final, 23.492, y de obediencia debida, 23.521, sancionadas bajo presión militar, fueron un retroceso ya 1e pusieron límites a los responsables de delitos que podían ser juzgados. Estas leyes fueron anuladas por la ley 25.779 -de cuestionable constitucionalidad ya que el Poder Legislativo puede derogar pero no anular leyes- y, luego, por sentencias judiciales, que las declararon inconstitucionales, lo que permitió continuar con muchos juicios para castigar a los represores. La demora en la tramitación de alguna de estas causas ha sido denunciada como violación a los derechos humanos.

Se ha excluido del alcance de estas leyes que terminaron con las amnistía a quienes cometieron delitos, atentando también contra los derechos humanos, desde los grupos guerrilleros u opositores durante la violenta década del setenta. Esto no es justo, aunque esta calificación no implica aceptar la “Teoría de los dos demonios” que pretendía equiparar la gravedad de los crímenes de la represión, hechos desde el Estado en nombre de una “guerra sucia” ordenada por un Decreto que ordenaba “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país” (Decreto 2772, 6/10/75), del presidente provisional de la Nación Ítalo Argentino Luder; con la acción de guerrilleros y terroristas. Entiendo que todos fueron delitos y merecieron ser sometidos a la Justicia, aunque algunos hayan sido más graves que otros.

Igual discusión se ha dado respecto si los delitos de “lesa humanidad” son sólo los cometidos desde la represión desde el Estado o grupos para-estatales, y si en los mismos hay que incluir el terrorismo y las acciones guerrilleras. Esto importa para saber si son imprescriptibles o no. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró el concepto de delito de “lesa humanidad” a través de la adhesión al dictamen fiscal presentado por Esteban Righi, quién sostuvo que el delito de lesa humanidad consiste en uno de los actos descriptos en el Estatuto de Roma, según el cual “debe ser desarrollado por el propio Estado, a través de una política que atenta sistemáticamente contra los derechos fundamentales de una sociedad civil o un grupo determinado de esta.”(En el caso “Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal” del 11 de julio del 2007). Righi en esa oportunidad cita a David Luban quien afirma que: “El alto grado de depravación por sí mismo, no distingue a los crímenes de lesa humanidad de los hechos más crueles que los sistemas locales criminalizan. Más bien, lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi-gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control”. La discusión sobre el alcance de los delitos de “lesa humanidad” no se agotó con esta decisión del Alto Tribunal.

El presidente Carlos Saúl Menem dicto los decretos de indulto 1002, 1003, 1004 y 1005, de fecha 7 de octubre de 1989, y los de los decretos 2741, 2742 y 2743 del 30 de diciembre de 1990, para incluir a quienes no estaban alcanzados por las leyes de punto final y de obediencia debida, que eran unas 1200 personas. En el 1002 abarcó a Guillermo Suárez Mason, Juan Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferraro y otros, que, también, fue el primer indulto en ser declarado inconstitucional. Incluyó —entre otros— a Ramón Genaro Díaz Bessone, del Segundo Cuerpo. El decreto 1.003 indultó a represores uruguayos, como José Nino Gavazzo y Jorge Silveira, a los montoneros Mario Firmenich y Rodolfo Galimberti y gente que había estado desaparecida y que —como Graciela Daleo— se negó a recibir el perdón presidencial. El decreto 1.004 perdonó a los responsables del levantamiento de Semana Santa y Monte Caseros, en 1987, y Villa Martelli, un año después. El decreto 1005 indultó a Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, que había sido los responsables de Malvinas. El Decreto 2.741 perdonó a Jorge Videla, Emilio Massera y otros de los condenados. Firmenich fue indultado mediante el decreto 2.742. Los decretos 2.743 al 2.746 indultaron a los dirigentes peronistas Norma Kennedy y Duilio Brunello –que fuera interventor federal en Córdoba- ; el ex ministro José Martínez de Hoz, y Carlos Suárez Mason, y a presos comunes. Los decretos fueron luego declarados inconstitucionales por los tribunales.

Las crisis política y económicas de los años 1989 y 2001, que obligaron a renunciar a los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, si bien no trajeron como consecuencia la intervención militar como ocurría antes de 1983, originaron protestas populares, con “cacerolazos” y asaltos a supermercados y tiendas, y generaron la creación de “piquetes”, que hacen marchas (algunas veces exhibiendo palos o portando piedras), cortan calles y rutas, hacen escraches, participan en la distribución y administración de planes sociales, y bregan por que los mismos se mantengan e incrementen. Desde el gobierno y de distintos sectores políticos, muchas veces se hace clientelismo político con estos grupos.

El 3 de noviembre de 1995, en la ciudad cordobesa de Río Tercero, a partir del incendio de un tambor de trotyl, que se propago a otros tambores de igual contenido, se produjo una serie de explosiones en la Fábrica Militar de esta ciudad, que dejaron un saldo 13 muertos y 335 heridos, la Justicia investiga si esto fue un atentado, las razones que lo motivaron y las indemnizaciones para los damnificados.

A comienzo del año 2002, siendo presidente Eduardo Duhalde se implantó el “Corralón”, complemento del “Corralito” dispuesto poco antes por el presidente De la Rúa y el Ministro Domingo Cavallo, por el que se confiscaron los depósitos bancarios de miles de ahorristas lo que produjo manifestaciones, protestas, juicios y algunas muertes entre los damnificados. La Corte le puso fin con el dictado de un fallo en el caso “Bustos”, con una fundamentación por demás confusa.

Las protestas que se suscitaron después de la renuncia del presidente De la Rúa en diciembre de 2001 dejaron muertos y heridos. Durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde fueron asesinados por policías los jóvenes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hecho ocurrido en la estación de trenes de Avellaneda el 26 de junio de 2002. Esto obligó a Duhalde a adelantar las elecciones presidenciales.

