El Vínculo entre Religión y la Paz

religion y paz

Emmanuel Macron ha dicho y ha dicho bien que “los que más atesora una nación, lo que le da vida, lo que la hace grande y lo que es esencial para ella son sus valores morales”, esto bien lo podríamos ampliar afirmando que toda sociedad política atesora valores, principios, reglas e ideas fuerza, de carácter moral o de derecho natural, que encuentran su fundamentos en sus constituciones y en las creencias y principios religiosos de los que la integran.

La Constitución de un país, como la nuestra, aparte de ser el acta fundacional y organizacional de una sociedad política y de su estado, declara y garantiza derechos de los que la integran, y fija deberes a qué atenerse. Los objetivos, los principios, los valores y las ideas fuerza que hicieron posible su fundación y organización, también declaradas por la Norma fundamental, son básicas para orientar su posterior reglamentación y aplicación.

La religión o las religiones que profesan los que viven en estas sociedades políticas crean, al exteriorizarse, relaciones jurídicas que merecen ser reguladas. La paz es una idea fuerza y un valor que los ciudadanos y las autoridades del estado deben tratar de realizar y de hacer posible para una mejor convivencia social.

Si queremos determinar qué vinculo hay entre la religión y la paz, tenemos que precisar su significado.

Religión, según el Diccionario de la Real Academia Española es el: “Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.” Se entiende, también, que hay religiones no teístas, como el budismo, el confucianismo, el taoísmo, etcétera.

La Paz, para dicho Diccionario, es la: “(…) 2. f. Pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la guerra o a la turbulencia. (…) 4. f. Sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en contraposición a las disensiones, riñas y pleitos.5. f. Reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia. 6. f. Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y las pasiones.”

 

Religión y Paz en la Constitución Argentina

Nuestra Constitución utiliza la palabra paz en cuatro oportunidades: en el preámbulo, cuando declara como objetivo “consolidar la paz interior”; en el artículo 27, al señalar que “El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras (…)”; en el art. 75 inc. 25, cuando dispone que el Congreso debe “Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz”; y en el inc. 27 cuando dice: “Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y de guerra (…)”.

La religión es mencionada desde el preámbulo, cuando expresa “invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”, y en el artículo 19, al referirse a “Las acciones privadas de los hombres que (…) están sólo reservadas a Dios (…)”.

El término culto está en el art. 2 cuando habla del sostenimiento del “culto católico, apostólico romano”, y en el art. 14, cuando enumera y declara como derecho de los habitantes el “de profesar libremente su culto”. El art. 75 inciso 22 menciona que el Congreso puede “Aprobar o desechar (…) los concordatos con la Santa Sede (…)”. El art. 73 declara que “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)”.

Desde 1994, el artículo 93, único que se refiere a la religión, no exige, como lo hacía antes, que el presidente y el vicepresidente juren por Dios, sino por “sus creencias religiosas”. Los tratados internacionales, que ahora tienen jerarquía internacional, han invocan reiteradamente a la paz.

 

La religión y la paz en la sociedad política y con el estado.

Jesús dijo:

“Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21); y

“Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37).

No siempre se ha interpretado con claridad estas expresiones, que no solamente establecen una diferencia o separación del poder político con el de la autoridad religiosa, sino que, por el contexto en que fueron dichas, significan también que la autoridad Divina es superior a las autoridades humanas.

Hay sociedades políticas que ubican a la religión y lo religioso en un lugar preponderante. Esto lo hacen no solamente por la fe que profesan los que la componen, sino, y muy especialmente, porque comparten las normas morales y reglas del derecho natural que son esenciales en sus creencias, sus conductas, su modo de vida y su prédica. Pero hay otras que no respetan la libertad religiosa, sea porque adoptan alguna y discriminan a otras, o porque las reconocen solo como una creencia aprisionada en la conciencia de las personas, o porque directamente la niegan, la prohíben y muchas veces la combaten.

Hay constituciones que diferencian la autoridad del estado con el de las religiones, como la nuestra, donde la “autonomía y la cooperación”, como bien lo expresa la Constitución de Córdoba (Art. 6), son la regla principal. Sin embargo, existen otras donde ambas se identifican y confunden, o que adoptan o declaran a alguna como religión oficial. Hay, también, constituciones que omiten o desconocen a ciertas religiones, y estados que persiguen a quienes las profesan.

 

Las religiones y la Paz del mundo

Las dos guerras mundiales fueron sepultadas por dos bombas atómicas. La guerra fría con la caída del muro de Berlín, y sus últimos atisbos por el acuerdo de EEUU y Cuba en época de Obama. Pero las guerras religiosas o antirreligiosas parecen no terminar, aunque emergen nuevas modalidades.

En este siglo, Al Qaeda destruyó las Torres Gemelas; el Estado Islámico (ISIS en inglés) desde Irak propuso una guerra santa (yihad) para imponer un califato. Hubo atentados en París en la revista Charlie Hebdo y muchos más; en Nigeria, por Boko Haram; en Kenia, por Al Shabab; en Sudán del sur; y entre palestinos y judíos. Esta violencia nos muestra que hay conflictos políticos o étnicos que usan o instrumentan la religión para imponerse, atraer adeptos o vencer al enemigo. Usan la religión y lo religioso como pretexto para conseguir objetivos políticos, pisoteando la dignidad de la persona humana y violando las normas morales y del derecho natural.

En este mundo globalizado, la violencia (política-religiosa-étnica) no tiene frontera, y puede ocurrir en cualquier parte. Argentina lo padeció con el atentado a la embajada de Israel en 1992 y en 1994 contra la AMIA, y en 2015 con la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Judíos, cristianos, musulmanes y quienes profesan otros credos muchas veces son perseguidos, denostados o castigados por su fe, por practicar su culto o cambiarlo; por lo que es imprescindible reforzar las garantías a estos derechos injustamente vulnerados.

Por ello, el Consejo Argentino de la Libertad Religiosa (CALIR) impulsa la aprobación de una ley interna y de un tratado internacional de libertad religiosa, que no solo declare derechos – como hacen ya algunas normas internacionales-, sino también que cree un órgano internacional que encueste, supervise, aconseje y medie para el mejor ejercicio de estos derechos, y denuncie e impulse el juzgamiento de las graves violaciones de los mismos. Que aliente, además, la secularización de los estados, el respeto de la autonomía de las iglesias o confesiones religiosas, y vele por el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de conciencia, religiosa y de culto. Que periódicamente informe, como lo hace en la actualidad el Relator de Libertad Religiosa de la ONU, los avances y retrocesos que ocurren en esta materia.

 

La buena noticia de la Paz

Las ideas fuerza que declaran las constituciones al igual que las religiones muchas veces han sido mejor explicadas, ponderadas y fundamentadas por los libros sagrados que por las constituciones, los tratados y las leyes positivas, como ocurre por ejemplo con la idea de la paz, lo que es claro apreciar en la tradición judeo-cristiana.

La paz, en el Antiguo Testamento, es fruto de una vida entregada a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir la alianza. Es el regalo que Dios hace al justo (cfr. Sal 119, 164-168). La paz auténtica, por tanto, se da cuando Dios reina realmente en medio del pueblo de Dios. Es lo que anuncia el segundo Isaías (en 52, 7): “Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: “Ya reina tu Dios”.

