El desborde de la autonomía municipal y el principio de subsidiariedad

Arco de Córdoba

Arco de Córdoba

SUMARIO: Introducción. “Autonomía” judicial. Lo institucional. Finanzas. Nuevas necesidades. La seguridad pública. Políticas sociales, culturales y ecológicas. Conclusión.

INTRODUCCIÓN

El principio de subsidiariedad es caro a la doctrina social de la Iglesia y el mismo indica que “las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (subsidium) – por tanto de apoyo, promoción y desarrollo- respecto de las menores(…) A la subsidiariedad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional, legislativa, ofrecidas a las entidades sociales más pequeñas, corresponde una serie de implicancias en negativo, que imponen al Estado abstenerse de cuanto restrinja, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad, no deben ser suplantadas.”

“El principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Ese principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad (…)

“Con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público (…)” (“Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”, Pontificio Consejo Justicia y Paz, página 128, Conferencia Episcopal Argentina, 2005)

Si revisamos nuestra génesis institucional veremos que la organización política de nuestras villas o ciudades, el cabildo, fue la institución estatal que mayor arraigo e importancia tuvo mientras fuimos parte del Reino de España, la legislación de indias así lo certifica.

Alrededor de los cabildos de las ciudades más importantes se diseñaron el Virreinato del Río de la Plata y las gobernaciones intendencias, durante la época de los Borbones, y de la división de estas surgirán, en el periodo patrio, las provincias. El primer gobierno patrio de 1810 nace en el Cabildo de Buenos Aires y las Legislaturas de las provincias vendrán a reemplazar a los cabildos de las ciudades capitales de las mismas.

La Constitución de la Confederación Argentina 1853 será sancionada en Santa Fe por los representantes de trece provincias, a las que se le agregará Buenos Aires, luego de ser derrotada en la Batalla de Cepeda, de la firma del Pacto de San José de Flores en 1859 y de la reforma de la Constitución de 1860. Trece de las catorce provincias fundadoras tuvieron por capital una ciudad cabildo.

Las graves dificultades y el tiempo que insumió, antes y después de 1853, el “constituir la unión nacional”, primer objetivo del Preámbulo de la Constitución, demoraron la implementación adecuada del “régimen municipal” encomendada a las Constituciones provinciales (artículo 5), y durante mucho tiempo se discutió en las mismas si los municipios eran entes desconcentrados de la organización del estado provincial, o sea entes autárquicos, o si eran una forma de descentralización política, con autonomía, o sea un tercer escalón de la organización estatal.

Este debate concluyó con la reforma de la Constitución de 1994, donde se dispuso que las provincias dicten sus constituciones conforme a lo dispuesto por el artículo 5 “asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.” (artículo 123) En consecuencia, los municipios autónomos, como tercer nivel del Estado federal, se dan sus propias normas, eligen sus autoridades, y se gobiernan y administran a sí mismos, dentro del marco de su competencia poblacional, territorial y material.

En algunas provincias el progreso ha sido significativo y la autonomía y la extensión de sus atribuciones ha sido notable, si la comparamos con los alcances que tenían antes del ciclo de reformas de las constituciones provinciales iniciado en 1986 y que en Córdoba se dio en el año siguiente. Este proceso autonómico se desarrolló aún más con el dictado de cartas orgánicas municipales que se hicieron en muchas ciudades del país, y se consolidó con la reforma de la Constitución Nacional de1994. Algunas provincias conservan el régimen anterior, de escasa autonomía y de gran dependencia de las provincias ya que no se han adecuado al plan autonómico de los constituyente de 1994 (v.gr.: Buenos Aires –con municipios partidos-, Mendoza, San Juan y la Rioja –con municipios departamentos-).

El despliegue y ampliación de las competencias de los municipios, como el escalón estatal más cercano a la gente, no ha cesado a pesar del reconocimiento de su autonomía que han hecho las constituciones y leyes provinciales en los últimos tiempos. Sin embargo las políticas centralistas, especialmente por el desmesurado crecimiento de la “caja” del Gobierno Nacional, han creado serios inconvenientes para el ejercicio de sus competencias y para hacerse cargo de los nuevos requerimientos que hacen los vecinos y que corresponde asumir a las autoridades comunales por el principio de subsidiariedad.

Así como los órganos ejecutivos de los gobiernos nacional, provincial y municipal acumulan “superpoderes” y mayores competencias, es también notable las demandas ciudadanas a las autoridades municipales para que asuman mayores atribuciones de las que tienen para solucionarles sus problemas más acuciantes, en razón de la más directa y estrecha relación y compromiso que hay entre representados y representantes. Este desborde que motivan los requerimientos ciudadanos nos obliga a replantear y buscar encausar la cuestión, inspirados siempre en el principio de subsidiariedad.

Hoy podemos decir que este catálogo de atribuciones se ha tornado insuficiente y seguramente en posteriores reformas deberá ser ampliado.

 

“AUTONOMÍA” JUDICIAL

A los cinco órdenes de autonomía declarado por la Ley Fundamental (artículo 123) se agrega la “jurisdiccional” o judicial, que sólo le fue reconocida al mayor de los municipios, o a esa devaluada provincia, que jurídicamente se engendró en la Convención de 1994 con el nombre de ciudad “autónoma” de Buenos Aires (Artículo 129).

Esta omisión hizo que en las constituciones provinciales y en los demás municipios se creara una “justicia administrativa”, para atender cuestiones de faltas, contravenciones y, en algunos casos, tributarias, que no integran ninguno de los tres poderes judiciales que la Constitución admite, y que son la Justicia provincial, la federal y la de la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué son entonces estos “juzgados” administrativos?

Los que distinguen “justicia” de “jurisdicción” – transpolando una distinción que se hace, generalmente, en los sistemas parlamentarios donde no hay la división de poderes ni un Poder Judicial, como en los presidencialista- atribuyen a los jueces de la Constitución la primera, y a los llamados “jueces” administrativos, la segunda, lo que para nosotros es un juego de palabras que nada aclara y mucho confunde, pero que se hace para eludir la terminante prohibición de nuestra Constitución Nacional cuando expresa: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas” (artículo 109) y que se repite en las constituciones provinciales, en algunos casos en forma más terminante, como en la de Córdoba donde se afirma, para no dejar dudas al respecto, que “El ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Provincia.” (Artículo 153).

Por todo ello, para nosotros, los “jueces” administrativos son, como indica la palabra, meros órganos administrativos, que no ejercen función judicial o jurisdiccional. Las constituciones y leyes provinciales no han sido claras en definir su carácter cuando han hecho mención de los mismos (ver artículo 187 de la Constitución de Córdoba). Para lo contencioso administrativo y los conflictos de competencia municipal dichas normas les atribuyen competencia a los tribunales provinciales, pero para las faltas y contravenciones hay estos llamados “jueces” administrativos, cuyas decisiones, no son sentencias judiciales, sino actos administrativos, que como tales pueden ser impugnados y anulados por la Justicia provincial.

Los juzgados de falta municipales son creados por ordenanza por lo que la necesaria estabilidad de sus “jueces” termina, en muchos casos, con la derogación de la ordenanza y la sustitución por otra.

El abuso que de los juzgados de falta hacen las empresas cobradoras de multas, que emplean cámaras fotográficas en las rutas para detectar faltas de los conductores de automóviles, que son contratadas por algunos municipios y que se llevan un importante porcentaje de la recaudación de dichas multas, son una demostración de su débil “autoridad”, imparcialidad y eficacia de dicho juzgados.

El Tribunal administrativo municipal fiscal establecido en la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba (Artículos. 104 a 108) afortunadamente fracasó en su implementación y quedó como letra muerta en su texto.

Las provincias deberían prever, acordando con los municipios, la creación de tribunales vecinales que atiendan, además de causas que no merezcan ser atendidas por los colapsados jueces de primera instancia actuales, las faltas provinciales y municipales. Así lo proyectamos, sin éxito, en la Convención Constituyente de 1995 para la Carta Orgánica Municipal de Córdoba.

Los Tribunales de Cuentas, heredados de las leyes de indias, abolidos a nivel nacional y de algunas provincias, pero que se conservan todavía a nivel municipal, no son tribunales -ni judiciales ni administrativos- sino contralorías, y deberían ser adecuados en su composición, forma de designación, y competencias, a éste carácter, que predomina ampliamente en la mayoría de las constituciones de América. La ampliación del número de sus integrantes, como lo hizo la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba, y la electividad de los mismos, sólo se justifica por la necesidad de aumentar el número del personal político.

 

LO INSTITUCIONAL

La exigencia de que en los concejos deliberantes haya una mayoría de la mitad más uno de concejales de la lista electoral que obtenga la mayor cantidad de sufragios, aunque ello exceda lo que por el sistema proporcional le corresponde, es una imposición inaceptable, como lo que dispone el inciso 3 del artículo 183 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

Es necesario que los Concejos Deliberantes sancionen códigos de ética y creen una Junta de Ética de los funcionarios políticos de los municipios para despejar dudas respecto de sus conductas, remuneraciones, gastos de representación, viáticos, incompatibilidades, manejo de recursos públicos, declaraciones juradas, premios, donaciones y sanciones que merezcan por el transgredir las mismas.

La informatización del gobierno y la administración municipal deben hacerse para que en las elecciones se vote en urnas electrónica y en los escrutinios se emplee igual tecnología; para facilitar la publicidad de los actos de gobierno especialmente desde las páginas Web; agilizar el funcionamiento y los trámites; hacer más transparente la ejecución del presupuesto, las contrataciones y las licitaciones. El uso del llamado pregón informático, empleado en Brasil, podría ser una mejora en la transparencia de las compras de bienes y la contratación de servicios ( verwww.pregao.sp.gov.br/legislacao/leifederal/lei10520.htm).

La difusión y publicación de las obras, servicios y actividades del municipio y las indicaciones que el mismo quiera hacer por los medios de comunicación masivos o las redes sociales no podrán hacerse para favorecer ni castigar a ninguno de ellos, ni a ningún partido político, empresa, ONGs. o persona o grupo de personas en particular.

En la Provincia de Córdoba donde hay 250 municipios y 177 comunas, o sea 427 gobiernos locales hay que encontrar mecanismos más expeditivos para determinar los límites y extensión de los radios municipales y las creaciones de nuevas comunas, como para que éstas se puedan convertir en municipios, y crear ámbitos de negociación y mecanismos que puedan zanjar los conflictos que se susciten por estos motivos.

En los municipios que tengan radios municipales extensos y, en los mismos, haya barrios o zonas en la que habitan comunidades que merezcan autarquía se deberían crear comunas, como lo propusimos para la Municipalidad de Córdoba -en base a la estructura administrativa de los Centros de Participación Comunal (CPC)- en la Convención Constituyente que sancionó su Carta Orgánica en 1995, siguiendo el criterio descentralizador de las grandes ciudades de América. Dichas comunas deberían tener autoridades, elegidas por los vecinos, con competencias descentralizadas, y no ser un conjunto de oficinas desconcentradas, como lo son hoy los CPC dependientes del Intendentes. En la CABA ya se lo implementó y hay 15 comunas con autoridades elegidas por el pueblo.

En el año 2004 se promulgó la Ley Orgánica de Regionalización de la Provincia de Córdoba Nº 9026 por el que se han organizado las comunidades regionales departamentales de municipios y comunas, con distinta suerte. Algunos están presididos por el legislador del departamento, que lo integra según dispone dicha norma, como en Calamuchita, Unión y Pocho.

En la provincia de Córdoba se creó la Mesa de trabajo Provincia- Municipios, que participan el gobierno provincial e intendentes de distintas ciudades; también existe o existieron un Ente de Cooperación Recíproca de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba, intendentes o presidentes son de la Unión Cívica Radical; y Fe.Mu.Cor. (Federación de Municipios y Comunas de Córdoba) que agrupa a los intendentes del Frente Cívico.

Podrían, además, darse acuerdos o asociaciones de municipios de provincias vecinas o integrantes de regiones interprovinciales, como por ejemplo la Región Centro.

Se han creado, además, entes regionales intermunicipales en la provincia de Córdoba, como el Ente Intercomunal de Desarrollo Regional (ENINDER) que preside el intendente de Villa María, fundado el 13 de julio de 2000 por 7 municipios para tercerizar el cobro de tributos y luego se transformó en un ente de desarrollo que ahora integraban 24 municipios y 5 comunas de varios departamentos de la provincia de Córdoba; la Asociación Interinstitucional para el Desarrollo del Sur de Córdoba (ADESUR) que integraban la Universidad Nacional de Río Cuarto, y 36 municipalidades y comunas; y el Ente Intercomunal para la promoción del Norte Cordobés (EINCOR), integrado por municipios y comunas de diez departamentos del centro-norte de la Provincia de Córdoba; para establecer en los mismos reglamentos que permitan una gestión y manejo de fondos eficaz y transparente, y evitar que a través de dichos entes se eluda el sistema de contratación y el necesario control que deben hacer los concejos deliberantes y los tribunales de cuentas.

Lamentablemente el nuevo Código Civil y Comercial omitió declarar a las regiones interprovinciales ni a las intermunicipales como personas jurídicas de derecho público.

Igual cuidado merecen las regulaciones y gestiones de las algunas veces cuestionadas sociedades del estado (v. gr.: TAMSE , Trasporte Automotor Municipal Sociedad del Estado, CRESE, Córdoba Recicla Sociedad del Estado, y ahora el Ente (autárquico) de Servicios y Obras Públicas (ESOP), en la ciudad de Córdoba ) o de economía mixta (como ocurrió con: GAMSUR SEM: Gestión Ambiental del Sur – Sociedad de Economía Mixta, empresa dedicada al diseño y operación de Servicios Integrales para la Gestión y Protección Ambiental y Urbana y SEMIUSUR, Sociedad de Economía Mixta para la prestación de los servicios de Alumbrado Público y Semaforización, creadas ambas por iniciativa de la Municipalidad de Río Cuarto en el año 2001) que se creen y funcionen en la órbita de los municipios.

Es importante que los Municipios establezcan marcos regulatorios y creen entes reguladores de los servicios públicos que prestan.

La banca del vecino en los Concejos Deliberante –como está previsto, por ejemplo, en la Carta Orgánica de Río Cuarto- , el historiador de la ciudad –como existe en La Habana y demás ciudades de Cuba- y el defensor del pueblo (o del Vecino como propusimos sin éxito para la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba cuando fui constituyente en 1995); son instituciones a las que puedan recurrir los vecinos para quejarse y peticionar por el accionar del gobierno, la administración y los servicios que preste el municipio, o la preservación del patrimonio cultural, con legitimidad activa para accionar judicialmente en el caso del defensor del pueblo, como indica el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional. En la Carta Orgánica de Villa Carlos Paz el defensor es elegido por el pueblo

El empleo de la iniciativa y la consulta popular deben ser facilitadas para que haya una mayor participación de los vecinos en la toma de decisiones para lo cual no deberá descartarse el empleo de los medios informáticos como Internet en los lugares donde ello sea factible.

Los municipios deben impulsar la creación de consejos de partidos políticos, económicos sociales, de la cultura, interreligiosos, de la juventud con el objeto de coordinar actividades y proponer normas, obras o actividades que tengan que ver con sus propios fines.

El otorgar la personería jurídica de los centros vecinales y el control institucional de los mismos debe ser competencia de los municipios que tienen Carta Orgánica, como quedó establecido en el artículo 183 inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, pero que nunca se reglamentó. Esto quedó muy claro cuando fundamenté su incorporación en la Constitución en la Convención Constituyente de Provincial en 1987.

El estímulo a las actividades del voluntariado deben ser políticas municipales.

 

FINANZAS

Los municipios y comunas deben disponer de los recursos financieros que sean necesarios para cubrir todos los servicios que prestan y deben prestar para lo cual hay que hacer una redistribución de las competencias en materia de impuestos, tasas y contribuciones; establecer fondos de asignaciones específica por parte de las provincia y un más justo sistema de coparticipación. El acceso al crédito debe también estar al alcance de los municipios.

La gran conquista que significó para el municipalismo en la Convención Constituyente de Córdoba en 1987 de que en el artículo 188 inciso 3 estableciera el piso del veinte (20%) por ciento al menos de coparticipación impositiva federal y provincial hoy parece insuficiente.

Los municipios, como consecuencia de la estrechez financiera que los agobia, han creado en los últimos tiempos tributos para cubrir sus necesidades financieras de dudosa constitucionalidad y que son análogos a los prohibidos por la ley de coparticipación federal, como son:

  1. El llamado “impuesto a la valija”, que grava a las empresas de “extraña jurisdicción” con una tasa de comercio e industria que a veces es llamada de “inspección e higiene”;
  1. El de publicidad y propaganda, que grava no sólo a los avisos o carteles que están en la vía pública sino también en el interior de comercios, cines, etcétera, y que pretenden cobrar el “control previo de moralidad, legalidad y buenas costumbres” de dichas publicidades;
  1. En Río Cuarto se discute ahora el establecimiento de una tasa que grave a la publicidad gráfica en la vía pública de las “empresas foráneas, las multinacionales”, que abarcaría a los letreros en paredes, heladeras, exhibidores y vidrieras, carteles salientes, marquesinas, toldos, sean los carteles luminosos o no, en vehículos de reparto, en las tarjetas e crédito, por los carteles que colocan en los negocios, las cabinas telefónicas, en banderas, avisos de remate, publicidad móvil, folletos de cine o volantes, avisos de estadios, miniestadios o espectáculos deportivos, pasacalles, a través de promotoras;
  1. El de “pesas y medidas”;
  1. El que grava la circulación de instrumentos y valores que participan de sorteos, aún cuando los bonos obsequios sean gratuitos, y el sorteo se haga fuera del municipio; y
  1. El que grava a los remates y ferias de hacienda.

La crisis financiera global ha demostrado que los gobiernos democráticos necesitan contar con una organización estatal eficaz. Para conseguirlo no estaría mal comenzar a hacerlo desde abajo hacia arriba, a partir de los municipios.

Las experiencias de presupuestos participativos tienen que ser profundizadas para que haya mayor injerencia de los vecinos en su confección.

Los proyectos de creación de bancos, por y entre municipios, se reiteran en el tiempo. En Rosario existe una Banco municipal, como existe en la ciudad de Buenos Aires desde que era municipio. Estos cuatro intendentes pretenden, también, canalizar por sus municipios recursos nacionales para la construcción de viviendas.

 

LAS NUEVAS NECESIDADES

Pero, aparte de esta zona gris, los recientes reclamos de vecinos a las autoridades municipales se reiteran pidiendo la solución a los problemas de la pobreza; la vivienda; la seguridad; los incendios; la educación; la salud; la protección a la niñez, a la adolescencia, a la vejez, a la discapacidad, y a la rehabilitación de presos y adictos; la drogadicción; el traslado, enterramiento y reciclado de las basura; contaminación visual, sonora, del aire, del agua y de los alimentos; uso del espacio público; control y regulación del juego; la obtención de documentos de identidad; el tránsito y transporte urbano; etcétera; los que para ser atendidos necesitan de un proceso descentralizador, que se les deleguen facultades, desde la Nación y las provincias, junto a mayores recursos financieros -propios o coparticipados- para cumplir con estos cometidos.

El principio de subsidiariedad, básico en el Estado federal, así lo exige.

Esto excede, con creces, el tradicional ABL (alumbrado, barrido y limpieza), que por décadas definió las materias de competencia municipal; y, también, el más amplio que se desplegó, cuando se consagró la autonomía de los Municipios, durante el ciclo de reformas constitucionales iniciado en 1986.

 

SEGURIDAD PÚBLICA

El grave problema de la seguridad hace imprescindible reconocerle mayores atribuciones a los municipios. Los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires han creado policías que responden al gobierno de la ciudad autónoma y de los municipios de dicha provincia. En este caso la ley 13.210, reglamentada por el Decreto 2419, de la provincia de Buenos Aires autorizó la creación policías comunales de seguridad en los municipios que no excedan los 70.000 habitantes, las que tendrán un jefe de policía elegido por el pueblo y que dura 4 años en el cargo. Esta reforma no ha tenido continuidad en su implementación

El personal policial, que prestan servicios en territorio municipal o comunal en la provincia de Córdoba, no responde al mando de sus intendentes, y su colaboración, a veces, deja mucho que desear, por eso es imprescindible crear mecanismos eficaces de coordinación o que se creen policías municipales, como en los casos señalados anteriormente y que hasta el momento no han podido terminar de concretarse.

Las exigencias de pagos de adicionales por parte del personal policial o el pedido de combustible para sus vehículos, para colaborar con las autoridades municipales es moneda corriente.

La seguridad no es un problema exclusivamente policial, también lo es de los centros vecinales, y tiene que ver con la atención a los sectores marginales, a las villas de emergencia; con el desyuye de baldíos; el alumbrado público adecuado; con la reeducación, reinserción social y laboral de los presos alojados en cárceles, o que cumplen prisión domiciliaria, o están en regímenes de prelibertad o libertad condicional, o que hayan cumplido su condena en jurisdicción comunal; todo lo cual amerita extender la gestión municipal también al área de la seguridad pública.

Las autoridades municipales deben promover y participar en los consejos vecinales de seguridad que se forman en algunos barrios o territorios municipales azotados por inseguridad. En el municipio de Elena, del departamento Río Cuarto, en algún momento los vecinos patrullan las calles velando por la seguridad de la población.

 

POLÍTICA DE PERSONAL

Las relaciones de los municipios con su personal deberán ser encausadas a través de mecanismos que faciliten la negociación colectiva.

Los conflictos entre los municipios y sus empleados o los sindicatos de su personal, y las huelgas que puedan darse, luego de agotadas las instancias locales, deberán ser llevados a instancia de conciliación ante las autoridades provinciales, a través del Ministerio de Trabajo, como ocurrió en los conflictos entre la Municipalidad de Córdoba y el SUOEM, para lo cual debería dictarse una ley provincial que lo autorice, en la que se prevea la conciliación obligatoria, ya usada en los referidos conflictos y se definan lo que significan los servicios esenciales que no pueden de dejar de prestarse en tiempo de huelgas, asambleas, retención de servicios, etcétera.

Es importante que el personal sea contratado con estabilidad teniendo en cuenta su idoneidad, a través de concursos, y que se termine con la proliferación de personal contratado, transitorio, interinos, monotributistas, beneficiarios de planes sociales u otras formas de personal inestable, que en muchos casos se mantienen por muchos años.

Igualmente en materia de remuneraciones debe terminarse con los pagos en negro y sin hacerse los aportes jubilatorios.

 

POLÍTICAS SOCIALES, CULTURALES Y ECOLÓGICAS

La administración de planes sociales es otro tema a tener en cuenta, especialmente cuando los mismos se financian con fondos de la Nación o de otras jurisdicciones, ejemplos: Plan Familias, Jefas o Jefes de Hogar, Vale lo Nuestro, pensiones no contributivas o Programa Nacional de Seguridad Alimentaría.

La organización, regulación y los subsidios al transporte público de pasajeros es otro de los temas que ocupan a las autoridades municipales, dentro de la competencia más genérica que tienen en materia de circulación de personas y vehículos, otorgamientos de carné de conductor y control y sanción de los infractores. Los subsidios en esta materia son otorgados inequitativamente.

La atención a las personas “en situación de calle”, a los “cartoneros”, a los asentamientos en villas de emergencia, y otras formas de indigencia y pobreza hacen necesario que los municipios cuenten con el manejo o la participación en políticas sociales y recursos que permitan atenderlos adecuadamente.

La ocupación indebida del espacio público necesita de una autoridad comunal fuerte, con un auxilio eficaz de la fuerza pública

La tenencia de animales en zoológicos, en casas o departamento y su tránsito por las vías o espacios públicos merece ser regulados por los municipios.

