Educar en valores desde la Enseñanza religiosa

Jorge Horacio Gentile

En la audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó en un juicio en el que se pretende suprimir la Enseñanza Religiosa que se imparte en la provincia de Salta desde antes de 1886, fui el primer Amigo del Tribunal, en exponer defendiendo esa práctica, que reciben los alumnos de 6 a 12 años, de 1° a 7° grado, en las escuelas primarias públicas de gestión estatal, dos veces por semana (40 minutos). La imparten docentes especializados, que anualmente reciben la opción de los padres de qué religión quieren que sus hijos profundicen; y que trabajan en las aulas con los grupos de alumnos de distintas orientaciones religiosas, pero que comparten contenidos comunes.

A los alumnos cuyos padres optan para que a sus hijos no reciban ninguna educación religiosa se les ofrece enseñarles valores universales u otras materias dentro de aula. Trabajan con los demás, salvo que los padres soliciten que el niño salga fuera del aula y, en ese caso, quedan siempre a cargo de algún docente, nunca solos. Ni a los padres ni a los alumnos se les exige declarar la religión que profesan.

Lo religioso es parte de la cultura por lo que no puede la escuela dejar de enseñar el significado del crucifijo, con el que juran la mayoría de los funcionarios o magistrados; ni la estrella de David, de los judíos; o la media Luna, de los musulmanes. Por qué son días feriados el de la Navidad o de la Semana Santa; o por qué hay provincias que se llaman San Juan o Santa Cruz, o por qué hay iglesias, sinagogas o mezquitas. Prohibir enseñar religión en las escuelas es discriminar.

Cuando la Constitución invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia” afirma que los derecho humanos que ella garantiza; en defensa de la libertad, la vida, el trabajo, la justicia, la paz, la igualdad y el bienestar general; tienen por fuente a Dios. Entonces, cuando se enseña que los hombres deben ser iguales y actuar fraternalmente, que mejor que explicar que debemos “amarnos los unos a los otros”, o recordar que el prójimo es hijo de Dios como lo somos todos. La fuerza de estos argumentos no es igual si se prescinde de lo religioso.

Lo que hoy se enseña en Salta no es igual que la Educación Católica o Moral que se impartía entre 1943 y 1955 en todo el país. El contenido de la materia es Religión, en sus distintas versiones, sin adoctrinar a los niños para ninguna, con objetividad y acentuando la que optaron los padres. No hay monopolio de la religión católica, no se enseña el catecismo, incluso hay escuelas donde la totalidad de los alumnos son evangélicos o testigos de Jehová, y así está orientada su enseñanza.

La Constitución salteña, al igual que la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Art. 12.4), dispone que: “Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”(Art. 49). Además la Nacional exige a las provincias reglar la educación primaria (Art. 5), lo que bien ha hecho Salta y la Nación no puede cambiar.

La ley 1420, que hoy no está vigente nunca declaró “la enseñanza laica”, dispuso que la enseñanza religiosa solo podrá ser dada por los ministros autorizados de los distintos cultos antes o después de las horas de clase. En Salta más de la mitad de los colegios tiene jornada extendida, de 6 u 8 horas, y en poco tiempo la tendrán todas; lo que torna hoy absurdo este límite. Además, en todos los niveles de educación hay materias optativas, ¿por qué no en la Enseñanza Religiosa?

La reforma política más importante que espera el país es en educación, donde la prioridad es trasmitir valores y principios éticos, que nos ayuden a superar las grietas, la inseguridad, la violencia y la corrupción. La experiencia salteña, es digna de ser imitada.

Córdoba, septiembre de 2017.

 

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Educación Religiosa en Salta

Corte Suprema

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sr. SECRETARIO (Dr. Font).- A continuación hará su exposición el doctor Jorge Horacio Gentile.

Dr. GENTILE.- Señor Presidente, Excelentísima Corte Suprema de Justicia: me ha parecido muy acertada la decisión de este Alto Tribunal de establecer una audiencia pública para tratar un tema tan trascendente como este, pero además, me pareció muy oportuno. A tres días de una elección primaria, que muchos han dicho que es una encuesta, nos permite ver qué quiere el pueblo argentino a través de lo que ha ocurrido durante esta campaña electoral. Y nos vamos a encontrar con algo que tiene que ver con el tema en examen.

Fíjense, por ejemplo, que el principal candidato que ha puesto el gobierno para las elecciones en el distrito más grande del país es un ministro de Educación, y un ministro Educación que no es un hombre carismático. Ayer, en La Nación, el periodista Fernández Díaz decía que tiene cara de suplente y apellido de avenida.

Parecería ser que el ser ministro de Educación y el poner la educación en primer término es muy importante. Esto confirma lo que yo creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos que revisar los argentinos.

Pero además, en la campaña electoral se han tomado muchos temas que también tienen que ver con esto, porque se denuncia, se protesta y se hace una serie de reflexiones sobre distintos temas como, por ejemplo, el tema de la grieta. No es solamente la grieta política; también es la grieta entre los ricos y los pobres, la grieta entre el interior y la Capital, entre los que viven en la zona urbana y los que están en los sectores marginales. Acabo de ver gente durmiendo acá a unas cuadras.

