Dictamen sobre Ley de Despenalización del Aborto

despenalizacion del abortoSeñor Presidente

del Colegio de Abogados de Córdoba

Dr. Héctor Oscar Echegaray

Su Despacho

La media sanción de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que autoriza practicar abortos, y matar al niño o a la niña por nacer, merece todas las objeciones jurídicas que se le han hecho en las declaraciones de las AcademiasNacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de Buenos Aires que les adjunto, a cuyos fundamentos y razones me remito.

Además de ello , cabe agregar, que la Constitución Nacional, desde 1853, reconoce expresamente el derecho a la vidaal no admitir que las “sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor y la fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o a persona alguna” (Art. 29).

El proyecto, con media sanción, es inconstitucional cuando:

1.      En el artículo 2°, dispone que el artículo 85 bis del Código Penal, pena con prisión e inhabilitación especial “a la autoridad de un establecimiento de salud  o profesional de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o de negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.”  No se aclara quienes es la “autoridad” o a que “profesional” se refiere, pero les crea una obligación que atenta contra la libertad de conciencia de personas e instituciones que prestan servicios de salud, lo que contradice el artículo 14, 19 y 33 de la Constitución Nacional.

2.      En el 14º, dispone que “El mismo día en el que la mujer o persona gestante solicite la interrupción voluntaria del embarazo, el/la profesional de la salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación.(…). En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros/as.” El obligar al profesional a informar omitiendo manifestar sus convicciones religiosas o axiológicas atenta también contra la libertad religiosa, de conciencia y de expresión (Art. 14, 19 y 33 de la Constitución Nacional).

3.      En el artículo 15º, al referirse a la “Objeción de conciencia”, no la respeta cuando dispone que “El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.” Y “sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.” Lo que significa que se le obliga a manifestarse y registrarse, atentando con ello también contra la libertad de conciencia, e invirtiendo la obligación de los que deberían registrarse, que serían los que están dispuestos a practicar los abortos, o sea matar al niño o la niña por nacer; y no los que no deben hacerlo porque sus íntimas convicciones morales o religiosas se lo impiden.  También se le obliga a actuar en contra de sus convicciones cuando dispone que “no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata e impostergable. No todos los médicos están especializados y capacitados para practicar un aborto, por lo que es absurdo que se los obligue a hacerlo. También contradice la libertad de conciencia el que “Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario..” La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se refiere a la objeción de conciencia individual en el fallo “Portillo, Alfredo”, CSJN, 13/4/89, donde se eximió de hacer el servicio militar a un joven católico que invocaba su  convicción por el “no matarás” y por ello se negaba a revistar como soldado. Respecto a la objeción de conciencia institucional el Alto Tribunal lo admitió en el caso Bahamondez; Marcelo  del 6/4/93 (Fallos 316:479).

4.      Contradice ésta obligación lo que dispone el artículo 1° de la ley 25.326 cuando establece que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.” Y que en su artículo 2°  expresa: “A los fines de la presente ley se entiende por (…)— Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.”

5.      El proyecto, con media sanción, no establece quién se hará cargo de los costos que demande las prácticas abortivas, por lo que de acuerdo con lo que dispone el artículo 22 del proyecto de ley deberá el Poder Ejecutivo de la Nación, que es la “autoridad de aplicación” (Art. 22) proveer de esos recursos al: sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por ley 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la ley 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del decreto 1993/2011, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliadas o beneficiarios independientemente de la figura jurídica que posean” (Art. 16).

Por todo ello entendemos que ese proyecto de ley no debería ser sancionado ni promulgado.

Jorge Horacio Gentile       Lorenzo Barone

Sala de Derecho Constitucional

del Instituto de Estudios Legislativos del

Colegio de Abogados de Córdoba

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¿Los Magistrados deben pagar impuesto a las ganancias?

magistrado

Para responder a este pregunta tenemos que comenzar analizando el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la causa Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN – Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar” (27/11/18), por el que hizo lugar una queja interpuesta por la demandada y dejó sin efecto una medida cautelar para que a los jueces designados a partir del años 2017 no se les descuente de sus haberes el impuesto a las ganancias.

El fallo

El mismo expresa que la actora“1°) (…) inició una acción declarativa de certeza con el objeto de que se “despeje la incertidumbre provocada por la mención contenida en el artículo 5° de la ley 27.346, que sustituye el inciso a) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) incorporando al gravamen a las rentas derivadas: ‘a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y dé las Provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive'” (fs. 2 vta.). La acción fue promovida contra el Estado Nacional —Poder Ejecutivo Nacional—, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

La actora solicitó que se declarara que el concepto “nombramiento” debía ser entendido como “ingreso”, es decir, que la norma comprendiera solo a los funcionarios y magistrados que al 1° de enero de 2017 no pertenecían a los escalafones del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación. Para ello, pidió que se tomara como fecha de ingreso la correspondiente a la designación en tales organismos y, para quienes estuvieran concursando sin pertenecer al Poder Judicial o al Ministerio Público, la fecha de la presentación en el concurso. Como medida cautelar de no innovar requirió que el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público se abstuvieran de retener suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias “…hasta tanto se dicte la reglamentación que expida las instrucciones necesarias para comprender exactamente los términos utilizados en el instrumento legal, que deberán coincidir con el criterio expuesto más arriba, bajo riesgo de convertirse en una reglamentación que vulnera el espíritu de la (fs. 3).”

