El Tribunal Superior le dijo Amén a la Reducción de las Jubilaciones

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Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

El fallo del 7/05/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, dictado en autos “Pepino y otros c. Provincia de Córdoba”, rechazó una demanda iniciada por 15 jubilados bancarios que pedía se declarara inconstitucional la ley 10.333, que el 23 de diciembre de 2015, entre gallos y medianoche, se sancionó reduciendo todas las jubilaciones, pensiones y retiros provinciales, del 82 al 72,95%.

Para avalar la reducción salarial de quienes ya estaban jubilados, prohibida por el artículo 57 de la Constitución provincial, el Tribunal argumentó que para determinar el 82% del haber jubilatorio no debe calculárselo sobre el sueldo bruto que cobran los activos, como lo hizo la Caja desde que fue creada hasta ley 10.333, sino que debe hacérselo sobre el sueldo “líquido”. Esto lo pretenden justificar al afirmar que los aportes de los empleados en actividad no componen su remuneración. Pero aclaran, que sólo consideran aporte jubilatorio el 11%, que es el que fija ANSeS; y no el 18 % que se efectúa en Córdoba; ni los demás descuentos como: el de la obra social, cuota sindical, impuestos a las ganancias, etc. que efectivamente son aportes que se retienen del haber del personal activo. El arbitrario descuento del 11% se hizo para que sea menos drástica la confiscatoria reducción de los haberes jubilatorios.

El Tribunal Superior omitió, además, citar el artículo 10 de la ley 24.018, que rige también para jubilación de los jueces de la provincia por el Convenio de Armonización, cuando dispone: “El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%), de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al interesado por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio”; lo que es contradictorio con lo afirmado en el fallo, de que el aporte no es parte de la remuneración.

Esta decisión se funda en una sentencia anterior de ese Tribunal (“Bossio” del año 2009), pero omite citar el criterio que en sentido contrario fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Iglesia” y “Hernández”, por los que los actores seguramente lo recurrirán ante este alto tribunal.

El Tribunal Superior se equivoca cuando dice que el aporte jubilatorio de los activos no es parte de su remuneración, ya que ello no se entiende así en las normas reglamentarias, cuando se refiere a ello usando expresiones como: “descuento”, “retenciones” o “aportes”, que solo pueden entenderse si ellos componen el haber de los activos.

ANSeS y las demás cajas provinciales, desde siempre, liquidan los haberes previsionales sobre el salario bruto de los activos, y lo mismo dispone la ley de contrato de trabajo para las indemnizaciones.

Otro grave error del Tribunal Superior es afirmar que calcular sobre el haber bruto el porcentaje que corresponde a la jubilación hace que los mismos resulten superiores a la remuneración de los activos, lo que no está prohibido por ninguna norma, y es casi imposible que se dé en la práctica, ya que al calcular no se tiene en cuenta el último haber, sino el promedio de los últimos 4 años; y porque los posteriores ajustes de actualización se hacen tomando el promedio de los sueldos de distintas categoría que cobran los activos, lo que hace casi imposible que los sueldos de los pasivos superen a los de los activos.

El juicio “Acosta c. Provincia”, donde también se pidió la inconstitucionalidad de la ley 10.333; iniciado por Miguel Acosta, los Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, el de Empleados Judiciales, el de Músicos, el SUOEM y el Centro de Jubilados y Pensionados del Banco de Córdoba -que patrocinamos-; está desde hace un año y medio paralizado, y si fuera fallado de igual modo será apelado a la Corte Suprema.

Esta reducción de los haberes que afecta a 100 mil pasivos de la Caja Provincial, afectó también a sus 300 mil parientes, es para muchos la causa de la catastrófica derrota electoral que sufrió el gobierno provincial en las elecciones del año pasado.

El Amén (así sea) que el Tribunal Superior le dio a este recorte también compromete la independencia de la Justicia.

Córdoba, mayo de 2018.

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Comunas y alcaldes para los barrios de Córdoba

cpc

CPC Avenida Colón

Ha vuelto un debate que se clausuró en la Convención Constituyente de Córdoba cuando se votó en 1995 la Carta Orgánica Municipal y se rechazó el proyecto que presentamos como convencionales, junto al Dr. Ignacio Vélez Funes, por el que pretendíamos descentralizar la ciudad más grande del país, dividiéndola en una zona central, y en comunas presididas por Alcaldes, que duraría cuatro años en su mandato, y en su gestión serían acompañados por consejos de vecinos o regidores, ad honorem; todos elegidos por votación popular. Para el Área Central y su Centro histórico, cultural y comercial proyectábamos un Consejo Asesor presidido por un Secretario Coordinador.

