Educación Religiosa: El Valor de los Valores

Simbolos Religiosos

No alcanza con hacer más inclusiva a la educación y aumentar el contenido de lo que se enseña, es necesario mejorar su calidad, y dar prioridad a la formación sobre la enseñanza, y a la transmisión de valores sobre los conocimientos.

Si “la primera finalidad de la educación – como recuerda Jacques Maritain – es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre”, la educación debe transmitir valores, que tienen por fuente la razón, pero también la fe religiosa de cada uno, y que fueron aportados por las distintas tradiciones religiosas a la cultura y a la moral universal.

Por ello urge incorporar la educación religiosa a los planes de estudio, y cumplir así con el Pacto de San José de Costa Rica cuando dice: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (Art. 12,4); y con las constituciones provinciales, como la que nos tocó sancionar en Córdoba en 1987, que reza: “Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones.

La emblemática ley 1420, mal llamada de “enseñanza laica”, no era contrario a ello, sólo que decía: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases.” (Art. 8)

En la actualidad sólo en Salta, Tucumán y Catamarca se enseña religión en los colegios del Estado, quizás porque en otros lados se teme reabrir crispados debates como los que se dieron: en 1884 al dictarse la ley 1420; o en 1943 cuando por un decreto derogado en 1955 se implantó en las escuelas la enseñanza de la religión católica, y moral para los que no profesaban ese culto;  o en 1959 cuando “libres” y “laicos” discutieron en la calle la ley Domingorena, que autorizó a las universidades privadas.

La educación religiosa que proponemos no pretende reimplantar en los colegios estatales la materia religión católica, como ocurrió entre 1943-1955; sino que se enseñe, con criterio pluralista, los principios éticos, filosóficos, y teológicos de las distintas tradiciones religiosas, lo que expresan sus Libros Sagrados, y se muestra en su liturgia; y que integran la cultura de la humanidad.

La enseñanza catequística, que alimenta la fe de quienes la tienen, debe impartirse en los templos o colegios religiosos, y no en las escuelas del Estado.

Prohibir la enseñanza religiosa, con el alcance indicado, en la educación pública estatal, es discriminar y atentar contra a libertad de conciencia,  religiosa y de enseñanza, además de contrariar las normas antes citadas.

El ejercicio de la libertad religiosa en la educación pública, es el mismo que ejercitan los padres con sus hijos, o los docentes en los colegios religiosos; donde educar no es imponer, discriminar o negarse a hacer conocer textos o prácticas religiosas, que el educando puede o no aceptar, compartir, e incorporar o no a su proyecto de vida.

Las religiones, como los credos políticos, hoy también pueden enseñarse con criterios “universalistas”, incluso lo pueden hacer quienes no comulgan con la fe que se enseña. La pluralidad religiosa no debe llevarnos al absurdo de no estudiar ninguna religión, sino que nos convoca a tratar de conocerlas a todas.

Si a un niño se le enseña, desde la razón, que debe respetar a los demás, para ser él mismo respetado; no se lo confunde si se le agrega a ello que los que tienen fe consideran al prójimo como hijo de Dios, y que todos los hombres han sido creados iguales, a su imagen y semejanza. De este modo se le brinda mejores razones para incorporar ese valor a su conducta.

Aquello que decía la ley 1420 que la enseñanza religiosa se haga fuera de las horas de clase hoy está superado por la doble escolaridad o la extensión de la jornada, y la incorporación de cátedras libres y materias optativas en las carreras universitarias, donde se puede se enseñar religión, libros sagrados, Derecho Eclesiástico, Relaciones Interreligiosas, etcétera.

Al reformar las leyes de educación, como estudia hacer Córdoba, debemos recordar que está pendiente incorporar la educación religiosa; que ayudará a trasmitir valores a conductas hoy viciadas por la anomia, la corrupción o la violencia, y debilitadas en sus vínculos fraternales, de cooperación y de solidaridad; lo que no mejorará, como está probado, con hacer más severas las leyes o con aumentar las penas en el Código Penal.

Córdoba, julio de 2010.

Realidad Político – Social en la Argentina del Bicentenario

 

Logo Bicentenario

Logo de la celebración del Bicentenario Argentino

Política y Sociedad

 El poder político y la autoridad es la capacidad que tienes las sociedades de imponer su voluntad a las personas que la integran, y que fueron sus creadores, y su finalidad es el bien común. Por ello, podemos afirmar, que la política, que ciudadanos y gobernantes practicamos, es ciencia, arte y virtud del bien común, y que tiene una faz agonal – referida a lucha o competencia para alcanzar el poder -, y otra arquitectónica – la que se refiere a la actividad creadora, constructora e integradora -.

Hoy nos proponemos analizar, como ciudadanos y como cristianos, lo político en el modo y la forma que se desarrolla dentro de la sociedad política Argentina, como la que se despliega en la región latinoamericana – donde nuestra Nación esta inserta -, y en el mundo en que a todos nos toca vivir.

Como bien indica Arturo Ponsati, lo político ha constituido y constituye una dimensión irrenunciable, insoslayable, e inquebrantable de lo humano. Nadie, que vive en sociedad, puede considerarse ajeno a la misma. La persona, la sociedad, la cultura y la historia constituyen los antecedentes necesarios de lo político.

Las tres condiciones constitutivas de la dimensión política del hombre son:

  1. La relación del mando y de la obediencia, de cuya interacción nace el orden y que condiciona la formación de la unidad política
  2. La relación entre los privado y lo público, de la cual emerge la opinión, y que determina la forma de organización o sea el régimen político; y
  3. La dialéctica amigo – enemigo, que engendra la lucha, y hace posible su conservación.[1]

 

A diferencia de las concepciones totalitarias, como bien indica Jacques Maritain, no es la sociedad política sino que “La persona humana como tal es una totalidad; el individuo material como tal o la persona como individuo material es una parte. Mientras que la persona, como persona, o como totalidad, tiene derecho pleno a que el bien común de la sociedad temporal retorne a ella; y aunque, por su ordenación al Todo trascendente, está por sobre la sociedad temporal, esa misma persona, como individuo o como parte, es inferior al todo y a él esta subordinado, y como órgano del todo debe estar al servicio de la obra común.”[2]

Como bien decía Jean Jacques Rousseau “el verdadero fin de la política es hacer cómoda la existencia y felices a los pueblos”. El bien común al que se encamina la sociedad política; que, además, es el fin de la política y del derecho; debemos entenderla, según expresaba Maritain, como “la buena vida humana de la multitud”, que abarca “no solamente el conjunto de bienes o servicios de utilidad pública o de interés nacional (caminos, puertos, escuelas, etc.) que supone la organización de la vida común, ni las buenas finanzas del Estado, ni su pujanza militar: no es solamente el conjunto de justas leyes, de buenas costumbres y de sabias instituciones que dan su estructura a la nación, ni la herencia de sus gloriosos recuerdos históricos, de sus símbolos y de sus glorias, de sus tradiciones y de sus tesoros de cultura (…) todo lo que supone conciencia cívica, de las virtudes políticas y del sentido del derecho y de la libertad, y de todo lo que hay de actividad, de prosperidad material y de tesoros espirituales, de sabiduría tradicional inconcientemente vivida, de rectitud moral, de justicia, de amistad, de felicidad, de virtud y de heroísmo en la vida individual de los miembros de la comunidad (…), ayudándoles así a perfeccionar su vida y su libertad de persona.” [3]

La Argentina del Bicentenario

 

El haber cumplido 200 años de la Revolución de Mayo, en que el pueblo de Buenos Aires, como hermana mayor del resto de las ciudades y pueblos de interior, tomó aquella trascendental decisión política de elegir el primer gobierno patrio presidido por Cornelio de Saavedra, es una oportunidad para reflexionar a cerca de cómo hoy se hace y se toman las decisiones política en la República Argentina.

I. Lo Positivo

 

El Bicentenario nos muestra una sociedad argentina satisfecha por:

  1. Haber cumplido más de un cuarto de siglo de vida democrática.
  2. Haber finiquitado en 1983 con un ciclo de 53 años (entre 1930 a 1983) en el que se alternaban gobiernos de facto, surgidos de golpes de estado producido por personal de las Fuerzas Armadas, con gobiernos de iure, y no haber vuelto a recurrir a golpes de estado ni a los miliares para resolver las graves crisis político- económica que se produjeron en 1989 y en el año 2001.
  3. Haber retornado, hace 26 años, a la plena vigencia de la Constitución, la que, además, en 1994 fue reformada y se intentó ponerla a tono con los nuevos tiempos, reconociendo nuevos derechos y garantías, y adecuando sus instituciones y su proyecto político al nuevo contexto en que le tocaba regir.
  4. Haber elegidos por el pueblo en elecciones libres a sus gobernantes sin interrupciones desde el 30 de octubre de 1983.
  5. Haber abandonado la violencia política y garantizado mejor a los derechos humanos, juzgando y condenando a quienes atentaron contra los mismos durante el último gobierno militar;  indemnizado a los que habrían sido privados de su libertad o tuvieron que irse del país durante la década del setenta y los primeros años del ochenta del siglo anterior.
  6. Haber dado jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
  7. Haber reglamentado el hábeas corpus y el hábeas data; criminalizado las discriminaciones y reconocido y garantizado los derechos de las minorías: especialmente la de los opositores políticos, de los niños, las mujeres, los indígenas y los homosexuales.
  8. Haber reconocido y garantizado mejor los derechos al ambiente, del consumidor, de los usuarios de los servicios públicos, a la información y a la comunicación, a través de los nuevos medios y redes que se comenzaron a utilizar con motivo de las nuevas tecnologías electrónicas.
  9. Haber progresado en la sociedad argentina en el diálogo ecuménico e interreligioso lo que significa un mejor ejercicio de la libertad religiosa.
  10. Haber podido en lo económico sortear con éxito la crisis de los años 1989, 2001 y la mundial de 2009 y haber podido, a pesar de las mismas, volver a lograr un significativo crecimiento económico, merced – principalmente- al crecimiento de las exportaciones.
  11. Haber avanzado en materia de políticas sociales, especialmente por haber restablecido la actualización del salario mínimo vital y móvil, el haberse otorgados distintos planes sociales a los más pobres, por haber otorgado las jubilaciones llamadas de “Amas de casas” a quienes no podía acceder a estos beneficios por falta de aportes, y el haberse dispuesto la asignación “universal” –aunque no abarque a todos – por hijo.
  12. Haber iniciado y sostenido – no con pocas dificultades – un proceso de integración regional, como los surgidos de los tratados del MERCOSUR, y por el Pacto de San José de Costa Rica, que regula la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

II. Lo Negativo

El que no hayan podido terminar su mandato constitucional los presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Fernando de la Rúa fue lo más negativo de este período. En el gobierno de Néstor Kirchner y luego en el de su esposa Cristina Fernández, se ha impuesto:

  1. Una política populista que pretende dividir a la sociedad en dos fracciones irreconciliables, tensando al máximo la dialéctica amigo – enemigo, y donde en la agenda política se plantean temas que dividen a los argentinos, como acaba de suceder con la reforma del régimen matrimonial y de adopción. La crispación, como estilo político, se impone sobre la necesidad de buscar el bien común a través del consenso y de políticas de estado.
  2. El poder se ha centralizado en el Poder Ejecutivo, en desmedro de los otros dos poderes constitucionales: el Legislativo y el Judicial, de los órganos de control, de las provincias y de los municipios.
  3. El uso y abuso frecuente de decretos de necesidad y urgencia y de las facultades delegadas en materia legislativa es una de las manifestaciones de esta centralización.
  4. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner su marido Néstor ha continuado teniendo una influencia decisiva en el ejercicio del poder político del Estado, más allá de las que le competen como presidente del Partido Justicialista, líder del Frente de la Victoria, diputado de la Nación y secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
  5. La última reforma a la composición del Consejo de la Magistratura permitió al gobierno tener derecho de veto en sus decisiones más trascendentes, lo que han creado distintos condicionamientos al buen funcionamiento de la Justicia.
  6. Los partidos y el sistema de partidos se han fraccionado, sus idearios políticos se han olvidado o diluido, lo que los ha debilitado como medios para gestar propuestas y plataformas electorales, promover auténticos liderazgos políticos, hacer educación política, y continuar siendo canales que permitan una mejor representación. El “que se vayan todos” sirvió de poco para hacer una renovación de los cuadros políticos. La ley de reforma política aprobada en el año 2009 por el Congreso, a propuesta del gobierno mientras tuvo mayoría en las Cámaras, no tiene otro propósito que facilitar la reelección de los esposos Kirchner.
  7. El fracaso de la oposición en el Congreso luego de haber triunfado en las elecciones del 28 de junio de 2009; por las disputas entre sus distintos líderes y la falta de objetivos claros en su accionar; ha frustrado las expectativas de cambio que los electores habían depositado en las urnas junto con su voto.
  8. La Administración Pública, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, el servicio exterior y los organismos financieros al Estado han sido puesto bajo el control del gobierno. Se ha creado una gran caja con los recursos fiscales del Estado que se manejan a discreción con la que se han malversado los aportes jubilatorios y los recursos fiscales destinados a la coparticipación federal. Parte de las reservas del Banco Central han sido incorporadas esta gran caja.
  9. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC); que son indispensables para la buena marcha de la economía y de las finanzas, para saber los índices de desempleo, de pobreza, indigencia, de inflación, etcétera; han sido adulterados mediante la intervención de dicho Instituto.
  10. El sistema tributario esta totalmente desquiciado, carece de equidad, y es la causa de que parte importante de la economía funcione en negro.
  11. La autonomía de las provincias y de los municipios se ha tornado ilusoria y sus autoridades dependen política y financieramente del gobierno federal y de la caja que administra con total discreción el Ejecutivo.
  12. Como bien demuestran las encuestas la seguridad se ha convertido uno de los problemas más acuciantes que afligen a la gente.
  13. La corrupción es otro de los males que nos afligen a todos y que no ha encontrado la forma de ser erradicada. Además, el prestigio de los políticos, incluso los de conducta intachable, ha decaído significativamente por esta causa, y muchas personas se niegan a participar en los partidos o en los gobiernos por este motivo.
  14. Se ha establecido un “capitalismo de amigos”, con empresarios o financistas privados vinculado al gobierno, para controlar importantes capitales, empresas privadas, ganar licitaciones de obras o servicios públicos, controlar el juego, hacer negocios en otros países, y financiar al aparato político que apoya al gobierno.
  15. Se ha creado una importante red de organizaciones no gubernamentales, financiadas con recursos fiscales, que junto a organizaciones sindicales, de “derechos humanos” y fracciones políticas afines, como los piqueteros, barras bravas y punteros políticos, ejercen el clientelismo político en apoyo al gobierno y a sus políticas, y dominan la calle con manifestaciones, marchas, actos públicos, cortes de rutas o calles y escraches a favor del gobierno y de sus políticas, y denostan a los opositores o los que han sido declarado sus enemigos.
  16. Invocando el propósito de terminar con el monopolio de algunos medios de comunicación, como Clarín, se pretende crear o ampliar el manejo político que se hace de los medios que pertenecen al Estado o que desde el sector privado apoyan al gobierno y a sus políticas. La ley de medios, además de desconocer la autonomía de las provincias, tiene este propósito.
  17. Se mantiene un conflicto permanente con la Iglesia criticando y tratando de desprestigiar a sus prelados, se ha roto con la tradición de asistir por parte del primer mandatario del país a los Tedeum en las conmemoraciones de las fechas patrias, y poco o nada se ha avanzado en implementar políticas de respeto a la libertad religiosa. El diferendo con la Santa Sede por el vicariato castrense se mantiene sin solución, aunque ya no lo ejerza Monseñor Antonio Baseotto, por quién el gobierno planteó el problema, y nada se ha resuelto sobre el Acuerdo con la Santa Sede de 1956 sobre la materia. El conflicto que se suscitó por el no otorgamiento del placet al embajador designado por el gobierno ante el Vaticano, Alberto Iribarne, se superó con su renuncia en el año 2008. El debate de la ley de matrimonio del mismo sexo tensó aún más la relación del Gobierno con la Iglesia y con los evangélicos. La ley de reglamenta la libertad religiosa duerme en el Congreso.
  18. El mayor distanciamiento que se ha producido en las últimas décadas entre los que tienen mayores y menores ingresos es la mayor afrenta que hemos padecido los argentinos; lo que ha aumentado la pobreza, la indigencia y la desnutrición en la población, que ha crecido en muchos pueblos y zonas del país, en las villas de emergencia y en el mayor número de personas que se encuentran en “situación de calle” en las grandes ciudades; y donde la alimentación, los servicios de salud, de educación, de vivienda y de asistencia espiritual son más que insuficientes. Aquí cabe la sabia regla de Confucio de que “En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza.”
  19. El desempleo y la falta de preparación para acceder a trabajar es otras de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país. Los haberes de la inmensa mayoría de los jubilados y pensionados están muy lejos de cubrir la necesidades básicas de quienes pretender vivir con esos ingresos.
  20. La Educación muestra no solamente deficiencias en la infraestructura de escuelas y colegios; en cumplir con el propósito, nunca alcanzado, de que sea más inclusiva; de que se cumpla con las 180 horas de clases anuales; o en la demora en implementar la doble escolaridad; sino por su calidad, especialmente en los aspectos formativos y en la prioridad que merece el transmitir valores, más que información. Es notable la falta de educación política, y de educación religiosa en las escuelas públicas. En la educación universitaria hay niveles de deserción, demora en graduarse de los alumnos y déficit de investigación, que son por demás alarmantes. Los recursos destinados a la educación superior son por demás insuficientes. No se ha resuelto adecuadamente el ingreso a las universidades del Estado, ni se ha desdoblado, como sería de desear, los títulos académicos de los habilitantes para el ejercicio profesional.
  21. Hay serios problemas de infraestructura, de transporte y de provisión de energía que afectan al desarrollo productivo del país y la calidad de vida de sus habitantes, como consecuencia de la falta de previsión y de políticas de estados en esas materias.
  22. La necesidad de preservar mejor nuestros recursos naturales nos ha llevado en los últimos tiempo a marchas y contramarchas, como ocurre con las normas sobre protección de los glaciales; o el diferendo con Uruguay sobre la empresa Botnia que nos llevó a perder un pleito en el Tribunal de La Haya; o la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Mendoza, Beatriz” que tiene por fin terminar con la contaminación del Riachuelo.

Latinoamérica

En la región latinoamericana, donde la democracia constitucional fue adoptada, al finalizar el siglo XX en todos los países con excepción de Cuba, ha ocurrido en el año 2009 un golpe de estado en Honduras, que ha sido repudiado por todos los países de América y de otras partes del mundo, ha resentido las relaciones entre los países de la región y ha hecho pensar a muchos que habría que ampliar la Declaración de la Democracia suscripta en Lima.

Además, últimamente en países – como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua – , gobiernos elegidos por el pueblo, que practican un populismo que esconde nuevas formas de autoritarismos, y que algunos políticos, partidos o gobiernos, de otros países – como el nuestro – parecen querer imitar.

Esta nueva modalidad del autoritarismo se caracteriza por:

  1. Tener presidentes, de fuerte personalidad; que olvidando la frase de Séneca “Todo poder excesivo dura poco”, o la de Montesquieu: “Cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco, y sin notarlo”; llegaron a sus cargos con el propósito de permanecer largo tiempo en el mismo, de eso es que impulsaron reformas constitucionales para ser reelegidos indefinidamente.
  2. Que pretenden controlar todos los órganos del gobierno y del estado; que desprecian y neutralizan a los órganos de control, y a los desconcentrados o descentralizados (empresas públicas, provincias, departamentos, municipios o alcaldías).
  3. Que controlan sus parlamentos, con unanimidad – como en el caso de Venezuela donde actualmente no hay opositores -, o le imponen rígidas disciplinas para que le deleguen las más importantes facultades legislativas, o dicten las leyes que les proponen.
  4. Que ejercen el poder con políticas que dividen a los países en dos fracciones políticas, regionales o étnicas irreconciliables; donde el diálogo, el consenso es imposible y la oposición es combatida hasta ser eliminada institucionalmente;
  5. Que los partidos políticos han sido debilitados y los dirigentes opositores perseguidos.
  6. Que se ejerce un control estatal y político de los medios de comunicación masivos, y se usa a los que dependen del Estado o que son influidos por el mismo, por ejemplo a través de la publicidad oficial; con el propósito de hacer propaganda política del gobierno de turno.
  7. Que se ha propuesto estatizar o controlar empresas y capitales privados que no le responden políticamente.
  8. Que la relaciones con la jerarquía de la Iglesia y de los demás cultos es siempre conflictiva.
  9. Que en política internacional pretenden influir en la de los países vecinos con el propósito de imponer sus políticas autoritarias.
  10. Que mantienen o impulsan buenas relaciones con países donde no se respetan los derechos humanos y no tienes regímenes democráticos, como es el caso de Irán y Cuba.
  11. Que hay fundadas sospechas de que se mantienen buenas relaciones con grupos narco – guerrilleros, como la FRAC o el Ejército de Liberación Nacional, según la reciente denuncia del gobierno de Colombia, y con ETA del país vasco, como se denunció hace un tiempo.

La región ha tenido en los últimos años un crecimiento económico significativo como consecuencia de las exportaciones a los países asiáticos, pero no ha llegado a coordinar políticas ni avanzar en el proceso de integración; a pesar de las frecuentes reuniones de presidentes, ministros y la creación de organismos de cooperación, como la UNASUR. El liderazgo de Brasil en la región ha sido notorio en los últimos tiempos.

El narcotráfico se ha extendido en la región y a los países se les hace cada vez más difícil poder combatirlos sin ayuda internacional.

Algunos de los países de la región han aumentado el presupuesto de las Fuerzas Armadas y en alguna medida compiten en una costosa e innecesaria carrera armamentista.

Las migraciones en los países de la región merecerías una mejor regulación.

Las catástrofes sufridas recientemente por Haití y Chile, nos han hecho pensar que el auxilio solidario de los países vecinos debe estar mejor organizado, y que debe crearse una fuerza y un fondo internacional para auxiliar más rápido e eficientemente a los damnificados.

El MERCOSUR, que pronto tendrá un parlamento elegido por el voto popular, en los últimos tiempos no ha profundizar el proceso de integración, no se han incorporado nuevos países, y las diferencia entre los gobiernos que los integran han impedido su progreso.

El Mundo Globalizado

A una década de iniciado el nuevo milenio nos encontramos en un mundo que:

  1. Ha valorizado los derechos humanos;
  2. Que a pesar que hace más de dos década que terminó con la guerra fría, lamentablemente, no ha podido eludir los conflictos bélicos regionales; en el que existen zonas, como el Medio Oriente, donde los conflictos se suceden permanentemente o están latentes. La carrera armamentista, incluso nuclear, no ha podido ser detenida ni controlada.
  3. El terrorismo es una amenaza permanente y las innovaciones que se hicieron para combatirlo, como las “guerras preventivas”, la invasión a Irak por motivos que luego resultaron falsos y la creación de cárceles internacionales al estilo de Guantánamo y la autorización de torturar en los interrogatorios.
  4. La pobreza, la indigencia y los efectos de las catástrofes causada por fenómenos naturales no encuentran todavía respuesta de la humanidad, por no estar organizada como una sociedad política mundial.
  5. Las organizaciones internacionales ni los gobierno de las grandes potencias han podido regular y controlar las relaciones, cada vez más globalizadas, de un mundo cada día más complejo; y estamos lejos de poder establecer un gobierno mundial como sería de desear.
  6. El comercio, las finanzas y la economía globalizada condicionan el accionar de los estados;
  7. el control de la natalidad, las migraciones, la pobreza, la trata de personas, el narcotráfico, el comercio de armas y la contaminación son problemas que los países no puede resolver sin que los organismos internacionales y las grandes potencias fijen políticas y acuerden reglas para darles solución.