Más adelante la Corte dice: “2°) Que el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar y dispuso que se encontraban alcanzados por el impuesto a las ganancias los magistrados, funcionarios y empleados que fueran designados en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación a partir del 1° de enero de 2017, salvo que hubieren ingresado con anterioridad a dicha fecha o que proviniesen de los poderes judiciales y ministerios públicos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y siempre que sus retribuciones no hubiesen estado alcanzadas por el pago o retención del tributo en cuestión (fs. 179/198 vta.). 3°) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, mantuvo la medida cautelar pero modificó sus alcances, limitándola a los sujetos representados por la asociación actora (fs. 301/311 vta. del incidente de medida cautelar). 4°) Que contra esta decisión, la Defensoría General de la Nación (fs. 319/340) y el Estado Nacional (fs. 342/360) interpusieron sendos recursos extraordinarios federales, los que fueron rechazados por el a quo por no dirigirse contra una sentencia definitiva (fs. 396/ 396 vta.). El Estado Nacional dedujo recurso de queja.”

El fallo concluye: “13. (…) que no existen razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que exima del cumplimiento de lo ordenado por la ley a los sujetos representados por la actora. De ello se deriva que la vigente ley 27.346, sancionada tras una amplia discusión de los poderes del Estado y cuya constitucionalidad —como se dijo— no ha sido cuestionada, resulta plenamente aplicable a los beneficiarios de la medida cautelar que por medio de la presente se revoca (…), sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto debatido.”

De este fallo se infiere que lo que se ha revocado es solamente una medida cautelar de no innovar para que los deban abonar el impuesto a las ganancias, lo que no significa resolver sobre si es legítima la personería de los accionantes, ni si, en definitiva, deberán oblar el impuesto a las ganancias, lo que deberá ser resuelto cuando se dicte sentencia.

Mi opinión es que lo allí resuelto es correcto, ya que no hay razón alguna para que se resuelva vía una medida cautelar lo que en definitiva se debe resolver en la sentencia. Además, sostengo que, en principio los jueces, y demás funcionarios de los poderes judiciales y ministerios públicos federales o provinciales deben pagar impuestos, tasas, aportar para sus jubilaciones y la seguridad social, y hacer todas las contribuciones que les corresponden a todos los ciudadanos por aplicación del principio de igualdad ante la ley (Art. 16 de la CN). Lo que no se puede es rebajarle los haberes a los jueces, federales y provinciales, como bien establece la Constitución y la ley.

Sin embargo, no se entiende porque las distintas leyes y Acordadas que impiden que se les disminuya sus haberes a los jueces (llamados por la ley “magistrados”), cuya “compensación (…) no podrá ser disminuida en manera alguna” (Art. 110 de la CN), se les agrega a los: “Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y dé las Provincias y del Ministerio Público de la Nación” cuando ellos no están alcanzado por la limitación que fija el artículo 110 de la Constitución.

Historia

Sin embargo, desde 1701 en la Ley inglesa de Establecimiento (Act of Settlement), que pretendía corregir los abusos durante el período de los reyes Estuardos, se dispuso que “las comisiones de los jueces durarían mientras dure su buena conducta y sus salarios serían ciertos y establecidos.” En 1760, durante el reinado de Jorge III, el Parlamento aprobó un estatuto que establecía que los salarios de los jueces no podrían se disminuidos “mientras se mantuviera en alguna de sus comisiones”. Blackstone señala que el precepto se dirigía a “mantener tanto la dignidad como la independencia de los jueces.” Esto se aplicó en las colonias norteamericanas hasta 1761, en que comenzaron las injerencias de la corona sobre la Justicia mediante la alteración de los períodos de los jueces. Por ello en la Declaración de la Independencia de 1776, entre los agravios atribuidos al Rey, estaba el que “Él ha hecho de los jueces dependientes de su única voluntad, por su designio en el período de las funciones y en el monto de sus salarios.” En la Constitución de Filadelfia de 1787 se estableció que “Los jueces, tanto los supremos como los de las Cortes inferiores, retienen sus funciones mientras dure su buena conducta y reciben por sus servicios una compensación que no puede ser disminuida mientras continúen en el cargo.” (Art. III, sección 1ª)

Nuestra Constitución de 1853, con igual criterio, declaró que “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.” (Art. 96 hoy 110) No se discutió nunca que los jueces oblen impuestos indirectos que gravan sus inmuebles o el valor agregado a los bienes que adquieren, como los demás ciudadanos. Sin embargo, la jurisprudencia tanto, en Estados Unidos como en Argentina, cuestionó el pago del impuesto a la renta o a las ganancias de los jueces.

La Corte Suprema de Estados Unidos en “Evans vs. Gore” (1920) invalidó el gravamen al ingreso de los jueces diciendo que “la prohibición es general, no contiene excepciones y se dirige contra cualquier disminución” y se agregó “que los constituyentes quisieron prohibir todo tipo de disminución, sea por vía impositiva o directa, puesto que la independencia de los jueces es más importante que cualquier otro interés que justifica gravar sus salarios.” En “Miles vs. Gaham” (1925) extendió la garantía a los jueces designados con posterioridad a la creación del tributo. Criticada la Corte por esta doctrina cambia de criterio en “O’ Malley vs. Woodrought” (1939) afirmando que los nuevos jueces debían pagar el impuesto a los ingresos. En “Hatter v. U.S.” (1994) declaró, por lo dicho en “Evans”, inconstitucional las retenciones de las compensaciones por el Programa de Seguridad Social a los jueces, ya que la “reducción es concreta mientras el beneficio es potencial y enteramente especulativo”.

La Corte argentina en “Fisco c/ Medina” (1936), citando al caso “Evans”, sostiene que el impuesto a las rentas es inaplicable a los jueces, lo que es ratificado en “Poviña” y “Jauregui” (1940). En estos y en otros casos posteriores a “O’Malley” señala la singularidad de la Constitución argentina cuando prescribe que la compensación no podrá ser disminuida “en manera alguna” (esta expresión no está en la Constitución de Estados Unidos). En “Bonorino Peró” (1985) agregó que “si se produce el envilecimiento del signo monetario el no disminuir obliga a indexar las remuneraciones judiciales.”

