A tres décadas de la constitución personalista de Córdoba

Bandera de la Provincia de Córdoba

Bandera de la Provincia de Córdoba

I. INTRODUCCIÓN. 

La ley 7420 -que declaró la necesidad de la reforma constitucional- convocó a una Convención Constituyente, que tuvo su primera sesión preparatoria el 29 de diciembre de 1986, y que sancionó la quinta Constitución de la provincia de Córdoba en la sesión del 26/27 de abril de 1987. Dicha Constitución tiene 200 artículos, de los cuales solo 8 tienen el mismo texto que la anterior, y su redacción y la técnica legislativa empleada en su texto es por demás elogiable. Por una disposición transitoria dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Preámbulo y Parte I)”, La Convención fue disuelta a las 24 horas del 30 de abril de 1987.

II. LAS CONSTITUCIONES DE CÓRDOBA 

La primera de Córdoba fue el Reglamento Provisional de 1821, en época del Gobernador Juan Bautista Bustos, que tuvo 12 reformas. Durante la gobernación del rosista Manuel López “Quebracho”, se dictó la segunda: el Código Constitucional Provisorio de 1947, que comenzaba con el “¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los Salvajes Unitarios!”, que se reformó 6 veces. En 1855 se dictó la tercera, con la organización nacional, siendo gobernador Alejo Carmen Guzmán, que se reformó 2 veces. En 1870, se dictó la cuarta Constitución, siendo gobernador Félix de la Peña, que después de 49 años de cámara única en Córdoba, innovó al crear un Senado y una Cámara de Diputados, y fue reformada 5 veces (si contamos la de 1949 que se derogó en 1956).

La quinta fue sancionada en la Convención de 1987, que se reformó en 2001, que restableció la Legislatura unicameral que tuvieron las tres primeras luego de un referendum.

En 180 años Córdoba ejerció 31 veces el poder constituyente, dictó 5 constituciones y las reformó en 26 oportunidades, lo que no es mucho ni poco, ya que quién manda en estos casos es la necesidad

III. LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE 1986/7 

La Constitución de 1987 cristalizó los principales, y a veces contradictorios, intereses de quienes la redactaron. Eduardo César Angeloz, el gobernador que promovió la reforma, con el voto de los constituyentes de su partido, la UCR, y algunos justicialista, consiguió que su cargo de gobernador pueda ser reelegido en un segundo mandato, lo que luego se prolongó un período más por una discutida interpretación del texto fundamental, lo que le trajo serios inconvenientes que le obligaron a renunciar y a padecer un proceso penal del que terminó absuelto por el beneficio de la duda.

El, entonces, rebelde Peronismo Renovador de José Manuel de la Sota logró controlar el Partido Justicialista, del que era un disidente hasta su exitosa elección de constituyentes -a la que concurrió en las listas del Partido Demócrata Cristiano- con el que más tarde llegó a ser gobernador.

Los herederos del viejo Partido Demócrata –que en la Convención formaban el bloque de la UDC -que después de la misma pasó se convirtió en la UCD liderada por Germán Kammerath- consiguió tener, como tercer partido, una sobrerrepresentación en ambas Cámaras de la Legislatura.

Los Demócratas Cristianos conseguimos que la primera parte de la Constitución se consagrara los principios personalistas y comunitarios de su ideario político.

IV. El PERSONALISMO 

A 29 años de su vigencia, lo mejor y más importante, de la Constitución de Córdoba es que coloca a la persona humana y su dignidad como centro y razón de ser, no sólo de la Carta Constitucional, sino, también, de toda construcción cultural, institucional y política que a partir de ella se genera.

En su texto se observa que el primer objetivo del preámbulo es “(…) exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos (…)”; que en su articulado, donde se usa 30 veces la palabra persona, se dice que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (art.4). Se declara “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.”(art.5); que las “(…)personas(…) son libres e iguales ante la ley y no admiten discriminaciones” (art.7); “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (art.9); la “libre iniciativa privada y actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (art.10) y que “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano” (art. 66).

Hay un capítulo dedicado a los “Derechos personales” y cuando va a enumerar los derechos sociales expresa: “Todas las personas en la provincia tienen derecho (…)” (art. 23). Los derechos de las personas se tratan en su condición de padre (art. 62 inc.5), de hijo (art.34 y 62 inc.5), de mujer (art. 24), de niño (art. 25), de joven (art. 26), de anciano (art.28), de discapacitado (art.27), de preso (art. 44), de consumidor (art.29), de litigante, de ciudadano, de funcionario, de magistrado o empleado público. Su intimidad personal, familiar, la de su morada y en las comunicaciones son celosamente resguardadas (arts. 50, 45 y 46).

En el capítulo de las “Asociaciones y Sociedades intermedias”, que las personas integran a partir de la familia y como miembros de la sociedad política, se exalta la dimensión social del hombre. Cuando se refiere a las “Políticas Especiales del Estado”, estableciendo mediante ellas nexos entre la sociedad y el Estado, la definición personalista es más contundente porque declara “la economía al servicio del hombre” (art. 67), la refiere a su bienestar (art. 56), su salud (art. 59), a su participación en los adelantos tecnológicos (art. 64), y al gozo del medio ambiente (art. 66).

Se declara, por fin, que “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (art. 61).

III. LO QUE LE FALTA Y LO QUE LE SOBRA 

De su texto surge que hay metas por realizar, omisión o defectuosas reglamentaciones, disposiciones que deberían ser suprimidas, modificadas o sustituidas.

Art. 55 “Los organismos de la seguridad social tienen autonomía y son administrados por los interesados con la participación del Estado y en coordinación con el Gobierno Federal.” La Caja provincial sigue intervenida.

Art. 57: “(…) asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a su remuneración del trabajador en actividad.” En dos oportunidades se redujeron los beneficios.

Art. 58: “La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley.” Como consecuencia de una equivocada reglamentación fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 62: “La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos: (…) 5. Asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. Ello no fue reglamentado.

Art. 78: “Para esta lista de candidatos a legisladores de distrito único se establece el voto de preferencia, conforme a la ley que reglamente su ejercicio.” No fue reglamentado.

Art. 104: “7. Establecer los límites de las regiones de la Provincia que modifiquen el actual sistema de Departamentos, con dos tercios de votos de sus miembros.” No fue reglamentado.

“22. Dictar la legislación electoral y de partidos políticos que contemplen elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos de todos los partidos políticos.” No fue reglamentado.

“24. Dictar los códigos y leyes procesales.” No se dictó aún el Código de procedimiento constitucional)

Art. 125: “El Consejo Económico y Social está integrado por los sectores de la producción y del trabajo, gremiales, profesionales y socio-culturales, en la forma que determine la ley. Dicho Consejo es un órgano de consulta de los Poderes Públicos en esta materia.” No funciona.

Art. 126: “El Tribunal de Cuentas está integrado por tres miembros; puede por ley ampliarse su número, el que es siempre impar y no excede de siete.” Ello debe ser sustituido por una contraloría, que no debe ser electiva.

Art. 150. “El Fiscal de Estado tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio de la Provincia.” Otro funcionario, como el Procurador del Tesoro actual, debe erjercer la defensa de la Provincia sin depender de la Fiscalía del Estado.

Art. 159: “(…)El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, cuatro legisladores, letrados si los hubiere, dos por la mayoría y dos por la minoría.(…)” Debería suprimirse esto y atribuir esta función al Consejo de la Magistratura que deberá crearse con representación paritaria de legisladores, jueces y abogados.

Art. 162: “La ley puede determinar los casos en que los tribunales colegiados son también integrados por jurados.” Esto debe ser suprimido por el fracaso de su reglamentación y funcionamiento.

Art. 166: “El Tribunal Superior de Justicia tiene las siguientes atribuciones: (…) 3. Crear la escuela de especialización y capacitación para magistrados y empleados, con reglamentación de su funcionamiento.” Esta Escuela deberá depender del Consejo de la Magistratura cuando se lo incorpore a la Constitución.

Arts. 171, 172 y 173: Ministerio Público Fiscal es parte del Poder Judicial y debe ser independiente.

Art. 183: Las Cartas Orgánicas deben asegurar: (…) 2. La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano ejecutivo si lo hubiera, y un sistema de representación proporcional para el Cuerpo Deliberante, que asegure al partido que obtenga el mayor número de votos la mitad más uno de sus representantes. 3. Un Tribunal de Cuentas con elección directa y representación de la minoría.”(…) 5. El reconocimiento de Comisiones de Vecinos, con participación en la gestión municipal y respetando el régimen representativo y republicano.(…)” La representación en los Consejos Deliberantes debe ser proporcional, sin premio a la mayoría, y los tribunales de cuentas deben ser sustituidos por Contralorías que no deben ser electivas.

Art. 184: “La Legislatura sanciona la Ley Orgánica Municipal para los Municipios que no tengan Carta Orgánica.(…). La ley garantiza la existencia de un Tribunal de Cuentas o de un organismo similar, elegido de la forma que prescribe el inciso 3 del artículo anterior.” Los tribunales de cuentas o las contralorías no deben ser electivas.

Art. 187: “(…) Las disposiciones orgánicas (carta o leyes orgánicas municipales) pueden establecer Tribunales de Faltas.” Los tribunales de falta deberán ser incorporados al Poder Judicial provincial que exclusivamente ejercer la función jurisdiccional.

Además, el reglamento interno de la Legislatura prevé que la moción de tratamiento sobre tablas se aprueba con mayoría simple y no con dos tercios de los votos, como tienen todos los reglamentos legislativos. El Defensor del Pueblo por la ley reglamentaria no puede interponer acción judicial. Y el Consejo de la Magistratura no está previsto.

IV. TENER A DONDE VOLVER 

Los cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos, ambientales, etcétera que ocurren en las sociedades trastocan el sentido de la vida de las personas y ponen en crisis su escala de valores. Las constituciones -que son producto de estos cambios y que se dictan, muchas veces, en épocas de crisis- sirven no sólo para organizar la sociedad y dar sentido al orden normativo, sino que declaran principios y exaltan valores que orientan el destino futuro de dichas sociedades y de quienes las componen. Cuando los cambios y las crisis oscurecen el rumbo de nuestras existencias, es bueno –como se indica desde la psicología profunda- tener a donde volver.

La dignidad de la persona humana surge de su naturaleza espiritual y material, de su conciencia racional y libre, de su destino trascendente, y es lo que hace al hombre diferente y lo pone por encima de los demás seres de la creación, para que estos le sirvan para alcanzar su destino temporal y sobrenatural.

Volver a estos criterios implica enfocar el análisis de los problemas de hoy con una óptica diferente. Si a la política nos referimos, en vez de analizarla en función de las instituciones o los políticos, como muchas veces

se hace, comencemos a hacerlo a partir del ciudadano; si debatimos sobre educación, dirijamos los objetivos a las necesidades del educando; si de la economía se trata, pongámosla al servicio del hombre y no de la producción capitalista o de las estadísticas; si hablamos de inseguridad, enfoquemos el análisis desde la persona que la padece y de quién delinque, preguntándonos por qué lo hace y como puede ser corregido e integrado a la sociedad; si nos referimos al ambiente, pensemos como preservarlo para los hombres de hoy y de mañana, y no para servir a mezquinos intereses; si el problema es la droga, comencemos por los que la consumen, indagando el por qué lo hacen, y como se puede recuperar a los adictos, para combatir, luego, al infame negocio que lucra con ellos; si nos preocupa la paz del mundo, recordemos que en su corazón está la persona.

Jacques Maritain decía que el humanismo “tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia” y, agregaba, “requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad.”

Allí es a donde tenemos que volver.

Córdoba, Septiembre de 2016.

Los números de la Justicia

Dama de la justicia

Dama de la justicia

La Justicia, como virtud y esencia del derecho, es “dar a cada uno lo suyo”; y para afianzarla, como exige la Constitución, se necesita que la conducta de todos nosotros sea recta, y se rija por lo que establecen las leyes, que son las que nos indican que es “lo suyo” , o que es lo justo. Para que ello ocurra es imprescindible educar.

Pero, además, uno de los tres poderes de nuestro gobierno lo conforman los tribunales de Justicia, que tienen por función hacer aplicar la Constitución y las leyes, para que haya justicia.