Un Salmo exclama: “Oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo del rey tu justicia: que con justicia gobierne a tu pueblo, con equidad a los humildes. Traigan los montes paz al pueblo y justicia los collados (colinas). Él hará justicia a los humildes del pueblo, salvará a los hijos de los pobres, y aplastará al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad; caerá como la lluvia en el retoño, como el rocío que humedece la tierra. En sus días florecerá la justicia, y dilatada paz hasta que no haya luna” (Salmo 72, 1-7).

El Nuevo Testamento proclama: “Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará sus hijos” (Mateo 5, 9).

Esta Buena Noticia de la Paz, que Dios regala al mundo por medio de Jesús, resuena específicamente en el canto de los ángeles, cuando estos anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace” (Lucas 2, 14).

San Pablo explica: “Porque él (Cristo) es nuestra paz: él que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca”. Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo Espíritu” (Éfeso 2, 14-18).

“Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de la justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz.” (Santiago 3,16-18).

San Óscar Arnulfo Romero nos recordaba: “Hermanos, si de veras lo somos: ¡hermanos!, trabajemos por construir un amor y una paz – pero no una paz y un amor superficiales, de sentimientos, de apariencias-, sino un amor y una paz que tiene sus realces profundas en la justicia. Sin justicia no hay amor verdadero, sin justicia no hay la verdadera paz. He aquí, pues, que si queremos seguir la vertiente del bien que nos hace solidarios con Cristo, tratemos de matar en el corazón los malos instintos que llevan a estas violencias y a estos crímenes y tratemos de sembrar en nuestro propio corazón, y en el corazón de todos aquellos con quienes compartimos la vida, el amor, la paz, pero una paz y un amor en la base de la justicia”.

SS Francisco ha dicho: “¡Cómo quisiera que por un momento todos los hombres y las mujeres de buena voluntad mirasen la Cruz!”, haciendo hincapié en que en la Cruz “se puede leer la respuesta de Dios: allí, a la violencia no se ha respondido con violencia, a la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la Cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor que nosotros cristianos y los hermanos de las otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad gritasen con fuerza: ¡La violencia y la guerra nunca son el camino para la paz!” (“La palabra Paz atraviesa todo el Evangelio” Jornada Internacional de intercesión por la paz en Tierra Santa; Domingo, 26 enero 2014).

 

Conclusión

La fuerza de la idea de la paz, si la analizamos desde la óptica de la Constitución y de la religión, adquiere una importancia mayor, tanto cuando se refiere a la dimensión interior de las personas, al interior de la sociedad política, o a las relaciones internacionales, como cuando bregamos para conseguirla a partir de las creencias y las convicciones religiosas.

La paz, vista desde esta perspectiva, y que no siempre coincide con la idea de felicidad, no solamente debe entenderse como contraria al opresor, a la muerte, a la guerra, al atentado, a la violencia, al secuestro, al escrache, al crimen, a la intolerancia, a los malos instintos o directamente al mal; sino que debemos asociarla con el amor, la hermandad, la amistad, la justicia, la equidad, la compasión, la reconciliación, el perdón, la concordia, la tranquilidad, el sosiego, la quietud y la buena correspondencia.

Demoler muros, eludir barreras, suprimir grietas; evitar disensiones, riñas y pleitos; construir puentes y caminos; hacer posible el diálogo, la conversación y la negociación. Todo ello es indispensable para lograr consensos y hacer posible la paz.

Córdoba, noviembre de 2018.

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Egresados de la Universidad Católica de Córdoba en 1963

UC-de-Cordoba

FACULTAD DE DERECHO

Compañeros Fallecidos

Víctor Rafael “Bicho” Olmos – Luis Casati Ferro – Carlos López – Raúl Masini – Osvaldo Bouwer de Koning

Compañeros egresados

Héctor Guido Bartolomei – Marisa Bisio de Viano – Ramón Ricardo Ruarte – Ángela Fortuna – Gustavo Carranza Latrubesse – Domingo Viale Eduardo Cúneo – Guillermo Smekens – Jorge Avalos Mujica – Pedro Almeida – Rómulo Marcatini – Margarita Toro – Roberto Fonseca – Jorge Horacio Gentile – Néstor Cadario – Rosa Abal Dutari de Cadario

Jesuitas

Jorge Camargo SJ – Jaime Amadeo SJ – José Antonio Sojo SJ – César Azúa SJ – Jean Sonet SJ – Gustavo Casas SJ – Sixto Castellanos SJ

Decano de la Facultad de Derecho

Agustín Díaz Bialet

Secretaria

“Porota” Salaberría

 

Palabras de recordación

Hace 55 años, los primeros egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba ingresamos –luego de rendir el examen de ingreso- en 1959, un año después de su fundación. En ese momento, la misma no estaba reconocida por el Estado, por lo que no sabíamos si íbamos a poder graduarnos allí como abogados. Por eso, varios de nosotros nos inscribimos también en la Universidad Nacional.

Veníamos de luchar en los colegios y en las calles entre “libres” –que querían universidades privadas- y “laicos” –que se oponían a ello-, participando en manifestaciones y actos públicos.

La Universidad se fundó por el impulso que le dieron los jesuitas, entre los que recordamos muy especialmente a: Jorge Camargo, Jean Sonet, Jaime Amadeo, César Azúa, José Antonio Sojo, Sixto Castellanos, Gustavo Casas, etc.

En los cinco años de la carrera, cursamos siete materias por año, una de las cuales era Teología, en lo que fue y es el Colegio San José. Asistimos a clases todos los días hábiles, y rendíamos tres parciales y también un examen final. La asistencia la tomaba casi siempre “Porota” Salaberría.

Luego de graduarnos, y para ser habilitados, tuvimos que rendir un examen ante un tribunal integrado por un presidente designado por el Ministerio de Educación de la Nación, un representante del Colegio de Abogados y otro de la UCC.

El Decano de la Facultad de Derecho era entonces, el doctor Agustín Díaz Bialet, que luego integraría la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y fue nuestro eximio profesor de Derecho Romano. Pedro Ángel Spina, que luego presidió el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y Helio Olmos estaban a cargo de las cátedras de Derecho Penal. Pedro José Frías, que también fue juez de la Corte Suprema y embajador, de la de Derecho Constitucional –junto a Guillermo Becerra Ferrer– y Público Provincial. Alfredo Fragueiro nos enseñaba Introducción a la Filosofía, Derecho Natural y Filosofía del Derecho. Néstor Pizarro, José Manuel Díaz, Lisardo Novillo Saravia y Arturo Granillo, Derecho Civil. Manuel Espinoza y Manuel Augusto Ferrer padre, Derecho Comercial, y su hijo de igual nombre, dictó Derecho de la Navegación junto a Enrique Ferreyra. Rogelio Ferrer Martínez –que supo presidir el Tribunal Superior- en Procesal Civil- y Carlos Ernesto “Cacho” Moreno y Raúl Torres Bas en Procesal Penal. El Padre Jaime Amadeo SJ y Gustavo Casas SJ eran profesores de Teología. Clemente Villada Achával y Celestino Piotti en Internacional Público y Privado respectivamente. Jesús Abad Hernando, Héctor Meehan y Julio Altamira Gigena en Derecho Administrativo. En Laboral, José Narciso Rey Nores; en Agrario y Minero, Calos A. Almuni; en Canónico, el padre redentorista Aldo Luis Cooper; y en Finanzas Públicas, Mario Martínez Casas e Isidoro Cibele. En Historia del Derecho, Luis M. Freijeiro Boullosa –que tenía una memoria fabulosa-; en Economía Política, la doctora Elisa Ferreyra Videla – única mujer que fue profesora-; en Sociología, Alberto Díaz Bialet y el Padre Antonio Donini; y en Derecho Político, Clodomiro Ferreyra.

