La Reducción de las Jubilaciones en Córdoba

Gobernador Juan Schiaretti

Gobernador Juan Schiaretti

La Constitución Provincial que declara que las jubilaciones y pensiones son “irreductibles” (Art. 57) viene padeciendo vejaciones por parte de los poderes del Estado, que llevan a fulminar dicha garantía constitucional. Con la ley 9504 de la Provincia de Córdoba (B.O. 31.7.08) se ordenó recortar los beneficios previsionales que abona la Caja de Jubilaciones de la Provincia mayores a 5 mil pesos (cifra que luego se aumentó a 6 mil pesos).

Dicha ley, también, es contraria el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando declaró inconstitucional el Decreto 1777/95 del gobernador Ramón Mestre -que fue el primero en reducir haberes previsionales- en el fallo “Iglesias” (11.7.07), cuya doctrina debe ser seguida según la propia doctrina de la Corte del “leal acatamiento”.

La casi totalidad de los tribunales inferiores provinciales concedieron medidas cautelares en los amparos que iniciaron los beneficiarios perjudicados por los recortes. Muchos juzgados y Cámaras declararon inconstitucional la referida ley 9504 en cuanto dispone recortes en los haberes, e hicieron lugar a dichas acciones.

A pesar de esto, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, en el caso “Bossio” (15.12.09) – un fallo político, que no está firme ya que fue recurrido-, dejó sin efecto -para ese caso- la medida cautelar ordenada. Y, aunque dio valor de pago a lo percibido como consecuencia de la misma, dispuso sustituir –y estos es lo más grave- los descuentos dispuestos en la ley 9504 por una nueva liquidación, consistente en descontar todo lo que supere el 82% del sueldo líquido del activo. Criterio idéntico al del decreto 1777, que la Corte declaró inconstitucional en el caso “Iglesias”, y que el gobernador José Manuel de la Sota, por esa razón, derogó.

Esto es tan claro, que el mismo día (15.12.09) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Hernández”, ratificó y amplió los fundamentos del fallo “Iglesias”, declarando no sólo la inconstitucionalidad del decreto sino también de las leyes de emergencia que ordenaban recortes. La doctrina de “Hernández”, la Corte la aplicó también en otros 8 juicios más, dejando aún sin mayor sustento lo sostenido por el Tribunal Superior para fundar lo decidido en “Bossio”.

El gobernador Juan Schiaretti se apresuró entonces a dictar el Decreto 1830/09 y la Legislatura, a su pedido, la ley 9722, por la que suspendía las medidas cautelares y adopta el criterio sentado por el inconstitucional decreto 1777 y en el fallo de “Bossio”, aunque el mismo no estaba ni está firme, contrariando la doctrina sentada por la Corte Suprema en los casos antes mencionados y arrogándose competencias judiciales que tiene expresamente vedadas.

Eso motivó nuevas acciones judiciales, con resultado favorable, donde se ordenó a la Caja abstenerse de descontar. Sin embargo, la Caja volvió a desobedecerlas, y hasta se negó a recibir oficios judiciales donde se ordenaban esas medidas, antes y durante la feria del mes de enero de 2010, inclusive en este último caso con la habilitación de feria dictada por los jueces de turno, lo que implicó incumplir deberes de funcionario público.

El vocal del Tribunal Superior Carlos García Allocco, durante la feria de enero de 2010, dictó distintos pronunciamientos, arrogándose la competencia del plenario del Alto Tribunal que integra –sin llamar a otros miembros-, revocando fallos de Cámara en los que se habían admitido pedidos de cautelares con el planteo de inconstitucionalidad de la ley 9722 y de la ya declarada inconstitucionalidad del Decreto 1830/09 y de la Ley antes mencionada, contrariando expresas disposiciones de la Constitución Provincial (Arts. 164 y 165).

En este pronunciamiento el vocal impone la doctrina del Decreto 1777/95 y del fallo no firme de “Bossio”; en suma, aplica un decreto derogado y en contra de lo expresamente sentando por la Corte Suprema. Como conclusión de este extraño proceder, los pronunciamientos fueron dictados mediante el trámite conocido como “per saltum” –lo que importa “saltear” pasos procesales, exigidos por ley-. Mecanismo no previsto por la Constitución ni por ninguna ley, y en los que, mas gravemente aún, no se dio participación a las partes, atentando contra el derecho de defensa.

Estas resoluciones olvidaron el fin de la emergencia que fundó la Ley 9722, atento que la Nación envió de $650 millones en concepto de déficit de la Caja para el año 2009, y de $690 millones por el del 2008, por el acuerdo celebrado por la Nación y la Provincia en septiembre de 2008. Además, por otro acuerdo, entre las mismas partes, se dispuso que durante los años 2010 y 2011 la Provincia reciba $1.650 millones para cubrir el déficit de la Caja por dichos años. Este acuerdo lo aprobó por Ley 9721 la Legislatura en la misma sesión que sancionó la ley 9722, y la Nación ya giró $350 millones de dicho acuerdo en enero pasado. Esto permitió aumentar los beneficios mínimos a mil pesos, sin reparar que el salario mínimo vital y móvil es de $1500. Queda aún por blanquear las remuneraciones sin aportes de la provincia y los municipios.

A fines de enero de 2010 la Caja solicitó un nuevo per saltum en una larga lista de pleitos radicados en Cámaras y Juzgados de toda la Provincia. El Tribunal Superior le corrió vista al Fiscal General, y esperemos que, al menos, no se vuelva a afectar el derecho de defensa de las partes de los juicios del listado.

En uno de los fallos de Cámara, revocado por García Allocco, se invocó el Pacto de San José de Costa Rica para declarar la inconstitucionalidad de la ley 9722 alegando que ni siquiera en caso de grave emergencia, como la guerra y el estado de sitio, podía contrariarse la disposición constitucional como esta (Art. 27 del Pacto).

En definitiva, Córdoba es testigo de un atropello sistemático, cuyas víctimas fueron los jubilados, a la Constitución Nacional y Provincial, y a los Tratados internacionales de Derecho Humanos, en que han incurrido autoridades provinciales. Esto merece ser denunciados en defensa del Estado de Derecho ante la opinión pública, que ha sido sorprendida por este accionar contrario al sistema republicano y democrático de gobierno.

Córdoba, febrero de 2010.

Sobre el Caso Redrado: Consejo Vinculante o No Vinculante

Anibal Fernandez

Jefe de Gabinete Argentino Aníbal Fernandez

Aníbal Fernández afirmó, antes de la renuncia no aceptada de Redrado, que el consejo que debe emitir la Comisión parlamentaria que trata su caso no es vinculante, o sea que no obliga al Poder Ejecutivo que quiere removerlo, lo que no es del todo cierto.

Recordemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó dos decretos de necesidad y urgencia (DNU), uno que creaba el Fondo del Bicentenario y el otro que removió al presidente del Banco Central Hernán Martín Pérez Redrado, pero los mismos -por órdenes judiciales- están suspendidos en su ejecución.

Redrado, que fue designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y por un plazo de 6 años (Art. 7 Ley 24.144 Carta Orgánica del Banco Central- COBC) que vence en septiembre de 2010, para ser removido necesita que el Presidente de la Nación lo decida mediante un decreto, motivado en su“mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público”, pero debe contar “con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación. La misma será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara.” (Art. 9 COBC).

Esta Comisión que está reunida a pedido del Ejecutivo -sin que se haya derogado aún el DNU No. 18 que removió a Redrado sin su “previo consejo”-presidida por el vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Julio César Cleto Cobos, y con la presencia de Gustavo Ángel Marconato (Frente para la Victoria) y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), presidentes de la comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas de la Cámara de Diputados, y que sesiona con quórum justo, por la ausencia de los dos senadores que no están aún designados.

El hecho que a la remoción tenga forma de decreto de necesidad y urgencia (equivalente a una ley) no modifica la Carta del Banco Central (ley 24.144), y no releva al Ejecutivo de la obligación del “previo consejo” de la Comisión parlamentaria. Para evitar esta exigencia el decreto, o mejor una ley, debió modificar dicha Carta, no sólo para el caso Redrado, sino también para cualquier otra remoción que en el futuro pueda disponer el Poder Ejecutivo en el directorio del Banco.

¿Qué puede pasar en la Comisión?