Respecto de la virtud, la estadística lamentablemente nos demuestran que convivimos con un alto porcentaje de anomia, cuando se pregunta en una encuesta por el “nivel de respuesta del Poder Judicial” el 73% responde que es regular o mal.

El deficitario funcionamiento del Poder Judicial de la Nación lo demuestra, en la actualidad, el hecho que de los 993 cargos de jueces que lo integran -de los cuales 544 corresponden a la Justicia Nacional- hay, nada menos, que 259 vacantes -147 corresponden a la Justicia Nacional-. En 10 de las cuales ni siquiera se ha convocado a concurso, en otros 233 está en trámite; en el despacho del Presidente de la República hay 19 ternas para que se designe el magistrado, y le pida al Senado que les preste acuerdo; y 7 designados esperan que esta Cámara les preste acuerdo.

En el Poder Judicial de la Nación, además de los jueces federal lo componen también los mal llamados tribunales Nacionales, que tienen 55% de los cargos de jueces, y que son los equivalentes a los provinciales y que atienden los juicios de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); que todavía no fueron transferido a dicha ciudad como lo exige desde 1994 la Constitución (Art. 129); y que sostenemos todos los argentinos.

Además del 26% de vacantes que tiene el Poder Judicial, la distribución de los tribunales no es equitativa, si observamos que en la CABA hay 12 jueces federales, para 2.890.151 de habitantes; y solo 7 en la provincia de Córdoba, que tiene 3.308.876 y un territorio de 165.321 km² contra 203,3 km² que posee la CABA. Santa Fe lo atienden 9 juzgados federales, con 3.194.537 habitantes. Las ciudades de Rosario y Mendoza tienen 4 juzgados federales y en la de Córdoba hay solo 3, a pesar que el gran Córdoba tiene 1.330.023 habitantes, el gran Rosario 1.198.528 y el gran Mendoza 1.086.066 (Censo de 2010).

La Corte

Si la reforma de la Justicia comienza por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy tiene 5 jueces (en otras época tuvo 7 y 9), su mayor problema es la gran cantidad de causas que atiende. En 1998 resolvió en 46.435 expedientes -la mayor cifra de su historia-; 9886 en 2012 -año en que su presidente, Ricardo Lorenzetti, y su vice, Elena Highton, redactaron con Aída Kemelmajer de Carlucci el anteproyecto de Código Civil Comercial-; 25.150 en 2014 y en 2015 lo hizo en 18.918 expedientes (185 fallos fundados –algunos deciden varios expedientes-, 1.174 remiten a otros precedentes, desestimó 5.050, y dictó 2668 autos sobre competencias, honorarios, aclaratorias, etcétera). La Suprema Corte de los EEUU, que tiene 9 jueces (igual que el Tribunal Superior de Jujuy), cada año falla solo un centenar de causas.

Estos números son más que suficiente para demostrar que estamos lejos de tener la Justicia que nuestro país necesita.

Buenos Aires, septiembre de 2016.

No matar al niño o a la niña por nacer

"El derecho a la vida, desde la concepción, es esencial a la dignidad de la persona humana"

“El derecho a la vida, desde la concepción, es esencial a la dignidad de la persona humana”

SUMARIO: I. Introducción. II. Normas positivas. III. Proyectos de leyes. IV. Violencia de género. V. La Corte convalida aborto en un embarazo de 19 semanas.VI. Críticas al fallo. VII. Argumentos que merecen ser escuchados. VIII. El Protocolo de las Provincias. IX. Objeción de conciencia. X. Conclusión.  

I. Introducción

El derecho a la vida, desde la concepción, es esencial a la dignidad de la persona humana, de allí el “No matarás” del Decálogo del Antiguo Testamento (Génesis 9,5, Éxodo 20, 13 y Deuteronomio 5:17), y que se repite en el Nuevo (Mateo 19:18, Marcos 10:19 y Lucas 18:20), que no hace otra cosa que declarar el derecho natural que tiene todo ser humano, varón o mujer, a vivir.

II. Las normas positivas

La Constitución Nacional (CN) señala que “la vida, el honor o las fortunas de los argentinosno puede quedar a merced de gobiernos o persona alguna” (art. 29) y cuando fue reformada en 1994, se le agregó que “Corresponde al Congreso: (…) Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.” (Art. 75 inc.23) Ello no deja dudas de que el niño o la niña, sujetos de derecho, existen desde que son concebidos en el seno materno.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos regla que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” (Art. 4) 

La Constitución de Córdoba dice que: “Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: 1. A la vida desde la concepción (…).” (19 inc. 1)

El Código Civil y Comercial (CCC) expresa que: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción.” (Art. 19)

El Código Civil (CC) ya decía: “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre.” (Art. 70).

El Código Penal castiga con reclusión o prisión a los abortos practicados con y sin el consentimiento de la mujer, sean ellos dolosos (art. 85) o culposos (Art. 87), pero admite dos excusas absolutorias: “1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios.” (Aborto terapéutico) y “2. Si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.” (Art. 86). Exime de pena, además, la tentativa de aborto. (arts. 88).

Pero el CC decía también que: “El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código delito.” (Art. 1072). Y en la Nota de este artículo dice que: “La palabra delito tiene en derecho civil una significación diferente de la que tiene en el derecho criminal. El derecho civil designa toda acción ilícita por la cual una persona a sabiendas e intencionalmente perjudica los derecho de otra. En el derecho criminal, designa toda infracción definida y castigada por la ley penal. No todos los delitos civiles constituyen delitos del derecho criminal, porque la ley penal no castiga todos los actos que atacan los derechos de otros (…).” lo que nos permite afirmar que si no hubiere delito ni pena en el Código Penal, como es el caso de las excusas absolutorias, los sigue habiendo como delito civil, por lo que el abortar, aunque no tenga pena en el Código Penal, nunca se lo puede calificar como un “derecho”.

III. Proyectos de leyes

En la Cámara de Diputados hay actualmente un proyecto de ley, que lo firman 53 diputados, para Respetar y proteger la vida de todos los seres humanos desde su concepción, a partir de la fecundación del óvulo, hasta su fin natural”, para los casos de violaciones, el proyecto de la Red Federal de Familias prevé que se le pague a la mujer una asignación del Estado hasta el momento del alumbramiento. Si decide hacerse cargo de la crianza, seguirá entonces cobrándolas hasta que su hijo cumpla los 18 años. En caso de que no decida criarlo, el Estado garantizará la adopción del chico y quien cobrará la asignación será la familia adoptante.

Hay dos proyectos de ley que en consonancia con la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito pretenden legalizarlo, entre las 12 o las 14 semanas del embarazo, tiempo en el cual las mujeres podrán decidir voluntariamente la interrupción del embarazo, sin necesidad de que intervenga la Justicia. La iniciativa que tiene mayor adhesión la firman 40 diputados[1], un número alto pero menor al apoyo que tuvo la iniciativa en 2014, cuando cosechó más de 70 rúbricas.

IV. Violencia de Género

Enfatizamos lo de la “niña por nacer” ya que en los últimos tiempos se han difundido teorías que sostienen que abortar es una suerte de “derecho” que tienen las mujeres embarazadas de poderle quitar la vida al ser que llevan en su seno (usando la expresión: “interrumpir el embarazo”) y que, además, en el país más poblado de la tierra, la República Popular China, donde está autorizado el aborto y está prohibido tener más de un hijo –lo que en los últimos tiempos se anuncia flexibilizar-, el mismo se practica con frecuencia en forma selectiva y en perjuicio de las mujeres por nacer, en razón que en esa cultura se entiende que los varones son la continuidad de la familia, y son los que mantendrán a los padres y abuelos cuando estén impedidos de trabajar y de tener ingresos, ya que el sistema previsional es muy precario. Se estima que entre las 8 y las 10 semanas del embarazo se puede saber si la persona que está en el seno materno es varón o mejer. Esta discriminación en el país más poblado de la tierra atenta contra el derecho a la vida de las mujeres y a la igualdad de género.

Por otro lado, los graves daños personales que le acarrea una madre el embarazo producido por una violación no se reparan ni justifican quitándole la vida a la persona por nacer. Como bien indica Alberto B. Bianchi “(…) el aborto borra de la violación únicamente al ser en gestación. No restaura ni el daño físico ni el psíquico que la mujer haya sufrido. Al contrario, agrega un sufrimiento más: el de haber abortado. Sabemos perfectamente que toda mujer al abortar, aun cuando lo haga por estricta conveniencia y bajo el mejor de los controles sanitarios, sufre psíquicamente. ¿Tiene sentido entonces el aborto?”[2]

 V. La Corte convalida aborto en un embarazo de 19 semanas

En nuestro país donde el que aborta comete un delito, según el Código Penal, la Corte Suprema en el caso: “F., A.L. s/ medida autosatisfactiva” del 13/3/2012 convalidó un aborto ya consumado en Trelew a una adolescente de 15 años, que tenía 19 meses de gestación (casi a los 5 meses), luego que su madre el 14 de enero de 2010, le solicitara a la justicia penal de la Provincia del Chubut —donde se instruía una causa contra su esposo por la violación de esta hija— que se dispusiera el aborto del embarazo de su hija, en base a lo previsto en el art. 86, incisos 1º y 2º, del Código Penal, señalando que el 3 de diciembre de 2009 había denunciado la violación ante el Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut y que, el 23 del mismo mes y año, un certificado médico dio cuenta de que la adolescente cursaba la 8ª semana de gestación. El juez penal, y un fiscal luego, dijeron que carecían de facultades para adoptar la medida solicitada.

La madre, entonces, demandó solicitando una medida autosatisfactiva con fecha 22 de enero de 2010, que reeditó ante la justicia de familia. Tales peticiones fueron rechazadas tanto en la primera instancia, como en la cámara.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut, el 8 de marzo de 2010, revocó la decisión de la Cámara y admitió la solicitud, por tratarse de un “aborto no punible” previsto en el inciso 2º, primera parte del art. 86 del Código Penal; porque el aborto era compatible con el plexo constitucional y convencional y que, pese a la innecesaridad de la autorización judicial de esta práctica, se la otorgaba para concluir el caso. El aborto se produjo el 11 de marzo de 2010 en el Centro Materno Infantil del Hospital Zonal de Trelew.

La Corte Suprema de Justicia en fallo del 13/3/12 rechazó del recurso extraordinario por unanimidad; y además dispuso: “2) Exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y a hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual.” 3) Exhortar al Poder Judicial nacional, y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente.”

VI. Críticas al fallo

En el caso “F., A. L.” la Corte no resolvió una “causa” (Art. 116 C. N.) ya que el aborto se había practicado, por lo que el objeto de esa medida autosatisfactiva, se había tornado abstracto.

Tampoco se trató lo de la inconstitucionalidad del inciso 2º del artículo 86 del Código Penal, ya que en el voto de la mayoría solo se hace una interpretación de su alcance, sin mencionar los fundamentos racistas que la inspiraron, ni se analizó lo de la colisión del intereses entre el interés de la madre y el niño o la niña por nacer, que sí indican los votos de Argibay y Petracchi, sin dar razones del por qué se hace prevalecer el interés de la madre sobre de la vida del ser que se le quitó la vida a los 19 meses de su gestación, el más débil de este conflicto. En que norma se declara o reconoce: ¿el “derecho” a abortar?

La Convención sobre los Derechos del Niño declara que: “todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” (Art. 6.1). La ley 23.849 que lo aprobó declaró que: “debe interpretarse que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción” (Art. 1). Pero la Corte en el fallo F,.A.L. en el considerando 13 del voto de la mayoría, señaló que: “el artículo 2º de la ley 23.849, en cuanto estipula que el artículo 1º de la Convención “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción”, no constituye una reserva que, en los términos del artículo 2º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, altere el alcance con que la Convención sobre los Derechos del Niño rige en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Esto porque, como surge del texto mismo de la ley, mientras que el Estado Argentino efectuó una reserva con relación a la aplicación del artículo 21 de la Convención, respecto del artículo 1º se limitó a plasmar una declaración interpretativa”. Nosotros entendemos que esta declaración interpretativa obliga a los tribunales argentinos porque es una definición legislativa que no puede ser desoída por los jueces de la Corte que cuando juraron lo hicieron de “desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente” (Art. 112 CN). Además, esta interpretación es coherente con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de derecho humanos que tienen jerarquía constitucional, que reconocen el derecho a la vida de la persona desde la concepción. Este criterio no puede ser desplazado invocando opiniones de organismos o tribunales internacionales.