Entonces, ¿qué significa esa denuncia? Denuncia que quizás tenemos que volver al primer objetivo de la Constitución Nacional, que es constituir la unión nacional, diríamos, reconstituir la unión nacional. Hemos planteado, se ha planteado y se ha discutido el tema de la corrupción y que tenemos una Justicia que no es oportuna, que es lerda y que no resuelve los problemas. Estamos pidiendo que se afiance la Justicia. Estamos planteando el tema de la seguridad, que viene desde el bullying en los colegios hasta la desaparición de Maldonado, pasando por el tema del narcotráfico. Quizás estamos refiriéndonos a la paz interior de la que habla el Preámbulo de la Constitución.

Pero cuando hablamos de todos estos principios, educación y principios supremos, principios morales o del derecho natural, que han sido positivizados en la primera parte de la Constitución y desarrollados luego en su texto, ¿qué significa esto? Que en definitiva, la última parte del Preámbulo nos dice que debemos recurrir a la fuente, que es el Dios protector que se invoca en el mismo Preámbulo de la Constitución.

Entonces volvemos al tema religioso. Si queremos realmente solucionar todos estos problemas que se han discutido en estos tiempos, seguramente vamos a tener que tratar de afianzar estos principios, y el colegio no puede prescindir de explicar estos principios que nacen y que tienen su fuente en el aspecto religioso.

Fíjense que puede haber alumnos de Salta o de otra parte del país que están viendo esta audiencia. ¿Qué significa ese crucifijo? ¡Ah, no! Como esta es una escuela laica no se puede dar una explicación sobre ese particular.

Estamos en Buenos Aires, una ciudad que cuando se fundó se la llamó ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos-Ayres. ¿Qué significa Santísima Trinidad? No se puede explicar en el colegio porque es una cuestión de carácter religioso. No podemos explicar por qué aparte de la cruz existe la estrella de David o existe la media luna. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significan los templos, las iglesias, las capillas, las sinagogas, las mezquitas? ¿Qué significan? ¿No les podemos explicar a los niños todo esto? Esto no es solamente un problema religioso, es un problema cultural. Y la educación no puede discriminar y retirar del ámbito de la educación todo esto.

Acá se habló de Estado laico. ¿Qué es Estado laico? ¿Quién ha dicho que es laico? Bueno, la palabra laico tiene dos acepciones: los que no son ministros, que son laicos dentro de una religión, o los que niegan directamente la religión. Bueno, parecería ser que a los que se quiere discriminar en definitiva es a los que tienen alguna creencia religiosa. Y acá no estamos hablando de mayoría y minoría, estamos hablando de discriminación. Si queremos –evidentemente- que haya igualdad, no solamente tenemos que predicar la igualdad y la fraternidad. Podríamos, si somos religiosos, decir “tenemos que amarnos los unos a los otros, y mi prójimo es hijo de Dios como yo soy hijo de Dios”. Fíjense qué fuerza tiene educativamente plantear la cosa desde el punto de vista religioso.

Entonces, creo que todo lo que se ha planteado para poner obstáculos a que esta parte de la cultura -y esta parte de la religión- no se exprese a los niños de primero a séptimo grado, como ocurre en la provincia de Salta, no tiene sentido.

Incluso en esto de distinguir entre escuela pública de gestión estatal o de gestión privada vamos a encontrarnos con muchos pueblos del interior de Salta donde la totalidad de los alumnos, o muchas veces sesenta o cien alumnos, pertenecen a otro culto que no es el católico. Son evangélicos, por ejemplo, o son testigos de Jehová. Eso está en las estadísticas que tienen ustedes en el expediente.

En consecuencia, acá no se trata de imponer una religión. Ya pasó esa etapa. Alguna vez la tuvimos. Fíjense que cuando se sancionó la Constitución se apartaron los constituyentes del proyecto de Alberdi y de los ensayos constitucionales que había habido en 1819 y 1826. No se estableció una religión oficial.

Un convencional, sacerdote católico, Benjamín Lavaisse, dijo: no hace falta más protección para la religión que la que da Dios, no es necesario establecer una religión oficial en el Estado.

Y bueno, señor Presidente, como ustedes pueden ver no hay motivo alguno para que una provincia autónoma no ponga en práctica lo que dice el artículo 5º de la Constitución Nacional, que establece entre las facultades propias de las provincias reglamentar la educación primaria.

Esto es lo que hace la provincia de Salta desde hace 131 años, con muchas variantes, porque ha pasado mucho tiempo. Ha habido otros ensayos, incluso nacionales, como lo de la enseñanza religiosa obligatoria que hubo entre los años 43 y 55, de enseñanza católica. Eso está superado.