Reflexión Final

 

Lo aquí expuesto en forma sucinta ha querido ser una rápida mirada sobre lo que pasa y lo que nos pasa en la vida política de nuestro país, y en el contexto internacional que lo rodea; y tiene por objeto hacer un aporte para una reflexión y oportuno análisis teológico.

La Teología y la Iglesia deben tener presente una frase del sindicalista Víctor de Genaro cuando dijo: “La Iglesia y la FEDE (por la Federación Juvenil Comunista) son los principales formadores de cuadros de la política argentina”[4]

La educación política y la prédica de la fraternidad son quizás lo que le falta a nuestra democracia para tener un mejor desarrollo, y a nuestra política para alcanzar la eficiencia y el prestigio que ha perdido.

La Falda, julio de 2010.


[1] Lecciones de Política, páginas 1 y 5, Ediciones El Graduado, San Miguel del Tucumán, 1993.

[2] La persona y el bien común, página 75 y 76, Club de Lectores, Buenos Aires, 1981.

[3] Obra citada, página 58 y 59.

[4] ISIDORO GILBERT La Fede, Alistándose para la revolución, la Federación Juvenil Comunista 1921 – 2005, página 23, Sudamericana, Buenos Aires, 2009.

Matrimonio o Unión Civil

Primer matrimonio gay en Argentina

Parto de la base que todas las personas humanas hemos sido creadas iguales en dignidad y derechos, a imagen y semejanza de Dios, y somos hijos del Creador y herederos del Cielo, por lo que repudiamos toda forma de discriminación, especialmente aquella que pueda afectar a los homosexuales. Pienso, además, como expresa el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay hombres y mujeres que: “No eligen su condición homosexual. (…y) Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitarán, respecto de ellos, todo signo de discriminación injusta.”

Pero en el corazón de la agenda parlamentaria el gobierno ha instalado otro tema que divide a los argentinos: el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Cámara de Diputados sancionó una reforma al Código Civil que lo permite, al sustituir la expresión: “hombre y mujer” o “cónyuges” por “contrayentes”, y extendió a las parejas de igual sexo el derecho de adoptar.

Esto es contrario al matrimonio, como institución natural, que tiene por finalidad: el amor entre el esposo y la esposa, la procreación, la preservación de la especie, la crianza, cuidado, manutención y educación de los hijos. Y no se condice con el significado de la palabra matrimonio que, según el Diccionario de la Lengua Española, es la: “Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.” La expresión latina Matrimonium, proviene de matrem (madre) y monium (calidad de).

Si bien Dalmacio Vélez Sársfield, por aquello de que en las leyes no hay que definir, no definió la composición del matrimonio al redactar el Código Civil; nadie dudaba ni duda que se refería a la unión del varón y la mujer. Cuando se sancionó la ley del divorcio, 23.515, se lo explicitó al decir que: “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer (…)” (art. 172 del Código Civil).

El presidente Hipólito Yrigoyen, en igual sentido y ante un proyecto de ley del divorcio, dijo: El tipo ético de familia que nos viene de nuestros mayores ha sido la piedra angular en la que se ha fundado la grandeza del país, por eso el matrimonio, tal como está preceptuado, conserva en nuestra sociedad el sólido prestigio de las normas morales y jurídicas en que reposa. Toda innovación a ese sentido puede determinar tan hondas transiciones que sean la negación de lo que constituyen sus más caros atributos. Es así V. H., debe meditar muy profundamente para saber si está en las atribuciones de los poderes constituidos, introducir reformas de tan vital significación o si ellas pertenecen a los poderes constituyentes. No basta que el matrimonio esté regido por el Código Civil para llegar a la conclusión de que es susceptible de modificarse en su esencia por simple acto legislativo.”[1]

Igual concepto de matrimonio encontramos en la Constitución, reformada por el peronismo en 1949, cuando en su artículo 37 II expresó que: “(…) La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimento de sus fines. 1. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad.(…) 4. La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado.”

INCONSTITUCIONALIDAD

Pero el proyecto, que debate el Senado, además de contradecir el significado natural e institucional del matrimonio, es contrario a la Constitución reformada en 1994, que declaró de jerarquía constitucional (art. 75, 22) los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando ellos disponen:

  • En la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.” (…) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” (Art. 16).
  • En la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. ” (Art. 17).
  • En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” (Art. 23).
  • En el Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. (…) Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período (…).” (Art. 10)”.
  • La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer: (…) eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurar, en condición de igualdad entre hombres y mujer: (…) g) Los mismos derechos personales entre marido y mujer, entre ellos de elegir el apellido, profesión y ocupación. (…) (art. 16)

Ni el Congreso por ley, ni una consulta popular (art. 40 de la Constitución y 1 de la Ley 25.432), pueden reformar esto, que integra el Bloque Constitucional. Para denunciar estos tratados internacionales debe hacerlo el Poder Ejecutivo, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso (art. 75, 22).  El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados es, por ello, inconstitucional.

A favor de este proyecto se ha dicho, forzando la literalidad de los textos, que las citadas normas internacionales no se refieren al casamiento del hombre con la mujer, sino del hombre y la mujer, y que deben entenderse como abarcativas a los del mismo sexo. Pero ello no se condice con la declaración del resto de los derechos que se declaran en los mismos, donde se los atribuyen siempre a la persona, y sólo se refiere al “hombre y la mujer” cuando trata del matrimonio. En los 30 artículos de la Declaración Universal sólo cuando se refiere al matrimonio usa la fórmula “Los hombres y las mujeres”; en el resto se refiere, por la positiva, a “Todos los seres humanos”, “Todas las personas”, “Toda Persona”, “Todo ser humano”, “Todo individuo”, “Los derechos de cada hombre”, “Los padres” ; y, por la negativa, a “Nadie”.

El más grande de los constitucionalistas de nuestra generación, Germán J. Bidart Campos, cuando escribió, comentando el Pacto de San José de Costa Rica, expresó: “El apartado 2 reconoce operativamente el derecho de casarse. Aquí sí se enfoca un derecho subjetivo de cada persona – hombre y mujer- para contraer matrimonio, con lo que la norma no serviría para cubrir uniones entre personas del mismo sexo. En efecto, aún cuando no se dice que el derecho es de contraer matrimonio “entre sí” (el hombre con la mujer), damos por cierto que ése es el sentido de la cláusula, y que al formularla no se pretendió darle el alcance de que “el hombre y la mujer” titularizan el derecho de casarse no “entre sí” sino el hombre con otro hombre y la mujer con otra mujer”. [2]

Además, en los instrumentos internacionales, se ponen énfasis en que: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad”, lo que es negado en el proyecto que pretende convertir al matrimonio en un mero contrato. Cuando se menciona a “Los padres, en la Declaración Universal, si tomamos lo que indica el Diccionario de la Lengua Española en el significado de la expresión Padre, en plural, nos indica que es: “El padre y la madre”. Cuando se habla de la protección que merecen las “madres (…) antes y después del parto”, en el Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se está refiriendo a algo que es imposible que se dé entre personas del mismo sexo, por no tener capacidad de engendrar.

Los impedimentos para contraer matrimonio fijados en el Código Civil como: la consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación, y entre hermanos y medio hermanos; y la afinidad en línea recta en todos los grados (art. 116 incisos 1, 2 y 4), tienen razón de ser en el matrimonio heterosexual, pero carece de sentido en las parejas del mismo sexo, porque es imposible entre ellos la procreación natural, y hasta pueden ser tachados de discriminatorios, por quienes se vean afectado por dichos impedimentos y pertenezcan al mismo sexo, en caso de darse esta absurda equiparación. El deber de mutua fidelidad, previsto en el artículo 198, y la causal de separación por adulterio, establecida en el inciso 1 del 202 del Código Civil no tienen el mismo sentido en la unión entre las personas del mismo sexo, que en el matrimonio.

Unión Civil

Si tenemos en cuenta que en nuestra sociedad hay personas del mismo sexo, homosexuales o no, que voluntariamente quieren convivir y asistirse mutuamente, en forma permanente; es que, sin modificar la legislación sobre el matrimonio y sin reformar la Constitución, se podría crear por ley un tipo de sociedad o unión civil, que las comprenda, a los efectos de regular las cuestiones patrimoniales, de habitación, de obra social y de herencia que se den entre los que la integran.

El régimen de adopción, que se rige por el principio del interés superior del niño, no es necesario cambiarlo ya que el actual permite adoptar a personas que no están unidas en matrimonio.

Fernando Savater ha escrito que “Suele decirse que todas las culturas son igualmente válidas y que no hay unas mejores que otras. Creo que no es verdad. La cultura que incluye es superior a la que excluye; la cultura que respeta y comprende me parece más elevada que la que siente hostilidad ante lo diferente; la cultura en la que conviven formas plurales de amar, rezar, razonar o cantar tiene primacía sobre la que se atrinchera en lo unánime y confunde armonía con uniformidad”.

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha bien declarado el “derecho a ser diferentes, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de (…), orientación sexual,(…)” con el propósito de reconocer, entre otros, los derechos de los homosexuales – a quienes socialmente se los ha discriminado injustamente duramente mucho tiempo -, remarcando aquella interpretación del principio de igualdad ante la ley que proclama: “la igualdad entre los iguales en iguales circunstancias”. Pero en el proyecto en debate cuando se intenta regular la unión entre personas del mismos sexo se vulnera este derecho al equipar, lo que es distinto y diferente, como: el matrimonio con la unión civil de los del mismo sexo, y sustituir la condición natural y jurídica de padre o madre, de esposo o esposa, con la de simple “contrayente”. La ley que se pretende sancionar, entonces, atenta también contra este derecho a ser diferentes.

Bidart Campos ha dicho al respecto que: “(…) para sostener que la unión homosexual no es igual a la unión conyugal del varón y la mujer, no estamos pensando en lo que pueden o no pueden hacer sexualmente entre sí las personas del mismo sexo y de sexo distinto. Esa distinción no nos interesa, porque hace a la intimidad de cada quien. Pero que la diferencia biológica y orgánica – y también convivencial – entre hombres y mujeres aleja sobre manera lo que de parecido pueda haber entre el matrimonio y la unión homosexual va más allá del sexo, porque se extiende a los ya citados roles personales, al modo de ser y de vivir, y a la identidad también personal que les da sustento y que tiene la impronta del sexo personal de cada uno.” [3]

El reconocimiento de los derechos a personas del mismo sexo a unirse civilmente, me parece que cumple acabadamente con el mandato de “afianzar la justicia”.

Córdoba, junio de 2010.


[1] Tomado de: “Ley 12. 839. Documentos de Hipólito Yrigoyen. Apostolado Cívico. Obra de gobierno. Defensa ante la Corte” Bs. As., Senado de la Nación, 1986 por Norberto Padilla
”Algunas consideraciones sobre la instauración del matrimonio entre personas del mismo sexo” presentado ante el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas”, el 20 de mayo de 2010.

[2] Bidart Campos, Germán J. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, tomo III, p. 493, EDIAR, 1995, cita tomada del trabajo antes citado de Norberto Padilla.

[3] El Derecho 164 – 723

La Libertad Religiosa en la Educación

Simbolos Religiosos

Antes de comenzar mi exposición quiero agradecer a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas; a su presidente, el Profesor Doctor Jorge Reinado Vanossi; a los señores académicos que la integran, y muy especialmente al doctor Gregorio Badeni – quién me comunicó mi designación y me acaba de presentar -, por el alto honor que significa para mi esta incorporación, por lo que se ha dicho de mi persona en este acto, y por lo que importa para la República la existencia misma de esta Corporación, en la que viven, y se cultivan lo mejor de nuestros principios morales y de nuestro pensamiento político.

El fresco recuerdo de la Revolución de Mayo nos permite, al haber pasado un día de su Bicentenario, reafirmar el alto valor del mensaje moral que nos legó lo que ocurrió aquel día 25. Por primera vez en nuestra historia el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, erigiéndose en “hermana mayor” del resto de las provincias, ejerció la voluntad popular, al elegir la Primera Junta de Gobierno. Este primer acto democrático, estampó en la memoria de la nueva Nación un principio liminar de lo que sería nuestra querida República, que merece también ser hoy recordado y exaltado en esta Academia, hogar de las Ciencias Morales y Política, repitiendo la histórica frase que la resume el ideario de Mayo, y que expresó el líder, no siempre bien recordado, de la Revolución: Cornelio de Saavedra: “(…) y que no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando”

El recuerdo de la Revolución me ha parecido que es una buena oportunidad para reflexionar sobre alguno de los problemas que comenzó a discutirse en la Primera Junta y que no ha terminado de resolverse en estos doscientos años, como lo es el de la ubicación y el papel de la religión en la sociedad política que comenzó a gestarse en 1810, y las relaciones entre el Estado y las iglesias y demás confesiones religiosas; al menos en algunas áreas donde confluyen los intereses y normas civiles y religiosas, y que podríamos denominar de carácter mixto, como lo son el matrimonio, la familia, la cultura, y la educación, que es de lo que me referiré en ésta oportunidad.

Desde siempre nuestra vida como Nación estuvo impregnada por la presencia de la religión: los primeros europeos que llegaron a estas tierras tenían por propósito: la evangelización, hombres del clero y laicos prominente tuvieron un protagonismo fundamental en la Revolución de Mayo (1810), en el Congreso de Tucumán (1816), en la Convención Constituyente que dictó la Constitución de 1853, y en las Convenciones reformadoras. El pensamiento de los mismos estuvo siempre inspirado en conceptos derivados de la razón y de la fe.

Por ello en el preámbulo de nuestra actual Constitución se invoca a “Dios, fuente de toda razón y justicia”; el “profesar libremente su culto” es un derechos de todos los habitantes del país (artículo 14); a los extranjeros también se les reconoce les derecho de “ejercer libremente su culto” (artículo 20); las “acciones privadas de los hombres” están “sólo reservadas a Dios” (artículo 19); los “concordatos con la Santa Sede” integran nuestro orden normativo (inciso 22 del artículo 75); y el juramento del presidente y vicepresidente de la Nación debe hacerse “respetando sus creencias religiosas” (artículo 93).

La separación de la Iglesia Católica del Estado ha tenido distintas etapas de concreción desde la Revolución de Mayo, y su mejor definición, y paso fundamental en ese sentido, se produjo en la Convención Constituyente de 1853, cuando se discutió y aprobó el artículo 2º de la Constitución, el que dispuso que el Estado sostiene del Culto Católico, Apostólico y Romano, e implícitamente reconoció la personería jurídica de la Iglesia Católica – luego explicitado en el Código Civil (artículo 33) -, pero no la adoptó como religión oficial; apartándose de sus mejores precedentes: las Constituciones de 1819 (Artículos I y II) y 1826 (Artículo 3) y del proyecto de Juan Bautista Alberdi.

En esa oportunidad, y a favor de dicha separación – que nunca significó ruptura -, el convencional, y sacerdote católico, Benjamín Lavaysse expresó que: “…la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar el culto exterior (…).Que la religión, como creencia no necesitaba más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva. (…)”. Al mismo tiempo se reconoció la libertad religiosa (artículos 14 y 20), aunque todavía se discute en el Congreso la ley que reglamente su ejercicio.

El sostenimiento del culto católico (artículo 2), fundado en la necesidad de reparar las confiscaciones de bienes que se le hicieron a la Iglesias Católica en la década del veinte; y que hoy es más simbólico que real – por lo exiguo de las partidas presupuestaria destinadas a ese fin -; se ha extendido a las demás confesiones e instituciones religiosas a través de las exenciones y beneficios tributarios, y no debe entenderse como una prohibición a que los demás cultos puedan tener aportes del Estado, como en algunos casos los tienen por la labores que realizan.

En el futuro, se suprima o no este artículo, opino que el sostenimiento de los cultos deberá estar regulado por una ley que permita a los fieles contribuir con sus respectivas confesiones religiosas a través de un porcentaje de los impuestos que oblan, como existe en Alemania, España o Italia.

A pesar de dicha separación la Constitución mantuvo el patronato para designar obispos de las iglesias catedrales, que la Santa Sede desde 1810 no aceptaba; el requisito de ser católico para ser presidente o vicepresidente de la Nación y que para accede a estos cargos debían jurar por Dios y los Santos Evangelios (por exigencia del Derecho Canónico a quienes ejercen el Patronato); el exequátur; el que el Congreso tenía que autorizar la admisión otras ordenes religiosas; y el promover la conversión de los indios al catolicismo; los cuales – con excepción del sostenimiento del culto- fueron suprimidos por el Acuerdo del Estado Argentino con la Santa Sede en 1966, en cuya gestación tuvo un papel destacado el Doctor Vanossi, y por la reforma de nuestra Carta Fundamental en 1994. El patronato, el exequátur y la autorización que era necesaria para admitir nuevas órdenes religiosas contrariaban la libertad religiosa de los católicos. El referido Acuerdo hizo efectivo los principios de “autonomía y cooperación”, que rigen hoy las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, y que también debe hacerse efectivo para las demás confesiones religiosas, para lo que será muy importante que se sancione la ley de libertad religiosa que discute actualmente la Cámara de Diputados.

Lo religioso, que no esta bloqueado en nuestra conciencia e intimidad, se expresa en nuestra vida en sociedad, no sólo por la asistencia a los templos, mezquitas o sinagogas; sino también en nuestra arquitectura, literatura, en la música, la pintura, la escultura y otras expresiones artísticas. También se muestra en los nombres de muchas de nuestras provincias, ciudades, parques, plazas, avenidas, bulevares, calles, monumentos y edificios. Los argentinos expresamos nuestra fe orando, participando en peregrinaciones, procesiones, y otras manifestaciones públicas. La existencia de gran cantidad de escuelas, universidades, establecimientos educativos, ONGs y medios de comunicación orientados y dirigidos por comunidades religiosas son otras expresiones de la religiosidad de nuestro pueblo. La invocación a Dios y a los Libros Sagrados, en la fórmula de los juramentos, el uso de símbolos religiosos en lugares públicos como: la Cruz, la imagen de la Virgen María o de los Santos, la estrella de David, la Menoráh o la media Luna; el uso de hábitos o accesorios en la vestimenta como la Kipá, o el velo o la Burka que usan las mujeres musulmanas, y el respeto por los feriados religiosos, son otras exteriorizaciones de la religiosidad de nuestro pueblo.

Y cuando nos referimos a la religión lo hacemos teniendo presente que no vivimos en el siglo XIX, en el que el predominio del Culto Católico era determinante y la separación de la Iglesia y el Estado no se había terminado de concretar; sino en una época en que los católicos, que si bien siguen siendo mayoría, conviven con fieles de otras confesiones religiosas y con un Estado laico, en un sano y positivo pluralismo religioso,

Pero lo que hoy queremos plantear es la necesidad de abrir o reabrir un debate sobre el ejercicio de la libertad religiosa en la educación, algo que se ha discutido con mucha pasión en algunos momentos de nuestra historia, como fue cuando se discutió la ley de educación común No. 1420 de 1884; cuando se estableció el enseñanza de la religión católica en las escuelas, en 1943[1]; y cuando se dictó la ley Domingorena Nº 14.557, de 1958, que autorizó las universidades privadas. Este debate que propongo, que no lo es sobre un anteproyecto concreto de ley, se basa en una necesidad, que no es la misma que motivó el dictado que aquellas controvertidas normas.

Cuando se discutió la ley 1420; llamada de enseñanza laica, que tuvo por modelo una ley Belga de 1878, que establecía los contenidos mínimos de lo que debía enseñase en los colegios – entre los que se encontraba la moral – , y que disponía que la enseñanza religiosa debía darse fuera de las horas de clase; los que se oponían a la misma, como el senador sanjuanino Rafael Igarzábal,  entendían que para cumplir la Constitución; que establecía: el sostenimiento del culto católico, que el presidente tenía hacer la presentación de los obispos de las iglesias catedrales y que tenía que jurar por Dios y los Santos Evangelios, y que el Congreso tenía que convertir los indios al catolicismo; era necesario la enseñanza de la religión en las aulas. Y que no había enseñanza de la moral sin enseñanza religiosa. [2]

En sentido contrario el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública Eduardo Wilde en el debate del Senado sostuvo: “No se puede decir, pues, que ese proyecto rechace la instrucción religiosa en las escuelas; pero, no reconoce tampoco que el Estado esté en la obligación de darla. ¿Por qué? Porque entonces la enseñanza no tendría un carácter universal y la que el Estado esta obligado a dar debe tener carácter universal, ¿Por qué? Porque debe aplicarse a todos los individuos que habitan el suelo en el cual se ejerce la soberanía; y si ese suelo está habitado por individuos de diversas creencias religiosas, el hecho muestra la imposibilidad en que se encuentra el Estado de suministrar la enseñanza religiosa, adoptando una sola religión. Vendría entonces la obligación por parte del Estado de enseñar todas las religiones o de no enseñar absolutamente ninguna. Un pueblo como el nuestro habitado por gente de diversas nacionalidades, de diverso idioma, de diversas creencias, de diverso culto, en una palabra, no puede exigir que el Estado se convierta en maestro de una sola de las creencias, porque eso es atacar la libertad de los otros;(…)” [3]

Pero el Ministro Wilde, en el Senado, dijo también que: La enseñanza de la moral debe hacerse. Los principios de la moral son innatos en el hombre; los principios de la moral cristiana lo son también, porque este calificativo ha sido aplicado a cosas conocidas como morales desde tiempos anteriores a la existencia de la religión cristiana. El calificativo no las varía. El calificativo no quiere decir sino que parte de esos principios reconocidos como morales en el mundo han sido maltratados por la religión cristiana. Entonces, el calificativo, no variando los principios de la moral, los deja con su carácter de principios universales de moral y por lo tanto civilizadores. No hay inconveniente, por tanto, en que se acepte una proposición semejante; y recuerdo que al discutirse una ley idéntica a la que se discute en esta Cámara, no sé si en Bélgica o en Holanda, al hacerse esta proposición, no fue un católico ni un cristiano el que se levantó para apoyarla; fue un israelita el que, aceptando la, idea, declaró que sólo entendía por moral cristiana la moral que había servido para tantas civilizaciones: la moral universal.”

En este último argumento de Wilde esta el punto de partida del debate que debería abrirse con la pregunta: ¿por qué no completar y enriquecer la enseñanza de esa moral universal con la educación religiosa, en sus distintas tradiciones, libros sagrados, dogmas y principios?, en un momento en que no se discute el derecho a enseñar y a aprender (artículo 14 de la Constitución), ni a la libertad religiosa. Con menos énfasis que en otras épocas todavía se desconfía y teme volver a la experiencia de la enseñanza religiosa del período 1943 – 1955, o que se use la educación pública, de gestión estatal, con el propósito de “adoctrinar” a los educandos a favor de la Iglesia Católica; cuando en realidad de lo que se trata en nuestra propuesta es de cumplir con la finalidad de la educación que es contribuir al desarrollo integral de la persona humana, especialmente en lo que tiene que ver con su dimensión trascendente. Para ello entiendo necesario trasmitir a los educandos los conocimientos y la experiencia religiosa que la historia nos ha legado, respetando la libertad religiosa de los mismos y de sus padres o tutores.

Las dificultades y problemas que enfrenta el hombre, en estos tiempos, como consecuencia del debilitamiento de la familia; la crisis moral; la desigualdad de oportunidades -especialmente en el plano educacional, laboral, y de ingresos-; la falta de conciencia y participación cívica, la desconfianza en los dirigentes, la inseguridad, las adicciones, la persistencia de algunas formas de esclavitud – como la trata de personas -, la corrupción, y la distancia entre religión y la vida, etcétera; no encuentra respuesta en las distintas propuestas, proyectos o modelos de nuevas leyes, como por ejemplo: cuando se quiere hacer más severo al Código Penal.

Para superar estos vicios se hace necesario apelar a la educación y no sólo a la que trasmite conocimientos científicos y técnicos, sino también a la que comunica y difunde los principios y valores universales de la moral y la ética, que sólo la sabiduría práctica, estudiada por la filosofía y la teología, nos la puede proporcionar. Para ello necesitamos revisar los contenidos de nuestra educación pública, para enfatizar los estudios sobre moral, ética, filosofía, teología y profundizar el conocimiento de los Libros Sagrados y la liturgia de las distintas tradiciones religiosas, conocimientos derivados de la razón y la fe religiosa.