En materia de incendios y emergencias los bomberos profesionales o voluntarios deben depender de los municipios, como lo propusimos, sin éxito, en la Convención que dictó la Carta Orgánica de la Municipal de Córdoba en 1995; y los impuestos y el fondo del manejo del fuego, establecido por ley de la provincia de Córdoba, deben ir a las arcas comunales. Las provincias debe seguir con la tarea de formar bomberos y coordinar la acción de los mismos cuando los incendios excedan los radios municipales, aportando medios y recursos, como aviones, vehículos y otros elementos, que las unidades locales no disponen.

Los municipios deben tener mayor injerencia en la autorización o no de casinos y locales juego en su jurisdicción, los horarios en que funcionan y todo lo que tiene que ver con control del juego, legal e ilegal. También deberían tenerlo en el control y registración de quienes no puede acceder a los locales de juego y rehabilitación de los que padecen ludopatía.

El consumo de tabaco, de drogas y los problemas del alcoholismo cada día exigen una mayor participación de los municipios, especialmente en la prevención, contención y rehabilitación.

Los servicios de cloacas y los tributos que se cobraban para ello fueron municipalizados hace años en la ciudad de Córdoba y poco se ha hecho hasta ahora para extender la red que presta este servicio.

A pesar de los avances de la tecnología informática, todavía depende de órganos administrativos o policiales con sede en la ciudad de Buenos Aires los trámites para obtener o renovar los documentos de identidad (como los DNI, cédulas de identidad y pasaportes), con la consiguiente demora y costo que ello significa, cuando los mismos debería hacerse en los Registros Civiles provinciales o municipales, si dispusieran de mayores atribuciones. A esto habrá que sumar los carné de conductor, que ya están nacionalizados.

El establecimiento de registros de uniones de personas del mismo sexo, de violadores (se acaba de dictar una ley provincial que lo crea) o de residentes recientemente arribados al municipio no son ni deben ser materia que deban regular los municipios.

En lo cultural los municipios deben estimular las actividades artísticas, y tener políticas conservacionistas, que tiendan a preservar lugares, edificios, obras y objetos históricos o expresiones artísticas que haya en su jurisdicción. Los museos, teatros y centros culturales, como los festivales y convenciones que se celebren, merecerán la atención de las autoridades comunales.

La educación política y cívica debe también ser materia de atención de los poderes municipales.

La educación inicial y de adultos, como la atención primaria y prevención de salud deben ser atendidas por los municipios. La Municipalidad de Córdoba cuenta con 38 escuelas municipales primarias y para adultos, que podrían pasar a la provincia. El PAICOR es un servicio de alimentación de los alumnos de los colegios que está siendo descentralizado por la provincia a algunos municipios y comunas

La preservación del ambiente merece políticas que extiendan y cuiden la forestación, los cursos de agua, los espacios verdes, parques, plazas, viveros, y que eviten la contaminación del aire, el agua, visual o sonora. La recolección, transporte y depósito de basura y de material tóxico, contaminante o peligroso para la salud de la población debe ser prudentemente regulado y gestionado

El turismo es otra de los temas que no puede estar ausente en la agenda política de los municipios en los se desarrolle esta industria.

En los que haya una o varias empresas emblemáticas; como ocurre con ARCOR y otras complementarias, en Arroyito, o Aceitera General Dehesa, en la Municipalidad de General Dehesa, o cuando en los mismos se desarrollen actividades económicas, deportivas, culturales o religiosas significativas los respectivos municipios no podrán ser ajenos a los mismas y deben aportar para su mejor desarrollo y velar por los beneficios que pueda de las mismas obtener la comunidad.

 

CONCLUSIÓN

Aparece como indispensable, a 33 años de la recuperación de la Democracia Constitucional, revisar el reparto federal de atribuciones, que le corresponden de las autoridades federales, provinciales y municipales, y de las administraciones y entes que la complementan, para que los servicios que prestan sean más eficaces, menos costos y mejor controlados. Ello hará necesario redistribuir mejor los recursos financieros.

Por todo lo dicho, y en aplicación del principio de subsidiariedad, los municipios y comunas deberán ampliar el campo de sus competencias, para lo que necesitarán ser provistos de recursos fiscales adecuados y suficientes.

El bien común a nivel municipal, y parafraseando a Jacques Maritain, hoy más que nunca nos exige: gobiernos que representen al pueblo, instituciones prudentes, normas justas, servicios públicos eficientes, condiciones fiscales sanas y suficientes, respeto por los recuerdos históricos -sus símbolos y glorias-, tradiciones vivas y resguardo de los tesoros culturales.

A ello hay que agregarle las necesidad de hacer carne las virtudes políticas como el sentido del derecho, la libertad, la prosperidad y el esplendor espiritual, la sabiduría hereditaria que opera inconscientemente en la rectitud moral, la justicia, la amistad, la felicidad, la virtud y el heroísmo de la vida de los vecinos.

Córdoba, agosto de 2016.

Como reformar la justicia en Córdoba

Edificio de tribunales de Córdoba

Edificio de tribunales de Córdoba

I.      Introducción

La palabra justicia expresa una virtud, que es la esencia del derecho; y, en el sentido institucional, alude a los tribunales de los poderes judiciales:

Federal, de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA).  No hay Justicia administrativa.

La reforma judicial podría iniciarse con una reforma de la Constitución, o a partir de normas sub-constitucionales, que es como intentaremos proponer nosotros en este trabajo.

Nuestra Constitución es presidencialista, federal y de control constitucional difuso, y no el posmonárquico o parlamentarista, y a ello debemos atenernos, Los cambios inspirado en este último no son siempre han sido acertados, como el de crear tribunales administrativos (v.gr.: el Fiscal de la Nación o los de falta municipales) o el de adoptar la casación, el contencioso administrativo y el Consejo de la Magistratura.

II.  La reforma del Poder Judicial de la Nación  

Las reformas de los tribunales debe comenzar por el de mayor jerarquía y  autoridad que en este caso es la Corte Suprema de Justicia Nación, por lo que hay que decidir cuál debe ser su composición -si es de cinco o de siete-, dejar de ser el tribunal superior de la justicia nacional, que debe ser transferirla a la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) y de limitar los que vienen de los tribunales superiores de provincia, para así disminuir la cantidad de causas que atiende.

·       Transferir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) mediante una ley convenio, los llamados tribunales Nacionales y los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos, con sede en Capital Federal, para que se integren al Poder Judicial y al Ministerio Público de dicha ciudad (Art. 129 y Disposición transitoria decimoquinta “infra” CN). Transferir también el Registro de Propiedad y la Inspección Nacional de Justicia.

·       Incorporar a las causales del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 la de sentencias arbitrarias, enumerando las causales elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y autorizar los recursos in forma pauperis.

·       Suprimir la expresión “de competencia federal” del art. 257 bis del CPCCN (según ley 26.790) a los efectos que el recurso per saltum pueda, también, ser interpuesto en contra de las sentencias de los tribunales provinciales de primera instancia, y hace efectivo también en estos casos el principio de igualdad (art. 16 de la CN).

·       Autorizar a la Corte Suprema para que apruebe y publique un Código de Estilo, para uniformar y mejorar la elaboración y comunicación de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción – en soporte papel o digital- de sentencias, fallos, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas, informes, memorandos, circulares, certificados, pliegos de interrogatorios, declaraciones, pases, oficios, notificaciones, citaciones, órdenes de arresto o allanamiento, exhortos, correspondencias, notas, esquelas, invitaciones, partes de prensa, tarjetas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado, márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, las forma en que se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados. Los escrito que se presenten ante la Corte deberán tener una portada de colores diferentes, según que sea el del recurso extraordinario, la contestación del traslado, al queja, el del Amigo del tribunal, la petición de audiencia, la presentación de la Procurador Fiscal o del Defensor Público, o los recursos de aclaratoria o reposición. Deberá incorporarse a este código las normas el reglamentaria para los escritos de los recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN, establecidos por este Tribunal en la Acordada No. 7 de 2007. Deberá preverse el caso de los escritos, o párrafos de los mismos, o citas en idioma extranjero para que se presenten con la correspondiente traducción. Para la confección de este Código habría que tomar alguna de las disposiciones de las Reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, especialmente las 21, 33 y 34. Deberá autorizar a los tribunales a dictar únicas sentencias, u ordenar trámites, para varios juicios idénticos o similares que se tramiten en un mismo tribunal.

·       Derogar el Acuerdo No. 20/96 de la CSJN que impide gravar con del impuesto a las ganancias a los jueces, y hacerlo aplicable a las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público federal, de las provincias y de la CABA, exceptuando a los jueces que se encuentren ya designados y en ejercicio de su cargo (Art. 110 Constitución Nacional), y aplicarlo solamente a los que sean designados en adelante. Antes de su aplicación deberá hacerse una recomposición de las remuneraciones que compense la disminución de los ingresos.

 

III.Provincia de Córdoba

Dentro del marco de la Constitución provincial la reforma al Poder Judicial de la provincia de Córdoba  haría necesarios que se dicten las siguientes leyes para:

·        Que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea realmente un tribunal constitucional, y no de casación como lo es casi exclusivamente hoy, que atienda losrecursos de inconstitucionalidad contra los fallos de las cámaras de apelaciones, y que ejerza las demás cuestiones que le asigna el artículo 165 de la Constitución Provincial. La primera de ellas (Inc. a), referida a las acciones declarativas de inconstitucionalidad –individuales y colectivas– que deberá ser reglamentada con un trámite sencillo, en un Código de Procedimiento Constitucional -como el que proyecté cuando fui diputado nacional y que rige ahora en Tucumán-, en el que no se exija que la norma o acto cuestionado no haya comenzado a ser aplicado, como interpreta en la actualidad el TSJ haciendo casi imposible su admisión. Cuando actúe como tribunal constitucional se evitará que muchos de sus fallos sean recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ocurre actualmente, lo que es otro motivo de dilación.

·        Autorizar por ley la realización de Audiencias Públicas: informativas, conciliatorias y ordenatorias, y la participación de “Amigo del tribunal”, cuando se tramiten recursos y acciones ante el Tribunal Superior de Justicia, como lo hace la Corte.

·        El Tribunal Superior deberá acordar con la Corte Suprema la creación del Registro de juicio colectivos, como ello lo tiene establecido en la Acordada N° 32/14.

·        El TSJ, además, no deberá participar de la discusión de las remuneraciones de los magistrados y empleados, ni de lo que tiene que ver con la infraestructura de los tribunales, tarea que debe quedar a cargo del Ministerio de Justicia.

·        Que las causas civiles, comerciales, de quiebra, de familia, de menores, criminales, criminales económicos, correccionales, laborales, contencioso administrativa, tributarios, electorales, de faltas y de paz se tramiten en doble instancia. La primera ante los jueces especializados o de competencia múltiple que la ley ha creado; y la segunda ante las cámaras de apelaciones que podrán revisar todos los agravios de hecho y de derecho que se le planteen. Para ello habrá una cámara única en cada circunscripción en que se divide la provincia, las que se dividirán en salas -de tres jueces- que atenderán las distintas materias (civil, comercial, criminal, laboral, etc. o de competencia múltiple). Con ello se garantizará el Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” como exige el artículo 8, 2, h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el inc. 22, del art. 75 de la Constitución  Nacional; y la doctrina de la Corte Suprema en “Casal, Matías Eugenio” del 20/9/05.

·        De esta manera los recursos de casación serán sustituidos por los de apelación en los que las salas de las Cámaras y no las del TSJ revisarán no sólo el derecho sino también los hechos que fundan los fallos de primera instancia.

·        Para las causas contencioso administrativo deberán crearse o habilitarse juzgados de primera instancia; con un procedimiento breves, que unifique las acciones de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad, en el que no tenga participación un fiscal y en el que se unifiquen los actuales recursos de apelación, cuando la provincia es parte, con el de casación, en los demás casos, en una única apelación, la que, al igual que el recurso de revisión, deberán tramitarse ante las respectivas salas de las cámaras, y no en el TSJ como ocurre ahora. El agotamiento de la vía administrativa deberá  ser limitado y en algunos casos suprimido.

·        En las causas criminales, criminales económicas y correccionales, seguirán  siendo atendidas por los jueces de instrucción, y las salas de las Cámaras que receptan los juicios orales y dictan las sentencias -en forma colegiada o unipersonales-, de acusación; y habrá que crear o habilitar otras de apelación, que sustituyan la sala penal del TSJ.

·        Deberán derogarse las leyes que admiten los juicios por jurados por: no haber sido establecidos por ley federal (Arts. 24 y 75 Inc. 12 de la C. N.); por no ser “populares” ya que no son elegidos por el pueblo, ni por sus representantes; por ignorar el derecho; por discriminar a los abogados y jueces que no pueden integrarlos; porque la experiencia indica que sus fallos no son mejores, y porque el jurado hace más engorroso, lento y costoso los juicios.

·        En materia laboral los jueces de conciliación pocas veces toman la audiencia de conciliación y en las cámaras las audiencias orales se hacen y fallan con un solo vocal, por lo que la doble instancia debería reorganizarse con juzgados de primera instancia en los que tramitan el juicio desde la demanda hasta la audiencia oral y la sentencia, y las apelaciones sean atendidas por las salas laborales de las Cámaras que haya en cada circunscripción. A solicitud de parte, en cualquier etapa del proceso, se puede hacer una audiencia de conciliación, que será atendida en una oficina especializada, como ya se ha creado como “experiencia piloto” a nivel de Cámara.

·        Las apelaciones de los fallos del Juzgado Electoral, deberán ser resueltos en una sala de la Cámara de la Capital y no ante el TSJ.

·        Las contravenciones o faltas que actualmente juzgan los tribunales de falta policiales o municipales, contrariando lo que dispone la Constitución provincial (Art. 153),  deberán se resuelto por los tribunales contravencionales o de falta de la justicia provincial.

·        Deberán designarse más jueces y reformarse las normas procesales  para simplificar y uniformar los trámites.

·        La digitalización y despapelización de los procesos servirá para acortar distancias entre el litigante y el tribunal, evitará la permanente concurrencia a los tribunales y no será necesario constituir domicilio en donde tenga asiento el tribunal, pudiendo presentarse escritos y hacerse notificaciones digitalmente. Uniformar y complementar el sistema digital entre los  tribunales federales y provinciales y con los que poseen los estudios jurídicos.

·        Deberá dictarse un Código de Procedimiento Constitucional

Reforma Constitucional

Como lo propusimos, sin éxito, cuando fui constituyente en 1987 con otros colegas, cuando se reforme la Constitución provincial debería dársele autonomía al Ministerio Fiscal e incorporar en su texto al Consejo de la Magistratura; integrado por legisladores, jueces y abogados, que tendrá a su cargo: la Escuela de la Magistratura, los concursos de los que aspiran a ser jueces o fiscales inferiores y el actuar como jurado de enjuiciamiento de los magistrados inferiores cuando sean acusados por la Legislatura con dos tercios de votos.

Estas ideas quieren ser un modesto aporte a un debate, en el que hoy son más frecuentes las quejas que las propuestas, para intentar alguna vez hacer realidad en Córdoba aquello de “afianzar la justicia”.

Córdoba, agosto de 2016.

El ideal Sudamericanista de los Congresistas de Tucumán

Manuel Belgrano

Manuel Belgrano

Los 29 congresistas – de los cuales 17 eran abogados y 11 eclesiásticos – que declararon la independencia en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816 lo hicieron en nombre de las “Provincias Unidas de Sud América” y al hacerlo nos incorporaron al concierto de las naciones libres y soberanas del mundo.

Pero esta nueva Nación no tenía, en ese momento, definido su nombre, su territorio, su población, su forma de gobierno, ni como se organizaría el estado.

Las actas del Congreso nominaban a las Provincia Unidas, como de “Sud América” y no “del Río de la Plata” como lo hicieron las del Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 cuando eligió la Primera Junta de Gobierno presidida por Cornelio de Saavedra.

En Tucumán no estuvieron representadas las provincias del litoral, ni la Banda Oriental (Uruguay) y Paraguay –que luego se declararían independientes- ni la Patagonia, habitada por pueblos originarios. Había diputados del Alto Perú, que más adelante se convertiría en la República de Bolivia.

Su forma de gobierno y de estado se discutió durante 37 años hasta que en 1853 se juró la Constitución. Primero se gestionó en Europa el traer un príncipe, para establecer una monarquía. Manuel Belgrano le propuso a los congresistas, el 6 de julio, un inca como monarca que tendría por capital el Cuzco, concretamente a Juan Bautista, un hijo de Tupac Amaru. Mas tarde prevaleció la idea republicana que se ensayó en constituciones que no llegaron a tener vigencia.

Luego vendría la disputa entre federales y unitarios y al final las discusión entre los que querían más autoridad – recordemos lo de “las facultades extraordinaria y la suma del poder público” de Juan Manuel de Rosas- y los que querían más libertad, como Esteban Echeverría, que las resumía en “Las 15 palabras simbólicas”: Dios, libertad, vida, trabajo, honor, identidad, dignidad, justicia, derecho, igualdad, paz, equidad, verdad, bien y desarrollo,

La Constitución de “la Confederación Argentina” –republicana y federal- de 1853, cambió su nombre por el de “la Nación Argentina”, cuando en 1860 se reformó para incorporar a Buenos Aires, pero allí se declaró que los nombres oficiales serían: Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina, Confederación Argentina (…), empleándose las palabras “Nación Argentina” en la formación y sanción de las leyes (Art. 35), se omitió de “Sud América”, como se las llamó en el Congreso de Tucumán.

A 200 años de la Declaración de la Independencia, en un momento que en nuestro país, en la región y en el mundo se revisan muchas decisiones, me parece bueno rescatar el ideal sudamericanista de nuestros padres fundadores, ya que nuestro país necesita revisar sus proyectos de integración con los países vecinos, que alguna vez pudieron ser parte de las Provincia Unidas, como ocurre con los que integramos el Mercosur, que está en crisis, y que tiene un órgano deliberativo el Parlasur, que está muy debilitado. Estos acuerdos y órganos cuando se crearon no sólo tenían por finalidad fijar aranceles o facilitar el intercambio comercial, sino se hicieron con el propósito de integrarnos políticamente, objetivo del que nos encontramos lejos todavía,

Además en la región debemos colaborar para:

  • resolver la situación de los presos políticos y la revocatoria de Nicolás Maduro en Venezuela, en los términos de la Carta Democrática Interamericana;
  • ampliar y concluir el acuerdo de alto el fuego que firmó Colombia con las FARC para pacificar ese país;
  • concluir con el análisis y negociación de los acuerdos entre Mercosur y la Unión Europea y la “Alianza del Pacífico”; y
  • erradicar la pobreza y el narcotráfico.

Córdoba, junio de 2016.

Recuerdos y significado de aquel 9 de julio de 1816

Congreso de Tucumán

Congreso de Tucumán

En la soleada tarde de invierno de un martes 9 de julio, hace 200 años, en la casa de los descendientes de doña Francisca Bazán de Laguna, ubicada en la “calle del Rey” (ahora “del Congreso”), en San Miguel de Tucumán –una pequeña ciudad donde cuatro mil personas vivían en 80 manzanas-; 29 diputados -representantes de las Provincias Unidas de América del Sur, 17 de los cuales eran abogados, 9 sacerdotes y 2 frailes-, que integraban el Congreso; puestos de pie e “invocando al Eterno que preside al universo”, y “protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia, que regla nuestros votos” declararon solemnemente: que, “es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”.

Como no había hoteles los diputados que llegaron representando a distintos cabildos se alojaban en los conventos de San Francisco y Santo Domingo. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda o la Provincia Oriental no estuvieron representadas. Tampoco había diputados de Paraguay y del Alto Perú, con excepción de Chichas (hoy dentro del departamento Potosí), Charcas y Mizque (hoy dentro de Cochabamba). La Patagonia, habitada por pueblos originarios, era tierra de nadie.

La presidencia del Congreso, que había iniciado sus sesiones en el 24 de marzo, rotaba todos los meses y en la histórica sesión del 9 de julio la ejercía el sanjuanino Francisco Narciso Laprida, de 29 años de edad y que era bachiller en leyes, egresado de la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile.

Para difundir esta grata noticia de la Independencia, el Congreso envió por medio de chasquis, en carreta y a caballo, copias del Acta, de la cual se había impreso 1500 ejemplares en español y 1500, en quechua y aymara. El diputado y poeta Fray Cayetano Rodríguez, de la orden franciscana, que había sido profesor de la Universidad de Córdoba, tomó a su cargo redactar un diario de los hechos del Congreso, para enviar a los periódicos, llamado “El Redactor del Congreso”.

Diez días más tarde, a propuesta del diputado porteño Pedro Medrano, el Congreso, en sesión secreta, agregó a la declaración que nos liberaba de España la referente a “toda dominación extranjera”, pues “de este modo se sofocaría el rumor esparcido por ciertos hombres malignos de que el director del Estado, el general Belgrano y aun algunos individuos del Soberano Congreso alimentaban ideas de entregar el país a los portugueses”.

El 21 de julio fue jurada la Independencia en la sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante la presencia del general Manuel Belgrano, el clero, comunidades religiosas y demás corporaciones. El 25 se adoptó oficialmente “la bandera celeste y blanca de que se ha usado hasta el presente, y se usará en lo sucesivo exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas, en clase de bandera menor, ínterin, decretada al término de las presentes discusiones la forma de gobierno más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la bandera nacional mayor.”

Esta Declaración significó dar un paso más, después de aquel que se concretó seis años antes, en un lluvioso día 25 de Mayo, en el Cabildo de Buenos Aires, cuando, luego de que una “representación que han hecho a este Excmo. Cabildo un considerable número de vecinos, los Comandantes y varios Oficiales de los Cuerpos voluntarios de esta Capital”, se decidiera elegir la primera Junta de Gobierno patrio, presidida por Cornelio de Saavedra – el mismo que tres días antes, en la Asamblea del 22 de mayo, había dicho: “(…) y no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando” -, para cubrir la vacancia producida por haber caducado la autoridad del Virrey y de quienes representaban en el Río de la Plata al Rey de España, Fernando VII -prisionero del gobierno francés-.

Juan José Paso, que había sido alumno del Monserrat, Doctor en Leyes de la Universidad de Córdoba y secretario de aquella primera Junta, a los 58 años le tocó serlo, también, desde la primera sesión del Congreso de Tucumán; junto al joven de 27, José Mariano Serrano, quién redactó el Acta de la Independencia en español, quechua y en aymara, y que representaba a Charcas y era abogado egresado de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, fundada por los jesuitas el 27 de marzo de 1624, dos años después que la Compañía de Jesús se hicieren cargo de la de Córdoba, que era la otra Universidad que había entonces en las Provincias Unidas -la de Buenos Aires recién se fundó el 26 de agosto de 1821 y su primer rector fue el sacerdote Antonio Sáenz después de ser congresista en Tucumán-. Los jesuitas fueron expulsados en 1767.

¿Por qué independientes?

Las razones que influyeron para declarar la independencia fueron que:

· el rey Borbón Fernando VII había regresado al trono de España, después de haber estado prisionero desde 1808 de Napoleón en Valençay, en el centro de Francia, a unos 300 kilómetros de París, hasta que por el tratado del 11 de diciembre de 1813, Napoleón lo reconoció como Rey, recuperando así su trono y todos los territorios y propiedades de la Corona y sus súbditos, tanto en la península como en el extranjero;

· Napoleón Bonaparte había sido derrotado en Waterloo (Bélgica), el 18 de junio de 1815;

· los reclamos que José de San Martín, gobernador de Cuyo y que organizaba el Ejército de los Andes para iniciar la campaña libertadora a Chile, le hacía por cartas al joven diputado mendocino, de apenas 25 años, y bachiller en leyes de la Universidad San Felipe de Chile, Tomás Godoy Cruz;

· la amenaza de la invasión portuguesa- brasileña, que se concretará en el mes de agosto de ese año sobre la Banda Oriental, con la resistencia de José Gervasio Artigas; y

· los consejos de Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes que tenían a su cargo la difícil defensa en el norte del antiguo virreinato que llegaban hasta el Alto Perú.