Hoy en día las Constituciones, no solamente de Salta, sino por ejemplo la de Córdoba -que fue votada por el doctor Maqueda-, y la mía, establecen una disposición similar a la del Pacto de San José de Costa Rica, y que es lo que en definitiva establece la Constitución de Salta, la Constitución de Córdoba, y muchas Constituciones provinciales: que los padres tienen derecho, sean o no religiosos, a optar porque la enseñanza religiosa tenga una orientación determinada.

Yo puedo ser laico o puedo ser ateo y querer que mi hijo tenga un conocimiento de lo religioso. Eso no significa que yo le esté preguntando a qué religión pertenece. No, simplemente estoy orientándolo, porque quiero que mi hijo tenga un conocimiento de todas estas cosas que hemos estado hablando, de por qué la provincia de San Juan se llama San Juan, de por qué la provincia de Santa Cruz se llama Santa Cruz. Por lo menos esa explicación, que es una explicación de tipo cultural y religiosa, es importante que la sepan los niños.

Sr. SECRETARIO (Dr. Font).- Queda un minuto, doctor.

Dr. GENTILE.- La ley 1.420 había establecido algunos límites a la educación religiosa. La ley 1.420 en ningún momento habla de la enseñanza laica. Dice que la enseñanza religiosa la deben hacer los ministros del culto antes o después de las horas de clase. Bueno, en la provincia de Salta más de la mitad de los colegios tiene jornada extendida, de seis o de ocho horas. ¿Qué quieren, que la educación religiosa la den a las 12 de la noche? Creo que esto ya es el límite. Perdió sentido con la forma en que se educa en este momento.

Además, en todos los niveles de educación hay también educación optativa. En consecuencia, puede haber materias en que así como unos practican fútbol y otros practican hockey en los colegios, bueno, acá también unos pueden ser evangélicos, otros pueden ser cristianos, otros pueden ser judíos.

Señor Presidente: creo que lo que el Tribunal debe hacer es ratificar lo que ocurre en la provincia de Salta, rechazar el recurso, y exhortar al resto del país a tener en cuenta esta importante experiencia que ha tenido la provincia de Salta en los últimos 131 años. Nada más.

Sr. PRESIDENTE (Dr. Lorenzetti).- Muchas gracias.

La Democracia en América Latina

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La Democracia en América Latina

Principios básicos

Una relectura de Jacques Maritain nos hace pensar que la democracia en América Latinadebe tener:

1. Como punto de partida la dignidad de la persona humana, y el respeto asus bienes esenciales: la vida, la libertad y al trabajo.

2. El respecto de los derechos humanos.

3. La mejor representación política, y mayor participación de la ciudadanía en los debates y en toma de decisiones.

4. Una mejoreducación política de ciudadanos y dirigentes.

5. Claroslímites de lo público y lo privado, de la sociedad política y del estado, sus niveles y órganos.

6. Reglas deética pública, para que haya más transparencia y no haya corrupción.

7. Plena vigencia de la Constitución y de la ley, y respeto por las instituciones de la República.

8. Una sociedad más solidaria y fraternal.

9. Un debate político que tenga a la opinión pública más informada y madura, a través de los medios de comunicación.

10. Reorientar la globalización hacia una sociedad política y un gobierno mundial, que tengan por finalidad bien común universal.

Problemas de la Democracia en la América Latina del siglo XXI

Además de adecuar la Educación, redefinir y distribuir el Trabajo, orientar la Economíaal servicio del hombre, asimilar las nuevas Tecnologíasy las nuevas formas de comunicación, el desarrollo democráticodebe enfrentar a:

1. Los que tienen poder (político, económico, mediático, etc.);

2. Los partidos o espacios políticos;

3. El círculo rojo;

4. El clientelismo;

5. Las organizaciones sociales, punteros, piqueteros, lobbistas, etc;

6. Las nuevos modos decomunicación;

7. El populismo;

8. Las grietas (políticas, sociales, territoriales, etc);

9. Las secuelas de la guerra fría y los intentos de reconciliación;

10. Las nuevas violencias (bullying, desaparecidos, escraches, etc);

11. La corrupción;

12. La pobreza;

13. El narcotráfico;

14. Lasdiscriminaciones; y

15. La incertidumbre del futuro.

Maritain decía: “La cuestión no es encontrar un nombre nuevo a la democracia, sino descubrir su verdadera esencia y realizarla; pasar de la democracia burguesa, desecada por sus hipocresías y por falta de la savia evangélica a una democracia íntegramente humana; de la democracia frustrada, a la democracia real.”

Córdoba, septiembre de 2017.

 

La Corte Suprema y la reforma de la Justicia

Ricardo Lorenzetti – Presidente de la Corte Suprema Argentina

Sumario o abstract: Este trabajo propone reformas que atañen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un primer paso para poner en marcha una reforma integral de la organización judicial en la República Argentina, dentro del marco que establece la Constitución Nacional.

Una reforma judicial integral – que se proponga hacer más eficiente el servicio de justicia en nuestro país, incorporando nuevas y mejores tecnologías y que se pongan a los tribunales a tono con los tiempos que se viven, se puede hacer a partir de una reforma de la Constitución; o con el dictado o modificación de normas sub-constitucionales, como se proponemos en este trabajo.

Reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)

La reforma debe comenzar por el más alto tribunal, que es la CSJN, la que habría que reubicarla en el lugar que la Constitución y la sociedad argentina de hoy exigen. Ello deberá completarse luego con las reformas de los tribunales inferiores federales, los de las provincias y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de las normas orgánicas y procesales correspondientes y las que organizan y regulan los organismos que lo complementan, como son los ministerios públicos, los consejos de la magistratura, las policías judiciales y demás reparticiones complementarias o auxiliares.

Antes de discutir cuantos jueces debe tener la CSJN; como se hizo cuando se dictó la ley nacional 26.183, que redujo su número de siete (7) a cinco (5), tema más político que técnico, y sobre el me incliné por los siete (siete); sería conveniente tener en claro cuál es la tarea que les corresponderá realizar a estos magistrados después que se haga la Reforma de la Justicia. En esta discusión también hay que tener en cuenta que los juristas que se designen de aquí en adelante deberían tener el título máximo, y en lo posible que provengan de distintas provincias y de la capital federal; y que haya un equilibrio entre varones y mujeres.

Para ello parece razonable comenzar por disminuir la gran cantidad de causas que se tramitan y resuelven en este Alto Tribunal, lo que exigiría hacer algunas reformas estructurales, procesales y técnicas para conseguir la buscada mayor eficiencia y determinar así cuántos jueces deberían integrarlo. Para disminuir así la enorme cantidad de causas que se tramitan y resuelven en esa instancia2 es imprescindible que:

· el Estado, nacional y las provincias y municipio, dejen de generar y recurrir juicios, como ocurrió, por ejemplo, con el “corralito”, y con los juicios previsionales;

· los tribunales superiores de provincia y de la CABA deberán convertirse en tribunales constitucionales, y dejar de serlo de casación o de apelación ordinaria, para atender las acciones individuales y colectivas y de los recursos de inconstitucionalidad, provincial y federal, especialmente en lo referido a las causales de arbitrariedad;

· la Corte Suprema deberá dejar de ser el tribunal superior de la CABA, por lo que la llamada Justicia “Nacional”, o sea los tribunales ordinarios de la capital federal, deberá ser transferidos a esa jurisdicción (Art. 129 CN), para lo cual debe modificarse el artículo 8 de la ley 24.588.3 Además, deberán transferirse los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos, (Art. 129 y Disposición transitoria decimoquinta “infra” CN); al igual que el Registro de Propiedades, la Inspección de Justicia y la Policía judicial. Esto está en línea con lo dicho por la CSJN en “Corrales, Guillermo, s/ Habeas Corpus” (9/12/2015); y con el “Convenio interjurisdiccional de transferencia progresiva de la Justicia Nacional ordinario penal” del 17/1/2017 entre el presidente de la Nación y el jefe de gobierno de la CABA, que está en el Congreso para su ratificación, y que es sólo una transferencia de unos pocos tribunales ordinarios penales de la Capital Federal. Junto a este convenio, y el mismo dia, se firmaron otros tres, uno que fija la competencia de los tribunales penales que se transfieren por el convenio anterior,

otro que transfiere el Registro de Propiedades y un cuarto que hace lo propio con la Inspección General de Justicia, en los temas que son competencia de la CABA. Los fundamentos de estas transferencias han sido bien desarrollados por Marcela Basterra en su artículo “El traspaso de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a veinte años de la Constitución de la Ciudad”.4

El resto de las reformas que deberán hacerse en el Alto Tribunal, como tribunal de Justicia, además de las administrativas y financieras que este trabajo no incluye, serían las siguientes:

· Que uno de sus miembros vuelva a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, para que dicho órgano sea integrado por los “jueces de todas las instancias” (Art. 114 CN).

· Derogar los artículos 24 inciso 6° apartado a del Decreto ley 1285/58 que establece el recurso de apelación ordinario (distinto al recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48) ante la CSJN en contra de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones cuando el Estado Nacional es parte y el monto en disputa supera la suma de $ 10.890.000; por ser esa norma inconstitucional como lo declaró la CSJN cuando sostuvo que, de acuerdo con el principio republicano de la división del poder, su tarea principal consiste en asegurar la vigencia de los derechos y garantías que reconoce la Constitución en favor de los individuos, y también la vigencia de las normas que ordenan y limitan el ejercicio del poder por parte de las Autoridades de la Nación.5 El recurso ordinario en este caso es un

privilegio que atenta contra el principio de igualdad (Art. 16 de la Constitución).6

· Incorporar a las causales del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 la de sentencias arbitrarias, según fueron elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

· Reformar el artículo 257 del CPCCN, para modificar plazos y requisitos en los recursos que resuelve la CSJN, el que quedará redactado de la siguiente manera: “El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito y electrónicamente, fundado con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48, ante el juez, tribunal u organismo administrativo o legislativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de Quince (15) días contados a partir de la notificación. De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por quince (15) días a las partes interesadas, notificándolas personalmente, por cédula o electrónicamente. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso en el plazo de treinta (30) días. Si lo concediere expresa o tácitamente, o sea cuando venciere el plazo para hacerlo, previa notificación personal, por cédula o electrónicamente de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de diez (10) días contados desde la última notificación. Si el tribunal superior de la causa tuviera su asiento fuera de la Capital Federal, la remisión se efectuará por correo y electrónicamente. La parte que no hubiera constituido domicilio electrónico quedará notificada de las providencias de la Corte Suprema por ministerio de la ley. Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252.”