Persona y Educación

Si de valores y educación se trata el punto de partida – desde mi óptica – tiene que ser la persona humana y el desarrollo de su personalidad dentro de una sociedad que tiene por fin al bien común.

“La primera finalidad de la educación – para Jacques Maritain- es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre.” En cuanto ser personal el hombre es una realidad hipostática, de espíritu y materia, que se diferencia de los demás individuos de la creación por ser conciente y libre, por ser un todo en sí mismo. Está dotado de un alma espiritual, donde la inteligencia supramaterial, dirigida hacia la verdad, se nutre del conocimiento racional, que surge de la experiencia; pero que para los cristianos está enriquecido por la revelación, que conoce a través de la fe. La libertad, otro atributo espiritual de su voluntad, lo impulsa hacia el bien; y los sentimientos lo encaminan hacia la belleza. La Verdad, el Bien y la Belleza, como absolutos, se identifican con Dios.

Maritain entiende que  “la idea griega, judía y cristiana del hombre:(…que) es un animal dotado de razón cuya suprema dignidad está en la inteligencia; el hombre es un individuo libre en relación personal con Dios, y cuya suprema ‘justicia’ o rectitud consiste en obedecer voluntariamente a la ley de Dios; el hombre es una criatura pecadora y herida, llamada a la vida divina y a la libertad de la gracia, y cuya suprema perfección consiste en el amor.”[4]

El hombre, entonces, es un animal de naturaleza, pero también de cultura, y su desenvolvimiento se da en la sociedad y en la civilización, por lo que también es un animal histórico, todo lo cual demuestra la necesidad de la educación, que es el arte moral, o sea una sabiduría práctica, por el que la persona es auxiliada por las experiencias colectivas, que las generaciones pasadas han acumulado, y por una transmisión regular de conocimientos adquiridos.

Para conseguir la libertad en la que se determina a sí mismo y para lo cual fue hecho tiene el hombre necesidad de una disciplina y de una tradición de la que no puede desentenderse aunque deba luchar, muchas veces, contra ella para enriquecerla y hacerla apta para nuevos combates.

La educación, que es un arte moral y una sabiduría práctica; se desarrolla en la familia, la escuela, en la universidad, en la sociedad política y en la Iglesia; y no puede desentenderse de sus fines, que no son distintos de los de la persona humana. Una educación preocupada por los medios o los métodos pero desentendida de los fines no es tal, como tampoco lo es la que se ocupa sólo de las ciencias que indagan sobre las causas segundas, y no atiende a lo ontológico. Para que la educación atienda a todos los interrogantes que se plantea el hombre no puede eludir a las que se refieren a las causas primeras, que estudia la filosofía; o las que tienen que ver con su destino trascendente, si tenemos en cuenta que está hecho a imagen y semejanza de Dios, de lo que se ocupa la teología.

Bien decía Juan Bautista Alberdi, que “Casi todas (las constituciones) empiezan declarando que son dadas en nombre de Dios, legislador supremo de las naciones. Esta palabra grande y hermosa debe ser tomada, no en su sentido místico, sino en su profundo sentido político. Dios, en efecto, da a cada pueblo su constitución o manera de ser normal, como la da a cada hombre. El hombre no elige discrecionalmente su constitución gruesa o delgada, nerviosa o sanguínea; así tampoco el pueblo se da por su voluntad una constitución monárquica o republicana, federal o unitaria.”[5]

Refiriéndose a los fines de la Constitución Argentina, expresaba que “El hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras. La religión debe ser hoy, como en el siglo XVI el primer objeto de nuestras leyes fundamentales.”

Agregaba que “nuestra política moderna americana (…) debe  mantener y proteger la religión de nuestros padres, como la primera necesidad de nuestro orden social y político; pero debe protegerla por la libertad, por la tolerancia y por todos los medios que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal (…)”

“La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión católica el medio de educar esas poblaciones.”[6]

Jurgen Habermas en su célebre debate con el Cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, ha dicho, y ha dicho bien, que: “La historia de la teología cristiana de la Edad Media y, en especial la escolástica española tardía, pertenecen, naturalmente, a la genealogía de los derechos humanos. Pero los fundamentos legitimadores de un poder estatal neutral en lo concerniente a cosmovisión, procedente finalmente de las fuentes profanas que representa la filosofía del siglo XVII y XVIII.” También expresó que: “La traducción de que el hombre es imagen de Dios a la idea de una igual dignidad de todos los hombres que hay que respetar incondicionalmente es una de esas traducciones salvadoras (que salvan el contenido religioso traduciéndolo a la filosofía). Es una de esas traducciones que, allende los límites de una determinada comunidad religiosa, abre de los contenidos de los conceptos bíblicos al público universal de quienes profesan otras creencias o de quienes simplemente no son creyentes”.[7]

Los estudios sobre moral y religión no pueden, entonces, estar ausentes de los planes de estudios de los establecimientos educaciones, sean ellos de gestión estatal o privados. Esto no significa que proponemos volver a la experiencia que a nivel nacional se dio entre los años 1943 y 1955[8], o que se viene dando en algunas provincias, como Salta, Tucumán y Catamarca – donde se enseñó y enseña educación católica para los católicos y moral para los que no lo eran o son -, sino que se trata de hacer conocer lo religioso a través, y según la interpretación, de las distintas tradiciones y confesiones religiosas, permitiendo así un mejor desarrollo de la faz trascendente que tiene el educando como persona, y permitir que se enriquezca en los valores que adopte para sustentar su vida como persona y como integrante de la sociedad política a la que pertenece. Ello le servirá también para mejor elegir, y luego cimentar, los proyectos de vida que decida emprender.

Esto significa hacer efectivo lo que disponen la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (Artículo 12,4) y que se reitera casi textualmente en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13, 3); y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 18, 4). [9] Dichos tratados tienen jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución).

El Acuerdo firmado entre Brasil y la Santa Sede en el año 2008 admite la enseñanza religiosa en los horarios normales de las escuelas del Estado.[10]

En las constituciones provinciales encontramos disposiciones de igual o parecido tenor como: la de La Pampa (texto del 1960) cuando reza, siguiendo el criterio de la Ley 1420, que: “(…) Podrá impartirse enseñanza religiosa en las escuela públicas a los alumnos que opten por ella, exclusivamente por los ministros autorizados de los diferentes cultos, con posterioridad a las horas de clase oficial.” (Art. 24), o la de Córdoba (2001) – que me tocó votar como constituyente – , que dispone: “Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones.”

Normas similares se aprecian en la de Salta (de 1998); de Jujuy (1986);  de San Luís (1987);  de Catamarca (1988); de Formosa (2003); de Tucumán (2006); y de La Rioja (2002), con una fórmula más genérica, dispone que: “(…) Su finalidad es el desarrollo integral, permanente y armonioso de la persona, capacitándola para vivir en una sociedad democrática y participativa, basada en la ética, la libertad y la justicia social; en el respeto a las tradiciones e instituciones del País, y en los sentimientos religiosos, morales y de solidaridad humana.” (Art. 51º). Esta ambigüedad se repite en la de Tierra del Fuego (1991).

Las de Entre Ríos (2008), Mendoza (1997) y Neuquén (2006), en sentido inverso se declaran laicas y la primera proclama, que: “La educación común en la Provincia es gratuita y laica en los niveles inicial, primario, secundario y superior de las instituciones de gestión estatal.” (Art. 258). La de San Juan (1986), contrariando a la Nacional, declara que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo” (art. 21º), y dispone que: “La enseñanza que imparte el Estado es obligatoria, gratuita, no confesional (…).” (Art. 80º). Las de las provincias de Santa Fe (1962), Río Negro (1988), Misiones (1988), Chubut (1994), Chaco (1994), Buenos Aires (1994), Santa Cruz (1998), la de Santiago del Estero (2005) y Corrientes (2007) no tiene disposiciones que aludan a la educación religiosa.

La ley 1420 – de 1884 – que expresaba: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases” (Artículo 8), pesa en la cultura de los argentinos y ha hecho pensar a muchos que la educación religiosa ha sido erradicada de nuestra educación y cultura, o, al menos, que está circunscripta a que se imparta en la familia, el templo o los establecimientos educativos confesionales. En realidad esa importante ley definía los “mínimum” [11]que se debía enseñar en las escuelas en la jornada escolar, dejando en manos de los ministros de los distintos cultos la enseñanza religiosa, para que se haga antes o después de las horas de clases.

El propósito de extender a todos los habitantes del país la educación era válida entonces y lo es ahora, pero la calidad educativa exige hoy, como ayer, establecer prioridades y poner énfasis en conocimientos, habilidades y sentimientos que hay que cultivar, imprimiendo valores y principios sin los cuales es imposible vivir, y mucho menos convivir.

Pasado más de un siglo de este debate se hace necesario volver sobre el tema definiendo en primer lugar lo que significa educación religiosa, y separar lo que tiene que ver con alimentar la fe de quienes la tienen, a través de la enseñanza del catecismo o la preparación para los ministerios de los distintos cultos – que debe hacer cada confesión religiosa en sus templos o en sus seminarios- y no en los establecimientos de educación pública estatal; de lo que son los conocimientos de los principios éticos, filosóficos, teológicos y los que provienen de las distintas tradiciones religiosas, de sus respectivos Libros Sagrados y su liturgia; que integran el patrimonio cultural de nuestro país y de la humanidad.

Prohibir o limitar la enseñanza e investigación de estos últimos conocimientos en los establecimientos educativos públicos estatales es discriminar y atentar contra a libertad religiosa y de enseñanza, además de contrariar las normas antes citadas. Es cierto que ello se puede hacer de dos maneras: enseñando la religión que elijan los educandos, sus padres o tutores – como indican los tratados internacionales, o constituciones provinciales antes mencionadas – ; y/o incorporando a la enseñanza estudios comparados respecto de las distintas religiones; o cuando se estudian temas específicos enseñar los distintos enfoques que tienen las distintas confesiones religiosas sobre ellos.

Esto, que trata de hacer efectiva la libertad religiosa dentro del campo de la educación, es lo mismo que ocurre dentro de la familia o en los establecimientos educativos confesionales, donde educar o enseñar no debe confundirse con imponer, discriminar o negarse a transmitir conocimientos, textos o prácticas religiosas, que el educando puede o no aceptar, compartir –total o parcialmente-, e incorporar o no a su formación o proyecto de vida. Algo similar ocurre con la educación filosófica o política, donde el estudiar las distintas corrientes del pensamiento, incluso aquellas que causaron graves daños a la humanidad, no debe significar imponer o pedir la adhesión a alguna de ellas.

Todos sabemos, por experiencia propia, que la religiosidad de nuestros hijos o nietos no es la misma que la de cada uno de nosotros, a pesar de lo que puede habérseles transmitidos en la educación familiar; eso mismo es lo que debe ocurrir con nuestros alumnos en las escuelas y universidades. Las religiones, como los credos políticos, hoy también puede ser enseñadas con criterios “universalistas”, como pretendía Wilde que deberían ser los contenidos de la educación pública, incluso puede llegar a ser impartida por quienes no comulgan con la fe o tradición que se hace conocer, lo que seguramente ocurrirá cuando se enseñen o hagan estudios comparados de las religiones. La pluralidad religiosa no debe llevarnos a no estudiar ninguna religión – como entendía el Ministro Wilde -, sino que nos convoca a que tratemos de conocerlas a todas.

La educación debe transmitir valores, que tengan por fuente la razón, y la fe, respetando las creencias religiosas de cada uno. Además de los fundamentos de la fe de cada educando, de sus padres o tutores, debe hacerse conocer, en sus rasgos principales, las demás religiones. Si algo tengo que reprocharle a mi formación religiosa es lo poco que conozco de La Torá o del Corán, y de las demás tradiciones religiosas, que no sea la Católica que profeso.

Dar prioridad, dentro de los mínimos que debe contener la educación, a los aspectos formativos de la enseñanza es importante para desarrollar mejor el proyecto de vida que tenemos cada uno como persona y colectivamente como Nación.

Si a un niño se le enseña que debe respetar a los demás, para ser él mismo respetado, y actuar fraternalmente; no se lo está confundiendo si se le agrega a ello que los que tienen fe consideran al prójimo como hijo y heredero de Dios, porque todos los hombres han sido creados iguales, a su imagen o semejanza. De este modo se le está dando mayores razones para incorporar ese valor a su conducta.

Aquello de que la enseñanza religiosa se haga fuera de las horas de clase hoy está superado por la necesidad de extender la jornada escolar, con la doble escolaridad.

La existencia en las universidades de materias optativas y cátedras libres permite, sin que nadie se sienta discriminado, que en las mismas se enseñe religión, o se encaren estudios e investigaciones sobre temas que tienen que ver con la misma; como por ejemplo: Derecho Eclesiástico, o Relaciones Interreligiosas. El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) le ha propuesto recientemente a la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que se cree una cátedra libre sobre Libertad Religiosa.

La necesidad de reforzar los aspectos formativos de la educación y de trasmitir a los educandos, de hoy, principios y valores éticos sin prescindir de los aportes que la religión, me parece la mejor fórmula para superar la violencia, la anomia, el relativismo, la crispación en el modo de competir en política, el debilitamiento de los vínculos fraternales, de cooperación y de solidaridad, y la indiferencia en el propósito de “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”, que – desgraciadamente –  abundan en estos tiempos en nuestra sociedad.

Basados en esta necesidad en el año 2003 se dictó la ley 25.878 que declaró el día 29 de julio como “el Día de los Valores Humanos” (art. 1º) y dispone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrará los medios necesarios para que se desarrollen clases alusivas a esta conmemoración en los establecimientos educativos de todo el país.” (Art. 2º). Esta ratifica la necesidad de que los “valores humanos” , como los que tienen que ver con la religiosidad de nuestro pueblo, no pueden estar ausentes de la educación.

Conclusiones

Como bien decía Winston Churchill: “una buena conversación debe agotar el tema, no a los interlocutores”, por ello y a modo de conclusión me animo a afirmar que:

1.    Es necesario abrir el debate sobre la libertad religiosa en la educación pública estatal con el propósito de dar prioridad a los contenidos que tienen que ver con los principios éticos y los valores.

2.    En dicho contenidos no puede estar ausente la educación religiosa respetando la libertad y pluralidad religiosa.

3.    En la enseñanza religiosa no deben incluirse lo que sirve para alimentar la fe, como es el catecismo, sino objetivamente lo que cada credo o tradición religiosa es, respetando el derecho de los padres o de los educandos respecto de sus creencias.

4.    También es importante que se enseñen los principios, dogmas, libros sagrados, en sus rasgos principales, de las distintas tradiciones religiosas.

5.    Con ello estaríamos cumpliendo con el fin de la educación: que es la formación integral de la persona humana, con lo que manda la Constitución al Congreso: “Proveer lo conducente al desarrollo humano (…)”, y con lo que dispone la ley de Educación Nacional No. 26.206:“Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores.” (Art. 11) [12]

Las palabras de Fray Mamerto Esquiú, en su célebre discurso con motivo de la jura de la Constitución, resumen lo que necesitamos trasmitir a través de la educación y que es lo que me ha movido a hacer esta propuesta ante ustedes:

Dios se mece sobre los hombres, como el sol centellea sobre los planetas. ¡Por esto es sublime la sociedad! ¡Por esto es grande! ¡Por eso se exalta, palpita nuestro corazón cuando sentimos la vida de las naciones! Por esto la Religión y la Patria tienen idénticos intereses, nacen de un mismo principio, caminan cada una por vías peculiares a un mismo fin, y la una y la otra con sus pies en la tierra,  y asidas de sus manos con eterno amor, campean sus cabezas en el horizonte de lo infinito.”

Buenos Aires, mayo de 2010.


[1] El Decreto 18.411 de 1943 del Presidente de facto Pedro Pablo Ramírez: “En las escuelas públicas de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio. Quedan excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral.” (Art. 1) “Los docentes que tengan a su cargo la enseñanza de la Religión Católica serán designados por el Gobierno debiendo recaer sus nombramientos en personas autorizadas por la Autoridad Eclesiástica”. (art. 2) Los programas y los textos destinados a la enseñanza religiosa será aprobados por el gobierno, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica.” (Art. 3) Este decreto fue ratificado por la ley 12.978 de 1947 y fue derogado por la  ley 14.401 del 13 de mayo de 1955.

[2] Diario de sesiones del Congreso de la Nación, Cámara de Senadores, sesión del 26 de junio de 1884.

[3] Diario de Sesiones del Senado de la Nación del 28 de agosto de 1883.

[4] “La educación en este momento crucial” página 18, Ediciones Desclée de Brouwer, Buenos Aires, 1965.

[5] “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, página 75 y 76, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, República Argentina, 2002

[6] “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, página 83 y 84, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, República Argentina, 2002

[7] El 19 de enero de 2004.

[8] Decreto 18.411 de 1943 del Presidente de facto Pedro Pablo Ramírez: “En las escuelas públicas de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio. Quedan excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral.” (Art. 1) “Los docentes que tengan a su cargo la enseñanza de la Religión Católica serán designados por el Gobierno debiendo recaer sus nombramientos en personas autorizadas por la Autoridad Eclesiástica”. (art. 2) Los programas y los textos destinados a la enseñanza religiosa será aprobados por el gobierno, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica.” (Art. 3) Este decreto fue ratificado por la ley 12.978 de 1947 y fue derogado por la  ley 14.401 del 13 de mayo de 1955.

[9] El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Y el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Art. 18, 4).

[10] Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativo al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil firmado el 13 de noviembre de 2008. Artigo 11º A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. §1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação.

[11] La Ley 1420 disponía en su “Artículo 6º- El minimum de instrucción obligatoria, comprende las siguientes materias: Lectura y Escritura; Aritmética (las cuatro primeras reglas de los números enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley nacional de monedas, pesas y medidas); Geografía particular de la República y nociones de Geografía Universal; de Historia particular de la República y nociones de Historia General; Idioma nacional, moral y urbanidad; nociones de higiene: nociones de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales; nociones de Dibujo y Música vocal; Gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional, para las niñas será obligatorio, además, los conocimientos de labores de manos y nociones de economía doméstica. Para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillas, y en las campañas, nociones de agricultura y ganadería.”

[12] La Ley 26.206 de Educación Nacional (2006) nada dispone sobre la educación religiosa aunque hace una serie de afirmaciones como que: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.” (Art. 2º) Que “La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.” (Art. 6º) Que “El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4º de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario.” (Art. 8º) Que “Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:(…)b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores.” (Art. 11)

Persona, Dignidad y Derechos Humanos en América Latina

General Augusto Pinochet

La instalación de regímenes políticos democráticos en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XX, significó un paso muy importante para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Sin embargo, es de lamentar, que esto no ha significado la erradicación total y definitiva de la violencia de la vida política, y, como consecuencia de ello, los derechos fundamentales de muchas personas han sido gravemente desconocidos y afectados por estos medios irracionales e inhumanos de disputar el poder político.

Los conflictos políticos globales no han sido ajenos a los de la región, como lo fue la guerra fría y lo es ahora el de Medio Oriente -caso Irán-, y para su dilucidación se ha empleado violencia política.

En América Latina

Sería muy largo detallar los atentados a los derechos humanos habidos en las últimas décadas en países latinoamericanos con motivos de las dictaduras, las guerrillas, las organizaciones terroristas, paramilitares, y últimamente por los carteles del narcotráfico, con sus secuelas de muertes, desaparición de personas, torturas, exilios y pérdida de hijos por quienes fueron víctimas de la represión.

Merece recordarse la violencia propinada por los dictadores tradicionales que rigieron los destinos de nuestros países hasta la era democrática como fueron en: en Nicaragua desde 1937 a 1979 gobernaron Anastasio Somoza García (Tacho) y luego sus hijos Luís y Anastasio Somoza Debayle (Tachito). En Cuba Fulgencio Batista y Zaldívar, militar y presidente de Cuba entre 1940-1944 y luego en 1952-1959. En Santo Domingo Rafael Leónidas Trujillo gobernó desde 1930 hasta 1961. En Haití François Duvalier (Papa Doc) fue presidente constitucional de su país a partir de 1957 y posteriormente, desde 1964 hasta su muerte en 1971, fue presidente vitalicio y lo sucedió su hijo de 19 años Jean-Claude Duvalier (Bébé Doc) y fue presidente vitalicio entre 1971 a 1986. En Chile los generales Carlos Ibáñez del Campo, que fue Presidente de la República en dos ocasiones: de 1927 a 1931 y de 1952 a 1958, y Augusto Pinochet Ugarte entre 1973 hasta 1990. En Paraguay Alfredo Strossner que fue presidente entre 1954 y 1989. El general Juan Francisco Velasco Alvarado presidió un gobierno militar en Perú desde 1968 hasta 1975 y el Ingeniero Alberto Fujimori entre 1990 y 2000. Venezuela el general Juan Vicente Gómez gobernó desde 1908 a 1935, y Marcos Pérez Jiménez que fue presidente desde 1952 a 1958. En Bolivia el general Hugo Banzer Suárez fue presidente de facto entre 1971-1978 y constitucional entre 1997-2001. En Panamá el general Manuel Antonio Noriega Moreno fue gobernante de facto entre 1983 hasta 1989, en que fue derrocado por la invasión militar de Estados Unido quien lo juzgó y condenó a prisión; por sus relaciones con el narcotráfico. En Brasil el golpe militar de 31 de marzo de 1964 da el poder a una junta militar, bajo cuyo mandato se sucedieron cinco generales elegidos indirectamente. Ello culmina en 1985, cuando Tancredo Neves gana la elección a presidente, y muere por lo que el que asumió fue su vicepresidente, José Sarney. En Argentina desde el 6 de septiembre de 1930 hasta la recuperación de la democracia en 1983, hubieron seis golpes de estado que alternaron en el gobierno a civiles elegidos por los procedimientos constitucionales y dictaduras sostenidas por el poder militar que suspendieron la vigencia de la Ley Fundamental y el Congreso, lo que limitó considerablemente los derechos humanos.

La revolución cubana encabezada por Fidel Castro en 1959 con la gran cantidad de fusilados, exiliados, confiscaciones de bienes y las privaciones de la libertad que se dieron y subsisten todavía en la isla. Un millón de exiliados hay en Estados Unidos, en países latinoamericanos y europeos. Durante muchos años desde Cuba y bajo este régimen se impulsó la lucha armada y se entrenaron guerrilleros que operaron luego en distintos países de América Latina y de África. La figura del Ernesto “Che” Guevara representa este modo de rebeldía que entusiasmó a muchos jóvenes antes de la caída del muro de Berlín. El régimen mantiene en prisión desde el año 2003 a 75 disidentes. Durante el año 2010 murió en prisión –mientras protestaba con una huelga de hambre- uno de ellos, Orlando Zapata Tamaño, lo ha hecho que el mundo proteste por esta afrenta contra los derechos humanos. Las Damas de Blanco y grupos de opositores ejercen cada vez mayor resistencia dentro de la isla. Actualmente, con la presidencia de Raúl Castro, sigue sin haber elecciones libres y existe monopolio del gobierno en los medios de comunicación, incluido en Internet. El bloqueo dispuesto por Estados Unidos – al que se oponen los demás países de Latinoamérica- es la razón principal que invoca el régimen para mantenerse. El 12 de abril de 2003 fueron fusilados, luego de un juicio sumario de pocos días, los jóvenes Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luís Martínez Isaac por haber secuestrado una lancha para huir a Estados Unidos.

En el marco de la guerra fría se creó el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), llamada de 1963 a 2001 Escuela de las Américas (School of the Americas), que es una organización para la instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos situada actualmente en Fort Benning, en la localidad estadounidense de Columbus (Georgia). Dicha escuela estuvo situada desde 1946 a 1984 en Panamá. En la misma se difundió lo que se conoció como la Doctrina de la Seguridad Nacional y se instruyó a militares, policías y personal de inteligencia en técnicas de contrainsurgencia operaciones de comando, tiro franco, guerra psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio, lo que tanto daño hizo a los derechos humanos en Latinoamérica.