  • Si  los dos diputados aconsejan en dictamen conjunto o separado –por causales distintas- la remoción de Redrado, Cobos tendrá, en el último caso, desempatar sobre que causales sustenta el despacho de la Comisión. La presidenta podría removerlo sólo por las causales del dictamen final, en este caso el mismo es vinculante.
  • Si la presidenta cambia de opinión, o no esté de acuerdo con los fundamentos del consejo de remoción dado por la Comisión, puede aceptarle la renuncia al presidente del Banco Central. En este caso el consejo no es vinculante.
  • Si, en cambio, hubieran dos dictámenes de los diputados, uno por la remoción y el otro en sentido contrario, en este caso el presidente de la Cobos sólo puede desempatar. No siendo senador ni diputado y como presidente de la Comisión no le está permitido hacer algo más que lo que puede hacer en las votaciones cuando preside el Senado o el Congreso reunido en Asamblea, que es inclinarse por alguna de las opciones votadas. El presidente no podría imponer una tercera posición, distinta a la de los legisladores que integran el Cuerpo.
  • Si dicha Comisión no se expidiera, o le solicitara al Ejecutivo que revoque el DNU No. 18, o aconsejare que no se lo remueva y le acepte la renuncia, la presidenta no puede cesantear a Redrado, ya que lo que impone la ley es que la decisión presidencial debe ser idéntica con el “previo consejo” de la Comisión, y si la misma no da este consejo el Ejecutivo por su cuenta no puede hacerlo, y deberá aceptar la renuncia.

Esto concuerda con el decreto presidencial que designa al presidente del Banco Central, que para ser válido necesita del acuerdo del Senado (art. 7 COBC), y la diferencia es que en el decreto que lo nombra, el acuerdo Senatorial es posterior al decreto, y en el de remoción el consejo debe ser anterior, aunque en este anómalo caso el decreto se haya dictado antes. El “previo consejo” para que no sea removido es vinculante, a pesar de lo que diga Aníbal Fernández.

La incertidumbre que estas situaciones producen no sólo desgasta a la presidenta –que ya reemplazó al Procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino por Joaquín da Rocha por el fracaso del gobierno en las instancias judiciales- o inquietan a los mercados, sino que nos alejan de aquella sana aspiración, que fuera bandera electoral, de ser un “País serio”.

Córdoba, enero de 2010.

DNU: Dos Preguntas Más

Martín Perez Redrado

Martín Perez Redrado

Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) No. 2010/ 2009, que destina reservas del Banco Central al Fondo del Bicentenario y, en consecuencias, libera recursos del presupuesto para cubrir gasto público, y el No. 18/ 2010, que remueve al presidente de ese Banco, Martín Pérez Redrado, dictados por el Poder Ejecutivo; además de no haber justificado ni la “necesidad” ni la “urgencia”, que el decreto de remoción no contó con el consejo de la comisión del Congreso y que no se dio oportunidad de defensa a Redrado por el delito que se le atribuye; plantean dos interrogantes que merecen adecuadas respuestas: 1. ¿Puede el PE dictar leyes (DNU) cuando el Congreso está en receso? y 2. ¿Dónde, cuando y quienes asistieron al “acuerdo general de ministros” que los decidió?

1. – El Congreso es quién sanciona leyes pero, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previsto por esta Constitución para la sanción de las leyes” (art. 99, 3 CN) puede hacerlo el Poder Ejecutivo mediante DNU. Por lo tanto, si el Congreso está en receso, y, por ello, no puede dictar leyes, tampoco puede hacerlo el Poder Ejecutivo, quién puede hacer cesar el receso convocando a sesiones extraordinarias (art. 63 CN).

Negarse a hacerlo es también impedir que se cumpla aquella otra exigencia de la Ley Fundamental, después de dictado el DNU- de que elevado al plenario del Congreso el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente –que controla la validez de los mismos-, “de inmediato” deba ser considerado por “las Cámaras” (art. 99, 3 CN), luego que el jefe de gabinete de ministros lo someta a dicha Comisión dentro de los diez días, y ésta lo despache en igual tiempo.

Este es el segundo año parlamentario que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se niega a convocar a sesiones extraordinarias, lo que demuestra que no hay necesidad ni urgencia para dictar ley alguna. El reciente requerimiento del consejo de la Comisión parlamentaria es un reconocimiento de la omisión incurrida en el Decreto No. 18.

Conclusión: con el Congreso en receso el Poder Ejecutivo no puede dictar DNU.

2. – Los DNU “serán decididos (por el presidente de la Nación) en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete” (art. 99, 3 y 100, 13 CN). Por lo que es indispensable el “acuerdo general de ministros”, que se resuelve en una reunión de gabinete – la que debe “coordinar, preparar y convocar” el jefe de gabinete (art. 100, 5 CN)-, lo que hace mucho no tenemos noticias que ocurra. Además, el DNU debe ser firmado por el presidente y por los ministros, pero ello no suple la necesaria reunión de gabinete para que estos discutan y lleguen a un “acuerdo” con el presidente, lo que reemplaza el debate en el Congreso que por las razones de “urgencia”  no pudo hacerse.

En estos dos casos, hubo refrendo, pero no tenemos información de que haya habido reunión de gabinete, y, por tanto, tampoco pudo haber “acuerdo general de ministros”.

Pruebas al canto: en la página Web del Ministerio de Salud se informó que el titular de la cartera Juan Manzur – que firma el DNU que remueve a Redrado estuvo en Misiones (Puerto Iguazú) y Chaco entre el 6 y el 8 de enero, y el DNU que refrendó tiene fecha 7 de ese mes, día en que el ministro visitó el Hospital “Dr. Enrique De Llamas” en Charata, junto al gobernador de Chaco. La prensa informó que el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, estaba en Valeria del Mar, mientras que los de Trabajo, Carlos Tomada, y de Defensa, Nilda Garré estaban en Pinamar. Los tres suscribieron también el DNU.

Si hubiera habido reunión de gabinete ¿a donde fue?, ¿en la Casa Rosada, en Olivos, en Charata, en Valeria del Mar, o en Pinamar?, y otra duda: ¿cuándo y a donde firmaron los ministros el DNU refrendando y legalizando la de la presidenta?

Conclusión: pudo haber refrendo, pero se omitió el “acuerdo general de ministros”.

Estos dos interrogantes ponen aún más en duda la plena vigencia del Estado de Derecho y dañan la siempre anhelada calidad institucional.

Córdoba, enero de 2010.

Por Qué No Es Presidenciable De Narváez

Francisco de Narváez

Francisco de Narváez

Ante la versión de que Francisco de Narváez aspira a ser candidato a presidente de la Nación, me parece oportuno recordar que la Constitución Nacional dispone que “Para ser elegido presidente (…)de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero(…)” (art. 89) y que el actual diputado nacional nació en Bogotá el 22 de septiembre de 1953, reside en nuestro país desde el 6 de junio de 1958, se naturalizó argentino en 1992, pero sus padres no son “ciudadano nativo”, ya que su madre Doris Steuer, nació en Europa y luego se naturalizó argentina; y su padre fue Juan Salvador de Narváez Vargas, un colombiano dedicado al negocio del café, que falleció el 5 de marzo de 1985.

Los constituyente de 1853 extendieron a los hijos de los ciudadanos nativos nacidos en el extranjero la posibilidad de ser presidentes porque algunos de ellos estuvieron fuera del país, exiliados, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y no quisieron privar a sus hijos, nacidos en esas circunstancias, de este posible alto honor.

El ser “hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero” no es requisito para ser diputado; y antes de De Narváez hubo quienes integraron la Cámara baja y hasta la presidieron, como lo fue entre 1963 a 1966, Arturo Mor Roig, nacido en Lérida, (Cataluña, España), el que fue asesinado por los Montoneros el 15 de julio de 1974.

¿Este requisito lo discrimina y, por tanto, contradice algún tratado internacional?

Para la Constitución los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional “deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos” (art. 75 inc. 22 CN). En consecuencia, el derecho a “Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país que declara el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25 inc. c), para citar sólo alguno, no suprime el requisito de la nacionalidad, ni el mismo puede interpretarse como discriminatorio, ya que concuerda con aquella afirmación de la Constitución de que “Todos sus habitantes son iguales ante la ley” (art. 16 ), igualdad, que siempre fue bien entendida, “entre los iguales en iguales circunstancias”.