· Incorporar en el CPCCN el recurso extraordinario in forma pauperis, ya admitido, en algunos casos, por la jurisprudencia de la Corte.7

· Suprimir la expresión “de competencia federal” y “No procederá el recurso en causas de materia penal” del art. 257 bis del CPCCN (según ley 26.790) a los efectos que el recurso per saltum pueda, también, ser interpuesto en contra de las sentencias de los tribunales provinciales y penales de primera instancia, y hacer efectivo también en estos casos el principio de igualdad (art. 16 de la CN).

· Ampliar los plazos a quince (15) días para interponer la aclaratoria prevista en el artículo 272 y del recurso de reposición, y el traslado correspondiente a la contraria, del artículo 238 del CPCCN cuando se trate sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

· El Estado Nacional si fuere condenado por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) por lo que resolvió una sentencia dictada por la CSJN la parte afectada podrá plantear ante dicho tribunal, en el plazo de ciento veinte días desde que fue notificado, un recurso de revisión de dicha sentencia en base de los argumentos de la CIDH. Este recurso deberá ser reglado por el CPCC.8

· Disponer que la constitución de domicilio, cuando se trate de causas que se tramitan ante la CSJN, se deberá hacer en forma electrónica, consignando, además el teléfono y el e-mail del letrado que actúa, y no

en el domicilio de la ciudad de residencia del tribunal, como exige actualmente el artículo 40 del CPCC de la Nación; y que, además, las notificaciones se hagan en forma electrónica, como lo dispone el Acuerdo No. 31 de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, según lo autoriza la ley 26.685, y hacer extensiva la modalidad electrónica en la presentación de escritos en juicios y recursos que se tramitan en la Cámara Nacional Electoral, la Cámara de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones, los Tribunales Orales y los Juzgados Federales; y permitir que los recursos y traslados ante estos tribunales, como los oficios que se libren para los organismos nacionales, se puedan hacer por vía electrónica. Las notificaciones electrónicas deberán contener el texto íntegro del decreto, resolución o sentencia que se hacen conocer.

· Disponer por ley la realización de Audiencias Públicas: informativas, conciliatorias y ordenatorias, y la participación de “Amigo del tribunal”, cuando se tramiten recursos y acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como este Alto Tribunal ya lo reglamentó mediante la Acordada No. 30 del 2007 y las Acordadas Nos. 28 del 2004, Nº 14 de 2006 y Nº 7 de 2013. Autorizar, también, a la Corte a delegar en alguno de sus miembros o en el tribunal que haya dictado la sentencia recurrida el tomar las audiencias conciliatorias.

· Autorizar a la Corte Suprema para que apruebe y publique un Código de Estilo, para uniformar y mejorar la elaboración y comunicación de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción – en soporte papel o digital- de sentencias, fallos, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas, informes, memorandos, circulares, certificados, pliegos de interrogatorios, declaraciones, pases, oficios, notificaciones, citaciones, órdenes de arresto o allanamiento, exhortos, correspondencias, notas, esquelas, invitaciones, partes de prensa, tarjetas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado,

márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, las forma en que se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados. Los escrito que se presenten ante la CSJN deberán tener una portada de colores diferentes, según que sea el del recurso extraordinario, la contestación del traslado, al queja, el del Amigo del tribunal, la petición de audiencia, la presentación de la Procurador Fiscal o del Defensor Público, o los recursos de aclaratoria o reposición; y los que se presentan cuando la CSJN actúa como tribunal ordinario. Deberá incorporarse a este código las normas reglamentarias para los escritos de los recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN, establecidos por este Tribunal en la Acordada No. 7 de 2007. Deberá preverse el caso de los escritos, o párrafos de los mismos, o citas en idioma extranjero para que se presenten con la correspondiente traducción.9