Acordada 20/1996

La Corte por Acordada 20 de 1996, firmada por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’ Connor, Santiago Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo Bossert, declaró inaplicable el art. 1º de la ley 24.631, que dispuso la derogación de la exención del impuesto a las ganancias a los magistrados y funcionarios federales establecida en la ley 20.628, citando la doctrina “Medina” y afirmando que la reforma constitucional de 1994 ratificó el texto del artículo 110 de la Constitución. Esta Acordada no fue recurrida ni cuestionada por los otros poderes del Estado, y su doctrina se aplica también a nivel provincial.

La misma es objetable, ya que: 1. No era una sentencia que resolvía un “caso” como exige la Constitución para habilitar su competencia (Arts. 116 y 117), ni mucho menos una ley que derogaba la dictada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, sino de un acto administrativo de superintendencia donde los jueces no deben derogar ni declarar la inconstitucionalidad de leyes (aunque lo hayan hecho en otros casos); 2. Los jueces debieron apartarse ya que decidían sobre sus propios haberes; 3. Porque no se siguió la buena doctrina de “O’Malley”, que hace aplicable el gravamen a los jueces designados después de la ley que crea el tributo y no a los anteriores, a los que sí se les vulneraría la intangibilidad de sus compensaciones; y 4. El hecho que nuestra Constitución use la expresión “en manera alguna” (Art. 110), a diferencia de la norteamericana, no cambia los principios de igualdad ni de intangibilidad que lo justifican, que tienen por objeto garantizar la independencia judicial y no acordar un privilegio a los magistrados.

Por todo lo expuesto este fallo de la Corte Suprema, que anula una medida cautelar, no resuelve definitivamente el problema, y su alcance es muy limitado, ya que son muy pocos los jueces y funcionarios que junto a los abogados deberán, con el resto de los habitantes de este país pagar este tributo, lo que atenta contra el principio de igualdad ante ley (Art. 16 CN).

Córdoba, noviembre de 2018.

¿Se designan de jueces idóneos e independientes?

poder judicial

Las recientes denuncias de juicio político contra el juez federal Luis Rodríguez, que se tramita el Consejo de la Magistratura de la Nación, basadas en la declaración de la arrepentida Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz – secretario privado de Néstor Kirchner ya fallecido-, sobre un supuesto soborno a este magistrado, trae el recuerdo que fue designado en 2012 por un acuerdo entre el Kirchnerismo y el Pro, a pesar de que se sospechaba que en el concurso que rindió en el Consejo fue tramposo, por lo que hubo una causa penal de la que luego fue sobreseído.

Más allá del resultado de estas causas lo que preocupa es que la independencia de la Justicia comienza con la designación de los magistrados, que hace el Presidente con acuerdo del Senado en base a una terna que eleva el Consejo, decidida luego de una prueba de oposición que rinden los que aspiran a ese cargo.

La creación del Consejo se hizo en la reforma de la Constitución Nacional (CN) en 1994, para que la designación de jueces no se hiciera por acomodo político, como había ocurrido muchas veces.

Pero el proceder del Consejo, ni el de los presidentes, ni el del Senado han servido para que las designaciones de magistrados se hagan en tiempo y forma, por las siguientes razones:

* La ley que rige el Consejo establece como se integra, lo que cambió varias veces; y la composición actual es inconstitucional porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación no está representada como exige la CN (Art. 144). Es decir, que esté integrado con “jueces de todas las instancias”, y, la Corte, que es la última, no lo está.

* En los concursos que hace el Consejo se les exige a los postulantes responder, en una entrevista personal, las preguntas referidas a su “idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática” (Art. 13 Ley 24.937), lo que hace que muchas veces se modifique el orden obtenido en los exámenes rendidos para conocer su idoneidad jurídica. Entiendo que el Consejo solo debe hacer examinar a los aspirantes, y puede modificar su resultado solo si hubo alguna irregularidad. Valorar la “aptitud funcional y la vocación democrática” es competencia exclusiva del Presidente y del Senado, que antes de prestar acuerdo debe examinar esto siguiendo el procedimiento y las audiencias públicas que fija el Decreto 222/03.

* Actualmente hay 248 vacantes sobre 995 cargos de jueces que hay en el Poder Judicial de la Nación -cifra similar a la había en 2015. En el Consejo hay 103 en trámite, 42 ternas están en la presidencia para que Macri elija a quién propondrá al Senado, y 103 ya están en esa Cámara para prestarle acuerdo; sin que se haya convocado a sesiones extraordinarias para acelerar ese trámite, lo que demuestra que cubrir dichas vacantes no tiene prioridad.

* La terna elevada por el Consejo para que el presidente designe al vocal de la Cámara Nacional Electoral la discuten, desde hace un año, distintos sectores del gobierno, lo que pone en duda si los intereses políticos superan al requisito de idoneidad.

* La discutida reciente designación del fiscal de Estado, Daniel Leiva, como juez de la Corte Suprema de Tucumán, demuestra que esta falta de independencia judicial también existe en las provincias.

* En Córdoba, acaba de renunciar el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, por “cuestiones personales”. Pero trascendió que este letrado – con quien nada personal tengo-, que también acompañó al gobernador Juan Schiaretti cuando fue interventor en Santiago del Estero ocupando el cargo de ministro y miembro del Tribunal Superior de esa provincia, sería nombrado, dentro de seis meses, vocal del Tribunal Superior de Córdoba. Esto es algo que espero que sea solo una versión periodística, ya que los cordobeses no creen que una persona tan allegada al gobernador pueda ser un juez independiente.