De Narváez afirma que la Justicia le dará la razón si su candidatura a presidente le fuera impugnada por no ser argentino nativo, porque cuando fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires una impugnación basada en idéntica exigencia de la Constitución de ese Estado (art. 121 inc. 1), fue desestimada por la Junta Electoral, por 4 votos contra uno el 23 de agosto de 2007.

El voto mayoritario invocó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de agosto de 2006  en la causa “Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” en el que se declaró inconstitucionalidad “la norma local que impone el requisito de la nacionalidad argentina para concursar al cargo de secretario de Primera Instancia en los Juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

Pero este criterio, entiendo, no es aplicable para el caso del presidente de la República por tratarse éste de un requisito constitucional y no legal, como lo fue en el caso de la secretaria Gottschau. Además, la función de secretaria, exhaustivamente analizada por la Corte en el fallo, no se ve comprometida en nada por el hecho de quién la ejerza sea naturalizado, como bien dijo el Alto Tribunal en aquel pronunciamiento. En cambio el cargo y la función de presidente la debe ejercer el que tenga un incuestionable arraigo en la Nación, de allí el requisito.

Si se reformara la Constitución el mismo podría ser modificado, no para favorecer a De Narváez ni a otra persona, sino porque en la época de la globalización, el arraigo que los constituyentes quisieron que tengan el presidente y el vicepresidente, lo cumple acabadamente quién ingresó y residió en el país siendo niño, se naturalizó hace varios lustros y prestó servicios como diputado, cargo para el que fue elegido por el pueblo en 2005 y 2009.

Esta criterio no tiene nada que ver con la opinión que tengo sobre la persona del “Colorado” De Narváez, que por un lado me cae simpático por haber sido uno de los dueños de aquel negocio de regalos para niños que fundó su abuelo materno judío, Karel Steuer, en 1933 en Praga llamado “Te Ta” (“Tía” en idioma Checo), y que junto a Federico Deutsch lo abrieron en Argentina en 1946 como “Casa Tía”, la que visité tantas veces desde niño en el local que tenía en Córdoba, en la segunda cuadra de la calle Rivera Indarte, y que entonces era lo más parecido a lo que hoy es un shopping.

Pero más allá de sus ideas, su pinta, sus cambiantes inclinaciones políticas y su rotundo éxito en las elecciones del 28 de junio del 2009, al derrotar -nada menos- que a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires; no me convence su perfil de político millonario de 3 dígitos, de moda en esta época en que priman las desigualdades sociales; porque me recuerda a Ross Perot, en Estados Unidos, Silvio Berlusconi en Italia y Sebastián Piñera en Chile, lo que no me parece bueno para el desarrollo democrático, y porque temo, alguna vez, encontrar a Ricardo Fort, que sí es argentino nativo, en alguna boleta electoral.

Córdoba, enero de 2010.

Blindar al Gobierno sobre Ordenes de los Jueces

Tribunales de Buenos Aires

Tribunales de Buenos Aires

En la desenfrenada carrera por aprovechar la mayoría en el Congreso, que el gobierno perdió el 28 de junio pasado y que recién se hará efectiva el 10 de diciembre cuando asuman los electos, la Cámara de Diputados el 8 de octubre pasado dio media sanción -con 135 votos-, a un proyecto de ley que intenta blindar al Estado Nacional, sus reparticiones y entes, frente a cualquier medida preventiva que puedan ordenar los jueces en protección de derechos humanos vulnerados.

Para ello dicho proyecto reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dispone que cuando se pidan medidas cautelares para proteger derechos afectados por el Estado Nacional, sus reparticiones o entes, los jueces deberán dar vista de la petición a la Administración por tres días antes de ordenarlas, lo que significa una demora que puede tornar ilusorios los derechos que se quieren proteger, en especial si el afectado lo pide a un juez federal del interior del país, en razón que esos tres días pueden convertirse en varias semanas o meses, por la demora que tarda una notificación desde un juzgado federal del interior a una repartición del Estado con sede en Buenos Aires.

Afortunadamente el diputado Federico Pinedo logró hacer introducir en el texto una excepción a este trámite dilatorio que expresa: “Salvo casos de urgencia debidamente justificados”, lo que puede permitir que el buen criterio de los jueces pueda eludir esta injustificada limitación a sus potestades, ya que siempre que se concede una medida cautelar la misma se funda en la verosimilitud del derecho invocado.

Ésta modificación no alcanza a la acción de amparo, como algunos han creído, ya que cuando la misma se plantea contra actos u omisiones de autoridad se rige por la ley 16.986, que no ha sido reformada por este proyecto de ley, que espero sea rechazado en el Senado. Lo curioso es que esta norma, dictada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía para limitar el número de amparos, al no ser mencionada en esta oportunidad como reformada, sirve hoy para no cercenar las medidas cautelares que disponen en los amparos.

Otra restricción que establece este proyecto es cuando se pide la suspensión de un acto administrativo, ya que la misma no se concederá si afecta gravemente el interés público o cuando los representantes del Estado acrediten sumariamente que la ejecución del acto generaría perjuicios más graves que los que eventualmente produzca la suspensión del mismo.

A pesar del grave retroceso que implica este proyecto es positivo que el mismo haya dispuesto que si el pedido de suspensión del acto administrativo, que atenta contra los derechos del administrado, se encontrare pendiente en la instancia administrativa, podrá concederse dicha suspensión, si el peticionante acredita haber solicitado la misma ante la autoridad administrativa (en los términos del art. 12 de la ley 19.549 de Trámite Administrativo de la Nación) y que la suspensión fue rechazada; o que transcurrido el plazo superior a quince días desde que se lo peticionó, no se hubiera dictado resolución sobre el particular.

El proyecto concluye con una obviedad, que muestra la abyecta intención que lo inspira, al disponer, algo que los jueces pueden hacer sin que lo diga ninguna ley, que: “La autoridad administrativa, en cualquier estado del proceso, podrá alegar fundadamente que la suspensión provoca un grave daño al interés público, y en tal caso el juez podrá dejar sin efecto la suspensión, declarando a cargo de aquella los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto en que se hiciere lugar a la demanda o recurso”.

El diputado oficialista del Chubut Juan Mario Pais, autor de este proyecto, aclaró: “No se restringen las medidas cautelares contra las empresas de servicios públicos, como Edesur o Edenor, ni contra otros particulares, como fueron los amparos por el corralito contra los bancos. Pero a veces hay abusos, como fue el caso de la cuota Hilton, que fue distribuida por los jueces”. Esta explicación muestra el claro atentado contra el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución) que implica esta norma, que discrimina a quién sufre la vulneración de un mismo derecho por parte de un órgano del Estado, respecto de la que es producida por un particular.

Si el gobierno no quiere volver a perder elecciones, no deje que este tipo de leyes se sancionen, y apele a las mejores banderas que alguna vez levantó, como la de los derechos humanos, la de calidad institucional o del país serio. Este proyecto es contrario a todo esto.

Córdoba, de noviembre de 2009.

El Federalismo y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales

Radio

Radio

La Ley de facto 22.285 de Radiodifusión, que llevaba las firmas del ex dictador Jorge Videla, y de sus ministros de Economía José Martínez de Hoz y del Interior Albano Harguindegui, a pesar de haber sido varias veces modificada por el Congreso, merecía, desde hace tiempo, ser sustituida  por una legislación democrática y federal que respetara los principios de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, especialmente el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Coalición para la Radiodifusión Democrática, que integraban todos los gremios de trabajadores de la Comunicación, de la CGT y CTA, los organismos de defensa de Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las Universidades Nacionales y sus Carreras de Comunicación o Ciencias de la Información o Periodismo, el movimiento Cooperativo, radios comunitarias y de pequeños y medianas empresas, numerosos movimientos sociales lanzó en agosto de 2004 la “Iniciativa ciudadana para una nueva Ley de Radiodifusión”, que consta de veintiún principios para la adopción de una legislación sobre radiodifusión en la Argentina y que se presentó al gobierno por la Multisectorial por la Radiodifusión Democrática.

En el punto 19 esa “Iniciativa” expresaba: “La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada  además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de los trabajadores de los medios social y de las artes audiovisuales.”

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales

El Poder Ejecutivo Nacional, luego de ser derrotado en las elecciones de medio tiempo -el 28 de junio del 2009-, envió al Congreso un proyecto de ley que hizo aprobar a tambor batiente -antes de que asumieran los electos- con el propósito de poder ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación audiovisuales teniendo en vista las elecciones presidenciales del año 2011. En su debate, como ocurrió con el conflicto del campo, el gobierno trató de dividir la sociedad en dos bandos, señalando como el enemigo a derrotar a los monopolios, para lo cual usó como señuelo al Grupo Clarín.