El 18 de septiembre de 2006 desapareció Julio López de 77 años de edad, testigo en el juicio al represor Miguel Etchecolatz.

Otro grave problema que nos aqueja, al mundo y a nosotros los argentinos, es la persistencia de la esclavitud a través de lo que se denomina ahora: la “Trata de personas”; sean con el objeto de prostituir, de adoptar niños, de migrar, de explotar laboralmente o para conseguir transplantes de órganos; es uno de los tres delitos más graves y extendidos en el mundo, junto con el tráfico de armas y de drogas. En nuestro país no hay todavía una política ni órganos adecuados para combatir ese flagelo. La reciente modificación al Código Penal, ley 26.364, en esta materia no es suficiente para terminar con este mal.

El narcotráfico ha avanzado en forma alarmante en el mundo, en los países latinoamericanos y en nuestro país, y el Estado ha retrocedido en sus posibilidades de combatirlo con eficacia, los titulares de derechos humanos afectados por ello reclaman una mayor y mejor intervención estatal, y una mejor cooperación internacional para combatirlo, para rehabilitar a consumidores y adictos, y para prevenir el uso de estupefacientes. Ciertas drogas, como el “paco”, causan graves daños en la salud, en la conducta y cobran valiosas vidas de niños y jóvenes que lo consumen.

Para nada ha sido un avance que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Arriola”, del 25 de agosto de 2009, haya declarado inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737, de estupefacientes –que castiga con un mes a dos años de prisión la tenencia para consumo personal–, porque consideró que la tenencia de escasas cantidades de marihuana en el ámbito privado no debe ser castigada si es para consumo personal y no hay peligro o daños para terceros. Dicha ley ya había despenalizado la tenencia de estupefacientes cuando el que iba a ser condenado se disponía a tratarse de su adicción (artículo 17). Así como las políticas del Estado siempre fue ambigua en esta materia, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha sido cambiante: en el año 1978, en el fallo “Colavini” declaró la constitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo personal. En 1986, en “Bazterrica”, declaró su inconstitucionalidad. Luego, en 1990, con el fallo “Montalvo”, se volvió al criterio de “Colavini”. Ahora, con “Arriola”, se regresa, al criterio de “Bazterrica”.

Los hechos descriptos son los más relevante que conservo en mi frágil memoria, pero no fueron todos, y hubo otros que costaron vida y en los que se atentó seriamente contra la libertad de muchos argentinos.

7. AVANCES

Sin embargo, el tema derechos humanos cobró una importancia fundamental con la vuelta a la democracia constitucional, no sólo para una mejor valoración y juzgamiento de los ocurridos en los años setenta, sino que se avanzó en forma considerable en materia de los derechos políticos y sociales, y en derechos humanos concretos, como los de la mujer, de los derechos ambientales, de los usuarios de servicios públicos, de los consumidores y de la información, especialmente después de los avances tecnológicos en materia electrónica e informática.

La estabilidad constitucional y democrática se mantuvo a pesar de algunos alzamiento militares y de las crisis políticas, como fueron la terminación anticipada del gobierno del presidente Raúl Alfonsín en 1989 por la crisis hiperinflación, y la del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a estos derechos, amplió las garantías y dio jerarquía constitucional a declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales estaba la Declaración de la ONU de 1948 (artículo 75 inciso 22). En su primera parte se agregó un capítulo segundo dedicado a los “Nuevos derechos y garantías” (artículos 36 al 43).

La aprobación de otros tratados internacionales de derechos humanos hecha por la Asamblea de la ONU, que en Argentina tienen también jerarquía constitucional, fueron un importante avance: como lo fue la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobado también el 9 de diciembre de 1948 por Resolución 260, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación Racial aprobada en 1965, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer de 1979, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, la Convención sobre los Derecho del Niño de 1989, a los que debe agregarse la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos de 1994.

La Ley 26.171, de 2006 aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, que fue ratificado el año siguiente. El 23 de octubre de 2003 fue ratificado por el gobierno de nuestro país el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” (Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de OEA) que tuvo entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999. El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte fue aprobado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. El 19 de abril de 2005 se firmó Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR.

Se dictaron importantes leyes para garantizar mejor los derechos humanos como fueron las leyes de Hábeas Corpus 23.098, de Actos Discriminatorios 23.592, de Cupo (para facilitar la candidatura de mujeres a cargos legislativos) 24.012, del Defensor del Pueblo 24.284 y 24379, de Protección de Datos Personales 25.326 y General del Ambiente 25.675. La sanción en 1990 del Código de Procedimiento Penal federal, ley 23.984; que implantó el juicio oral y público, como lo hicieron antes todas las provincias a partir de Córdoba en la década del cuarenta, con la sola excepción de Santa Fe que continúa rigiéndose por el procedimiento escrito; fue un gran avance para la mejor tutela de la garantía del debido proceso legal adjetivo, como lo afirmé siendo diputado de la Nación en el debate que precedió su aprobación. La ley de ejecución penal, 24.600, fue un avance para mejorar la situación de las cárceles y los internados en las mismas, y la ley del arrepentido en delitos cometido por terroristas, 25.241, agrega una modalidad que puede facilitar el esclarecimiento de los mismos.

Sólo está vigente en la Provincia de Tucumán, con el nombre de Código de Procedimiento Constitucional y, con algunas variantes para adaptarlo al nivel provincial, el proyecto de Código de la Seguridad Personal que presenté en la Cámara de Diputados de la Nación cuando la integré en el año 1991, en el que se unifican y sistematizan los distintos procedimientos judiciales que garantizan derechos humanos.