Al atardecer del 2 de octubre de 1968, pocos días antes de los Juegos Olímpicos, en ciudad de México miles de estudiantes y residentes llenaron la plaza de las Tres Culturas de la unidad habitacional Tlatelolco. Al amparo de la oscuridad, el ejército y la policía rodearon a la multitud en un movimiento de tenazas y lo reprimieron usando helicópteros, tanquetas y abrieron fuego. Esa noche infernal, conocida hoy como la masacre de Tlatelolco, dejó un gran número de muertos, que algunas estiman en 300, y miles de heridos y presos.

En 1969 se produjo la “Guerra del fútbol”, porque coincidió con las escaramuzas ocurridas entre hinchas de las selecciones de ambos países después del tercer encuentro por la eliminación por la copa del Mundo de 1970, o la “Guerra de los 100 horas”, con la invasión del sur de Honduras por el Ejército y la Aviación salvadoreña. Este conflicto tenía su origen en la década de 1920, cuando miles de salvadoreños emigraron a Honduras en busca de mejorar sus condiciones de vida. A finales de la década de 1960, el gobierno hondureño era presionado por organizaciones populares demandando una reforma agraria. A los salvadoreños, que eran más de 3 mil, les confiscaron negocios y propiedades, lo que generó un clima de violencia contra los salvadoreños, con la aprobación del gobierno de López Arellano. La Fuerzas Armadas del Salvador el 14 de julio de 1969 invadieron Honduras, comandadas por el general José Alberto “El Chele” Medrano, capturaron 1650 km² de territorio hondureño, entre ellos Nueva Ocotepeque, territorio que fue restituido en agosto de ese mismo año. Se estiman que murieron más de 2 mil personas.

Los derechos humanos fueron gravemente afectados por el accionar de las guerrillas, rurales y urbanas, en distintos países de Latinoamérica como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional, en Colombia, las más antiguas del continente; en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, convertido actualmente en el partido de gobierno del presidente Mauricio Funes; en Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; en Honduras, la Unificación Democrática; en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente convertido en partido político en el gobierno del presidente Daniel Ortega; en Perú, Sendero Luminoso; en Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros, uno de cuyos líderes José Mujica, es el actual presidente de ese país; a los que se podría agregar en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En Paraguay ha surgido, en los últimos tiempos, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que ha hecho que el Congreso declare en estos días el estado de excepción en algunos departamentos del norte de ese país. En esta enumeración recordamos sólo los más importantes y por el accionar de estos grupos se perdieron muchas vidas.

La Operación Cóndor o Plan Cóndor fue la coordinación de las acciones contra la guerrilla y el terrorismo de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur de América -Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- entre sí y con la CIA llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. Por la misma se hicieron seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios ilegales, traslados entre países y desaparición o muerte de subversivos y opositores a las dictaduras militares de la región. Entre los hechos que se le atribuyen está el asesinato del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires, junto a su cónyuge Sofía Esther Cuthbert Chiarleoni, el 30 de septiembre de 1974; el atentado sufrido en Roma por, el ex ministro del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, ocurrido el 6 de octubre de 1975, que por suerte salvaron sus vidas; y que costó la vida del ex ministro del gobierno de Salvador Allende, Marcos Orlando Letelier en Washington D.C. Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1976. En los últimos tiempos se ha podido comprobar que el presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado cuando se encontraba internado en un centro de salud en 1982 por personeros del régimen pinochetista. El 18 de mayo de 1976 fue secuestrado en Buenos Aires el político uruguayo del Partido Colorado, ex legislador y ministro, Zelmar Raúl Michelini, hallándose su cuerpo sin vida, asesinado, el 21 de mayo, junto con el del ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, que también había sido secuestrado, y los de los ex militantes guerrilleros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw. El general Juan José Torres, que había sido presidente de Bolivia por algunos meses entre 1970 y 1971 fue detenido, torturado y asesinado en Buenos Aires l 1 de junio de 1976. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo Metropolitano de El Salvador fue asesinado el día 24 de marzo de 1980, que en sus homilías dominicales había denunciado violaciones de los derechos humanos.

En la primera década de este siglo han aparecido nuevas formas de autoritarismo en Latinoamérica, con perfil populista, y donde se intenta partir la sociedad en dos fracciones en conflicto permanente, como se observa en la Venezuela de Hugo Chávez Frías, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Rafael Correa Delgado y en la Nicaragua de Daniel Ortega, donde se ha concentrado el poder en la fracción dominante -aunque todavía hay elecciones-; se ha permitido la reelección de los presidentes; se ha limitado el funcionamiento y competencia de los órganos legislativos; la Justicia es adicta al régimen y sigue sus pautas; los estados y municipios han visto cercenada su autonomía; se persigue, encarcela y excluye a los opositores; hay clientelismo político; se ha limitado el uso de los medios de comunicación masivos y, en general, se cercenan en forma creciente los derechos humanos. Este modelo, o algunos rasgos de los mismos, son o intentan se imitados por políticos en otros países (verbigracia: el ex presidente Manuel Zelaya de Honduras protagonista principal del golpe de estado del año 2009 por el que fue derrocado; y el político y militar retirado peruano Ollanta Moisés Humala Tasso, fundador del Partido Nacionalista Peruano y ex candidato a presidente), y por gobiernos, como en nuestro país durante las presidencias a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El terrorismo se expresó brutalmente en los atentados perpetrados en Buenos Aires: contra de la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992 cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha, causando la destrucción de la embajada, daños a una iglesia católica y a una escuela ubicada en un edificio cercano, en el que murieron 29 personas, e hirió otras 242; y el 18 de julio de 1994 a la mañana una bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA-, en calle Pasteur 633, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Ambos atentados se encuentran impunes todavía aunque se sospecha como responsables a terroristas de Hizbollah e Irán.

En los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 el terrorismo atentó contra las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono, cuando dos aviones de American Airlines y de United Airlines, se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, y un tercer avión de American Airlines impactó contra la esquina del Pentágono en Virginia; en ambos atentado murieron unas tres mil personas.

En España, en la Estación Atocha – cerca de Madrid- el 11 de marzo de 2004 explotó una bomba, una segunda en la estación de El Pozo y otra en Santa Eugenia, y, minutos más tarde, cuatro explosiones más destruyen otro tren a 500 metros de Atocha. En estos atentados murieron 192 personas y 1.500 resultaron heridas.

Estos hechos además de afectar a los derechos humanos provocaron que se iniciara una nueva forma de guerra, contra el terrorismo, sin un enemigo determinado -que no era otro estado como hasta ese momento de entendía la guerra- llamada la “guerra preventiva”. Ello motivó la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak en el año 2003 –invocando razones que luego se demostraron falsas-, los actuales conflictos que se desarrollan en Afganistán y Paquistán, e hizo que se produjera la sanción en el Congreso de los Estados Unidos del Acta Patriótica (2001), que admite restringir los derechos personales hasta límites por demás discutibles y que se instalaran cárceles como la de Guantánamo (en Territorio cubano), donde el trato a los internos es inhumano y donde alguno de ellos no tienen procesos. Por ella se ha llegado a justificar los interrogatorios haciendo uso de la técnica de tortura que en nuestro país se conoció con el nombre del “submarino”.

Argentina

En los años 50 la violencia se manifestó, con la disputa entre peronistas y antiperonistas, que se agravó con la decadencia del gobierno de Perón, después la muerte de Evita. El laborista Cipriano Reyes y Ricardo Balbín (UCR) padecieron cárcel; en 1953 un atentado terrorista en Plaza de Mayo dejó 5 muertos y 90 heridos, su autor principal, Roque Carranza (el que fuera Ministro de Defensa en 1983), estuvo preso por ello y fue objeto de torturas. En 1955 desapareció el médico comunista Juan Ingalinella; el 16 de junio aviones de la Armada bombardearon Plaza de Mayo dejando 364 muertos y un millar de heridos; esa noche, en represalia, se incendiaron la curia y diez iglesias en el centro de Buenos Aires, se clausuraron sedes de partidos, diarios y del Jockey Club.

La llamada “Revolución Libertadora”, que derrocó a Perón el 16 de septiembre, proscribió al peronismo, encarceló dirigentes e intervino a gremios. En 1956 fusilaron al general Juan José Valle, por levantarse contra el gobierno militar, con un saldo de 18 militares y 13 civiles muertos. En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, un atentado hizo estallar en Córdoba los tanques de Shell, lo que provocó la intervención y puso fin del gobierno de Arturo Zanichelli.

Durante los años 60 hubo dos golpes de estado, el que derrocó a Frondizi y a Íllia. Los hechos luctuosos -más graves- que le sucedieron fueron: la “Noche de los bastones largos” en la UBA, el “Cordobazo” y el “Viborazo” en Córdoba, el “Rosariazo” y el asesinato del sindicalista Augusto Timoteo Vandor.

La década de los 70 mal comienzan con el asesinado de Pedro Eugenio Aramburu, que además fue el debut de Montoneros, un grupo guerrillero peronista liderado por Mario Firmenich, que luego tomaría La Calera, asesinaría a los políticos Arturo Mor Roig (UCR) y Roberto Uzal (Nueva Fuerza); a los sindicalistas José Ignacio Rucci, Rogelio Coria, José Alonso; al comisario Alberto Villar; al general Omar Carlos Actis; y a uno de sus integrantes Roberto Quieto, por traidor. Secuestraron a Jorge y Juan Born, de los que obtuvieron 60 millones de dólares; atentaron contra la Superintendencia de la Policía Federal; intentaron tomar el Batallón 29 de infantería de Formosa y fueron víctimas de la Masacre de Margarita Belén en Chaco.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), liderado por Mario Roberto Santucho, fue la guerrilla marxista que en 1969 asaltó un Banco en Escobar llevándose 213 mil dólares; en 1970 una comisaría de Rosario, donde mataron a 2 policías; en 1972 asesinaron al Gendarme Pedro Agarotti; y en 1973 asaltaron el Batallón 141, en Córdoba, y el Comando de Sanidad del Ejército en la Capital Federal. El 1974 coparon la Guarnición de Azul, donde murió el coronel Arturo Gay, su esposa, el coronel Ibarzábal, y 5 guerrilleros. En 1974, asesinaron al juez, Jorge V. Quiroga. En Tucumán coparon la localidad de Acheral. Atacaron simultáneamente: la Fábrica Militar de Villa María, donde capturaron al Coronel Argentino Larrabure, y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. En 1975 atacaron al Batallón de Arsenales 121, en Fray Luis Beltrán cerca de Rosario, donde murieron 2 guerrilleros y el coronel Carpani Acosta. En 1975 en la ruta 301 de Tucumán, murió en un tiroteo el subteniente Raúl García. Ese año el ERP es derrotado por el Operativo Independencia comandado por el general Antonio Bussi. Su última acción fue el fallido asalto al Batallón 601 en Monte Chingolo.

La Triple A fue un grupo para-policial; organizado y dirigido por José López Rega, ministro y secretario de Perón, y Alberto Villar, después de la Masacre de Ezeiza; que en 1974 mató al sacerdote Carlos Mugica; al ex Vicegobernador de Córdoba Atilio López y a Juan Varas; al abogado Alfredo Curutchet; al subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler; a Silvio Frondizi, y al sindicalista Juan M. Russo. En 1975 en Córdoba atentaron contra La Voz del Interior; secuestraron y asesinaron a la familia Pujadas; mataron en la cárcel, al abogado Hugo Vaca Narvaja (h). Luego secuestraron y hicieron desaparecer a su padre, que había sido ministro de Frondizi.

El 24 de marzo de 1976 general Jorge Rafael Videla se proclamó presidente y desapareció René Salamanca, dirigente de SMATA Córdoba; en abril desapareció el senador por Córdoba, Luís Carnevale (PJ); en mayo la catequista Mónica Mignone; en junio fue asesinado el Jefe de la Policía Federal Cesáreo Cardozo; en julio por un atentado con explosivos muren 16 personas e hieren a 65, en Seguridad Federal; en Buenos Aires asesinaron a 3 sacerdotes palotinos y 2 seminaristas; en Chamical La Rioja, asesinaron a los religiosos Gabriel Longuevillet y Carlos de Dios Murias; en agosto matan el obispo de la Rioja, Enrique Angelelli, en un extraño accidente automovilístico; fue detenido y muere preso el ex diputado nacional Mario Abel Amaya (UCR); también en agosto aparecieron 20 cuerpos de varones y 10 de mujeres, dinamitados por policías en Fátima, Provincia de Buenos Aires. En septiembre, desaparecen varios estudiantes secundarios en la “Noche de los Lápices”. En diciembre desaparecen tres de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. En 1977 asesinaron, en otro misterioso accidente de tránsito, al obispo Carlos Ponce de León, de San Nicolás. Dos religiosas francesas desaparecieron, junto a otras 8 personas en diciembre. En 1978 en un atentado con explosivos mataron en su casa a la hija, del Almirante Lambruschini, y a 2 vecinos.

A Modo de Conclusión

Este somero e incompleto relato del empleo de la violencia en la política nos muestra lo inútil e inservibles que han sido los argumentos, explicaciones, ideologías, doctrinas y credos que permitieron que estos hechos sucedieran o pretendieran ser justificados. Cuantas vidas perdidas; cuanta tortura; cuantas libertades suprimidas o limitadas, cuantos exiliados o desplazados; cuantos padres sin hijos y cuantos hijos sin padres; cuantas personas privadas de trabajo, de vivienda, de alimentos, de bienes y servicios; cuantos dineros y recursos dilapidados; sin razón valedera que lo explique. Visto hoy en perspectiva todo esto parece un gran disparate.

La forma que se trató las graves violaciones a los derechos humanos fue diferente según los países: En Argentina, el establishment militar se derrumbó después de la guerra de Malvinas, hubo juicio a los responsables, amnistía, indulto y anulación de ambas cosas, y luego juicios y castigos solamente a los responsables de la represión, e impunidad para terroristas y guerrilleros. En Chile, en cambio, Pinochet se retiró con todo los honores y se mantuvo con las leyes de amarre, los senadores vitalicios y la comandancia en jefe. En Uruguay hubo una amnistía votada en un plebiscito. En Perú han comenzado los procesos contra perpetradores de las violaciones de los derecho humanos. En Sudáfrica, se planteó otro modelo: el canje de impunidad por confesión de la verdad. Tanto en Chile y Argentina como en Sudáfrica los procesos de justicia son posteriores a los hechos. En Colombia, en cambio, el proceso de justicia es contemporáneo con el conflicto. El presidente Álvaro Uribe abre una negociación con los paramilitares sobre un modelo a la sudafricana, de canje de impunidad por confesión.

Los crímenes y daños producidos por la violencia política en Latinoamérica, y en nuestro país, principalmente, durante la década de los 70 no han sido debidamente procesados por nuestras sociedades políticas. La moral y el derecho exigen que sobre los mismos debe haber: verdad, justicia, arrepentimiento y perdón para que nos podamos reconciliar. En nuestro país desde 1984 hemos iniciado la etapa de la verdad y la justicia pero no han concluido aún. Todavía no conocemos, no tenemos memoria, de mucho de los crímenes que se cometieron, ni quienes fueron sus autores, que pasó con los desaparecidos, si murieron no sabemos a donde están sus restos, hay hijos de desaparecidos o muertos que no conocen su verdadera identidad; hay juicios que no han comenzado y otros que no han concluido aún; hay sentencia que no están firmen y penas impuestas que no han sido cumplidas. De arrepentimiento, salvo por parte de la Iglesia Católica, hay poco y nada, por lo que estamos lejos del perdón y la reconciliación.

Córdoba, abril de 2010.

Qué saben los chicos del 25 de Mayo

Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810

En una encuesta, que en la primera clase de año -el  11 de marzo de 2010 -,  hice  con la jefa de trabajos prácticos, Natalia Sabrina Kenis, a 45 alumnos (de los cuales 21 tienen 20 años; 15 nacieron hace 21, 22 años tienen 7 alumnos, y hay 1 de 23 y otro de 25 años de edad) de tercer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, sobre lo que conocían respecto del Bicentenario, obtuve los siguientes resultados:

A la pregunta: ¿Que se conmemora en el Bicentenario? Respondieron: un alumno: La creación de la Constitución; 6 alumnos: la Declaración de la Independencia; 13 no contestaron; y 25: el Primer Gobierno Propio, o la Revolución de Mayo.

Al interrogar: ¿Quién fue Cornelio Saavedra? 28 alumnos dijeron: que fue integrante de la Primera Junta; 9 no contestaron; 6 alumnos: un Presidente; y otro: el Fundador de Córdoba, lo que supongo -por lo absurdo de la respuesta- que fue un chiste que gastó un estudiante, aprovechando el anonimato de la encuesta.

Cuando les pregunté sobre el feriado del 25 de Mayo: ¿Que se conmemora?; ¿A que año corresponde?, ¿Donde ocurrió lo que se conmemora? Respondieron: dos alumnos: la Independencia Patria; 5 no contestaron; y 38 dijeron: la Primera Junta. De estos sólo 15 dijeron correctamente que el 25 de Mayo correspondía al año 1810, y la misma cantidad de encuestados: que tuvo lugar en Buenos Aires.

También pregunté sobre al 9 de Julio: ¿Que se conmemoraba?, ¿A que año correspondía?, ¿A donde ocurrió lo que se celebraba ese día? La  respuesta de 30 alumnos fue la acertada: la Independencia Patria, acaecida en Tucumán: pero 15 confundían esta fecha con la de la Revolución de Mayo, y el año que indicaron –equivocadamente- fue 1810.

Conclusión

De lo relevado en esta muestra se puede concluir que nuestros chicos – y no sólo mis queridos alumnos de la Universidad Católica- carecen de conocimientos básicos respecto de la Nación a la que pertenecen, lo que atenta seriamente contra su identidad ciudadana, y, lo que es más grave, denota graves falencias en el sistema educativo, que es necesario reparar cuanto antes. Además, se trata de personas que por su preparación pronto (cursan una carrera de 5 años) deberán asumir; como futuros abogados,  jueces, legisladores, fiscales, docentes o expertos en Derecho; un liderazgo en la sociedad donde proyectarán las carencias detectadas.

Desgraciadamente, los estudiosos de la historia han discutido tanto sobre lo que pasó en el Cabildo de Buenos Aires aquel glorioso 25 de Mayo de 1810 -muchas veces para justificar posturas ideologías o decisiones políticas actuales- que han desfigurado, en la memoria colectiva, el sentido de lo que quisieron, hicieron y resolvieron los hombres de Mayo.

Lo que decidieron, y que festejamos 200 años después, fue el establecimiento de un Primer Gobierno Patrio; ante el cese de la autoridad del Monarca español, el Borbón Fernando VII, y, en consecuencia, de su alter ego en Buenos Aires, el Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros; con motivo de la invasión napoleónica, ocurrida desde Francia a España.

Dicha Junta fue elegida por voluntad del vecindario de Buenos Aires (lo que fue el primer ejercicio de la democracia en nuestra historia), que como “hermana mayor”, según palabras de Juan José Paso, del resto de las ciudades y provincias que integraban el entonces Virreinato del Río de la Plata, comenzó a regir los destinos de los pocos habitantes que vivían estas despobladas y lejanas tierras del mundo calificado entonces como civilizado. En palabras de Cornelio Saavedra “(…) y no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando”.

Este primer y rudimentario ejercicio de la voluntad popular para designar a quienes nos debía gobernar -la Junta presidida por mencionado Saavedra-, fue el primer paso para lograr más tarde la Independencia -que se declararía, seis años después, en Tucumán, el 9 de Julio de 1816-; y, 43 años después, la definitiva organización nacional, con la sanción -en Santa Fe- de la Constitución Nacional, el 1º de Mayo de 1853.

En vísperas del Bicentenario se torna imprescindible y urgente que el sistema educativo -en todos sus niveles-, los medios de comunicación, las familias y las sociedades intermedias procuren cubrir estas lagunas que jóvenes, y no tan jóvenes, tienen en su memoria respecto de lo que fuimos, de lo que somos; para no equivocarnos en lo que queremos, para nosotros y para nuestra posteridad.

¡Qué desafío!

Córdoba, abril de 2010.

Balance de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Edificio de las Naciones Unidas

El sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH), aprobada en París por la Resolución 217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con las abstenciones de Arabia Saudita, Sudáfrica y seis países comunistas, parece una oportunidad propicia para intentar, aunque más no sea parcialmente –ya que el tema es muy amplio-, hacer un balance de lo que en materia de derechos del hombre se ha avanzado, y, por qué no también, retrocedido, en estas seis décadas, y avizorar las perspectivas para el futuro.

Las expresiones “Derechos del Hombre”, se usa indistintamente con la de “Derechos Humanos”, “Derechos Naturales”, “Derechos Fundamentales”, “Derechos esenciales”, “Derecho Innatos”, “Derecho Personales”, “Derechos Individuales”, “Derechos Morales”, “Derechos Públicos Subjetivos”, “Derechos Subjetivos”, “Libertades Fundamentales” o “Libertades Públicas”, aunque para justificar su empleo se hayan dado distintas razones, pero todas estas denominaciones se corresponden con la idea central de la Declaración Universal.

GESTACIÓN

La gestación de la misma se consiguió, no con poco esfuerzo a poco de terminada la segunda guerra mundial, en el marco de la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego del reparto político que los vencedores hicieron después de la misma sobre el mapa de Europa, y al inicio de la guerra fría, con el significativo aporte de distintas personalidades, entre las que merece destacarse la del filósofo francés Jacques Maritain.

Europa, a mediados del siglo XX, había padecido dos guerras mundiales en la que se habían arrojado dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y , los holocaustos armenio (1915) y los del Tercer Reich de: judíos, polacos, eslavos, prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, homosexuales y discapacitados (entre 1933 a 1944); las experiencias totalitarias: comunistas, nacional socialistas, y fascista; y la guerra civil española, todo lo cual habían costado la vida de decena de millones de personas.

Al sancionarse la DUDH, los países del este europeo y en Asia, la República Popular China, estaban sometidos a regímenes comunistas, en Europa subsistían las dictaduras de Francisco Franco en España y Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, en África comenzaba el proceso de descolonización, se acababa de crear el Estado de Israel, confrontado con los Palestinos y el mundo árabe que lo rodeaba, y la mayoría de los países latinoamericanos estaban gobernados por dictadores o sistemas políticos autoritarios.

Como bien señala Roberto Papini , al describir el proceso de elaboración de este documento, los antecedentes más importantes que se tuvieron en cuenta fueron: el “Bill of Rights” inglés de 1689, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y, muy especialmente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se acababa de aprobar, por Resolución XXX, en la 9ª. Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá entre el 30 de marzo al 2 de mayo de 1948.

La Carta de la ONU, aprobada en San Francisco el 26 de junio de 1945, establecía como fines esenciales de la nueva organización, el “realizar la cooperación internacional(…) en el desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos” (artículo 1 inciso 3) y dentro de los fines de tal cooperación se refiere a promover “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y a la efectividad de tales derechos y libertades” (artículo 55 inc. c).

Para su redacción se designó una Comisión, que se reunión por primera vez en enero de 1947, y que tuvo por Presidente a Eleanor Roosevelt, esposa del difunto Presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt; por vicepresidente al filósofo Dr. P. C. Chang, jefe de la delegación china en la ONU; y como integrantes al filósofo libanés Charles H. Malik, griego-ortodoxo, que fue el rapporteur de la Comisión; al francés René Cassin, un jurista y filósofo judío; a la señora Hans Mehta, del National Congress de la India; a Fernand Dehousse, jurista belga; a John P. Humprey, jurista canadiense, director de la División para los Derechos Humanos del Secretariado General de la ONU; al chileno Hernán Santa Cruz; y a Carlos Rómulo, periodista filipino ganador del Premio Pulitzer.