La Ley 26.522, fue sancionada, promulgada y publicada el 10 de octubre de 2009, y en su artículo 3º dispone: “Se establecen para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos: (…) inciso b dice “La promoción del federalismo y la Integración Regional Latinoamericana;(…)”.

Pero esta invocación federalista, se contradice con la absorción de todos los medios por una política y una administración centralizada, que comienza en el artículo 7º cuando establece que: “La administración del espectro radioeléctrico, atento su carácter de bien público se efectuará en las condiciones fijadas por la presente ley y las normas y recomendaciones internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otros organismos pertinentes. Corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, la administración, asignación, control y cuanto concierna a la gestión de los segmentos del espectro radioeléctricos destinados al servicio de radiodifusión. Los servicios de radiodifusión están sujetos a la jurisdicción federal. (…)”

“Se confunden en esto –como bien señala Rodolfo Antonio Punte- los servicios que entran a la regulación internacional por las franjas de mejor uso de las ondas de radio y televisión, con los usos locales, propios de las frecuencias moduladas, que no entran dentro de este concepto, desde un ángulo técnico. Y que debieran estar controladas por los municipios y las provincias, de un modo análogo a cómo la Constitución de 1994 trató el tema de los derechos del consumidor (art. 42) o, más claro todavía, el ambiental, en su artículo 41, donde se determina que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.

“El carácter unitario de la regla se ve claramente en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual -Título II- donde no existe representación de las provincias; y sí prevé “delegaciones” en las mismas. Para sorpresa, esta autoridad federal no reside en la Capital Federal, sino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 11)”. (“Una ley unitaria” ElDial.com)

El artículo 10º reza: “Autoridad de aplicación. Créase como organismos descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, como autoridad de aplicación de la presente ley.”

El artículo 12º establece entre otras: “Misiones y funciones. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tendrá las siguientes misiones y funciones: (…) inciso 8.) Sustanciar los procedimientos para los concursos, adjudicación directa y autorización, cuando corresponda, para la explotación de los servicios de comunicación audiovisual.(…) 11) Adjudicar y prorrogar, en los casos que corresponde, y declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones, sujetos al control pleno y oportuno, incluso cautelar.(…) 14) Aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de la presente ley, sus reglamentaciones, y sus actos administrativos, bajo control judicial pleno y oportuno, incluso cautelar. 15) Declarar la ilegalidad de las estaciones y/o emisiones y promover la consecuente actuación judicial, incluso cautelar; adoptando las medidas necesarias para lograr el cese de las emisiones declaradas ilegales;(…)”

El Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, según el artículo 14, tiene siete (7) miembros y será nombrado por el Poder Ejecutivo nacional, y estará integrado por un (1) presidente y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo, tres propuestos por la Comisión Bicameral de promoción y seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno (1) por la primer mayoría, uno (1) por la segunda y uno (1) por la tercera mayoría parlamentaria, y dos (2) propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Duran cuatro (4) años en su mandato. Con esta composición está claro que el Poder Ejecutivo tendrá mayoría y podrá disponer de los medios de comunicación en la forma como maneja el Consejo de la Magistratura.

El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que es un órgano meramente asesor, está integrado por un (1) representante cada una de las máxima autoridad de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires (¿legislaturas o gobernadores?), y quince (15) representantes de distintas instituciones y prestadores de servicios audiovisuales, designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de sus representados, que duran dos (2) años en sus cargos. Aquí se puede ver la equiparación de la representación provincial con las de otras instituciones y prestadores, lo que distorsiona el equilibrio federal.

El artículo 32 establece que las licencias para servicios de comunicación audiovisual abierta cuya área primaria de servicios que supere los cincuenta (50) kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones que superen los quinientos mil (500.000) habitantes, serán adjudicadas, previo concurso, por el Poder Ejecutivo nacional. Los restantes servicios de comunicación audiovisual abiertos, por suscripción y que utilicen vínculos radioeléctricos no por satélites y que se encuentren planificadas, serán adjudicadas por la autoridad de aplicación.

El artículo 119 crea, bajo la supervisión del Poder Ejecutivo nacional, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que tiene a su cargo la administración y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional (Canal 7, demás estaciones de Radio Nacional, y algún canal y estaciones de radio comerciales), bajo la dirección de un directorio de siete (7) miembros; integrado, designado y propuesto de la misma forma que la Autoridad de Aplicación; y que duran, también, cuatro (4) años en sus cargos, según dispone el artículo 132.

LA CONSTITUCIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Es necesario concordar y armonizar el artículo 32 incorporado a la Constitución en la reforma de 1860 –cuando dispone que “El Congreso federal no dicta leyes que restrinjan la libertad de imprenta (…)”,  con los artículos 14 –que autoriza al Congreso a reglamentar el ejercicio del derecho “a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”-, 28 –que dispone que dichos derechos “no podrán ser alterados por las leyes que lo reglamenten”-, 75 inc. 12 –que atribuye al Congreso el dictado de la legislación de fondo- y el 121-que declara que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal”-, que con distinta numeración ya estaban en el Texto de 1853, que son los que hacen el reparto de competencias reglamentarias entre Nación y las provincias, en general, y en particular referido al derecho a la libertad de expresión.

De ello se colige que el artículo 32, como otras disposiciones que se modificaron o introdujeron en esa reforma, tenía un propósito definido, evitar la ingerencia del gobierno federal en materias sensibles a los poderes de la provincia de Buenos Aires, que aceptaba la Ley Fundamental aprobada en Santa Fe luego de ser derrotada en Cepeda y por ello haber firmado el Pacto de San José de Flores, como era en este caso el de la prensa porteña.

Dalmacio Vélez Sársfield, en la sesión del 1º de mayo de 1860 de la Convención Constituyente de Buenos Aires, expresó respecto de lo que es hoy el artículo 32 que proponía sancionar: “La reforma importa decir que la imprenta debe estar sujetas a las leyes del pueblo en que se use de ella. (…) La reforma dice aún más; que el Congreso no puede restringir la libertad. La Libertad de imprenta, Señores, puede considerarse como una ampliación del sistema representativo o como su explicación de los derechos que quedan al pueblo, después que ha elegido sus representantes al Cuerpo Legislativo. Cuando un pueblo elige sus representantes no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho a pensar o hablar sobre sus actos; esto sería hacerlos irresponsables (…) Dejemos pues pensar y hablar al pueblo y no se le esclavice en sus medios de hacerlo.”

María Angélica Gelli dice, y dice bien, que “(…) cabe preguntarse  si el Poder Legislativo Federal puede reglamentar otros aspectos de la libertad expresiva, manifestada por otros medios de comunicación, dados los términos del art. 32 de la Constitución Nacional. En mi opinión, los poderes implícitos del Congreso Federal establecidos en el art. 75 inc. 12, dan cabida a esa reglamentación cuando los intereses de toda la Nación están en juego.” (Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, página 299, La Ley, segunda edición, 2003). A contrario sensum podemos afirmar que cuando los intereses de toda la Nación no están en juego la competencia reglamentaria es de las provincias.

La atribución congresional dispuesta en el último párrafo del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución incorporado en 1994, de “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales” no modifican en nada este acertado criterio.

A estos argumentos hay que agregar que “El principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. (…)Con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del  aparato público (…)” (“Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”, Pontificio Consejo Justicia y Paz, página  128, Conferencia Episcopal Argentina, 2005)

El Estado Federal, y mucho menos el gobierno Nacional, no deben legislar, regular, controlar ni tener ingerencia alguna sobre la gran cantidad de medios de comunicación que no tienen alcances más allá de los límites provinciales.

El gobierno de la provincia de San Luís anunció el dictado de una ley provincial sobre la materia y la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como bien señala Punte, en el trabajo antes citado,“(…) de las 45957 palabras de la ley, a lo largo de sus 165 artículos de fondo (el último que lleva el número166 es de forma) , desparramados en los 12 títulos, teniendo en cuenta además las notas de los artículos, y las 109 citas de referencia, la palabra provincia aparece una sola vez en el art. 16 y en forma pasiva en el art.11, y jurisdicciones municipales y provinciales (art. 88), Estado provincial y Estado municipal (sic) en los arts. 89, 98 y 163 de modo indirecto. La palabra federalismo aparece una sola vez como un propósito genérico en el art. 3b. Por contraste, los pueblos originarios aparecen en 15 menciones diferentes a lo largo de la ley, y tienen un capítulo especial para ellos”

Lo hasta aquí expresado es más que demostrativo que las autonomías provinciales han sido avasalladas.