El Decreto 70/91, que dictó el presidente Carlos Saúl Menem, y en el que tuve oportunidad de impulsar para su sanción y en el que participé en su redacción cuando fui diputado de la Nación, dispuso otorgar una indemnización de $27 por cada día de detención a las personas que hubieren estados arrestadas en virtud del estado de sitio antes del 10 de diciembre de 1983. Luego la ley 24.043 extendió el beneficio a aquellos civiles que fueron detenidos por decisión de tribunales militares, con o sin sentencia. En 1994 se sancionó la ley 24.411 que otorgó indemnización a las víctimas de desaparición forzada y a los sucesores de personas asesinadas por los militares, miembros de las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares. Las leyes 24.823 y 25.814 fueron complementarias de aquella.

La ley 25.914 de 2004, dispuso repara a las personas nacidas durante la privación de la libertad de sus madres; a los menores detenidos debido a la detención o desaparición de sus padres por razones políticas -ya sea a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, de tribunales militares o de áreas militares-; y a las personas víctimas de sustitución de identidad. Este último supuesto, se refiere a aquellos casos de niños o niñas que fueron robados a sus padres detenidos-desaparecidos, e inscriptos como hijos legítimos de otras familias.

La jurisprudencia de nuestros tribunales, especialmente la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permitió –con su activismo- hacer importantes progresos en materia de derecho humanos, siendo significativo lo que se avanzó en lo que respecta al control de constitucionalidad, y en los procedimientos de hábeas corpus, amparos -especialmente los colectivos-, y en las medidas autosatisfactivas y cautelares autónomas, con lo que se ha suplido la falta de normas adecuadas que reglamenten mejor estos institutos.

El 3 de mayo de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: “Recurso de hecho deducido por el C.E.L.S. en la causa: Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo a favor de los detenidos en la provincia de Buenos Aires y dispuso que la Corte y los Jueces de dicha provincia debía hacer cesar en 60 día la detención en comisarías de menores y enfermos, y con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante. Ordenó al Poder Ejecutivo Provincial que, remita a los jueces respectivos, en el término de 30 días, un informe pormenorizado, en el que consten las condiciones concretas en que se cumple la detención (características de la celda, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), a fin de que éstos puedan ponderar la necesidad de mantener la detención, o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas. Exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales.

En materia de amparos colectivos es importante citar el caso. “Mendoza, Beatriz Silvia y Otros C/ Estado Nacional y Otros S/ Daños y Perjuicios” del 20 de junio de 2006 donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria con respecto a las pretensiones concernientes a la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño colectivo causado de la contaminación ambiental de las aguas del Río Matanzas – Riachuelo. También es importante recordar el caso: “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986” del 24 de febrero de 2009 declaró inconstitucional la llamada “Ley Espía” impidiendo al Estado hacer escuchas telefónicas o vigilar correos electrónicos sin orden judicial, con lo que se protege la privacidad en Internet y Telefonía e insinúa la creación de una “Acción de clase”, y los efectos del fallo adquieren una dimensión colectiva aplicable a toda la ciudadanía.

El control de convencionalidad ha sido bien receptado en nuestros tribunales a partir de la doctrina y el positivo accionar de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También ha sido positivo el que se pudiera determinar la paternidad de más de un centenar de hijos de personas desaparecidas o muertas por la represión a través de la labor de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.

FUTURO Y REFLEXIÓN FINAL

Somos conciente que este balance de los avances y retrocesos habido en materia de derechos humanos en el mundo y en nuestro país, desde que la ONU aprobó la DUDH, es incompleto, y contiene muchas e importantes omisiones, pero sirve para señalar, a grandes rasgos, que el camino a recorrer, que es todavía largo y por demás difícil.

El relato de los retrocesos nos muestra lo inútil e inservibles que han sido los argumentos, explicaciones, ideologías, doctrinas y credos que permitieron que estos hechos sucedieran o pretendieran ser justificados. Cuantas vidas perdidas; cuanta tortura; cuantas libertades suprimidas o limitadas, cuantos exiliados o desplazados; cuantos padres sin hijos y cuantos hijos sin padres; cuantas personas privadas de trabajo, de vivienda, de alimentos, de bienes y servicios; cuantos dineros y recursos dilapidados; sin razón valedera que lo explique. Visto hoy en perspectiva todo esto parece un gran disparate.

Los crímenes y daños producidos por la violencia política en el mundo, y en nuestro país, principalmente, durante la década de los 70 no han sido debidamente procesados por nuestras sociedades políticas. La moral y el derecho exigen que sobre los mismos debe haber: verdad, justicia, arrepentimiento, y perdón para que nos podamos reconciliar. En España todavía se están procesando los crímenes de su guerra civil, sucedida hace más de setenta años. En nuestro país desde 1984 hemos iniciado la etapa de la verdad y la justicia pero no han concluido aún. Todavía no conocemos, no tenemos memoria, de mucho de los crímenes que se cometieron, ni quienes fueron sus autores, que pasó con los desaparecidos, si murieron no sabemos a donde están sus restos, hay hijos de desaparecidos o muertos que no conocen su verdadera identidad; hay juicios que no han comenzado y otros que no han concluido aún; hay sentencia que no están firmen y penas impuestas que no han sido cumplidas. De arrepentimiento, salvo por parte de la Iglesia Católica, hay poco y nada, por lo que estamos lejos del perdón y la reconciliación.