De esta manera aspirábamos a seguir el ejemplo de las grandes urbes latinoamericanas, como Santiago de Chile, Lima, Bogotá, La Habana y Caracas; de Estados Unidos; de Europa y hasta Beijing y Shanghái, de China, donde sus autoridades distritales las eligen sus vecinos, al igual que los intendentes o alcaldes y legisladores.

La idea la trajo a Córdoba Juan Carlos de la Peña, cuando fue candidato a intendente en 1983 por la Democracia Cristiana. Más tarde, los intendentes Ramón Bautista Mestre y Rubén Martí, viendo lo inmanejable que era un municipio tan extenso, intentaron tímidamente desconcentrar la administración municipal creando los Centros de Participación Comunal (CPC), en los que se instalaron oficinas administrativas; dirigidas por directores y vicedirectores –punteros políticos de su entera confianza-; donde se cobran tributos y multas, se tramitan carnet de conductor y tarjetas de los colectivos, se habilitan negocios, son sede de tribunales de falta y reciben algunos reclamos; pero donde los vecinos no estamos representados, ni nuestros problemas urgentes, ni los de nuestros barrios, son atendidos ni resueltos.

La ciudad autónoma de Buenos Aires, hizo luego lo que la mayoría de la convención cordobesa se negó a aprobar, y descentralizó la Capital en 15 comunas, dirigidas por Juntas Vecinales de 7 miembros, elegidas cada 4 años por los vecinos, mediante listas proporcionales (Art. 127 de su Constitución de 1996, reglamentado por ley 1777 de 2005 y sus límites se fijaron en 2008 por ley 2650). Las primeras elecciones se realizaron el 10 de junio del 2011. Esta descentralización ocurrió a pesar que el territorio de la Capital Federal sólo tiene 200 kms.2 (Córdoba tiene 547 kms.2), y apenas“100 barrios porteños” (Córdoba tiene 430, contando los cerrados y los de la zona rural), aunque allí viven 3 millones de personas (el doble de nuestra ciudad).

Para descentralizar Córdoba hay que modificar su Carta Orgánica; lo que se puede hacer convocando a una convención constituyente, o a través de una enmienda aprobada por dos tercios de votos en el Concejo Deliberante, y que sea ratificada luego por un referéndum.

De aprobarse, las comunas podrían tener por sede las actuales oficinas de los 12 CPC, habría que reglamentar sus competencias, asignarles presupuesto, fijarles sus límites territoriales y el de la zona central, y elaborar los padrones electorales de cada una de ellas, para así poder convocar a elecciones.

Nuestro proyecto también propuso que hubiera un defensor de los vecinos, por ser más necesario que el defensor del pueblo provincial, por la infinidad de problemas que nos acucian, pero tampoco conseguimos que sea aprobado.

Lo que sí se sancionó fue el voto de preferencia, para que los electores podamos indicar en las boletas a los candidatos a concejales que deseamos que encabecen la lista, cuando se distribuyan los cargos, según la proporción de votos obtenido. Pero al reglamentarlo se dispuso que para que un candidato pudiera desplazar a otro u otros en la boleta necesitaba tener el 3% de preferencias, lo que hizo que en las campañas electorales ningún candidato tratara de mostrarse mejor que sus compañeros de lista, ni ningún sufragante en los comicios indicara sus preferencias. Ahora que se quiere hacer la “equiparación de géneros”, sería bueno que los vecinos pudiéramos elegir a las mejores mujeres y varones, suprimiendo ese absurdo mínimo del 3%.

Espero que el debate planteado por Miguel Siciliano y el actual intendente nos permita reformar el ineficiente gobierno que la ciudad tiene.

Córdoba, abril de 2018.