La situación era crítica ya que la reacción realista triunfaba desde México hasta Chile, pasando por el Alto Perú (nuestros ejércitos había sufrido derrotas en Huaqui en 1811, Vilcapugio y Ayohuma en 1813 y Sipe Sipe en 1815). Sólo permanecían libres del dominio español las Provincias Unidas, la Liga Federal —liderada por Artigas y que abarcaba la Banda Oriental, que se declarará independiente en 1828, y las provincias del litoral -, y el Paraguay, gobernado por el Dictador Supremo José Gaspar Rodríguez de Francia, que se llevaba mal con Buenos Aires, y se declarará independiente en 1842. Bolivia, que antes fue el Alto Perú, lo hizo en 1825.

Con la Declaración de Tucumán nace una nueva Nación independiente, que rompía definitivamente los lazos que la unían al monarca español y a toda otra dominación, pero que todavía carecía de nombre (1810 la Primera Junta utilizó en algunos documentos la expresión “Provincias del Río de la Plata”, pero en la actas del Congreso de Tucumán se les denomina: “Provincias Unidas en Sud América”), su población y extensión territorial era indefinida, y su organización política e institucional se discutirá durante largos 37 años, a partir de ese mismo Congreso, mientras siguió sesionando en Tucumán, y, cuando, al año siguiente, se trasladó a Buenos Aires, sin haberlo lograrlo definir, a pesar que el 22 de abril 1819 dictó una “Constitución de las Provincias Unidas de Sud América”, aristocrática, por cómo se componía el senado, y unitaria; que nunca rigió por haber sido rechazada por los pueblos.

La discusión y los ensayos se sucedieron en este y otros congresos, pactos y constituciones, alternadas con batallas, asesinatos, prisiones y exilios. Primero lo fueron entre los que querían una república o los que preferían un rey -que podría haber sido un príncipe europeo, como Francisco de Paula, como gestionaron algunos en Europa; o un Inca, como les propuso Belgrano a los congresistas, en la sesión secreta del 6 de julio, en la persona de Juan Bautista Túpac Amaru, hermano menor de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, asesinado junto a toda su familia en 1781, lo que escandalizó al diputado porteño Tomás Manuel de Anchorena –abogado egresado de Charcas y que había firmado el acta del 25 de mayo de 1810 que eligió la primera Junta, y que en esa sesión manifestó que no le molestaba la idea de la monarquía constitucional, pero sí en cambio que se pusiese “la mira en un monarca de la casta de los chocolates, cuya persona si existía, probablemente tendríamos que sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería para colocarla en el elevado trono de un monarca”. Fray Justo Santa María de Oro, el dominico que era el otro representante de San Juan, terció afirmando que había que consultar antes la voluntad de las provincias, y que si el debate seguía “precediéndose sin aquel requisito a adoptar el sistema monárquico constitucional a que veía inclinados los votos de los representantes, se le permitiese retirarse del Congreso”.

Después de 1820 la disputa sería entre unitarios y federales, y, más tarde, entre los que querían más autoridad, recordemos lo de las “facultades extraordinarias y la suma del poder público”, o los que preferían más libertad, como Esteban Echeverría que nos enseñó que la: “Democracia no es una forma de gobierno, sino la esencia misma de todos los gobiernos republicanos o instituidos para el bien de la comunidad (…). La democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases.”

Principios y valores

El 1º de mayo de año 1853, en el Congreso reunido en Santa Fe de la Veracruz, concluirá este largo proceso fundacional con la sanción y jura de la “Constitución de la Confederación Argentina”, que al reformarse en 1860 para que se incorpore Buenos Aires, cambiará esta expresión por “de la Nación Argentina”, y se le agregará un artículo 35 que dispone que: “Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata (omite de “Sud América”, como se las llamó en el Congreso de Tucumán); República Argentina, Confederación Argentina serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras “Nación Argentina” en la formación y sanción de las leyes”. Esta Constitución, que nos honra todavía con su vigencia, es después de la norteamericana, la más antigua de América.

25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816 y 1° de Mayo de 1853, son tres fechas en las que se va concretando la fundación y organización de nuestra República y del Estado Federal, bajo la vigencia de una Constitución que garantiza nuestros derechos y los de “todos los hombre del mundo que quieran habitar el suelo argentino”; y que nos incorporó al concierto de las naciones libres, siguiendo las nuevas ideas que en el mundo se difundieron desde fines del siglo XVIII y que aclamaron las revoluciones norteamericana de 1776, la francesa de 1789 y por las que bregaron las Cortes española cuando se oponían a José I Napoleón, y que declararon en la Constitución de Cádiz en 1812.

Los norteamericanos al declararse independientes, el 4 de julio de 1776, afirmaron: “que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”.

En la Revolución Francesa, inmortalizada con el lema: “Libertad, igualdad y fraternidad”, aprobó el 26 de agosto de 1789 la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, en la que, “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano: Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. (…)” y que proclama en su “Artículo dieciséis.- Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”. En el resto de los artículos se completa el reconocimiento de derechos que resaltan la dignidad de la persona humana.

Las Corte españolas, que desde 1810 luchaban contra la invasión francesa y el reinado de José I Napoleón, dictaron la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, por eso mejor conocida como la Pepa, y que proclamaba la soberanía de la Nación, limitaba el poder de la monarquía, abolía el feudalismo, declaraba la igualdad entre peninsulares y americanos, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad, abolía los señoríos y finalizó con la inquisición. Con el regreso de Fernando VII[ sería derogada en Valencia el 4 de mayo de 1814.

Estos principios y derechos son los mismos que los constituyentes de 1853 volcaron en nuestra Carta Fundamental, en el preámbulo y en el título “Declaraciones, derechos y garantías”, y al establecer una forma de gobierno republicana, con división y equilibrio de los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y federal, y descentralizada, de Estado, siguiendo el modelo de la Constitución Norteamericana de 1787, que luego se completó, con la declaración de derechos, que se hicieron en las 10 primeras enmiendas, aprobadas en 1791.

Significado

¿Qué significa el 9 de julio y la Declaración de la Independencia para nosotros, ciudadanos del Siglo XXI?

– Que ese día nació nuestra patria; que hace 200 años somos ciudadanos de una Nación libre y soberana; que nuestros próceres y soldados -que declararon la independencia y lucharon en los campos de batalla para defenderla- merecen nuestro reconocimiento y homenaje; y que, en este Siglo XXI, donde muchas cosas se revisan, en nuestro país –donde un nuevo gobierno no desafía para salir del aislamiento-; en la región donde el Mercosur está en crisis y se hace necesario retomar el camino de la integración; y en el mundo –conmovido por el “Brexit” votado por los británicos para romper con la Unión Europea-, para iniciar de una buena vez el camino a un gobierno mundial, como alguna vez propuso Jacques Maritain y otros visionarios.

Ante estos desafíos parece oportuno reafirmar los principios y valores fundacionales, sin renunciar a los ideales sudamericanitas que hoy, en un mundo globalizado, cobran la actualidad que no siempre supimos defender.

Este Bicentenario es, también, un momento propicio para recordar y renovar el juramento que hicieron los congresistas de Tucumán, en aquella sesión pública del 19 de julio, cuando se les preguntó: “¿Juráis por Dios Nuestro Señor y esta señal de cruz, promover y defender la libertad de las provincias unidas en Sud América, y su independencia del Rey de España, Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y toda otra dominación extranjera? ¿Juráis a Dios Nuestro Señor y prometéis a la patria, el sostén de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama?”. Contestaron. Sí JURO, lo que nosotros nos animamos hoy a reafirmar después de 200 años en ésta la Casa más antigua de Córdoba, para escuchar luego, como decía el Acta de aquella histórica sesión: “Si así lo hiciereis Dios os ayude, y si no, El y la Patria os hagan cargo”

Córdoba, junio de 2016.

El Poder Legislativo, presentación para la Universidad de Mendoza

Legislatura de Mendoza

Legislatura de Mendoza

PROGRAMA:

  1. Antecedentes. II. Organización e historia. III. Cámara de Diputados: Número. Requisito para serlo. Juramento. Duración del mandato. Autoridades. Elección. Iniciativa de leyes. Sanciones y no incorporación. IV. Senado: Historia. Requisitos. Autoridades. Bloques y comisiones. Atribuciones. Tratados y convenios. V. Disposiciones comunes de ambas cámaras:  Bloques. Prohibiciones. Juez de la elección, derechos y títulos. Reglamentos. Sanciones. Leyes secretas. Quorum y votaciones. Interpelación e informes. No integran el Congreso. Remuneración. VI. Procedimiento de aprobación y sanción de las leyes: Proyectos. Sanción. Veto. Tipo de leyes, Caducidad de proyectos. Fórmula. Inconstitucionalidad de la sanción del Código Civil y Comercial. VII. Sesiones del Congreso: Tipo de sesiones. Sesiones separadas y conjuntas. VIII. Juicio Político. Causales y funcionarios. Procedimiento. IX. Privilegios. X. Atribuciones. Roles. Historia. Constitución vigente. Sistematización. XI. Transferencia de atribuciones al Poder Ejecutivo. XII. Auditoría General de la Nación. XIII. Defensor del Pueblo. XIV. Conclusiones.
  2. ANTECEDENTES

La Constitución de 1853 creó, un Congreso, como la institución más importante de la República, integrado por una Cámara de Diputados y unSenado, al que invistieron con el carácter de Poder Legislativo, dentro de un Gobierno Federal integrado también por un Poder Ejecutivo, como se le llamó a la Presidencia, y por un Poder Judicial, organizado con una Corte Suprema y demás tribunales inferiores federales.

Este órgano es la institución emblemática de “la forma representativa y republicana de gobierno” que adopta la Constitución (art.1º). Nuestro régimen político, que generalmente se lo identifica como “presidencialista”, debería clasificárselo mejor con la denominación de “congresional”, como lo hizo, Woodrow Wilson en su célebre libro “El gobierno congresional”, que publicó en Boston en 1885, referido a la Constitución de EEUU, y donde comparaba el gobierno allí establecido con los de los sistemas parlamentaristas que habían en Europa. Los “padres fundadores” de Filadelfia al establecer un gobierno dividido en tres poderes, como lo había ideado en el “Espíritu de las leyes” Montesquieucambiaron un sistema de gobierno concentrado en un sólo órgano, el “Congreso Continental”, unicameral, establecido en los Artículos de Confederación y Unión Perpetua, aprobado el 15 de noviembre de 1777 y ratificado el 9 de julio de 1778, por otro desconcentrado, donde la novedad no era tanto el Congreso bicameral, que era el Poder Legislativo, sino el Ejecutivo presidencial y el de los tribunales de justicia, elevados a la condición de Poder Judicial, a los que luego, merced a la doctrina del caso “Marbury versus Madison” (1803), asumirán además la función de controlar la constitucionalidad de las leyes y actos de gobierno.

Como quedó claro en la polémica entre Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento el modelo de Constitución norteamericana fue adaptado a nuestra realidad y no fue una mera copia. En lo que hace al Congreso había una diferencia histórica fundamental que marca la primera diferencia, nuestro país no tuvo tradición parlamentaria antes de separarse de España en 1810 y ello implicó, por un lado, iniciar una nueva experiencia en materia de gobierno y, por el otro, adoptar como propia la tradición parlamentaria inglesa y norteamericana en el funcionamiento de nuestro Poder Legislativo. Por esta razón es que la Declaración de la Independencia, aprobada en Tucumán el 9 de julio de 1816, no alegó, como la Norteamericana, que el Rey no había respetado las Legislaturas coloniales, ni las leyes por ellas aprobadas, ni que la Corona había ordenado pagar impuestos sin que el pueblo los aprobase a través de sus representantes, ya que las mismas no existieron en estas tierras. Dichas asambleas se crearon América del norte no bien los colonos europeos arribaron y se establecieron en el nuevo continente, y alimentaron una tradición parlamentaria en la que las leyes, especialmente las que ordenaban el pago de tributos, eran de su estricta competencia. Esto último fue lo que desconoció la Corona Británica y fue motivo de agravio en la Declaración del 4 de julio de 1776.

Nada de esto existió en nuestras tierras en la organización de la administración española antes de 1810. Las primeras asambleas que se reunieron, en lo que es hoy el territorio argentino, fueron los cabildos abiertos, lo que ocurrió en las vísperas de la revolución, como los que se convocaron en Buenos Aires con motivo de las invasiones inglesas (1806 y 1807) y, especialmente, el del 22 de mayo de 1810, donde se sentó el principio, expuesto Cornelio Saavedra: “(…) que no quede duda que es el pueblo el que confiere la autoridad y el mando”. Después de la Revolución de Mayo se reunieron varias asambleas constituyentes y legislativas que pretendieron, primero, declarar la independencia, y dictar, luego, una Constitución que organizara esta nueva sociedad política, entre las más importantes cabe recordar: la Soberana del año XIII, que abolió la esclavitud y aprobó normas de materia constitucional; la en Tucumán en 1816 que declaró la independencia, que al año siguiente se trasladó a Buenos Aires y dictó la Constitución de 1819, que nunca tuvo vigencia; y la de 1824 que dictó la Constitución unitaria de 1826, rechazada por los pueblos. También hay que recordar las legislaturas creadas en los primeros estatutos o reglamentos, como la Junta Conservadora del de 1811; la Junta de Observación de 1815 y las legislaturas creadas por las constituciones provinciales, que secundaron a los gobernadores caudillos, que cubrieron el ciclo que va desde 1820 hasta el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, del 31 de mayo de 1852, que convocó a la Convención de Santa Fe de 1852, que al año siguiente dictó la Constitución.

Las frustradas constituciones de 1819 y 1826 y los proyectos de constituciones propuestos por Juan Bautista Alberdi, Pedro de Ángelis y José Benjamín Gorostiaga esbozaron diseños de Congreso que intentaron adaptar el modelo de Filadelfia y sirvieron de antecedentes al texto aprobado en 1853 por los constituyentes de Santa Fe.

La Constitución Nacional regula al Poder Legislativo, en la Sección Primera, del Título Segundo, de las Parte Segunda, en 5 capítulos, 39 artículos -sobre 107 que tiene toda la Constitución- y 2540 palabras –sobre 7195 que tenía el texto completo -, lo que importa más de un tercio del mismo. La Constitución vigente actualmente, con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, dedica 43 de sus 129 artículos, en 7 capítulos, al Poder Legislativo, lo que representa, también, un tercio de su articulado. La de Estados Unidos le dedica el primero y más extenso de sus siete artículos al Poder Legislativo, o sea al Congreso, el que se compone de diez secciones y contiene 2.388 sobre 4613 palabras que tiene todo el texto aprobado en Filadelfia , o sea que más de la mitad del mismo está dedicado al Congreso. Trece de las veintisiete enmiendas a la Constitución -la XIIIª, XIVª, XVª, XVIª, XVIIª, XVIIIª, XIXª, XXª, XXIª, XXIVª, XXVª, XXVIª y XXVIIª- se refieren a atribuciones del Congreso.

La reforma de la Constitución de 1949 y la del Estatuto Fundamental, del 24 de agosto de 1972, también modificaron artículos referidos al Congreso, pero se aplicaron sólo en el corto tiempo en que tuvieron vigencia. La primera hasta 1956, y, la segunda, sólo para las dos elecciones que tuvieron lugar en 1973 para la constitución de los poderes constitucionales que sucedieron al gobierno de facto; y no se mantienen en el texto actualmente vigente.

  1. ORGANIZACIÓN E HISTORIA

El Congreso, según la Constitución Nacional, se compone de una Cámara de Diputados, que representa al pueblo de la Nación, y un Senado, integrado por tres senadores por cada provincia y la Capital Federal, con un voto cada uno. Los diputados son elegidos en forma directa por el pueblo de las provincias y la Capital Federal, “considerados distritos electorales de un solo estado” y en una cantidad proporcional a sus habitantes.

La Constitución de Estados Unidos el Congreso tiene una Cámara de Representantes, similar a la que aquí llamamos de Diputados (Art. I Sección I); y un Senado donde están representados con dos senadores por cada uno de los 50 estados, que votan individualmente, sin que la Capital tenga senadores (Art. I Sección III, 1). Las constituciones de 1819 y 1826 previeron un Congreso compuesto de una Cámara de Representantes(en los proyectos de Alberdi, De Ángelis y el de Gorostiaga le llamaron de Diputados) y un Senado. En el proyecto de Alberdi se aclaraba, además, que “Cada diputado representa a la nación, no al pueblo que lo elige” (art. 61), lo que hubiera sido bueno que se hubiera incorporado al texto de Santa Fe.

Las primeras leyes dictadas, ya vigente la Constitución, las sancionó la propia Convención Constituyente de Santa Fe que sesionó hasta el 7 de marzo de 1854, porque estaba habilitada para ello por el Acuerdo de San Nicolás. Pueden recordarse “la de capitalización de Buenos Aires, de libre navegación de los ríos, la que instituyó el estatuto de hacienda y la de tarifa de la aduana, “protectora de nuestras nacientes industrias” como la llaman a las últimas”. El primer Congreso se instaló en Paraná, en un edificio de calle Representantes, el 22 de octubre de 1854, y sesionó en esa ciudad capital de la Provincia de Entre Ríos, que había sido federalizada, hasta el 30 de setiembre de 1861, y en el mismo se dictaron 292 leyes, la primera, el 5 de noviembre de 1854, y, la última, el 29 de setiembre de 1861. En esta etapa no hubo congresistas de la Provincia de Buenos Aires, porque ésta estaba separada de la Confederación.

Luego de la batalla de Pavón, del 17 de setiembre de 1861, el Congreso se instaló en la ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a sesionar el 25 de mayo de 1862, en la sede de la Legislatura provincial de calle Perú 272 y se trasladó en 1864 al edificio de calle Victoria 318 al 330 -hoy Hipólito Yrigoyen (donde desde 1971 tiene su sede la Academia Nacional de Historia, dentro del Edificio que fuera el Banco Hipotecario Nacional)-, y desde el 12 de mayo de 1906 funciona en el actual edificio. Las leyes que sancionó desde que se trasladó a Buenos Aires hasta ahora fueron más de 27.800, pero se las comenzó a numerarla desde la número 1, como si no hubiera existido el Congreso con sede en Paraná. Algunas de estas leyes no siguieron la numeración corrida, como la 240 ½, la 750 ½, la 751 ½, la 755 ½, la 755 ¾, la 1.116 ½, la 12.832 ½ (Ley que tuvo a su vez otro número, el 12.886). El Congreso permaneció hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires, salvo el interregno entre el 8 de junio hasta el 21 de setiembre de 1880, que estuvo en Belgrano, que entonces eran un municipio de la provincia de Buenos Aires, distinto a la ciudad de Buenos Aires.

A poco de ser inaugurado el actual edificio del Congreso el presidente José Figueroa Alcorta, disgustado con la mayoría de los legisladores de ambas cámara que no aprobaban el presupuesto, por decreto del 25 de enero de 1908, firmado en acuerdo de ministros, clausuró las sesiones extraordinarias a que estaba convocado el Congreso y retiró todos los asuntos que estaban a su consideración, lo que se le fue comunicado a ambas cámaras, y ante el intento de reunirse las mismas para desconocer lo dispuesto en dicho decreto, el Poder Ejecutivo dio orden al jefe de policía de la Capital, coronel Ramón L. Falcón, de ocupar el edificio del Congreso, con instrucciones de no permitir el ingreso de ningún diputado o senador, lo que se hizo el día 27 de enero de 1908, con la asistencia de cien hombres del cuerpo de bomberos al mando del coronel José Calaza. Esto motivó una querella del senador Manuel Láinez, a quién se le había impedido ingresar al edificio del Congreso, en la que se acusó de desacato al coronel Calaza, la que fue resuelta por el juez federal H. Rodríguez Larreta el 19 de noviembre de 1908 y en su decisión, confirmada luego por la Cámara Federal de la Capital, declaró que ninguna autoridad pública tenía por ley la facultad de ocupar por la fuerza el edificio del Congreso ni impedir a los congresistas ingresar al mismo, que el local estaba sometido a sus autoridades y que ninguna fuerza pública podía instalarse en él, sino a requerimiento de sus autoridades, ni sustraerse en su interior a las órdenes y al control de las autoridades del Congreso.

El Palacio Legislativo, lamentablemente, ha estado muchos años cerrado entre 1930 y 1983, como bien recuerda Carlos María Bidegain, quién contabilizó 23 años, 2 meses y 18 días en que el Congreso estuvo clausurado, por decisión de los gobiernos militares. Es más, Juan José Sebreli recuerda que “Una constante de los golpes militares desde 1930 hasta 1966 fue el intento -nunca logrado- de sustituir el sistema parlamentario por el corporativo; todos ellos tuvieron el mismo carácter fascistizante (…)” y cita como mentores de esta absurda intensión a los ideólogos nacionalistas Leopoldo Lugones y Carlos Ibarguren.

Lamentablemente los presidentes de la República que más influyeron en la vida política argentina del siglo XX, y que lideraron los dos partidos políticos más importantes de nuestra historia: la Unión Cívica Radical y el Partido Peronista, luego llamado Justicialista, no fueron muy respetuosos del Congreso. Recuerda Sebreli que: “Yrigoyen sustituyó el fraude electoral de los conservadores por la intervención a las provincias opositoras; en su primera presidencia hubo veinte intervenciones, quince de ellas por decreto y sin injerencia del Poder Legislativo Menospreció al Congreso, donde nunca puso un pie, ni siquiera para inaugurar sus sesiones, y se negó a que sus ministros asistieran a las interpelaciones del Poder Legislativo Durante el último año de su segunda presidencia, el Congreso casi no sesionó.” Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, según el mismo autor, “el Congreso carecía de toda autonomía, los parlamentarios oficialistas -que eran mayoría- no hacían sino transmitir las directivas emanadas del Poder Ejecutivo, en algunos casos hasta debían leer discursos preparados por los ministerios. En cuanto a la minoría opositora, su libertad de expresión estaba muy acotada, se cerraban los debates cada vez que iban a intervenir. Las disposiciones legales sobre desacato obligaban a los legisladores radicales a salir del Congreso para huir al Uruguay, y el presidente del bloque radical, Ricardo Balbín, estuvo cerca de un año en prisión. La reforma constitucional de 1949 cercenó aún más los derechos del Legislativo, privándolo de la facultad de interpelar a los ministros.” La reforma electoral que reimplantó el sistema uninominal por circunscripciones, merced al diseño amañado de estas, produjo una drástica reducción de los diputados que por Capital Federal el partido opositor de entonces, la Unión Cívica Radical. De 44 diputados que tenía cuando se renovó la Cámara en 1948/9 contra 111 del Partido Peronista, pasó a tener 14 en 1952/3 -contra 135- y 12, en 1955, contra 139 del oficialismo.