En la primera década del nuevo milenio, hemos tomado conciencia de la necesidad de tutelar también derechos que aparecen como “nuevos”, pero que no son otra cosa que una derivación de los derechos a la personalidad, y a la defensa de la vida, de la libertad y del trabajo, como son: el derecho a la vida desde la concepción, a la muerte digna, a la alimentación, al agua, a la salud, al ambiente, a la información, a la educación, a la cultura, al de los consumidores, al de los usuarios de los servicios públicos, de los inmigrantes, de las minorías, en general, y de los pueblos originarios o de los que están radicados en provincias, ciudades o regiones alejadas de los centros de poder, en particular, y todos los que son necesario preservar para terminar con la pobreza, la indigencia y la marginalidad; para citar sólo algunos. Un derecho esencial como el de la libertad religiosa no está todavía garantizado en muchos países, ni por tratados internacionales. Los nuevos roles que ha asumido la mujer en la sociedad requieren una mayor y mejor tutela, para ellas, para los varones con la que comparten su vida, y para las familias de la que son parte.

Concluyo repitiendo lo que bien expresara Eva Martínez Sampere: “defiendo la universalidad de los derechos humanos reconocidos en la Declaración del mismo nombre -ampliables y mejorables por otras normas jurídicas internacionales, comunitarias y constitucionales- como el mínimo ético común para toda la especie humana. Comparto pues la invención filosófica, pactada políticamente e implantada jurídicamente en la citada norma, de que cada persona tiene igual dignidad e iguales derechos para expresar su diferente individualidad y ha de contar con voz y voluntad propia a la hora de organizar la convivencia humana, quedando prohibidas, por tanto, todas las relaciones de dominación interpersonales basadas en una supuesta desigualdad social que acepte la pobreza o la subordinación por razón de nacimiento, sexo, etnia, religión, etc. Como estarán pensando, para llevar a cabo esta ingente tarea hace falta poner fin al modelo social dominador e implantar un modelo solidario, que haga posible el desarrollo sostenible en todo el planeta. Las normas jurídicas de Naciones Unidas, las comunitarias y las Constituciones democráticas son condición necesaria, aunque no suficiente, en esa dirección. Hace falta el convencimiento de la ciudadanía, de la sociedad civil -lo cual se consigue con la educación en esos valores, objetivos y derechos- para conseguir hacer realidad una vida humana digna y el respeto a los demás seres vivos.”

Córdoba, abril de 2010

Recordar, ¿Para Qué?

El Aniversario del 24 de marzo de 1976

José López Rega e Isabel Martínez de Perón

Fue el día más doloroso de mi vida política. La noche anterior Oscar Alende, a quién voté para presidente, peroraba por televisión un discurso, como si no conociera lo que todos sabían, que los militares derrocarían a “Isabelita” Martínez de Perón. Pero nadie calculó jamás la violencia política que se desataría.

Ese 24 de marzo tenía que ir a Buenos Aires para ver a un amigo, pero el viaje se frustró cuando supe que mi nombre lucía en una lista negra, de los que iban a ser detenidos. Suspendí el viaje, y me guardé un tiempo. Con este amigo hablé por teléfono desde Córdoba, y me comentó que le llamó la atención, ver aquel día, caminar sólo, en una despoblada vereda porteña, al ex presidente Arturo Íllia.

La violencia, en realidad, comenzó en los años 50, en la disputa entre peronistas y antiperonistas, con la decadencia del gobierno de Perón, después la muerte de Evita. El laborista Cipriano Reyes y Ricardo Balbín (UCR) padecieron cárcel; en 1953 un atentado terrorista en Plaza de Mayo dejó 5 muertos y 90 heridos, su autor principal, Roque Carranza (el que fuera Ministro de Defensa en 1983), estuvo preso por ello. En 1955 desapareció el médico comunista Juan Ingalinella; el 16 de junio aviones de la Armada bombardearon Plaza de Mayo dejando 364 muertos y un millar de heridos; esa noche, en represalia, se incendiaron la curia y diez iglesias en el centro de Buenos Aires, se clausuraron sedes de partidos, diarios y del Jockey Club.

La “Revolución Libertadora”, que derrocó a Perón el 16 de septiembre, proscribió al peronismo, encarceló dirigentes e intervino a gremios. En 1956 fusilaron al general Juan José Valle, por levantarse contra el gobierno militar, con un saldo de 18 militares y 13 civiles muertos. En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, un atentado hizo estallar en Córdoba los tanques de Shell, lo que provocó la intervención y puso fin del gobierno de Arturo Zanichelli.

Durante los años 60 hubo dos golpes de estado, el que derrocó a Frondizi y a Íllia. Los hechos luctuosos -más graves- que le sucedieron fueron: la “Noche de los bastones largos” en la UBA, el “Cordobazo” y el “Viborazo” en Córdoba, el “Rosariazo” y el asesinato del sindicalista Augusto Timoteo Vandor.

La década de los 70 mal comienzan con el asesinado de Pedro Eugenio Aramburu, que además fue el debut de Montoneros, un grupo guerrillero peronista liderado por Mario Firmenich, que luego tomaría La Calera, asesinaría a los políticos Arturo Mor Roig (UCR) y Roberto Uzal (Nueva Fuerza); a los sindicalistas José Ignacio Rucci, Rogelio Coria, José Alonso; al comisario Alberto Villar; al general Omar Carlos Actis; y a uno de sus integrantes Roberto Quieto, por traidor. Secuestraron a Jorge y Juan Born, de los que obtuvieron 60 millones de dólares; atentaron contra la Superintendencia de la Policía Federal; y provocaron la Masacre de Margarita Belén en Chaco.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), liderado por Mario Roberto Santucho, fue la guerrilla marxista que en 1969 asaltó un Banco en Escobar llevándose 213 mil dólares; en 1970 una comisaría de Rosario, donde mataron a 2 policías; en 1972 asesinaron al Gendarme Pedro Agarotti; y en 1973 asaltaron el Batallón 141, en Córdoba, y el Comando de Sanidad del Ejército en la Capital Federal. El 1974 coparon la Guarnición de Azul, donde murió el coronel Arturo Gay, su esposa, el coronel Ibarzábal, y 5 guerrilleros. En 1974, asesinaron al juez, Jorge V. Quiroga. En Tucumán coparon la localidad de Acheral. Atacaron simultáneamente: la Fábrica Militar de Villa María, donde capturaron al Coronel Argentino Larrabure, y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. En 1975 atacaron al Batallón de Arsenales 121, en Fray Luis Beltrán cerca de Rosario, donde murieron 2 guerrilleros y el coronel Carpani Acosta. En 1975 en la ruta 301 de Tucumán, murió en un tiroteo el subteniente Raúl García. Ese año el ERP es derrotado por el Operativo Independencia comandado por el general Antonio Bussi. Su última acción fue el fallido asalto al Batallón 601 en Monte Chingolo.