En dicho Cuerpo pronto hubo posiciones diferentes. Los que representaban a los países de Europa occidental, excluida Gran Bretaña, insistían no sólo en las libertades sino también en el tema de la igualdad, y la atención de los derechos sociales. Los países anglosajones ponían el acento sobre los derechos políticos y no ocultaban una cierta desconfianza con respecto a la intervención del estado. Los países socialistas, que temían que la Declaración estuviera hecha contra ellos, pretendían subordinar al individuo al estado y enfatizaban los derechos económico – sociales con respecto a las libertades políticas, además de insistir sobre la autodeterminación de los pueblos (referida principalmente a la entonces colonias occidentales) y, en todo caso, propensos a defender la libertad de cada estado para aplicar los derechos reconocidos en el marco de cada situación nacional. Los países latinoamericanos, invocaban la reciente Declaración de Bogotá. Los países islámicos, no querían una Declaración demasiado “occidental”. Las diferencias entre Estados Unidos y la URSS se hacían sentir en los debates.

Uno de los primeros enfrentamientos en la Comisión fue la cuestión de si se dotaba a la Declaración de un mecanismo de tutela de los derechos, pero la Señora Roosevelt –conciente que ello no sería aprobado en el Senado de su país-, y apoyada por los países socialistas, se opuso, afirmando que muchos países no habrían aceptado ingerencias en el ámbito interno. Recordemos que en los Estados Unidos algunos estados tenían todavía leyes raciales. Por ello se decidió pasar a otro documento el tema de la tutela.

Esto se conseguirá muchos años después con la creación de distintos tribunales internacionales de derechos humanos; además de la Corte Internacional de Justicia de La Haya -creada 1945, que comenzó a funcionar en 1946 y que era continuadora de la Corte Permanente de Justicia Internacional-; como fueron: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en 1969 en San José Costa Rica, donde tiene su sede; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde 1998 tiene sede en Estrasburgo, Francia, que atiende los reclamos de las víctimas de violaciones de derechos reconocidos en la Declaración Universal y en la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptada por el Consejo de Europa en 1950 y que entró en vigor en 1953, con el nombre: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. También se crearon tribunales penales con competencias especiales en materia de derechos humanos, como lo fueron los de Nüremberg, Tokio, y para los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998 y que entró en vigor en julio de 2002, creó la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que persigue y castiga a los responsables de crímenes, por violaciones graves a derechos humanos, genocidios y delitos de lesa humanidad, dicha Corte sólo juzga casos entre Estados y no entre personas.

Además, en la Comisión el señor Chang propuso que la Declaración tuviera un Preámbulo centrado en la dignidad humana; Malik propició que se definiera ante todo qué es el hombre; otro insistía sobre el principio de que la sociedad fuese considerada anterior al individuo, mientras que Malik consideraba que “el ser humano es más importante que cualquier grupo nacional o cultural al cual pueda pertenecer”.

Como bien recuerda Papini, dentro de la Comisión se designó un Comité, para redactar un borrador preliminar, integrado por: Roosevelt, Chang, Malik y Humprey. A este último, con la ayuda del secretariado de la Naciones Unidas, se le pidió redactar la primera versión.

El borrador de Humprey, tenía 48 artículos, era un listado heterogéneo, aunque bastante completo, de propuestas en los que se afirmaban los derechos políticos, pero también los económicos y sociales. Durante la discusión se confió su revisión a René Cassin, futuro Premio Nóbel de la Paz, que dividió los derechos en categorías y dio un sentido a la dependencia recíproca entre ellas, insistiendo en la vinculación con la naturaleza humana. Propuso un preámbulo y agregó seis principios generales. Su contribución evitó debates sobre la concepción del hombre y de la sociedad, sobre los que no había acuerdo, y trató de superar la confrontación entre los que sostenían sólo los derechos políticos, como Gran Bretaña, y los países socialistas que, en cambio, querían reservar una posición particular a los derechos sociales, vinculando ambas categorías a la dignidad humana. Medió entre diferentes posiciones culturales, especialmente en temas sensibles como la religión y el derecho de familia; como puede verse que en la Declaración donde no está previsto el divorcio ni se condena a la poligamia. El documento revisado era un listado más coherente de derechos.

Se le pidió a la UNESCO ayudar a la Comisión para lo cual decidió reunir a algunas personalidades, en una “Comisión para los fundamentos teoréticos de los Derechos Humanos” cuyos integrantes fueron: Edward Hallett Carr (Presidente), Aldous Huxley, Jacques Maritain, Pierre Teilhard de Chardin, Bertrand Russell, Benedetto Croce, Salvador de Madariaga, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, entre otros, a quienes se les envió un cuestionario. No obstante la diferente valoración de la naturaleza de los derechos -algunos rechazaban la ley natural sobre la que se basaban las declaraciones de los siglos XVII y XVIII, y los socialistas no olvidaban las críticas de Karl Marx a la Declaración de 1789-, las respuestas concordaban en que había que formular una declaración de derechos. Hubo diferencias de enfoque en las respuestas: los no occidentales, pusieron en evidencia lo ajeno del término “derechos” en sus tradiciones, y los asiáticos subrayaban la necesidad de incluir los deberes junto a los derechos.

La contribución de Maritain, que era entonces embajador de Francia ante la Santa Sede, y que fue llamado a último momento para sustituir a León Blum como Jefe de la delegación francesa a la Segunda Conferencia General de la UNESCO en la ciudad de Méjico en noviembre de 1947, fue decisiva. Elegido presidente de la Conferencia, las tesis que expresó en su discurso inaugural tuvieron buena acogidas.

En polémica indirecta con Julián Huxley, Director General de la UNESCO, que en su trabajo L´Unesco ses buts et sa philosophie sostenía la necesidad de que la Organización elaborase una especie de superfilosofía (cientificista) que diera una base teórica a su acción; Maritain, en cambio, propuso un enfoque realista y práctico al problema ya que entendía que: era posible la cooperación entre los hombres por su naturaleza común, y se podían definir “principios prácticos”, esencialmente los derechos humanos, comunes a las distintas corrientes de pensamiento y tradiciones, pero con la condición, paradójicamente, de dejar de lado las justificaciones teóricas que cada uno habría podido dar pero sobre las cuales no hubiera habido consenso. Él así limitaba la naturaleza del acuerdo a una “finalidad práctica”, a “un mismo conjunto de convicciones que guiaban la acción”, y agregaba “con el ´por qué´ comienza la disputa”, en efecto en los hechos “los espíritus no han sido nunca tan cruelmente divididos”. La Declaración derechos, por importante que sea, sólo debería ser “el prefacio de una Carta del mundo cívico”.

Maritain expresó este enfoque en su respuesta a la encuesta de la UNESCO en 1947, y lo reiteró después en su intervención en Méjico y donde la idea prevaleció sobre otras, tanto que Huxley le pidió al filósofo francés que escribiera la introducción a la obra colectiva “Autour de la nouvelle Declaration universelle des droits de l´homme”, en la cual expuso su propuesta. Las respuestas de los “sabios” fue entregada por la UNESCO a la Comisión de los Derechos del Hombre y el contenido de dicho documento influenció decisivamente a los redactores de la Declaración.

Malik quería una referencia explícita a Dios en el primer artículo, pero Cassin, y otros, no estuvieron de acuerdo porque ello minaba la universalidad del documento. Cassin pidió que la Declaración no fuese definida como “internacional” sino como “universal”.

Después de un encendido debate sobre los derechos sociales, se resolvió que se concedía un cierto grado de discrecionalidad a cada uno de los estados, de acuerdo con su propia organización y con sus propios recursos, para poder hacer efectivo dichos derechos.

Algunos insistían en citar a Dios y que los derechos estaban inscriptos “por naturaleza” en el ser humano. Chang logró evitar que Dios y la naturaleza fuesen citados. Los países musulmanes estaban divididos: los delegados de Pakistán y de Egipto aceptaban los mismos derechos para el hombre y para la mujer en el matrimonio y Arabia Saudita era contrario a esto. Egipto y la India estaban dispuestos a aceptar el cambio de religión, Arabia Saudita no.

El dictamen de la Comisión fue sometido al Consejo Económico y Social en la Sesión del 19 de julio al 28 de agosto de 1948, y después a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que entre el 14 septiembre al 10 de diciembre de ese mismo año lo discutió y aprobó.

INSPIRACIÓN PERSONALISTA

La DUDH, siguiendo siempre a Papini, se basa en la idea de la dignidad de la persona, es de inspiración personalista y, sobre esta base, delinea un orden de convivencia pacífica mundial. Recepta, además, la tradición iluminista-liberal al poner énfasis sobre los derechos políticos fundamentales, sin olvidar los derechos económico-sociales cuyos promotores más celosos no fueron los delegados de países comunistas, sino los de los países latinoamericanos, que representaban a 21 de los 55 países que entonces tenían las Naciones Unidas.

“Llamamos personalista a toda doctrina, a toda civilización que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sostienen su desarrollo.”

Digno, para el Diccionario de la Real Academia, es lo “que merece algo en sentido favorable o adverso (…) correspondiente, proporcionado al mérito y condición de una persona o cosa”. Germán J. Bidart Campos, entiende, que la dignidad del hombre es “inherente a su ser, a su esencia, a su naturaleza (…) Quién no ‘es’ hombre (ausencia ontológica de ser) no puede resistir el predicado de la dignidad.”

Maritain afirma que el hombre es, creado por Dios, como realidad material, como individuo, “(…) se sostiene a sí mismo por la inteligencia y la voluntad”, lo que significa “(…) que en la carne y los huesos del hombre hay un alma que es un espíritu y vale más que todo el universo material”. “La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización”. “Esta descripción no es monopolio de la filosofía cristiana (…) Es común a todas las filosofías que, de una u otro manera, reconocen la existencia de un Absoluto superior al orden todo del universo, y el valor supratemporal del alma humana.” Hay también quienes prescinden del derecho natural y fundamentan los derechos humanos en el historicismo, y los consideran derechos históricos o en la ética, y los tienen como derecho morales.

Alfredo Fragueiro agregaba a esta distinción del hombre como individuo y como persona, el de personalidad, ya que todas las personas son iguales en dignidad, pero en la medida que actualizan su potencialidades espirituales y materiales se convierten en personalidades distintas y diferentes, que merecen un trato jurídico diferenciado (ejemplo de ello es que los que tienen muchos ingresos abonan más impuestos que los que tienen pocos).

El hombre tiende por naturaleza a asociarse con otros hombres, es un animal político -como decía Aristóteles-, y al entrar en esta relación de alteridad necesita proteger el desarrollo de su personalidad, este universo hipostático, como dicen los teólogos, unidad indisoluble de espíritu y materia, donde los bienes de la libertad, que residen en su espíritu; el de la vida, que está en su realidad material, y el del trabajo, que se expresan en su personalidad, espiritual y material, necesitan ser respetados y protegidos, y de allí nacen los derechos humanos, anteriores y superiores a las constituciones, tratados internacionales y las leyes positivas, para defender su dignidad personal y sus bienes fundamentales: la libertad, la vida y el trabajo.

La palabra derecho, que viene del latín dirigere (dirigir) o regere (regir), alude a lo recto, o sea a la conducta que, en las relaciones entre personas, se ajusta a lo justo, al regirse por el principio de dar a cada uno lo suyo -que es la esencia del derecho-, y el que la misma esté dirigida al bien común, que es su fin. Las leyes, naturales o positivas, son la causa eficiente del derecho, lo que nos indica que es lo recto, lo justo, “que es lo suyo”. El derecho se manifiesta entonces: en la conducta recta; en la norma, que indica lo que es lo justo, ya que la virtud de la justicia es la esencia del derecho.

El “derecho a ser hombre”, a existir como tal, a la propia personalidad, es el primero de los derechos, le siguen el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a trabajar. Los demás derechos son una derivación de estos. Dichos derechos tienen que ver con el desarrollo que el hombre hace de sus propios bienes y facultades para alcanzar el destino temporal y espiritual, su propia felicidad, para el que ha sido creado, y la confrontación y necesaria armonización con los derechos de los demás hombres, que persiguen iguales propósitos.

Los derechos naturales tienen su raíz en la eminente dignidad del hombre, como una realidad ontológica, que es “un orden ideal relativo a las acciones humanas, una división entre lo conveniente y lo inconveniente, lo adecuado e inadecuado,(…)” pero también como una realidad gnoseológica, que significa el progresivo conocimiento de las normas de derecho natural que el hombre viene haciendo, desde que existe la humanidad, guiándose, según Santo Tomás, por las inclinaciones y no sólo por la racionalidad de la naturaleza humana. Esto es lo que nos permite hablar de un derecho natural de contenido progresivo, que alude al modo con que la razón ha llegado a conocer las reglas del derecho natural a través de los tiempos y nos impide referirnos a los derecho como “nuevos” o “viejos”, según las palabras de Maritain o de los derecho de primera (civiles y políticos), segunda (sociales) y tercera generación (los de nuestra época como los al ambiente, a la información, de los consumidores y usuarios, de las minorías, etcétera).

Maritain dice que “el derecho natural implica esencialmente un desarrollo dinámico, y por qué la conciencia moral, o el conocimiento del derecho natural, ha progresado desde la era de las cavernas de una doble manera: primero, con respecto al modo con que la razón humana ha llegado a conocer de una manera cada vez menos crepuscular, tosca y confusa, las reglas primordiales del derecho natural; segundo, con respecto al modo con que alcanzó a conocer –siempre por el conocimiento a través de la inclinación- sus normas ulteriores y más elevadas. Y ese conocimiento sigue progresando todavía y continuará progresando mientras dure la historia de la humanidad. Ese desarrollo de la conciencia moral es, sin discusión, la mejor prueba del progreso humano.(…) el derecho natural es un código no escrito: ley no escrita, en el más profundo sentido de la palabra, porque nuestro conocimiento no es el fruto del libre concepto, sino resultado de una ideación limitada a las inclinaciones esenciales del ser, de la naturaleza viviente y de la razón, que actúan en el hombre, y porque se desarrolla proporcionalmente al grado de experiencia moral y autocrítica, así como de experiencia social, de que ha sido y es capaz el hombre a lo largo de las diversas edades históricas.”

Malik, bajo la influencia de las encíclicas sociales insistió, cuando se debatía la redacción de la DUDH, que se usara el termino “persona” y no “individuo”, de allí que la misma afirma que la persona está “dotada de razón y de conciencia”, se habla de “derechos iguales e imprescriptibles”, se reconocen no sólo los derechos personales sino también los de los grupos sociales. En su preámbulo, en su proclama y sus 30 artículos se usa 28 veces la expresión “persona”, y “personalidad” en 3 oportunidades.

INFLUENCIAS Y CRÍTICAS

Las ideas que contiene la DUDH tuvieron influencia en las Constituciones y leyes de muchos países también, y en otras declaraciones, tratados y normas internacionales. No sólo fue una declaración de principios, sino como lo expresó más tarde la señora Roosevelt, tuvo “un inmenso caudal educativo”, como bien indica también la Proclama de la Declaración.

Las Convenciones de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario, del 12 de Agosto de 1949, que protegen los derechos de las personas que no toman parte en las hostilidades, y la Convención Europea de Derechos Humanos, celebrada en Roma en 4 de Noviembre de 1950, fueron los primeros ecos de la Declaración. Pero hubo que esperar hasta el 16 de diciembre de 1966, para que sus principios fueran explicitados en tratados internacionales aprobados por la Asamblea de la ONU, como fueron el “Pacto para los Derechos Civiles y Políticos” y al “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, y donde se repitieron las diferencias entre los dos tipos de derechos. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966, que entra en vigor: 23 de marzo de 1976. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte fue aprobado y proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/128 15 44/128 15 de diciembre de 1989. En 1969 se firmó el Pacto de San José de Costa Rica que lleva el nombre de Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Declaración, y estos tratados, tienen en nuestro país jerarquía constitucional por lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, desde que fue reformada en 1994. La Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 23 de junio de 1993 amplió el alcance de la declaración de 1948.

Las críticas que se hicieron sobre el Documento de 1948 prolongaron el debate que hubo durante su gestación, principalmente entre quienes privilegiaban los derechos civiles y políticos, y quienes hacían hincapié en los derechos sociales. La Declaración Universal, a pesar de sus limitaciones, la primera de las cuales fue acentuar la responsabilidad sólo de los Estados en relación con las violaciones de los derechos, fue una síntesis adecuada, al menos para aquella época, de los dos enfoques.

En los últimos años se atiende más a los “nuevos” derechos culturales y ambientales y la ONU ha contribuido al desarrollo de estos temas, especialmente desde la Conferencia de Río sobre el ambiente en 1982, y a la de Beijing sobre la mujer en 1995. Después de la descolonización y a partir de los años setenta, los derechos culturales que tienen que ver con la protección de las lenguas y de las tradiciones, se han vuelto muy actuales, tanto por la exigencia de una representación adecuada de minorías en estados cada vez más multiculturales, cuanto por el surgimiento de conflictos de identidad.

La tradición iusnaturalista, que muestra la DUDH, los Pactos de 1966 y el de San José de Costa Rica, reconoce los derechos como personales y no los considera concesiones del poder público o de cualquier autoridad patriarcal o familiar, lo que puede hallarse en controversia con las tradiciones confucianas, hindúes, islámicas y africanas, en las cuales se privilegian las instancias colectivas sobre las individuales, y los deberes sobre los derechos. En China se acuñó un vocablo nuevo para traducir el término “derecho subjetivo”. De aquí la crítica a la visión “occidental” de estos documentos.

Como bien recuerda Papini, el mundo musulmán elaboró Declaraciones alternativas a la de 1948, considerando los derechos humanos en el Islam: la de Dacca en 1981 y la de El Cairo en 1990 donde, por ejemplo, se mantienen las diferencias entre hombre y mujer. También la “Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos” de 2003. En el sudeste asiático, se insiste en los “valores asiáticos” en antítesis a los occidentales y en 1993, se llega a la Declaración de Bangkok, que da prioridad de los derechos sociales con respecto a los políticos y se antepone el “derecho al desarrollo” sobre los derechos individuales, con una percepción diferente con respecto a la tradicional-occidental entre derechos individuales y colectivos, con el riesgo de someter a la discrecionalidad del poder político el goce de los derechos de libertad de los individuos. En la Conferencia de Viena de 1993, junto a una toma de conciencia positiva sobre la situación de la pobreza en el mundo, se notaba ampliamente la diversidad de lenguajes sobre los derechos.

En el mundo cristiano ortodoxo señaló también distanciamientos con la Declaración de 1948. En 2006, se celebró en Moscú una sesión del Congreso Mundial Ruso, en la cual la Iglesia Ortodoxa tenía una influencia decisiva, y donde se aprobó una Declaración sobre los derechos y la dignidad del hombre; documento muy crítico con respecto a los “principios liberales y anglosajones” consagrados en la Declaración Universal. Dicho documento declara inadmisible que la libertad de elección de un individuo tenga como único límite la libertad de elección de los otros: existen valores superiores de carácter ético, religioso y también patriótico, que, cuando están arraigados en una sociedad, tienen preeminencia sobre la libertad individual.

También, se observa cierta politización del tema de los derechos humanos en occidente, como ocurre con el “nuevo” derecho de “ingerencia humanitaria” invocado en varios casos para justificar las intervenciones en Somalía, en la ex Yugoslavia o en Irak en los años noventa.

Un ulterior problema se refiere a la relación entre el requerimiento de seguridad colectiva, sobre todo debido al terrorismo, y la limitación creciente y peligrosa de los derechos de privacidad sin un suficiente control a las administraciones públicas establecidas a ese fin.

Los derechos económicos, sociales y los culturales son a menudo amenazados también por el sistema económico y financiero globalizado, que es dominante a nivel transnacional, y que no está regulado debidamente por los organismos internacionales, ni por tratados internacionales y que está fuera del alcance y la competencia de las autoridades y la regulaciones de los estados.

Pablo Luís Manili ha dicho, y ha dicho bien, que: “Sin duda, la DUDH fue el punto de partida y la piedra basal del derecho internacional de los derechos humanos, que hoy, a sesenta años de la adopción de ésta, se presenta como una rama del derecho frondosa y desarrollada, con autonomía científica y académica, con un cúmulo de doctrina de autores, de opiniones de órganos no jurisdiccionales y de jurisprudencia de órganos jurisdiccionales que, en el ámbito internacional, han ido edificando un nuevo corpus iuris. Ya no se puede cuestionar, en el siglo XXI, la obligatoriedad de la DUDH. Sea que se adopte la postura de su incorporación al “derecho de la carta” o que se sostenga la doctrina del consenso, su fuerza vinculante está asegurada. Pero la DUDH ha dado un paso más en las últimas tres décadas: su incorporación al derecho constitucional, especialmente en iberoamérica. Seguramente habrá otras constituciones que en el futuro se remitan a ella como fuente de sabiduría y como herramienta para completar el sistema de derechos fundamentales de la persona humana.”

RETROCESOS EN EL MUNDO

Como bien afirma Norberto Bobbio “el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no era el de fundamentarlos, sino el de protegerlos.”

Durante su discusión y aprobación, y después de la DUDH hubo graves atentados a los derechos humanos por causa de los siguientes conflictos bélicos como el árabe-israelí, que es permanente, pero en el que tubo picos del mayor conflictividad: como fueron los quince meses después de la partición en 1947 y la creación del Estado de Israel en 1948 cuando cinco países árabes invadieron el territorio de Israel, la guerra de Suez en 1956, la de los Seis Días en junio de 1967, en 1973 la de Yom Kipur, la del Líbano de 1978, la primera (1987) y segunda intifada (2000) y la ocurrida en la franja de Gaza, entre 2008 al 2009.

A ello hay que sumarle la guerra en Corea (entre la del Norte y la del Sur desde 1950 hasta 1953). La invasión del Canal de Suez por tropas de Francia, Gran Bretaña e Israel, ocurrida el 29 de octubre de 1956, con motivo de su nacionalización decidida el 26 de julio por el Presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, para financiar en parte la construcción de la presa de Asuán, en respuesta a la negativa financiamiento dispuesta por Estados Unidos y Gran Bretaña. A principios de 1957, con la intervención de la ONU, se retiraron las potencias europeas e Israel y el canal se reabrió. La guerra de Vietnam, entre 1958 y 1975, en la que se enfrentaron la República de Vietnam del Sur, apoyada principalmente por los Estados Unidos, y Vietnam del Norte, ayudada por el bloque comunista. Las guerras Indo-Pakistaní de 1965 y de 1971; las de Afganistán (primero por la invasión soviética entre 1979 a 1988, y desde 2001 por la ofensiva internacional encabezada por Estados Unidos); la de Malvinas, al disponer el presidente General Leopoldo Fortunato Galtieri su invasión en 1982 y la réplica del Reino Unido, la del Golfo Pérsico, entre Irak y una coalición internacional de 31 países entre los que se encontraba Argentina, liderada por Estados Unidos y con mandato de la ONU, como respuesta a la invasión y anexión del emirato de Kuwait, entre 1990 a 1992; la intervención de Etiopía en la Guerra Civil Somalí iniciada en diciembre de 2006 y donde en el año siguiente intervino Estados Unidos, para citar los conflictos más importantes; y la guerra civil de Laos, que fue un conflicto armado que se dio en ese país del Sureste de Asia entre 1962-1975.

Los derechos fundamentales fueron gravemente conculcados en los países comunistas, concretamente en la Unión Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), hasta la caída del muro de Berlín en 1989. La invasión de la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia a Hungría en 1956 y a Checoslovaquia en 1968, que interrumpió la Primavera de Praga, que fue el período de liberalización política que duró desde el 5 de enero hasta el 20 de agosto de ese año. Los ocurridos en la República Popular China durante el Gran Salto Adelante (1957 1960), que fracasó y produjo una gran hambruna, y la revolución cultural (1966-1969), con la actuación de los guardias rojos que produjeron innumerables desmanes, ambas impulsada por Mao Tse-Tung que gobernó hasta su muerte en 1976. La masacre de la Plaza Tian’anmen donde hubo también una gran cantidad de muertos, heridos y personas privadas de su libertad sucedió en Pekín en 1989. Actualmente en dicho país hay un régimen comunista, con una economía capitalista muy desarrollada, donde la libertad de los mil trescientos millones de chinos se encuentra por demás conculcadas. Este país es el que mayor cantidad de personas condena a muerte por año en el mundo, aunque no haya estadísticas que respalden dicha afirmación.