III. CÁMARA DE DIPUTADOS

La Constitución argentina trata, en 19 artículos y una disposición transitoria, acerca de La Cámara de Diputados en el primer capítulo, artículos 45 al 53, de la Sección primera, denominada “Del Poder Legislativo”,  que está ubicada en la segunda parte de su texto, dedicada a las Autoridades de la Nación. Los artículos 39, 40, 44, 59, 84, 99 inciso 5, 118 y la Disposición Transitoria Decimocuarta se refieren, también, a este Cuerpo, y a los diputados se los menciona en los artículos 67, 69, 74 a los diputados. En la Constitución de EEUU, la Cámara de Representantes, que equivale a la nuestra de Diputados, integrada por representantes, es reglada por el artículo I, Sección 2

Número 

Los diputados, según la Constitución de 1853, eran uno por cada veinte mil o fracción que no baje de diez mil habitantes (art.33º), lo que se modificó en la reforma de 1898 por uno cada treinta y tres mil o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos, y se autorizó al Congreso a que por ley ajuste de estas cifras después de cada censo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. En la reforma de la Constitución de 1949 se estableció la proporción de uno cada cien mil o fracción que no baje de cincuenta mil (art.42). Hoy es de uno por cada 161.000 o fracción que no baje de 80.500, con un mínimo de 5 diputados por distrito (ley 22.847 de 1983). Este mínimo es inconstitucional ya que altera la base de representación establecida en la Constitución. Una doctrina muy autorizada entiende que el mínimo debería ser dos, como estableció la Constitución en la cláusula transitoria, todavía incorporada al texto constitucional, del art. 34º, hoy 46, criterio que, en su momento, siguió también la ley 15.264 de 1959. El proyecto de Alberdi, en cambio, establecía que “(…) ninguna provincia dejará de tener un diputado al menos” (art. 63). Después de los censos de 1991, 2001 y 2010 no se redistribuyeron el número de diputados de cada distrito, por eso Córdoba sigue teniendo 18 diputados, a pesar de que su población es mayor que el de la Capital Federal, que tiene 25, y Santa Fe, que tiene 19.

En la Constitución de EEUU “Los representantes (…) se repartirán entre todos los estados que compongan la Unión, en proporción al número respectivo de sus habitantes, el cual se determinará agregando al número total de personas libres, entre las que se comprende a las que están obligadas al servicio por cierto número de años, y se excluye a los indios que no pagan contribuciones, las tres quintas partes de todas las demás” (Art. I Secc. II 3). Esto último se refería a los esclavos, que serán constitucionalmente liberados por la Enmienda XIIIª de 1865, después de la guerra de secesión. En este país el número de representantes es desde 1911 de 435, con mínimo de uno por estado (Art. I Secc. II 3). Actualmente en esta Cámara que preside Paul Ryan  (R) tienen sólo uno los Estados de Alaska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Montana, Wyoming y Vermont. 

El artículo 34º asignó a la Capital y a la provincia de Buenos Aires seis diputados a cada uno (en el art. 38 de la reforma de 1860 se unificó en doce para la Provincia de Buenos Aires, ya que por el art. 3 la ciudad dejó de ser capital); seis a Córdoba; cuatro a Corrientes y Santiago del Estero; tres a Tucumán, Salta, Catamarca y Mendoza; y a Santa Fe, San Juan, Entre Ríos, La Rioja, San Luis y Jujuy dos a cada uno (art. 34º). Desde 1854 el número de integrantes de la cámara fueron 38, en 1866 se incorporaron los diputados de provincia de Buenos Aires y el número aumentó a 50, en 1873 subió a 86, a 120 en 1898, a 158 en 1920, descendió a 155 en 1953, volvió a subir a 187 en 1958, a 192 en 1960, en 1973 se aumentó a 243, a 254 en 1983 y 257 a partir de 1992, porque se creó la Provincia de Tierra del Fuego, Malvinas e islas del Atlántico Sur.

Requisitos para serlo

Para ser diputados se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años (según la Constitución de 1826 y los proyectos de Alberdi y De Ángelis; la de 1819 exigía 26), y tener cuatro años de ciudadanía (o sea nacionalidad) en ejercicio (art.36º). En la reforma de 1949 se le agregó “(…) los argentinos nativos y diez los naturalizados(…)” (art.43). En la reforma de 1860 se incorporó, la frase: “(…) ser natural de la provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata en ella” (art. 40º). En la de USA se exige a los representantes tener 25 años de edad, 7 de ciudadanía y ser habitante del Estado que lo elige, al tiempo de la elección (Art. I Secc. II 2). De Ángelis requería en su proyecto, también, que tuviera ingresos de “(…)un valor de cinco mil pesos metálicos, o su equivalente en moneda corriente, en bienes raíces, o el ejercicio de alguna profesional liberal, o de una industria u ocupación que honren y no degraden al que la ejerza.” (Art. 30). Hubo casos de incorporación de diputados que no tenían 25 años como ocurrió con Joaquín V. Gonzalez (1886), Ramón J. Cárcano (1884) y Antonio de Tomaso (1914).

Juramento 

El Reglamento de la Cámara baja autorizan cuatro fórmulas para el juramento de los diputados cuando ingresan al Cuerpo: por Dios, la patria y los Santos Evangelios; por Dios y la Patria; por la Patria; o sin invocación alguna (art. 10).

Duración del mandato

Duran cuatro años en su mandato, son reelegibles (art.38º) y se renuevan por mitades cada dos años, como en las Constituciones de 1819 (art. VI) y de 1826 (art. 16), pero en la de 1949 se aumentó a seis y con renovación por mitades cada tres años (art.44). En Estados Unidos duran dos, son reelegibles y se renueva toda la Cámara en una misma elección. Las 23 provincias y  Capital Federal tiene diputados, en proporción a la cantidad de sus habitantes. En USA, en cambio su capital, fundada en 1800, nunca eligió representantes, pero tiene un delegado Distrito de Columbia, Washington, desde, elegido por el pueblo, con mandato por dos años, con voz, pero sin voto, como lo tienen también: las Islas Vírgenes, Samoa, Islas Mariana del Norte y Guam. Puerto Rico tiene un comisionado, con voz y sin voto, pero que dura cuatro años.

Autoridades

La Cámara de Diputados está presidida por un Presidente –actualmente Emilio Monzó-, elegido de entre sus miembros, junto a los Vicepresidentes Primero, Segundo y Tercero, según establece el actual Reglamento, y tiene tres Secretarios, el Parlamentario, el Administrativo y el de Coordinación operativa, y tres Prosecretarios, que no son diputados. La House of Representatives de USA está presidida, en cambio, por un Speaker, como la Cámara de los Comunes del Parlamento inglés, designado también por la Cámara, de entre sus miembros (art. I Secc. II 5), el que nombra a su sustituto cuando está impedido para ejercer su cargo.

El Reglamento crea, además, comisiones asesoras permanentes -que actualmente son 45-; especiales y una de labor parlamentaria, integrada por la Mesa Directiva de la Cámara y los presidentes de los bloques legislativos. Por decisión constitucional (arts. 99 inciso 3 y 100 incisos 12 y 13 de la Constitución modificada en 1994), legislativa o por resoluciones conjunta de ambas cámaras se crearon comisiones bicamerales, como la Bicameral Permanente (hasta ahora no designada ni reglamentada), la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, la de control de las privatizaciones, la deAdministración de la Biblioteca, entre otras. En USA la Cámara de Representantes tiene en el 107ª. Congreso (año 2001) 19 committee, que a su vez tienen en su seno varios subcommittes.

Elección

La elección de los diputados es, según la Constitución, “a simple pluralidad de sufragios” (art. 33º), lo que se interpretó entre 1854 hasta 1912 que se trataba del sistema electoral de lista completa, o sea que cada partido o fracción política presentaba una lista de tantos candidatos como vacantes había en el distrito, y la que obtenía mayor cantidad de votos elegía a todos sus integrantes. En 1912 se dictó la ley 8871, más conocida como Sáenz Peña, que estableció el sistema electoral de voto restringido, por el que cada partido presentaba una cantidad igual a dos tercios de candidatos para las vacantes a cubrir y el que obtenía la mayor cantidad de sufragios elegía a todos sus candidatos y la que obtenía la segunda mayoría se llevaba el resto, con la variante que los electores podía tachar en las boletas electorales a algunos de los candidatos y sustituirlos por otros, incluidos en alguna otra boleta oficializada.

Entre 1902 y 1904 por ley 4161 se adoptó el sistema de voto uninominal y por circunscripciones, el que se volvió a establecer en 1951, según ley 14.032, reformada en 1953 por la 14.292, pero con la variante que los distritos de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe se dividían por la cantidad de diputados que tenían que elegir menos uno (luego se lo aumentó a dos), los que eran adjudicado a las minoríasque habían tenido mejor votación en las circunscripciones.

En 1958 se volvió a la ley Sáenz Peña, pero desde las elecciones de 1963 se emplea el sistema proporcional D’Hondt, por el que cada lista de partido o alianza electoral presenta candidatos por el número de vacantes que hay que llenar en el distrito, las que se distribuyen proporcionalmente al número de votos obtenidos, a partir de un piso del tres por ciento de los sufragios emitidos válidos, dividiendo los votos de cada lista tantas veces como la cantidad de bancas debe ser cubiertas. Los resultados, de mayor a menor, sirven para asignar los cargos vacantes de cada lista hasta cubrirlos a todos. Esto permitirá saber el número de asientos que corresponden a cada lista. El resultado de la asignación de escaños en la Cámara se puede verificar si se divide la cantidad de votos obtenidos por cada partido por la cifra que sirvió para asignar la última banca en disputa, denominada “cifra común repartidora”, operación que dará la cantidad de diputados que corresponde a cada lista de candidatos. En USA se usa el sistema de voto uninominalpor circunscripciones. El diseño de las circunscripciones ha suscitado conflictos y sentencias judiciales, que han tratado de combatir los dibujos caprichosos de los mismos, para favorecer o perjudicar a alguno de los partidos, práctica que se denomina gerrymanderig, por un gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, que en el siglo XIX los trazaba en forma de salamandra. En Argentina se dibujaron las circunscripciones de esta forma durante la segunda presidencia de Perón, para disminuir la representación de la UCR.

Aunque no está previsto en la Constitución, en la segunda mitad del siglo XX se estableció por ley que deben elegirse suplentes, además de los titulares de las bancas, que son los que le siguen en orden de lista como titulares de la misma, y, agotada ésta, se continúa con la lista desuplentes, que los partidos o alianzas electorales presentan en las elecciones junto a la de titulares. Los diputados suplentes se incorporan en caso que queden vacante en forma definitiva las bancas (art. 164 del Código Electoral, Ley 19945), pero el artículo 21 del Reglamento Interno autoriza a la Cámara a incorporarlo transitoriamente cuando los titulares tengan licencias, lo que nunca ocurrió hasta ahora. El proyecto De Ángelis decía: “Cada provincia nombrará un diputado suplente para reemplazar a los que, por algún accidente, dejaren su puesto vacío” (art. 27). La Constitución dice que en caso de vacante el Gobierno de Provincia o de la Capital hace proceder a la elección de un nuevo miembro (art. 39º hoy 51), en forma similar a lo que dispone la norteamericana (art. I Secc. II 4).

Las mujeres integran el Congreso en Argentina desde 1952, en que se incorporaron 23 diputadas y 6 senadoras, lo que era el 15% y el 20 % respectivamente de la totalidad de miembros de cada cámara, como consecuencia de la ley de voto femenino que se aprobó en 1947. La ley 24.012 de 1991, reglamentada por el Decreto 1246 del año 2.000, estableció el llamado “cupo femenino”, por el que las listas de candidatos deben tener al menos un treinta por ciento de representante de alguno de los sexos (las mujeres eran entonces sólo el 6% de la Cámara baja). En la reforma de la Constitución 1994 se declaró “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positiva en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral” (art. 37).

Iniciativa de leyes

La Cámara de Diputados tiene la iniciativa en el tratamiento y aprobación de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (art. 40º); igual que en el proyecto de Alberdi (art.65); en la de 1919 la tenía en materia de contribuciones, tasas e impuestos (art. VII) y en la de 1826 en la imposición de contribuciones (art.18). Después de la reforma de 1994 recibe, también, los proyectos de ley que por iniciativa popular se presentan al Congreso (art. 39 de la Constitución reglamentado por ley 24.747) e inicia el trámite para someter a consulta popular vinculante a proyectos de leyes (art. 40).

En nuestro país el Congreso sanciona anualmente la ley de presupuesto, que se elabora según el procedimiento fijado en la ley de Administración Financiera 24.156, vigente desde enero de 1993, y de acuerdo con la ley complementaria de presupuesto 11.672. El Jefe de Gabinete tiene que mandarlo al Congreso el 15 de setiembre de cada año. En Estados Unidos “(…) el Congreso no aprueba una ley de presupuesto (…)” sino que dicta trece resoluciones que “(…) aprueba autorizaciones para gastar” que contienen los presupuestos que financian los programas de las distintas áreas del Gobierno federal. “Cada cámara cuenta con un comité de apropiaciones, cuya creación data de 1865, y un comité de presupuesto creado en 1975. El comité de presupuesto es responsable de preparar la resolución conjunta que fija el gasto máximo para 18 categorías funcionales. Dentro de cada comité de apropiaciones funcionan 13 subcomités para distintas áreas del gasto público.”

Sanciones y no incorporaciones 

La Cámara de Diputados aplicó las siguientes sanciones a sus integrantes: de apercibimiento el 19 de mayo de 1993 al diputado por Luis Saadi; de suspensión a los diputados H. Cambareri el 24 de agosto de 1988 y a Eduardo Varela Cid el 18/19 de abril de 1995 y de expulsión a Angel Luque el 18/19 de abril de 1991.

El 1º de diciembre de 1999 la Cámara resolvió no incorporar al diputado Antonio Domingo Bussi, elegido por 100 mil votos en la provincia de Tucumán el 24/10/99, a pesar que ni la oficialización de la candidatura, ni el comicio, ni el resultado electoral, ni el diploma que se le expidió fueron impugnados ante la Junta Electoral. El 10/5/00 la Cámara rechazó el diploma invocando el art. 64 de la CN, que “(…) en nombre de la Constitución de la Nación Argentina, en nombre de la justicia universal, en nombre del “nunca más” y en nombre de la propia dignidad de esta Cámara y de sus integrantes, solicitamos a nuestros pares que se rechace el diploma del diputado electo Antonio Domingo Bussi”. En su reemplazo fue incorporado su hijo Ricardo Argentino Bussi, otro miembro de su partido.

Bussi padre interpuso amparo que fue rechazado en primera y segunda instancia por tratarse de una “cuestión política no justiciable”, La Corte Suprema de Justicia el 11 de octubre de 2001 revocó esta sentencia, y declaró el caso justiciable, fundado en el fallo “Powell versus Mc Cormack” de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Bussi nunca se incorporó a la Cámara.

Luis Abelardo Patti electo diputado en la provincia de Buenos Aires con casi 400 mil votos, pero en la sesión preparatoria de noviembre de 2005 la Cámara de Diputados votó el envío de su diploma a comisión, y le impidió jurar e la incorporarse al Cuerpo, contrariando el art. 48 de la CN, el Reglamento de la Cámara, en el art. 3º inc. 1º  que dispone: “En la negación de alguna de las calidades exigidas por el artículo 48 de la Constitución Nacional. Cuando la impugnación demostrare, prima facie, la falta de uno de los requisitos constitucionales, el impugnado no podrá prestar juramento, reservándose su diploma para ser juzgado en las sesiones ordinarias.”

Patti interpuso amparo en contra la decisión de la Cámara el 23/5/06  que fue rechazado en primera instancia, recurrió ante a la Cámara Nacional Electoral, hizo lugar a la apelación, revocando la misma, mediante fallo del 14/9/06, este a su vez fue recurrido ante la Corte Suprema de Justicia que lo confirmó el 8/4/08.

La Cámara de Diputados sancionó con arresto al redactor del periódico Don QuijoteEduardo Sojo, por un dibujo publicado el 4 de setiembre de 1887, lo que este interpusiera un hábeas corpus que resolvió la Corte Suprema de Justicia en un célebre caso, donde se declaró incompetente para resolverlo por jurisdicción ordinaria. (Fallos 32: 120).

  1. SENADO

Historia

Los senadores, según la Carta de 1853, eran elegidos por las Legislaturas provinciales a pluralidad de sufragios, y en la Capital Federal, de la misma forma que el Presidente y Vicepresidente de la Confederación (art.42º), o sea por un colegio electoral integrado por una cantidad de electores, votados por el electorado, igual al duplo de senadores y diputados que el distrito mandaba al Congreso. Duraban 9 años y el Cuerpo se renovaba por tercios cada tres años (art. 44º). Eran y son, ahora, reelegibles indefinidamente, El primer Senado, sesionó en la ciudad de Paraná, desde 1854, tuvo veintiséis miembros, porque había sólo trece provincias (la de Buenos Aires estaba separada de la Confederación).

La Constitución de 1826 preveía también dos senadores por cada Provincia y por la Capital, que duraban el mismo tiempo y se renovaban de la misma manera (art. 23), en cambio la de 1819 los senadores por Provincia eran uno y había tres senadores militares con grado que no baje de Coronel Mayor; un Obispo y tres Eclesiásticos; uno por Universidad y el Director del Estado, concluido el tiempo de su gobierno (art. X). El proyecto de Alberdi preveía un Senador “efectivo” y un suplente por provincia (art.54) y el de Pedro de Ángelis preveía dos senadores elegidos por cada legislatura provincial (art.34). La Constitución reformada en 1949 hizo electivos a los senadores, pero redujo su mandato a seis años, con renovación por mitades cada tres (arts.47 y 49). El Estatuto Fundamental de 1972 preveía tres senadores, elegidos en forma directa por el pueblo de las provincias y la Capital Federal, dos correspondían a la lista que obtuviera la mayoría absoluta de los votos emitidos válidos y el primer titular de la lista que siguiere en número de votos (art. 10). Si no se obtenía mayoría absoluta se practicaba una segunda vuelta entre las dos listas más votadas y se adjudicaba el triunfo a la que obtuviera la mayoría absoluta de los votos emitidos válidos (art.11), su mandato duraba cuatro años y eran reelegibles indefinidamente.

Desde la reforma de 1994 la Cámara alta tiene, de nuevo, tres por cada distrito, lo que totaliza setenta y dos miembros -si están todos incorporados-. Desde 2001 son elegidos en forma directa por el cuerpo electoral de los distritos, asignándole dos al partido que obtenga la mayor cantidad de votos y uno al segundo, con mandato por seis años, reelegibles, y renovables por tercios, cada bienio. Desde 1994 hasta el 10 de diciembre de 2001 los tres senadores, y sus suplentes, eran elegidos, dos para la primera mayoría y uno para la segunda, por las Legislaturas de las Provincias y en la Capital Federal por un colegio electoral. Desde 2001 se exige el “cupo femenino”.

En USA los senadores fueron siempre dos por estado y la Capital, donde reside el Gobierno de la Unión, Washington D.C., no tiene ninguno. Originariamente los estados fueron 13, por lo que había 26 senadores, actualmente son 50, por lo que tiene 100 integrantes. Son elegidos en forma directa por el pueblo de los Estados, desde la Enmienda XVIIª de 1913, y antes lo eran por las Legislaturas de los mismos, con mandato de seis años y con renovación cada dos.

Requisitos

Para ser electo Senador, en nuestro país, hay que tener treinta años de edad (como en la Constitución de 1819, art. XI, en cambio la de 1826 exigía treinta y seis años, art. 24), haber sido ciudadano seis años (las Constituciones de 1819, art. XI, y 1826, art. 24, exigían nueve), disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o su equivalente (art. 43º) (la Constitución de 1819 exigía “un fondo de ocho mil pesos, una renta equivalente, o una profesión que lo ponga en estado de ser ventajoso a la sociedad”, en el art. XI, y en la de 1826 “diez mil pesos, o una renta equivalente, o profesión científica, capaz de producirla”, en el art.24). Néstor Pedro Sagües dice que “El monto indicado e1quivaldría a cerca de 3.300 kg. de oro fino (Bidegain), es decir, aproximadamente u$s 3.000 mensuales. La cláusula tiene un sentido oligárquico, muy resistido en su momento (se aprobó en el Congreso Constituyente por una mayoría muy ajustada), (…)”, sin embargo e inexplicablemente no fue suprimida en la reforma de 1994, como lo había hecho la de 1949 (art. 48). En la reforma de 1860 se agregó, ser natural de la provincia que lo elige o con dos años de residencia inmediata en ella (art.47º). La de 1949 requería diez años la ciudadanía en ejercicio para ser Senador (art.48).

Autoridades

El Senado lo preside, como en Estados Unidos, el Vicepresidente de la Confederación, desde la reforma de 1860, de la Nación –hoy lo ejerceMarta Gabriela Michetti-, que tiene voto sólo en caso de empate (art. 45º) y cuando está impedido de hacerlo por el Presidente Provisional (art. 46º). El Reglamento actual dispone que a este lo sustituye a su vez: el Vicepresidente, el Vicepresidente Primero o el Vicepresidente Segundo del Senado, que son elegidos por el Cuerpo de entre sus miembros todos los años en las sesiones preparatorias. Si faltan también estos senadores lo deben hacer los presidentes de las comisiones asesoras permanentes en el orden previsto en el Reglamento. Este prevé, también, que “(…)En los casos en que la Cámara estuviese presidida por un senador, corresponde que el mismo vote en las cuestiones sometidas a resolución de la Cámara, ejerciendo, en caso de empate de la votación, el derecho de decidir la misma(…)” (art.34), por lo que no encontramos fundamentos a la denuncia penal formulada en contra de Juan Carlos Maqueda, porque votó en la sesión del 30 de mayo de 2002, en particular el artículo 1º la ley 25.602. derogatoria de la ley 20.840 de “subvención económica”, como senador entre los 34 votos que empataron la votación y, luego, como presidente del Senado desempató, ya que su conducta se encuadra en esta disposición reglamentaria, que no le encontramos objeción constitucional.

La Presidencia es asistida por tres Secretarios, el Parlamentario, el Administrativo y el de Coordinación operativa, y cuatro Prosecretarios, todos ellos elegidos por el Cuerpo, pero que no pertenecen al mismo. En USA el Vicepresidente designa a su reemplazante, cuando no puede ejercer el cargo de Presidente Provisional, y está asistido por un Clerk. No se votan senadores ni representantes suplentes. Cuando falta definitivamente un Senador el Gobernador del Estado designa a su reemplazante hasta que el cargo sea cubierto por quién sea elegido por el pueblo.

Bloques y comisiones

En su seno también hay bloques parlamentarios y comisiones asesoras permanentes -que hasta el año 2002 eran 47-, ahora son 24; especiales –entre las cuales están las investigadoras- y la de Labor Parlamentaria; en el Senado de EEUU hay comités y subcomités. Los senadores junto a los diputados integran comisiones bicamerales, y ambos participan de organismos interparlamentarios internacionales como: la Unión Parlamentaria, el Parlatino o comisiones interparlamentarias con otros países como ocurre, por ejemplo, con el Congreso de Chile.

Las atribuciones de las comisiones especiales investigadoras se pueden confundir y superponer con las que ejercen los tribunales de justicia para determinar la comisión de delitos, sin embargo, ella tiene que tener por propósito, como bien dice Germán J. Bidart Campos, que el Congreso pueda “ejercer actos que son de su competencia propia a tenor de la constitución.” Ya que “(…) parece aceptable el criterio del juez Warren, de la Corte norteamericana, en el caso Watkins c/ States (1957), en el sentido de que comprende investigaciones relativas a la ejecución de las leyes existentes, de las leyes propuestas o de las posiblemente necesitadas, así como sobre defectos del sistema social, económico o político con el propósito de habilitar al congreso a remediarlos. Pero no se extiende a los asuntos privados de los individuos, ni puede tener por fin castigar a los investigados, interferir en la competencia de otros órganos de poder, examinar el fundamento de las sentencias, o penetrar en los asuntos secretos o confidenciales que, conforme a la constitución, entran en los actos privativos del ejecutivo.”