La Triple A fue un grupo para-policial; organizado y dirigido por José López Rega, ministro y secretario de Perón, y Alberto Villar, después de la Masacre de Ezeiza; que en 1974 mató al sacerdote Carlos Mugica; al ex Vicegobernador de Córdoba Atilio López y a Juan Varas; al abogado Alfredo Curutchet; al subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler; a Silvio Frondizi, y al sindicalista Juan M. Russo. En 1975 en Córdoba atentaron contra La Voz del Interior; secuestraron y asesinaron a la familia Pujadas; mataron en la cárcel, al abogado Hugo Vaca Narvaja (h). Luego secuestraron y hicieron desaparecer a su padre, que había sido ministro de Frondizi.

El 24 de marzo de 1976 general Jorge Rafael Videla se proclamó presidente y desapareció René Salamanca, dirigente de SMATA Córdoba; en abril desapareció el senador por Córdoba, Luís Carnevale (PJ); en mayo la catequista Mónica Mignone; en junio fue asesinado el Jefe de la Policía Federal Cesáreo Cardozo; en julio por un atentado con explosivos muren 16 personas e hieren a 65, en Seguridad Federal; en Buenos Aires asesinaron a 3 sacerdotes palotinos y 2 seminaristas; en Chamical La Rioja, asesinaron a los religiosos Gabriel Longuevillet y Carlos de Dios Murias; en agosto matan el obispo de la Rioja, Enrique Angelelli, en un extraño accidente automovilístico; fue detenido y muere preso el ex diputado nacional Mario Abel Amaya (UCR); también en agosto aparecieron 20 cuerpos de varones y 10 de mujeres, dinamitados por policías en Fátima, Provincia de Buenos Aires. En septiembre, desaparecen varios estudiantes secundarios en la “Noche de los Lápices”. En diciembre desaparecen tres de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. En 1977 asesinaron, en otro misterioso accidente de tránsito, al obispo Carlos Ponce de León, de San Nicolás. Dos religiosas francesas desaparecieron, junto a otras 8 personas en diciembre. En 1978 en un atentado con explosivos mataron en su casa a la hija, del Almirante Lambruschini, y a 2 vecinos.

Este relato incompleto de lo sucedido; antes, durante y después de aquel fatídico día; muestra lo inútil e inservibles que fueron y son los argumentos, las doctrinas, las ideologías, los credos y las consignas que llevaron a cometer estos desatinos, y que, luego, pretendieran o pretenden ser justificados. Cuantas vidas perdidas; desapariciones (¿9 ó 30 mil?); torturas; exilios; libertades arrasadas; hijos sin padres y padres sin hijos; cuantas energías y recursos dilapidados; sin razón alguna. Visto hoy fue todo un gran disparate.

Mi respuesta, sin dudar, a la pregunta inicial es: Recuerdo, para que no vuelva a ocurrir. No a la violencia política y sí a la democracia, por imperfecta que hoy la vea.

Córdoba, marzo de 2010.

El Triste Espectáculo del Senado Semivacío

Senador Carlos Menem

Las expectativas positivas puestas en la primera sesión preparatoria del Senado de año 2010 con la nueva composición, como se vio por televisión, se frustraron cuando el recinto quedó semivacío, por el retiro de los senadores que responden al gobierno, para dejar la sesión sin quórum, después de elegir a las autoridades de la Cámara, y antes de votar las presidencias y la composición de las comisiones, rompiendo así lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Con esto el gobierno evitó una nueva derrota, como la que sufrió en diciembre, y logró que la oposición ratificara al senador José Juan Bautista Pampuro como presidente provisional del Cuerpo, cargo que le interesa a los Kirchner, ya que su titular sustituye al presidente y vicepresidente en casos de viajes al exterior o acefalía; y evitó que el oficialismo quedara en minoría en las 24 comisiones y perdiera la presidencia de la mayoría de ellas.

La ausencia, del denostado senador Carlos Saúl Menem, que se quedó en La Rioja jugando al golf, fue decisiva, ya que con su presencia la oposición hubiera conseguido el número de 37 senadores que eran necesarios para mantener el quórum. Las razones de la ausencia, y la compensación que por ello se le dio o se le dará al ex presidente, se desconocen.

La decepción que nos produjo el retiro injustificado de los senadores oficialista se funda en que los legisladores fueron elegidos para representar al pueblo y a las provincias, y para que expongan las razones que tienen para votar a favor o en contra de las decisiones que la Cámara tome, y no para impedir una votación o desconocer un pacto.

Las autoridades del Senado: el presidente provisional, el vicepresidente y las vicepresidencias primera y segunda, según el reglamento interno, se deben votar uno por uno y en forma nominal; o sea preguntándole, el presidente del Cuerpo a cada senador, por quién lo hace; pero en este caso se hizo en una sola votación, levantando la mano todos los presentes, porque así se había acordado y para no perder tiempo.