Mendoza, diciembre de 2009.

El Despliegue de la Autonomía Municipal y el Principio de Subsidiriedad

Cabildo de la Ciudad de Salta

SUMARIO: Introducción. “Autonomía” judicial. Lo institucional. Finanzas. Nuevas necesidades. La seguridad pública. Políticas sociales, culturales y ecológicas. Conclusión. Anexo.

INTRODUCCIÓN

El principio de subsidiariedad es caro a la doctrina social de la Iglesia y el mismo indica que las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (subsidium) – por tanto de apoyo, promoción y desarrollo- respecto de las menores(…) A la subsidiariedad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional, legislativa, ofrecidas a las entidades sociales más pequeñas, corresponde una serie de implicancias en negativo, que imponen al Estado abstenerse de cuanto restrinja, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad, no deben ser suplantadas.”

“El principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares  y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Ese principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad(…)”

“Con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del  aparato público(…)” (“Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”, Pontificio Consejo Justicia y Paz, página  128, Conferencia Episcopal Argentina, 2005)

Si revisamos nuestra génesis institucional veremos que la organización política de nuestras villas o ciudades, el cabildo, fue la institución estatal que mayor arraigo e importancia tuvo mientras fuimos parte del Reino de España, la legislación de indias así lo certifica.

Alrededor de los cabildos de las ciudades más importantes se diseñaron el Virreinato del Río de la Plata y las gobernaciones intendencias, durante la época de los Borbones, y de la división de estas surgirán, en el periodo patrio, las provincias. El primer gobierno patrio de 1810 nace en el Cabildo de Buenos Aires y las Legislaturas de las provincias vendrán a reemplazar a los cabildos de las ciudades capitales de las mismas.

La Constitución de la Confederación  Argentina 1853 será sancionada en Santa Fe por los representantes de trece provincias, a las que se le agregará Buenos Aires, luego de ser derrotada en la Batalla de Cepeda, de la firma del Pacto de San José de Flores en 1859 y de la reforma de la Constitución de 1860. Trece de las catorce provincias fundadoras tuvieron por capital una ciudad cabildo.

Las graves dificultades y el tiempo que insumió, antes y después de 1853, el “constituir la unión nacional”, primer objetivo del Preámbulo de la Constitución, demoraron la implementación adecuada del “régimen municipal” encomendada a las Constituciones provinciales (artículo 5), y durante mucho tiempo se discutió en las mismas si los municipios eran entes desconcentrados de la organización del estado provincial, o sea entes autárquicos, o si eran una forma de descentralización política, con autonomía, o sea un tercer escalón de la organización estatal.

Este debate concluyó con la reforma de la Constitución de 1994, donde se dispuso que las provincias dictan sus constituciones conforme a los dispuesto por el artículo 5 “asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.” (artículo 123) En consecuencia, los municipios autónomos, como tercer nivel del Estado federal, se dan sus propias normas, eligen sus autoridades, y se gobiernan y administran a sí mismos, dentro del marco de su competencia poblacional, territorial y material.

En algunas provincias el progreso ha sido significativo y la autonomía y la extensión de sus atribuciones ha sido notable, si la comparamos con los alcances que tenían antes del ciclo de reformas de las constituciones provinciales iniciado en 1986 y que en Córdoba se dio en el año siguiente. Este proceso autonómico se desarrolló aún más con el dictado de cartas orgánicas municipales que se hicieron en muchas ciudades del país, y se consolidó con la reforma de la Constitución Nacional de1994. Algunas provincias conservan el régimen anterior, de escasa autonomía y de gran dependencia de las provincias ya que no se han adecuado al plan autonómico de los constituyente de 1994.

El despliegue y ampliación de las competencias de los municipios, como el escalón estatal más cercano a la gente, no ha cesado a pesar del reconocimiento de su autonomía que han hecho las constituciones y leyes provinciales en los últimos tiempos. Sin embargo las políticas centralistas, especialmente por el desmesurado crecimiento de la “caja” del Gobierno Nacional, han creado serios inconvenientes para el ejercicio de sus competencias y para hacerse cargo de los nuevos requerimientos que hacen los vecinos y que corresponde asumir a las autoridades comunales por el principio de subsidiariedad.

Así como los órganos ejecutivos de los gobiernos nacional, provincial y municipal acumulan “superpoderes” y mayores competencias, es también notable las demandas ciudadanas a las autoridades municipales para que asuman mayores atribuciones de las que tienen para solucionarles sus problemas más acuciantes, en razón de la más directa y estrecha relación y compromiso que hay entre representados y representantes. Este desborde que motivan los requerimientos ciudadanos nos obliga a replantear y buscar encausar la cuestión, inspirados siempre en el principio de subsidiariedad.

A modo de ilustración en el Anexo a este trabajo podremos apreciar la ampliación de las competencias materiales confiada a los municipios comparando la Constitución de la Provincia de Córdoba reformada en 1923 con la de 1987, y la de la provincia de Tucumán reformada en el año 2008, una de las últimas en reformarse, y que no difiere mucho de aquella. Hoy podemos decir que este catálogo de atribuciones se ha tornado insuficiente y seguramente en posteriores reformas deberá ser ampliado.

“AUTONOMÍA” JUDICIAL

A los cinco órdenes de autonomía declarado por la Ley Fundamental (artículo 123) se agrega la “jurisdiccional” o judicial, que sólo le fue reconocida al mayor de los municipios, o a esa devaluada provincia, que jurídicamente se engendró en la Convención de 1994 con el nombre de ciudad autónoma de Buenos Aires (Artículo 129).

Esta omisión hizo que en las constituciones provinciales y en los demás municipios se creara una “justicia administrativa”, para atender cuestiones de faltas, contravenciones y, en algunos casos, tributarias, que no integran ninguno de los tres poderes judiciales que la Constitución admite, y que son la Justicia provincial, la federal y la de la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué son entonces estos “juzgados” administrativos?

-       Los que distinguen “justicia” de “jurisdicción” – transpolando una distinción

que se hace, generalmente, en los sistemas parlamentarios donde no hay la división de poderes ni un Poder Judicial, como en los presidencialista- atribuyen a los jueces de la Constitución la primera, y a los llamados “jueces” administrativos, la segunda, lo que para nosotros es un juego de palabras que nada aclara y mucho confunde, pero que se hace para eludir la terminante prohibición de nuestra Constitución Nacional cuando expresa: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas” (artículo 109) y que se repite en las constituciones provinciales, en algunos casos en forma más terminante, como en la de Córdoba donde se afirma, para no dejar dudas al respecto, que “El ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Provincia.” (Artículo 153).

Por todo ello, para nosotros, los “jueces” administrativos son, como indica la palabra, meros órganos administrativos, que no ejercen función judicial o jurisdiccional. Las constituciones y leyes provinciales no han sido claras en definir su carácter cuando han hecho mención de los mismo (ver artículo 187 de la Constitución de Córdoba). Para lo contencioso administrativo y los conflictos de competencia municipal dichas normas les atribuyen competencia a los tribunales provinciales, pero para las faltas y contravenciones hay estos llamados “jueces” administrativos, cuyas decisiones, no son sentencias judiciales, sino actos administrativos, que como tales pueden ser impugnados y anulados por la Justicia provincial.

Los juzgados de falta municipales son creados por ordenanza por lo que la necesaria estabilidad de sus “jueces” termina, en muchos casos, con la derogación de la ordenanza y la sustitución por otra.

El abuso que de los juzgados de falta hacen las empresas cobradoras de multas, que emplean cámaras fotográficas en las rutas para detectar faltas de los conductores de automóviles, que son contratadas por algunos municipios y que se llevan un importante porcentaje de la recaudación de dichas multas, son una demostración de su débil “autoridad”, imparcialidad y eficacia de dicho juzgados.

El Tribunal administrativo municipal fiscal establecido en la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba (Artículos. 104 a 108) afortunadamente fracasó en su implementación y quedó como letra muerta en su texto.