Los clérigos que fueron congresistas

León Federico Aneiros

Nuestra Constitución Nacional, siguiendo lo que establecía el artículo 23 de la Chilena de 1833 y del artículo 48 del Proyecto de Juan Bautista Alberdi, desde 1853 dispone, en una cláusula que es obsoleta, anacrónica y discriminatoria para los ministros de la Iglesia Católica Apostólica y Romana (ya que no incluye a los de los demás cultos), que los “eclesiásticos regulares (pertenecientes a una orden religiosa, y por el voto de obediencia que ello tienen a sus superiores, por lo que se excluye a los seculares) no pueden ser miembros del Congreso” (artículo 73 actual, idéntico al 62º de la de 1853 y 65 de la de 1860; en la reforma de 1949 fue derogado y restablecido en la de 1957; en la de 1994 hubo tres proyectos para derogarlo, que no fueron aprobados: el número 905 de José Miguez Bonino, el nº 1526 de Eugenio Zaffaroni, ambos del Frente Grande; y el nº 1547 de Hugo Dante Marcone, de Fuerza Republicana; las constituciones provinciales de Chaco, La Pampa, Mendoza, Rio Negro, Salta, San Luis y Tierra del Fuego tienen cláusulas similares).

El antecedente remoto de esta singular regla la encontramos en la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña donde para ser diputado no se puede “ser eclesiásticos de las iglesias anglicana, escocesas o católica (no está descalificado el clero de Iglesia de Gales).” En cambio en la Cámara de los Lores hay 26 “lores espirituales”; de la Iglesia anglicana: los arzobispos de Canterbury y York; los obispos de Londres, Durham y Winchester, y los demás obispos van ocupando su puesto según la antigüedad de su nombramiento y siempre que mantengan la dignidad eclesiástica.

La obediencia de los eclesiásticos regulares por su voto a los superiores se parece bastante al que tienen los legisladores respecto de los que confeccionaron las listas de candidatos, de las autoridades de los bloques, de los partidos políticos o de los gobernadores de la provincia de la que fueron elegidos.

El Código de Derecho Canónico de 1983, en su canon 285,3 prescribe: “Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que lleven consigo el ejercicio de la potestad civil”. Se entiende que esto se refiere tanto a cargos ejecutivos como legislativos o del Poder Judicial. En el Código anterior de 1917 la prohibición estaba matizada por la posibilidad de obtener una licencia. El Canon 626, 1 decía: “Sin autorización de la Santa Sede Apostólica no puede un religioso ser promovido a dignidades, oficios o beneficios que no puedan armonizarse con su estado.”

Pero más allá de ello es justo recordar que hubo algunos casos de participación de eclesiásticos en los distintos congresos nacionales; como lo fue en el que en 1816 que declaró la Independencia, en las convenciones constituyentes y en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

En el Congreso de Tucumán cuando declaró la Independencia el 9 de julio de 1816, de sus 33 diputados, sólo asistieron 29, de los cuales 11 eran clérigos. Entre los 4 ausentes estaba el presbítero Miguel Calixto del Corro, representante de Córdoba, que en ese momento cumplía una misión diplomática encomendada por el Congreso ante José Gervasio Artigas. Votaron por la Declaración de la Independencia los sacerdote Antonio Sanz, fray Cayetano José Rodríguez; fray Justo Santa María de Oro O.P.; los presbíteros Manuel Antonio Acevedo, José Eusebio Columbres, Pedro Ignacio de Castro Barros, Pedro León Gallo, Pedro Francisco Uriart, Pedro Miguel Aráoz, José Ignacio Thames y José Andrés Pacheco de Melo. Mariano Sánchez de Loria, diputado de Chuquisaca que también votó la ese día, no era sacerdote en ese momento pero lo sería después de que falleciera su esposa en 1817, llegando a ser canónico. Se incorporaron al Congreso después del 9 de julio los presbíteros Felipe Antonio de Iriarte, Pedro José Crespo, Mariano Perdriel, Diego Estanislao de Zavaleta, y José Miguel de Zegada. El sacerdote José Agustín Molina, fue elegido diputado por Tucumán pero renunció y fue reemplazado por José Ignacio Thames, pero fue secretario del Congreso durante los diez meses en que éste sesionó en Tucumán. Fue, además, el autor, junto con su fray Cayetano Rodríguez, del “Redactor del Congreso”, la únicas crónicas de las sesiones que llegaron a nuestros días; ya que se perdieron las actas oficiales.