Atribuciones propias

El Senado iniciaba las reformas de la Constitución (art. 51º), lo que fue suprimido en la reforma de 1860, y autoriza al Presidente para declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior (art.49º). Presta acuerdo a la designación que hace el Presidente de la Confederación, de los Magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales inferiores; de los Ministros Plenipotenciarios y Encargados de Negocios, y la provisión de los empleos militares de oficiales superiores de ejército y armada; y por sí sólo en el campo de batalla (art. 83º incisos 5º, 10º y 16º). También en EEUU el presidente necesita del acuerdo del Senado para “(…) nombrar de la misma manera a los embajadores, ministros públicos y cónsules, a los magistrados de la Suprema Corte, y a todos los demás empleados de la Unión que se crearen en virtud de las leyes, cuyos nombramientos no estuvieren determinados de otra manera en esta Constitución. Pero el Congreso puede por medio de una ley, conferir la facultad de nombrarlos empleados subalternos que estime conveniente a sólo el presidente, a los tribunales de justicia, o a los jefes de departamentos.” (Art. II Secc. II 2)

Desde la reforma de 1994, es cámara de origen de la ley convenio de coparticipación federal (art. 75 inciso 2) y de las leyes que tiendan a “Proveen al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciales que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones” (art. 75 inciso 19).

Tratados, convenios y  concordatos

En USA se rompió la prerrogativa exclusiva, que había impuesto el absolutismo, de que los jefes de estados eran los que exclusivamente intervenían en los tratados internacionales cuando se dispuso que: “El presidente, con consulta y aprobación del Senado, tendrá facultad para hacer tratados, siempre que en ellos convengan las dos terceras partes de los senadores presentes, (…) (Art. II Secc. II 2). En la Constitución de 1853 los concluye y firma el Presidente pero el Congreso los aprueba por ley (art. 64º inciso 19º), algunas veces parcialmente o con reservas. Sin embargo, hay tratado ejecutivos –executive agreements- que no son aprobados por el Congreso y la jurisprudencia de la Corte Suprema, al aplicarlos, los ha convalidado (Fallos, 249:620). En la reforma de 1994 se estableció que las provincias pueden “(…) celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación, con conocimiento del Congreso Nacional(…)” (art. 124). En Estados Unidos existe lo que se llama el “fast track”, por el cual el Congreso de la Unión aprueba el trámite rápido de tratados internaciones que todavía no han sido negociados, concluidos ni firmados por el Poder Ejecutivo.

También, nuestra Ley Fundamental permite que se aprueben o desechen los concordatos con la Silla Apostólica (art. 64º inciso 19º). La reforma de 1994 suprimió la atribución presidencial de ejercer “(…) los derechos del patronato nacional en la presentación de Obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado” y que concede “(…) el pase o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves y Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo de la Suprema Corte; requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes.” (art. 83º inciso 8º y 9º), por lo acordado con la Santa Sede de 1966.

Estas últimas atribuciones exclusivas, en el pensamiento de los constituyentes de Filadelfia, pretendieron hacer del Senado un consejo político, que asesorara al Presidente, de allí quizás la práctica, que en una primera etapa siguió el mismo, de sesionar en forma secreta. Este sigilo se practicó entre nosotros hasta la reforma de 1994 respecto del trámite para prestar acuerdo a los magistrados del Poder Judicial.

  1. DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS

Bloques

En el seno de ambas cámaras, en nuestro país, los diputados y senadores están organizados en bloques, según sus afinidades políticas. En 1895 se reconoció oficiosamente la existencia de los mismos y en 1915 se les dieron oficinas, actualmente están previstos en los reglamentos de las dos cámaras, que exigen como mínimo tres diputados o dos senadores, o menos de esta cantidad si el partido político existiere antes de la elección del legislador.

Prohibiciones

Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin el previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto empleos de escala (art.61º) -esto estaba en la Constituciones de 1819 (art. XXIX) y de 1926 (art.21)- y los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (esto fue suprimido en la reforma de 1949), ni los gobernadores de Provincia por la de su mando (art. 62º). Esta disposición es igual a lo propuesto en el proyecto de Alberdi (art.48).

Juez de las elecciones, derechos y títulos

Cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez (art. 53º), y sus decisiones no podían ser revisadas por los jueces por considerarla “cuestión política no judiciable”, lo que varió con los fallo de la Corte Suprema en los casos Bussi y Patti antes comentados.

Reglamentos

Cada cámara hace su reglamento interno (art.55º), el de Diputados actual rige desde marzo de 1997 y reformó el que regía en 1963, su antecedente remoto fue el de la Legislatura de Buenos Aires de 1822, redactado por Bernardino Rivadavia, Manuel José García y Juan José Paso quienes tuvieron en cuenta “Táctica de las Asambleas Legislativas” de Jeremías Bentham y el “Manual de Jefferson”. El reglamento del Senado actual rige desde el año 2003.

La Constitución no prohíbe que haya también un “Reglamento General del Congreso”, como el que proyecté y propuse cuando integré la Cámara de Diputados de la Nación, y como existe en otros países. Aquel proyecto regulaba las sesiones del Congreso reunido en Asamblea, su constitución, las sesiones en general, y las especiales, como las que hacían el escrutinio y rectificación de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación, la toma de juramento al Presidente y Vicepresidente, los casos de acefalía, la sesión conjunta que escucha el mensaje del Presidente de la Nación cuando comienzan las sesiones ordinarias del Congreso y la que acepta los motivos de la dimisión del Presidente y Vicepresidente. Además reglamentaba el juicio político, las comisiones bicamerales, incorporaba en su texto las normas básicas de tramitación de proyectos (contenidos en la ley Olmedo), normas sobre la estructura y redacción de proyectos de ley, comunicaciones y pedidos de informe al Poder Ejecutivo y órganos dependientes del Congreso, como el Registro de personas privadas de libertad y el Defensor del Pueblo.

Sanciones

Con dos tercios de votos las cámaras pueden corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno. Para aceptarle la renuncia basta la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes (art.55º). En aplicación del mismo se apercibió al diputado Luis Saadi el 19 de mayo de 1993; se le aplicaron suspensiones a los diputados H. Cambaresi, el 24 de agosto de 1988 y Eduardo Varela Cid, en la sesión del 18 y 19 de abril de 1995; y se lo excluyó de su seno al diputado Ángel Luque en la del 18 y 19 de abril de 1991.

La de USA también dispone que cada cámara dicta su reglamento interior y puede castigar a sus miembros por mala conducta, y aún expulsarlo con la aprobación de los dos tercios (art. I Secc. V 2). Además dispone llevan actas de las sesiones, las que se publicarán, con excepción de las que exijan reserva y en las mismas se harán constar los votos de sus miembros si una quinta parte de los presentes lo exige (art. I Secc. V 3).

Leyes secretas

En el Congreso Argentino se han dictado un centenar leyes secretas, la primera es la 2802 de 1891, sin que la Constitución lo autorice, y cuando fui diputado presenté un proyecto para reglamentar el alcance y publicar este tipo de leyes. La ley 26.134  dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de toda ley que haya sido sancionada con tal condición a partir de la entrada en vigor de esta ley.” (at. 1). “El Poder Ejecutivo deberá publicar las leyes a las que se hace mención en el artículo 1º en el Boletín Oficial, en un plazo de SESENTA (60) días a partir de la sanción de la presente ley.” Art. 2). Además prohibió “el dictado de leyes de carácter secreto o reservado.”

Quorum y votaciones

Para sesionar las cámaras necesitan el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes, a que concurran a las sesiones (art.53º). Las decisiones se aprueban por el voto de la mayoría absoluta de los presentes, o sea más de la mitad, lo que no es igual a la mitad más uno -como establecían los reglamentos de ambas cámaras hasta 1997- felizmente ahora corregidos. La Constitución, algunas leyes y los reglamentos exigen, en algunos casos, mayorías especiales para el quórum o para votar. Con la reforma de 1994 los casos de quórum y mayorías especiales se han aumentado considerable e innecesariamente, lo que ha creado un verdadero galimatías respecto de este tema. En el Congreso de USA no hace falta un número determinado para sesionar aunque sí para votar, en Argentina para continuar una sesión que pasó a cuarto intermedio no hace falta quórum, salvo que alguien mocione que se lo verifique o que se vote.

Para interpretar que mayoría exige el artículo 30 de la Constitución para declarar la necesidad de su reforma:

  1. Que se trata de dos tercios de los que integran cada cámara, en el caso del Senado actual, 72 senadores, la mayoría de dos tercios sería 49 y en Diputados con 257 serían 172. No existe cámara sino cuando la misma está sesionando con el quórum que exige el art. 64 de la Constitución, que los reglamentos de ambas salas han interpretado como más de la mitad de sus miembros. Así lo expresa el art. 16 del Reglamento interno del Senado, cuando dice: “La mayoría absoluta del número constitucional de senadores hace Cámara’“. Sobre el número de los presentes, que son los miembros de la Cámara, deberán contarse los dos tercios. Los constituyentes usaron en algunos artículos, como el 30, el 66 y el 70 “con dos tercios de votos”, y en otros, como el 53 y el 59 “dos terceras partes de sus miembros presentes”, pero en realidad no quisieron hacer la sutil distinción que motiva esta enojosa polémica, sino que quisieron referirse en todos los casos a los dos tercios de la cámara, que siempre tiene por miembros a los legisladores presentes. Tampoco se explicaría por qué el presidente puede ser destituido por el Senado en juicio político, con dos tercios de los miembros presentes (art. 59), mientras que un diputado o senador puede ser corregido por desórdenes de conducta, sin necesidad de removerlo, “con dos tercios de votos” (art. 66), por lo que la primera interpretación atenta contra el principio de justicia. La reforma de la Constitución de 1860 fue convocada por la ley número 234 de la Confederación, que se sancionó con el voto de los dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras, y la de 1866 se convocó por la ley 171, que se aprobó en el Senado, también con los dos tercios de los presentes. Si tenemos en cuenta que en aquella época hacía pocos años que se había sancionado la Constitución, y muchos de los constituyentes vivían y actuaban en la vida pública, la interpretación auténtica, hecha por los legisladores de entonces, cobra mayor relevancia que la que hicieron los de 1949, cuando sin tener dos tercios del total de sus integrantes, la Cámara de Diputados aprobó la ley 13.233, que luego fue convalidada por la Convención, que al modificar el texto del art. 30 agregó el término “presentes”. La jurisprudencia no ha tenido ocasión de pronunciarse en nuestro país respecto de este tema, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos de América lo hizo en el caso “Missouri P.R. Co. Vs. Kansas”, 248 U.S., 276, de 1919, y “Rhode Island vs. Palmer (National prohibition cases)”, 235 U.S., 350 de 1923, en los que frente a textos similares al del art. 30 que tiene la Constitución norteamericana, se consideró válido el criterio de los dos tercios de los miembros presentes. Si la Constitución hubiera querido, en el art. 30, referirse a los congresistas que tienen las salas y no a los miembros de cada cámara, quizá habría empleado la expresión “total de los miembros”, como lo hace en el art. 84, última parte, al referirse al quórum especial de la asamblea legislativa del escrutinio y rectificación de la elección de presidente y vicepresidente de la nación.
  • Que exige sólo dos tercios de los miembros de la cámara, que son los presentes, para saber el número de votos que se requieren, habría que conocer antes cuántos asistentes hay en la sesión.
  • Que los dos tercios de los que al momento de votar se encuentran en ejercicio del cargo, por lo que al número de integrantes de cada cámara hay que descontarle las vacantes por renuncia, fallecimiento, remoción o inhabilitación permanente, que no han sido cubiertas.
  • Que los dos tercios son de los votos emitidos, excluyendo las abstenciones.

Lamentablemente en la reforma de la Constitución de 1994 no se aclaró esa confusión unificando la redacción de los artículos, sino que en otros se fijó otra redacción como: “las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara” (art. 75 inciso 22) o “la mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras” (art. 77), para dar sólo un ejemplo.

Interpelaciones e informes

El artículo 60º dispone: “Cada una de las Cámaras puede haber venir a su sala a los Ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.” Este artículo prevé lo que en términos reglamentarios se denomina “interpelaciones”, instituto que ha caído en desuso en las últimas décadas en nuestras cámaras, y que tiene por antecedente en el artículo XXX de la Constitución de 1819 y el 39 de la de 1826. En la reforma de 1949 fue sustituido por otro que rezaba: “Cada una de las cámaras puede solicitar al Poder Ejecutivo los informes que estime conveniente respecto a las cuestiones de competencia de dichas Cámaras. El Poder Ejecutivo podrá optar entre contestar el informe por escrito, hacerlo personalmente su titular, o enviar a uno de sus ministros para que informe verbalmente.” Los Ministros del Poder Ejecutivo pueden asistir a las sesiones de cualquiera de las cámaras y hacer uso de la palabra, pero no pueden votar (art.89º).. Deben, además, contestar los pedidos por informes que por escrito aprueben y soliciten las cámaras, lo que no siempre ocurre, por ello cuando fui diputado presenté un proyecto, que el Congreso aprobó como ley 24.157, donde se reglamentaban estos pedidos de informes, la que fue vetada por el Presidente Carlos Saúl Menem.

El Jefe de Gabinete de Ministros, creado en la reforma de 1994, debe asistir todos los meses a una y otra cámara y rendir un informe de la marcha del gobierno y sobre lo que se lo interrogue. En los últimos años esto no se cumple. Las cámaras pueden aprobar un voto de censura y obligarlo a renunciar. Los Ministros del Poder Ejecutivo tienen que mandar una memoria detallada anual, después de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, acerca del estado de la Nación, en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos (art.87º), lo que casi nunca ocurre.

No integran el Congreso

Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los Gobernadores de Provincia por la de su mando.” (art. 62º) Este texto proviene del proyecto de Alberdi (art. 48) e inexplicablemente no fue suprimido, en lo referido a “los eclesiásticos regulares”, ante su evidente obsolescencia, en la reforma de 1994, como ya lo hizo la de 1949.

Remuneración

“Los servicios de los Senadores y Diputados son remunerados (como decía el art. 22 y 30 de la Constitución de 1826, el 43 del Proyecto de Alberdi; y el 31 del proyecto De Ángelis usa la expresión “indemnización” en vez de remuneración) por el Tesoro de la Confederación con una dotación que señalará la ley” (art. 63º). Una cláusula similar hay en la Constitución de USA (Art. I Secc. VI 1).

  1. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y SANCION DE LAS LEYES

Proyectos

Los proyectos de ley pueden ser presentados por los diputados o los senadores en sus respectivas cámaras o por el Poder Ejecutivo (art. 65º), a través de un mensaje, lo que viene del proyecto de Gorostiaga (art. 34). Después de la reforma de 1994, se admitió que los proyectos que ingresaran por iniciativa popular a la Cámara de Diputados (art. 39), con la firma de al menos el 1,5 por ciento de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral, en al menos seis distritos, si el proyecto no se refiere a un problema local (ley 25.432). El Estatuto Fundamental de 1972 disponía que las leyes de presupuesto y de ministerios eran de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo (art. 68). Con la reforma de 1994 la Constitución dispone que el Jefe de Gabinete de Ministros debe “Enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo” (art. 100 inciso 6), sin afirmar que se trata de una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. El Estatuto Fundamental de 1972 preveía también que el Poder Ejecutivo podía mandar al Congreso proyectos de urgente tratamiento, o imprimirle dicho trámite a los ya enviados, que debía ser tratados en cada cámara en el plazo de 30 días, 60 si se trataba de la ley de presupuesto, y se consideraba aprobado si se vencía el plazo sin que hubiera sido desechado (art. 69). Felizmente la reforma de 1994 dispuso que “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta.” (Art. 82), ya que la posibilidad de que haya decisiones tácita del Congreso se contradice con el principio de democracia representativa.

Sanción

Los proyectos de leyes se aprueban para su sanción por ambas cámaras del Congreso reunidas por separado, y pasan al Poder Ejecutivo para su promulgación, expresa o tácita (pasados “diez días útiles”, art.67º), y su publicación en el Boletín Oficial; o para ser observadas o vetadas. Si alguna lo rechaza se archiva y no puede volver a tratarse en ese año, discutiéndose si se trata de año parlamentario o calendario, yo me inclino por esto último (art. 68º). Pero si en la cámara revisora había correcciones o enmiendas volvía a la de origen y si esta insistía con la redacción aprobada la primera vez, volvía a la cámara revisora. Si esta, a su vez, insistía con su redacción, volvía por última vez a la de origen para la decisión definitiva. En estas dos últimas aprobaciones hacía falta el voto de los dos tercios de los miembros. Este complejo mecanismo, que permitía que el proyecto de ley pase, para su sanción en el Congreso, hasta cinco veces, por cada cámara -tres en la de origen y dos a la revisora- antes de ser enviada al Poder Ejecutivo (arts. 66º al 69º, que son casi idénticos a los artículos 35 al 39 del proyecto de Gorostiaga); fue reducido en la reforma de 1994 a sólo tres oportunidades, para que las cámaras se expidan, dos en la de origen y una en la revisora (art. 81). Esta reforma autorizó a las cámaras a que luego de aprobado el proyecto en general pueda delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La cámara puede, por igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros (art.79). Esta delegación, sin limitarla al tratamiento en particular, fue también prevista en el Estatuto Fundamental de 1972 (art. 69)

Veto

En caso de observación o veto del Poder Ejecutivo, que algunas veces se instrumenta por mensaje y en otros por decreto, el proyecto vuelve a la cámara de origen, la que se convierte ley si ambas cámaras insisten sucesivamente con dos tercios de votos, y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación (art. 69º). La reforma de 1994 autorizó en caso de observación parcial del Poder Ejecutivo, la promulgación de la parte no vetada “si tiene autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso” (art. 80).

En Estados Unidos, este procedimiento es distinto, ya que existen conferencias, donde integrantes de ambas cámaras concilian posturas distintas para aprobar y sancionar las normas. La Constitución dice “Todo proyecto que hubiere sido aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, antes de que pase a ser ley, será enviado al presidente de los Estados Unidos. Si lo aprueba, lo firmará, pero si no, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen con sus observaciones, la que las hará constar en sus actas, y procederá de nuevo a discutirlo. Si después de esta nueva discusión, dos tercios de esa Cámara convinieren en aprobarlo, se remitirá juramente con las observaciones a la otra Cámara, la que a su vez volverá a discutirlo, y si resultare aprobado con los dos tercios de ella, pasará a ser ley(…)” (art. I Secc. VI 2). La votación será nominal, se hará constar en actas y el presidente la promulga expresa, o tácitamente si no lo observa en diez días (exceptuando los domingos). “Todo acuerdo, resolución o votación que requiera la concurrencia del Senado y la Cámara de Representantes (salvo en las cuestiones sobre receso) se presentará al presidente de los Estados Unidos, y no tendrá efecto hasta que él lo apruebe. Si lo desechare será necesaria la aprobación de los dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes, según las reglas y límites para los proyectos de ley.” (art. I Secc. VI 3)

En Argentina entiendo con Bidart Campos que la promulgación, u observación del Poder Ejecutivo sólo cabe cuando en sentido estricto se trata de una ley, en sentido “material”, y no cuando el Congreso dicte resoluciones, apruebe comunicacionesdecretos, haga declaraciones o decida por ley “formal” ejercer facultades, que no son estrictamente de naturaleza legislativa, como por ejemplo cuando: declara la necesidad de la reforma constitucional, cuando aprueba un tratado internacional o autoriza su denuncia, cuando dicta o reforma los reglamentos de las cámaras, cuando designa o presta acuerdo a una designación, etcétera. Néstor Pedro Sagüés admite el veto de las leyes que aprueban tratados internacionales.

Tipo de leyes

Las leyes, en sentido material o formal, que dicta el Congreso pueden ser: constitucionales; generales; especiales; comunes o códigos; federales; de organización y base; leyes convenios; declarativas: de la Capital Federal, de la necesidad de la reforma constitucional, de guerra y de estado de sitio; de aprobación o denuncia de tratados internacionales; que instrumentan actos de gobierno o administrativos; que se aprueban en consultas populares, de necesidad y urgencia; “ómnibus”; delegadas; “en blanco”; secretas o aprobadas por el Congreso reunido en asamblea.

Caducidad de proyectos

La ley 2417 de 1890, más conocida como ley Olmedo en homenaje al diputado J.M. Olmedo que la proyectó, modificada por la 3721, la 13.640, y la 23.821, establece el plazo de dos años de caducidad de los proyectos presentados en ambas cámaras, para hacerlo coincidir con el tiempo de su renovación parcial de las mismas, pero cuando estos fueren aprobados por una cámara y requieren la aprobación de la otra se extienden un año másNo tiene plazo de caducidad los proyectos de códigos, los ratificatorios de tratados con naciones extranjeras, las disposiciones generales a los proyectos del Poder Ejecutivo sobre provisión de fondos para atender créditos contra la Nación y los reclamos de particulares de igual carácter.

Fórmula

“En la sanción de las leyes se usará de esta la fórmula: El Senado y la Cámara de Diputados de la Confederación (en 1860 se cambió por Nación, art. 73º) Argentina, reunidos en Congreso, &ª (esta abreviatura que significaba etcétera fue sustituida por “…” en la reforma de 1994, art. 84, en la de 1949 fue suprimida, art.74) decretan o sancionan con fuerza de ley.” (art. 70º) La expresión “reunidos en Congreso” no debe entenderse como sesión conjunta ya que el trámite, como expresan los anteriores artículos, se desarrolla en sesiones separadas.

Inconstitucionalidad de la sanción del Código Civil y Comercial

El trámite de la sanción de la ley es inconstitucional por las siguientes razones:

  1. El mensaje del Poder Ejecutivo que envía al Congreso el proyecto de ley no tiene ingreso en “cualquiera de las Cámaras del Congreso”, (Art. 77 de la Constitución), sino a ambasal mismo tiempo, lo que constituye la primera contradicción con la Ley Fundamental.
  2. En el Senado se la giró a la Comisión de asuntos constitucionales la que, apartándose del proyecto despachó un proyecto de resolución, que luego fue aprobada simultáneamente por el plenario de ambas Cámaras (sin que se reformaran los respectivos reglamentos internos); por la que se creó una Comisión Bicameral de 15 diputados y 15 senadores, para que en el plazo de 90 días diera “aprobación del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”. Ello contradice los Reglamentos de ambas Salas que exigen que todo proyecto debe ser girado a una o más comisiones permanentes (Arts. 89 del Senado y 122 de Diputados), y por tratarse de un Código Civil y Comercial corresponde se los gire en ambas Cámara, sucesivamente, al menos, a las respectivas Comisiones de legislación general por lo que disponen los respectivos Reglamentos (Arts.64 del Senado y 63 de Diputados).
  3. El dictamen de la Comisión Bicameral fue tratado en el Senado y el proyecto sancionado por este cuerpo fue tratado en Diputados en sendas sesiones especiales sin que para ello se haya votado previamente una moción de tratamiento sobre tabla del proyecto (haya tenido o no despacho de comisión), que necesitaba para ser aprobado el voto de dos terceras partes de los votos emitidos, como exige el Reglamento (Arts. 147 del Senado y 134 de Diputados). En diputados la oposición planteó esta cuestión, en el Senado no.

4.En el Senado se aprobó el dictamen de la Comisión Bicameral se debatió y aprobó en una sola votación, lo que fue objetado por la oposición invocando el artículo 205 del Reglamento, y retirándose del recinto antes de la votación. La Constitución es muy clara al afirmar que los proyectos de leyes tienen que ser aprobados primero en general y luego en particular (Art.79), lo que fue transgredido en ambas Cámaras, aunque la excepción de que ello sea admisible cuando haya un despacho unánime de comisión, como indican los Reglamentos, lo que no ocurrió en este caso.