De haberse previsto que la palabra dada podría ser incumplida, como efectivamente ocurrió, se podría haber pactado una sola votación, tanto para las autoridades de la Cámara como para las comisiones. Así se hizo en la Convención Constituyente de 1994 con el “núcleo de coincidencia básicas”, en que la reelección, querida por Menem, se votó junto a los otros puntos que querían sus opositores radicales, para evitar una huída la indicada por el senador Miguel Ángel Pichetto.

Cuando se iba a hacer la segunda votación para la integración y autoridades de las comisiones, que favorecía a la ahora mayoritaria oposición, Pichetto ordenó el retiro del bloque y sus aliados, y el recinto quedó con la mitad de los senadores, sin saber que hacer. Una senadora advirtió que se podía seguir debatiendo, aunque no votar, lo que se hizo un tiempo más, sin que se usara el recurso, pocas veces empleado, del artículo 64 de la Constitución que permite a la minoría compeler a la mayoría a presentarse para sesionar, y a sancionar a los que no concurran.

Este mecanismo se empleó en 1880 por la Cámara de Diputados, cuando el Congreso sesionaba en el edificio de la Municipalidad de Belgrano (hoy Museo Sarmiento), que más tarde (1887) se incorporó como un barrio a la Capital, porque no podía hacerlo en Buenos Aires por haberse sublevado del gobernador Carlos Tejedor de la provincia de Buenos Aires. La Cámara compelió a los ausentes y los 40 que no comparecieron se los excluyó del Cuerpo y así se pudo votar la ley 1029, que capitalizó la ciudad de Buenos Aires.

Si se hubiera compelido a los ausentes en la sesión del 24 de febrero pasado, a los que no hubieran vuelto al recinto en el tiempo indicado, se los podría haber sancionado hasta con la exclusión. Pero, luego, a diferencia de lo ocurrido en 1880, habría que haber incorporado a los suplentes, que no se elegían entonces.

Nos queda la duda si lo que quieren los Kirchner es mantener el Congreso cerrado, como ocurrió durante su receso, y seguir gobernando mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU) o de legislación delegada; o si lo que pretenden es torcerle el brazo a la oposición, y arrebatarles las presidencia y las mayoría en las comisiones. En el año del Bicentenario, el pueblo –otra vez- quiere saber de que se trata.

Córdoba, febrero de 2010.

La Reducción de las Jubilaciones en Córdoba

Gobernador Juan Schiaretti

Gobernador Juan Schiaretti

La Constitución Provincial que declara que las jubilaciones y pensiones son “irreductibles” (Art. 57) viene padeciendo vejaciones por parte de los poderes del Estado, que llevan a fulminar dicha garantía constitucional. Con la ley 9504 de la Provincia de Córdoba (B.O. 31.7.08) se ordenó recortar los beneficios previsionales que abona la Caja de Jubilaciones de la Provincia mayores a 5 mil pesos (cifra que luego se aumentó a 6 mil pesos).

Dicha ley, también, es contraria el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando declaró inconstitucional el Decreto 1777/95 del gobernador Ramón Mestre -que fue el primero en reducir haberes previsionales- en el fallo “Iglesias” (11.7.07), cuya doctrina debe ser seguida según la propia doctrina de la Corte del “leal acatamiento”.

La casi totalidad de los tribunales inferiores provinciales concedieron medidas cautelares en los amparos que iniciaron los beneficiarios perjudicados por los recortes. Muchos juzgados y Cámaras declararon inconstitucional la referida ley 9504 en cuanto dispone recortes en los haberes, e hicieron lugar a dichas acciones.

A pesar de esto, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, en el caso “Bossio” (15.12.09) – un fallo político, que no está firme ya que fue recurrido-, dejó sin efecto -para ese caso- la medida cautelar ordenada. Y, aunque dio valor de pago a lo percibido como consecuencia de la misma, dispuso sustituir –y estos es lo más grave- los descuentos dispuestos en la ley 9504 por una nueva liquidación, consistente en descontar todo lo que supere el 82% del sueldo líquido del activo. Criterio idéntico al del decreto 1777, que la Corte declaró inconstitucional en el caso “Iglesias”, y que el gobernador José Manuel de la Sota, por esa razón, derogó.

Esto es tan claro, que el mismo día (15.12.09) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Hernández”, ratificó y amplió los fundamentos del fallo “Iglesias”, declarando no sólo la inconstitucionalidad del decreto sino también de las leyes de emergencia que ordenaban recortes. La doctrina de “Hernández”, la Corte la aplicó también en otros 8 juicios más, dejando aún sin mayor sustento lo sostenido por el Tribunal Superior para fundar lo decidido en “Bossio”.

El gobernador Juan Schiaretti se apresuró entonces a dictar el Decreto 1830/09 y la Legislatura, a su pedido, la ley 9722, por la que suspendía las medidas cautelares y adopta el criterio sentado por el inconstitucional decreto 1777 y en el fallo de “Bossio”, aunque el mismo no estaba ni está firme, contrariando la doctrina sentada por la Corte Suprema en los casos antes mencionados y arrogándose competencias judiciales que tiene expresamente vedadas.

Eso motivó nuevas acciones judiciales, con resultado favorable, donde se ordenó a la Caja abstenerse de descontar. Sin embargo, la Caja volvió a desobedecerlas, y hasta se negó a recibir oficios judiciales donde se ordenaban esas medidas, antes y durante la feria del mes de enero de 2010, inclusive en este último caso con la habilitación de feria dictada por los jueces de turno, lo que implicó incumplir deberes de funcionario público.