En el grupo había un gran cariño a la Universidad que se estaba formando, y de allí es que de este curso surgió la formación de la Asociación de Estudiantes de Derecho y luego la Federación de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad, cuyo primer presidente fue Héctor Guido Bartolomei. Estas organizaciones estudiantiles hicieron varias reuniones con dirigentes estudiantiles de otras universidades católicas argentinas. Como dirigentes estudiantiles, tuvimos algunas fricciones con las autoridades, inclusive con el rector Jorge Camargo SJ, pero siempre dentro de un clima de respeto y sin cuestionar la excelencia de la educación que se impartía.

En la Universidad, se organizaban anualmente quermeses, en las que participaban estudiantes de todas las facultades. Además, con frecuencia se organizaban reuniones donde se bailaba, se escuchaba música y se estrechaban vínculos entre alumnos y alumnas de las distintas facultades. Varios de nuestra camada estuvieron de novio o se casaron con quienes conocieron en la Universidad.

El contexto de nuestro paso por la Universidad fue muy activo. La revolución cubana, encabezada por un discípulo de los jesuitas, Fidel Castro, instaló en 1959 la guerra fría en América. Los atentados con explosivos en la Shell y la consecuente intervención federal a la provincia de Córdoba, gobernada por Arturo Zanichelli, se produjeron en 1960. La invasión a Bahía de Cochinos o Playa Girón en Cuba fue en 1961. En 1962, se produjo el golpe de estado que derrocó al presidente Arturo Frondizi, el cuarto de los seis que se produjeron en el siglo pasado. En este mismo año, también se inició en Roma el Concilio Vaticano II y desapareció el obrero metalúrgico Felipe Vallese, uno de los primeros de los tantos ocurridos en el país en ese tiempo. En el año siguiente fue la elección del presidente Arturo Íllia y el asesinato del presidente de EEUU John F. Kennedy. Todo esto impactó nuestras vidas, lo que nos movió a discutir sobre estos sucesos, asistir a conferencias y debates, y hasta comprometernos políticamente.

La reunión que hoy nos convoca coincide también con otros que se merecen tener presente, como el aniversario de los 35 años de la recuperación de la Democracia Constitucional, el gran logro político de nuestra generación que no han logrado interrumpir, a pesar de las graves crisis que padecimos y padecemos, de los avances del populismo, del vertiginoso crecimiento de la pobreza, de los gravísimos casos de corrupción, la degradación de la educación, etc.

En lo religioso, vivimos el quinto año del papado del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio -la actual personalidad más importante de la Argentina- que trata de poner a tono a la Iglesia con los grandes cambios que se han producido y están sucediendo en el mundo. Su prédica a favor del ecumenismo y a las demás expresiones religiosas y culturales del mundo, y sus esfuerzos por renovar a la Iglesia no han declinado, a pesar de los desgraciados casos de pedofilia y las campañas antirreligiosas, como las que esconden las propuestas que buscan suprimir la vida de las personas por nacer o mediante la eutanasia, las que quieren imponer la llamada “ideología de género” o las que quieren encarcelar la religión en la conciencia de las personas, cuando no directamente suprimirla.

Para terminar, es bueno recordar dos frases que quedaron grabadas en nuestras vidas: aquella dirigida a “hombres -varones y mujeres- de ciencia y conciencia”, a la que luego se le agregó también “de compromiso”; y aquella que luce en el escudo de la Universidad, “Veritas Liberavit vos”, “la Verdad os hará libres” (Juan 8:31-38). Estas frases, al menos a mí, me han iluminado este largo camino que hemos recorrido en estas últimas cinco décadas y media.

Córdoba, noviembre de 2018.

Israel, once años después

IsraelCon 17 argentinos, 5 cordobeses,de la Fundación Universitaria del Río de la Plata volví, después de 11 años, a Israel y recorrimos su territorio, que es menor al de la provincia de Tucumán. Estuvimos en Tel Aviv, Jerusalén, el Valle del Jordán, Cafarnaúm, los Altos del Golán –en la frontera con Siria y Líbano-, Safed, Haifa, la fortaleza de Mesada, y Sderot, que está a un kilómetro de la franja de Gaza, desde donde los terroristas de Hama disparan misiles.Visitamos los Kibutz de Hagoshrim, Kfar Szold, Ein Hashlosha y Magal, donde está la fábrica Netafim, líder mundial de riego por goteo. Algunos, por el lujo de sus viviendas, se asemejan a nuestros countries. Estuvimos en las playas del Mediterráneo, del mar de Galilea, y me bañé hice “la plancha” en el salitroso Mar Muerto.

Conocimos la Universidad Hebrea de Jerusalén; la Universidad de Haifa, donde su rector es el cordobés Gustavo Mesch; y el Colegio de Abogados de Jerusalén,que lo preside otro comprovinciano, León Amiras. Conversamos, también, con el periodista de la CNN José Levi y con Israel Rabinowicz. Nos recibió en su casa el embajador argentino Agustín Caucino.

En la visita a la empresa Movileye, líder en sistemas antichoque, me convencieron que los automóviles autónomos son más seguros que los que manejan los humanos. Esto fue confirmado el día que llegué a Córdoba cuando supe del accidente fatal que le costó la vida a José Manuel de la Sota.

Nuestra visita coincidió con el Año Nuevo judío5779 yel musulmán 1440, y con los 70 años de la creación del Estado de Israel, rechazada por los palestinos, cuando sólo había 600 mil judíos. Hoy Israel tiene 8.793,000 habitantes de los cuales 75% (6.556.000), y el 21 % (1.837.000) son árabes (musulmanes, casi todos sunitas, y cristianos) y hay 400.000 cristianos no-árabes y personas sin clasificación en el censo, representando el 4% de la población.Su tasa de natalidad, el número promedio de hijos por mujer, es de 3,11, la más alta de Occidente.

En la capital, Jerusalén (no aceptada por los palestinos), visitamos la Knesset, el parlamento integrado por 120 diputados, donde ningún partido tiene mayoría; la Corte Suprema, de 12 miembros; y las oficinas del presidente, Reuven Rivlin, y la del primer ministro Benjamín Netanyahu.No tienen Constitución, pero en su lugar hay leyes básicas -como en el Reino Unido.

El servicio militar es obligatorio para varones y mujeres, desde los 18 a los 21 años, por lo que es común ver en las calles a jóvenes con la ametralladora colgando del hombro.