La tan cacareada Reforma de la Justicia sigue siendo un anhelo que ni el gobierno nacional, ni los provinciales quieren encarar; por lo que habrá que esperar, como bien decía mi profesor Helio Olmos, que “la Justicia, (se concrete) en el juicio final”.

Córdoba, febrero de 2019.

Preguntas para los candidatos

preguntas para candidatosEn la primera elección presidencial de este año en América Latina ocurrida en El Salvador, se eligió por el 53% de los votos a Nayip Bukele, un joven carismático de 37 años identificado con los millennials, que usa vestimenta por demás informal, ex alcalde de la San Salvador, y que rompió con la tradicional polarización bipartidista, entre la derecha, representada por ARENA, y la izquierda, por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLM).

Con ello se vuelve a repetir, aunque con matices diferentes, lo ocurrido en las elecciones de EEUU, con Donald Trump; en Brasil con Jair Bolsonaro; en Italia con Giuseppe Comte y en Hungría con Viktor Orbán, donde políticos con un nuevo perfil vienen a reemplazar a los tradicionales, ofreciendo respuestas claras y concretas a las necesidades y reclamos más acuciantes que reclama la sociedad, referidos principalmente a la corrupción, al trabajo, a las migraciones y a la seguridad.

Aunque este tipo de políticos para nada me conforman por las soluciones nacionalistas, autoritarias y discriminatoria que proponen y llevan a la práctica; es importante, en una año electoral como el que estamos en Argentina, rescatar de ellos la sinceridad y las respuestas -mucha veces exageradas (como lo del “Muro” de Trump o la “guerra a la delincuencia” de Bolsonaro)- que le ofrecen a sus electores.

Por ello, es que se hace necesario, para evitar sorpresas como éstas y engaños, interrogar a nuestros candidatos a presidente, a vicepresidente, a legisladores y a gobernadores sobre qué soluciones concretas sobre temas centrales llevarán a cabo cuando sean electos. Esto nos ayudará a despejar la incertidumbre que nos embarga a todos, y así podremos decidir mejor nuestro voto.

Para ser prácticos, les preguntaría que proponen para:

* Crear empleos decentes;

* Mejorar la calidad educativa;

* Terminar con la inflación y la recesión;

* Proveer alimentos y alojamientos a los indigentes que duerme y habita en las calles;

* Suprimir y reducir tributos y tarifas, ¿cuáles?, ¿cuándo? y, si son reducidas, ¿en qué proporción?;

* Terminar con los cortes de calles y rutas que obstruyen el ir a trabajar y a los centros de salud;

* Reducir los presupuestos del Estado en todos sus niveles;

* Que los presidentes dejen de dictar leyes mediante DNU;

* Evitar la suspensión de clases, por huelgas o toma de escuelas que han impedido a la educación primaria tener los 180 días de clases anuales desde hace 35 años;

* Tener una Justicia independiente, rápida y eficiente;

* Pasar a la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) la justicia ordinaria, para que la financien sus habitantes, y no los de todo el país, como es ahora;

* Redistribuir la elección de los actuales 257 diputados nacionales, en proporción a la población de cada distrito, según lo que dispone la Constitución (art. 45); para que Córdoba que tiene 18, deje de estar menor representada que la CABA, que tiene 25 y Santa Fe 19, a pesar de contar menos habitantes;

* Que digan si aumentarán la edad jubilatoria;

* Si reducirá los haberes de los pasivos, como parece exigir el Fondo Monetario Internacional, y en ¿qué proporción?

* Derogar la inconstitucional reducción de jubilaciones decidida en Córdoba en 2015 (ley 10.333);

* No matar niños por nacer por abortos o adelantado partos, como ocurrió con la prematura niña de 6 meses de gestación, Esperanza, recientemente fallecida en Jujuy, luego de adelantarle el parto;

* Que no ingrese cocaína de Bolivia y marihuana de Paraguay;

* Que expresen sus preferencias sobre Venezuela: Nicolás Maduro o Juan Guaidó; y

* Para evitar los efectos del cambio climático, la contaminación, las inundaciones, etc.

Espero que las respuestas sean claras, y, si no la tienen, que lo digan con franqueza. No queremos volver a escuchar de nuevo si Macri es mejor o peor que Cristina. Las respuestas que se emitan serán más importantes que los discursos, que estamos cansados de escuchar, en los famosos debates televisivos, donde ser hablan vaguedades y se eluden las cuestiones de fondo.

Hablar claro y con sinceridad es lo mejor para entendernos en la vida y en la política.

Córdoba, febrero de 2019.

El pueblo quiere, otra vez, saber de qué se trata

urna-electoral-argentina-2015Llegó, por fin, el año electoral, en el que los argentinos con nuestro voto tendremos que vencer la incertidumbre, la desconfianza, la pobreza, la falta de trabajo y de educación, la inflación, la recesión, la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción y los demás problemas que padecemos.

Pero, ¿qué alternativas se plantean?

– Otra vez nos proponen elegir el mal menor. La opción de hierro es, de nuevo, Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner. Ambos así lo quieren, a pesar de sus malos desempeños como presidentes. Los que intentan terciar: Sergio Masa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Alfredo Olmedo y algunos otros no demuestran, todavía, solidez en sus pretensiones.

Una “interna invisible” condicionará la voluntad popular. Donde serán palabras santa las alternativas y candidatos que propongan Macri y Cristina, los gobernadores e intendentes, siguiendo los consejos de sus asesores -como Jaime Durán Barba-, de sus “mesas chicas”, del “círculo rojo” y de lo que digan las encuestas y focus groups.