Las provincias deberían prever, acordando con los municipios, la creación de  tribunales vecinales que atiendan, además de causas que no merezcan ser atendidas por los colapsados jueces de primera instancia actuales, las faltas provinciales y municipales. Así lo proyectamos, sin éxito, en la Convención Constituyente de 1995 para la Carta Orgánica Municipal de Córdoba.

Los Tribunales de Cuentas, heredados de las leyes de indias, abolidos a nivel nacional y de algunas provincias, pero que se conservan todavía a nivel municipal, no son tribunales -ni judiciales ni administrativos- sino contralorías, y deberían ser adecuados en su composición, forma de designación, y competencias, a éste carácter, que predomina ampliamente en la mayoría de las constituciones de América. La ampliación del número de sus integrantes, como lo hizo la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba, y la electividad de los mismos, sólo se justifica por la necesidad de aumentar el número del personal político.

LO INSTITUCIONAL

La exigencia de que en los concejos deliberantes haya una mayoría de la mitad más uno de concejales de la lista electoral que obtenga la mayor cantidad de sufragios, aunque ello exceda lo que por el sistema proporcional le corresponde, es una imposición inaceptable, como lo que dispone el inciso 3 del artículo 183 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

Es necesario que los Concejos Deliberantes sancionen códigos de ética y creen una Junta de Ética de los funcionarios políticos de los municipios para despejar dudas respecto de sus conductas, remuneraciones, gastos de representación, viáticos, incompatibilidades, manejo de recursos públicos, declaraciones juradas, premios, donaciones y sanciones que merezcan por el transgredir las mismas.

La informatización del gobierno y la administración municipal debe hacerse para que en las elecciones se vote en urnas electrónica y en los escrutinios se emplee igual tecnología; para facilitar la publicidad de los actos de gobierno; agilizar el funcionamiento y los trámites; hacer más transparente la ejecución del presupuesto, las contrataciones y las licitaciones. El uso del llamado pregón informático, empleado en Brasil, podría ser una mejora en la transparencia de las compras de bienes y la contratación de servicios ( ver www.pregao.sp.gov.br/legislacao/leifederal/lei10520.htm).

La difusión y publicación de las obras, servicios y actividades del municipio y las indicaciones que el mismo quiera hacer por los medios de comunicación masivos no podrán hacerse para favorecer ni castigar a ninguno de ellos, ni a ningún partido político, empresa, ONGs o persona o grupo de personas en particular.

En la Provincia de Córdoba donde hay 250 municipios y 177 comunas, o sea 427 gobiernos locales hay que encontrar mecanismos más expeditivos para determinar los límites y extensión de los radios municipales y las creaciones de nuevas comunas, como para que éstas se puedan convertir en municipios, y crear ámbitos de negociación y mecanismos que puedan zanjar los conflictos que se susciten por estos motivos.

En los municipios que tengan radios municipales extensos y, en los mismos, haya barrios o zonas en la que habitan comunidades que merezcan autarquía se deberían crear comunas, como lo propusimos para la Municipalidad de Córdoba -en base a la estructura administrativa de los Centros de Participación Comunal (CPC)- en la Convención Constituyente que sancionó su Carta Orgánica en 1995, siguiendo el criterio descentralizador de las grandes ciudades de América. Dichas comunas deberían tener autoridades, elegidas por los vecinos, con competencias descentralizadas, y no ser un conjunto de oficinas desconcentradas, como lo son hoy los CPC dependientes del Intendentes.

En el año 2004 se promulgó la Ley Orgánica de Regionalización de la Provincia de Córdoba Nº 9026 por el que se han organizado las comunidades regionales departamentales de municipios y comunas, con distinta suerte. Algunos están presididos por el legislador del departamento, que lo integra según dispone dicha norma, como en Calamuchita, Unión y Pocho.

En la provincia de Córdoba se creó la Mesa de trabajo Provincia- Municipios, que participan el gobierno provincial e intendentes de distintas ciudades; también existe el Ente de Cooperación Recíproca de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba, que preside el intendente de Mina Clavero Manuel Alberto Giménez y que integran 109 municipalidades y 63 comunas de la provincia cuyos intendentes o presidentes son de la Unión Cívica Radical; y  FeMuCor (Federación de Municipios y Comunas de Córdoba) que agrupa a los intendentes del Frente Cívico y que encabeza Marcelino Gatica intendente de Jesús María expulsado de la Unión Cívica Radical.

Podrían, además, darse acuerdos o asociaciones de municipios de provincias vecinas o integrantes de regiones interprovinciales, como por ejemplo la Región Centro.

Se han creado, además, entes regionales intermunicipales en la provincia de Córdoba, como el Ente Ínter comunal de Desarrollo Regional (ENINDER) que preside el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, fundado el 13 de julio de 2000 por 7 municipios para tercerizar el cobro de tributos y luego se transformó en un ente de desarrollo que ahora integran 24 municipios y 5 comunas de varios departamentos de la provincia de Córdoba; la Asociación Interinstitucional para el Desarrollo del Sur de Córdoba (ADESUR) que integran la Universidad Nacional de Río Cuarto, y 36 municipalidades y comunas; y  el Ente Íntercomunal para la promoción del Norte Cordobés (EINCOR), integrado por municipios y comunas de diez departamentos del centro-norte de la Provincia de Córdoba; para establecer en los mismos reglamentos que permitan una gestión y manejo de fondos eficaz y transparente, y evitar que a través de dichos entes se eluda el sistema de contratación y el necesario control que deben hacer los concejos deliberantes y los tribunales de cuentas.

Igual cuidado merecen las regulaciones y gestiones de las algunas veces cuestionadas sociedades del estado (v. gr.: TAMSE , Trasporte Automotor Municipal Sociedad del Estado, y CRESE, Córdoba Recicla Sociedad del Estado, en la ciudad de Córdoba ) o de economía mixta (como ocurrió con: GAMSUR SEM: Gestión Ambiental del Sur – Sociedad de Economía Mixta, empresa dedicada al diseño y operación de Servicios Integrales para la Gestión y Protección Ambiental y Urbana y SEMIUSUR, Sociedad de Economía Mixta para la prestación de los servicios de Alumbrado Público y Semaforización, creadas ambas por iniciativa de la Municipalidad de Río Cuarto en el año 2001) que se creen y funcionen en la órbita de los municipios.

Es importante que los Municipios establezcan marcos regulatorios y creen entes reguladores de los servicios públicos que prestan .

La banca del vecino en los Concejos Deliberante –como está previsto, por ejemplo, en la Carta Orgánica de Río Cuarto- , el historiador de la ciudad –como existe en La Habana y demás ciudades de Cuba- y el defensor del pueblo (o del Vecino como propusimos sin éxito para la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba cuando fui constituyente en 1995); son instituciones a las que puedan recurrir los vecinos para quejarse y peticionar por el accionar del gobierno, la administración y los servicios que preste el municipio, o la preservación del patrimonio cultural, con legitimidad activa para accionar judicialmente en el caso del defensor del pueblo, como indica el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional. En la Carta Orgánica de Villa Carlos Paz el defensor es elegido por el pueblo

El empleo de la iniciativa y la consulta popular deben ser facilitadas para que haya una mayor participación de los vecinos en la toma de decisiones para lo cual no deberá descartarse el empleo de los medios informáticos como Internet en los lugares donde ello sea factible.

Los municipios deben impulsar la creación de consejos de partidos políticos, económicos sociales, de la cultura, interreligiosos, de la juventud con el objeto de coordinar actividades y proponer normas, obras o actividades que tengan que ver con sus propios fines.

El otorgar la personería jurídica de los centros vecinales y el control institucional de los mismos debe ser competencia de los municipios que tienen Carta Orgánica, como quedó establecido en el artículo 183 inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, pero que nunca se reglamentó. Esto quedó muy claro cuando fundamenté su incorporación en la Constitución en la Convención Constituyente de Provincial en 1987.

El estímulo a las actividades del voluntariado deben ser políticas municipales.

FINANZAS

Los municipios y comunas deben disponer de los recursos financieros que sean necesarios para cubrir todos los servicios que prestan y deben prestar para lo cual hay que hacer una redistribución de las competencias en materia de impuestos, tasas y contribuciones; establecer fondos de asignaciones específica por parte de las provincia y un más justo sistema de coparticipación. El acceso al crédito debe también estar al alcance de los municipios.