  1. Como bien señala Eduardo Menem “ese pretendido dictamen no fue distribuido a los legisladores y puesto a observación durante 7 días hábiles, como lo exigen el Reglamento (Arts. 113 y 50 inc. 5)” de Diputados. En esta Cámara el Orden del Día N° 829, sin fecha de impresión, ni dictamen, con lo sancionado en el Senado, y sin referirse al “término del artículo 113” (los 7 días hábiles para que los diputados formulen observaciones).

6.Otra objeción el ex senador Menem (en la misma publicación) señala: “el dictamen de la Comisión Bicameral es que fue suscripto por legisladores que habían terminado sus mandatos, por lo que el mismo perdió su vigencia al producirse la renovación de dicha Cámara, según lo determina el artículo 111, párrafo 3° del Reglamento pertinente.” (de Diputados)

Que estas razones tornan nula la sanción de la ley que aprobó el Código y las normas complementarias ajustándonos a los criterios sentados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Binotti” (15-V-2007) por el que se declaró la nulidad de una votación del Senado y “Bussi”.

VII. SESIONES DEL CONGRESO

Tipo

El Congreso tiene períodos de sesionespreparatorias, ordinarias, extraordinarias y de prórroga, y las sesiones pueden ser: preparatorias, ordinarias o de tablas, especiales y secretas.

El Presidente de la Nación hace la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, reunido en asamblea en el Senado (Art.83º inciso 11º), aunque en la práctica lo hace en Diputados por razones de espacio, hasta 1994 era el primero de mayo, cuando asistía, y después de la reforma de ese año, el primero de marzo, y dando cuenta sobre el Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y haciendo recomendaciones sobre las medidas necesarias y convenientes.

Las sesiones ordinarias del Congreso duraban desde el primero de mayo hasta el treinta de setiembre de cada año (art. 52º y 83º inciso 11º), y después de la reforma de 1994 desde el 1º de marzo al 30 de noviembre. La fecha de inicio no siempre fue respetada, así en 1854 las sesiones anuales comenzaron el 22 de octubre; en 1855, el 25 de mayo; en 1856, el 18 de mayo; en 1857, el 25 de mayo; en 1858, el 20 de mayo; en 1859, el 15 de mayo; en 1860, el 17 de mayo; en 1861, el 12 de mayo; en 1862, el 25 de mayo; en 1863, el 5 de mayo; en 1854, el 12 de mayo. En 1865 comienza el 1º de mayo, pero el año siguiente se inaugura el 6 de mayo; en 1867, el 2 de junio; en 1868, el 18 de mayo. Siguen fechas distintas del mes de mayo durante los años posteriores hasta que en 1899 comienza el 1º de mayo; en 1901 se vuelve a quebrar la norma constitucional, hasta el 1º de mayo de 1905; en 1906 se inaugura el 12 de mayo. No se retorna a la fecha constitucional hasta la presidencia de Juan Domingo Perón, práctica que se continuó haciendo hasta ahora.

Hay también sesiones preparatorias, donde se incorporan los electos, se elige la Mesa Directiva de las cámaras y se aprueban los días de tablas en que sesionarán las mismas y su fecha de inicio y desarrollo está establecida en el reglamento de cada cámara, no en la Constitución. Actualmente en el Senado la primera sesión preparatoria tiene lugar el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso que fuera feriado, a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones de tabla, los que podrán ser alterados (art. 1 de su Reglamento) y el 29 de noviembre de cada año de renovación de la Cámara, o el día inmediato hábil anterior si fuera feriado, se reunirá el Senado para incorporar a los senadores electos que hubiesen presentado diploma otorgado por la autoridad competente y para expedirse sobre los diplomas de los electos como suplentes (art. 2 de su Reglamento Interno).

Las sesiones extraordinarias o de prórroga las convoca el Presidente de la Nación, y se discute si pueden las cámaras por sí prorrogar sus sesiones (art. 52º y 83º inciso 12º). Las de prórroga las dispone en la práctica el Presidente, aunque durante la crisis de diciembre de 2001 el Senado decidió autoprorrogar sus sesiones, lo que luego fue dispuesto también por el Ejecutivo. En las extraordinarias el Presidente fija el temario, en las de prórroga las cámaras actúan con las mismas atribuciones que en las sesiones ordinarias.

Sesiones separadas y conjuntas

La regla es que la Congreso sesiona con sus cámaras separada y simultáneamente, no pudiendo ninguna de ella suspenderlas por más de tres días sin el consentimiento de la otra (art. 54º), disposición similar hay en la Constitución Norteamericana, que exige además que no pueden reunirse en otro lugar que aquel en que las dos estén instaladas (art. I Secc. V 4).

Pero la Constitución o las leyes prevén la reunión del Congreso en asamblea, en los siguientes casos:

  1. Cuando se hace la apertura de las sesionesdel Congreso con la presencia del Presidente de la Confederación (art. 83º inciso 11º);
  2. Para hacer el escrutinio de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Confederación, y su proclamación (art. 79º) y en caso de no haber alcanzado la mayoría absoluta ninguno de los candidatos el Congreso reunidos en asamblea elige entre las dos personas más votadas (art.80º), después que la reforma constitucional de 1994, que abolió los colegios electorales y estableció la elección directa y por doble vuelta, se modificó el Código Electoral Nacional (art. 120, ley 19.945 reformada por la 24.444) y se estableció que el Congreso reunido en asamblea suma los sufragios los emitidos por el electorado de los distritos y proclama la fórmula electa, o convoca a segunda vueltasi los porcentajes exigido por la Constitución así lo exigen;
  3. Para tomar juramentoal asumir el cargo de Presidente o Vicepresidente(art. 77º).
  4. Para admitir o desechar los motivos de la renuncia del Presidente y Vicepresidente y declarar el caso de proceder a nueva elección(art. 64º inciso 18º). Respecto de lo primero el Congreso rechazó las renuncias del Vicepresidente Marcos Paz el 6 de junio1866, de Presidente Nicolás Avellaneda el 13 de agosto de 1880 y el 24 de agosto de 1940 del Presidente Roberto Ortiz, pensamos nosotros que contrariando a la Ley Fundamental que lo faculta sólo a desechar los motivos, pero no a la renuncia. Además cuando se le aceptó la renuncia al Vicepresidente Carlos “Chaco” Alvarez, el 11 de octubre de 2.000, se lo hizo en sesión separada de las cámaras y no en asamblea, como entendemos hubiera sido lo correcto constitucionalmente.
  5. En caso de acefalíapor estar impedidos en forma definitiva para el ejercicio del cargo el Presidente y Vicepresidente debe convocar al Congreso para que reunido en Asamblea designe al funcionario público que ejercerá el Poder Ejecutivohasta que un nuevo Presidente sea electo (art. 72º y ley 20.972 de 1975);
  6. En muy pocos casos ante un hecho político muy importante el Presidente de la Nación compareció ante el Congreso reunido en asamblea, en fecha distinta al inicio de las sesiones ordinarias. En 1973 lo hizo Cámpora para presentar el pacto económico social entre CGT y CGE y en 1987 Alfonsín luego del levantamiento de los “carapintada”. En Estados Unidos el presidente George Washington lo hizo una vez pero sólo ante el Senado.
  7. También el Congreso ha recibido y escuchado a personalidades internacionales. En el primero y en estos dos últimos casos no hace falta quórum.

El Congreso reunido en Asamblea dictó en 1868 la ley 240 ½, que no es propiamente un ley, ya que no cumplió con los pasos y procedimiento previsto en los artículos 65º y siguientes de la Constitución y porque no fue promulgada por el Poder Ejecutivo, sino una resolución del Congreso reunido en asamblea, que reglamentó el escrutinio de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación cuando estos eran elegidos por colegios electorales. También, en la sesión conjunta de ambas cámaras del 19 y 20 de diciembre de 2001, que aceptó la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa y designó en su lugar al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, modificó el Código Nacional Electoral, ley 19.945, sin respetar el procedimiento para sanción de las leyes fijado en la Constitución, y convocó a elecciones por ley de lemas, algo que luego no se llevó a cabo.

VIII. JUICIO POLÍTICO

Causales y funcionarios  

El juicio político procedía –para la Carta de 1853– por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, violación de la Constitución u otros que merezcan penas infamantes o de muerte (art. 41º), causales sustituidas en la reforma de 1860 por las de mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes (art.45º), en contra del Presidente, Vicepresidente y Ministros del Poder Ejecutivo; a los jueces del Poder Judicial de la Nación, miembros de ambas Cámaras y Gobernadores de Provincia (art.41º). Estos dos últimos fueron eliminados en la reforma de 1860 (art. 45º); en la de 1994 se le agregó al Jefe de Gabinete de Ministros, y se les restó a los jueces inferiores del Poder Judicial, que en adelante serían juzgados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (art.53 y 115).

Procedimiento

La denuncia que inicia este procedimiento, o el proyecto de algún diputado que la contiene, se presenta ante la Cámara de Diputados, quién lo gira para su trámite a la Comisión de Juicio Político, siguiendo los pasos previsto en el reglamento de la misma y respetando el derecho de defensa del denunciado, la que concluye el mismo con un dictamen dirigido al presidente de la Cámara. Si en el mismo se solicita al plenario la formación de causa del imputado y la Cámara lo aprueba, con dos tercios de los votos de los presentes, se hace la acusación, mediante una comisión integrada por diputados, ante el Senado (art. 41º). Los senadores deben prestar juramento para juzgar a estos altos funcionarios (art. 47º), y lo harán siguiendo los pasos procesales que fija el reglamento que existe en este Cuerpo. Por dos tercios de votos de los presentes, pueden destituir y hasta declarar incapaces de ejercer cargos de honor, de confianza o a sueldo en la Confederación, y el condenado quedará no obstante, sujeto a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios (art.48º). Cuando el juzgado sea el Presidente de la Nación el Senado será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (art. 47º).

En nuestro país a ningún presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ni ministro del Poder Ejecutivo la Cámara de Diputados le formó causa para acusarlo ante el Senado, por el procedimiento del juicio político, los acusados fueron siempre jueces.

  1. PRIVILEGIOS

La Constitución de 1853 establece para los legisladores los siguientes privilegios, prerrogativas o inmunidades: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador” (Art. 57º). “Ningún Senador o Diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta as la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho” (art. 58º). “Cuando se forme querella por escrito ante la justicia ordinaria contra cualquier Senador o Diputado, por delito que no sea de los expresados en el artículo 41º, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.” (Art. 59º).

Estos artículos, que nunca se modificaron, han sido recientemente reglamentado por la ley 25.320 que dispone que “Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto le legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal, solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando el pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles.

No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva cámara” (art.1º). La norma ha ido demasiado lejos y es, además, vaga cuando dice que el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión, sin que se haya producido el desafuero. ¿Se refiere acaso al dictado de la sentencia o a una instancia procesal anterior a la misma?

El artículo 2º dice que “La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la comisión de asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión.”. La norma no indica cual es el efecto del incumplimiento de estos plazos. El 3º expresa: “Si un legislador hubiera sido detenido en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 (en la Constitución de 1853 era el 58º) de la Constitución Nacional, el tribunal pondrá inmediatamente en conocimiento del hecho al cuerpo legislativo correspondiente, quién decidirá por los dos tercios de los votos, en sesión que deberá realizarse dentro de los 10 días, si procede el desafuero. En este caso se actuará conforme al artículo 70 de la Constitución Nacional. Para el caso de denegar la Cámara el desafuero, el juez dispondrá la inmediata libertad del legislador”. El artículo 4º dice: “Si fuera denegado el desafuero, la suspensión o remoción solicitadas, el tribunal declarará por auto que no puede proceder a la detención o mantenerla, continuando la causa según su estado. En cualquier caso regirá la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal”. Por último, regla que “En el caso del artículo 68 (en el Texto de 1853 era 57º) de la Constitución Nacional, se procederá al rechazo in limine de cualquier pedido de desafuero” (art. 5º).

En la Constitución de USA los legisladores “Exceptuando los casos de traición, delito grave o perturbación de la tranquilidad pública, tendrán en todos los demás el privilegio de no ser arrestados durante el período de las sesiones a que asistieren, o en su viaje con motivo de ellas. Fuera de las mismas Cámaras no podrán ser autoritariamente cuestionados por ninguno de sus discursos, o de los debates en que hubieren tomado parte.” (art. I Secc. VI 1).

La Constitución de 1819 disponía que: “Los Senadores y Representantes no serán arrestados ni procesados durante su asistencia a la Legislatura, y mientras van y vuelven de ella: excepto el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamia, u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la sala respectiva con la sumaria información del hecho.” (art. XXVI). Además, “Los Senadores y Representantes por sus opiniones, discursos o debates en una u otra sala no podrán ser molestados en ningún lugar; pero cada sala podrá castigar a sus miembros por desórdenes de conducta, y con la concurrencia de las dos terceras partes expeler a cualquiera de su seno” (art. XXVII). El artículo XXVIII disponía: “En el caso que expresa el artículo XXVI, o cuando se forma querella por escrito contra cualquier Senador o Representante por delitos que no sean del privativo conocimiento del Senado: examinado el mérito del sumario en juicio público podrá cada sala con dos tercios de votos separar al acusado de su seno y ponerlo a disposición del Supremo Tribunal de justicia para su juzgamiento.”

La Constitución de 1826 decía que “Los senadores y representantes jamás serán responsables por sus opiniones, discursos o debates.” (art. 35). “Tampoco serán arrestados por ninguna otra autoridad durante su asistencia a la legislatura, y mientras vayan, y vuelvan de ella; excepto el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún crimen, que merezca pena de muerte, infamia, u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la sala respectiva con la información sumaria del hecho.” (art. 36). “Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador, o representante, por delito, que no sea de los expresados en el artículo 19, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada sala, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del tribunal competente para su juzgamiento.” (Art. 37).

El proyecto de Alberdi decía que “El orador es inviolable, la tribuna es libre: ninguno de los miembros del congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandado de legislador.” (art. 41) y “Sólo puede ser arrestados por delitos contra la constitución.” (art. 42).

En el proyecto de De Ángelis no se reconocían privilegios a los congresistas.

  1. ATRIBUCIONES

Roles

El Congreso, como todo parlamento, tiene que cumplir roles que en otra oportunidad hemos señalado como esenciales a su alta función como son la: de ejercer el poder constituyente, aunque más no sea en una primera etapa; de legislar; de controlar; de establecer cargas y otorgar beneficios; de aprobar tratados internacionales o actos de gobierno; intervenir en la designación, renuncia o remoción de funcionarios; investigar, encuestar e inspeccionar; ser caja de resonancia de la opinión pública; representar y participar; procurar; mediar y concertar; debatir; ser residencia de la “clase” política; educar; hacer actos protocolares; velar por la ética pública y ser la imagen de la democracia.

La atribución más importante que la Ley Fundamental le asigna al Congreso es la constituyente (y no preconstituyente, como dicen algunos autores), en su primera etapa, según lo que establece el artículo 30º: “La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, pasado diez años desde el día qe. la juren los Pueblos. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.” La reforma de 1860 suprimió el requisito de los diez años. El artículo tiene por antecedentes los artículos CXXX al CXXXIV de la Constitución de 1819 y 182 al 186 de la Constitución de 1826, y especialmente en el proyecto de Alberdi que decía: “Artículo 37: La Constitución es suceptible de reformarse en todas sus partes; pero ninguna reforma se admitirá en el espacio de 10 años. Artículo 38: La necesidad de la reforma es declarada por el congreso permanente; pero sólo se efectúa por un congreso o convención convocado al efecto.” Por la reforma de 1994 se autorizó al Congreso a declarar de jerarquía constitucional a los tratados y convenciones sobre derechos humanos, lo que implica, también, ejercicio del poder constituyente (Art. 75 inc. 22).

Historia

El artículo 64º de la Constitución de 1853 decía que: “Corresponde al Congreso: 

1º. Legislar sobre las Aduanas exteriores, y establecer los derechos de importación y exportación q. han de satisfacerse en ella.” En la reforma de 1860 fue reemplazado por el siguiente: “Legislar sobre la Aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales así como las avaluaciones sobre que recaigan serán uniformes en toda la Nación; bien entendido, que esta, así como las demás contribuciones Nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que fuese corriente en las Provincias respectivas por su justo equivalente. Establecer igualmente los derechos de esportación hasta mil ochocientos sesenta y seis, en cuya fecha cesarán como impuesto Nacional, no pudiendo serlo Provincial.” La reforma de 1866suprimió “hasta mil novecientos sesenta y seis, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial.”

Luego continuaba el artículo 64º: “2º. Imponer contribuciones directas, pr. tiempo determinado y, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Confederación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan.” La Constitución de USA dispone en la Sección VIII (que equivalente a nuestro artículo 64º), del artículo I, que “El Congreso tendrá facultades: 1. Para establecer y recaudar contribuciones, derechos, impuestos y sisas (taxes, duties, imposts, and excises) a fin de pagar las deudas y proveer a la defensa común y bien general de los Estados Unidos. Más todos los derechos, impuestos y sisas serán uniformes en todos los Estados Unidos.”

El inciso 3º de artículo 64º establecía: “Contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Confederación.”; el 2. de USA “Contraer empréstitos sobre el crédito de los Estados Unidos; y el 47 de la Constitución de 1826: “Ordenar los empréstitos que hayan de negociarse sobre los fondos del Estado”.

Continuaba el artículo 64º:“4º. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.

5º. Establecer y reglamentar un Banco Nacional en la Capital y sus sucursales en las Provincias, con facultad de emitir moneda.

6º. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Confederación.

7º. Fijar anualmente conforme el presupuesto de gastos de administración de la Confederación, y aprobar o desechar la cuenta de inversión.” La de 1826 decía: “Fijar cada año los gastos generales, con presencia de los presupuestos presentados por el gobierno.”(art.44) y “Recibir anualmente la cuenta de inversión de los fondos públicos, examinarla, y aprobarlas.” (art. 45)

Seguía el artículo 64º: “8º. Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las Provincias cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.

9º. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos q. considere convenientes, y crear y suprimir Aduanas.” En la reforma de 1860 se agregó: “sin que puedan suprimirse las aduanas exteriores, que existan en cada Provincia, al tiempo de su incorporación.”

Decía el inciso: “10º. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas pª. toda la Confederación. El 5. de la Sección VIII de USA dice: “Acuñar monedas, determinar el valor de ésta y de las extranjeras y fijar las pesas y medidas.” La de 1826 “Fijar la ley, valor, peso y tipo de la moneda.” (art. 48)

Imponía el inciso “11º. Dictar los códigos civil, comercial, penal, y de minería(…)” lo que marca una de las diferencias fundamentales con la Constitución de Filadelfia ya que la legislación de fondo, que es a lo que se refiere cuando habla de los códigos, en Estados Unidos es atribución de los Estados que integran la Unión. La reforma de 1860 agregó después de enumerar los códigos “(…), sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los Tribunales Federales o Provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones;(…)” (art. 67º). La de 1957 agregó, a su vez, al código “(…)del Trabajo y la Seguridad Social”. La de 1994 después de enumerar los códigos agregó “en cuerpos unificados o separados” (art. 75 inciso 12). La reforma de 1949 a los cuatro códigos de la Constitución de 1853 le agregó los: “(…) Aeronáutico, Sanitario y de Derecho Social” (art.68 inciso 11).

El inciso 11º continuaba diciendo: “(…) y especialmente leyes pª. toda la Confederación, sobre ciudadanía y naturalización, sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.” La reforma de 1860 interpoló después de la palabra ciudadanía “con sujeción al principios de la ciudadanía natural”. La Constitución de USA estableció: “4. Establecer una regla uniforme de naturalización, y decretar leyes uniformes en materia de bancarrotas para todos los Estados Unidos.(…) 6. Señalar las penas de los falsificadores del papel de crédito y moneda en los Estados Unidos.”

El inciso 12º al “Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las Provincias entre sí.” equivale al 3. de la sección VIII de la de USA cuando dice: “Reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, el que se hace de estado a estado y con las tribus de los indios.”; y al artículo 52 de la de 1826 decía: “Reglar el comercio interior y exterior.”

El 13º decía: “Arreglar y establecer las postas y correos generales de la Confederación.” El 7. del artículo I de la de USA “Establecer oficinas y caminos postales.”

El artículo 64ª continuaba: “14º. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Confederación, fijar los de las Provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, q. queden fuera de los limites q. le asignen a las Provincias.” La Constitución de 1826 decía: “Demarcar el territorio del Estado, y fijar los límites de las provincias, sin perjuicio de la permanencia de las enumeradas en el artículo 11.” (art. 53).

El inciso 15º disponía: “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo.”

El 16º “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las Provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, pr. leyes protectoras de estos fines y pr. concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.” Sobre esto la de Estados Unidos establecía “8. Promover el adelanto de la ciencias y de las artes útiles, asegurando a los autores e inventores por tiempo limitado la propiedad exclusiva de sus respectivos escritos e inventos”. La Constitución de 1826 disponía “Formar planes generales de educación pública.” (art. 55)

El inciso 17º expresaba: “Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales. La de USA reza: “9. Crear tribunales inferiores a la Corte Suprema.”

Luego continúa el artículo 64º con el “18º. Admitir o desechar los motivos de dimisión del Presidente o Vice Presidente de la República; y declarar el caso de proceder a nueva elección: hacer el escrutinio y rectificación de ella.

19º. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás Naciones y los concordatos con la Silla Apostólica; y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Confederación.

20º. Admitir en el territorio de la Confederación otras órdenes religiosas a más de las existentes.” Esto se suprimió en la reforma de 1994, por el Acuerdo con la Santa Sede de 1966.

21º. Autorizar al Poder Ejecutivo pª. declarar la guerra o hacer la paz.

22º. Concede patentes de corso y de represalias, y establecer reglamentos pª. las presas.

23º. Fijar la fuerza de línea, de tierra y de mar, en tiempo de paz y guerra; y formar reglamentos y ordenanzas pª. el gobierno de dichos ejércitos.

24º. Autorizar la reunión de las milicias en todas las Provincias, o parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Confederación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones. Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias, y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la Confederación, dejando a las Provincias el nombramiento de sus correspondientes Jefes y Oficiales, y el cuidado de establecer en su respectiva milicia la disciplina prescripta pr. el Congreso.

25º. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Confederación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.

26º. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Confederación en caso de conmoción interior, y de aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.”

La Constitución de Filadelfia dispone sobre estas materias: “10. Definir y castigar la piratería y demás delitos graves cometidos en alta mar, así como los delitos contra el derecho de gente.

  1. Declarar la guerra, conceder patentes de corso y represalias, y establecer reglas para las presas hechas en mar y tierra.
  2. Levantar y mantener ejércitos; pero ninguna asignación que se haga para este objeto deberá durar más de dos años.
  3. Formar y mantener una armada.
  4. Decretar ordenanzas para el gobierno y disciplina del ejercito y de la armada.
  5. Dictar las disposiciones para llamar a las armas a la milicia cuando fuere necesario, a fin de hacer observar las leyes de la Unión, sofocar las insurrecciones y repeler cualquier invasión.
  6. Disponer la organización, armamento y disciplina de la milicia, y el gobierno de la parte que esté al servicio de los Estados Unidos, quedando reservado a los respectivos estados el nombramiento de los oficiales, y la instrucción y ejércitos, según la disciplina prescrita por el Congreso.”