Lo expresado por la Corte nos mueve a preguntarnos si esa interpretación no obliga a las autoridades y a los habitantes de nuestro país, ¿para qué la ley ordenó que se hiciera? ¿Por qué al declararlo de jerarquía constitucional, al reformarse la Constitución en 1994, se agregó que se lo hacía “en las condiciones de su vigencia” (Art. 75 inc.22)

Horacio Rosatti, que fue convencional constituyente de esa Convención y ahora juez de la Corte, al explicar la razón de la incorporación de la expresión “en las condiciones de su vigencia” en el inciso 22, dijo: “puedo afirmar, como convencional constituyente e integrante de la Comisión de Redacción de la Reforma de 1994, que el fundamento histórico de la incorporación de esta expresión en la Convención –más allá de que una vez inserta en el texto constitucional tal expresión cobra vigencia generalizada– no fue otro que reforzar (indirectamente) la posición de un sector de convencionales que aspiraba a consagrar constitucionalmente el criterio de que la vida humana comienza al momento de la concepción.[3]

VII.  Argumentos que merecen ser escuchados

Alfonso Santiago ha dicho, y ha dicho bien, respecto de la sentencia del caso “F., A.L.” que: “La Corte Suprema dictó este fallo sin estricta necesidad jurídica ya que el caso se había tornado abstracto. Es más, a través del dictado de esta sentencia pretendió establecer toda una política pública en esta materia desbordando por completo su función institucional.

Nuestro máximo tribunal no sólo no protegió los derechos constitucionales de las personas por nacer, sino que fijó positiva y abiertamente un sistema que los lesiona grave y arbitrariamente e impide su defensa en sede judicial. Pretende imponer dicho sistema arbitrario al Congreso y a las legislaturas provinciales, impidiendo ilegítimamente la misma posibilidad del debate legislativo en esta cuestión. Sin base constitucional ni legal alguna, fundándose únicamente en dictámenes y opiniones de organismos internacionales de cuestionable entidad, precisión y obligatoriedad jurídicas (soft law), pone en cabeza del Estado una prestación médica obligatoria consistente en el aborto o exterminio de la persona por nacer cuando ella haya sido concebida como fruto de una violación y cuando así sea solicitado por su madre.”

En un dictamen de noviembre de 2010 la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas nos recuerda que: “Las excusas absolutorias previstas en el art. 86 del Código Penal, que se intenta ampliar en el proyecto de “aborto no punible” que se encuentra en trámite (…), fueron incorporadas al mencionado ordenamiento punitivo a propuesta de la Comisión de Códigos del H. Senado de la Nación, formulada en el dictamen expedido el 26 de septiembre de 1919.”

En dicho dictamen, la Comisión fundó su propuesta en doctrinas eugenésicas y racistas que se encontraban en boga, sin advertir sus adherentes que las mismas conducirían y servirían de sustento al régimen nacional socialista instaurado en Alemania a partir de 1933. Al auspiciar la no punibilidad de la interrupción provocada de la gestación practicada en una mujer “idiota o demente” que hubiera sido violada, la Comisión expresó que “era la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada…, nazca un ser anormal o degenerado”. Argumentó seguidamente sobre “el interés de la raza”, y se preguntó, citando doctrina española, “¿qué puede resultar de bueno de una mujer cretina o demente?”. En definitiva, la Comisión consideró que “es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con intervención facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza”[4][5]

Con esos argumentos racistas, que pocos años después contribuyeron al establecimiento de un régimen demencial que empujó al mundo a la segunda guerra mundial, que no vaciló en inmolar a minusválidos, judíos, cristianos y gitanos, y que persiguió a todos los que se opusieron a sus designios totalitarios, se introdujeron en el Código Penal las excusas absolutorias que ahora se intenta ampliar en el Congreso de la Nación.”

Las excusas absolutorias del art. 86 del Código Penal resultan manifiestamente inconstitucionales ante textos explícitos que amparan de modo irrestricto al niño por nacer desde el instante de su concepción. Por eso, en un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado que “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional (…), derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional” (C.S.J.N. “Sánchez, Elvira Berta c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, dictamen de la Procuración General del 28/02/2006 y votos de los Ministros Higthon de Nolasco y Eugenio Zaffaroni).”

El médico Tabaré Vázquez, presidente socialista de Uruguay, al vetar en noviembre de 2008 la ley que autorizaba el aborto en las doce primeras semanas de gestación afirmó que: “Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España.

La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos –incluido el nuestro– el ADN se ha transformado en la ‘prueba reina’ para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, incluso en hipótesis de devastación, o sea cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano, aun luego de mucho tiempo. El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia. (…)

“Por otra parte, al regular la objeción de conciencia de manera deficiente, el proyecto aprobado genera una fuente de discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos, y tampoco permite ejercer la libertad de conciencia de quien cambia de opinión y decide no realizarlos más. Nuestra Constitución sólo reconoce desigualdades ante la ley cuando se fundan en los talentos y virtudes de las personas. Aquí, además, no se respeta la libertad de pensamiento de un ámbito por demás profundo e íntimo. Este texto también afecta la libertad de empresa y de asociación, cuando impone a instituciones médicas con estatutos aprobados según nuestra legislación, y que vienen funcionando desde hace más de cien años en algún caso, a realizar abortos, contrariando expresamente sus principios fundacionales.”

“El proyecto, además, califica erróneamente y de manera forzada, contra el sentido común, el aborto como acto médico, desconociendo declaraciones internacionales como las de Helsinki y Tokio, que han sido asumidas en el ámbito del Mercosur, que vienen siendo objeto de internalización expresa en nuestro país desde 1996 y que son reflejo de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física.”

“De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar sola. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto.”

VIII.- El Protocolo de las Provincias

La Corte en “F., A.L.” exhortaa implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”, y “a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente” ; lo que para el niño o la niña por nacer sería “criminalizar” la cuestión. El dictar normas para que en el futuro se pueda abortar, con la sola declaración jurada de la madre o su representante legal, es legalizar el aborto y arrogarse una atribución propia del Congreso, desconociendo lo que dispone la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos antes citados.

En consecuencia, las provincias no tienen por qué seguir el criterio que pretende imponer la Corte Suprema respecto de los protocolos de actuación del personal médico de los hospitales, aunque a ellos se les reconozca el derecho a la libertad de conciencia, ya que ello es facilitar el accionar que atenta contra el derecho a la vida del niño durante el embarazo.

Algunas provincias, como la de Córdoba, aprobaron un protocolo para hacer efectivo el juramento de la madre que quiere justificar la práctica abortiva fundada en que ha sido violada, siguiendo la exhortación hecha por la Corte Suprema en el fallo antes comentado.

Ello fue judicializado en el caso “Portal de Belén Asociación Civil c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/amparo” donde el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, Federico Ossola, rechazó el amparo que pedía la inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal y la Resolución 93/12 del Ministerio de Salud, regulatoria de las practicas que debía seguir la mujer que quiera abortar afirmando que fue violada. Además declaró inaplicable por inconstitucional la clausula de la Resolución impugnada que preveía como único requisito para que se le practique un aborto a la solicitante sea la presentación de una declaración jurada.

El 21 de mayo de 2013 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación revocó parcialmente el fallo de primera instancia     y ordenó a la demandada que “se abstenga de aplicar las disposiciones de la Resolución del Ministerio de Salud N° 93 del 30 de marzo de 2012 y su anexo I denominado “Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, según lo establecido en el artículo 86 incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación” que se declara inconstitucional.

En el voto del doctor Guillermo Barrera Buteler se afirma que: “El hecho de que el legislador penal haya eximido de pena a determinada conducta no necesariamente la transforma a ésta en una conducta lícita y, menos aún, en un derecho exigible“. Que ” (…) existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla”. Que además la Resolución ministerial y su Anexo (…),”según lo establecido en el artículo 86 incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación” es claramente inconstitucional porque el Poder Ejecutivo local se ha excedido en sus atribuciones ya que, aún con el propósito de ajustarse estrictamente a los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso F.A.L., no podía dictar una norma reglamentaria que abiertamente contradice, no sólo el espíritu, sino la letra explícita de los arts. 5 inc. b) y 7 inc. d) de la Ley 6222.” Continua el voto afirmando que “Ha quedado de manifiesto entonces que la resolución ministerial de que se trata es inconstitucional, no sólo porque al contradecir la ley provincial 6222, violenta el reparto de atribuciones entre los poderes del Estado Provincial, sino además y sobre todo, porque en su contenido se aparta abiertamente del mandato de los arts. 4, 19 inc. 1° y 59 de la Constitución Provincial de respetar y proteger la vida de los niños por nacer.

Otro de los párrafos del fallo dice que “Si el Congreso de la Nación tiene potestades delegadas para legislar en materia penal, sólo él puede determinar cuándo una conducta es merecedora de sanción penal y cuándo no lo es. Ahora bien, el hecho de que el legislador penal haya eximido de pena a determinada conducta no necesariamente la transforma a ésta en una conducta lícita y, menos aún, en un derecho exigible.” Y agrega: “De ahí que es innegable que existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla, pero la distancia es todavía mayor si lo comparamos con reconocer el derecho a que se proporcionen los medios materiales para ejecutarla.” Dice también que: “(…) el Código Penal no otorga una autorización para abortar en los casos de los incisos del art. 86 ni, menos aún, confiere un derecho a hacerlo; se limita a disponer que en esos casos no habrá sanción penal, pero eso no obsta a la plena vigencia de las normas civiles y de Derecho Público local que siguen regulando las consecuencias no penales de esos abortos como actos antijurídicos que continúan siendo, aunque se los haya eximido de pena.

El voto dice además que: “No porque el legislador nacional haya dispuesto que, en ciertas condiciones, no es punible el aborto, éste deja de ser la privación de la vida de un niño.” Y, agrega, que: “(…) el Gobierno Federal puede decidir si desincrimina o no el aborto en determinadas circunstancias, pero de ahí a imponerle a la Provincia que, a través de sus instituciones sanitarias, deba acudir en auxilio material y positivo de quien desee cometer el aborto, hay una inmensa distancia, máxime cuando esto es clara y manifiestamente reñido con disposiciones explícitas de la Constitución local.” Para decir también: “De ahí que se verifica con toda claridad que la vigencia de dicha reglamentación administrativa constituye una amenaza inminente y grave para el derecho a la vida de los niños por nacer y, como la incompatibilidad con la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales salta a la vista sin necesidad de mayor debate o prueba, estamos frente a un supuesto de ilegitimidad manifiesta del acto lesivo, que torna procedente sustancialmente la acción de amparo intentada”.

XI.- La Objeción de conciencia

Norberto Padilla ha dicho, además, que “La Corte no omitió mencionar el serio tema de la objeción de conciencia. A la manera de proyectos legislativos en danza, supedita su procedencia a que sea ejercida “en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades del establecimiento de salud correspondiente”. Curiosa forma de inmovilizar la conciencia, ya que si con el correr del tiempo, quizás después de practicar varios abortos, quizás tras una nueva reflexión ética o religiosa, el profesional replantease sus pautas morales, se vería imposibilitado de ser atendido y respetado. Esta restrictiva visión de lo que es la objeción de conciencia “impropia” (en tanto determinada anticipadamente por una norma o se haya, como aquí, “judicializado”) ciertamente no invalida la que es “propia”, cuando la persona tiene la necesidad de conformar su actuar a imperativos de conciencia aunque sea “contra legem”, que es el supuesto más analizado por la doctrina y jurisprudencia”. Un médico o una enfermera, entonces, que no haya invocado la objeción de conciencia “al inicio de la actividad del establecimiento” estaría obligado a practicar un aborto de una madre con un embarazo de 8 meses y medio con solo solicitarlo con una declaración jurada; algo que se parece mucho a matar a un recién nacido. En su comentario Padilla agrega que: “Dado que “todos” los establecimientos que atienden embarazos y partos están obligados a contar con los medios humanos y técnicos, la llamada “objeción de conciencia institucional” no está contemplada. El argumento que suele utilizarse es que la conciencia es de las personas físicas, no de las jurídicas.”