La gran conquista que significó para el municipalismo en la Convención Constituyente de Córdoba en 1987 de que en el artículo 188 inciso 3 estableciera el piso del veinte (20) por ciento al menos de coparticipación impositiva federal y provincial hoy parece  insuficiente.

Los municipios, como consecuencia de la estrechez financiera que los agobia, han creado en los últimos tiempos tributos para cubrir sus necesidades financieras de dudosa constitucionalidad y que son análogos a los prohibidos por la ley de coparticipación federal, como son:

  1. El llamado “impuesto a la valija”, que grava a las empresas de “extraña jurisdicción” con una tasa de comercio e industria que a veces es llamada de “inspección e higiene”;
  2. El de publicidad y propaganda, que grava no sólo a los avisos o carteles que están en la vía pública sino también en el interior de comercios, cines, etcétera, y que pretenden cobrar el “control previo de moralidad, legalidad y buenas costumbres” de dichas publicidades;
  3. En Río Cuarto se discute ahora el establecimiento de una tasa que grave a la publicidad gráfica en la vía pública de las “empresas foráneas, las multinacionales”, que abarcaría a los letreros en paredes, heladeras, exhibidores y vidrieras, carteles salientes, marquesinas, toldos, sean los carteles luminosos o no, en vehículos de reparto, en las tarjetas e crédito, por los carteles que colocan en los negocios, las cabinas telefónicas, en banderas, avisos de remate, publicidad móvil, folletos de cine o volantes, avisos de estadios, miniestadios o espectáculos deportivos, pasacalles, a través de promotoras;
  4. El de “pesas y medidas”;
  5. El que grava la circulación de instrumentos y valores que participan de sorteos, aún cuando los bonos obsequios sean gratuitos, y el sorteo se haga fuera del municipio; y
  6. El que grava a los remates y ferias de hacienda.

La crisis financiera global ha demostrado que los gobiernos democráticos necesitan contar con una organización estatal eficaz. Para conseguirlo no estaría mal comenzar a hacerlo desde abajo hacia arriba, a partir de los municipios.

Las experiencias de presupuestos participativos tienen que ser profundizadas para que haya mayor ingerencia de los vecinos en su confección.

Los proyectos de creación de bancos, por y entre municipios, se reiteran en el tiempo y, en la actualidad, se ha vuelto a plantear, entre los intendentes de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y Villa Carlos Paz, en este caso con la idea de un Banco de Desarrollo. En Rosario existe una Banco municipal, como existe en la ciudad de Buenos Aires desde que era municipio. Estos cuatro intendentes pretenden, también, canalizar por sus municipios recursos nacionales para la construcción de viviendas.

LAS NUEVAS NECESIDADES

Pero, aparte de esta zona gris, los recientes reclamos de vecinos a las autoridades municipales se reiteran pidiendo la solución a los problemas de la pobreza; la vivienda; la seguridad; los incendios; la educación; la salud; la protección a la niñez, a la adolescencia, a la vejez, a la discapacidad, y a la rehabilitación de presos y adictos; la drogadicción; el traslado, enterramiento y reciclado de las basura; contaminación visual, sonora, del aire, del agua y de los alimentos; uso del espacio público; control y regulación del juego; la obtención de documentos de identidad; el tránsito y transporte urbano; etcétera los que para ser atendidos necesitan de un proceso descentralizador, que se les deleguen facultades, desde la Nación y las provincias, junto a mayores recursos financieros -propios o coparticipados- para cumplir con estos cometidos.

El principio de subsidiariedad, básico en el Estado federal, así lo exige.

Esto excede, con creces, el tradicional ABL (alumbrado, barrido y limpieza), que por décadas definió las materias de competencia municipal; y, también, el más amplio que se desplegó, cuando se consagró la autonomía de los Municipios, durante el ciclo de reformas constitucionales iniciado en 1986.

SEGURIDAD PÚBLICA

El grave problema de la seguridad hace imprescindible reconocerle mayores atribuciones a los municipios. Los gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires han creado policías que responden al gobierno de la ciudad autónoma y de los municipios de dicha provincia. En este caso la ley 13.210, reglamentada por el Decreto 2419, de la provincia de Buenos Aires autorizó la creación policías comunales de seguridad  en los municipios que no excedan los 70.000 habitantes, las que tendrán un jefe de policía elegido por el pueblo y que dura 4 años en el cargo. Esta reforma no ha tenido continuidad en su implementación

El personal policial, que prestan servicios en territorio municipal o comunal en la provincia de Córdoba, no responde al mando de sus intendentes, y su colaboración, a veces, deja mucho que desear, por eso es imprescindible crear mecanismos eficaces de coordinación o que se creen policías municipales, como en los casos señalados anteriormente y que hasta el momento no han podido terminar de concretarse.

Las exigencias de pagos de adicionales por parte del personal policial o el pedido de combustible para sus vehículos, para colaborar con las autoridades municipales es moneda corriente.

La seguridad no es un problema exclusivamente policial, también lo es de los centros vecinales, y tiene que ver con la atención a los sectores marginales, a las villas de emergencia; con el desyuye de baldíos; el alumbrado público adecuado; con la reeducación, reinserción social y laboral de los presos alojados en cárceles, o que cumplen prisión domiciliaria, o están en regímenes de prelibertad o libertad condicional, o que hayan cumplido su condena en jurisdicción comunal; todo lo cual amerita extender la gestión municipal también al área de la seguridad pública.

Las autoridades municipales deben promover y participar en los consejos vecinales de seguridad que se forman en algunos barrios o territorios municipales azotados por inseguridad. En el municipio de Elena, del departamento Río Cuarto, los vecinos patrullan las calles velando por la seguridad de la población.

POLITICA DE PERSONAL

Las relaciones de los municipios con su personal deberán ser encausadas a través de mecanismos que faciliten la negociación colectiva.

Los conflictos entre los municipios y sus empleados o los sindicatos de su personal, y las huelgas que puedan darse, luego de agotadas las instancias locales, deberán ser llevados a instancia de conciliación ante las autoridades provinciales, a través del Ministerio de Trabajo, como ocurrió en los conflictos entre la Municipalidad de Córdoba y el SUOEM en el año 2009, para lo cual deberá dictarse la ley provincial que lo autorice, en la que se prevea la conciliación obligatoria, ya usada en los referidos conflictos y se definan lo que significan los servicios esenciales que no pueden de dejar de prestarse en tiempo de huelgas, asambleas, retención de servicios, etcétera.

Es importante que el personal sea contratado con estabilidad teniendo en cuenta su idoneidad, a través de concursos, y que se termine con la proliferación de personal contratado, transitorio, interinos, monotributistas, beneficiarios de planes sociales u otras formas de personal inestable, que en muchos casos se mantienen por muchos años.

Igualmente en materia de remuneraciones debe terminarse con los pagos en negro y sin hacerse los aportes jubilatorios.

POLÍTICAS SOCIALES, CULTURALES Y ECOLÓGICAS

La administración de planes sociales es otro tema a tener en cuenta, especialmente cuando los mismos se financian con fondos de la Nación o de otras jurisdicciones, ejemplos: Plan Familias, Jefas o Jefes de Hogar, Vale lo Nuestro, pensiones no contributivas o Programa Nacional de Seguridad Alimentaría.

La organización, regulación y los subsidios al transporte público de pasajeros es otro de los temas que ocupan a las autoridades municipales, dentro de la competencia mas genérica que tienen en materia de circulación de personas y vehículos, otorgamientos de carné de conductor y control y sanción de los infractores. Los subsidio en esta materia son otorgados inequitativamente.

La atención a las personas “en situación de calle”, a los “cartoneros”, a los asentamientos en villas de emergencia, y otras formas de indigencia y pobreza hacen necesario que los municipios cuenten con el manejo o la participación en políticas sociales y recursos que permitan atenderlos adecuadamente.

La ocupación indebida del espacio público necesitan de una autoridad comunal fuerte, con un auxilio eficaz de la fuerza pública.

La tenencia de animales en zoológicos, en casas o departamento y su tránsito por las vías o espacios públicos merece ser regulados por los municipios.

En materia de incendios y emergencias los bomberos profesionales o voluntarios deben depender de los municipios, como lo propusimos, sin éxito, en la Convención que dictó la Carta Orgánica de la Municipal de Córdoba en 1995; y los impuestos y el fondo del manejo del fuego, establecido por ley de la provincia de Córdoba, deben ir a las arcas comunales. Las provincias debe seguir con la tarea de formar bomberos y coordinar la acción de los mismos cuando los incendios excedan los radios municipales, aportando medios y recursos, como aviones, vehículos y otros elementos, que las unidades locales no disponen.