Y ¿las elecciones primarias (visibles) de agosto próximo? – Repetirán, seguramente, los inútiles resultados de los comicios que precedieron las presidenciales 2015, en el que las alianzas y partidos mayoritarios presentaron una sola lista, por lo que será, de nuevo, una costosa “encuesta”.

A 35 años de democracia los ciudadanos debemos exigir respeto, participación y definiciones. Protestaremos cuando sea necesario –sin chaquetas amarilla como los franceses-, y no aceptaremos falsas opciones, violencias, y requeriremos explicaciones a los candidatos.

Macri no debería volver a priorizar la “pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos” o anunciar inversiones extranjeras, sino explicar cómo y cuando lo va a conseguir. Queremos saber, además, cómo se crearán empleos y se mejorará la educación, cómo se terminará la inflación, la recesión, el déficit fiscal y el aumento de los tributos y tarifas.

En 2018 la producción legislativa del Congreso, la institución más importante de la República, fue la más baja desde1991, ya que sancionó sólo 64 leyes (34 en sesiones ordinarias, de marzo a noviembre, y 30 en diciembre). La Legislatura de Córdoba sancionó 93. Sin embargo, los presidentes dictan leyes mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), que el Congreso casi nunca corrige ni deroga. Néstor Kirchner dictó 239 en 4 años y medio, Cristina Fernández de Kirchner 82 en 8 años y Macri 45 en 3 años. Hay muchas leyes sancionadas y promulgadas que no se aplican por no estar reglamentadas.

La Corte Suprema, por otro lado, mediante fallos prácticamente deroga o aprueba leyes, sin que el Congreso intervenga. Además, por Acordada 20/96 la Corte derogó la ley que impuso el impuesto a las ganancias al personal judicial. Muchos de sus fallos exhortan al Congreso a dictar o modificar normas que nunca son respondidos.

Por qué no se actualiza el número de diputados de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada distrito, como exige la Constitución. Córdoba tiene 18, y más habitantes que la CABA, que tiene 25, y que Santa Fe 19; y por qué no se permite el voto de preferencia, para que al sufragar alteremos el orden de las listas proporcionales, y desplacemos así a los corruptos, parientes y punteros que encabezan las boletas, privilegiados por los que las confeccionan, y así tener mejores diputados.

Por qué no se sanciona un Reglamento General del Congreso, como el que proyecté cuando fui diputado, que regule las reuniones conjunta de ambas cámaras, las comisiones bicamerales, el juicio político, los pedidos de informe al Poder Ejecutivo, el control de los DNU y la redacción de las leyes y la designación del Defensor del Pueblo, hoy demorada desde hace 10 años.

Por qué no se reforma el Justicia Federal cubriendo la gran cantidad de vacantes que tiene, pasando la Justicia Nacional a la CABA y la competencia para atender los recursos contra los fallos de los tribunales orales del interior a las cámaras federales con asiento en las provincias, y que actualmente falla la Cámara Federal de Casación Federal en Buenos Aires.

Reclamar el “de que se trata”, como en l810, ayudará a cambiar el rumbo del país.

Córdoba, enero de 2019.

Recuerdos de un egresado de 1958 del Monserrat

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Colegio Nacional de Monserrat

Un ejercicio de la memoria nos traerá al presente algunos hechos y episodios de nuestro paso por este querido Colegio Nacional de Monserrat que para mí merecen ser recordados.

Cursé mis estudios secundarios en este centenario colegio hace sesenta años, como antes lo había hecho mi padre, José Miguel; y luego lo hizo mi hijo, José Gabriel.

La calle Obispo Trejo y Sanabria era, entonces, más angosta; no era peatonal -como tampoco lo eran ninguna de las del centro-, y tenía los rieles del tranvía.

En la entrada estaba escrita una leyenda que decía: “Nadie es tan grande que pueda entrar o salir con el sombrero puesto”.

La pizzería de Don Luis, donde íbamos algunas veces después de clases a comer su tradicional pizza, estaba entonces en la calle 27 de Abril y Obispo Trejo, donde hoy luce la plazoleta Jerónimo Luis de Cabrera.

Durante los seis años de cursado, mis compañeros fueron varones, salvo al final del período peronista, en el que se permitió el ingreso de algunas pocas mujeres. Solo recuerdo una en nuestra camada.

La política influyó mucho en el colegio y en nuestras vidas, ya que algo parecido a lo que hoy denominamos “grieta” se adueñó de la vida de los argentinos en la década del cincuenta. Al final del gobierno de Juan Domingo Perón, en el colegio se comenzó a dictar la asignatura Cultura Ciudadana – en la que se difundía la doctrina peronista-, se creó la agrupación estudiantil Unión de Estudiantes Secundarios (UES) – identificada con el oficialismo-, y se cambiaron las autoridades – el rector y el vicerrector – por personas identificadas con ese gobierno.

Cuando fue derrocado Perón, recuerdo haber visto a algún profesor en la puerta del colegio con una ametralladora en el hombro. Los luctuosos sucesos políticos del año 1955 hicieron que ese año se nos eximiera del examen final con el promedio de 4, y no con el de 7 como era siempre.

Luego, con la “Revolución Libertadora” que en 1955 derrocó a Perón, se volvieron a designar autoridades del colegio. En dicho golpe de estado, que comenzó en nuestra ciudad, hubo profesores y alumnos que participaron, incluso armados.

Luego vinieron las elecciones de constituyentes de 1957 y, más tarde, la lucha de “libres” y “laicos”, la cual culminó con la creación y habilitación de universidades privadas, entre las cuales estuvo la Universidad Católica de Córdoba que fue la primera, cuya sede estaba a pocos metros de nuestro colegio.