El Papa Francisco le dijo a los médicos:La fidelidad al Evangelio de la vida y al respeto de la misma como don de Dios requiere a veces opciones valientes y contracorriente que, en particulares circunstancias, pueden llegar a la objeción de conciencia“, a les agregó que: “el aborto no es un problema religioso, ni filosófico, sino científico” porque “es una vida humana y no es lícito liquidar, matar una vida humana para resolver un problema“.[6][7]

X.- Conclusión

Las razones expresadas en defensa de la vida del niño o de la niña por nacer me parecen que son más que suficientes para que las personas y los gobiernos la respeten y faciliten su nacimiento, incluso cuando la madre haya sido violada. Igualmente el dolor que sufre la madre por un embarazo no querido o fruto de una violación debe ser atendido por los que la rodean y por instituciones dependientes del Estado, sin atentar contra la vida del ser que va a nacer.

Córdoba, septiembre de 2016.

[1] Diputados: Victoria Donda Pérez, Carolina Gaillard, Alcira Argumedo, Myriam Bregman, Alicia Ciciliani, Margarita Stolbizer, Carla Carrizo, Soledad Sosa, Cecilia Moreau, Juan Villalonga, Carlos Heller, Julio Raffo, Samanta Acerenza, Brenda Austin, Karina Banfi, Miguel Bazze, Graciela Cousinet, Lucila De Ponti, Edgardo Depetri, Alejandro Echegaray, Gabriela Estévez, Araceli Ferreyra, Leonardo Grosso, Andrés Guzmán, Silvia Horne, Pablo López, Federico Masso, Raúl Pérez, Néstor Pitrola, Héctor Recalde, Olga Rista, Gabriela Troiano, Marcelo Wechsler, Sergio Wisky.

[2] Bianchi, Alberto B., En contra del aborto. Un genocidio cotidiano, silencioso y protegido, Ábaco, Buenos Aires, 1998, pp. 120 y 121.

[3] Rosatti, Horacio D., “El Llamado ‘Control de Convencionalidad’ y el ‘Control de Constitucionalidad’ en la Argentina”, en La Ley, Suplemento Constitucional, N° 1, 13 de febrero de 2012, p. 4. Rosatti concluye de modo categórico que “no es históricamente cierto que la expresión ‘en las condiciones de su vigencia’ –en referencia a la incorporación al orden jurídico argentino de los tratados internacionales sobre derechos humanos– haya sido considerada en la Convención Constituyente como un equivalente a ‘con la interpretación que de tales instrumentos realicen los tribunales internacionales competentes’” (ob. cit., p. 5).

[4] Alfonso Santiago “El desconocimiento de la igual e inviolable dignidad de la persona humana en un reciente fallo de la Corte Suprema argentina” .

[5] Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.719, Edición Oficial, págs. 268/269, Buenos Aires, 1922.

[6] Norberto Padilla “Objeción de conciencia frente al aborto”, FORUM. Anuario del Centro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, 04, año 2016. EDUCA. Pág. 29.

[7] Discurso de SS Francisco a los profesionales de la Asociación de Médicos Católicos italianos que se reunieron en el Vaticano.(15/11/14)

El debate de la reforma político electoral

Urna electoral

Urna electoral

Proceso Electoral del año 2015

– Duró 9 meses, 253 días y hasta 6072 horas: comenzó el 13 de marzo en el norte argentino y terminó el 20 de noviembre con el ballotage presidencial.

– Se votaron 30 de los 52 domingos que tuvo el año.

– En la elección a gobernador de Buenos Aires (PASO) participaron 10 fórmulas y 12 candidatos (FPV y FI presentaron 2 candidatos).

– Para las presidenciales de 2015 se presentaron 13 fórmulas presidenciales con sus precandidatos a legisladores nacionales y representantes al Parlasur.

– En 2015 se votó 6 veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: en tres ocasiones para elegir jefe de gobierno (primaria, general y una eventual segunda vuelta) y en tres para presidente.

– Además de la Ciudad de Buenos Aires hay otras seis provincias que tuvieron elecciones desdobladas: Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Chaco y Jujuy. En todas se repitió el mismo escenario: un mínimo de cuatro votaciones y máximo de seis.

– Otras provincias, como Corrientes y Santiago del Estero, recién eligen autoridades provinciales en 2017, por lo cual votaron en las nacionales.

Anuncio del gobierno del presidente Mauricio Macri

El Gobierno de Mauricio Macri prometió enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma política electoral, para:

  • crear un ente autárquico que asuma las funciones de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda;
  • adoptar la Boleta Única Electrónica (BUE), usada en las últimas elecciones de Salta y de la Ciudad de Buenos Aires, provistas por el Magic Software Argentina (Grupo MSA), cuyo presidente es Sergio Angelini; y
  • unificar las fechas de las elecciones nacionales, provinciales y municipales, abolir las reelecciones para cargos ejecutivos y terminar con los sistemas electorales de sumatoria de votos.

Proyecto de ley del PE que propone:

  • BOLETA UNICA ELECTRÓNICA
  • ELIMINACIÓN DE COLECTORAS Y CANDIDATURAS MÚLTIPLES
  • DEBATE PRESIDENCIAL OBLIGATORIO
  • MAYOR CONTROL JUSDICIAL DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
  • REGULA LA TRANSICIÓN
  • PASO: los votos se hacen dentro de una única alianza o partido,. No se eligen vicepresidentes de la Nación.

Omisiones del proyecto

  • No actualiza el número de diputados lo que incumple el art. 45 de la Constitución que establece que la cantidad de diputados de los 24 distritos electorales serán proporcionales a su población, lo que debería modificarse después de cada censo, y lo que desde hace década no se hace. Por eso Córdoba tiene 18 diputados, a pesar de tener mayor población que la Capital Federal, que tiene 25, y Santa Fe, que tiene 19.
  • Mantiene el mínimo de 5 diputados por distrito también es inconstitucional, cifra que debería ser de dos, como disponía originariamente la Constitución de 1853.
  • No adopta el voto de preferencia para las elecciones de diputados nacionales, permitiendo que los que sufragan puedan indicar alguno de los candidatos para que si tienen mayor número de preferencia pueda superar a los que se encuentran antes en la lista. Esto se parece al sistema que en1912 se estableció en la ley 8871, más conocida como Sáenz Peña, que admitía tachar y sustituir a los candidatos de la lista de diputados. La Constitución de Córdoba (Art. 78) lo establece pero nunca fue reglamentado; y la Carta Orgánica Municipal de Córdoba lo dispone para los concejales pero la reglamentación exige un mínimo del 3% de preferencias para que un candidato reemplace al que tiene antes en la lista, lo que hizo imposible su aplicación.
  • No modifico la dependencia de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, ni creó un ente autárquico lo que puede permitir que nuevamente sea manipulada por el gobierno o que dependa de un ministro que está participando de una elección, como ocurrió el año pasado cuando dicha dirección dependía del Ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo que al mismo tiempo era precandidato a presidente. La solución correcta hubiera sido que pasara a depender de la Junta Electoral Nacional, integrada por jueces, y de la Cámara Nacional Electoral, siguiendo la tradición argentina (Arts. 48 al 52 del Código Electoral Nacional – Ley 19.945 y sus reformas), y el ejemplo de Brasil. La mayor garantía de imparcialidad para evitar la injerencia del Ejecutivo o de los partidos es ponerla bajo la dirección de jueces.
  • No prevé reemplazar a la empresa multinacional española INDRA Sistemas S.A., que desde 1997 hace, a un alto costo, el servicio de diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados a nivel nacional y distrital —en el caso de simultaneidad de elecciones—, para las PASO y las elecciones de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales conjuntamente con las elecciones legislativas provinciales que se realizaron de forma simultánea y la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales, y tratar de que ese trabajo lo haga el Estado, bajo la supervisión de jueces, con lo que se votaría y se conocería resultados de las elecciones más rápido y sin necesidad de trasladar certificados y urnas. El software no debería ser de una empresa privada sino del Estado, como también ocurre en Brasil.
  • No deroga la ley Nº 26.774/12 que autorizó el voto obligatorio de los jóvenes de 16 y 17 años, eximiéndolos de sanciones si no lo hacen y de ser autoridades de mesa, siguiendo el fracasado intento que se inició en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, cuando se lo consagró, para las elecciones municipales, el voto optativo de los adolescente, No hay estadísticas sobre las últimas elecciones nacionales, pero en 2013 fueron incluidos junto a los mayores en los padrones en una proporción del 1,9 %; o sea podían votar unos 600 mil adolescentes. Pero en las elecciones municipales de Córdoba de 1999 se empadronaron sólo 1.200 jóvenes, en 2003 sólo 289; en la de 2007 se redujo a 39 y 337 se anotaron en 2011 y sufragaron sólo 108, sobre unos 60 mil que lo podrían haberlo hecho; y en 2015 se inscribieron solo 140, sobre un padrón general es de más de un millón de vecinos. Admiten este tipo de sufragantes: Cuba; Nicaragua; Ecuador; Irán -a partir de los 15 años-; Chipre, desde los 16; e Indonesia desde los 17. También lo permiten las Constituciones de Austria, Brasil, Bolivia, Ecuador; y Eslovenia -si trabajan en forma remunerada-. En Brasil en 2007 sufragaron el 1,91 % de electores de 16 y 17 años; en 2008 el 1,19%; en 2009, el 1,47% y el 2010 el 1,76%, o sea 2.391.093 votos 16 y 17 años sobre un total de 135, 6 millones.

BUE

Propone establecer la Boleta Única Electrónica para evitar que se sustraían de los cuarto oscuros las boletas múltiples y porque con este sistema se necesitan muchos fiscales de todos los partidos durante todo el día de la votación. La Boleta Única Electrónica, fue usada en los últimos comicios en Salta y la CABA, provista por Vot.ar, de la empresa, Magic Software Argentina S.A, GRUPO MSA, lo que significa dar un medio paso entre la boleta única de papel, experimentada en Córdoba (proyectada por primera vez el 16 de septiembre de 1959 por el diputado provincial demócrata cristiano Teodosio Pizarro y aplicada recién en 2011) y Santa Fe (utilizada también desde 2011), y la urna electrónica, que es la que deberíamos adoptar por ser la tecnología más eficaz y moderna empleada por las democracias con mayor cantidad de electores en el mundo (La India, Brasil y la muchos condados de EEUU). Las urnas electrónicas en Brasil ya permite identificar a los que votan con las huellas digitales (no hace falta llevar documentos de identidad) y al votar, sin boletas, se puede incluso expresar la preferencia por los candidatos a legisladores, lo que permite cambiar el orden de las listas. Urnas electrónicas con estos aditamentos es lo que nuestro país debería adoptar.

India

La República de la India tuvo en 1982 por primera vez voto electrónico en 50 de las 84 casillas instaladas en las elecciones de la Asamblea Legislativa de Kerala, un estado del sur caracterizado por ser el más alfabetizado. Pero el candidato que perdió, Shri A.C José, cuestionó ante la Corte Suprema de Kerala el uso de las Máquinas Electrónicas de Votación (EVMs por sus siglas en inglés) bajo el argumento de que ni el Representation of the People Act de 1951, ni el Conduct of Election Rules, de 1961 permitían el uso de máquinas electrónicas de votación en las elecciones en la India. El caso llegó a la Suprema Corte, que sostuvo que las EVMs no podían usarse en las elecciones si no eran contempladas expresamente en la ley por lo que declaró nula la elección (Election Commission of India 2009). En 2004 se logró que el 100% de los votos se emitiera de manera electrónica. India es la democracia más poblada del mundo con 1.210. 854. 977 habitantes, según el censo del 1/03/2011, por tener una tasa de analfabetismo del 39%, una esperanza de vida de 69.89 años. En 2004, el sistema fue utilizado por más de 600 millones de electores (Election Commission of India 2009). La votación electrónica representó un reto para las autoridades electorales pues factores como el costo de fabricación, la facilidad de uso para los electores analfabetos y parlantes de diversas lenguas, el traslado de las urnas a lo largo de un territorio de 3.287.590 km2 y a zonas rurales que no cuentan con servicios de electricidad, entre otros, llevaron al diseño de un sistema que pudiera responder a estas múltiples necesidades, sin que hubiera falla en los equipos.