En 1949 el Ejército Popular de Liberación chino invadió el Tíbet. Las facciones de tibetanos leales al Dalai Lama, iniciaron en Lhasa el 10 de marzo de 1959, el Levantamiento Nacional Tibetano para exigir la independencia. El ejército de China aplastó el movimiento y el Dalai Lama huyó del Tíbet con sus allegados. En los años siguientes, el Dalai Lama buscó el apoyo de la ONU, cuya Asamblea emitió declaraciones en 1959, 1961 y 1965, solicitando a China que respetara los derechos humanos del pueblo tibetano y su autodeterminación. Desde 1988, el Dalai Lama intenta llegar a un acuerdo y propuso la creación de un Tíbet democrático y con gobierno autónomo, en asociación con la República Popular de China. En 2010 fue recibido por el presidente Barack Obama, de Estados Unidos, con este propósito.

En Estados Unidos la lucha por los derechos civiles y en contra de la segregación racial, aunque continúa todavía con otras características, tuvo un período muy importante entre el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 y el asesinato del líder afroamericano Martin Luther King en 1968. El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Brown v. Board of Education (1954), que rechaza la doctrina de “separados pero iguales” en las escuelas pública fue un paso muy importante para el inicio en esta lucha. En1955 por el racismo se produjeron la muerte de tres personas de color Emmett Till, un adolescente de 14 años; el pastor activista George W. Lee; y el militante de los derechos civiles Lamar Smith. El 1º de diciembre de 1955, Rosa Parks rehusó a levantarse de su asiento en un autobús para dejárselo a un pasajero blanco. Rosa fue arrestada, enjuiciada y sentenciada por conducta desordenada y por violar una ley local. Cuando esto se conoció en la comunidad negra, se organizó el Boicot de Autobuses de Montgomery para protestar por la segregación racial. El boicot duró 382 días, y fue encabezado por el pastor Martin Luther King, hasta que la ley local de segregación entre negros y blancos fue levantada. El liderazgo de King fue creciendo hasta lograr la aprobación de la Civil Rights Act el 2 de julio, y el 14 de octubre de 1964, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, por su resistencia no violenta en contra de los prejuicios raciales. En los últimos años predicó en contra de la guerra de Vietnam y a favor de los pobres. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis (Tennessee).

La guerra de independencia de Argelia tuvo lugar entre 1954 y 1962 y fue un período de lucha del Frente Nacional de Liberación de Argelia (FLN) apoyado por habitantes originales del país en contra de la colonización francesa establecida en Argelia desde 1830. En esta guerra perdieron la vida decena de miles de personas, y se utilizó la tortura y técnicas terroristas, desde y contra el FLN, como de la organización pro francesa OAS, mucha de esas técnicas perversas se utilizarán luego en Latinoamérica.

Las violaciones a los derechos humanos han sido notables en los conflictos multiétnicos y tribales de África, con en Ruanda, que después de independizarse de Bélgica en 1961 padeció el conflicto entre los hutus y los tutsis que culminó con el genocidio de 1994. La Guerra del Congo —que involucró a Angola, Zimbabwe, Uganda, Ruanda y Namibia— fueron las más tremendas. Más de tres millones de personas murieron entre 1998 y 2002 en la selva congoleña por actos violentos, hambre y enfermedades en el más mortífero conflicto surgido en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. En este siglo el genocidio de Darfur, en el oeste de Sudán. Todas estas disputas costaron la vida y el desplazamiento gran cantidad de personas.

El apartheid en Sudáfrica significó un sistema de separación étnica favorable a la minoría blanca, que hizo que el líder negro Nelson Mandela estuviera 27 años en prisión antes de llegar a ser presidente democrático de ese país entre 1994 y 1999.

Igualmente en los conflictos que se sucedieron entre 1993 y 1995 en Bosnia y Herzegovina, Repúblicas que habían pertenecido a la antigua Yugoslavia. A principio de la última década del siglo pasado se dio también el genocidio de Ruanda, y ya en este siglo el de Darfur, en el oeste de Sudán. Todas estas disputas costaron la vida y el desplazamiento de centenares de miles de personas.

Los grupos terroristas como ETA en España y Francia, la Organización de Liberación de Palestina (OLP), las Brigadas Rojas en Italia entre 1970 a 1973 que secuestraron y mataron al líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro, Jihad Islámica Palestina que actuó en la década del setenta, Hamas en la Franja de Gaza desde 1987, Al-Jihad fundada en 1970 en Egipto, el Ejército Rojo Japonés creado en 1970, Hezbollah grupo chiíta fundado en 1982 en el Líbano, Al-Qaeda creado por Osama Bin Laden en 1980 para unir a los árabes que lucharon en Afganistán contra la URSS, la banda Baader-Meinhof, liderada por Andreas Baader que desde 1969 actuó en Alemania Federal, y otros que actuaron en distintos países o regiones como fracciones políticas violentas atentaron también seriamente contra los derechos invocados en la DUDH.

Luego de la disolución de la URSS Chechenia declaró su independencia en noviembre de 1991, pero Boris Yeltsin en 1994 envió tropas para restaurar la autoridad de Moscú. La primera guerra terminó en 1996, con una derrota humillante del ejército ruso. En octubre de 1999, el primer ministro ruso Vladimir Putin reanudó la ofensiva, lanzando una “operación antiterrorista”, luego de que se produjeran varios atentados en Moscú que se le atribuyeron a los chechenos. Estos conflictos bélicos en la pequeña república caucásica musulmana han costado muchas vidas.

El 9 de abril de 1991, poco después del colapso de la URSS, Georgia declaró su independencia, pero en 1992 se vio envuelto en una guerra civil que duró casi hasta 1995. Este año, dos regiones del país, Abjasia y Osetia del Sur, se vieron en disputa con otros separatistas locales, lo cual desembocó en guerras y violencia interétnica, apoyadas por Rusia, Abjasia y Osetia del Sur mantienen de facto independencia de Georgia. Muchas personas murieron, la mayor parte de ellos civiles asesinados en operaciones de limpieza étnica, otros fueron desplazados o expulsados. El 7 de agosto de 2008 las fuerzas armadas de Georgia comenzaron la operación Campo Limpio con el fin de “restaurar el orden constitucional” en Osetia del Sur. Los combates se iniciaron en los alrededores de la capital de Osetia del Sur, con la batalla de Tsjinval. Poco después esta operación se convirtió en una guerra entre Georgia de un lado y las repúblicas separatistas pro-rusas de Osetia del Sur y Abjasia y la misma Rusia de otro.

RETROCESOS EN LATINOAMÉRICA

Sería muy largo detallar los atentados a los derechos humanos habidos en estas seis décadas en los países latinoamericano con motivos de las dictaduras, las guerrillas, las organizaciones paramilitares, y últimamente por los carteles del narcotráfico, con sus secuelas de muertes, desaparición de personas, torturas, exilios y pérdida de hijos por quienes fueron víctimas de la represión.

En el marco de la guerra fría se creó el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), llamada de 1963 a 2001 Escuela de las Américas (School of the Americas), que es una organización para la instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos situada actualmente en Fort Benning, en la localidad estadounidense de Columbus (Georgia). Dicha escuela estuvo situada desde 1946 a 1984 en Fort Amador y luego en Fort Gulick, Panamá. Se graduaron gran cantidad de militares y policías de hasta 23 países de América Latina, algunos de ellos de especial relevancia por sus crímenes contra la humanidad. En la misma se difundió lo que se conoció como la Doctrina de la Seguridad Nacional y se instruyó a militares, policías y personal de inteligencia en técnicas de contrainsurgencia operaciones de comando, tiro franco, guerra psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio, lo que tanto daño hizo a los derechos humanos en nuestro país y en Latinoamérica.

La revolución cubana encabezada por Fidel Castro en 1959 con la gran cantidad de fusilados, exiliados, confiscaciones de bienes y las privaciones de la libertad que se dieron y subsisten todavía en la isla. Un millón de exiliados hay en Estados Unidos, en países latinoamericanos y europeos.. Durante muchos años desde Cuba y bajo este régimen se impulsó la lucha armada y se entrenaron guerrilleros que operaron luego en distintos países de América Latina y de África. La figura del Ernesto “Che“ Guevara representa este modo de rebeldía que entusiasmó a muchos jóvenes antes de la caída del muro de Berlín. El régimen mantiene en prisión desde el año 2003 a 75 disidentes. Durante el año 2010 murió en prisión –mientras protestaba con una huelga de hambre- uno de ellos, Orlando Zapata Tamaño, lo ha hecho que el mundo proteste por esta afrenta contra los derechos humanos. Las Damas de Blanco y grupos de opositores ejercen cada vez mayor resistencia dentro de la isla. Actualmente, con la presidencia de Raúl Castro, sigue sin haber elecciones libres y existe monopolio del gobierno en los medios de comunicación, incluido en Internet. El bloqueo dispuesto por Estados Unidos – al que se oponen los demás países de Latinoamérica- es la razón principal que invoca el régimen para mantenerse. El 12 de abril de 2003 fueron fusilados, luego de un juicio sumario de pocos días, los jóvenes Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luís Martínez Isaac por haber secuestrado una lancha para huir a Estados Unidos.

Al atardecer del 2 de octubre de 1968, pocos días antes de los Juegos Olímpicos, en ciudad de México miles de estudiantes y residentes llenaron la plaza de las Tres Culturas de la unidad habitacional Tlatelolco. Al amparo de la oscuridad, el ejército y la policía rodearon a la multitud en un movimiento de tenazas y lo reprimieron usando helicópteros, tanquetas y abrieron fuego. Esa noche infernal, conocida hoy como la masacre de Tlatelolco, dejó un gran número de muertos, que algunas estiman en 300, y miles de heridos y presos.

Los derechos humanos fueron gravemente afectados por el accionar de las guerrillas, rurales y urbanas, en distintos países de Latinoamérica como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional, en Colombia, las más antiguas del continente; en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, convertido actualmente en el partido de gobierno del presidente Mauricio Funes; en Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; en Honduras, la Unificación Democrática; en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente convertido en partido político en el gobierno del presidente Daniel Ortega; en Perú, Sendero Luminoso; en Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros, uno de cuyos líderes José Mujica, es el actual presidente de ese país; a los que se podría agregar en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esta enumeración recordamos sólo los más importantes y por el accionar de estos grupos se perdieron muchas vidas.

La Operación Cóndor o Plan Cóndor fue la coordinación de las acciones contra la guerrilla y el terrorismo de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur de América -Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- entre sí y con la CIA llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. Por la misma se hicieron seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios ilegales, traslados entre países y desaparición o muerte de subversivos y opositores a las dictaduras militares de la región.

Entre los hechos que se le atribuyen está el asesinato del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires, junto a su cónyuge Sofía Esther Cuthbert Chiarleoni, el 30 de septiembre de 1974; del ex ministro del gobierno de Salvador Allende, Marcos Orlando Letelier en Washington D.C. Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1976; y la tentativa de atentado sufrido en Roma por, el ex ministro del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, ocurrido el 6 de octubre de 1975, que por suerte salvaron sus vidas. En los últimos tiempos se ha podido comprobar que el presidente Frei Montalva fue asesinado cuando se encontraba internado en un centro de salud en 1982 por personeros del régimen pinochetista. El 18 de mayo de 1976 fue secuestrado en Buenos Aires el político uruguayo del Partido Colorado, ex legislador y ministro, Zelmar Raúl Michelini, hallándose su cuerpo sin vida, asesinado, el 21 de mayo, junto con el del ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, que también había sido secuestrado, y los de los ex militantes guerrilleros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo Metropolitano de El Salvador fue asesinado el día 24 de marzo de 1980, que en sus homilías dominicales había denunciado violaciones de los derechos humanos. Se sospecha que un represor argentino del Batallón 601 llamado o apodado Emilio Antonio Mendoza habría sido uno de los que lo asesinaron. En 1994, su sucesor Arturo Rivera y Damasse, abrió la causa para su canonización y Monseñor Romero recibió el título de Siervo de Dios.

La vuelta a la democracia constitucional en los distintos países de la región, con la excepción de Cuba, mejoró sustancialmente la situación de los derechos humanos, aunque respecto a la forma que se trató la cuestión de lo que sucedió en el período predemocrático, con Horacio Verbitsky podemos decir que: “Chile y la Argentina constituyen un modelo, si bien hay diferencias: en el caso de la Argentina, el establishment militar se derrumbó después de la guerra de Malvinas; en Chile, en cambio, Pinochet se retiró con todo los honores y se mantuvo con las leyes de amarre, los senadores vitalicios y la comandancia en jefe. Por eso, creo que la lucha fue más difícil en Chile que en la Argentina y no porque aquí haya sido fácil, por cierto. El otro modelo en el mundo, es el de Sudáfrica, donde se plantea el canje de impunidad por confesión de la verdad. (…) Los modelos del Cono Sur están teniendo repercusiones en Uruguay y en Colombia, y han tenido repercusiones en Perú (como los casos de Barrios Alto y el Grupo Colina), donde en función de decisiones del Sistema Interamericano han comenzado los procesos contra perpetradores de las violaciones de los derecho humanos. Tanto en Chile y Argentina como en Sudáfrica los procesos de justicia son posteriores a los hechos. En Colombia, en cambio, el proceso de justicia es contemporáneo con el conflicto, lo cual es una condición totalmente distinta. El presidente Álvaro Uribe abre una negociación con los paramilitares sobre un modelo a la sudafricana, de canje de impunidad por confesión.”

En la primera década de este siglo han aparecido nuevas formas de autoritarismo en Latinoamérica, con perfil populista, y donde se intenta partir la sociedad en dos fracciones en conflicto permanente, como se observa en la Venezuela de Hugo Chávez Frías, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Rafael Correa Delgado y en la Nicaragua de Daniel Ortega, donde se ha concentrado el poder en la fracción dominante -aunque todavía hay elecciones-; se ha permitido la reelección de los presidentes; se ha limitado el funcionamiento y competencia de los órganos legislativos; la Justicia es adicta al régimen y sigue sus pautas; los estados y municipios han visto cercenada su autonomía; se persigue, encarcela y excluye a los opositores; hay clientelismo político; se ha limitado el uso de los medios de comunicación masivos y, en general, se cercenan en forma creciente los derechos humanos. Este modelo, o algunos rasgos de los mismos, son o intentan se imitados por políticos en otros países (verbigracia: el ex presidente Manuel Zelaya de Honduras protagonista principal del golpe de estado del año 2009 por el que fue derrocado; y el político y militar retirado peruano Ollanta Moisés Humala Tasso, fundador del Partido Nacionalista Peruano y ex candidato a presidente), y por gobiernos, como en nuestro país durante las presidencias a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El terrorismo se expresó brutalmente en los atentados perpetrados en Buenos Aires: contra de la embajada de Israel el 17 de marzo de 1992 cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha, causando la destrucción de la embajada, daños a una iglesia católica y a una escuela ubicada en un edificio cercano, en el que murieron 29 personas, e hirió otras 242; y el 18 de julio de 1994 a la mañana una bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA-, en calle Pasteur 633, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Ambos atentados se encuentran impunes todavía aunque se sospecha como responsables a terroristas de Hizbollah e Irán.

En los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 el terrorismo atentó contra las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono, cuando dos aviones de American Airlines y de United Airlines, se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, y un tercer avión de American Airlines impactó contra la esquina del Pentágono en Virginia; en ambos atentado murieron unas tres mil personas.

En España, en la Estación Atocha – cerca de Madrid- el 11 de marzo de 2004 explotó una bomba, una segunda en la estación de El Pozo y otra en Santa Eugenia, y, minutos más tarde, cuatro explosiones más destruyen otro tren a 500 metros de Atocha. En estos atentados murieron 192 personas y 1.500 resultaron heridas.

Estos hechos además de afectar a los derechos humanos provocaron que se iniciara una nueva forma de guerra, contra el terrorismo, sin un enemigo determinado -que no era otro estado como hasta ese momento de entendía la guerra-. Ello motivó la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak en el año 2003 –invocando razones que luego se demostraron falsas-, los actuales conflictos que se desarrollan en Afganistán y Paquistán, e hizo que se produjera la sanción en el Congreso de los Estados Unidos del Acta Patriótica (2001), que admite restringir los derechos personales hasta límites por demás discutibles y que se instalaran cárceles como la de Guantánamo, donde el trato a los internos es inhumano y donde alguno de ellos no tienen procesos. Por ella se ha llegado a justificar los interrogatorios haciendo uso de la técnica de tortura que en nuestro país se conoció con el nombre del “submarino”.

RETROCESOS EN ARGENTINA

La DUDH se produce cuando en Argentina vivía una etapa en que se alternaban gobierno civiles y militares, que comenzó el 6 de septiembre de 1930 y que concluyó el 10 de diciembre de 1983, en la que se sucedieron seis golpes de estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) producidos por militares que derrocaban a gobiernos constitucionales. Durante este tiempo los gobiernos –civiles y militares- se arrogaban atribuciones de emergencia – previstos o no en la Ley Fundamental-, que limitaban o desconocían derechos de las personas. Se gobernaba bajo estado de sitio, estado de guerra interno, ley marcial, o plan CONINTES, la regla era la emergencia y la excepción (los días que había elecciones) el pleno ejercicio de los derecho ciudadanos. Antes de 1983 hubo muchas personas privadas de su libertad física sin orden escrita de autoridad competente, algunas que pasaron más ocho años en esa situación. La detención con incomunicación era frecuente y muchas veces llegó a durar más de un año. Las órdenes judiciales emanada de los jueces en los hábeas corpus o en las mismas causas penales eran desoídas o incumplida por las autoridades administrativas, policiales o militares, y los pedidos de los arrestados de salir fuera del país, fundados en el estado de sitio vigente (artículo 23 de la Constitución), eran también incumplidas. Se cesantearon sin causa ni indemnización muchos empleados públicos. Se torturaron y vejaron a detenidos y se obligaron a exiliarse a muchos argentinos. Los medios de comunicación eran censurados. En los allanamientos de viviendas se sustraían o destruían bienes.

1. LA PRIMERA DÉCADA

En 1948, cuando se aprueba la DUDH, era presidente constitucional el general Juan Domingo Perón, en su primer mandato, y durante el mismo se persiguió muchos de los que se le oponían, como ocurrió con Cipriano Reyes, un dirigente sindical de la carne que fue uno de los que lideró la gran manifestación popular del 17 de octubre de 1945 que hizo posible que ganara la elección presidencial, el año siguiente, el entonces coronel Perón. Pero Reyes pronto cayó en desgracia con el peronismo y en 1946 le asaltaron el sindicato, porque Perón quería que todos los gremios dependieran de la CGT y Reyes no esta de acuerdo. En 1946 fundó el Partido Laborista y al año siguiente, ya diputado nacional, salvó su vida cuando lo ametrallaron a la salida de su casa. En 1948 fue acusado de complot contra el presidente y contra Eva Perón. Fue torturado casi hasta morir y estuvo preso entre 1948 y 1955.

En 1949 fue detenido torturado y muerto en Tucumán el dirigente sindical azucarero Carlos Aguirre, del Partido Comunista. Sufrieron tortura los militantes universitarios Ernesto Mario Bravo y Luis Vila Ayres, comunista el primero y socialista el segundo, y el abogado radical Juan Ovidio Zavala.

Ricardo Balbín, líder de la opositora Unión Cívica Radical, en 1946 fue electo diputado nacional y presidió el llamado “Bloque de los 44″, el único opositor en la Cámara de Diputados, ya que el Senado era enteramente oficialista. Por su oposición parlamentaria el gobierno lo persiguió política y judicialmente, hasta que fue expulsado del Congreso en 1949 y encarcelado en el penal de Olmos en La Plata. En 1950 es candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires y vuelve a ser encarcelado el mismo día de los comicios. A fines de ese año, el presidente Perón lo indulta, y en 1954 vuelve a ser encarcelado.

Durante los dos primeros gobierno de Perón iniciados en 1946 actuó un grupo político violento llamada Alianza Libertadora Nacionalista, y en su segundo gobierno, iniciado en 1952, el conflicto con los opositores se agravó y extendió a la Iglesia, a los profesores de las universidades que fueron cesanteados, y a una fracción de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de Perón en 1950 clausuró 40 medios de comunicación, expropió todo el papel de diario y avanzó sobre el control y censura a los medios de comunicación.

En enero de 1951, el Gobierno de Perón expropió el diario La Prensa, que luego reapareció como medio de las centrales obreras. el levantamiento del 28 de septiembre de 1951, encabezado por un general retirado -Benjamín Menéndez-, rápidamente sofocado. Su única víctima fue un cabo leal. Como consecuencias de ello se dictó una ley que imponía la pena de muerte para hechos similares y fueron arrestados los militares Alejandro Agustín Lanusse, Julio Alsogaray, Tomás Sánchez de Bustamante, Luís M. Prémoli, Alcidez López Aufranc, entre otros.

El 15 de abril de 1953, durante el primer acto televisado por Canal 7, en que Perón hablaba a trabajadores de la CGT en Plaza de Mayo, un grupo antiperonista hizo estallar dos bombas, que mataron a 5 trabajadores y dejó más de 90 heridos. Fueron detenidos como responsables del atentado y sufrieron torturas el radical Roque Carranza –que luego será Ministro de Defensa del presidente Raúl Alfonsín- y el demócrata progresista Carlos Alberto González Dogliotti, así como Yolanda J. V. de Uzal y los hermanos María Teresa y Jorge Alfredo González Dogliotti.

Al finalizar dicho acto, grupos de la Alianza Libertadora Nacionalista se encaminaron por la avenida Rivadavia hasta el 2100, donde estaba la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista y donde funcionaba el diario La Vanguardia, a la que asaltaron y prendieron fuego, con gente adentro que huyó por los fondos. Luego siguieron la sede capitalina del radicalismo bonaerense, en Moreno al 2400, la del Partido Demócrata, que estaba en las cercanías, y el edificio del Comité Nacional de la UCR, en Tucumán al 1600. Finalmente, el edificio del Jockey Club, en la calle Florida, entre otros intentos que la Policía evitó.

En el conflicto con la Iglesia Católica que se planteó el gobierno dispuso la expulsión de monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Ramón Novoa, después de la procesión de Corpus Cristi del 11 de junio de 1955 que congregó a 200 mil personas. El 16 de junio de ese año aviones militares, en su mayoría de la Armada, bombardearon Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la avenida Paseo Colón, la Avenida de Mayo, el Congreso, y la residencia presidencial (donde ahora está la Biblioteca Nacional), de lo que resultó la muerte de 364 civiles y más de 800 heridos; esa noche grupos afines al gobierno, y con su complicidad, saquearon e incendiaron en Buenos Aires la Curia Metropolitana y las iglesias: Catedral, de San Francisco, San Ignacio, Santo Domingo, San Miguel, San Nicolás, San Juan, la Merced, la Piedad y el Socorro. El 17 de junio de 1955 en Rosario fue detenido y torturado hasta morir el médico Juan Ingalinella del Partido Comunista, del cual nunca se encontró su cadáver.

La Revolución Libertadora del 16 de septiembre de ese año derrocó a Perón y lo reemplazó por un gobierno de facto cuya presidencia recayó primero en el General Eduardo Lonardi y desde el 13 de noviembre por el general Pedro Eugenio Aramburu; en el mismo se proscribió al peronismo, se intervinieron sindicatos y universidades, en las que se expulsaron a profesores. El 12 de junio de 1956, fue fusilado el general Juan José Valle, líder del frustrado levantamiento cívico-militar producido el 9 de junio de ese mismo año, que encabezó junto con el general Raúl Tanco. El saldo de muertos fusilados fue de 18 militares y 13 civiles.