Todo esto influyó mucho en mi vida, ya que en los primeros años del cursado mi vocación era seguir los pasos de mi abuelo paterno, Salvador, que había sido constructor. Por eso, yo aspiraba ser alguna vez ingeniero civil. Pero las “grietas” políticas, antes referidas, no solo invadieron al colegio, sino que penetraron mucho en mi persona.

El conflicto de Perón con la Iglesia y la finalización de su gobierno fueron el factor determinante para mí. El profesor Amaya, de Cultura Ciudadana, entraba y, más de una vez, me expulsaba de la clase por mis preguntas que para él eran impertinentes. Asistí a la conmemoración del Corpus Cristi de 1955 en la Iglesia de Santo Domingo, donde, además de católicos, había opositores de todos los signos.

Creamos luego la Agrupación de Estudiantes de Monserrat (ADEM), de la que fui presidente, y un periódico, Proa, editado en mimeógrafo, del que fui director.

Hacíamos pegatinas con carteles que confeccionábamos en el garaje de mi casa con páginas de diarios, en la que escribíamos con témpera consignas a favor de la “Enseñanza Libre”, y que pegábamos de noche en las paredes del colegio o del frente con engrudo que elaborábamos con harina y agua.

Todo esto, sumado a la influencia de algunos profesores como José María Fragueiro de Filosofía, Ceferino Garzón Maceda de Historia Argentina, y Felipe Yofre Pizarro de Instrucción Cívica, entre otros, fueron factores determinantes en mi decisión de cambiar mi vocación, por lo que terminé estudiando y recibiéndome de abogado en la Universidad Católica de Córdoba, doctorándome luego en la Universidad Nacional de Córdoba y dedicándome, también, a la política.

Recuerdo que los primeros flechazos de enamoramiento fueron dirigidos a hermanas de algunos compañeros del colegio, como a Suny, hermana de Raúl Martínez, o a Gloria, hermana de Ricardo Criscuolo, ya fallecido.

Recuerdo las fiestas y encuentros que compartimos con los compañeros como, por ejemplo, cuando íbamos a Gimnasia en el Parque Sarmiento, o cuando visitamos a Miguel Berutto, quien más tarde llegó a ser un ejecutivo muy importante de la Empresa Pérez Companc, y que vivía, entonces, en Rio Segundo, y nos hacía pasear en la jardinera de su casa tirados por un caballo.

El apellido de mi amigo, colega y compañero del Monserrat y de la Universidad, Enrique Saravia, abogado que luego se doctoró en la Universidad de París I (Panthéon-Sorbonne), luce en el nombre del estudio jurídico que presido desde hace 54 años, aunque él como consultor y profesor vive actualmente en Brasil.

A esta querida casa la debo muchas de mis condiciones, conocimientos y experiencias, que me marcaron para siempre. Mi vocación por el derecho, la política, la docencia y la difusión de ideas por la prensa u otros medios nacieron en este colegio.

La educación humanista la recibí de excelentes rectores, como fueron Valeriano Torres y Rafael Escuti; y profesores, entre los cuales recuerdo muy especialmente a “Orejita” Buteler, Próspero Grasso, la “Vieja” Centeno”, Román Velasco, Samuel Sánchez Bretón, Mario Revol Lozada, “Mister” Hughes, Julio “el Loro” Achával, Emilio Sosa López, López Carusillo, Sánchez Sarmiento, y al Maestro de música Alberto Grandi, a quien fastidiábamos cuando cantábamos el himno del colegio diciendo a coro: “Frente a Duartessssss y Quirós”, práctica que se repitió por años, incluso cuando mi hijo fue alumno.

Las enseñanzas y los ejemplos de estos docentes, sumadas a las circunstancias que rodearon la vida de nuestro país y del mundo de entonces, imprimieron en mí valores a los que siempre intenté ajustar mi conducta como: el amor a la libertad, a la justicia, a la democracia, a la Constitución, a la solidaridad, a la igualdad, a la paz, a la excelencia en la educación, al diálogo y al bien común. Los principales logros que alcancé y las convicciones que me acompañaron en la vida no hubieran sido posibles si no hubiera tenido la formación que recibí en esta alta casa de estudios.

Por eso es que debo agradecer a Dios por:

* estos 60 años de egresado;

* haber pasado por las mismas aulas en las que alguna vez estudiaron próceres de la talla de Juan José Castelli, Juan José Paso, y Deán Gregorio Funes; o presidentes de la República como los fueron: Santiago Derqui, Nicolás Avellaneda, Miguel Ángel Juárez Celman y José Figueroa Alcorta; o quien redactó el Código Civil: Dalmacio Vélez Sarsfield; o personalidades del siglo pasado como: Arturo Orgaz, Ramón J. Cárcano. Deodoro Roca, Leopoldo Lugones y Agustín Díaz Bialet –quien egresó con mi padre y fue juez de la Corte Suprema de Justicia-; o personajes contemporáneos como: el filósofo y diplomático Ernesto Garzón Valdez y el Cardenal Estanislao Karlic; y de las cuales fueron distinguidos compañeros de nuestra promoción que se recibieron de abogados con medallas de oro en la Universidad Nacional de Córdoba como: Carlos Horacio Clariá – fallecido en Roma en 2009 siendo uno de los directivos del Movimiento de los Focolares-, y el ex Ministro de Justicia Jorge de la Rúa – quien nos dejó el año 2015;

* los compañeros que tuve -con algunos de los cuales nos reunimos cada tanto para alimentar estos recuerdos-;

* la devoción que le debo a la Virgen morena, Nuestra Señora de Monserrat, a quien visité hace algunos años y a quien recé en el Monasterio construido hace más de mil años en su nombre, ubicada en una de las montañas catalanas que hay al norte de Barcelona; y

* sentirme siempre guiado por la frase que luce en el escudo del Colegio: “En virtud y en letras”; e iluminado, con la que termina su himno: “Por la Patria y en la Patria, con la luz del Monserrat.”