El vocal del Tribunal Superior Carlos García Allocco, durante la feria de enero de 2010, dictó distintos pronunciamientos, arrogándose la competencia del plenario del Alto Tribunal que integra –sin llamar a otros miembros-, revocando fallos de Cámara en los que se habían admitido pedidos de cautelares con el planteo de inconstitucionalidad de la ley 9722 y de la ya declarada inconstitucionalidad del Decreto 1830/09 y de la Ley antes mencionada, contrariando expresas disposiciones de la Constitución Provincial (Arts. 164 y 165).

En este pronunciamiento el vocal impone la doctrina del Decreto 1777/95 y del fallo no firme de “Bossio”; en suma, aplica un decreto derogado y en contra de lo expresamente sentando por la Corte Suprema. Como conclusión de este extraño proceder, los pronunciamientos fueron dictados mediante el trámite conocido como “per saltum” –lo que importa “saltear” pasos procesales, exigidos por ley-. Mecanismo no previsto por la Constitución ni por ninguna ley, y en los que, mas gravemente aún, no se dio participación a las partes, atentando contra el derecho de defensa.

Estas resoluciones olvidaron el fin de la emergencia que fundó la Ley 9722, atento que la Nación envió de $650 millones en concepto de déficit de la Caja para el año 2009, y de $690 millones por el del 2008, por el acuerdo celebrado por la Nación y la Provincia en septiembre de 2008. Además, por otro acuerdo, entre las mismas partes, se dispuso que durante los años 2010 y 2011 la Provincia reciba $1.650 millones para cubrir el déficit de la Caja por dichos años. Este acuerdo lo aprobó por Ley 9721 la Legislatura en la misma sesión que sancionó la ley 9722, y la Nación ya giró $350 millones de dicho acuerdo en enero pasado. Esto permitió aumentar los beneficios mínimos a mil pesos, sin reparar que el salario mínimo vital y móvil es de $1500. Queda aún por blanquear las remuneraciones sin aportes de la provincia y los municipios.

A fines de enero de 2010 la Caja solicitó un nuevo per saltum en una larga lista de pleitos radicados en Cámaras y Juzgados de toda la Provincia. El Tribunal Superior le corrió vista al Fiscal General, y esperemos que, al menos, no se vuelva a afectar el derecho de defensa de las partes de los juicios del listado.

En uno de los fallos de Cámara, revocado por García Allocco, se invocó el Pacto de San José de Costa Rica para declarar la inconstitucionalidad de la ley 9722 alegando que ni siquiera en caso de grave emergencia, como la guerra y el estado de sitio, podía contrariarse la disposición constitucional como esta (Art. 27 del Pacto).

En definitiva, Córdoba es testigo de un atropello sistemático, cuyas víctimas fueron los jubilados, a la Constitución Nacional y Provincial, y a los Tratados internacionales de Derecho Humanos, en que han incurrido autoridades provinciales. Esto merece ser denunciados en defensa del Estado de Derecho ante la opinión pública, que ha sido sorprendida por este accionar contrario al sistema republicano y democrático de gobierno.

Córdoba, febrero de 2010.

Sobre el Caso Redrado: Consejo Vinculante o No Vinculante

Anibal Fernandez

Jefe de Gabinete Argentino Aníbal Fernandez

Aníbal Fernández afirmó, antes de la renuncia no aceptada de Redrado, que el consejo que debe emitir la Comisión parlamentaria que trata su caso no es vinculante, o sea que no obliga al Poder Ejecutivo que quiere removerlo, lo que no es del todo cierto.

Recordemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó dos decretos de necesidad y urgencia (DNU), uno que creaba el Fondo del Bicentenario y el otro que removió al presidente del Banco Central Hernán Martín Pérez Redrado, pero los mismos -por órdenes judiciales- están suspendidos en su ejecución.

Redrado, que fue designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y por un plazo de 6 años (Art. 7 Ley 24.144 Carta Orgánica del Banco Central- COBC) que vence en septiembre de 2010, para ser removido necesita que el Presidente de la Nación lo decida mediante un decreto, motivado en su“mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público”, pero debe contar “con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación. La misma será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara.” (Art. 9 COBC).

Esta Comisión que está reunida a pedido del Ejecutivo -sin que se haya derogado aún el DNU No. 18 que removió a Redrado sin su “previo consejo”-presidida por el vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Julio César Cleto Cobos, y con la presencia de Gustavo Ángel Marconato (Frente para la Victoria) y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), presidentes de la comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas de la Cámara de Diputados, y que sesiona con quórum justo, por la ausencia de los dos senadores que no están aún designados.

El hecho que a la remoción tenga forma de decreto de necesidad y urgencia (equivalente a una ley) no modifica la Carta del Banco Central (ley 24.144), y no releva al Ejecutivo de la obligación del “previo consejo” de la Comisión parlamentaria. Para evitar esta exigencia el decreto, o mejor una ley, debió modificar dicha Carta, no sólo para el caso Redrado, sino también para cualquier otra remoción que en el futuro pueda disponer el Poder Ejecutivo en el directorio del Banco.

¿Qué puede pasar en la Comisión?

  • Si  los dos diputados aconsejan en dictamen conjunto o separado –por causales distintas- la remoción de Redrado, Cobos tendrá, en el último caso, desempatar sobre que causales sustenta el despacho de la Comisión. La presidenta podría removerlo sólo por las causales del dictamen final, en este caso el mismo es vinculante.
  • Si la presidenta cambia de opinión, o no esté de acuerdo con los fundamentos del consejo de remoción dado por la Comisión, puede aceptarle la renuncia al presidente del Banco Central. En este caso el consejo no es vinculante.
  • Si, en cambio, hubieran dos dictámenes de los diputados, uno por la remoción y el otro en sentido contrario, en este caso el presidente de la Cobos sólo puede desempatar. No siendo senador ni diputado y como presidente de la Comisión no le está permitido hacer algo más que lo que puede hacer en las votaciones cuando preside el Senado o el Congreso reunido en Asamblea, que es inclinarse por alguna de las opciones votadas. El presidente no podría imponer una tercera posición, distinta a la de los legisladores que integran el Cuerpo.
  • Si dicha Comisión no se expidiera, o le solicitara al Ejecutivo que revoque el DNU No. 18, o aconsejare que no se lo remueva y le acepte la renuncia, la presidenta no puede cesantear a Redrado, ya que lo que impone la ley es que la decisión presidencial debe ser idéntica con el “previo consejo” de la Comisión, y si la misma no da este consejo el Ejecutivo por su cuenta no puede hacerlo, y deberá aceptar la renuncia.