· Derogar los artículos 286 y 287 del CPCCN 10 y las Acordadas que lo actualizan y obligan a quienes interpongan recurso de queja ante la CSJN, por denegación del recurso extraordinario, a depositar la suma de $ 26.000, que será devuelto, sin la correspondiente actualización ni intereses, en caso que la queja fuere acogida; y no será devuelto si el recurso de hecho fuere desestimado o se produjera la caducidad de instancia y, cuyo caso, se destinará a las bibliotecas de los tribunales nacionales. La razón de la derogación es que el depósito fue establecido con el objeto de “restringir el uso indebido” del recurso de queja (Ver fallo de la Corte en “Baner c/ Rossi” 7/8/1980) y su no devolución significa una sanción, lo que atenta contra la garantía del debido

proceso legal (art. 18 de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Además, como bien lo sostuvo el juez Carlos Santiago Fayt en su disidencia a la Acordada 77 de 1990, dicho depósito “reviste naturaleza similar a la tasa judicial… Excede, en consecuencia, el concepto de arancel…” por lo la Corte carece de facultades para actualizarla, como lo viene haciendo, porque ello es competencia del Congreso.11

· Modificase el CPCCN en su Artículo 281, para que quede redactado de la siguiente manera: “Las sentencias de la Corte Suprema se redactarán en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado, en el que se limitarán a señalar sus discrepancias o diferencias. (…)”

· Autorizar a la Corte Suprema y demás tribunales inferiores a dictar una única sentencia para distintas causas de contenido idéntico o similar que se encuentren en condiciones de ser resuelta, y una copia de dicho fallo deberá ser incorporada en cada uno de los expedientes. Esta modalidad, cuando se trata de casos idénticos, ha sido empleada muchas veces por la CSJN. La Suprema Corte de EEUU lo hace también en casos similares, como ocurrió en el del 26 de junio de 2015 referido al resonante caso de los Matrimonios de personas del mismo sexo.12 Esto podría también hacerlo nuestro Alto Tribunal.

· Autorizar por ley a la Federación Argentina de Colegios de Abogados para que conceda y administre la matrícula de los abogados que litigan en la CSJN, que deberá ser distinta de los abogados que lo hacen en la Justicia Federal y de las provincias. El 26 de octubre de

2016 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que delega en los colegios públicos de abogados de las distintas provincias, el otorgamiento, gobierno y control de la matrícula federal.

Se ha dicho, y se lo ha dicho bien, que el Siglo XXI será el siglo del Poder Judicial, como el XIX fue el del Poder Legislativo y el XX del Ejecutivo. Si ello fuere así en nuestro país se impone hacer una reforma integral de la Justicia, que comience por su más alto tribunal. Alguna de las ideas expuestas en este trabajo puede servir para alcanzar este loable propósito.

Córdoba, Agosto de 2017.

De Vido, Cristina y Menem

Julio De Vido

El caso del diputado Julio de Vido irrumpió bruscamente en la campaña electoral, porque el tema principal para el oficialismo es la corrupción, como el estancamiento económico lo es para la oposición kirchnerista. Se lo acusa de “inhabilidad moral sobreviniente a su incorporación” o de “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” (Art. 66 Constitución), algunos le agregan “indignidad” -causal no prevista ni penada por la Ley Fundamental-; por múltiples y graves presuntos delitos que habría cometido antes de ser elegido por el pueblo.

Una serena reflexión, no influida por la disputa electoral, podría ser la siguiente:

· Sin orden judicial de arresto no cabe el desafuero de De Vido, ya que los procesos puede continuar hasta su culminación. Esta prerrogativa es de la Cámara y no es renunciable.

· Las acusaciones al ex ministro enfatizan las denuncias (80), imputaciones (30) o procesamientos (5), por hechos ocurridos cuando ejercía ese cargo, antes de ser elegido diputado.

· Si los delitos se cometieron antes de ser electo, “corregirlo” o “removerlo” (Art. 66 CN), o sea: suspenderlo o expulsarlo -como se propone en la Cámara de Diputados-, sería desconocer la voluntad popular que lo eligió a pesar de ello.

· Si el Cuerpo que integra le aplicara alguna pena; que los jueces temerosos, morosos o cómplices omitieron imponerle; la misma sería un grave desvío de poder y un atentado contra el principio de inocencia, lo que podría ser anulado judicialmente.

· Llama la atención que ese planteo no se le haya formulado cuando se incorporó a la Cámara, ni al ser designado presidente de la Comisión de Energía y Combustible de dicho Cuerpo; ni que no se lo haya intentado hacer al senador Carlos Menem, ahora candidato a ser reelecto, que tiene dos condenas judiciales que no están firme; ni a Cristina Fernández de Kirchner, tres veces procesada, a la que se le podrían haber hecho por los hechos por el que está procesada un juicio político cuando era presidente, o se le pudo haber impugnado su actual candidatura a senadora.

· La acusación a De Vido, se basa más en que fue procesado que en los delitos que habría cometido, y su defensa se circunscribe a que es un perseguido político. En esta discusión se elude explicar si fue responsable o no de la muerte de 51 personas en la tragedia de Once, o si es culpable o no de la sustracción o el desvío de millonarios recursos del Estado.

· Lo ciudadanía no entiende por qué la vara de la justicia cae con severidad solo en cabeza de subalternos (María Julia Alsogaray, Ricardo Jaime, Julio López Lázaro Báez o Víctor Manzanares), y nunca en la de los responsables político superiores (Cristina, De Vido o Menem); mientras en países vecinos los jueces condenan y ordenan prisión a ex presidentes, como ocurre en Perú (Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo) o en Brasil (Luiz Ignacio Lula da Silva).