¿Qué cambió después de once años?

Israel también padece alguno de los brotes nacionalistas que intentan frenar la globalización, demostrada en la reciente declaración de que su estado es judío, y en el traslado de la embajada de EEUUa Jerusalén.

Sin embargo, comoel Medio Oriente es ahora el escenario bélico más intenso del mundo, con Siriaen el centro del conflicto, revertir esta situación es hoy más importante y urgenteque terminar con la disputa entre Israel y Palestina. Según José Levi, para esta zona el problema mayorya no es Israel, sino Irán. Por eso, como sugirió Obama al visitar Argentina, el crear el estado Palestino o un estado federal que incluya a Israel y Palestina es urgente, aunque ambos se resistan a imaginarlo.

Si Sudáfrica con 20 millones de negros y 5 de blancospudo abolir el apartheidy lograr con Mandela resolver un problema que parecía imposible; si las dos alemanias se unificaron; si se concluyó la guerra fría y se disolvió la Unión Soviética, ¿por qué no intentar superar el conflicto entre judíos y árabes? Lo mismo están intentando hoy las dos Corea, y el Vaticano y China, que acaban de firmar un convenio, luego de una ruptura de relaciones en 1951.

Los notables avances alcanzados por Israel con su democracia, con su economía y con su aprovechamiento de nuevas tecnologías, le confieren un liderazgo que bien debería aprovecharlo e invertirlo para hacer posible la paz en esta castigada parte del planeta.

Córdoba, octubre de 2018.

Pactar en Política, Una Necesidad

pacto politicoLa grave crisis que padecemos nos recuerda y promete acuerdos, convenios, tratados y pactos; verbales o escritos, publicados u ocultos, que se cumplen o no, que beneficien o perjudiquen a unos o a otros.

Ejemplos históricos fueron el pacto de San Nicolás de los Arroyos en 1852, que hizo posible el dictado de la Constitución en 1853; el de San José de Flores de 1859, por el que incorporó la provincia de Buenos Aires, y más recientemente el pacto de Olivos que permitió la reelección de Carlos Menem y la reforma constitucional de 1994. Los cuadernos de la corrupción nos demuestran que entre políticos y empresarios hubo durante años acuerdos espurios para financiar la política y enriquecer a políticos, intermediarios, empresarios contratistas del Estado y hasta a jueces.

En la coyuntura actual el gobierno suscribió un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y necesita acordar con los gobernadores para que el Congreso le apruebe el presupuesto de 2019, que contendrá el severo ajuste que exige el FMI, y crear las condiciones que beneficien a unos y a otros en las elecciones del año que viene.

Pero allí no termina la cosa; el gobierno, la oposición, los partidos, las empresas, los sindicatos, la Iglesia y la sociedad toda necesitan, para superar el difícil momento que vivimos; acordar objetivos, soluciones, abrir caminos y disponer de recursos humanos y materiales para encontrar el rumbo de cómo salir de este pozo y cómo orientar nuestro futuro. Los más simplistas proponen un “Pacto de la Moncloa”, o algo parecido, que nos encamine a un final feliz, como ocurrió en 1977 en España, pero esos acuerdos históricos son irreproducibles, y la habilidad y la imaginación política son capaces de crear nuevas fórmulas difíciles de predecir, pero siempre posibles de concretar.

Recuerdo que fui testigo, como diputado de la Nación, del acuerdo no escrito que se concretó, con motivo de la grave crisis financiera en 1989, entre Raúl Alfonsín, cuando renunció a la presidencia -luego de las elecciones presidenciales adelantadas que ganó ese año el PJ-, con Carlos Menem, que había triunfado en dichos comicios, pero que asumió ese cargo un semestre antes que el presidente radical terminara su mandato. Por el mismo, cada vez que el Poder Ejecutivo enviaba un proyecto de ley, como ocurrió por ejemplo con el de Reforma del Estado o el de Reforma Económica, la UCR, que tenía mayoría en la Cámara de Diputados, al momento de votar, un grupo de sus diputados se retiraba del recinto, para que los justicialistas, que eran minoría hasta el 10 de diciembre, ganaran la votación, y los radicales la perdieran, ya que votaban en contra, a pesar de que tenía un mayor número de bancas, por la ausencia de los que se retiraban, y en fiel cumplimiento de lo pactado.

Este, y otros acuerdos políticos, escritos o no, se concretan en la política, todos los días. Y ante la grave situación que nos aqueja, por la que crece desmesuradamente la pobreza, el dólar, el endeudamiento, la inflación, el narcotráfico y la incertidumbre, muchos argentinos creemos que ha llegado la hora de que los dos extremos de la grieta, y quienes tienen más poder en nuestro querido país, se unan para apagar este incendio, que nos perjudica a todos -oficialismo y oposición, a los de arriba y a los de abajo-, no sólo este año, sino también el próximo, en el que habrá elecciones.

Jugar a que Mauricio Macri se tenga que ir en un helicóptero, como Fernando de la Rúa, o, porque fracase en su capricho reeleccionista, no beneficia a nadie, ni siquiera a los más feroces opositores. Lo que hay que acordar es cómo superar la crisis económica, pero, también, ordenar el país, y encontrarle un rumbo, que nos permita tener mejor educación, más trabajo decente, seguridad, castigar la corrupción, acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías e integrarnos al mundo.

Argentina vivió situaciones peores, y salimos siempre acordando, de una forma u otra.

¿Por qué no lo podremos hacer ahora?

Córdoba, septiembre de 2018.

Recurso Extraordinario Federal

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Corte Suprema de Justicia de la Nación

RECURSO EXTRAORDINARIO (RE)

                            FALLO MARBURY VS. MADISON                                      (Suprema Corte EEUU 1803)

Principios

I-    La Constitución es Ley Suprema.

II-  Un acto legislativo contrario a ello no es ley.

III- El tribunal judicial debe decidir en los conflictos entre leyes.

IV- El tribunal no puede aplicar un acto legislativo contrario a la Constitución.

V-   Si así no lo hace destruye el sistema de constitución escrita y rígida.

 “Caffarena”, de 1871 (Fallos 10:427), “Sojo, Eduardo”, de 1887 (Fallos 10:436), y “Municipalidad de la Capital c. Elortondo” de 1888 (Fallos 32:120).

                                       FINES DEL RE

I-   Supremacía de la Constitución Nacional.

II- Supremacía de las normas internacionales y federales (art. 31 CN)

III- Uniformar el derecho federal.

IV- Asegurar la justicia y equidad.

V-  Revisar sentencias inconstitucionales: “arbitrarias”.

VI  Resolver “cuestiones trascendentes”.

                                        LEY 48 (15-10-1863)

Art. 14: Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de la provincia…

Ampliado por Ley 4055 (1902) Art. 6° – La Corte Suprema conocerá por último, en grado de apelación, de las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras Federales de Apelación, por los Tribunales Superiores de Provincia y por los Tribunales Superiores Militares, en los casos previstos por el artículo 14 de la Ley N° 48 de 14 de Septiembre de 1863.

Sigue art. 14 Ley 48 … en los casos siguientes:1)- Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión haya sido contra su validez;  2)- Cuando la validez de una ley, decreto de autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido a favor de la validez de la ley o autoridad de provincia.3)- Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio.