Córdoba, noviembre de 2018.

Discurso del egresado Jorge Horacio Gentile en el Acto en que se conmemoran los 325 años del Colegio Nacional de Monserrat

Señor Director, autoridades presentes, señores profesores, queridos  compañeros y compañeras egresados, alumnos, señoras y señores:

Vuelvo después de 53 años al muy querido Colegio Nacional de Monserrat; del que me fui a fines de 1958, luego de la tradicional ceremonia en la que los egresados se arrojan a la fuente del Patio Mayor; con el título de bachiller, dispuesto a enfrentar un porvenir incierto, a tratar de realizar un proyecto de vida, teniendo entre manos algunas metas, ideales e ilusiones – bastante vagas-, que me surgieron mientras permanecí en sus aulas.

Pero esta vez no vine en tranvía, como lo hice en los seis años en que fui alumno. La calle Obispo Trejo y Sanabria era, entonces, más angosta, no era peatonal -como tampoco lo eran ninguna de las del centro-, y los rieles del tranvía han hoy desaparecido. Recuerdo que cuando fuimos estudiantes se demolió la antigua almacén que había en frente del Colegio, oportunidad en que se rompió un recipiente del que se derramaron muchas monedas antiguas, lo que nos llamó mucho la atención.

El edificio de la Casa de Duarte Quirós está ahora dentro de la manzana declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO; lo que resultó en que su fachada esté mejor cuidada, pintada e iluminada que en la década del ’50, tanto, que hasta los escritores de grafitis de hoy las respetan.

En la entrada no está más escrita la leyenda: “Nadie es tan grande que pueda entrar o salir con el sombrero puesto”.

La pizzería de Don Luis, donde íbamos algunas veces, después de clases, a comer su tradicional pizza, no está más en la calle 27 de Abril y Obispo Trejo. Allí, hoy luce la plazoleta Jerónimo Luis de Cabrera.

Argentina y Córdoba, en aquella época, tenía menos de la mitad de habitantes que ahora. Las familias eran más numerosas y estables. Yo venía de una en la que éramos y somos 7 hermanos, y la de mi compañero de promoción, Carlos Horacio Clariá, brillante alumno y gran amigo que falleció en Roma, eran 17.

La mayoría de las madres no trabajaban y estaban dedicadas a educar a sus hijos y a cuidar el hogar. Además de la actual reducción de miembros y del menor tiempo que se dedica a la vida familiar, hay que agregar que entonces había muchísimo menos padres separados o divorciados que ahora.

En el interior del Colegio me encuentro ahora que hay tantas o más mujeres que varones. Esto fue algo impensado en mi época, en donde se tuvo el privilegio de hacer un experimento de ingreso femenino, pero que duró poco tiempo y no prosperó. Recuerdo que las compañeras  mujeres que tuvimos se podían contar con los dedos de la mano. El ingreso masivo de mujeres se concretó, para bien, recién en 1998, luego de una dura resistencia, a la que nunca me quise plegar.

Los alumnos y alumnas de hoy, a diferencia de lo que ocurría hace más de 5 décadas, usan uniformes; tienen, como sus profesores, teléfonos celulares, y a través de los mismos o de sus computadoras, netbooks, notebooks, iPads o tablets están conectados a Internet, se informan mejor y se comunican con fluidez entre sí y mediante las redes sociales con personas de todo el mundo, especialmente por Facebook y Twitter. Obtener, en aquel entonces, un teléfono fijo en una casa de familia podía demorar años.

No hubo en Córdoba televisión hasta 1960; tampoco había fotocopiadoras. La globalización que hoy vivimos era también impensada entonces; ello obliga a los jóvenes de esta época a estudiar necesariamente, para leer y hablar, el idioma universal que es hoy el inglés. En mi época podíamos optar entre estudiar el idioma de Shakespeare, el francés o el italiano. La educación bilingüe es hoy imprescindible, mal que nos pese.

En el plan de estudio, que se mantiene hoy como Bachillerato Humanista, se desarrollaba cuando yo era estudiante en seis años, y ahora se lo cursa en siete, con varias materias más. Al estudio del Latín, que teníamos entonces, se agregó para bien, hace ya algunas décadas, el Griego. Las materias Religión, para los que éramos católicos, y Moral, para los que no lo eran, se estudió hasta que en 1954 se interrumpió por el conflicto entre Perón y la Iglesia. Durante su presidencia, se incorporó también la asignatura Cultura Ciudadana, que en su contenido difundía la doctrina peronista, pero fue suprimida en 1955 cuando se produjo la llamada “Revolución Libertadora”, el levantamiento militar que se inició en esta ciudad.

Hoy el colegio cuenta con un terciario en el horario que en mi época era utilizado por el Colegio Manuel Belgrano, ya que entonces no tenían edificio propio. Las clases de gimnasia las hacíamos en el Parque Sarmiento, detrás del Museo Caraffa.

Mientras fui alumno del Monserrat entre 1953 y 1958, como lo fueron también mi padre y mi hijo, tuve oportunidad de hacer queridos amigos que todavía conservo, algunos viviendo muy lejos de Córdoba.