En el Congreso Constituyente de 1853 que sancionó la Constitución Nacional en Santa Fe, hubo tres sacerdotes: Benjamín José Lavaysse, fray José Manuel Pérez O.P. y Pedro Alejandrino Zenteno. En la que la reformó en 1994, fue constituyente el ex obispo de Neuquén monseñor Jaime de Nevares, que fue elegido por el Frente Grande, pero reunida la convención renunció a su banca.

En 4 de septiembre 1857 se discutió en el Senado, que entonces sesionaba en la ciudad de Paraná, la reconsideración al rechazo del diploma del senador electo por la provincia de Santiago del Estero presbítero Antonio María Taboada, el que se había producido, en una primera instancia, por no reunir el requisito de contar con “la renta de dos mil pesos fuertes o de una renta equivalente”, exigido por el artículo 43º de la Constitución de 1853 (48 de la de 1860 y 55 de la actualmente vigente). Luego de un arduo debate el diploma fue votado dos veces, resultando empatado, y luego fue aprobado, con el voto de desempate del presidente del Cuerpo Tomás Guido. Este debate y la pareja votación se produjo a pesar de que Taboada alegó en su defensa que era propietario de una casa en Buenos Aires; otra en El Ferrol, cuyos alquileres estaban depositados desde 1850; y una estancia en la provincia de Santiago del Estero, con casa, oratorio y más de setenta arrendatarios.

La Cámara de Diputados tuvo entre sus miembros al segundo Arzobispo de Buenos Aires León Federico Aneiros, que fue electo en 1874 por el Partido Autonomista Nacional de Buenos Aires, y prestó juramento el 24 de julio de 1874, siendo presidente de la Cámara de Diputados Luis Sáenz Peña. Su asistencia fue irregular, su participación nula, renunció a la banca
al iniciarse las sesiones ordinarias la que fue aceptada 12 de mayo de 1875, luego de haber enfrentado a quienes se oponían a la vuelta de los jesuitas y que incendiaron el 28 de febrero de 1975 el Colegio del Salvador. Antes, entre el 15 de mayo de 1854 hasta el año 1856, monseñor Aneiros había sido electo e integró la Cámara de Representantes del Estado de Buenos Aires.

También fue diputado de la Nación el padre Virgilio Filipo, electo en 1948 por el Partido Peronista y sin dejar de ejercer el cargo de párroco de la Redonda, en Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, y terminó su mandato en 1952.

En las elecciones de 1946, el padre Leonardo Castellani fue candidato a diputado en segundo término en la lista de la Alianza Libertadora Nacionalista. Castellani, que no ejerció nunca ese cargo, era entonces jesuita y la Compañía lo expulsó en 1949. En el año 2001 el presbítero Luis Ángel Farinello compitió en las elecciones legislativas de ese año, como candidato a Senador nacional por la provincia de Buenos Aires, por el partido Polo Social fundado por él, para lo que fue autorizado por el obispo de Quilmes Jorge Novak. En enero de 2005 el obispo de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, Pedro Ronchino, negó autorización al sacerdote de esta provincia monseñor Gustavo Miatello, vicario del obispado de Trelew, la posibilidad encabezar la lista de diputados nacionales por pedido del gobernador de Chubut Mario Das Neves.

Queda claro, entonces, que el artículo 73 de la Constitución es hoy, más que nunca, innecesario y debe ser derogado, especialmente por los límites que establece el Código de Derecho Canónico para que los eclesiásticos pueden ejercer cargos legislativos.

Córdoba, de abril de 2018.

El aborto, un debate para distraer

Abortistas en la marcha del día de la mujer en Argentina

Mauricio Macri anunció en febrero que “Hay que dar el debate por el tema del aborto”, pero aclaró que “Yo estoy a favor de la vida y es mi postura”, con lo que lo instaló en los medios de comunicación, en la agenda del Congreso y en los reclamos del 8M; sin precisar si vetaría la ley de “interrupción de la vida” en caso de ser sancionada. Después de la marcha le dijo no al veto. De esto no se habló en la campaña electoral, por lo que el propósito no es otro que romper la dialéctica de la grieta, sustituyéndola por otra; donde Francisco, Macri y Cristina estarían del mismo lado; y las huestes de los dos últimos divididas. El proyecto de despenalización  de 71 diputados (27% de la Cámara) se debatiría prohibiendo las imágenes o películas que muestren fetos sacrificados.