La urna electrónica o máquina de votación electrónica (EVM), también conocida como tablero electrónico, reduce principalmente el costo de impresión de boletas electorales para un padrón de 714 millones de votantes. El costo es de aproximadamente 300 dólares estadounidenses por EVM, que incluye una Unidad de Control, la Unidad de Votación y una batería. El costo por máquina resulta relativamente bajo ya que éstas fueron manufacturadas por dos compañías del sector público, y con ello se consiguió el objetivo de ahorrar el gasto en impresión, almacenaje, transporte y seguridad, además del ahorro de personal en la capacitación de los escrutadores. La introducción de las máquinas de voto electrónico en las 688,000 casillas en 2004 produjeron un ahorro de 7,700 toneladas métricas del papel de seguridad utilizado para imprimir los votos, así como otros ahorros sustantivos de costos de transporte, almacenamiento y seguridad.

Brasil

En 1982, por primera vez, Brasil vivió una experiencia electoral con mecanismos de cómputo de voto electrónico. En las elecciones de 1996, 33 millones de electores usaron la urna electrónica. En 1998 dos tercios de los electores la usaron, pero su uso se implementó en todo el territorio en el año 2000. Desde entonces el sistema electoral brasileño se mantiene en constante evolución incorporando nuevas medidas para incrementar la eficiencia y garantizar la seguridad del sufragio y la elección en general.

Con más de 144 millones de electores, Brasil es la cuarta mayor democracia del mundo, en número de electores, después de la India, EUA e Indonesia. En las elecciones de octubre de 2014, en las que se eligió Presidente de la República, gobernadores de los Estados y sus vices, senadores, diputados federales y de los estados, votaron más de 115 millones de electores, en la primera ronda y más de 112 millones en la segunda. Hubo 451.000 mesas con 532.000 urnas electorales, incluyendo las que se usan para reemplazarlas. Hay 35 partidos políticos nacionales, no hay partidos locales. 40 millones de votantes usaron el registro biométrico (huellas digitales) para identificarse. Esto también se utiliza en Venezuela.

La Ley Electoral permite auditar el sistema de votación electrónica, antes, durante y después de las elecciones, lo que da credibilidad a todo el proceso. El fraude se previene, a través del bloqueo del número de la cédula; el mismo elector no puede votar más de una vez. La revisión de la carga de la información en la urna es controlada por los fiscales, antes de precintarse la misma. Emisión de una “cerésima” que es la lista de candidatos, con los votos a cero, en el inicio de la jornada electoral, lo que demuestra que no hay votos pre-registrados en la urna. Emisión de un boletín de la urna al término de la votación, en cinco copias. Desde éste año los fiscales pueden con su celular, fotografiar y enviar de inmediato a la central de su partido, con la suma o se puede hacer toda la fiscalización y la totalización final de los votos. Se eliminó el llamado “mapismo”, es decir el cambio de los datos de forma manual, porque es todo electrónico, entonces no se habla de votos, no se canta, es todo electrónico, para evita fallos humanos. En el Amazonas, los indígenas votan en urnas electrónicas y los resultados se transmiten por satélite, por eso son los primeros resultados que llegan a la capital, Brasilia, y los primeros en ser computados en la elección nacional.

Fecha, sistemas electorales y reelección.

La simultaneidad de las elecciones provinciales y municipales en una misma fecha es un buen propósito, pero es una decisión que habría que concertarla por una ley convenio con las provincias y los municipios. No estaría mal que alguna de estas elecciones no se hicieran en el mismo año, como ocurre en las provincias de Santiago del Estero (2016) y Corrientes (2017), y en algunos municipios, como el de Río Cuarto (2016), que en su Carta Orgánica así lo han establecido.

Pero en esa misma concertación habría que acordar también el terminar con las reelecciones en los cargos ejecutivos, provinciales y municipales, y con los sistemas electorales tramposos como el de las llamadas “ley de lemas y de sublemas”, de “listas colectoras”, “espejo”, de “sumatoria de votos”, o el de “acople”, como el empleado en las recientes y escandalosas elecciones de Tucumán, donde se registraron 503 partidos políticos, se presentaron 25.467 candidatos, y donde el candidato Juan Manzur lucía en 50 de los 80 acoples en los que podía optar el votante. En Formosa de las 78 boletas que había en 54 estaba el reelecto candidato a Gildo Infrán, que es gobernador desde 1995. En Santa Cruz Eduardo Costa fue votado por el 41,6%, pero la ley de lemas la gobernadora electa fue Alicia Kirchner que obtuvo 34,4%.

Ello se practica en Brasil y en otros países y obliga a los candidatos a hacer campaña electoral y depender más de los que lo votan de aquellos que confeccionan las listas, como ocurre en la actualidad.

Voto por correo, en cárceles y fuera del país

Es necesario establecer el voto por correo u otras modalidades de sufragar, incluso por Internet, para aquellas personas privadas de su libertad, para los que no puedan asistir en la fecha de los comicios a emitir su voto, para discapacitados o para los que se encuentran viviendo o prestando servicio a la Nación fuera del país.

En Estados Unidos se usa el voto por correo para lo que no lo pueden hacerlo el día de las elecciones, y por internet para los militares que prestan servicio en el exterior.

Otros temas

Quedan en el tintero algunos temas conexos que merecería un largo tratamiento como el depurar los padrones, las PASO, las consultas populares, los partidos políticos, las alianzas, el financiamiento de la política, la veda, los debates de los candidatos, el uso de la cadena oficial, redes sociales y los medios de comunicación del Estado y la comunicación en general, etcétera, que podríamos desarrollar y discutir en otra oportunidad.

A 200 años de la Declaración de nuestra Independencia, a 163 del dictado de la Constitución, a 100 años de la primera elección regida por la Ley Sáenz Peña y a 33 de haber recuperado la Democracia, se impone no sólo resolver algunos defectos o abusos que se han producido en las últimas elecciones, sino que se hace necesario abrir un debate para hacer una reforma electoral de fondo, que sirva para rehabilitar la política y para que el pueblo se sienta mejor representando.

Sobre este propósito es bueno recordar a Esteban Echeverría cuando decía que la: “Democracia no es una forma de gobierno, sino la esencia misma de todos los gobiernos republicanos o instituidos para el bien de la comunidad (…). La democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases.”

Córdoba, Agosto de 2016.

El desborde de la autonomía municipal y el principio de subsidiariedad

Arco de Córdoba

Arco de Córdoba

SUMARIO: Introducción. “Autonomía” judicial. Lo institucional. Finanzas. Nuevas necesidades. La seguridad pública. Políticas sociales, culturales y ecológicas. Conclusión.

INTRODUCCIÓN

El principio de subsidiariedad es caro a la doctrina social de la Iglesia y el mismo indica que “las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (subsidium) – por tanto de apoyo, promoción y desarrollo- respecto de las menores(…) A la subsidiariedad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional, legislativa, ofrecidas a las entidades sociales más pequeñas, corresponde una serie de implicancias en negativo, que imponen al Estado abstenerse de cuanto restrinja, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad, no deben ser suplantadas.”

“El principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Ese principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad (…)

“Con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público (…)” (“Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”, Pontificio Consejo Justicia y Paz, página 128, Conferencia Episcopal Argentina, 2005)

Si revisamos nuestra génesis institucional veremos que la organización política de nuestras villas o ciudades, el cabildo, fue la institución estatal que mayor arraigo e importancia tuvo mientras fuimos parte del Reino de España, la legislación de indias así lo certifica.

Alrededor de los cabildos de las ciudades más importantes se diseñaron el Virreinato del Río de la Plata y las gobernaciones intendencias, durante la época de los Borbones, y de la división de estas surgirán, en el periodo patrio, las provincias. El primer gobierno patrio de 1810 nace en el Cabildo de Buenos Aires y las Legislaturas de las provincias vendrán a reemplazar a los cabildos de las ciudades capitales de las mismas.

La Constitución de la Confederación Argentina 1853 será sancionada en Santa Fe por los representantes de trece provincias, a las que se le agregará Buenos Aires, luego de ser derrotada en la Batalla de Cepeda, de la firma del Pacto de San José de Flores en 1859 y de la reforma de la Constitución de 1860. Trece de las catorce provincias fundadoras tuvieron por capital una ciudad cabildo.

Las graves dificultades y el tiempo que insumió, antes y después de 1853, el “constituir la unión nacional”, primer objetivo del Preámbulo de la Constitución, demoraron la implementación adecuada del “régimen municipal” encomendada a las Constituciones provinciales (artículo 5), y durante mucho tiempo se discutió en las mismas si los municipios eran entes desconcentrados de la organización del estado provincial, o sea entes autárquicos, o si eran una forma de descentralización política, con autonomía, o sea un tercer escalón de la organización estatal.

Este debate concluyó con la reforma de la Constitución de 1994, donde se dispuso que las provincias dicten sus constituciones conforme a lo dispuesto por el artículo 5 “asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.” (artículo 123) En consecuencia, los municipios autónomos, como tercer nivel del Estado federal, se dan sus propias normas, eligen sus autoridades, y se gobiernan y administran a sí mismos, dentro del marco de su competencia poblacional, territorial y material.

En algunas provincias el progreso ha sido significativo y la autonomía y la extensión de sus atribuciones ha sido notable, si la comparamos con los alcances que tenían antes del ciclo de reformas de las constituciones provinciales iniciado en 1986 y que en Córdoba se dio en el año siguiente. Este proceso autonómico se desarrolló aún más con el dictado de cartas orgánicas municipales que se hicieron en muchas ciudades del país, y se consolidó con la reforma de la Constitución Nacional de1994. Algunas provincias conservan el régimen anterior, de escasa autonomía y de gran dependencia de las provincias ya que no se han adecuado al plan autonómico de los constituyente de 1994 (v.gr.: Buenos Aires –con municipios partidos-, Mendoza, San Juan y la Rioja –con municipios departamentos-).

El despliegue y ampliación de las competencias de los municipios, como el escalón estatal más cercano a la gente, no ha cesado a pesar del reconocimiento de su autonomía que han hecho las constituciones y leyes provinciales en los últimos tiempos. Sin embargo las políticas centralistas, especialmente por el desmesurado crecimiento de la “caja” del Gobierno Nacional, han creado serios inconvenientes para el ejercicio de sus competencias y para hacerse cargo de los nuevos requerimientos que hacen los vecinos y que corresponde asumir a las autoridades comunales por el principio de subsidiariedad.

Así como los órganos ejecutivos de los gobiernos nacional, provincial y municipal acumulan “superpoderes” y mayores competencias, es también notable las demandas ciudadanas a las autoridades municipales para que asuman mayores atribuciones de las que tienen para solucionarles sus problemas más acuciantes, en razón de la más directa y estrecha relación y compromiso que hay entre representados y representantes. Este desborde que motivan los requerimientos ciudadanos nos obliga a replantear y buscar encausar la cuestión, inspirados siempre en el principio de subsidiariedad.

Hoy podemos decir que este catálogo de atribuciones se ha tornado insuficiente y seguramente en posteriores reformas deberá ser ampliado.

 

“AUTONOMÍA” JUDICIAL

A los cinco órdenes de autonomía declarado por la Ley Fundamental (artículo 123) se agrega la “jurisdiccional” o judicial, que sólo le fue reconocida al mayor de los municipios, o a esa devaluada provincia, que jurídicamente se engendró en la Convención de 1994 con el nombre de ciudad “autónoma” de Buenos Aires (Artículo 129).

Esta omisión hizo que en las constituciones provinciales y en los demás municipios se creara una “justicia administrativa”, para atender cuestiones de faltas, contravenciones y, en algunos casos, tributarias, que no integran ninguno de los tres poderes judiciales que la Constitución admite, y que son la Justicia provincial, la federal y la de la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué son entonces estos “juzgados” administrativos?

Los que distinguen “justicia” de “jurisdicción” – transpolando una distinción que se hace, generalmente, en los sistemas parlamentarios donde no hay la división de poderes ni un Poder Judicial, como en los presidencialista- atribuyen a los jueces de la Constitución la primera, y a los llamados “jueces” administrativos, la segunda, lo que para nosotros es un juego de palabras que nada aclara y mucho confunde, pero que se hace para eludir la terminante prohibición de nuestra Constitución Nacional cuando expresa: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas” (artículo 109) y que se repite en las constituciones provinciales, en algunos casos en forma más terminante, como en la de Córdoba donde se afirma, para no dejar dudas al respecto, que “El ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Provincia.” (Artículo 153).