En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se perpetró un atentado terrorista en el que murieron 15 personas y hubo 20 heridos, mediante bombas que hicieron volar los depósitos de nafta que la empresa Shell tenía en barrio San Fernando, en Córdoba, lo que motivó la intervención federal y la caída del gobernador Arturo Zanichelli. Entre los autores, que nunca fueron condenados, estaban los dirigentes de la Alianza Libertadora Nacionalista, Carlos “Coco” Pedrotti y Oscar “Perro” Moyano.

Felipe Vallese, obrero metalúrgico, fue secuestrado el 23 de agosto de 1962 y luego de ser torturado en una comisaria de Villa Adelina desapareció.

2. LA GUERRILLA

El primer grupo guerrillero en Argentina fue el de los Uturuncos, que tuvo una efímera vida entre mediados de 1959 y febrero del 60 en la zona boscosa del sur de la provincia de Tucumán, en el departamento de Chicligasta. El nombre del grupo guerrillero fue Ejército de Liberación Nacional-Movimiento Peronista de Liberación, aunque pasó a la historia como: Uturuncos. El asesinato de un obrero azucarero en Tucumán encendió la chispa. Enrique Manuel Mena, líder peronista de izquierda que tomó el alias de “Comandante Uturunco” fue el jefe del grupo. Hicieron ataques a comisarías, cuarteles de bomberos y comercios. En la Nochebuena de 1959 tomaron la comisaría de Frías, en Santiago del Estero. Pero por falta de apoyo entre la población, fue desbaratado en poco tiempo por las fuerzas de seguridad del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) del presidente Arturo Frondizi. El comandante Uturunco fue arrestado en 1960.

El segundo intento guerrillero rural fue liderado por Jorge Ricardo Masetti, alias “Comandante Segundo”, periodista de Radio El Mundo que, mientras cubría la revolución en la Sierra Maestra, Cuba, se incorporó a la lucha armada. En febrero de 1964 fundó el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) para actuar en la región de Orán Salta, durante la zafra azucarera. Massetti, ingresó con sus hombres por la frontera con Bolivia para afianzar la guerrilla en el norte argentino, que luego quedaría en manos del “Comandante Primero”, el Che. El campamento fue descubierto por Gendarmería y destruido poco después, y el cuerpo de Massetti jamás apareció.

En septiembre de 1968 en un paraje llamado La Caña, a 120 kilómetros de Taco Ralo, en el sudeste de Tucumán, la policía recibió informaciones: sobre movimientos de grupos armados presumiblemente guerrilleros. Desde San Miguel del Tucumán, a unos cien kilómetros de Taco Ralo, partieron sesenta efectivos de la policía local al mando del comisario Hugo Tamagnini. Llegaron al campamento, que los guerrilleros llamaban “El Plumerillo”, la noche del 18, y atacaron y redujeron a los rebeldes, deteniendo a 9 personas, incluida una mujer, pero 4 escaparon y luego fueron encontrados el jueves 19 y, junto con las restantes, fueron trasladados a Tucumán. El grupo se denominaba Comando Montonero 17 de Octubre, de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), y fue fundado en abril de 1968 por los integrantes de la Juventud Peronista: Envar El Kadr, Carlos Caride y los ex seminaristas Gerardo Ferrari y Arturo Ferré Gadea. Las Fuerzas Armadas Peronistas no se desmantelaron tras el fracaso. Los guerrilleros de Taco Ralo reconocían el líderazgo de Perón. Las FAP reaparecieron en 1969 y 1970 con varias acciones de guerrilla urbana y en 1971 un sector de las FAP se integró a Montoneros. El 22 de mayo de 1973 las FAP ejecutaron al dirigente sindical Dirk Kloosterman secretario general del sindicato de trabajadores mecánicos (SMATA).

La guerrilla argentina que actuó después tuvo dos vertientes: el peronismo y el marxismo. Entre las primeras actuaron tres grupos principales: las referidas FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), Descamisados y Montoneros. Esta última organización sería la más importante y terminaría incluyendo en su seno a todas las expresiones de la guerrilla peronista, desprendimientos de grupos marxistas y a las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) una organización que se había originado en fracciones de partidos de izquierda, especialmente el Partido Comunista y el Partido Socialista de Vanguardia, para integrarse con grupos provenientes de la Juventud Peronista. Por el contrario, el núcleo fundador de Montoneros, provenía de grupos de la extrema derecha católica, y fue evolucionando junto con algunos sectores de la Iglesia, conocidos como sacerdotes del Tercer Mundo, hacia posiciones más progresistas hasta situarse a comienzos de los 70 a la izquierda del peronismo.

2.1. MONTONEROS

Montoneros fue un grupo guerrillero, cuyos principales dirigentes fueron Mario Firmenich, un hombre de formación nacionalista católica, Fernando Abal Medina, su pareja Norma Esther Arrostito, y Gustavo Ramus, y que se presentó en sociedad el 1º de junio de 1970 mediante un comunicado referido al secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu. El secuestro había sido el 29 de mayo, cuando un grupo de montoneros, vestidos como oficiales del Ejército, lo sacaron en su departamento y lo llevaron a una chacra de Timote, provincia de Buenos Aires, y luego de un “juicio revolucionario” fue asesinado por Fernando Abal Medina en el sótano de la mencionada chacra. El 1º de julio de 1970, coparon la localidad cordobesa de La Calera. En la retirada, fue herido el montoneros Ignacio Vélez; detenidos Luís Lozada, José Breganti, Felipe Defrancesco, Cristina Liprandi, José Fierro, Juan Conte Grand, Juan Sorati Martínez y Heber Albornoz, y murió en el enfrentamiento Emilio Maza.

El 18 de marzo de 1972 tres hombres y una mujer que dijeron pertenecer a Montoneros ingresaron a la casa del dirigente político Roberto Mario Uzal, miembro del partido Nueva Fuerza, e intentaron secuestrarlo. Uzal se resistió y en el tiroteo resultó gravemente herido, falleciendo dos días más tarde, el 20 de marzo. Mataron, también, al dirigente sindical José Ignacio Rucci, por entonces Secretario General de la CGT, hecho que acaeció el 25 de septiembre de 1973 en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires.

El 14 de febrero de 1974 asesinaron al dirigente político y diputado nacional radical Hipólito Acuña. El 22 de marzo de ese año al retirado dirigente sindical peronista Rogelio Coria. Arturo Mor Roig, dirigente radical que había sido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en el gobierno de Íllia y Ministro del Interior durante la dictadura presidida por el general Alejandro Lanusse y que se había retirado de la política, fue asesinado por Montoneros el 15 de julio de 1974 mientras almorzaba en un restaurante de San Justo. El 1º de noviembre de ese año, el comisario Carlos Villar, uno de los organizadores de la Triple A, y su esposa Elsa Marina Pérez, mientras hacía un paseo por el delta del Tigre en una lancha, en la misma se produjo una explosión por la que murieron ambos.

El 19 de septiembre de 1974 un comando Montonero secuestró y obtuvo el cobro del mayor rescate de la historia argentina ya que la organización recibió 60 millones de dólares, por la entrega con vida de los hermanos Juan y Jorge Born, principales accionistas Bunge & Born –la principal empresa cerealera del país-, a los seis y nueve meses respectivamente. Durante este hecho fueron asesinados un empresario de apellido Bosch y al conductor del vehículo apellidado Pérez en que viajaban los secuestrados.

El 5 de octubre de 1975 Montoneros atacó el Regimiento de Infantería 29, en la provincia de Formosa. En la operación participaron más de cincuenta guerrilleros. Para llevar a cabo la ofensiva, se robaron más de 20 vehículos y secuestraron un Boeing 739 de Aerolíneas Argentinas en pleno vuelo. El enfrentamiento dejó un saldo de 13 muertos y 19 heridos del Ejército y un número similar o mayor de bajas, de montoneros.

El 28 de diciembre de 1975 Roberto Quieto, de la conducción de Montoneros, concurrió a la playa “La Grande”, en Martínez, junto a familiares suyos, donde fue detenido por personal policial, se lo torturó y pasó a integrar la lista de desaparecido. Un comunicado de Montoneros del 14 de febrero de 1976 informó que el “Tribunal Revolucionario” encontró a Quieto “culpable de los delitos de deserción en operación y delación, y propuesto las penas de degradación y muerte a ser aplicadas en el modo y oportunidad a determinar”.

A mediados de 1975, Montoneros formó la “Compañía Montoneros de Monte” que operaría en el noroeste de Tucumán. El 13 de febrero de 1976 mientras los montoneros penetraban por la zona de El Cadillal se produjo un encuentro con el Ejército Argentino, donde resultaron muertos varios integrantes de “Fuerza de Monte del Ejército Montonero”, entre ellos Juan Carlos Alsogaray, hijo del Teniente General Julio Alzogaray, quien, hacía un tiempo, había sufrido un intento de secuestro fallido en la vía pública a manos de Montoneros, donde militaban sus hijos.

El 2 de julio de 1976 se atentó, colocando una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, que causó la muerte de 18 personas y fueron heridas a otras 66. El 19 de agosto, los Montoneros interceptaron el auto particular del general Omar Carlos Actis a cargo de la organización del Mundial 78 de fútbol, y cuatro guerrilleros lo asesinaron. El 12 de septiembre Montoneros destruyó un ómnibus policial en Rosario con un coche bomba, matando a 9 policías y dos civiles, e hiriendo gravemente a por lo menos 50. Durante el 8 de octubre fueron atacados con bombas las oficinas de las compañías Fiat, Mercedes Benz y Chevrolet. El 16 de octubre otra bomba detonó en el club de cine del Círculo Militar, que no causó muertos pero hirió a 60 personas. Durante los primeros tres días de noviembre cinco casas de cinco ejecutivos empleados por Laboratorios Lazar fueron atacados con bombas y Carlos Roberto Souto, ejecutivo de Chrysler fue asesinado por miembros de los Montoneros. El 15 de diciembre del mismo año, fue el atentado con explosivos que produjo 14 muertos y 20 heridos, en el micro cine de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa, durante una reunión de trabajo. En la llamada Masacre de Margarita Belén militares y policías ultimaron a 22 Montoneros la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, cerca de la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco.

2. 2. E.R.P.

La vertiente marxista la expresó el grupo guerrillero “foquista” llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), liderado por Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo, durante los años setenta. Hacia finales de 1975 fue desarticulado por las Fuerzas Armadas como consecuencia del Operativo Independencia.

El ERP formó la “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez” en Tucumán, y las Compañías urbanas “Decididos” de Córdoba, “Combate de San Lorenzo”, en Paraná, “Héroes de Trelew”, “José Luis Castrogiovanni” y “Guillermo Pérez”, estas tres últimas constituyeron el “Batallón urbano José de San Martín”, de Buenos Aires, cuyo bautismo de fuego fue el asalto al cuartel militar de Monte Chingolo.

A principio de 1969 Santucho asaltó el Banco Provincia de Escobar llevándose unos 213 mil dólares; en septiembre de 1970 asaltaron una comisaría de Rosario y mataron a dos policías; el 17 de marzo de 1972 mataron en su casa del Comandante de Gendarmería Pedro Agarotti; y en febrero de 1973 asaltaron y tomaron el Batallón 141 de Comunicaciones del ejército, en Córdoba, y sustrajeron armamento y municiones. Luego asaltaron al Comando de Sanidad del Ejército en la Capital Federal pero cinco horas más tarde los militares abren fuego y se libra un combate hasta que los guerrilleros se rinden. El 19 de enero de 1974 asaltaron y coparon la guarnición militar de Azul, en la provincia de Buenos Aires, pero fueron resistidos lo que obligó a que Gorriarán Merlo –su líder- decidiera la retirada. En este operativo murieron el coronel Arturo Gay, su esposa, Nilda Cazaux de Gay; el coronel Ibarzábal, este último luego de un prolongado cautiverio en una de cárcel del pueblo, y 5 guerrilleros.

El domingo 28 de abril de 1974, fue asesinado en la calle -cuando iba a ver un partido de fútbol- quién había sido juez de la Nación, Jorge Vicente Quiroga, que había integrado la Cámara Federal en lo Penal, disuelta por ley en 1973, y que durante el gobierno militar juzgaba a los “subversivos”, que luego habían sido beneficiados por una ley de amnistía de ese mismo año.

En mayo de 1974 en Tucumán asaltaron y coparon la localidad de Acheral. En agosto de 1974 atacaron en simultáneo la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, donde fue capturado el Coronel del Ejército, Argentino del Valle Larrabure y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca, la que fracasó. El 13 de abril de 1975 el ERP hizo una operación contra el Batallón de Arsenales 121, en la localidad de Fray Luis Beltrán al norte de Rosario. En los enfrentamientos resultaron muertos dos guerrilleros y el coronel Carpani Acosta. El 11 de mayo de 1975 se produjo un intenso tiroteo en la ruta 301 en Tucumán, en donde fue muerto el subteniente Raúl Ernesto García. Manipulando material explosivo, el 5 de agosto pierde la vida el teniente José Conrado Mundani. Y el 16 de agosto mueren en un enfrentamiento en la localidad Las Mesadas de Tucumán, el cabo primero Miguel Dardo Juárez y seis guerrilleros. En Septiembre de 1975, tras 8 meses de lucha, el ERP, pone fin a la guerrilla rural. Su última gran acción fue el fallido asalto al Batallón Depósitos de Arsenales 601 Domingo Viejobueno, ubicado en la localidad de Monte Chingolo.

Los atentados y muertes recordados fueron desde nuestro punto de vista los más resonantes y significativos, pero hubo muchos otros que costaron vidas y dañaron seriamente a los derechos humanos.

3. LA “REVOLUCIÓN ARGENTINA”

Durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, que derrocó en 1966 al presidente Arturo Humberto Íllia, se intervinieron las universidades nacionales, y se produjo lo que se llamó la “Noche de los Bastones Largos”, cuando la policía el 29 de julio de ese año desalojó cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por sus autoridades, profesores y alumnos que resistían la intervención.

Durante el gobierno de la llamada “Revolución Argentina” que se prolongó hasta 1973 hubo muchas y grandes protestas populares, En una manifestación en Córdoba fue asesinado por la policía el obrero y estudiante Santiago Pampillón el 7 de septiembre de 1966. En el “Cordobazo”, ocurrido el 29 de mayo de 1969, un trabajador del sindicato de mecánicos – Máximo Mena- fue asesinado por la policía. Luego vino el “Rosarinazo” que se prolongó desde el 13 de mayo hasta el 17 de septiembre de ese año. El 15 de mayo la policía reprimió una manifestación de estudiantes en Corrientes en la que murió el estudiante Juan José Cabral. Dos días después, en Rosario, estudiantes que se movilizaban para repudiar el crimen de Cabral fueron enfrentados por la policía y murió el estudiante Adolfo Bello. En esta ciudad, en una marcha del silencio del 21 de mayo, la policía volvió reprimir y murió el aprendiz metalúrgico Luis Norberto Blanco, de 15 años. El 30 de junio de 1969 fue asesinado por un comando el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Timoteo Vandor en su despacho y de cinco balazos.

El “Viborazo”, que fue un segundo “Cordobazo”, se produjo el 15 de marzo de 1970. El l7 de agosto de ese año fue asesinato del dirigente gremial peronista y Secretario de la CGT José Alonso y el 14 de octubre el Subcomisario de la Policía Federal D. Osvaldo Sandoval, quien había encabezado la investigación del crimen de Aramburu.

El 22 de agosto de 1972, 16 guerrilleros fueron muertos cuando intentaron fugarse del penal de Trelew.

El 20 de junio de 1973, en un multitudinario acto en el que se celebraba el regreso de Perón después de 18 años de exilio, ocurrió la masacre de Ezeiza, cerca del aeropuerto. Por directivas de Perón, la seguridad del operativo se delegó en el Coronel (RE) Jorge Osinde, a quién fue el responsable de la represión. El 22 de mayo de 1973 es asesinato del sindicalista peronista Dirk Kloosterman, Secretario General de S.M.A.T.A., en la Provincia de Buenos Aires.

4. LA TRIPLE A Y EL COMANDO LIBERTADORES DE AMÉRICA

La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), Triple A, fue un grupo paramilitar de ultraderecha, que hizo numerosos atentados y asesinatos en la década de 1970. Fue organizado y dirigido por José López Rega; ex comisario de la policía, secretario Juan Domingo Perón y miembro de la logia masónica Propaganda Due, dirigida por Licio Gelli. En la organización colaboró el entonces comisario general de la Policía Federal, Alberto Villar. En el gobierno Raúl Lastiri, en 1973. López Rega fue designado Ministro de Bienestar Social –cargo que mantuvo en las presidencias de Perón e Isabel Martínez-.

El primer atentado de la Triple A fue el 21 de noviembre de 1973, cuando colocó una bomba en el automóvil del senador radical del Chubut Hipólito Solari Yrigoyen, que al explotar mutiló al senador, pero no lo mató; dos años más tarde otra bomba estalló en su casa en Puerto Madryn.

El 23 de Enero de 1974 son asesinados en Río Segundo cinco dirigentes cooperativistas provenientes de la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, a un costado de la ruta 9; por miembros de la Policía de Córdoba, luego argumentarían que se equivocaron pensando que era un grupo subversivo.

La Triple A llevó a cabo múltiples atentados. El 11 de mayo de 1974 fue baleado, en la puerta de la iglesia de San Francisco Solano en el barrio porteño de Villa Luro el sacerdote Carlos Mugica. El 16 de septiembre siempre en 1974 fueron asesinados el ex Vicegobernador de Córdoba y sindicalista Atilio López, sindicalista, junto al contador Juan Varas. El 13 de septiembre mataron al defensor de presos políticos Alfredo “Cuqui” Curutchet. El 20 de septiembre fue asesinado el subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler. El 27 de septiembre de 1974 fue asesinado el abogado e intelectual marxista, Silvio Frondizi, fundador de Praxis y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Praxis), que era hermano del presidente Arturo Frondizi. El 3 de octubre de 1974 fue asesinado el ex-Secretario General Sindicato de la Madera de la Provincia de Buenos Aires, Juan Mario Russo.

En Córdoba atentaron contra el diario La Voz del Interior en la madrugada del 23 de enero de 1975, durante el gobierno del interventor federal Oscar Lacabanne, con la voladura de la rotativa que se le atribuye al denominado Comando Libertadores de América, un equivalente de la Triple A en la provincia de Córdoba.

Los padres y dos hermanos de Mariano Pujadas, uno de los muertos en Trelew, fueron secuestrados y asesinados el 14 de agosto de 1975 en Córdoba, por el Comando Libertadores de América.

El abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), que fue mi compañero de clase en el Colegio Normal Alejandro Carbó, fue detenido el 10 de marzo de 1975 y mientras estaba alojado en la Cárcel Penitenciaria de barrio San Martín en la ciudad de Córdoba el 12 de agosto de 1976 una patrulla militar que lo retiró del penal (UP1) junto a Eduardo De Breuil, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Arnaldo Toranzo y Gustavo Adolfo De Breuil. Luego de un trecho, los hicieron bajar de la camioneta en que los trasladaron a los tres últimos y fueron fusilados. Eduardo de Breuil salvó su vida y formuló la denuncia ante la Justicia, que no investigó este crimen. Miguel Hugo Vaca Narvaja en agosto de 1976 había logrado la autorización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ser liberado y exiliarse en Francia, país que ya había aceptado recibirlo. Cinco días más tarde que el gobierno militar recibiera de la Corte la orden de liberarlo, fue fusilado.

El 10 de marzo de 1976 personal policial detuvo al también abogado Hugo Vaca Narvaja, padre del fusilado Miguel Hugo y de Fernando -dirigente montonero- y el último ministro del interior del presidente Arturo Frondizi, del que no se tuvo más noticias y hasta ahora es considerado desaparecido. El 23 de ese mes, Susana Yofre, su esposa y madre de doce hijos, se fue con toda su familia a Buenos Aires –en total eran 27 personas– y pidió refugio en el consulado mexicano. El 23 entraron en la embajada y el 24, el mismo día que se produjo el golpe militar que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón, salieron en avión desde Ezeiza donde permanecieron varios años. El 14 de octubre de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló el caso “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c. Ministerio del Interior” y otros 6 expedientes más, en los que ordenó indemnizar a la familia Vaca Narvaja por los daños y perjuicios sufridos durante su forzado exilio.

La CONADEP probó la intervención de la Triple A en 19 homicidios en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975; se sospecha además de su participación en centenares de otros. Además, las amenazas de muerte que hicieron llevaron al exilio, a científicos como Manuel Sadosky, artistas como Héctor Alterio y políticos como José Ber Gelbard. Entre los meses de julio, agosto y septiembre de 1974 la Triple A realizó 220 atentados, de los que resultarían 60 víctimas mortales y 44 heridas de gravedad, además de 20 secuestros. La estimación indica que cometieron unos 1500 crímenes.

5. “EL PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL”

El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla y en la madrugada de ese día fue detenido y desapareció René Salamanca, secretario general del SMATA de Córdoba y dirigente del Partido Comunista Revolucionario. El 14 de abril desapareció quién acababa de ser senador nacional justicialista por Córdoba, Luís Agustín Carnevale. Mónica María Mignone; hija de Emilio Mignone, que perteneció a la Acción Católica, que había sido ministro de Educación en el gobierno peronista bonaerense del coronel Domingo Alfredo Mercante y luego viceministro de la Nación en el gobierno del general Juan Carlos Onganía; catequista y misionera católica, fue secuestrada y desaparecida el 14 de mayo. El 18 de junio fue asesinado el Jefe de la Policía Federal General D. Cesáreo Cardozo, mediante una bomba colocada debajo de su cama en su domicilio, atribuido a una montonera amiga de su hija. El 2 de julio un atentado con explosivos asesinó a 16 personas e hirió a 65, en el comedor de Seguridad Federal. El 4 de julio fueron asesinados en la Iglesia de San Patricio en Buenos Aires los sacerdotes palotinos Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly y Pedro Eduardo Dufau, y los seminaristas de la misma orden Salvador Barbito Doval y Emilio José Barletti.

El 18 de julio fueron asesinados en Chamical, La Rioja, el sacerdote Gabriel Longuevillet y Fray Carlos de Dios Murias. El 4 de agosto muere Monseñor Enrique Ángel Angelelli, obispo de la Rioja, asesinado en un extraño accidente de tránsito cerca de Chamical. El 17 de agosto fue detenido el ex diputado nacional Mario Abel Amaya, que el 19 de octubre fallece, presumiblemente en la cárcel de Devoto por una crisis asmática, sin medicación y con evidente muestras de maltrato físico. El 20 de agosto aparecieron 30 cuerpos, 20 de varones y 10 de mujeres, que fueron dinamitados en la localidad de Fátima, Provincia de Buenos Aires, masacre que fue perpetrada por personal policial. El 16 de septiembre, fueron secuestrados y desaparecieron estudiantes secundarios en lo que se llamó la “Noche de los Lápices”. Y el 27 de noviembre, siempre en 1976, Pablo Gazzarri, sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, fue detenido por policías y torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada, quién enero de 1977 fue subido a un “vuelo de la muerte”.

Un grupo de madres de desaparecidos reunidas en la iglesia Stella Maris resuelven ir a Plaza de Mayo a pedir una audiencia al presidente Jorge Rafael Videla lo que hicieron el 30 de abril de 1977, así nace esta Asociación que en 1986 va a sufrir el desprendimiento de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora. Desde entonces, todos los jueves repetirían una caminata, porque las fuerzas de seguridad les exigieron “circular” por causa del estado de sitio, alrededor de la pirámide central de la plaza. En diciembre de ese año fueron secuestradas y desaparecieron tres de las fundadoras: Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco.