· También es reprochable las conductas de los ciudadanos que votan a corruptos.

Si el “afianzar la justicia”, del preámbulo de la Constitución, significa “dar a cada uno lo suyo”, nos parece que ello no ocurre en este caso, y el obrar de los diputados y candidatos en la campaña electoral nos demuestran que más interesa ganar una elección que actuar como indica la Constitución. Este reproche cabe también contra los jueces que tienen obligación de impartirla y no cumplen con ese cometido.

Si a la incertidumbre sobre nuestro futuro y a la pobreza de las propuestas de los candidatos, le agregamos una inconstitucional sanción a De Vido, además de victimizarlo agravaría la desesperanza de muchos argentinos.

A propósito de ello me viene a la memoria las palabras de mi profesor de derecho penal, el Dr. Helio Olmos -eximio abogado penalista-, cuando sus alumnos le preguntábamos: ¿por qué defendía a delincuentes indeseables?, como serían ahora estos políticos corruptos, y él nos respondía: ¡La Justicia en el juicio final!

Córdoba, julio de 2017.

Éxitos y fracasos en la campaña electoral

Mauricio Macri y Cristina Fernandez de Kirchner

A pesar que la ley fija la fecha del 14/7/17, la campaña electoral comenzó hace un año con la ley de “reparación histórica”, que aumentó haberes previsionales de ANSES, mucho de los cuales recibirán recién ese justo beneficio en víspera de los comicios.

Cómo el gobierno no mejoró la economía, los precios y las tarifas aumentaron más que los salarios y se perdieron empleos, la oposición tomó este fracaso como bandera. Los gobiernos Nacional, provinciales y de los municipales saturan los medios de comunicación con los pocos éxitos de su gestión, donde nunca faltan las fotos de los candidatos que respaldan.

Las elecciones primarias nacionales (PASO) fueron desvirtuadas por la falta de disputa de las candidaturas en los partidos, y se han convertido en una encuesta, obligatoria para los electores. Los partidos desaparecieron al fusionarse en alianzas alrededor de candidatos, muchas veces destacados por su visibilidad mediática, que no representan una propuesta política sino a los líderes que confeccionan las listas, como el presidente, ministros, gobernadores, intendentes o a algunos que ahora sin cargos tienen peso propio, como Cristina Fernández de Kirchner.

Único problema: el gran desorden 

La táctica que mejor intenta el oficialismo y la oposición es, igual que en la elección de 2015, polarizar -profundizar la grieta- entre Cristina, que es el pasado, y Mauricio Macri, que es el presente, sin que poco y nada se diga del futuro, ni que se propongan reformas de fondo, para terminar con el único gran problema que padecemos, que es el grave desorden que sufrimos en la calle y con la seguridad, pero también en la educación, la economía, la Justicia, en lo tecnológico, lo ecológico, en cómo integrarnos al mundo, etcétera.

Además de las obras que exhiben los que gobiernan (algunas ridículas como el tren que va en 7 horas a Mar del Plata), y que no se hicieron en los años no electorales, los caballitos de batalla de la campaña son la lucha contra: la corrupción, la pobreza y el tráfico de las drogas. Sobre la corrupción, es mucho lo que se denuncia e investiga (caso de Vido) y poco lo que aclara y resuelve la Justicia. Respecto de la pobreza no hay proyectos serios para superarla, que no sean los planes sociales. En cuando al narcotráfico el gobierno con el aumento de los decomisos de estupefacientes –que aplaudimos- nos muestra la gravedad del problema, que es el aumento desmesurado del consumo (duplicado en este siglo), sin que haya políticas para frenarla y disminuirla, ya que mientras crezca el consumo y las adicciones, la lucha contra el narcotráfico es una guerra perdida. Si aumenta la demanda de drogas, lo hará también la oferta, por más decomisos y penas que se apliquen. ¿Qué hacer con los consumidores, adictos y soldaditos de este vil negocio?, es el gran dilema a resolver.

Entonces, en política ¿está todo perdido?, ¿no hay soluciones? 

La esperanza es lo último que se pierde. En un país donde hay líderes que el mundo admira (SS Francisco, Lionel Messi y Daniel Barenboim), nuevas promesas políticas (María Eugenia Vidal, Verónica Magario y Martín Lousteau) y una ciudadanía que a pesar de las recurrentes crisis no se rinde, y que con su voto y su deseo de participar (ver las masivas manifestaciones), no admite la polarización, y reclama soluciones de fondo, y sin demoras, aunque se cristalicen después de las elecciones.