Por todo ello, para nosotros, los “jueces” administrativos son, como indica la palabra, meros órganos administrativos, que no ejercen función judicial o jurisdiccional. Las constituciones y leyes provinciales no han sido claras en definir su carácter cuando han hecho mención de los mismos (ver artículo 187 de la Constitución de Córdoba). Para lo contencioso administrativo y los conflictos de competencia municipal dichas normas les atribuyen competencia a los tribunales provinciales, pero para las faltas y contravenciones hay estos llamados “jueces” administrativos, cuyas decisiones, no son sentencias judiciales, sino actos administrativos, que como tales pueden ser impugnados y anulados por la Justicia provincial.

Los juzgados de falta municipales son creados por ordenanza por lo que la necesaria estabilidad de sus “jueces” termina, en muchos casos, con la derogación de la ordenanza y la sustitución por otra.

El abuso que de los juzgados de falta hacen las empresas cobradoras de multas, que emplean cámaras fotográficas en las rutas para detectar faltas de los conductores de automóviles, que son contratadas por algunos municipios y que se llevan un importante porcentaje de la recaudación de dichas multas, son una demostración de su débil “autoridad”, imparcialidad y eficacia de dicho juzgados.

El Tribunal administrativo municipal fiscal establecido en la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba (Artículos. 104 a 108) afortunadamente fracasó en su implementación y quedó como letra muerta en su texto.

Las provincias deberían prever, acordando con los municipios, la creación de tribunales vecinales que atiendan, además de causas que no merezcan ser atendidas por los colapsados jueces de primera instancia actuales, las faltas provinciales y municipales. Así lo proyectamos, sin éxito, en la Convención Constituyente de 1995 para la Carta Orgánica Municipal de Córdoba.

Los Tribunales de Cuentas, heredados de las leyes de indias, abolidos a nivel nacional y de algunas provincias, pero que se conservan todavía a nivel municipal, no son tribunales -ni judiciales ni administrativos- sino contralorías, y deberían ser adecuados en su composición, forma de designación, y competencias, a éste carácter, que predomina ampliamente en la mayoría de las constituciones de América. La ampliación del número de sus integrantes, como lo hizo la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba, y la electividad de los mismos, sólo se justifica por la necesidad de aumentar el número del personal político.

 

LO INSTITUCIONAL

La exigencia de que en los concejos deliberantes haya una mayoría de la mitad más uno de concejales de la lista electoral que obtenga la mayor cantidad de sufragios, aunque ello exceda lo que por el sistema proporcional le corresponde, es una imposición inaceptable, como lo que dispone el inciso 3 del artículo 183 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

Es necesario que los Concejos Deliberantes sancionen códigos de ética y creen una Junta de Ética de los funcionarios políticos de los municipios para despejar dudas respecto de sus conductas, remuneraciones, gastos de representación, viáticos, incompatibilidades, manejo de recursos públicos, declaraciones juradas, premios, donaciones y sanciones que merezcan por el transgredir las mismas.

La informatización del gobierno y la administración municipal deben hacerse para que en las elecciones se vote en urnas electrónica y en los escrutinios se emplee igual tecnología; para facilitar la publicidad de los actos de gobierno especialmente desde las páginas Web; agilizar el funcionamiento y los trámites; hacer más transparente la ejecución del presupuesto, las contrataciones y las licitaciones. El uso del llamado pregón informático, empleado en Brasil, podría ser una mejora en la transparencia de las compras de bienes y la contratación de servicios ( verwww.pregao.sp.gov.br/legislacao/leifederal/lei10520.htm).

La difusión y publicación de las obras, servicios y actividades del municipio y las indicaciones que el mismo quiera hacer por los medios de comunicación masivos o las redes sociales no podrán hacerse para favorecer ni castigar a ninguno de ellos, ni a ningún partido político, empresa, ONGs. o persona o grupo de personas en particular.

En la Provincia de Córdoba donde hay 250 municipios y 177 comunas, o sea 427 gobiernos locales hay que encontrar mecanismos más expeditivos para determinar los límites y extensión de los radios municipales y las creaciones de nuevas comunas, como para que éstas se puedan convertir en municipios, y crear ámbitos de negociación y mecanismos que puedan zanjar los conflictos que se susciten por estos motivos.

En los municipios que tengan radios municipales extensos y, en los mismos, haya barrios o zonas en la que habitan comunidades que merezcan autarquía se deberían crear comunas, como lo propusimos para la Municipalidad de Córdoba -en base a la estructura administrativa de los Centros de Participación Comunal (CPC)- en la Convención Constituyente que sancionó su Carta Orgánica en 1995, siguiendo el criterio descentralizador de las grandes ciudades de América. Dichas comunas deberían tener autoridades, elegidas por los vecinos, con competencias descentralizadas, y no ser un conjunto de oficinas desconcentradas, como lo son hoy los CPC dependientes del Intendentes. En la CABA ya se lo implementó y hay 15 comunas con autoridades elegidas por el pueblo.

En el año 2004 se promulgó la Ley Orgánica de Regionalización de la Provincia de Córdoba Nº 9026 por el que se han organizado las comunidades regionales departamentales de municipios y comunas, con distinta suerte. Algunos están presididos por el legislador del departamento, que lo integra según dispone dicha norma, como en Calamuchita, Unión y Pocho.

En la provincia de Córdoba se creó la Mesa de trabajo Provincia- Municipios, que participan el gobierno provincial e intendentes de distintas ciudades; también existe o existieron un Ente de Cooperación Recíproca de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba, intendentes o presidentes son de la Unión Cívica Radical; y Fe.Mu.Cor. (Federación de Municipios y Comunas de Córdoba) que agrupa a los intendentes del Frente Cívico.

Podrían, además, darse acuerdos o asociaciones de municipios de provincias vecinas o integrantes de regiones interprovinciales, como por ejemplo la Región Centro.

Se han creado, además, entes regionales intermunicipales en la provincia de Córdoba, como el Ente Intercomunal de Desarrollo Regional (ENINDER) que preside el intendente de Villa María, fundado el 13 de julio de 2000 por 7 municipios para tercerizar el cobro de tributos y luego se transformó en un ente de desarrollo que ahora integraban 24 municipios y 5 comunas de varios departamentos de la provincia de Córdoba; la Asociación Interinstitucional para el Desarrollo del Sur de Córdoba (ADESUR) que integraban la Universidad Nacional de Río Cuarto, y 36 municipalidades y comunas; y el Ente Intercomunal para la promoción del Norte Cordobés (EINCOR), integrado por municipios y comunas de diez departamentos del centro-norte de la Provincia de Córdoba; para establecer en los mismos reglamentos que permitan una gestión y manejo de fondos eficaz y transparente, y evitar que a través de dichos entes se eluda el sistema de contratación y el necesario control que deben hacer los concejos deliberantes y los tribunales de cuentas.

Lamentablemente el nuevo Código Civil y Comercial omitió declarar a las regiones interprovinciales ni a las intermunicipales como personas jurídicas de derecho público.

Igual cuidado merecen las regulaciones y gestiones de las algunas veces cuestionadas sociedades del estado (v. gr.: TAMSE , Trasporte Automotor Municipal Sociedad del Estado, CRESE, Córdoba Recicla Sociedad del Estado, y ahora el Ente (autárquico) de Servicios y Obras Públicas (ESOP), en la ciudad de Córdoba ) o de economía mixta (como ocurrió con: GAMSUR SEM: Gestión Ambiental del Sur – Sociedad de Economía Mixta, empresa dedicada al diseño y operación de Servicios Integrales para la Gestión y Protección Ambiental y Urbana y SEMIUSUR, Sociedad de Economía Mixta para la prestación de los servicios de Alumbrado Público y Semaforización, creadas ambas por iniciativa de la Municipalidad de Río Cuarto en el año 2001) que se creen y funcionen en la órbita de los municipios.

Es importante que los Municipios establezcan marcos regulatorios y creen entes reguladores de los servicios públicos que prestan.

La banca del vecino en los Concejos Deliberante –como está previsto, por ejemplo, en la Carta Orgánica de Río Cuarto- , el historiador de la ciudad –como existe en La Habana y demás ciudades de Cuba- y el defensor del pueblo (o del Vecino como propusimos sin éxito para la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba cuando fui constituyente en 1995); son instituciones a las que puedan recurrir los vecinos para quejarse y peticionar por el accionar del gobierno, la administración y los servicios que preste el municipio, o la preservación del patrimonio cultural, con legitimidad activa para accionar judicialmente en el caso del defensor del pueblo, como indica el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional. En la Carta Orgánica de Villa Carlos Paz el defensor es elegido por el pueblo

El empleo de la iniciativa y la consulta popular deben ser facilitadas para que haya una mayor participación de los vecinos en la toma de decisiones para lo cual no deberá descartarse el empleo de los medios informáticos como Internet en los lugares donde ello sea factible.

Los municipios deben impulsar la creación de consejos de partidos políticos, económicos sociales, de la cultura, interreligiosos, de la juventud con el objeto de coordinar actividades y proponer normas, obras o actividades que tengan que ver con sus propios fines.

El otorgar la personería jurídica de los centros vecinales y el control institucional de los mismos debe ser competencia de los municipios que tienen Carta Orgánica, como quedó establecido en el artículo 183 inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, pero que nunca se reglamentó. Esto quedó muy claro cuando fundamenté su incorporación en la Constitución en la Convención Constituyente de Provincial en 1987.

El estímulo a las actividades del voluntariado deben ser políticas municipales.

 

FINANZAS

Los municipios y comunas deben disponer de los recursos financieros que sean necesarios para cubrir todos los servicios que prestan y deben prestar para lo cual hay que hacer una redistribución de las competencias en materia de impuestos, tasas y contribuciones; establecer fondos de asignaciones específica por parte de las provincia y un más justo sistema de coparticipación. El acceso al crédito debe también estar al alcance de los municipios.

La gran conquista que significó para el municipalismo en la Convención Constituyente de Córdoba en 1987 de que en el artículo 188 inciso 3 estableciera el piso del veinte (20%) por ciento al menos de coparticipación impositiva federal y provincial hoy parece insuficiente.

Los municipios, como consecuencia de la estrechez financiera que los agobia, han creado en los últimos tiempos tributos para cubrir sus necesidades financieras de dudosa constitucionalidad y que son análogos a los prohibidos por la ley de coparticipación federal, como son:

  1. El llamado “impuesto a la valija”, que grava a las empresas de “extraña jurisdicción” con una tasa de comercio e industria que a veces es llamada de “inspección e higiene”;
  1. El de publicidad y propaganda, que grava no sólo a los avisos o carteles que están en la vía pública sino también en el interior de comercios, cines, etcétera, y que pretenden cobrar el “control previo de moralidad, legalidad y buenas costumbres” de dichas publicidades;
  1. En Río Cuarto se discute ahora el establecimiento de una tasa que grave a la publicidad gráfica en la vía pública de las “empresas foráneas, las multinacionales”, que abarcaría a los letreros en paredes, heladeras, exhibidores y vidrieras, carteles salientes, marquesinas, toldos, sean los carteles luminosos o no, en vehículos de reparto, en las tarjetas e crédito, por los carteles que colocan en los negocios, las cabinas telefónicas, en banderas, avisos de remate, publicidad móvil, folletos de cine o volantes, avisos de estadios, miniestadios o espectáculos deportivos, pasacalles, a través de promotoras;
  1. El de “pesas y medidas”;
  1. El que grava la circulación de instrumentos y valores que participan de sorteos, aún cuando los bonos obsequios sean gratuitos, y el sorteo se haga fuera del municipio; y
  1. El que grava a los remates y ferias de hacienda.

La crisis financiera global ha demostrado que los gobiernos democráticos necesitan contar con una organización estatal eficaz. Para conseguirlo no estaría mal comenzar a hacerlo desde abajo hacia arriba, a partir de los municipios.

Las experiencias de presupuestos participativos tienen que ser profundizadas para que haya mayor injerencia de los vecinos en su confección.