El 11 julio de 1977 fue asesinado Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás de los Arroyos en otro misterioso accidente automovilístico cerca de Ramallo. Las religiosas francesas Léonie Duquet y Alice Domon fueron secuestradas junto a otras ocho personas en diciembre de 1977 en la Iglesia Santa Cruz de Buenos Aires, cuando participaban de reuniones del grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo. Los restos de Duquet y cuatro madres de Plaza de Mayo fueron arrojados al mar desde un avión en uno de los llamados “vuelos de la muerte”’. Arrastrados los restos por la marea hasta una playa desde donde fueron enterrados clandestinamente en un cementerio de la provincia de Buenos Aires, en donde fueron hallados en 2005. Alice Domon sigue desaparecida.

Otros religiosos que perdieron la vida fueron: Carlos Dorniak, asesinado en Bahía Blanca el 21 de marzo de 1975; Nelio Rougier, detenido en Córdoba en septiembre de 1975, desaparecido; Miguel Angel Urusa Nicolau, detenido en Rosario el 1º de enero de 1976, desaparecido; José Tedeschi, salesiano reducido al estado laical, detenido el 2 de febrero de 1976 en la Villa Itatí, en Bernal. Su cadáver apareció días más tarde con señas de haber sido torturado; el hermano Julio San Cristóbal, de la Congregación de las Escuelas Cristianas de La Salle, detenido y desaparecido el 5 de febrero de 1976; Francisco Soares, asesinado en Tigre, al igual que un inválido a su cargo, el 13 de febrero de 1976; Pedro Fourcade, detenido el 8 de marzo de 1976, desaparecido; Héctor Federico Baccini, detenido en La Plata el 25 de noviembre de 1976, desaparecido, estaba en trámite su reducción al estado laical; Carlos Armando Bustos, detenido en Buenos Aires, el 8 de abril de 1977, desaparecido; Mauricio Silva Iribarnegaray, detenido en Buenos Aires el 14 de junio de 1977, desaparecido; y Jorge Adur, detenido el 7 de enero de 1980, desaparecido.

El 1° de agosto de 1978, al Almirante Armando Lambruschini -que un mes después sucedió al almirante Emilio Eduardo Massera en la jefatura de la Armada- le colocaron una bomba que le destruyó su vivienda, en la calle Pacheco de Melo al 1900, en Buenos Aires. Por la explosión murió su hija Paula, de 15 años, y dos vecinos del edificio de departamentos contiguo.

El 6 de septiembre de 1979 llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que durante dos semanas entrevistó con personalidades de la política, la cultura y miembros del gobierno, visitó cárceles y recibió numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Patricia Derian, secretaria de Derechos Humanos del gobierno de James Carter, fue quién impulsó la visita de la Comisión.

No quiero terminar esta descripción, de los más notorios atentados contra los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país, sin recordar y rendir un sentido homenaje a Augusto Conte MacDonald; quién fuera diputado de la Nación, dirigente del Partido Demócrata Cristiano -al que pertenezco desde mi juventud- y uno de los fundadores, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); que perdió para siempre a su desaparecido hijo, Augusto María, mientras hacía el servicio militar durante el último gobierno militar, a pesar de las gestiones que hizo ante militares que conocía para que ello no ocurriera, circunstancia que lo marcó hasta su muerte en 1992.

6. LA VUELTA A LA DEMOCRACIA

La derrota de Malvinas en 1982 precipitó la caída del último gobierno militar y los argentinos logramos en 1983 la recuperación de la democracia y la vuelta al orden constitucional. A este gran logro, hay que sumarle el apartamiento de la política de los militares, y el juzgamiento de los responsables de la represión, primero a través de la investigación que hizo la CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas), presidida por el escritor Ernesto Sábato, donde se comprobaron que hubo cerca de 9 mil desaparecidos, y después en el juicio a las Juntas Militares que presidieron el último gobierno de facto, luego que se anulara una ley de facto que amnistiaba a los represores. En Córdoba la CONADEP fue integrada por destacadas personalidades como Luís Rébora, Angel Manzur, Rodolfo Barraco Aguirre, Albino Serafín y Rubén Arroyo. Se discute todavía el número de personas desaparecidas, que algunos estiman en 30 mil, aunque los que comprobó la CONADEP fueron los antes indicados.

Tiempo después se descubrieron centros clandestinos en los que se interrogaba y torturaba a personas durante el gobierno militar como lo fueron la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el Vesubio, Campos “Atlético, Banco y Olimpo de los dioses”, el Garaje Olimpo y el Pozo de Bánfield en Buenos Aires, y La Perla, el Campo de la Ribera y el Departamento de Inteligencia de la Policía de la provincia, el D2, en Córdoba. La Cacha en La Plata. Se calcula que hubo más de 300 centros en todo el país.

Los que dirigieron el gobierno militar, fueron juzgados en 1984 por la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional y la sentencia se dictó el 9 de diciembre de 1985. Los acusados fueron los integrantes de las tres juntas militares: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti que integraron la primera junta militar (1976 – 1980); Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna, que formaron parte de la segunda junta (1980-1981); y Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, que integraron la tercera (1981-1982). La pena de prisión perpetua fue para los integrantes de la primera Junta Militar, mientras que los de la tercera fueron absueltos. También se les aplicó, inhabilitación absoluta perpetua y destitución del grado militar, por hallarlos culpables de los delitos de homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad calificada, tormentos, robos agravados, falsedades ideológicas de documento público, usurpaciones, reducciones a servidumbre, extorsión, secuestros extorsivos, supresión de documento, sustracciones de menores, y tormentos seguidos de muerte. El fallo lo confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986.

Las leyes de punto final, 23.492, y de obediencia debida, 23.521, sancionadas bajo presión militar, fueron un retroceso ya 1e pusieron límites a los responsables de delitos que podían ser juzgados. Estas leyes fueron anuladas por la ley 25.779 -de cuestionable constitucionalidad ya que el Poder Legislativo puede derogar pero no anular leyes- y, luego, por sentencias judiciales, que las declararon inconstitucionales, lo que permitió continuar con muchos juicios para castigar a los represores. La demora en la tramitación de alguna de estas causas ha sido denunciada como violación a los derechos humanos.

Se ha excluido del alcance de estas leyes que terminaron con las amnistía a quienes cometieron delitos, atentando también contra los derechos humanos, desde los grupos guerrilleros u opositores durante la violenta década del setenta. Esto no es justo, aunque esta calificación no implica aceptar la “Teoría de los dos demonios” que pretendía equiparar la gravedad de los crímenes de la represión, hechos desde el Estado en nombre de una “guerra sucia” ordenada por un Decreto que ordenaba “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país” (Decreto 2772, 6/10/75), del presidente provisional de la Nación Ítalo Argentino Luder; con la acción de guerrilleros y terroristas. Entiendo que todos fueron delitos y merecieron ser sometidos a la Justicia, aunque algunos hayan sido más graves que otros.

Igual discusión se ha dado respecto si los delitos de “lesa humanidad” son sólo los cometidos desde la represión desde el Estado o grupos para-estatales, y si en los mismos hay que incluir el terrorismo y las acciones guerrilleras. Esto importa para saber si son imprescriptibles o no. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró el concepto de delito de “lesa humanidad” a través de la adhesión al dictamen fiscal presentado por Esteban Righi, quién sostuvo que el delito de lesa humanidad consiste en uno de los actos descriptos en el Estatuto de Roma, según el cual “debe ser desarrollado por el propio Estado, a través de una política que atenta sistemáticamente contra los derechos fundamentales de una sociedad civil o un grupo determinado de esta.”(En el caso “Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal” del 11 de julio del 2007). Righi en esa oportunidad cita a David Luban quien afirma que: “El alto grado de depravación por sí mismo, no distingue a los crímenes de lesa humanidad de los hechos más crueles que los sistemas locales criminalizan. Más bien, lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi-gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control”. La discusión sobre el alcance de los delitos de “lesa humanidad” no se agotó con esta decisión del Alto Tribunal.

El presidente Carlos Saúl Menem dicto los decretos de indulto 1002, 1003, 1004 y 1005, de fecha 7 de octubre de 1989, y los de los decretos 2741, 2742 y 2743 del 30 de diciembre de 1990, para incluir a quienes no estaban alcanzados por las leyes de punto final y de obediencia debida, que eran unas 1200 personas. En el 1002 abarcó a Guillermo Suárez Mason, Juan Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferraro y otros, que, también, fue el primer indulto en ser declarado inconstitucional. Incluyó —entre otros— a Ramón Genaro Díaz Bessone, del Segundo Cuerpo. El decreto 1.003 indultó a represores uruguayos, como José Nino Gavazzo y Jorge Silveira, a los montoneros Mario Firmenich y Rodolfo Galimberti y gente que había estado desaparecida y que —como Graciela Daleo— se negó a recibir el perdón presidencial. El decreto 1.004 perdonó a los responsables del levantamiento de Semana Santa y Monte Caseros, en 1987, y Villa Martelli, un año después. El decreto 1005 indultó a Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, que había sido los responsables de Malvinas. El Decreto 2.741 perdonó a Jorge Videla, Emilio Massera y otros de los condenados. Firmenich fue indultado mediante el decreto 2.742. Los decretos 2.743 al 2.746 indultaron a los dirigentes peronistas Norma Kennedy y Duilio Brunello –que fuera interventor federal en Córdoba- ; el ex ministro José Martínez de Hoz, y Carlos Suárez Mason, y a presos comunes. Los decretos fueron luego declarados inconstitucionales por los tribunales.

Las crisis política y económicas de los años 1989 y 2001, que obligaron a renunciar a los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, si bien no trajeron como consecuencia la intervención militar como ocurría antes de 1983, originaron protestas populares, con “cacerolazos” y asaltos a supermercados y tiendas, y generaron la creación de “piquetes”, que hacen marchas (algunas veces exhibiendo palos o portando piedras), cortan calles y rutas, hacen escraches, participan en la distribución y administración de planes sociales, y bregan por que los mismos se mantengan e incrementen. Desde el gobierno y de distintos sectores políticos, muchas veces se hace clientelismo político con estos grupos.

El 3 de noviembre de 1995, en la ciudad cordobesa de Río Tercero, a partir del incendio de un tambor de trotyl, que se propago a otros tambores de igual contenido, se produjo una serie de explosiones en la Fábrica Militar de esta ciudad, que dejaron un saldo 13 muertos y 335 heridos, la Justicia investiga si esto fue un atentado, las razones que lo motivaron y las indemnizaciones para los damnificados.

A comienzo del año 2002, siendo presidente Eduardo Duhalde se implantó el “Corralón”, complemento del “Corralito” dispuesto poco antes por el presidente De la Rúa y el Ministro Domingo Cavallo, por el que se confiscaron los depósitos bancarios de miles de ahorristas lo que produjo manifestaciones, protestas, juicios y algunas muertes entre los damnificados. La Corte le puso fin con el dictado de un fallo en el caso “Bustos”, con una fundamentación por demás confusa.

Las protestas que se suscitaron después de la renuncia del presidente De la Rúa en diciembre de 2001 dejaron muertos y heridos. Durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde fueron asesinados por policías los jóvenes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hecho ocurrido en la estación de trenes de Avellaneda el 26 de junio de 2002. Esto obligó a Duhalde a adelantar las elecciones presidenciales.

El 18 de septiembre de 2006 desapareció Julio López de 77 años de edad, testigo en el juicio al represor Miguel Etchecolatz.

Otro grave problema que nos aqueja, al mundo y a nosotros los argentinos, es la persistencia de la esclavitud a través de lo que se denomina ahora: la “Trata de personas”; sean con el objeto de prostituir, de adoptar niños, de migrar, de explotar laboralmente o para conseguir transplantes de órganos; es uno de los tres delitos más graves y extendidos en el mundo, junto con el tráfico de armas y de drogas. En nuestro país no hay todavía una política ni órganos adecuados para combatir ese flagelo. La reciente modificación al Código Penal, ley 26.364, en esta materia no es suficiente para terminar con este mal.

El narcotráfico ha avanzado en forma alarmante en el mundo, en los países latinoamericanos y en nuestro país, y el Estado ha retrocedido en sus posibilidades de combatirlo con eficacia, los titulares de derechos humanos afectados por ello reclaman una mayor y mejor intervención estatal, y una mejor cooperación internacional para combatirlo, para rehabilitar a consumidores y adictos, y para prevenir el uso de estupefacientes. Ciertas drogas, como el “paco”, causan graves daños en la salud, en la conducta y cobran valiosas vidas de niños y jóvenes que lo consumen.

Para nada ha sido un avance que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Arriola”, del 25 de agosto de 2009, haya declarado inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737, de estupefacientes –que castiga con un mes a dos años de prisión la tenencia para consumo personal–, porque consideró que la tenencia de escasas cantidades de marihuana en el ámbito privado no debe ser castigada si es para consumo personal y no hay peligro o daños para terceros. Dicha ley ya había despenalizado la tenencia de estupefacientes cuando el que iba a ser condenado se disponía a tratarse de su adicción (artículo 17). Así como las políticas del Estado siempre fue ambigua en esta materia, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha sido cambiante: en el año 1978, en el fallo “Colavini” declaró la constitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo personal. En 1986, en “Bazterrica”, declaró su inconstitucionalidad. Luego, en 1990, con el fallo “Montalvo”, se volvió al criterio de “Colavini”. Ahora, con “Arriola”, se regresa, al criterio de “Bazterrica”.

Los hechos descriptos son los más relevante que conservo en mi frágil memoria, pero no fueron todos, y hubo otros que costaron vida y en los que se atentó seriamente contra la libertad de muchos argentinos.

7. AVANCES

Sin embargo, el tema derechos humanos cobró una importancia fundamental con la vuelta a la democracia constitucional, no sólo para una mejor valoración y juzgamiento de los ocurridos en los años setenta, sino que se avanzó en forma considerable en materia de los derechos políticos y sociales, y en derechos humanos concretos, como los de la mujer, de los derechos ambientales, de los usuarios de servicios públicos, de los consumidores y de la información, especialmente después de los avances tecnológicos en materia electrónica e informática.

La estabilidad constitucional y democrática se mantuvo a pesar de algunos alzamiento militares y de las crisis políticas, como fueron la terminación anticipada del gobierno del presidente Raúl Alfonsín en 1989 por la crisis hiperinflación, y la del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a estos derechos, amplió las garantías y dio jerarquía constitucional a declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales estaba la Declaración de la ONU de 1948 (artículo 75 inciso 22). En su primera parte se agregó un capítulo segundo dedicado a los “Nuevos derechos y garantías” (artículos 36 al 43).

La aprobación de otros tratados internacionales de derechos humanos hecha por la Asamblea de la ONU, que en Argentina tienen también jerarquía constitucional, fueron un importante avance: como lo fue la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobado también el 9 de diciembre de 1948 por Resolución 260, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación Racial aprobada en 1965, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer de 1979, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, la Convención sobre los Derecho del Niño de 1989, a los que debe agregarse la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos de 1994.

La Ley 26.171, de 2006 aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, que fue ratificado el año siguiente. El 23 de octubre de 2003 fue ratificado por el gobierno de nuestro país el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” (Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de OEA) que tuvo entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999. El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte fue aprobado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. El 19 de abril de 2005 se firmó Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR.

Se dictaron importantes leyes para garantizar mejor los derechos humanos como fueron las leyes de Hábeas Corpus 23.098, de Actos Discriminatorios 23.592, de Cupo (para facilitar la candidatura de mujeres a cargos legislativos) 24.012, del Defensor del Pueblo 24.284 y 24379, de Protección de Datos Personales 25.326 y General del Ambiente 25.675. La sanción en 1990 del Código de Procedimiento Penal federal, ley 23.984; que implantó el juicio oral y público, como lo hicieron antes todas las provincias a partir de Córdoba en la década del cuarenta, con la sola excepción de Santa Fe que continúa rigiéndose por el procedimiento escrito; fue un gran avance para la mejor tutela de la garantía del debido proceso legal adjetivo, como lo afirmé siendo diputado de la Nación en el debate que precedió su aprobación. La ley de ejecución penal, 24.600, fue un avance para mejorar la situación de las cárceles y los internados en las mismas, y la ley del arrepentido en delitos cometido por terroristas, 25.241, agrega una modalidad que puede facilitar el esclarecimiento de los mismos.

Sólo está vigente en la Provincia de Tucumán, con el nombre de Código de Procedimiento Constitucional y, con algunas variantes para adaptarlo al nivel provincial, el proyecto de Código de la Seguridad Personal que presenté en la Cámara de Diputados de la Nación cuando la integré en el año 1991, en el que se unifican y sistematizan los distintos procedimientos judiciales que garantizan derechos humanos.

El Decreto 70/91, que dictó el presidente Carlos Saúl Menem, y en el que tuve oportunidad de impulsar para su sanción y en el que participé en su redacción cuando fui diputado de la Nación, dispuso otorgar una indemnización de $27 por cada día de detención a las personas que hubieren estados arrestadas en virtud del estado de sitio antes del 10 de diciembre de 1983. Luego la ley 24.043 extendió el beneficio a aquellos civiles que fueron detenidos por decisión de tribunales militares, con o sin sentencia. En 1994 se sancionó la ley 24.411 que otorgó indemnización a las víctimas de desaparición forzada y a los sucesores de personas asesinadas por los militares, miembros de las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares. Las leyes 24.823 y 25.814 fueron complementarias de aquella.

La ley 25.914 de 2004, dispuso repara a las personas nacidas durante la privación de la libertad de sus madres; a los menores detenidos debido a la detención o desaparición de sus padres por razones políticas -ya sea a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, de tribunales militares o de áreas militares-; y a las personas víctimas de sustitución de identidad. Este último supuesto, se refiere a aquellos casos de niños o niñas que fueron robados a sus padres detenidos-desaparecidos, e inscriptos como hijos legítimos de otras familias.

La jurisprudencia de nuestros tribunales, especialmente la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permitió –con su activismo- hacer importantes progresos en materia de derecho humanos, siendo significativo lo que se avanzó en lo que respecta al control de constitucionalidad, y en los procedimientos de hábeas corpus, amparos -especialmente los colectivos-, y en las medidas autosatisfactivas y cautelares autónomas, con lo que se ha suplido la falta de normas adecuadas que reglamenten mejor estos institutos.

El 3 de mayo de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: “Recurso de hecho deducido por el C.E.L.S. en la causa: Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo a favor de los detenidos en la provincia de Buenos Aires y dispuso que la Corte y los Jueces de dicha provincia debía hacer cesar en 60 día la detención en comisarías de menores y enfermos, y con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante. Ordenó al Poder Ejecutivo Provincial que, remita a los jueces respectivos, en el término de 30 días, un informe pormenorizado, en el que consten las condiciones concretas en que se cumple la detención (características de la celda, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), a fin de que éstos puedan ponderar la necesidad de mantener la detención, o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas. Exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales.

En materia de amparos colectivos es importante citar el caso. “Mendoza, Beatriz Silvia y Otros C/ Estado Nacional y Otros S/ Daños y Perjuicios” del 20 de junio de 2006 donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria con respecto a las pretensiones concernientes a la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño colectivo causado de la contaminación ambiental de las aguas del Río Matanzas – Riachuelo. También es importante recordar el caso: “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986” del 24 de febrero de 2009 declaró inconstitucional la llamada “Ley Espía” impidiendo al Estado hacer escuchas telefónicas o vigilar correos electrónicos sin orden judicial, con lo que se protege la privacidad en Internet y Telefonía e insinúa la creación de una “Acción de clase”, y los efectos del fallo adquieren una dimensión colectiva aplicable a toda la ciudadanía.

El control de convencionalidad ha sido bien receptado en nuestros tribunales a partir de la doctrina y el positivo accionar de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También ha sido positivo el que se pudiera determinar la paternidad de más de un centenar de hijos de personas desaparecidas o muertas por la represión a través de la labor de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.

FUTURO Y REFLEXIÓN FINAL

Somos conciente que este balance de los avances y retrocesos habido en materia de derechos humanos en el mundo y en nuestro país, desde que la ONU aprobó la DUDH, es incompleto, y contiene muchas e importantes omisiones, pero sirve para señalar, a grandes rasgos, que el camino a recorrer, que es todavía largo y por demás difícil.

El relato de los retrocesos nos muestra lo inútil e inservibles que han sido los argumentos, explicaciones, ideologías, doctrinas y credos que permitieron que estos hechos sucedieran o pretendieran ser justificados. Cuantas vidas perdidas; cuanta tortura; cuantas libertades suprimidas o limitadas, cuantos exiliados o desplazados; cuantos padres sin hijos y cuantos hijos sin padres; cuantas personas privadas de trabajo, de vivienda, de alimentos, de bienes y servicios; cuantos dineros y recursos dilapidados; sin razón valedera que lo explique. Visto hoy en perspectiva todo esto parece un gran disparate.

Los crímenes y daños producidos por la violencia política en el mundo, y en nuestro país, principalmente, durante la década de los 70 no han sido debidamente procesados por nuestras sociedades políticas. La moral y el derecho exigen que sobre los mismos debe haber: verdad, justicia, arrepentimiento, y perdón para que nos podamos reconciliar. En España todavía se están procesando los crímenes de su guerra civil, sucedida hace más de setenta años. En nuestro país desde 1984 hemos iniciado la etapa de la verdad y la justicia pero no han concluido aún. Todavía no conocemos, no tenemos memoria, de mucho de los crímenes que se cometieron, ni quienes fueron sus autores, que pasó con los desaparecidos, si murieron no sabemos a donde están sus restos, hay hijos de desaparecidos o muertos que no conocen su verdadera identidad; hay juicios que no han comenzado y otros que no han concluido aún; hay sentencia que no están firmen y penas impuestas que no han sido cumplidas. De arrepentimiento, salvo por parte de la Iglesia Católica, hay poco y nada, por lo que estamos lejos del perdón y la reconciliación.

En la primera década del nuevo milenio, hemos tomado conciencia de la necesidad de tutelar también derechos que aparecen como “nuevos”, pero que no son otra cosa que una derivación de los derechos a la personalidad, y a la defensa de la vida, de la libertad y del trabajo, como son: el derecho a la vida desde la concepción, a la muerte digna, a la alimentación, al agua, a la salud, al ambiente, a la información, a la educación, a la cultura, al de los consumidores, al de los usuarios de los servicios públicos, de los inmigrantes, de las minorías, en general, y de los pueblos originarios o de los que están radicados en provincias, ciudades o regiones alejadas de los centros de poder, en particular, y todos los que son necesario preservar para terminar con la pobreza, la indigencia y la marginalidad; para citar sólo algunos. Un derecho esencial como el de la libertad religiosa no está todavía garantizado en muchos países, ni por tratados internacionales. Los nuevos roles que ha asumido la mujer en la sociedad requieren una mayor y mejor tutela, para ellas, para los varones con la que comparten su vida, y para las familias de la que son parte.

Concluyo repitiendo lo que bien expresara Eva Martínez Sampere: “defiendo la universalidad de los derechos humanos reconocidos en la Declaración del mismo nombre -ampliables y mejorables por otras normas jurídicas internacionales, comunitarias y constitucionales- como el mínimo ético común para toda la especie humana. Comparto pues la invención filosófica, pactada políticamente e implantada jurídicamente en la citada norma, de que cada persona tiene igual dignidad e iguales derechos para expresar su diferente individualidad y ha de contar con voz y voluntad propia a la hora de organizar la convivencia humana, quedando prohibidas, por tanto, todas las relaciones de dominación interpersonales basadas en una supuesta desigualdad social que acepte la pobreza o la subordinación por razón de nacimiento, sexo, etnia, religión, etc. Como estarán pensando, para llevar a cabo esta ingente tarea hace falta poner fin al modelo social dominador e implantar un modelo solidario, que haga posible el desarrollo sostenible en todo el planeta. Las normas jurídicas de Naciones Unidas, las comunitarias y las Constituciones democráticas son condición necesaria, aunque no suficiente, en esa dirección. Hace falta el convencimiento de la ciudadanía, de la sociedad civil -lo cual se consigue con la educación en esos valores, objetivos y derechos- para conseguir hacer realidad una vida humana digna y el respeto a los demás seres vivos.”

Córdoba, abril de 2010