Art. 15: Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior deberá reducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa, quedando entendido que la interpretación o aplicación que los tribunales de provincia hicieren de los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, artículo 67 de la Constitución.

Art. 16: En los recursos de que tratan los dos artículos anteriores, cuando la Corte Suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolverá sobre el fondo, y aún podrá ordenar la ejecución especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón.

                                   SENTENCIAS DEFINITIVAS 

Cosa juzgada material hay cuando se recurre:

  1. Una sentencia definitiva.
  2. Lo que no puede replantearse en otro proceso.

III. Lo que causa “gravamen irreparable”.

  1. Lo que paraliza el proceso.
  2. Lo que causa  “gravamen institucional”.
  3. Cuando hay “cuestión trascendente”.

                                  DECISIONES RECURRIBLES, de:

I-     Tribunales superiores de provincia y de la ciudad de Buenos Aires

II-    Cámaras Federales de apelaciones.

III-    Cámara Nacional de Casación Penal.

IV-    Cámara Federal de la Seguridad Social.

V-     Cámara Nacional Electoral.

VI-    Cámara de apelaciones de la Capital Federal.

VII-   Fallos del Senado en juicio político y de Jurados de enjuiciamientos de magistrados federales.

VIII-  Tribunales arbitrales impuestos por ley y de órganos (superiores) administrativos.

IX-    Juzgados federales en sentencias sobre cobro de tributos.

             SENTENCIAS ARBITRARIAS (SA)

                          CAUSALES (Genaro Carrió)

I- Concernientes al objeto de la decisión

1) No decidir cuestiones planteadas.

2) Decidir cuestiones no planteadas.

II- Concernientes al fundamento normativo de la decisión

3) Arrogarse, al fallar, el papel del legislador.

4) Prescindir del texto legal sin dar razón plausible alguna.

5) Aplicar una norma derogada o aún no vigente.

6) Dar como fundamento pautas de excesiva latitud.

III- Concernientes al fundamento de hecho de la decisión

7) Prescindir de prueba decisiva.

8) Invocar prueba inexistente.

9) Contradecir otras constancias de los autos.

IV- Concernientes al fundamento normativo o de hecho o a la correspondencia entre ambos y la conclusión

10) Sustentar el fallo en afirmaciones dogmáticas o dar fundamentos aparentes.

11) Incurrir en excesos rituales.

12) Incurrir en autocontradicción

V- Concernientes a los efectos de la decisión

13) Pretender dejar sin efecto decisiones anteriores firmes.

       CUESTIÓN CARENTE DE TRASCENDENCIA  (Certiorari)

Art. 280 CPC y CN   (Ley 23.774): “… La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia… “

La Corte lo declaró constitucional en “Rodríguez, Luis Emeterio y Rodríguez de Schreyer, Carmen Isabel y otro” (2-II.93).

Puede ser positivo o negativo.

                     GRAVEDAD INSTITUCIONAL

Excede el mero interés de las partes.

Compromete las instituciones básicas de la Nación o su buena marcha.

Compromete o conmueve a la sociedad.

Art. 257 bis CPC y CN: (…) Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados.

                             INTERPOSICIÓN

1-       Ser parte en el juicio

2-       Que se haya introducido oportunamente el caso federal y se lo haya mantenido.

3-       Interponerlo por escrito ante el juez, tribunal u órgano que dictó la resolución.

4-       Recurso in forma pauperis.

5-        Plazo.

6-       Domicilio en la ciudad de Buenos Aires.

7-       Debe estar fundado:

  1. a)       Invocando requisitos comunes y propios (escrito en letra negra, indicar sentencia recurrida, autos, partes, copias de resoluciones o escritos acompañados, firma, patrocinio letrado, etc.)
  2. b)       Relación sucinta de la causa.
  3. c)       Errores del fallo.
  4. d)       Enumeración y fundamentación de los agravios.
  5. e)       Señalar las cláusulas de la Constitución o del derecho federal afectadas.
  6. f)       Reservas.
  7. g)       Petición.

                                 PROCEDIMIENTO 

1- Plazo de 10 días hábiles, desde la notificación, para presentar el recurso por escrito y fundado ante el tribunal que dictó la sentencia definitiva.

2- Traslado a las partes por 10 días hábiles y por su orden.

3- Auto de dicho tribunal que concede o deniega el recurso.

4- Plazo de 5 días para elevarlo a la Corte en caso de concesión.

5- La Corte puede pedir el dictamen del Procurador General de la Nación.

6- Amicus curiae: en 15 días hábiles del llamado de autos (Acordada  28/2004).

7- Puede haber audiencia pública: informativa, conciliación u condenatoria (Acordada 30/2007)

8- Puede pedir medidas para mejor proveer.

9- La Corte dicta el decreto de autos y luego la sentencia.

                                QUEJA O RECURSO DE HECHO

1- Denegado el recurso por el tribunal superior se puede interponer queja ante la Corte

Suprema en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación más un día cada 200 kilómetros o fracción mayor de 100 kilómetros, depositando en el Banco de la Cuidad a nombre de la

Biblioteca de la Corte la suma de $ 15.000.

2- La Corte puede pedir copias de actuaciones o el expediente de la causa.

3- La Corte puede correrle traslado al Procurador General de la Nación.

4- Decreto de autos y sentencia.

5- Amicus curie: en 15 días hábiles (Acordada 28/ 2004).

6- Puede haber audiencia pública: informativa, de conciliación u condenatoria (Acordada

30/2007)

                                  RECURSACIÓN O EXCUSACIÓN

Los jueces de la Corte no pueden ser recusados sin causa, pero sí por expresión de ellas (art. 14 al 25 CPCCN), al interponer el recurso o contestar el traslado del mismo.

Puede excusarse los jueces (arts. 17 y 30 al 32 CPCCN).

                                EFECTOS DE LOS RECURSOS

El RE tiene efecto suspensivo:

1-       A partir de la notificación de la sentencia definitiva.

2-       A partir de la interposición del recurso extraordinario (arts. 499 CPCCN y 442 del CPPN).

3-       A partir de la concesión del recurso (art. 258 del CPCCN), si no lo concede cesa el efecto suspensivo.

La Queja no tiene efecto suspensivo, salvo que la Corte así lo declare.

El Per saltum cuando es admitido tiene efecto suspensivo.

                                         MEDIDAS CAUTELARES

El efecto suspensivo del recurso extraordinario dispuesto por los jueces inferiores continúa, aunque haya sido revocado en la alzada, después de su interposición y de su concesión —salvo lo dispuesto por el art. 258 del CPCC—. La Corte también puede concederlo a pedido de parte.

Art. 258.CPCCN –Ejecución de sentencia- Si la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema.

Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que hubiese concedido el recurso y quedará cancelada si la Corte Suprema lo declarase improcedente o confirmase la sentencia recurrida.

El fisco nacional está exento de la fianza a que se refiere esta disposición.

                                  EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Art. 258 CPCCN: Si la sentencia de cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquella, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema. Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que hubiese concedido el recurso…” (art. 7 de la ley 4055)

También puede ejecutarse lo que no ha sido motivo de agravio ante la instancia a quo.