Los municipios deben tener mayor ingerencia en la autorización o no de casinos y locales juego en su jurisdicción, los horarios en que funcionan y todo lo que tiene que ver con control del juego, legal e ilegal. También deberían tenerlo en el control y registración de quienes no puede acceder a los locales de juego y rehabilitación de los que padecen ludopatía.

El consumo de tabaco, de drogas y  los problemas del alcoholismo cada día exigen una mayor participación de los municipios, especialmente en la prevención y rehabilitación.

Los servicios de cloacas han sido municipalizados en la ciudad de Córdoba.

A pesar de los avances de la tecnología informática, todavía depende de órganos administrativos o policiales con sede en la ciudad de Buenos Aires los trámites para obtener o renovar los documentos de identidad (como los DNI, cédulas de identidad y pasaportes), con la consiguiente demora y costo que ello significa, cuando los mismos debería hacerse en los Registros Civiles provinciales o municipales, si dispusieran de mayores atribuciones. A esto habrá que sumar los carné de conductor, cuando se nacionalice su otorgamiento y entre en vigencia el sistema de scoring.

El establecimiento de registros de uniones de personas del mismo sexo, de violadores (se acaba de dictar una ley provincial que lo crea) o de residentes recientemente arribados al municipio no son ni deben ser materia que deban regular los municipios.

En lo cultural los municipios deben estimular las actividades artísticas, y tener políticas conservacionistas, que tiendan a preservar lugares, edificios, obras y objetos históricos o expresiones artísticas que haya en su jurisdicción. Los museos, teatros y centros culturales, como los festivales y convenciones que se celebren, merecerán la atención de las autoridades comunales.

La educación política y cívica debe también ser materia de atención de los poderes municipales.

La educación inicial y de adultos, como la atención primaria y  prevención de salud deben ser atendidas por los municipios. La Municipalidad de Córdoba cuenta con 38 escuelas municipales primarias y para adultos.

La preservación del ambiente merecen políticas que extiendan y cuiden la forestación, los cursos de agua, los espacios verdes, parques, plazas, viveros, y que eviten la contaminación del aire, el agua, visual o sonora. La recolección, transporte y depósito de basura y de material tóxico, contaminante o peligroso para la salud de la población debe ser prudentemente regulado y gestionado.

El turismo es otra de los temas que no puede estar ausente en la agenda política de los municipios en los se desarrolle esta industria.

En los que haya una o varias empresas emblemáticas; como ocurre con ARCOR y otras complementarias, en Arroyito, o Aceitera General Dehesa, en la Municipalidad de General Dehesa, o cuando en los mismos se desarrollen actividades económicas, deportivas, culturales o religiosas significativas los respectivos municipios no podrán ser ajenos a los mismas y deben aportar para su mejor desarrollo y velar por los beneficios que pueda de las mismas obtener la comunidad.

CONCLUSIÓN

Aparece como indispensable, a 26 años de la recuperación de la Democracia Constitucional y en vísperas del Bicentenario, revisar el reparto federal de atribuciones, que le corresponden de las autoridades federales, provinciales y municipales, y de las administraciones y entes que la complementan, para que los servicios que prestan sean más eficaces, menos costos y mejor controlados. Ello hará necesario redistribuir mejor los recursos financieros.

Por todo lo dicho, y en aplicación del principio de subsidiariedad, los municipios y comunas deberán ampliar el campo de sus competencias, para lo que necesitarán ser provistos de recursos fiscales adecuados y suficientes.

El bien común a nivel municipal, y parafraseando a Jacques Maritain, hoy más que nunca nos exige: gobiernos que representen al pueblo, instituciones prudentes, normas justas, servicios públicos eficientes, condiciones fiscales sanas y suficientes, respeto por los recuerdos históricos -sus símbolos y glorias-, tradiciones vivas y resguardo de los tesoros culturales.

A ello hay que agregarle las necesidad de hacer carne las virtudes políticas como el sentido del derecho, la libertad, la prosperidad y el esplendor espiritual, la sabiduría hereditaria que opera inconscientemente en la rectitud moral, la justicia, la amistad, la felicidad, la virtud y el heroísmo de la vida de los vecinos.

Córdoba, diciembre de 2009.

ANEXO

CONSTITUCIÓN DE CORDOBA REFORMADA EN 1923

Artículo 157: Son atribuciones y deberes del gobierno municipal:

1º Dictar ordenanzas sobre plan edilicio; apertura o construcción de calles, plazas y paseos; uso de las calles o del subsuelo; seguridad e higiene de la edificación y construcción en general; tráfico y vialidad.

2º Velar por la salud pública, estética y comodidad; y establecer la vigilancia higiénica de los sitios de recreo, diversiones, espectáculos y demás lugares de reunión.

3º Efectuar directamente o por intermedio de particulares los servicios de barrido, eliminación de residuos, provisión de aguas potables, tranvías u otros servicios de igual naturaleza.

4º Acordar concesiones de uso de los bienes públicos sin carácter de exclusividad.

5º Disponer de instalaciones propias para la matanza de animales destinados al consumo y de edificios adecuados para mercados.

6º Asegurar el expendio de los artículos alimenticios, en las mejores condiciones de precio y calidad, organizando si fueren menester, la elaboración y venta municipal de los mismos.

7º Crear y fomentar establecimientos de cultura intelectual y física, especialmente escuelas de instrucción primaria, regidas por ordenanzas concordantes con las leyes provinciales de la materia, servicios de previsión y asistencia social.

(…)

CONSTITUCIÓN DE CORDOBA DE 1987 (TEXTO ORDENADO EN 2001)

Artículo 186. Son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal:

(…)

7. Atender las siguientes materias: salubridad; salud y centros asistenciales; higiene y moralidad pública; ancianidad, discapacidad y desamparo; cementerios y servicios fúnebres; planes edilicios, apertura y construcción de calles, plazas y paseos; diseño y estética; vialidad, tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo; control de la construcción; protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental; faenamiento de animales destinados al consumo; mercados, abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad y precio; elaboración y venta de alimentos; creación y fomento de instituciones de cultura intelectual y física y establecimientos de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes con las leyes en la materia; turismo; servicios de previsión, asistencia social y bancarios.

8. Disponer y fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales, regionales y nacionales; en general. Conservar y defender el patrimonio histórico y artístico.

9. Regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas.

(…)

11. Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios.

(…)

CONSTITUCION DE TUCUMÁN DE 2006

Art. 134.- Sin perjuicio de las que correspondan a la Provincia, son funciones, atribuciones y finalidades de los municipios las siguientes: 1º) Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común. 2º) Nombrar y remover los agentes municipales, garantizando la estabilidad y la carrera administrativa. 3º) Realizar obras y servicios públicos por sí, por intermedio de particulares o con colaboración vecinal. 4º) Atender las siguientes materias: a) Salubridad. b) Asistencia social, salud y centros asistenciales. c) Higiene y moralidad pública. d) Ancianidad, discapacidad y desamparo. e) Cementerio y servicios fúnebres. f) Planes edilicios, apertura y construcciones de calles, plazas y paseos. g) Orden y seguridad en el tránsito, transporte urbano, público y privado. h) Uso de las calles, subsuelo y espacio aéreo. i) Control de la construcción, debiendo reglamentar y respetar los aspectos urbanísticos de desarrollo urbano. 5º) Disponer y fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales regionales y nacionales en general. 6º) Conservar y defender el patrimonio histórico, arquitectónico y artístico. 7º) Proteger el medio ambiente. 8º) Fomentar la recreación, turismo y deportes. 9º) Garantizar los servicios bancarios y de previsión social. 10º) Prestar los servicios públicos que la Nación o la Provincia le transfieran en el futuro, con la asignación de los respectivos recursos. 11º) Regular el procedimiento administrativo, el régimen de adquisiciones y contrataciones y el régimen de faltas. 12º) Crear los órganos de policía con funciones exclusivas en materia de faltas. 13º) Controlar el faenamiento de animales destinados al consumo. 14º) Controlar mercados y el abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad y precios. 15º) Establecer restricciones con arreglo a las leyes que rigen la materia. 16º) Cualquier otra función relacionada con los intereses locales dentro del marco de su Carta Orgánica o de la Ley de Municipalidades.