Tuvimos excelentes profesores, alguno de los cuales merecen ser recordados por su nombre y por sus apodos, como: José María Fragueiro, “Orejita” Buteler, Próspero Grasso, Ceferino Garzón Manceda, la “Vieja” Centeno”, Román Velasco, Samuel Sánchez Bretón, Mario Revol Lozada, “Mister” Hughes, Felipe Yofre Pizarro, Julio el “Loro” Achaval, Emilio Sosa López, López Carusillo, Sánchez Sarmiento, Santiago Ruiz Fontanarrosa y muy especialmente al Maestro de música Alberto Grandi, a quien fastidiábamos cuando cantábamos el himno del Colegio diciendo a coro:“Frente a Duartessssss y Quirós”, práctica que se repitió por años, incluso cuando mi hijo fue alumno.

El país vivió, en esa época, la crisis del segundo mandato de Perón, el conflicto con la Iglesia, el gobierno militar que lo derrocó y que fusiló a militares peronistas, el conflicto entre “libres” y “laicos”, y la revolución cubana, todo lo cual impactó nuestras vidas y la del Colegio.

La inestabilidad política hizo que los rectores y vicerrectores –hoy Director y Vicedirector- fueran sustituidos tres veces por razones políticas; los dos principales que quiero recordar fueron Valeriano Torres y Rafael Escuti. Cuando fue derrocado Perón, recuerdo haber visto a algún profesor con una ametralladora en el hombro en la puerta del Colegio. Los luctuosos sucesos políticos del año 1955 hicieron que ese año se nos eximiera del examen final con un promedio de 4, y no con el de 7 como era siempre.

Actualmente, los profesores son designados mediante concurso y existe un Consejo Asesor, lo que no existía en mi época. El examen de ingreso sigue siendo, para mí, una garantía y un premio para quienes se esfuerzan y aspiran a tener una educación de excelencia, en un momento en que nuestras casas de estudios retroceden peligrosamente en todas las encuestas donde se mide la calidad de la educación, y en el que la repitencia y el abandono escolar son más frecuentes que antes.

Como profesor universitario de primer año, he podido apreciar muchas veces la diferencia que hay entre un egresado de este colegio y otros que vienen de otros establecimientos y que tienen serias dificultades en la comprensión de textos, en lengua, en escritura o en conocimientos elementales de historia o geografía. Una cuestión que la proliferación de institutos privados que preparan ingresantes no ha podido corregir. Tengo para mí que el necesario objetivo de la inclusión no tiene por qué contradecir al de la calidad en la educación.

Fui presidente de la Agrupación de Estudiantes del Monserrat –que cumplía funciones similares al Centro de Estudiantes actual- , director del periódico Proa -que imprimíamos con mimeógrafo-; y participé en las luchas a favor de la enseñanza libre, lo que culminó con la ley Domingorena, que autorizó la creación de universidades privadas, lo que hizo posible la fundación de la UniversidadCatólica de Córdoba, a pocos metros de nuestro Colegio, a donde luego estudié, me gradué como abogado y en la que todavía soy profesor. Esto no me hizo apartarme de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que depende este Colegio, que fue a donde obtuve luego el título de Doctor y de profesor, ahora emérito.

De dirigente estudiantil pasé a militar en política a los 17 años, en las elecciones de constituyente de 1957 y luego en las presidenciales de 1958, habiéndome afiliado, el año siguiente, al partido al que pertenezco actualmente.

En esta querida Casa descubrí y le debo muchas de mis condiciones, conocimientos y experiencias, que me marcaron para siempre. Mi vocación por el derecho, la política, la docencia, y la difusión de ideas por la prensa u otros medios nacieron en este Colegio.

La educación humanista que recibí de excelentes profesores, sumada a la circunstancias que rodearon la vida de nuestro país y del mundo de entonces, imprimió en mí valores a los que siempre intenté ajustar mi conducta como: el amor a la libertad, a la justicia, a la democracia, a la Constitución, a la solidaridad, a la igualdad, a la paz, a la excelencia en la educación, al diálogo y al bien común.

Los principales logros que alcancé y las convicciones que me acompañaron en la vida no hubieran sido posible si no hubiera tenido la formación que recibí en esta Casa.

Por eso es que debo agradecer a Dios:

  • por estos 325 años;
  • haber sido y continuar siendo monserratense;
  • por haber pasado por las mismas aulas en la que alguna vez estudiaron próceres de la talla de: Juan José Castelli, Juan José Paso, y el Deán Gregorio Funes; o de quienes fueron presidentes de la República: Santiago Derqui, Nicolás Avellaneda, Miguel Ángel Juárez Celman y José Figueroa Alcorta; o por quién redactó el Código Civil: Dalmacio Vélez Sarsfield; o personalidades del siglo pasado: Arturo Orgaz, Ramón J. CárcanoDeodoro RocaLeopoldo Lugonesy Agustín Díaz Bialet –que egresó con mi padre y fue juez de la Corte Suprema de Justicia-; o los contemporáneos: el filósofo Ernesto Garzón Valdez, el Cardenal Estanislao Karlic, el Ministro de Justicia Jorge de la Rúa y el administrativista, doctorado en la Universidadde París, Enrique Saravia –estos dos últimos que fueron de mi promoción-; entre muchos otros;
  • por los directivos, profesores y compañeros que tuve – con alguno de los cuales nos reunimos desde hace años a cenar los primeros viernes de diciembre para alimentar estos recuerdos-;
  • por la devoción que le debo a la Virgenmorena, Nuestra Señora de Monserrat, a quién visité hace algunos años y recé en el Monasterio construido hace más de mil años en su nombre, en una de  las montañas catalanas que hay al norte de Barcelona; y
  • por sentirme siempre guiado por la frase que luce en el escudo del Colegio: En virtud y en letras”,e iluminado, con la que termina su himno: Por la Patria y en la Patria, con la luz del Monserrat.”

Córdoba, 1º Agosto de 2012.