La Corte, excepcionalmente, ha ordenado la suspensión del cumplimiento de la sentencia, cuando el recurso extraordinario se ha concedido, si median razones de gravedad institucional (casos “Dromi”, “Alonso”, “BIBA”, “UOM”); o si ha sido denegado e interpuesto la queja, también por razones de gravedad institucional.

                                COSTAS Y HONORARIOS

Corresponde a la Corte Suprema decidir sobre costas y honorarios de acuerdo a lo establecido mediante la Acordada Nº 22/84, tanto en los juicio en que ha confirmado o revocado la sentencia.

                                       PER SALTUM

La jurisprudencia de la Corte lo admitió por “gravedad institucional” y por tratarse de una “cuestión trascendente”, con un claro objetivo es cautelar.

Ver casos: “Dormí” La Ley 1990-E-97,  “Jorge Antonio” (Fallos 248:189), y “Alonso” del 6/12/ 1994.

“B.I.B.A.” . En Fallos 313:2:1242 y U.O.M. del 3/4/1996, fueron denegados.

Ley 26.790 (30-11-2012) lo incorporó al CPCCN (arts. 257 bis y 257 ter).

                            RE POR SALTO DE INSTANCIA

Art. 257 bis: Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del tribunal superior, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados.

La Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad.

Sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a título de medidas cautelares.

No procederá el recurso en causas de materia penal.

Es inconstitucional: por no admitirlo contra fallos de tribunales nacionales, provinciales y de la CABA:

            PROCEDIMIENTO DEL SALTO DE INSTANCIA

 Artículo 257 ter: Del escrito presentado se dará traslado a las partes interesadas por el plazo de cinco (5) días notificándolas personalmente o por cédula.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte Suprema decidirá sobre la procedencia del recurso.

Si lo estimare necesario para mejor proveer, podrá requerir al Tribunal contra cuya resolución se haya deducido el mismo, la remisión del expediente en forma urgente.

     REGLAS PARA INTERPOSICIÓN DEL RE (Acordada 4/2007)

1º. El recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones, y con letra de tamaño claramente legible (no menor de 12). Igual restricción será de aplicación para el escrito de contestación del traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

                                    CARÁTULA RE

2º. Contendrá una carátula en hoja aparte en la cual deberán consignarse exclusivamente los siguientes datos:

  1. a) el objeto de la presentación;
  2. b) la enunciación precisa de la carátula del expediente;
  3. c) el nombre de quien suscribe el escrito; si actúa en representación de terceros, el de sus representados, y el del letrado patrocinante si lo hubiera;
  4. d) el domicilio constituido por el presentante en la Capital Federal;
  5. e) la indicación del carácter en que interviene en el pleito el presentante o su representado (como actor, demandado, tercero citado, etc.);
  6. f) la individualización de la decisión contra la cual se interpone el recurso;
  7. g) la mención del organismo, juez o tribunal que dictó la decisión recurrida, como así también de los que hayan intervenido con anterioridad en el pleito;
  8. h) la fecha de notificación de dicho pronunciamiento;
  9. i) la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal, con simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de la Corte sobre el tema, si los hubiere; como así también la sintética indicación de cuál es la declaración sobre el punto debatido que el recurrente procura obtener del Tribunal; no se considerará ninguna cuestión que no haya sido incluida aquí;
  10. j) la cita de las normas legales que confieren jurisdicción a la Corte para intervenir en el caso.

3º. En las páginas siguientes deberá exponerse, en capítulos sucesivos y sin incurrir en reiteraciones innecesarias:

  1. a) la demostración de que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y de que es definitiva o equiparable a tal según la jurisprudencia de la Corte;
  2. b) el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal, con indicación del momento en el que se presentaron por primera vez dichas cuestiones, de cuándo y cómo el recurrente introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad;
  3. c) la demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación;
  4. d) la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas;
  5. e) la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas.

Queja:          REGLAS PARA SU INTERPOSICIÓN

4º. El recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a diez (10) páginas de veintiséis (26) renglones, y con letra de tamaño claramente legible (no menor de 12).

5º. Contendrá una carátula en hoja aparte en la cual deberán consignarse exclusivamente los datos previstos en el art. 2º, incisos a, b, d y e; y, además:

  1. f) la mención del organismo, juez o tribunal que dictó la resolución denegatoria del recurso extraordinario federal, como así también de los que hayan intervenido con anterioridad en el pleito;
  2. g) la fecha de notificación de dicho pronunciamiento;
  3. h) la aclaración de si se ha hecho uso de la ampliación del plazo prevista en el art. 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;
  4. i)        en su caso, la demostración de que el recurrente está exento de efectuar el depósito previsto

en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 

 

Queja: PÁGINAS SIGUIENTES Y COPIAS ACOMPAÑADAS

6º. En las páginas siguientes el recurrente deberá refutar, en forma concreta y razonada,

Todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la resolución denegatoria. El escrito tendrá esa única finalidad y no podrán introducirse en él cuestiones que no hayan sido planteadas en el recurso extraordinario.

7º. El escrito de interposición de la queja deberá estar acompañado por copias simples, claramente legibles, de:

  1. a) la decisión impugnada mediante el recurso extraordinario federal;
  2. b) el escrito de interposición de este último recurso;
  3. c) el escrito de contestación del traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;
  4. d) la resolución denegatoria del recurso extraordinario federal.

Con el agregado de las copias a que se refiere este artículo no podrán suplirse los defectos de fundamentación en que hubiera incurrido el apelante al interponer el recurso extraordinario.

RE y Queja: OBSERVACIONES GENERALES

8º. El recurrente deberá efectuar una transcripción —dentro del texto del escrito o como anexo separado— de todas las normas jurídicas citadas que no estén publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina, indicando, además, su período de vigencia.

9º. Las citas de fallos de la Corte deberán ir acompañadas de la mención del tomo y la página de su publicación en la colección oficial, salvo que aun no estuvieran publicados, en cuyo caso se indicará su fecha y la carátula del expediente en el que fueron dictados.

  1. La fundamentación del recurso extraordinario no podrá suplirse mediante la simple  remisión a lo expuesto en actuaciones anteriores, ni con una enunciación genérica y esquemática que no permita la cabal comprensión del caso que fue sometido a consideración de los jueces de la causa.

                                  DESESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS

  1. En el caso de que el apelante no haya satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal y/o de la queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente, salvo que, según su sana discreción, el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva.

Cuando la Corte desestime esas pretensiones por tal causa, las actuaciones respectivas se reputarán inoficiosas. Del mismo modo deberán proceder los jueces o tribunales cuando denieguen la concesión de recursos extraordinarios por no haber sido satisfechos los recaudos impuestos por esta reglamentación.