Esto concuerda con el decreto presidencial que designa al presidente del Banco Central, que para ser válido necesita del acuerdo del Senado (art. 7 COBC), y la diferencia es que en el decreto que lo nombra, el acuerdo Senatorial es posterior al decreto, y en el de remoción el consejo debe ser anterior, aunque en este anómalo caso el decreto se haya dictado antes. El “previo consejo” para que no sea removido es vinculante, a pesar de lo que diga Aníbal Fernández.

La incertidumbre que estas situaciones producen no sólo desgasta a la presidenta –que ya reemplazó al Procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino por Joaquín da Rocha por el fracaso del gobierno en las instancias judiciales- o inquietan a los mercados, sino que nos alejan de aquella sana aspiración, que fuera bandera electoral, de ser un “País serio”.

Córdoba, enero de 2010.

DNU: Dos Preguntas Más

Martín Perez Redrado

Martín Perez Redrado

Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) No. 2010/ 2009, que destina reservas del Banco Central al Fondo del Bicentenario y, en consecuencias, libera recursos del presupuesto para cubrir gasto público, y el No. 18/ 2010, que remueve al presidente de ese Banco, Martín Pérez Redrado, dictados por el Poder Ejecutivo; además de no haber justificado ni la “necesidad” ni la “urgencia”, que el decreto de remoción no contó con el consejo de la comisión del Congreso y que no se dio oportunidad de defensa a Redrado por el delito que se le atribuye; plantean dos interrogantes que merecen adecuadas respuestas: 1. ¿Puede el PE dictar leyes (DNU) cuando el Congreso está en receso? y 2. ¿Dónde, cuando y quienes asistieron al “acuerdo general de ministros” que los decidió?

1. – El Congreso es quién sanciona leyes pero, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previsto por esta Constitución para la sanción de las leyes” (art. 99, 3 CN) puede hacerlo el Poder Ejecutivo mediante DNU. Por lo tanto, si el Congreso está en receso, y, por ello, no puede dictar leyes, tampoco puede hacerlo el Poder Ejecutivo, quién puede hacer cesar el receso convocando a sesiones extraordinarias (art. 63 CN).

Negarse a hacerlo es también impedir que se cumpla aquella otra exigencia de la Ley Fundamental, después de dictado el DNU- de que elevado al plenario del Congreso el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente –que controla la validez de los mismos-, “de inmediato” deba ser considerado por “las Cámaras” (art. 99, 3 CN), luego que el jefe de gabinete de ministros lo someta a dicha Comisión dentro de los diez días, y ésta lo despache en igual tiempo.

Este es el segundo año parlamentario que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se niega a convocar a sesiones extraordinarias, lo que demuestra que no hay necesidad ni urgencia para dictar ley alguna. El reciente requerimiento del consejo de la Comisión parlamentaria es un reconocimiento de la omisión incurrida en el Decreto No. 18.

Conclusión: con el Congreso en receso el Poder Ejecutivo no puede dictar DNU.

2. – Los DNU “serán decididos (por el presidente de la Nación) en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete” (art. 99, 3 y 100, 13 CN). Por lo que es indispensable el “acuerdo general de ministros”, que se resuelve en una reunión de gabinete – la que debe “coordinar, preparar y convocar” el jefe de gabinete (art. 100, 5 CN)-, lo que hace mucho no tenemos noticias que ocurra. Además, el DNU debe ser firmado por el presidente y por los ministros, pero ello no suple la necesaria reunión de gabinete para que estos discutan y lleguen a un “acuerdo” con el presidente, lo que reemplaza el debate en el Congreso que por las razones de “urgencia”  no pudo hacerse.

En estos dos casos, hubo refrendo, pero no tenemos información de que haya habido reunión de gabinete, y, por tanto, tampoco pudo haber “acuerdo general de ministros”.

Pruebas al canto: en la página Web del Ministerio de Salud se informó que el titular de la cartera Juan Manzur – que firma el DNU que remueve a Redrado estuvo en Misiones (Puerto Iguazú) y Chaco entre el 6 y el 8 de enero, y el DNU que refrendó tiene fecha 7 de ese mes, día en que el ministro visitó el Hospital “Dr. Enrique De Llamas” en Charata, junto al gobernador de Chaco. La prensa informó que el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, estaba en Valeria del Mar, mientras que los de Trabajo, Carlos Tomada, y de Defensa, Nilda Garré estaban en Pinamar. Los tres suscribieron también el DNU.

Si hubiera habido reunión de gabinete ¿a donde fue?, ¿en la Casa Rosada, en Olivos, en Charata, en Valeria del Mar, o en Pinamar?, y otra duda: ¿cuándo y a donde firmaron los ministros el DNU refrendando y legalizando la de la presidenta?

Conclusión: pudo haber refrendo, pero se omitió el “acuerdo general de ministros”.

Estos dos interrogantes ponen aún más en duda la plena vigencia del Estado de Derecho y dañan la siempre anhelada calidad institucional.

Córdoba, enero de 2010.