Con ésta voltereta, aconsejados por Jaime Durán Barba, se cambia la atención de gobernantes y gobernados, y se frena, hasta el mundial de futbol, la caída en la opinión pública de Macri al no crecer el empleo y la economía; al no llegar las inversiones; por la reforma previsional, la falta de ética de algunos funcionarios; y el aumento de las tarifas, de la deuda externa, de la inflación y de la inseguridad.

Matar a una hija o hijo es un homicidio agravado por el vínculo con su madre, que está penado con prisión o reclusión perpetua (arts. 86 y 87 Código Penal), pero si el crimen ocurre antes de nacer la pena se reduce extrañamente hasta los 10 años, y es impune cuando el aborto tuvo por fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios; o cuando hubiere habido una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Esto último se dispuso en 1921 para que no nazcan niños “idiotas o dementes”, fundados en una ideología eugenésica y racista, en boga entonces, la misma que en los años 30 le sirvió a Hitler para ordenar el holocausto, en que murieron 6 millones de personas. De esta manera, si la madre (y el médico) asesinan al niño por nacer la pena se atempera o exime, lo que contradice la igualdad ante la ley y priva de “protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo” como indica la Constitución (Arts. 6 y 75 inc. 23) y el Código Civil y Comercial (Art. 19), al proclamar el derecho a la vida “desde la concepción”.

El médico Tabaré Vázquez, presidente socialista de Uruguay, al vetar en 2008 una ley que despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, que luego se aprobó en la presidencia de Mujica, afirmó que: “Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España.”

La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. (…)

“De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto.”

Estas razones, nos eximen de más comentarios.

 Córdoba, marzo de 2018.

El gran desorden, nuestro único problema

Ciudad de Buenos Aires

¿Por qué estamos disconformes con nuestro país?

– Para mí, el único problema de los argentinos es el gran desorden con que nos manejamos en lo político, en lo institucional, en la educación, en la seguridad, en la salud pública, en la Justicia, en la economía, en lo social, en los ambiental, en lo comunicacional, al diseñar nuestra infraestructura, etcétera.

Muestra de ellos son los altos índices de pobreza, de deserción escolar y de escasez de trabajo privado; el aumento de las adicciones, el narcotráfico, la economía y el empleo en negro, la inflación, la concentración de población en Buenos Aires y en el conurbano, la corrupción, la anomia, la violencia, los piquetes, los chicos que pierden horas de clase; el bajo nivel de formación de muchos políticos y dirigentes; y lo complicadoque es acordar propuestas de reformas. Es difícil en este país habilitar nuevos emprendimientos; importar o exportar; tramitar juicios, etcétera; todo lo cual ahuyenta la inversión local y extranjera.

Sin embargo, nuestro país cuenta con:

  • una población de 45 millones de habitantes,alguno de los cuales nos distinguen en el mundo como: el papa Francisco – el número uno de la tierra y de nuestra historia-; Leonel Messi, en el deporte; Máxima Zorreguieta, reina consorte y esposa del rey de Holanda y Daniel Barenboim, en la música; a los que hay que sumar los premiados: Carlos Saavedra Lamas (Nobel de la Paz en 1936), Bernardo Houssay (Nobel de Fisiología y Medicina en 1947), Luis Leloir (Nobel de Química en 1970), Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la Paz en1980) y César Milstein (Nobel de Fisiología y Medicina en 1984).
  • un territorio que es el segundo de mayor superficie de América del Sur (3.761.274 km²) luego de Brasil, el octavo en extensión en el mundo y el primero entre los países de habla hispana; de los cuales 2.791.810 km² corresponden al continente y el resto a las islas Malvinas, Sándwich del Sur, otras menores y a la Antártida.
  • la segunda economía más grande de Sudamérica, después de Brasil; y posee grandes recursos naturales orientados a la explotación y exportación agrícola y ganadera, es productora de petróleo, gas natural, biodiesel, minerales, software, autopartes,y vinos; tiene un importante desarrollo en las industrias nuclear y satelital, y un avanzado desarrollo científico.