En caso de incumplimiento del recaudo de constituir domicilio en la Capital Federal se aplicará lo dispuesto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

                                      SENTENCIAS (Tipos según Victor Bazán)

  1. De inconstitucionalidadsobreviniente: En “Itzcovich” (Fallos 328:566) declaró inconstitucional el art. 19 ley 24.463 de “solidaridad previsional”, que habilitaba un recurso de apelación ante la Corte respecto de las sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social por resultar irrazonable, Días después se derogó dicho art. 19.
  2. De inconstitucionalidadexhortativa: En “Badaro” (329:3069)declaró la existencia de una omisión legislativa inconstitucional lesiva a la movilidad previsional del art. 14 bis una sentencia exhortativa comunicó al Poder Ejecutivo y al Congreso esta decisión para que, en un plazo razonable, adopten las medidas pertinentes para efectivizar las correcciones necesarias.
  3. De Inconstitucionalidadaditiva: En “Massa” (Fallos 329:5913), dictó Una interpretativa que desestimaba la demandas sobre la pesificación de los depósitos bancarios dispuesta por el gobierno nacional, rechazando el planteo de inconstitucionalidad por un titular de caja de ahorro en dólares contra el decreto 214/2002, y contrariando lo resuelto la casi totalidad de los tribunales federales que fallaron sobre el el “corralito”. Pero con tono aditivo, declaró que el Banco debía reintegrar de su depósito en pesos a $1,40 por dólar, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) hasta el efectivo pago, más intereses al 4% anual sobre el monto así obtenido.
  4. Sentencia de “evitación”. En “Rinaldi” (Fallos 330:855) no declaró la inconstitucionalidad del régimen de refinanciación hipotecaria en el marco de la pesificación de la obligación en moneda extranjera en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria de vivienda única y familiar (Art. 14 bis CN), y desestimándolo en contra de la ley 26.167, dispuso que en las ejecuciones de mutuos hipotecarios celebrados entre particulares en divisa extranjera y por un monto inferior a $100.000, cuando el deudor tenga comprometida su vivienda única y familiar, el reajuste equitativo de las prestaciones al que se refiere el Art. 11 de la ley 25.561, no podrá exceder el cálculo que surge de convertir un dólar a un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar a la fecha en que se practique la liquidación, más un interés no superior al 2,5% anual por todo concepto, desde la mora hasta su efectivo pago.

La “evitación”, que muestra este caso, lo empleó la Corte de EEUU  (avoidance doctrine) para eludir el juicio de constitucionalidad de la ley cuando hay dudas sobre ello.

En el fallo se afirma como de indudable incidencia institucional y que la misión del Tribunal no es averiguar la verdad, ni practicar silogismos, sino adoptar una decisión que permita apaciguar los conflictos, fundándose en argumentos constitucionales razonables, verificables y que tengan en cuenta los consensos sociales vigentes en el momento de toma

  1. Sentencia “atípica” de “mera inconstitucionalidad” con efectos pro futuro: En “Rosza” (330:2361) el Tribunal se enfrentó al sensible problema de los nombramientos de los llamados “jueces subrogantes”. En el caso concreto, y por mayoría, determinó la inconstitucionalidad de la Resolución 76/2004 del Consejo de la Magistratura de la Nación, en función de la cual había sido designado el magistrado suplente que entendió en el proceso en cuestión, más confirmó la declaración de validez de las actuaciones cumplidas por aquél al amparo del régimen reputado inconstitucional. Además, en virtud de tal criterio, y con efecto exógeno general, decidió mantener en el ejercicio de sus cargos a quienes hubieran sido designados para ejercer la función jurisdiccional en los tribunales que se encontraban vacantes hasta que cesaren las razones que originaron su nombramiento o hasta que fueran reemplazados, o ratificados, mediante un procedimiento constitucionalmente válido que debería dictarse en el plazo máximo de un año. Por último, dispuso poner la sentencia en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso y el Consejo de la Magistratura.

El control de constitucionalidad se ha hecho en una sentencia “atípica” de “mera inconstitucionalidad” con efectos pro futuro, para dejar a los poderes Ejecutivo y Legislativo en orden a que ejerzan sus competencias y fijen un sistema que resuelva el problema de acuerdo a la Constitución..

  1. Sentencia que limita su competencia a derechos deincidencia colectiva: En “Mendoza, Beatriz” (Fallos332: 2522) referido a la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo se declaró la incompetencia originaria del Tribunal en razón de la distinta vecindad o de extranjería -Art. 117 CN- frente a reclamos resarcitorios dirigidos contra la Nación, un Estado Provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ciertas empresas, por lesión de bienes individuales como consecuencia indirecta de la agresión al ambiente por el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en cursos de la cuenca- al no verificarse el recaudo de “causa civil”. Pero, se habilitó aquella modalidad competencial originaria en relación con la pretensión tendiente a recomponer el ambiente frente a la degradación o contaminación de sus recursos y resarcir un daño de incidencia colectiva -a causa del vertido de dicho tipo de residuos en el curso de la aludida cuenca- frente al carácter federal de la materia en debate, al haberse demandado conjuntamente, entre otros sujetos, a la Nación y a un Estado Provincial. En síntesis, por un lado, declaró su incompetencia originaria para conocer de la demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y, por el otro, fijó su competencia originaria en relación con las pretensiones concernientes a la prevención, la recomposición y el resarcimiento del daño colectivo.

                      OTROS SENTENCIAS SIGNIFICATIVAS

Mazzeo” (Fallos 330:3248) la nulidad de los indultos.

Bussi” (Fallos 330:3160) la inhabilidad de títulos de un diputado declarada por la cámara.

Editorial Río Negro” (Fallos 330:3906 y 331:2237) casos de publicidad oficial y libertad de prensa.

Arriola” (Fallos 332:1963), sobre tenencia de estupefacientes.

A.F.” (Fallos 335:197) sobre aborto no punible.

B.D.P” (Fallos 335:1136) rechaza per saltum, pero exhorta a los padres de un menor.

Loyo Fraire” (6/3/ 2014) sobre prisión preventiva.

D.M.A.” (de 7/7/2015) sobre el derecho a morir.

             RECURSOS CONTRA FALLOS DE LA CORTE                                

                                   ACLARATORIA

La Corte admite la interposición del recurso de aclaratoria siguiendo lo dispuesto por el art. 166 del CPC y CN que dispone: Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla.

Le corresponderá sin embargo:

2) Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

                                   REVOCATORIA

“Si bien, como principio de carácter general, los pronunciamientos de la Corte Suprema no son susceptibles de ser revisados por la vía del recurso de revocatoria, ello no obsta a que en los casos en que se manifiesten con nitidez errores que es necesario subsanar se configure una excepción a ese criterio” (Fallos 328: 1727).

“Si bien como regla las sentencias de la Corte no son susceptibles de recursos de reconsideración, revocatoria o de nulidad, cabe hacer excepción a ese principio cuando se trata de situaciones serias e inequívocas que demuestran con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar” (Fallos, 329: 6030).

                  PETICIÓN ANTE LA CIDH

La Convención Americana sobre Derecho Humanos establece en su

Artículo 44: Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.

 Artículo 46:  1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:

  1. a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
  2. b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;

                        MEDIDAS CAUTELARES

El efecto suspensivo del recurso extraordinario dispuesto por los jueces inferiores continúa, aunque haya sido revocado en la alzada, después de su interposición y de su concesión —salvo lo dispuesto por el art. 258 del CPC.