La Constitución de 1826 disponía: “artículo 40: Al congreso corresponde declarar la guerra, oídos los motivos, que exponga el poder ejecutivo. 41. Recomendar al mismo, cuando lo estime conveniente, la negociación de la paz. 42. Fijar las fuerza de línea de mar y tierra en tiempo de paz y de guerra. 43. Mandar construir, o equipar las escuadras nacionales.”

El inciso 27º de la de 1853 disponía: “Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Confederación, y sobre los demás lugares adquiridos pr. compra o cesión en cualquiera de las Provincias, para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional.” El mismo equivale al 17 de la de USA que dice: “Legislar exclusivamente en todas las materias concernientes al Distrito que por sesión de los estados en particular y aceptación del Congreso, haya sido elegido para la residencia del gobierno federal, distrito cuya área no podrá exceder de diez millas cuadradas. Ejercer la misma facultad sobre todos los demás lugares comprados con el consentimiento de las legislaturas de los estados a que pertenecen, para la construcción de fortalezas, almacenes, arsenales, astilleros y otros edificios que se necesitaren;”

El inciso 28º, suprimido en su primera parte en la reforma de 1860, establecía que el Congreso tenía que “Examinar las Constituciones provinciales y reprobarlas sino estuviesen conformes con los principios y disposiciones de esta Constitución y hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos pr. la presente Constitución al Gobierno de la Confederación Argentina.” La última parte es similar a la norteamericana que reza: “18. Dictar todas las leyes necesarias y convenientes para la ejecución de las facultades que preceden, y todas las demás que por esta Constitución se confieren al gobierno de los Estados Unidos, o a cualquiera de sus departamentos o funcionarios.”

El artículo 67 del proyecto de Alberdi disponía: “Corresponde al Congreso, en el Ramo de lo interior:

1º Reglar la administración interior de la Confederación, espidiendo las leyes necesarias para poner la constitución en ejercicio.

2º Crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, conceder admitías jenerales.

3º Proveer lo conducente a la prosperidad, defensa y seguridad del país; al adelanto y bienestar de todas las provincias, estimulando el progreso de la instrucción y de la industria, de la inmigración, de la construcción de ferrocarriles y canales navegables, de la colonización de las tierras desiertas y habitadas por los indíjenas, de la plantificación de nuevas industrias, de la importación de capitales estranjeros, de la esploración de los ríos navegables, por leyes protectoras de esos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.

4º Reglar la navegación y el comercio interior.

5º Legislar en materia civil, comercial y penal.

6º Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente, y declarar el caso de proceder o no a nueva elección; hacer el escrutinio y rectificación de ella.

7º Dar facultades especiales al poder ejecutivo para espedir reglamentos con fuerza de lei, en los casos exijidos por la constitución.”

Artículo 68. El Congreso en materia de relaciones esteriores:

1º Provee lo conveniente a la defensa y seguridad esterior del país.

2º Declara la guerra, y hace la paz.

3º Aprueba o desecha los tratados concluídos con las naciones estranjeras.

4º Regla el comercio marítimo y terrestre y con las naciones estranjeras.”

“Artículo 69: En el ramo de finanzas y de hacienda el Congreso:

1º Aprueba y desecha la cuenta de gastos de la administración de la Confederación.

2º Fija anualmente el presupuesto de esos gastos.

3º Impone y suprime contribuciones, y regla su cobro y distribución.

4º Contrae deudas nacionales, regla el pago de las existentes, designando fondos al efecto, y decreta empréstitos.

5º Habilita puertos mayores , crea y suprime aduanas.

6º Hace sellar moneda, fija su peso, lei, valor y tipo.

8º Dispone del uso de la venta de las tierras públicas o nacionales.”

“Artículo 70: Son atribuciones del Congreso en el ramo de guerra:

1º Aprobar o desechar las declaraciones de sitio, y hechas durante su receso.

2º Fijar cada año el número de fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse en pie.

3º Aprobar o desechar la declaración de guerra, que hiciese el poder ejecutivo.

7º (sic 4º) Permitir la introducción de tropas estranjeras en el territorio de la Confederación y la salida de las tropas nacionales de él.

8º (sic: 5º) Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Confederación en caso de conmoción interior.”

El proyecto de Pedro de Ángelis dedica un artículo, de la Sección Quinta, a las obligaciones y atribuciones del Congreso, del mismo cito sólo los incisos relacionados con la Constitución de 1853 y que son el “8º Dar instrucciones para celebrar concordatos con la silla Apostólica, ratificarlos, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la República.(…) 22. Adoptar un sistema de pesas y medidas para toda la República.(…) 27. Acordar amnistías e indultos por delitos, cuyo conocimiento pertenezcan a los tribunales de la República.(…) 31 Elegir el lugar donde deban residir los supremos poderes del Estado, y que sea al mismo tiempo la Capital de la República.”

El proyecto de Gorostiaga, que sólo conocemos parcialmente, tiene algunas disposiciones que se incluyeron en el texto de 1853 como: “24. Permitir la introducción de tropas extrangeras en el territorio de la Confederación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él. 25. Declarar en estado de sitio en uno o varios puntos de la Confederación en caso de conmoción interior o ataque exterior, y aprobar o desechar las declaraciones de sitio que haga, durante su receso, el Poder Ejecutivo. 26. Ejercer legislación esclusiva en todo el territorio de la Capital de la Confederación y sobre los demás lugares adquiridos para compra o cesión en cualquiera de las Provincias para establecer fortalezas, arsenales, almacenes y otros establecimientos de utilidad nacional. 27.

Examinar las Constituciones provinciales, y reprobarlas si no estuviesen conformes con los principios y disposiciones de esta Constitución; y hacer en fin todas las leyes y reglamentos que sean necesarias y propias a poner en ejecución los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por esta Constitución al Gobierno de la Confederación Argentina.”

Constitución vigente

La reforma de 1994 modificó varios incisos del artículo de las atribuciones del Congreso que en el texto ordenado quedó con el número 75, a saber:

“1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.

  1. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.

Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.

La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.

No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.

Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.

  1. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley la especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.
  2. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.
  3. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales.
  4. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.
  5. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
  6. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.
  7. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas.
  8. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.
  9. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.
  10. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.
  11. Arreglar y establecer los correos generales de la Nación.
  12. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.
  13. Proveer a la seguridad de las fronteras.
  14. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
  15. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
  16. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.

  1. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales.
  2. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República; y declarar el caso de proceder a nueva elección
  3. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras parte de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.”

“23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.”

“24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.

La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo.

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

  1. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
  2. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las presas
  3. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno.
  4. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.
  5. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo
  6. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.
  7. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.
  8. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.

Sistematización

Materias:

1 – Aduanera: – Legislación.75 inc. 1

– Creación y supresión de aduanas.75 inc. 10

– Promoción de la importación de capitales extranjeros.75 inc. 18

2 –Tributaria: – Imposición de contribuciones indirectas y directas.75 inc. 2

3 -Financiera: –Tomar de empréstitos sobre el crédito de la Nación.75 inc. 4

-Sanción de la ley convenio sobre coparticipación de contribuciones.75 inc. 2 tercer párr.

-Establecimiento y modificación de asignaciones específicas de recursos coparticipables.75 inc. 3

-Acordar subsidios del tesoro nacional a las provincias.75 inc. 9

4 -Presupuestaria:

-Fijación del presupuesto general de gastos anual y cálculo de los recursos de la administración nacional.75 inc. 8

-Aprobación o desecho de la cuenta de inversión.75 inc. 8

5 -Monetaria: 

– Sello de monedas, fijación de su valor y el de las extranjeras.75 inc. 11

– Provisión de lo conducente a la defensa de su valor.75 inc. 19

– Dictado de leyes generales sobre falsificación.75 inc. 12

6-Bancaria: 

Establecimiento y reglamentación de un banco federal con facultad para la emisión de moneda y otros bancos nacionales.75 inc. 6

7 -Comercial: 

-Dictado de leyes generales sobre bancarrotas.75 inc. 12

-Reglamentación del comercio internacional e interprovincial.75 inc. 13.

8 -Comunicaciones: 

-Reglamentación de la libre navegación de los ríos interiores y habilitación de los puertos.75 inc. 10.

-Promoción de la construcción de ferrocarriles, canales navegables y exploración de ríos interiores.75 inc. 18.

9 -Postal: 

-Arreglo y establecimiento de los correos de la Nación.75 inc. 14.

10 -Tierras nacionales: 

-Disposición del uso y enajenación.75 inc. 5.

-Reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria a los pueblos indígenas.75 inc. 17 segundo párrafo.

-Regulación de la entrega de otras aptas para el desarrollo humano.75 inc. 17 segundo párr.

-Promoción de la colonización.75 inc. 18.

11 -Limítrofe: 

-Arreglo de los límites del territorio de la Nación, fijación de los de otras provincias y creación de otras nuevas.75 inc.15.

12 -Medidas y pesos: 

-Adopción de un sistema uniforme.75 inc. 11.

13 -Industrial: 

-Promoción.75 inc. 18

14 -Recursos naturales: 

-Aseguramiento de la participación de los pueblos indígenas en la gestión.75 inc. 17

15 -Empleo: 

-Provisión de lo conducente a la generación y formación profesional de trabajadores.75 inc. 19.

-Creación y supresión para los tribunales inferiores de la justicia federal.75 inc. 20.

16 -Educación: 

-Dictado de planes de instrucción general y universitaria.75 inc. 18.

-Sanción de leyes de organización y de base que garanticen la gratuidad y equidad y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.75 inc. 19 tercer párrafo.

17 -Naturalización y nacionalidad: 

-Dictado de leyes de acuerdo a los principios de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina.75 inc. 12.

18 -Inmigración:

-Promoción.75 inc. 18.

19 -Indígena: 

-Reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural.75 inc. 17.

-Garante del respeto a su identidad y del derecho a una educación bilingüe e intercultural.75 inc. 17 segundo párrafo.

20 -Cultural: 

-Dictado de leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.75 inc. 19 cuarto párrafo.

X21 -Desarrollo: -Provisión de lo conducente.75 inc. 19 primer párr. 

-Promoción de políticas diferenciadas para el equilibrio de las provincias y regiones.75 inc. 19 segundo párrafo.

22 -Progreso y producción: 

-Provisión de lo conducente a la prosperidad del pais, adelanto y bienestar de todas las provincias e ilustración.75 inc. 18.

-Económico con justicia social, a la productividad de la economía regional.. 75 inc. 19 primer párrafo.

-Investigación y desarrollo científico y tecnológico, difusión y aprovechamiento.75 inc. 19

-Crecimiento armónico de la Nación.75 inc.19 segundo párrafo.

23 -Militar: 

-Fijación de las Fuerzas Armadas y dictado de normas para su organización y gobierno.75 inc. 27.

-Otorgamiento de permiso para la introducción de tropas extranjeras en el territorio y la salida de fuerzas nacionales.75 inc. 28.

-Autorización al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. 75 inc. 25.

24 -Seguridad: 

-Provisión a la de las fronteras.75 inc. 16.

-Facultación al Poder Ejecutivo para ordenar represalias.75 inc. 26.

25 -Emergencia pública: 

-Declaración de estado de sitio en caso de conmoción interior y aprobación o suspensión cuando lo ha declarado el Poder Ejecutivo durante su receso.75 inc. 29.

-Disposición de la intervención federal y aprobación o revocación cuando la decretó el Poder Ejecutivo durante su receso.75 inc. 31 primer párrafo.

-Delegación legislativa en el Poder Ejecutivo en esta materia, con carácter excepcional, por un plazo determinado y bajo ciertas condiciones que el mismo establezca establezca.76 primer párrafo.

26 – Organización, administración y gobierno: 

-Determinación en los territorios nacionales que queden fuera de los límites de las provincias.75 inc. 15.

-Dación de pensiones para empleados de tribunales inferiores federales.75 inc. 20.

-Dictado de un régimen para la protección del niño desamparado y la madre.75 inc. 23 segundo párrafo.

28 -Tratados internacionales: 

-Aprobación, desecho o denuncia.75 inc. 22.

-De integración que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales.75 inc. 23.

29 -Control del Poder Judicial: 

-Establecimiento de tribunales inferiores federales y de sus atribuciones.75 inc. 20.

-Dictado de leyes sobre juicio por jurados.75 inc. 12.

30 -Control del Poder Ejecutivo: 

-Admisión o desecho de motivos de dimisión del presidente o vicepresidente.75 inc. 21.

– Facultad para ordenar represalias.75 inc. 26.

– Autorización para declarar la guerra o hacer la paz.75 inc. 25.

31 -Legislativa: 

Dictado de códigos civil, comercial, penal.75 inc. 12.

– Para cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional.75 inc. 30

-Ejercicio exclusivo en todo el territorio de la capital nacional.75 inc. 30

-Para puesta en ejercicio de los poderes que le concede la C. N. .75 inc. 32

-Medidas de acción positiva.75 inc. 23

32 -Reglamentaria: 

Presas.75 inc. 26

-Puesta en ejercicio de sus poderes.75 inc. 32

-Libre navegación de los ríos.75 inc. 10.

-Bancos nacionales.75 inc.6.

  1. TRANFERENCIA DE ATRIBUCIONES AL PODER EJECUTIVO

La Constitución de 1853 se aparta de la de Filadelfia cuando en el artículo 83º inciso 2º dice: “Espide las instrucciones y reglamentos qe. sean necesarias pª la ejecución de las leyes de la Confederación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”, lo que implicaba atribuirle al Presidente la facultad de completar el texto de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo

La reforma de 1994 agregó dos disposiciones que ampliaron estas competencias legislativas del Poder Ejecutivo: el “Artículo 76, que dice: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa” y el inciso 3 del artículo 99 que expresa: “(…)El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despachoen un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”

Antes de 1994 los presidentes habían ejercido estas competencias no compatibles con el texto constitucional. Según Delia Ferreira Rubio y Mateo Goretti, se dictaron 15 decretos de necesidad y urgencia entre 1853 y 1976; 8 entre 1983 y 1989; 224 desde el 9 de julio de 1989 hasta el 30 de agosto de 1998, más otros 248, que algunos discuten si pueden considerarse tales. La Corte Suprema convalidó este proceder en el caso “Peralta” de 1990.

Como hubo delegaciones legislativas antes de la incorporación del artículo 76, en 1994 se estableció, también, la cláusula transitoria octava, que expresa: “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley. (Corresponde al artículo 76)” Este plazo fue prorrogado por leyes 25.148 y luego por la 25.645, que aprobó la legislación delegada anterior a 1994.

La Comisión Bicameral Permanente, creada en la reforma de 1994, que el Congreso reglamentó mediante ley 26.122  regula según su artículo 1º  “el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo: a) De necesidad y urgencia; b) Por delegación legislativa; c) De promulgación parcial de leyes.

Esto ya fue previsto en el artículo 65 del proyecto de Alberdi con las siguientes atribuciones “1º Velar sobre la observancia de la Constitución, y de las leyes fundamentales del Estado, para dar cuenta al siguiente Congreso de las infracciones que pueden haberse cometido. 2º Convocar al Congreso a sesión extraordinaria, en los casos previstas por la Constitución. 3º Pasar aviso a los Senadores y Diputados suplentes para venir a ocupar el lugar de los propietarios, en los casos de impedimento físico o moral.” (Art. 66).

Cuando fui diputado propuse, también, una Comisión Permanente del Congreso, de diez senadores y diez diputados, en el ya comentado proyecto de “Reglamento General del Congreso”, con la función de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y: “1. Solicita informes a los ministros del Poder Ejecutivo. 2 Efectúa investigaciones. 3. Designa comisiones especiales entre sus miembros. 4. Emite declaraciones. 5. Informa de sus actuaciones al Congreso. 6. Solicita al Poder Ejecutivo la convocatoria a sesión es extraordinarias o pide la ampliación de su temario.”

XII. Auditoría General de la Nación

La Administración financiera del Estado prevista en el artículo 85 de la Constitución está reglamentada por la ley 24.156 que prevé que el control externo posterior del sector público nacional en lo patrimonial, económico, financiero, legal y de gestión lo realizará la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso de la Nación, a través de sus dictámenes (Art. 116 a 127). Sus reglas básicas de funcionamiento la establecen las Comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, integrada por seis senadores y seis diputados, y de Presupuesto y Hacienda y de ambas cámaras del Congreso de la Nación.

La Auditoría está integrada por siete miembros, designados cada uno como Auditor General, que durarán ocho años en el cargo y se renuevan cada cuatro años.  Deberán tener título universitario en el área de ciencias económicas o derecho, con probada especialización en administración financiera y de control.  Seis de ellos serán designados por resoluciones de las dos Cámaras del Congreso Nacional, tres por el Senado y tres por Diputados, observando la composición de cada cámara. El séptimo Auditor General será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras, a propuesta del bloque opositor con mayor número de legisladores,  y será presidente del ente, y es el órgano de representación y de ejecución de las decisiones de los auditores. Podrán ser removidos por inconducta grave o incumplimiento de sus deberes, por el procedimiento establecido para su designación. Si fuera procesado por delito doloso podrá ser suspendido por ambas Cámaras hasta que se dicte el sobreseimiento

En el debate de esta ley en la Cámara de diputados propuse que este ente fuera unipersonal y se lo llamara Contralor General de la Nación como se lo llama en otros países (v.gr.: Chile), para lo cual había presentado un proyecto que lo reglamentara.

El Congreso podrá extender su competencia de control externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya dirección o administración tenga responsabilidad el Estado nacional o a la que éste se hubiere asociado, o a las que le hubiere otorgado aportes o subsidios, y a todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos.

XIII. Defensor del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es un órgano independiente que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación, que no recibe instrucciones, y su misión es defender los derechos humanos ante hechos u omisiones de la Administración Pública Nacional. Tiene legitimación procesal según el artículo 43 de la Constitución. Goza de las inmunidades de los miembros del Congreso. Está reglamentado en el artículo 86 de la Constitución y las leyes 24.284 y 24.379.

El Defensor del Pueblo lo designa y remueve por el Congreso, con el voto de dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara, entre los hasta tres propuestos por la Comisión bicameral permanente, integrada por siete senadores y siete diputados. Dura cinco años en su mandato y puede ser reelegido una vez. El Defensor del Pueblo debe presentar un informe anual. Hace varios años que el cargo se encuentra vacante.

XIV. CONCLUSIONES

El Congreso y la democracia, superaron los cuestionamientos que recibieron desde el autoritarismo en el desgraciado período que va desde 1930 a 1983, en que se alternaron gobiernos civiles con gobiernos militares. Sin embargo, en la nueva etapa iniciada en 1983, donde la convicción ciudadana por la democracia es firme, se han planteado nuevos desafíos, como el que Dick Morris señala, en clave norteamericana, referido al paso de la democracia madisoniana (representativa) a la jeffersoniana (directa) , que en realidad significa -después de la consulta popular del Beagle (1985), de los nuevos derechos a la iniciativa y consulta popular introducidos en la reforma constitucional de 1994 y, especialmente, de la crisis de diciembre de 2001- que los ciudadanos, los que votan, están mejor informados y exigen mayor participación, no toleran los oscuros procedimientos de selección de candidatos (en listas sábanas), ni el despersonalizado sistema electoral vigente y objetan el ejercicio de la función de los legisladores por falta de transparencia, por la no rendición de cuentas, por las dudas que en algunos casos suscita el comportamiento de los representantes del pueblo y por el “clientelismo” político que, entre otras cosas, ha poblado de “ñoquis” la administración del Congreso. Que en los últimos tiempos se haya dicho que el Congreso es una “escribanía” habla muy mal del funcionamiento de la institución más importante de la República, lo que significó un grave retroceso en el desarrollo democrático reiniciado en 1983, y quizás ha contribuido a que la voluntad popular haya puesto a fin el año pasado a un ciclo y permitió el inicio de otro  donde el Poder Legislativo parece haber comenzado a recobrar el rol que todos argentinos aspiramos que tenga.

Quizás, haya llegado el momento de hacer una reforma del Congreso, como ocurrió en Estados Unidos en 1946, para modernizar su funcionamiento, mejorar la calidad de sus integrantes y de quienes los asesoran, regular el accionar de los lobbies, modernizar los modos de comunicación entre el Congreso y sus legisladores con los ciudadanos y consultarlos con mayor frecuencia respecto de los temas espinosos en que se toman decisiones y se legisla. Es necesario ponerle freno al frecuente ejercicio que el Poder Ejecutivo hace de la función legislativa, al reglamentar las leyes, al hacer uso de la delegación que le hace el propio Congreso para dictarlas (art. 76 de la Constitución reformada en 1994) y a la atribución de dictar decretos de necesidad y urgencia (art. 93 inciso 3), que el Congreso controla con la Comisión Bicameral Permanente.

Un Reglamento del Congreso, no previsto ni prohibido por nuestra Constitución, como el que proyecté cuando fui diputado; un Código de Ética y crear comisiones de Ética en cada cámara, reglamentar de los Lobby y el que se actualice el número de diputados que le corresponde a cada distrito electoral, de acuerdo al último censo de población como dispone el artículo 45 de la Constitución pueda contribuir a iniciar este proceso de reforma del Congreso.

Los constituyentes de 1853 al crear el Congreso quisieron lo que Carlos María Bidegain describió como “un Congreso ideal”, al decir: “Un buen Congreso, a mi juicio, será el que ostente un título legítimo de representación, esté integrado en un elevado porcentaje por personas capaces para el desempeño del cargo, por su cultura, inteligencia, laboriosidad y antecedentes; cuente con un buen reglamento y en su correcta aplicación construya su `derecho parlamentario’ y se atenga a él, sobre la base del aprovechamiento del tiempo, la organización del trabajo en comisiones efectivamente dedicadas al estudio, el estricto respeto de las facultades de control, iniciativa y libertad de expresión de las minorías, sin perjuicio de la responsabilidad de la mayoría de cumplir su plan de labor, superando por medios lícitos toda abusiva maniobra obstruccionista; sepa actuar con urgencia cuando sea necesario, pero con serenidad y mesura dando ejemplo de respeto de los derechos de las personas y a las competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo; sea escrupuloso, hasta el punto de exageración, en el cuidado del comportamiento ético de las Cámaras, de sus miembros y de todo el Gobierno” .

La historia, sin embargo, demuestra que no siempre se han respetado estos altos propósitos y el Congreso, sea por defecto de quienes fuimos sus integrantes o por incomprensión de la sociedad, no siempre fue el centro de nuestra república democrática. Las consecuencias de nuestra infidelidad a estos postulados la hemos pagado muy cara y es de desear que en el futuro el Congreso vuelva a ser símbolo de la democracia y fiel reflejo de las aspiraciones de nuestro pueblo.

                                             Mendoza, junio de 2016.

Religión y drogas 

 

Papa Francisco

Papa Francisco

La “autonomía y la cooperación”, deben regir las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y las demás confesiones religiosas, ya que los ciudadanos, en su gran mayoría, son también sus fieles.

Históricamente la “cooperación” de los religiosos suplió las falencias del Estado al ocuparse de los indigenas, presos, pobres, enfermos, ancianos, de las villas de emergencia, de la educación y, en los albores de la Patria, hasta de la política (la mayoría de los que declararon la Independencia en Tucumán hace 200 años fueron clérigos).

Ahora, el presidente Mauricio Macri nos propuso 3 objetivos: “pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a la Argentina”; y no lo logrará sin la “cooperación” de los ciudadanos, de la Iglesia y demás cultos. Pero en la reciente y breve audiencia en el Vaticano en que Macri fue recibido por SS Francisco -que al finalizar mostró un rostro adusto-, nos dejó con la duda si estos objetivos fueron conversados.