Los proyectos de creación de bancos, por y entre municipios, se reiteran en el tiempo. En Rosario existe una Banco municipal, como existe en la ciudad de Buenos Aires desde que era municipio. Estos cuatro intendentes pretenden, también, canalizar por sus municipios recursos nacionales para la construcción de viviendas.

 

LAS NUEVAS NECESIDADES

Pero, aparte de esta zona gris, los recientes reclamos de vecinos a las autoridades municipales se reiteran pidiendo la solución a los problemas de la pobreza; la vivienda; la seguridad; los incendios; la educación; la salud; la protección a la niñez, a la adolescencia, a la vejez, a la discapacidad, y a la rehabilitación de presos y adictos; la drogadicción; el traslado, enterramiento y reciclado de las basura; contaminación visual, sonora, del aire, del agua y de los alimentos; uso del espacio público; control y regulación del juego; la obtención de documentos de identidad; el tránsito y transporte urbano; etcétera; los que para ser atendidos necesitan de un proceso descentralizador, que se les deleguen facultades, desde la Nación y las provincias, junto a mayores recursos financieros -propios o coparticipados- para cumplir con estos cometidos.

El principio de subsidiariedad, básico en el Estado federal, así lo exige.

Esto excede, con creces, el tradicional ABL (alumbrado, barrido y limpieza), que por décadas definió las materias de competencia municipal; y, también, el más amplio que se desplegó, cuando se consagró la autonomía de los Municipios, durante el ciclo de reformas constitucionales iniciado en 1986.

 

SEGURIDAD PÚBLICA

El grave problema de la seguridad hace imprescindible reconocerle mayores atribuciones a los municipios. Los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires han creado policías que responden al gobierno de la ciudad autónoma y de los municipios de dicha provincia. En este caso la ley 13.210, reglamentada por el Decreto 2419, de la provincia de Buenos Aires autorizó la creación policías comunales de seguridad en los municipios que no excedan los 70.000 habitantes, las que tendrán un jefe de policía elegido por el pueblo y que dura 4 años en el cargo. Esta reforma no ha tenido continuidad en su implementación

El personal policial, que prestan servicios en territorio municipal o comunal en la provincia de Córdoba, no responde al mando de sus intendentes, y su colaboración, a veces, deja mucho que desear, por eso es imprescindible crear mecanismos eficaces de coordinación o que se creen policías municipales, como en los casos señalados anteriormente y que hasta el momento no han podido terminar de concretarse.

Las exigencias de pagos de adicionales por parte del personal policial o el pedido de combustible para sus vehículos, para colaborar con las autoridades municipales es moneda corriente.

La seguridad no es un problema exclusivamente policial, también lo es de los centros vecinales, y tiene que ver con la atención a los sectores marginales, a las villas de emergencia; con el desyuye de baldíos; el alumbrado público adecuado; con la reeducación, reinserción social y laboral de los presos alojados en cárceles, o que cumplen prisión domiciliaria, o están en regímenes de prelibertad o libertad condicional, o que hayan cumplido su condena en jurisdicción comunal; todo lo cual amerita extender la gestión municipal también al área de la seguridad pública.

Las autoridades municipales deben promover y participar en los consejos vecinales de seguridad que se forman en algunos barrios o territorios municipales azotados por inseguridad. En el municipio de Elena, del departamento Río Cuarto, en algún momento los vecinos patrullan las calles velando por la seguridad de la población.

 

POLÍTICA DE PERSONAL

Las relaciones de los municipios con su personal deberán ser encausadas a través de mecanismos que faciliten la negociación colectiva.

Los conflictos entre los municipios y sus empleados o los sindicatos de su personal, y las huelgas que puedan darse, luego de agotadas las instancias locales, deberán ser llevados a instancia de conciliación ante las autoridades provinciales, a través del Ministerio de Trabajo, como ocurrió en los conflictos entre la Municipalidad de Córdoba y el SUOEM, para lo cual debería dictarse una ley provincial que lo autorice, en la que se prevea la conciliación obligatoria, ya usada en los referidos conflictos y se definan lo que significan los servicios esenciales que no pueden de dejar de prestarse en tiempo de huelgas, asambleas, retención de servicios, etcétera.

Es importante que el personal sea contratado con estabilidad teniendo en cuenta su idoneidad, a través de concursos, y que se termine con la proliferación de personal contratado, transitorio, interinos, monotributistas, beneficiarios de planes sociales u otras formas de personal inestable, que en muchos casos se mantienen por muchos años.

Igualmente en materia de remuneraciones debe terminarse con los pagos en negro y sin hacerse los aportes jubilatorios.

 

POLÍTICAS SOCIALES, CULTURALES Y ECOLÓGICAS

La administración de planes sociales es otro tema a tener en cuenta, especialmente cuando los mismos se financian con fondos de la Nación o de otras jurisdicciones, ejemplos: Plan Familias, Jefas o Jefes de Hogar, Vale lo Nuestro, pensiones no contributivas o Programa Nacional de Seguridad Alimentaría.

La organización, regulación y los subsidios al transporte público de pasajeros es otro de los temas que ocupan a las autoridades municipales, dentro de la competencia más genérica que tienen en materia de circulación de personas y vehículos, otorgamientos de carné de conductor y control y sanción de los infractores. Los subsidios en esta materia son otorgados inequitativamente.

La atención a las personas “en situación de calle”, a los “cartoneros”, a los asentamientos en villas de emergencia, y otras formas de indigencia y pobreza hacen necesario que los municipios cuenten con el manejo o la participación en políticas sociales y recursos que permitan atenderlos adecuadamente.

La ocupación indebida del espacio público necesita de una autoridad comunal fuerte, con un auxilio eficaz de la fuerza pública

La tenencia de animales en zoológicos, en casas o departamento y su tránsito por las vías o espacios públicos merece ser regulados por los municipios.

En materia de incendios y emergencias los bomberos profesionales o voluntarios deben depender de los municipios, como lo propusimos, sin éxito, en la Convención que dictó la Carta Orgánica de la Municipal de Córdoba en 1995; y los impuestos y el fondo del manejo del fuego, establecido por ley de la provincia de Córdoba, deben ir a las arcas comunales. Las provincias debe seguir con la tarea de formar bomberos y coordinar la acción de los mismos cuando los incendios excedan los radios municipales, aportando medios y recursos, como aviones, vehículos y otros elementos, que las unidades locales no disponen.

Los municipios deben tener mayor injerencia en la autorización o no de casinos y locales juego en su jurisdicción, los horarios en que funcionan y todo lo que tiene que ver con control del juego, legal e ilegal. También deberían tenerlo en el control y registración de quienes no puede acceder a los locales de juego y rehabilitación de los que padecen ludopatía.

El consumo de tabaco, de drogas y los problemas del alcoholismo cada día exigen una mayor participación de los municipios, especialmente en la prevención, contención y rehabilitación.

Los servicios de cloacas y los tributos que se cobraban para ello fueron municipalizados hace años en la ciudad de Córdoba y poco se ha hecho hasta ahora para extender la red que presta este servicio.

A pesar de los avances de la tecnología informática, todavía depende de órganos administrativos o policiales con sede en la ciudad de Buenos Aires los trámites para obtener o renovar los documentos de identidad (como los DNI, cédulas de identidad y pasaportes), con la consiguiente demora y costo que ello significa, cuando los mismos debería hacerse en los Registros Civiles provinciales o municipales, si dispusieran de mayores atribuciones. A esto habrá que sumar los carné de conductor, que ya están nacionalizados.

El establecimiento de registros de uniones de personas del mismo sexo, de violadores (se acaba de dictar una ley provincial que lo crea) o de residentes recientemente arribados al municipio no son ni deben ser materia que deban regular los municipios.

En lo cultural los municipios deben estimular las actividades artísticas, y tener políticas conservacionistas, que tiendan a preservar lugares, edificios, obras y objetos históricos o expresiones artísticas que haya en su jurisdicción. Los museos, teatros y centros culturales, como los festivales y convenciones que se celebren, merecerán la atención de las autoridades comunales.

La educación política y cívica debe también ser materia de atención de los poderes municipales.

La educación inicial y de adultos, como la atención primaria y prevención de salud deben ser atendidas por los municipios. La Municipalidad de Córdoba cuenta con 38 escuelas municipales primarias y para adultos, que podrían pasar a la provincia. El PAICOR es un servicio de alimentación de los alumnos de los colegios que está siendo descentralizado por la provincia a algunos municipios y comunas

La preservación del ambiente merece políticas que extiendan y cuiden la forestación, los cursos de agua, los espacios verdes, parques, plazas, viveros, y que eviten la contaminación del aire, el agua, visual o sonora. La recolección, transporte y depósito de basura y de material tóxico, contaminante o peligroso para la salud de la población debe ser prudentemente regulado y gestionado

El turismo es otra de los temas que no puede estar ausente en la agenda política de los municipios en los se desarrolle esta industria.

En los que haya una o varias empresas emblemáticas; como ocurre con ARCOR y otras complementarias, en Arroyito, o Aceitera General Dehesa, en la Municipalidad de General Dehesa, o cuando en los mismos se desarrollen actividades económicas, deportivas, culturales o religiosas significativas los respectivos municipios no podrán ser ajenos a los mismas y deben aportar para su mejor desarrollo y velar por los beneficios que pueda de las mismas obtener la comunidad.

 

CONCLUSIÓN

Aparece como indispensable, a 33 años de la recuperación de la Democracia Constitucional, revisar el reparto federal de atribuciones, que le corresponden de las autoridades federales, provinciales y municipales, y de las administraciones y entes que la complementan, para que los servicios que prestan sean más eficaces, menos costos y mejor controlados. Ello hará necesario redistribuir mejor los recursos financieros.

Por todo lo dicho, y en aplicación del principio de subsidiariedad, los municipios y comunas deberán ampliar el campo de sus competencias, para lo que necesitarán ser provistos de recursos fiscales adecuados y suficientes.

El bien común a nivel municipal, y parafraseando a Jacques Maritain, hoy más que nunca nos exige: gobiernos que representen al pueblo, instituciones prudentes, normas justas, servicios públicos eficientes, condiciones fiscales sanas y suficientes, respeto por los recuerdos históricos -sus símbolos y glorias-, tradiciones vivas y resguardo de los tesoros culturales.

A ello hay que agregarle las necesidad de hacer carne las virtudes políticas como el sentido del derecho, la libertad, la prosperidad y el esplendor espiritual, la sabiduría hereditaria que opera inconscientemente en la rectitud moral, la justicia, la amistad, la felicidad, la virtud y el heroísmo de la vida de los vecinos.

Córdoba, agosto de 2016.

Como reformar la justicia en Córdoba

Edificio de tribunales de Córdoba

Edificio de tribunales de Córdoba

I.      Introducción

La palabra justicia expresa una virtud, que es la esencia del derecho; y, en el sentido institucional, alude a los tribunales de los poderes judiciales:

Federal, de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA).  No hay Justicia administrativa.

La reforma judicial podría iniciarse con una reforma de la Constitución, o a partir de normas sub-constitucionales, que es como intentaremos proponer nosotros en este trabajo.

Nuestra Constitución es presidencialista, federal y de control constitucional difuso, y no el posmonárquico o parlamentarista, y a ello debemos atenernos, Los cambios inspirado en este último no son siempre han sido acertados, como el de crear tribunales administrativos (v.gr.: el Fiscal de la Nación o los de falta municipales) o el de adoptar la casación, el contencioso administrativo y el Consejo de la Magistratura.

II.  La reforma del Poder Judicial de la Nación  

Las reformas de los tribunales debe comenzar por el de mayor jerarquía y  autoridad que en este caso es la Corte Suprema de Justicia Nación, por lo que hay que decidir cuál debe ser su composición -si es de cinco o de siete-, dejar de ser el tribunal superior de la justicia nacional, que debe ser transferirla a la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) y de limitar los que vienen de los tribunales superiores de provincia, para así disminuir la cantidad de causas que atiende.

·       Transferir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) mediante una ley convenio, los llamados tribunales Nacionales y los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos, con sede en Capital Federal, para que se integren al Poder Judicial y al Ministerio Público de dicha ciudad (Art. 129 y Disposición transitoria decimoquinta “infra” CN). Transferir también el Registro de Propiedad y la Inspección Nacional de Justicia.