Art. 258. –Ejecución de sentencia- Si la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema.

Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que hubiese concedido el recurso y quedará cancelada si la Corte Suprema lo declarase improcedente o confirmase la sentencia recurrida.

El fisco nacional está exento de la fianza a que se refiere esta disposición.

                                     BIBLIOGRAFÍA

 BARONE, LORENZO. “Recurso extraordinario. Requisitos. Sentencia arbitraria. Gravedad institucional. Trámite. Trascendencia. Certiorari Per Saltum”. Alveroni Ediciones, Córdoba, 2002.

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LUGONES, NARCISO J. “Recurso Extraordinario”, Depalma, Buenos Aires, 1992.

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PALACIO DE CAEIRO, SILVIA B. “El recurso extraordinario federal –  Doctrina, jurisprudencia y práctica”.2ª. Edición. Editorial La Ley, Buenos Aires 2012.

SAHAB, RICARDO, “El recurso extraordinario por gravedad institucional” Editorial Ediar, Buenos Aires, 1978.

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TRIBIÑO, CARLOS R. “El recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.

Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma.

http://www.csjn.gov.ar/ Boletín de Jurisprudencia/ Recurso extraordinario y queja 1, 2, 3, y 4

Reforma Política para el Municipio de Córdoba

escudo

La reforma política en la Municipalidad de Córdoba, desde mi óptica, deberá hacerse:

Reformando la Constitución de la Provincia de Córdoba (CP)

  • Fijar el domingo del mes, de años pares, que se harán las elecciones provinciales y municipales.
  • Establecer un sistema de representación proporcional, suprimiendo el asegurarle la mitad más uno a la primera mayoría (Art. 183 inc. 2 de la CP), con voto de preferencia y sin topes mínimos para elegir los Concejos Deliberantes.
  • Sustituir los tribunales de cuentas (Art. 183 inc. 3 y 18 de la CP) por contralorías unipersonales, con un titular y un suplente electivos, con el título de abogado o de contador.
  • Sustituir los Tribunales de Faltas Municipales (Art. 187 CP) y disponer que la competencia que tienen actualmente la asuman los jueces de paz que integran el Poder Judicial provincial.

Reformando o enmendando su Carta Orgánica (COM)

  • Dividir la ciudad en Comunas, gobernadas por Alcaldes y Consejos de vecinos electivos. Establecer el ámbito de su jurisdicción y sus límites territoriales. Confeccionar sus respectivos padrones electorales. Fijarle sus competencias y el presupuesto que a propuesta de los Consejos de vecinos la fije anualmente la ordenanza de presupuesto del Municipio (Art. 153 al 156 COM).
  • Suprimir la elección de los adolescentes de 16 a 18 años (Art. 124 inc. 2 COM).
  • Limitar la comunicación pública y la propaganda solapada del Departamento Ejecutivo y de los Alcaldes durante las campañas electorales.
  • Reducir a 3 los miembros el Tribunal de Cuentas (Art. 90 COM).
  • Crear el Defensor de los vecinos.
  • Suprimir el Tribunal Administrativo Municipal Fiscal (art. 104 al 108 de la COM).
  • Las listas de candidatos a los cuerpos colegiados deberán estar integradas por igual cantidad de personas de distinto sexo, siguiendo un orden alternativo, lo que solo puede ser alterado luego de contar los votos de preferencia (Art. 132 COM).

Celebrando un Convenio con la Provincia

  • Fijar los límites del territorio de la ciudad.
  • Traspasar la competencia de los jueces administrativos de faltas, y suprimirlos, a los jueces de paz que integran el Poder Judicial de la Provincia.
  • Traspasar el otorgamiento y control de las Personerías jurídicas de los centros vecinales a la Municipalidad.

Mediante Ordenanzas

  • Ubicar o construir un edificio del Concejo Deliberante.
  • Suprimir el tope mínimo para el voto de preferencia.
  • Reglamentar el voto electrónico, siguiendo el modelo de Brasil, que no es la llamada Boleta única electrónica, Vot.ar, de la empresa, Magic Software Argentina S.A., Grupo MSA, usada en la CABA y Salta.
  • Reglar las elecciones internas abiertas, simultáneas y no obligatorias, solo para los partidos o alianzas electorales que lo soliciten cuando tengan varios precandidatos o listas de precandidatos.
  • Crear el Defensor del Vecino.

*Ex convencional constituyente provincial de Córdoba 1986/7 y 2001 y de la Carla Orgánica municipal 1995.

El Aborto Como Castigo y Genocidio

manos

La Constitución dispone que el Congreso no otorgará “sumisiones o supremacías por las que la vida…de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.” (Art. 29). Permitir matar a la persona por nacer mediante el aborto es transgredir esta norma, además de que el Congreso no cumpla con “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.” (Art. 75 inc. 22).

Con la nueva ley la niña o el niño por nacer pueden ser abortados siempre. Durante las primeras 14 semana del embarazo, si lo consiente la mujer gestante; y “Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de salud interviniente”. Si la mujer miente o no lo denuncia no le cabe ninguna sanción.

Castigos

Sin embargo, se pena con prisión e inhabilitación especial “a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o de negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”, sin aclarar el alcance de los términos autoridad y profesional; lo que atenta contra la libertad de conciencia de las personas e instituciones que prestan servicios de salud (Arts. 14, 19 y 33 de la Constitución).

Tampoco se respeta la libertad de conciencia del profesional interviniente cuando al referirse a la “Objeción de conciencia”, consigna “El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.” Y “solo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.” Con ello, además, se le impone una obligación discriminatoria de develar datos sensibles de los profesionales en los términos de la Ley 25.326 y tratados internacionales de derechos humanos.

También es censurable la obligación de actuar por parte de los profesionales intervinientes cuando en contra de sus convicciones y especialidad médica se dispone en el proyecto de ley que “no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata e impostergable.” No todos los médicos están capacitados o especializados en practicar abortos.

El proyecto establece que “Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario (…)”; lo contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la objeción de conciencia individual en fallos como: “Portillo, Alfredo” (13/4/89), y la institucional en “Bahamondez; Marcelo” (6/4/93).

Genocidio de mujeres

Los 2 países más poblados del mundo tienen más de 90 millones de varones que de mujeres, como consecuencia de los abortos selectivos que se practican cuando la que va a nacer es una niña. En 2017 China tenía una población de 1.390.080.000 personas, 714.405.303 hombres, y 671.989.697 mujeres; y la India, contaba con 1.339.180.127 personas, 693.958.761 hombres y 645.221.366 mujeres. En China hay 42.415.606 varones más que mujeres y la India 48.737.395.

Este grave genocidio feminista, es producto de que el aborto se permite y es usado para privilegiar el nacimiento de los varones, porque la tradición familiar y previsional de estos países, dice que son los que van a mantener a sus padres y abuelo en la vejez, y agravado en China, que durante 30 años prohibió tener más de un hijo. Las mujeres, son discriminadas en estos países, porque al casarse se integran a la familia de sus esposos, y contribuirán, por ello, solo el sostenimiento de sus ascendientes.

Defender la vida de las hijas, los hijos y las madres es un deber moral y constitucional.

Córdoba, julio de 2018.