Nos rige una Constitución (1853) que es la más antigua de las vigentes en América, después de la de EEUU (1787). Pero el Congreso, que es la primera institución de la República, necesita reformarse dictando un Reglamento General; limitar la facultad presidencial de dictar leyes, mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), que sustituyen con ello al Poder Legislativo. Además, debe actualizarse la cantidad de diputados que corresponden a cada distrito según su población, como indica la Constitución, lo que hace que haya provincias subrepresentadas como Córdoba; y modificar la forma de elección para permitir a los que votan marcar a sus candidatos preferidos, y así cambiar el orden de las listas, para que los diputados sean representantes del pueblo y no de los hacen las listas.

En la Justicia Federal hay que cubrir el 30% de magistraturas vacantes; transferir a la Justicia de la Capital Federal más del 50% de los tribunales que atienden los juicios de los porteños, y que lo financiamos todos los argentinos; y obligar a que paguen el impuesto a las ganancias.

Hay que disminuir y distribuir mejor los tributos que perciben la Nación, las provincias y los municipios, sustituyendo la coparticipación por el sistema originario de  la Constitución, de fuentes tributarias separadas, para evitar así la repetición y superposición de impuestos.

Esta descripción es solo una apretada síntesis de los desórdenes que nos causan tantos males, lo que también se podríamos observar si nos comparamos con lo que ocurre en los países vecinos; que, salvo Brasil, a pesar que disponen de menores recursos, vienen alcanzando un mejor orden y progreso.

Ponernos de acuerdo en ordenar nuestras casas, vecindarios, establecimientos educativos,  partidos, sindicatos, empresas, clubes, ONGs, municipios, provincias y la Nación es el único modo de salir adelante.

¡No me parece del todo imposible!

Córdoba, febrero de 2018.

El dialecto de la política

Para dialogar y debatir, algo no muy frecuente en la política actual, es necesario escuchar y entender lo que se expresa, pero en los últimos tiempos las palabras; las siglas; los gestos; los emojis; emoticones; memes; imágenes y hashtag con la que nos comunicamos han cambiado, y se ha gestado una “lengua especial” de la política, que supera la jerga, y podríamos decir que es ya un dialecto (un tecnolecto).

La grieta, entre Mauricio Macri (Cambiemos) y Cristina Fernández de Kirchner, es la palabra clave que en nuestro país separa dos extremos, usando siglas como: MM; CFK; PRO; FpV; UCR; PJ o CC, y con los mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema de los trolls y de los que se insultan con términos como: gato; yegua; remil (hijo de puta); gorila; reaccionario; garca; facho; zurdo; corrupto; destituyente; matón; cipayo; helicóptero; oligarca o narco. En el medio, tratan de sobrevivir, para no caer en el abismo, los políticos de “Corea del centro” que resisten la polarización.

Los partidos son espacios, liderados, muchas veces, por caciques mediáticos que acuerdan alianzas electorales o coaliciones de gobierno. Además de bloques, hay interbloques y monobloques, -con algunos borocotismos (intercambios)- en los parlamentos, que sesionan con o sin cuorum. Los DNU (decretos de necesidad y urgencia) son otra forma de legislar. Del viejo Justicialismo se dice que es un “archipiélago sin puentes” y su identidad es hoy el buscar y mantenerse en el poder. Las reelecciones la disfrutan los que se perpetúan en él.

La hegemonía la ejercen los machos alfa, las mesas chicas; cuando no, los CEOs, los chetos o los capangas, rodeados del círculo rojo, que los divorcia del resto. El populismo es la degeneración autoritaria de la democracia. El desafuero es el muro que inmuniza a los choros.

Abajo están los piquetes, los punteros, militantes, villeros, barras bravas y ñoquis; los que viven de planes; los que trabajan en negro, en las saladitas, en talleres clandestinos o en prostíbulos; o subsisten en el Conurbano, en la periferia o en el interior profundo.

El protagonismo femenino ha irrumpido últimamente con figuras como: Cristina, la ex presidenta; Heidi, María Eugenia Vidal y Lilita, Elisa Carrió, lo que hace pensar a algunos que no debemos descartar una futura “ginecocracia”. Además, hay Abuelas, que buscan a nietos; Madres, que luchan por los DDHH; y Mujeres, que bregan por el cupo electoral, el #Me Too (Yo también) y contra los femicidios.

Los originarios; migrantesdiscapacitados y las Lesbiana y Gay (LGBT) reclaman un espacio en la sociedad.

Los servicios de inteligencia, con su voyerismos (mirada), vigilan nuestro modus operandi.