·       Incorporar a las causales del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 la de sentencias arbitrarias, enumerando las causales elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y autorizar los recursos in forma pauperis.

·       Suprimir la expresión “de competencia federal” del art. 257 bis del CPCCN (según ley 26.790) a los efectos que el recurso per saltum pueda, también, ser interpuesto en contra de las sentencias de los tribunales provinciales de primera instancia, y hace efectivo también en estos casos el principio de igualdad (art. 16 de la CN).

·       Autorizar a la Corte Suprema para que apruebe y publique un Código de Estilo, para uniformar y mejorar la elaboración y comunicación de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción – en soporte papel o digital- de sentencias, fallos, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas, informes, memorandos, circulares, certificados, pliegos de interrogatorios, declaraciones, pases, oficios, notificaciones, citaciones, órdenes de arresto o allanamiento, exhortos, correspondencias, notas, esquelas, invitaciones, partes de prensa, tarjetas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado, márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, las forma en que se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados. Los escrito que se presenten ante la Corte deberán tener una portada de colores diferentes, según que sea el del recurso extraordinario, la contestación del traslado, al queja, el del Amigo del tribunal, la petición de audiencia, la presentación de la Procurador Fiscal o del Defensor Público, o los recursos de aclaratoria o reposición. Deberá incorporarse a este código las normas el reglamentaria para los escritos de los recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN, establecidos por este Tribunal en la Acordada No. 7 de 2007. Deberá preverse el caso de los escritos, o párrafos de los mismos, o citas en idioma extranjero para que se presenten con la correspondiente traducción. Para la confección de este Código habría que tomar alguna de las disposiciones de las Reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, especialmente las 21, 33 y 34. Deberá autorizar a los tribunales a dictar únicas sentencias, u ordenar trámites, para varios juicios idénticos o similares que se tramiten en un mismo tribunal.

·       Derogar el Acuerdo No. 20/96 de la CSJN que impide gravar con del impuesto a las ganancias a los jueces, y hacerlo aplicable a las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público federal, de las provincias y de la CABA, exceptuando a los jueces que se encuentren ya designados y en ejercicio de su cargo (Art. 110 Constitución Nacional), y aplicarlo solamente a los que sean designados en adelante. Antes de su aplicación deberá hacerse una recomposición de las remuneraciones que compense la disminución de los ingresos.

 

III.Provincia de Córdoba

Dentro del marco de la Constitución provincial la reforma al Poder Judicial de la provincia de Córdoba  haría necesarios que se dicten las siguientes leyes para:

·        Que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea realmente un tribunal constitucional, y no de casación como lo es casi exclusivamente hoy, que atienda losrecursos de inconstitucionalidad contra los fallos de las cámaras de apelaciones, y que ejerza las demás cuestiones que le asigna el artículo 165 de la Constitución Provincial. La primera de ellas (Inc. a), referida a las acciones declarativas de inconstitucionalidad –individuales y colectivas– que deberá ser reglamentada con un trámite sencillo, en un Código de Procedimiento Constitucional -como el que proyecté cuando fui diputado nacional y que rige ahora en Tucumán-, en el que no se exija que la norma o acto cuestionado no haya comenzado a ser aplicado, como interpreta en la actualidad el TSJ haciendo casi imposible su admisión. Cuando actúe como tribunal constitucional se evitará que muchos de sus fallos sean recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ocurre actualmente, lo que es otro motivo de dilación.

·        Autorizar por ley la realización de Audiencias Públicas: informativas, conciliatorias y ordenatorias, y la participación de “Amigo del tribunal”, cuando se tramiten recursos y acciones ante el Tribunal Superior de Justicia, como lo hace la Corte.

·        El Tribunal Superior deberá acordar con la Corte Suprema la creación del Registro de juicio colectivos, como ello lo tiene establecido en la Acordada N° 32/14.

·        El TSJ, además, no deberá participar de la discusión de las remuneraciones de los magistrados y empleados, ni de lo que tiene que ver con la infraestructura de los tribunales, tarea que debe quedar a cargo del Ministerio de Justicia.

·        Que las causas civiles, comerciales, de quiebra, de familia, de menores, criminales, criminales económicos, correccionales, laborales, contencioso administrativa, tributarios, electorales, de faltas y de paz se tramiten en doble instancia. La primera ante los jueces especializados o de competencia múltiple que la ley ha creado; y la segunda ante las cámaras de apelaciones que podrán revisar todos los agravios de hecho y de derecho que se le planteen. Para ello habrá una cámara única en cada circunscripción en que se divide la provincia, las que se dividirán en salas -de tres jueces- que atenderán las distintas materias (civil, comercial, criminal, laboral, etc. o de competencia múltiple). Con ello se garantizará el Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” como exige el artículo 8, 2, h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el inc. 22, del art. 75 de la Constitución  Nacional; y la doctrina de la Corte Suprema en “Casal, Matías Eugenio” del 20/9/05.

·        De esta manera los recursos de casación serán sustituidos por los de apelación en los que las salas de las Cámaras y no las del TSJ revisarán no sólo el derecho sino también los hechos que fundan los fallos de primera instancia.

·        Para las causas contencioso administrativo deberán crearse o habilitarse juzgados de primera instancia; con un procedimiento breves, que unifique las acciones de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad, en el que no tenga participación un fiscal y en el que se unifiquen los actuales recursos de apelación, cuando la provincia es parte, con el de casación, en los demás casos, en una única apelación, la que, al igual que el recurso de revisión, deberán tramitarse ante las respectivas salas de las cámaras, y no en el TSJ como ocurre ahora. El agotamiento de la vía administrativa deberá  ser limitado y en algunos casos suprimido.

·        En las causas criminales, criminales económicas y correccionales, seguirán  siendo atendidas por los jueces de instrucción, y las salas de las Cámaras que receptan los juicios orales y dictan las sentencias -en forma colegiada o unipersonales-, de acusación; y habrá que crear o habilitar otras de apelación, que sustituyan la sala penal del TSJ.

·        Deberán derogarse las leyes que admiten los juicios por jurados por: no haber sido establecidos por ley federal (Arts. 24 y 75 Inc. 12 de la C. N.); por no ser “populares” ya que no son elegidos por el pueblo, ni por sus representantes; por ignorar el derecho; por discriminar a los abogados y jueces que no pueden integrarlos; porque la experiencia indica que sus fallos no son mejores, y porque el jurado hace más engorroso, lento y costoso los juicios.

·        En materia laboral los jueces de conciliación pocas veces toman la audiencia de conciliación y en las cámaras las audiencias orales se hacen y fallan con un solo vocal, por lo que la doble instancia debería reorganizarse con juzgados de primera instancia en los que tramitan el juicio desde la demanda hasta la audiencia oral y la sentencia, y las apelaciones sean atendidas por las salas laborales de las Cámaras que haya en cada circunscripción. A solicitud de parte, en cualquier etapa del proceso, se puede hacer una audiencia de conciliación, que será atendida en una oficina especializada, como ya se ha creado como “experiencia piloto” a nivel de Cámara.

·        Las apelaciones de los fallos del Juzgado Electoral, deberán ser resueltos en una sala de la Cámara de la Capital y no ante el TSJ.

·        Las contravenciones o faltas que actualmente juzgan los tribunales de falta policiales o municipales, contrariando lo que dispone la Constitución provincial (Art. 153),  deberán se resuelto por los tribunales contravencionales o de falta de la justicia provincial.

·        Deberán designarse más jueces y reformarse las normas procesales  para simplificar y uniformar los trámites.

·        La digitalización y despapelización de los procesos servirá para acortar distancias entre el litigante y el tribunal, evitará la permanente concurrencia a los tribunales y no será necesario constituir domicilio en donde tenga asiento el tribunal, pudiendo presentarse escritos y hacerse notificaciones digitalmente. Uniformar y complementar el sistema digital entre los  tribunales federales y provinciales y con los que poseen los estudios jurídicos.

·        Deberá dictarse un Código de Procedimiento Constitucional

Reforma Constitucional

Como lo propusimos, sin éxito, cuando fui constituyente en 1987 con otros colegas, cuando se reforme la Constitución provincial debería dársele autonomía al Ministerio Fiscal e incorporar en su texto al Consejo de la Magistratura; integrado por legisladores, jueces y abogados, que tendrá a su cargo: la Escuela de la Magistratura, los concursos de los que aspiran a ser jueces o fiscales inferiores y el actuar como jurado de enjuiciamiento de los magistrados inferiores cuando sean acusados por la Legislatura con dos tercios de votos.

Estas ideas quieren ser un modesto aporte a un debate, en el que hoy son más frecuentes las quejas que las propuestas, para intentar alguna vez hacer realidad en Córdoba aquello de “afianzar la justicia”.

Córdoba, agosto de 2016.

El ideal Sudamericanista de los Congresistas de Tucumán

Manuel Belgrano

Manuel Belgrano

Los 29 congresistas – de los cuales 17 eran abogados y 11 eclesiásticos – que declararon la independencia en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816 lo hicieron en nombre de las “Provincias Unidas de Sud América” y al hacerlo nos incorporaron al concierto de las naciones libres y soberanas del mundo.

Pero esta nueva Nación no tenía, en ese momento, definido su nombre, su territorio, su población, su forma de gobierno, ni como se organizaría el estado.

Las actas del Congreso nominaban a las Provincia Unidas, como de “Sud América” y no “del Río de la Plata” como lo hicieron las del Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 cuando eligió la Primera Junta de Gobierno presidida por Cornelio de Saavedra.

En Tucumán no estuvieron representadas las provincias del litoral, ni la Banda Oriental (Uruguay) y Paraguay –que luego se declararían independientes- ni la Patagonia, habitada por pueblos originarios. Había diputados del Alto Perú, que más adelante se convertiría en la República de Bolivia.

Su forma de gobierno y de estado se discutió durante 37 años hasta que en 1853 se juró la Constitución. Primero se gestionó en Europa el traer un príncipe, para establecer una monarquía. Manuel Belgrano le propuso a los congresistas, el 6 de julio, un inca como monarca que tendría por capital el Cuzco, concretamente a Juan Bautista, un hijo de Tupac Amaru. Mas tarde prevaleció la idea republicana que se ensayó en constituciones que no llegaron a tener vigencia.

Luego vendría la disputa entre federales y unitarios y al final las discusión entre los que querían más autoridad – recordemos lo de “las facultades extraordinaria y la suma del poder público” de Juan Manuel de Rosas- y los que querían más libertad, como Esteban Echeverría, que las resumía en “Las 15 palabras simbólicas”: Dios, libertad, vida, trabajo, honor, identidad, dignidad, justicia, derecho, igualdad, paz, equidad, verdad, bien y desarrollo,

La Constitución de “la Confederación Argentina” –republicana y federal- de 1853, cambió su nombre por el de “la Nación Argentina”, cuando en 1860 se reformó para incorporar a Buenos Aires, pero allí se declaró que los nombres oficiales serían: Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina, Confederación Argentina (…), empleándose las palabras “Nación Argentina” en la formación y sanción de las leyes (Art. 35), se omitió de “Sud América”, como se las llamó en el Congreso de Tucumán.

A 200 años de la Declaración de la Independencia, en un momento que en nuestro país, en la región y en el mundo se revisan muchas decisiones, me parece bueno rescatar el ideal sudamericanista de nuestros padres fundadores, ya que nuestro país necesita revisar sus proyectos de integración con los países vecinos, que alguna vez pudieron ser parte de las Provincia Unidas, como ocurre con los que integramos el Mercosur, que está en crisis, y que tiene un órgano deliberativo el Parlasur, que está muy debilitado. Estos acuerdos y órganos cuando se crearon no sólo tenían por finalidad fijar aranceles o facilitar el intercambio comercial, sino se hicieron con el propósito de integrarnos políticamente, objetivo del que nos encontramos lejos todavía,

Además en la región debemos colaborar para:

  • resolver la situación de los presos políticos y la revocatoria de Nicolás Maduro en Venezuela, en los términos de la Carta Democrática Interamericana;
  • ampliar y concluir el acuerdo de alto el fuego que firmó Colombia con las FARC para pacificar ese país;
  • concluir con el análisis y negociación de los acuerdos entre Mercosur y la Unión Europea y la “Alianza del Pacífico”; y
  • erradicar la pobreza y el narcotráfico.

Córdoba, junio de 2016.