Ejemplo de ello es la educación –un tema central-, donde, además de tener clases, los niños y jóvenes necesitan formarse como líderes, no solo político -donde escasea la buena preparación-. Hay que reemplazar la enseñanza actual, que forma alumnos para empleos de baja calificación; por otra, adecuada a la nueva y dinámica realidad, condicionada por la tecnología, donde se necesita, además de educar en valores morales, hacerlo también para la innovación y la creatividad; despertar la curiosidad y la astucia para resolver nuevos dilemas que el futuro deparará y que hoy es imposible prever. Se necesitan para ello docentes e investigadores mejor formados, jerarquizados y remunerados, y evaluaciones que nos indiquen si nos acercamos o no a las metas fijadas; como el examen al terminar el secundario, que se practica en casi todo el mundo, y que en nuestro país está prohibido.

Si con coraje los demás problemas se encaran de esta manera, la política y el futuro de nuestros hijos y nietos será por más promisorio.

Córdoba, julio de 2017.

Disputas por el poder o por trabajar

Mauricio Macri y Cristina Kirchner

El 2017, como todos los años impares, está signado por las elecciones, y por ello todo lo que se hace en política está en función de ganarlas, que por ser en este año sólo legislativas no cambiarán el gobierno, y muy poco las mayorías parlamentarias, pero pondrán en carrera a los que aspiran a las presidenciales de 2019. La táctica del gobierno, asesorado por Jaime Durán Barba, es tensar la relación amigo-enemigo, propia de toda disputa el poder, pero, en este caso, en vez de confrontar proyectos o programas políticos se crea una falsa opción: Macri versus Cristina, apoyar al gobierno o volver al kirchnerismo, el pasado contra el presente, volver a la “grieta”. Por eso poco o nada importa qué hacer con el trabajo, la educación, la seguridad, el cambio climático, etcétera. El Congreso casi no funciona, la economía está en veremos, la seguridad es preocupante, la educación está a la deriva, las calles cortadas, la Justicia sigue ineficaz y llena de vacantes, y la Corte Suprema es el árbitro final de conflictos que nadie resuelve (ejemplos: tarifas del gas, Milagro Sala).

Revertir el empleo cero

Pero entonces, ¿qué hacer con los graves problemas que nos aquejan?

  • Lo primero es centrar el debate político en la solución de los mismos, y no en quién o quiénes serán candidatos en el año 2019. Enfocarnos en el futuro -que es por demás incierto- y terminar con las falsas opciones como: volver a Cristina o ponerla presa, sostenerlo a Macri o subirlo al helicóptero, acentuar la ceocracia o la militancia camporista o piquetera.
  • De lograrse esto, habría que priorizar las cuestiones a resolver, que son muchas y muy complejas, y casi todas no serán solucionadas antes de éstos comicios, ni de los de 2019, como es, por caso, el de la educación.
  • El trabajo se muestra como el tema que más angustia a los argentinos y al mundo, ya que las nuevas tecnologías, aplicadas en el sector privado y público, parecen encaminadas al empleo cero. Trabajar hoy y mañana, no es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Los robots, la informática, la electrónica y el mundo digital nos obligan a pensar hoy, y preparar a las nuevas generaciones, para la innovación, la creatividad y el uso de nuevos instrumentos, que ya existen y que variarán o serán reemplazados por otros en poco tiempo, que nos permitirán gestar nuevos emprendimientos.
  • El trabajo decente, junto a la vida y la libertad, es el bien que toda persona debe ejercitar para vivir con dignidad. Sin valores la vida en sociedad carece de sentido.

El trabajo, que recordamos el 1º de Mayo, es lo que más se discute en las últimas campañas electorales de distintos países. Donald Trump triunfó en EEUU, con un florido discurso, por denunciar la baja del empleo, la consecuente reducción de los salarios, los altos costos de los servicios, como los de la medicina y la educación. Por eso les dijo a los americanos: basta de inmigrantes que les quitan sus trabajos; revertiré el tratado del Nafta que trasladó fábricas a México o Canadá, y propuso repatriarlas, junto a las que se fueron a China; cuestionó el Tratado del Cambio Climático de París de 2016 porque haría cerrar empresas que contaminan el ambiente; propuso crear fuentes de trabajo a través de obras de infraestructura y en las fuerzas armadas. Su lema “Haz América grande de nuevo” (Make America Great Again) ponía en primer lugar al empleo y relegaba, a un segundo plano, otras cuestiones como la política internacional. Si lo propuesto para solucionar esto es acertado, está por verse. Los discursos de las campañas electorales de este año en Europa y América siguen la misma línea.

Terminar en Argentina con la pobreza, la corrupción y el narcotráfico; traer inversores, equilibrar las finanzas públicas, terminar con la inflación y la economía en negro, descentralizar, mejorar la educación, reemplazar el empleo público por el privado, alivianar la presión fiscal, mejorar la infraestructura, terminar con el festival de los subsidios, reforzar la seguridad y cuidar el ambiente; son propósitos que hay que atender para que todos tengan un trabajo, bien remunerado, que les dé sentido a sus vidas y que les permita realizarse como persona.

Si este vuelco se diera, ¿Cómo cambiaría la visión que todos tenemos de la política? Hasta nos despertaría ganas de participar.

Córdoba, abril de 2017.