El vínculo de lo religioso con las drogas abarca:

  • Compartir valores éticos, cívicos y religiosos, que garanticen la dignidad de la persona humana, puesta en riesgo con el consumo de drogas y con las adicciones;
  • Las cooperación de las confesiones religiosas con el Estado, para terminar con la oferta y la demanda del tráfico de estupefacientes;
  • Que el Estado y las organizaciones religiosas trabajen juntas en la educación y la prevención, para evitar el consumo de drogas, y en la rehabilitación de los adictos.

Valores éticos 

Los principios éticos que declara la Constitución, desde que invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia”, y, al reconocer los “derechos (naturales) no enumerados”, protegen a ciudadanos y fieles.

SS Francisco dijo que:

La droga es un mal y ante el mal no se puede ceder ni tener compromisos”, y agregó que la droga no se vence con la droga. La droga es un mal, y con el mal no se puede ceder ni tener compromisos. Pensar que se puede reducir el daño permitiendo el uso de sustancias psicotrópicas a las personas que siguen usando drogas, no resuelve el problema”.

Y, añade, que “la legalización, incluso parcial, de las llamadas ‘drogas blandas’, además de ser discutible en términos legislativos, no produce los efectos esperados. Las drogas sustitutivas, por otra parte, no constituyen una terapia suficiente, sino una forma velada de entrega al fenómeno”.

Quiero reiterar lo que dije en otra ocasión: No a cualquier tipo de droga(…)Pero para decir este ‘no’, hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de trabajo”, afirmó.

Dijo, además, que el “azote de la droga sigue haciendo estragos con formas y extensión impresionantes, alimentado por un mercado turbio que traspasa las fronteras nacionales y continentales. Así, crece cada vez más el peligro para los jóvenes y adolescentes.

Las oportunidades de trabajo, la educación, el deporte, la vida sana; este es el camino que lleva a la prevención de la droga. Sí esto se hacen verdades no hay espacio para las drogas, para el abuso de alcohol, para otras adicciones”, aseguró.

Una política de Estado contra el narcotráfico debe dirigirse a la oferta y la demanda de las drogas ilegales.

Oferta

El combate contra la oferta debe estar a cargo de una agencia federal, con personal especializado y recursos suficientes, que coordine el accionar de las policías: federal, aeroportuaria y de las provincias; de la gendarmería, la Prefectura, los Servicio de Inteligencia, la Aduana, las Fuerzas Armadas, la Unidad de Información Financiera; y colaborará con los tribunales federales y provinciales y la Cancillería, que deberá acordar con otros países.

Esta agencia controlará fronteras, rutas –terrestres, aéreas y fluviales-, pistas de aterrizaje -donde transitan drogas y los insumos que la tratan; cocinas; kioscos y los recursos financieros que genera este vil negocio.

Las organizaciones religiosas poco harán al respecto, salvo distanciarse de los traficantes y disputarle los liderazgo en los lugares en donde actúan.

Demanda

El día que no haya más demanda, o sea consumidores, se termina el narcotráfico, de allí que la “guerra a las drogas” tiene sentido si la política  seguida respecto de la demanda es eficaz.

El aumento del consumo de drogas se da cuando:

  • crece la pobreza y la marginalidad; 
  • hay jóvenes que no trabajan, ni estudian;
  • se pierde la cultura del trabajo;
  • la calidad educativa está en crisis, 
  • hay inestabilidad en los empleos y en los estudios;
  • se debilitan los lazos familiares, y
  • realizar un plan de vida se torna difícil.

El Sedronar, en nuestro país, es la agencia que se ocupa de la demanda, y debe coordinar, descentralizadamente, la educación, prevención y asistencia de los consumidores y adictos a las drogas; que llevarán a cabo  municipios, comunas, provincias, parroquias, templos, capillas, sinagogas, mezquitas y ONG. Así se cubrirán los déficit estructurales del Estado en barrios, pueblos y en sectores sociales donde opera el narcotráfico y residen consumidores y adictos.

El Papa Francisco dijo, también, que:

”La Iglesia, fiel al mandato de Jesús de ir allí donde hay un ser humano que sufre, que tiene sed, hambre, que está en la cárcel, no ha abandonado a los que han caído en la espiral de la droga, sino que con su amor creativo ha salido a su encuentro. Los ha tomado de la mano, a través del trabajo de muchos trabajadores y voluntarios para que pudieran volver a descubrir su dignidad, ayudándolos a resucitar esos recursos, esos talentos personales que la droga había enterrado, pero que no pudo cancelar porque cada hombre está creado a imagen y semejanza de Dios”.

El Estado sin la ayuda de las religiones difícilmente vencerá a las drogas.

Córdoba, mayo de 2016.

La reforma política electoral

Voto electrónico en EEUU en 2002

Voto electrónico en EEUU en 2002

El Gobierno de Mauricio Macri promete enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma política electoral, que según ha trascendidos consistiría en:

  • crear un ente autárquico que asuma las funciones que hasta ahora cumple la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda;
  • adoptar para las elecciones nacionales la Boleta Única Electrónica (BUE), usada en las últimas elecciones de Salta y de la Ciudad de Buenos Aires, provistas por el  Magic Software Argentina (Grupo MSA), cuyo presidente es Sergio Angelini; y
  • unificar las fechas de las elecciones nacionales, provinciales y municipales, abolir las reelecciones para cargos ejecutivos y terminar con los sistemas electorales de sumatoria de votos.

Con ello se pretende resolver algunos de los problemas que hubo en las últimas elecciones, lo que no significa, para mí, hacer una reforma electoral de fondo, y mucho menos una reforma política que debería comenzar por la educación.

El ente autárquico

Es cierto que la Dirección Nacional Electoral no debe depender de un ministerio, para que no sea manipulada por el gobierno o que dependa de un ministro que está participando de una elección, como ocurrió el año pasado cuando dicha dirección dependía del Ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo que al mismo tiempo era precandidato a presidente. Ello motivó que por  Decreto N° 816/15 se transfiriera dicha Dirección a la órbita del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos.

Pero la solución no es crear un ente autárquico, como el Instituto Nacional Electoral que existe en México desde hace un año y que reemplazó al Instituto Federal Electoral que existía desde 1990, sino pasarlo a depender de la Junta Electoral Nacional, integrada por jueces, siguiendo la tradición argentina y lo que dispone los artículos 48 al 52 del Código Electoral Nacional (Ley 19.945 y sus reformas), y el ejemplo de Brasil. La mayor garantía de imparcialidad para evitar la injerencia del Ejecutivo o de los partidos es ponerla bajo la dirección de jueces.

El artículo 118 de la Constitución Federal de Brasil establece que los órganos de la Justicia Electoral son: a) el Tribunal Superior Electoral (TSE), b) los Tribunales Regionales Electorales (TRE), c) los Jueces Electorales y d) las Juntas Electorales. El órgano encargado de la administración electoral a nivel nacional es el Tribunal Superior Electoral (TSE), creado en 1932 y formado por siete miembros. Cinco electos por voto secreto, de la siguiente manera: tres jueces de entre los Ministros del Supremo Tribunal Federal y de entre los Ministros del Tribunal Superior de Justicia; adicionalmente, dos jueces son electos por nominación del Presidente de la República de entre seis abogados de notable saber jurídico e idoneidad moral, propuestos por el Supremo Tribunal Electoral (Constitución de Brasil, Art. 119, párrafos I y II). El TSE tiene el poder de decidir sobre los litigios judiciales en materia electoral, así como la organización y administración de todas las elecciones municipales, estatales y nacionales y es la última estancia en materia electoral. Asimismo, si bien el Congreso Nacional aprueba las leyes electorales, la reglamentación, interpretación e implementación competen siempre al TSE. Brasil tiene 190.732.694 habitantes, según el último censo el 1° de agosto de 2010.

En la India la Comisión que se encarga de conducir las elecciones para el Parlamento, la Legislatura de cada estado y del Presidente y Vicepresidente del país (Art. 324 de la Constitución de la India) está constituida por el Comisionado en Jefe (Chief Election Commissionerdesignado por el Presidente de la República y dos comisionados más; el proceso de toma de decisiones es por mayoría simple de votos. La Comisión es independiente del gobierno, una vez en sus cargos no dependen del partido en el poder o del gobierno, la Constitución le da el carácter de autoridad constitucional independiente.

Boleta Única Electrónica

La boleta múltiple en los últimos tiempo causó muchos problemas ya que se sustraían de los cuarto oscuros y necesitaban de fiscales de todos los partidos para conservarla durante todo el día del comicio, de allí es que se buscó y busca una norma se superarla. Con el propósito de superar este problema es que se ensayó la boleta única o la boleta única electrónica.

La adopción del sistema de Boleta Única Electrónica, Vot.ar, de la empresa, Magic Software Argentina S.A, GRUPO MSA, que propone el gobierno, es dar un medio paso entre la boleta única de papel, experimentada en Córdoba (proyectada por primera vez el 16 de septiembre de 1959 por el diputado provincial demócrata cristiano Teodosio Pizarro y aplicada recién en 2011) y Santa Fe (utilizada también desde 2011), y la urna electrónica, que es la que deberíamos adoptar por ser la tecnología más eficaz y moderna empleada por las democracias con mayor cantidad de electores en el mundo (La India, Brasil y la muchos condados de EEUU). Las urnas electrónicas en Brasil ya permite identificar a los que votan con las huellas digitales (no hace falta llevar documentos de identidad) y al votar, sin boletas, se puede incluso expresar la preferencia por los candidatos a legisladores, lo que permite cambiar el orden de las listas. Urnas electrónicas con estos aditamentos es lo que nuestro país debería adoptar.

Además, hay que reemplazar a la empresa multinacional española INDRA Sistemas S.A., que desde 1997 hace, a un alto costo, el servicio de diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados a nivel nacional y distrital —en el caso de simultaneidad de elecciones—, para las PASO y las elecciones de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales conjuntamente con las elecciones legislativas provinciales que se realizaron de forma simultánea y la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales, y tratar de que ese trabajo lo haga el Estado, bajo la supervisión de jueces, con lo que se votaría y se conocería resultados de las elecciones más rápido y sin necesidad de trasladar certificados y urnas. El software no debería ser de una empresa privada sino del Estado, como también ocurre en Brasil.

En esta línea la Acordada N° 100 del 20/08/15 de la Cámara Nacional Electoral (creada por ley 19.108), declaró: “que corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación evaluar el método más adecuado para que el elector emita su voto; así como también el modo en que dicho método será instrumentado por la justicia electoral, en tutela del derecho de sufragio. A este respecto, cabe señalar -teniendo en cuenta la experiencia de otros países (v.gr. Alemania, Austria, Holanda, etc.)- que las opciones tecnológicas no pueden implicar una transferencia, ni una dependencia, del poder público respecto de empresas comerciales pues, en términos llanos, la soberanía política no se puede privatizar.”

India

La República de la India tuvo en 1982 por primera vez voto electrónico en 50 de las 84 casillas instaladas en las elecciones de la Asamblea Legislativa de Kerala, un estado del sur caracterizado por ser el más alfabetizado. Pero el candidato que perdió, Shri A.C José, cuestionó ante la Corte Suprema de Kerala el uso de las Máquinas Electrónicas de Votación (EVMs por sus siglas en inglés) bajo el argumento de que ni el Representation of the People Act de 1951, ni el Conduct of Election Rules, de 1961 permitían el uso de máquinas electrónicas de votación en las elecciones en la India. El caso llegó a la Suprema Corte, que sostuvo que las EVMs no podían usarse en las elecciones si no eran contempladas expresamente en la ley por lo que declaró nula la elección (Election Commission of India 2009). En 2004 se  logró que el 100% de los votos se emitiera de manera electrónica. India es la democracia más poblada del mundo con 1.210. 854. 977 habitantes, según el censo del 1/03/2011, por tener una tasa de analfabetismo del 39%, una esperanza de vida de 69.89 años. En 2004, el sistema fue utilizado por más de 600 millones de electores (Election Commission of India 2009). La votación electrónica representó un reto para las autoridades electorales pues factores como el costo de fabricación, la facilidad de uso para los electores analfabetos y parlantes de diversas lenguas, el traslado de las urnas a lo largo de un territorio de 3.287.590 km2 y a zonas rurales que no cuentan con servicios de electricidad, entre otros, llevaron al diseño de un sistema que pudiera responder a estas múltiples necesidades, sin que hubiera falla en los equipos.

La urna electrónica o máquina de votación electrónica (EVM), también conocida como tablero electrónico, reduce principalmente el costo de impresión de boletas electorales para un padrón de 714 millones de votantes. El costo es de aproximadamente 300 dólares estadounidenses por EVM, que incluye una Unidad de Control, la Unidad de Votación y una batería. El costo por máquina resulta relativamente bajo ya que éstas fueron manufacturadas por dos compañías del sector público, y con ello se consiguió el objetivo de ahorrar el gasto en impresión, almacenaje, transporte y seguridad, además del ahorro de personal en la capacitación de los escrutadores. La introducción de las máquinas de voto electrónico en las 688,000 casillas en 2004 produjeron un ahorro de 7,700 toneladas métricas del papel de seguridad utilizado para imprimir los votos, así como otros ahorros sustantivos de costos de transporte, almacenamiento y seguridad.

Brasil

En 1982, por primera vez, Brasil vivió una experiencia electoral con mecanismos de cómputo de voto electrónico. En las elecciones de 1996, 33 millones de electores usaron la urna electrónica. En 1998 dos tercios de los electores la usaron, pero su uso se implementó en todo el territorio en el año 2000. Desde entonces el sistema electoral brasileño se mantiene en constante evolución incorporando nuevas medidas para incrementar la eficiencia y garantizar la seguridad del sufragio y la elección en general.

Con más de 144 millones de electores, Brasil es la cuarta mayor democracia del mundo, en número de electores, después de la India, EUA e Indonesia. En las elecciones de octubre de 2014, en las que se eligió Presidente de la República, gobernadores de los Estados y sus vices, senadores, diputados federales y de los estados, votaron más de 115 millones de electores, en la primera ronda y más de 112 millones en la segunda. Hubo 451.000 mesas con 532.000 urnas electorales, incluyendo las que se usan para reemplazarlas. Hay 35 partidos políticos nacionales, no hay partidos locales. 40 millones de votantes usaron el registro biométrico (huellas digitales) para identificarse. Esto también se utiliza en Venezuela.

La Ley Electoral permite auditar el sistema de votación electrónica, antes, durante y después de las elecciones, lo que da credibilidad a todo el proceso. El fraude se previene, a través del bloqueo del número de la cédula; el mismo elector no puede votar más de una vez. La revisión de la carga de la información en la urna es controlada por los fiscales, antes de precintarse la misma. Emisión de una “cerésima” que es la lista de candidatos, con los votos a cero, en el inicio de la jornada electoral, lo que demuestra que no hay votos pre-registrados en la urna. Emisión de un boletín de la urna al término de la votación, en cinco copias. Desde éste año los fiscales pueden con su celular, fotografiar y enviar de inmediato a la central de su partido, con la suma o se puede hacer toda la fiscalización y la totalización final de los votos. Se eliminó el llamado “mapismo”, es decir el cambio de los datos de forma manual, porque es todo electrónico, entonces no se habla de votos, no se canta, es todo electrónico, para evita fallos humanos. En el Amazonas, los indígenas votan en urnas electrónicas y los resultados se transmiten por satélite, por eso son los primeros resultados que llegan a la capital, Brasilia, y los primeros en ser computados en la elección nacional.

Otros países

Lo han adoptado otros países como Bélgica, Estonia, Filipina y Venezuela. Está prohibido o suspendido en Alemania, Finlandia, Holanda, Irlanda y en el Reino Unido. En estudio o implantación parcial en España, Francia, Noruega, Rusia, Suiza, Namibia, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Emiratos Árabes, Japón, Kazajistán, Australia,

Fecha, sistemas electorales y reelección.

La simultaneidad de las elecciones provinciales y municipales en una misma fecha es un buen propósito, pero es una decisión que habría que concertarla por una ley convenio con las provincias y los municipios. No estaría mal que alguna de estas elecciones no se hicieran en el mismo año, como ocurre en las provincias de Santiago del Estero (2016) y Corrientes (2017), y en algunos municipios, como el de o Cuarto (2016), que en su Carta Orgánica así lo han establecido.

Pero en esa misma concertación habría que acordar también el terminar con las reelecciones en los cargos ejecutivos, provinciales y municipales, y con los sistemas electorales tramposos como el de las llamadas “ley de lemas y de sublemas”, de “listas colectoras”, “espejo”, de “sumatoria de votos”, o el de “acople”, como el empleado en las recientes y escandalosas elecciones de Tucumán, donde se registraron 503 partidos políticos, se presentaron 25.467 candidatos, y donde el candidato Juan Manzur lucía en 50 de los 80 acoples en los que podía optar el votante. En Formosa de las 78 boletas que había en 54 estaba el reelecto candidato a Gildo Infrán, que es gobernador desde 1995. En Santa Cruz Eduardo Costa fue votado por el 41,6%, pero la ley de lemas la gobernadora electa fue Alicia Kirchner que obtuvo 34,4%.

El número de diputados y voto de preferencia 

Pero lo más grave, y de ello no se habla, es el incumplimiento del artículo 45 de la Constitución que establece que la cantidad de diputados de los 24 distritos electorales serán proporcionales a su población, lo que debería modificarse después de cada censo, y lo que desde hace década no se hace. Por eso Córdoba tiene 18 diputados, a pesar de tener mayor población que la Capital Federal, que tiene 25, y Santa Fe, que tiene 19.

El mínimo de 5 diputados por distrito también es inconstitucional, cifra que debería ser de dos, como disponía originariamente la Constitución de 1853. Esta puesta al día de la cantidad de diputados beneficiará, es cierto, a la provincia de Buenos Aires, pero la concentración de la población alrededor de la CABA no se corrige castigándolos con menos diputados, sino terminando con los subsidios y demás privilegios que el Gobierno Federal le concede a esta zona del país, con los impuestos que pagamos todos los argentinos, lo que es la causa de la concentración poblacional del Gran Buenos Aires.

Si queremos acercar a los representantes al pueblo sería necesario utilizar el voto de preferencia para las elecciones de diputados nacionales, permitiendo que los que sufragan puedan indicar alguno de los candidatos para que si tienen mayor número de preferencia pueda superar a los que se encuentran antes en la lista.

La Constitución de Córdoba lo establece (Artículo 78 según reforma de 2001) pero como no fue reglamentado nunca se aplicó. La Carta Orgánica Municipal de Córdoba lo dispone para los concejales pero una reglamentación tramposa exigió un mínimo del 3% de preferencias para que un candidato reemplace al que tiene antes en la lista, lo que hizo imposible su aplicación.

Ello se practica en Brasil y en otros países y obliga a los candidatos a hacer campaña electoral y depender más de los que lo votan de aquellos que confeccionan las listas, como ocurre en la actualidad.

Voto por correo, en cárceles y fuera del país

Es necesario establecer el voto por correo u otras modalidades de sufragar, incluso por Internet, para aquellas personas privadas de su libertad, para los que no puedan asistir en la fecha de los comicios a emitir su voto, para discapacitados o para los que se encuentran viviendo o prestando servicio a la Nación fuera del país.

En Estados Unidos se usa el voto por correo para lo que no lo pueden hacerlo el día de las elecciones, y por internet para los militares que prestan servicio en el exterior.

Voto de los adolescentes

No fue un acierto el dictar en 2012 la ley Nº 26.774 que autorizó el voto obligatorio de los jóvenes de 16 y 17 años, eximiéndolos de sanciones si no lo hacen y de ser autoridades de mesa, siguiendo el fracasado intento que se inició en la Convención Constituyente de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, cuando se consagró, para las elecciones municipales, el voto optativo de los adolescente, y donde adelanté mi opinión en contrario.

No conozco estadísticas sobre sobre la cantidad de adolescentes que votaron en las últimas elecciones nacionales, en 2013 fueron incluidos junto a los mayores en los padrones en una proporción del 1,9 %; o sea podían votar unos 600 mil adolescentes.

En las elecciones municipales de Córdoba de 1999 se empadronaron sólo 1.200 jóvenes, en 2003 sólo 289; en la de 2007 se redujo a 39 y 337 se anotaron en 2011 y sufragaron sólo 108, sobre unos 60 mil que lo podrían haberlo hecho; y en 2015 se inscribieron solo 140, cuando el padrón general es de más de un millón de vecinos.

En la Convención de Córdoba de 1995, siguiendo al dictamen de la psicopedagoga Susana Carena de Peláez, afirmé que el periodo adolescente, que transcurre entre los 14 y 15 años, culmina con el acceso a los valores de la sociabilidad abstracta y a la elaboración de una escala personal de valores. Es un período de transición y de ambivalencia entre aquellos aspectos de la personalidad que se encuentran más definidos, como el dominio de su cuerpo, de las relaciones sociales concretas y de aquellos aspectos afectivos que se encuentran en ebullición. Esta etapa se caracteriza por la ambivalencia fundamental del impulso evolutivo, la relativa incoherencia e inestabilidad de las tendencias que lo acompañan, ya que a través de las divergencias, fluctuaciones, vaivenes y vacilaciones, se realiza un trabajo de síntesis que culminará con la reconstrucción de la personalidad. El periodo de los 16 y 17 años tiene cuatro hechos que lo caracterizan: el descubrimiento del “yo”; la tendencia al aislamiento y a la soledad; la afirmación de sí mismo en un fenómeno de embriaguez intelectual y la necesidad de romper con los conformismos sociales y la liberación del “yo”. En esta etapa fundamental de la vida del adolescente, que en los últimos tiempos se ha extendido en el tiempo, es cuando se le quiere asignar esta nueva y trascendente responsabilidad, lo que les exigirá una maduración anticipada que los obligará a salir de sí mismo, de anticiparse en esa búsqueda de su propia personalidad y a confiar- a lo mejor- en la imagen de algún líder de ocasión que puede encandilarlo circunstancialmente. Ahora, habría que agregar que; con la proliferación del clientelismo político, lo ocurrido en las últimas elecciones en Tucumán y en otras partes del país, no parece prudente mantener esta carga pública para los adolescentes, porque, además, puede prestarse para el clientelismo.

Admiten este tipo de sufragantes: Cuba; Nicaragua; Ecuador; Irán -a partir de los 15 años-; Chipre, desde los 16; e Indonesia desde los 17. También lo permiten las Constituciones de Austria, Brasil, Bolivia, Ecuador; y Eslovenia -si trabajan en forma remunerada-.

En Brasil en 2007 sufragaron el 1,91 % de electores de 16 y 17 años; en 2008 el 1,19%; en 2009, el 1,47% y el 2010 el 1,76%, o sea 2.391.093 votos 16 y 17 años sobre un total de 135, 6 millones.

Otros temas

Quedan en el tintero algunos temas conexos que merecería un largo tratamiento como el depurar los padrones, las PASO, las consultas populares, los partidos políticos, las alianzas, el financiamiento de la política, la veda, los debates de los candidatos, el uso de la cadena oficial, redes sociales y los medios de comunicación del Estado y la comunicación en general, etcétera, que podríamos desarrollar y discutir en otra oportunidad.

A 200 años de la Declaración de nuestra Independencia, a 163 del dictado de la Constitución, a 100 años de la primera elección regida por la Ley Sáenz Peña y a 33 de haber recuperado la Democracia, se impone no sólo resolver algunos defectos o abusos que se han producido en las últimas elecciones, sino que se hace necesario abrir un debate para hacer una reforma electoral de fondo, que sirva para rehabilitar la política y para que el pueblo se sienta mejor representando.

Sobre este propósito es bueno recordar a Esteban Echeverría cuando decía que laDemocracia no es una forma de gobierno, sino la esencia misma de todos los gobiernos republicanos o instituidos para el bien de la comunidad (…). La democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases.

Córdoba, mayo de 2016.