La “pobreza cero” y blanquear la economía y el empleo, aparece como casi imposible.

Los cambios se muestran con expresiones como: empoderamiento, globalización, resiliencia (superar situaciones difíciles), disrupción (cambiar bruscamente), algoritmos (pautas para hallar una solución) u oximorones (palabras juntas de significado opuesto). La digitalización, las redes, las app (aplicaciones), los drones y robots expresan drásticas innovaciones, a las que hay que sumar el cambio climático, el calentamiento global o el efecto invernadero.

La teoría de “los dos demonios” y lo de los “30 mil desaparecidos” se invoca y discute cuando se vuelve la vista sobre lo que pasó en los setenta.

Claro está, que la posverdad; que deforma y desmadra la visión de la realidad, olvidando incluso lo que indican las encuestas y los focus group; al infiltrarse en esta constelación de palabras que componen este dialecto, tornan más que difícil el sesgo que nos debe llevar a la felicidad y al bien común, que deberían ser y son el destino último de la política.

Córdoba, enero de 2018.

La reforma previsional y los inocentes jubilados

ANSES

El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, se publicó en el Boletín Oficial la ley de reforma previsional que entró en vigencia el dia siguiente, que reduce a menos de la mitad el índice de actualización de los haberes de los pasivos de ANSeS que debería abonarse en marzo de 2018, lo que implica una reducción de parte de sus haberes con efecto retroactivo.

Es cierto que el Congreso puede modificar los índices de aumentos de los haberes y las fechas en que se practicarán, como hace esta ley, que dispone que la movilidad de los haberes de los pasivos, se actualizarán en marzo, junio, septiembre y diciembre – en vez de marzo y septiembre como antes- y se basará en el 70% de las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); y no como ocurría antes en que el índice era 50% por el incremento de los haberes de los activos y 50% por lo que recaudaba el ANSeS. Estas pautas se fijaron así porque el INDEC dejó de medir la inflación para ocultarla.

El nuevo índice -según el gobierno-, favorecerá a los beneficiarios, si se considera el proceso inflacionario, lo que es imposible saberlo ahora. De no ser así y los haberes son disminuido y confiscados parcialmente ello dará lugar a pleitos, ya que la Corte Suprema ha dicho que el pasivo debe mantener un estándar de vida similar al que tenía cuando era activo. Esto será, además, el costo político que pagará Mauricio Macri por no cumplir lo que dice esta ley que: “En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.”

Respecto del “empalme”, que ocurrirá el 1° de marzo de 2018, lo razonable hubiera sido aplicar el índice anterior en ese mes, y a partir de esa fecha aplicar el nuevo.

La ley garantiza a los pasivos que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil. Se excluye de este beneficio a los que lo han obtenido su prestación por invalidez o por pensiones por fallecimiento del titular, lo que es contrario al principio de igualdad ante la ley que reconoce la Constitución (Art. 16).

Cuando el trabajador cumpla 70 años y reúna los requisitos para pasivisarse, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites jubilatorios, pero deberá mantener la relación laboral hasta que el empleado obtenga el beneficio por un plazo máximo de un año. Ello no afecta el derecho del empleado a jubilarse antes de los 70 años. Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador de pagar la indemnización por antigüedad. La intimación implicará la

notificación del preaviso, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación laboral.

Esto beneficia a los que opten continuar trabajando, ya que hasta ahora los que lo hacían cobraban el haber de activos más el de pasivos. La ventaja para el empleado es que el patrón no puede prescindir del mismo cuando está en condiciones de jubilarse; pero acotará las posibilidades de ingreso o reinserción en el mercado laboral, a quienes aspiren a un primer empleo o pretendan volver a hacerlo.

Para el empleado que esté en condiciones de pasivisarse, su patrón deberá seguir haciendo los aportes del trabajador, pero las contribuciones patronales se reducirán a las destinadas a Obras Sociales y a los Riesgos del Trabajo. Esto se aplica también al dependiente jubilado que sigue prestando servicios sin interrupción con el mismo empleador. Están excluidos de esto los empleados públicos.

La ley no fue bien estudiada ni debatida, como lo demuestra el subsidio que se le agregó por decreto, y si fracasa al aplicarse, a los abuelos se les dirá: ¡que la inocencia les valga!

Córdoba, diciembre de 2017.