Pactar en Política, Una Necesidad

pacto politicoLa grave crisis que padecemos nos recuerda y promete acuerdos, convenios, tratados y pactos; verbales o escritos, publicados u ocultos, que se cumplen o no, que beneficien o perjudiquen a unos o a otros.

Ejemplos históricos fueron el pacto de San Nicolás de los Arroyos en 1852, que hizo posible el dictado de la Constitución en 1853; el de San José de Flores de 1859, por el que incorporó la provincia de Buenos Aires, y más recientemente el pacto de Olivos que permitió la reelección de Carlos Menem y la reforma constitucional de 1994. Los cuadernos de la corrupción nos demuestran que entre políticos y empresarios hubo durante años acuerdos espurios para financiar la política y enriquecer a políticos, intermediarios, empresarios contratistas del Estado y hasta a jueces.

En la coyuntura actual el gobierno suscribió un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y necesita acordar con los gobernadores para que el Congreso le apruebe el presupuesto de 2019, que contendrá el severo ajuste que exige el FMI, y crear las condiciones que beneficien a unos y a otros en las elecciones del año que viene.

Pero allí no termina la cosa; el gobierno, la oposición, los partidos, las empresas, los sindicatos, la Iglesia y la sociedad toda necesitan, para superar el difícil momento que vivimos; acordar objetivos, soluciones, abrir caminos y disponer de recursos humanos y materiales para encontrar el rumbo de cómo salir de este pozo y cómo orientar nuestro futuro. Los más simplistas proponen un “Pacto de la Moncloa”, o algo parecido, que nos encamine a un final feliz, como ocurrió en 1977 en España, pero esos acuerdos históricos son irreproducibles, y la habilidad y la imaginación política son capaces de crear nuevas fórmulas difíciles de predecir, pero siempre posibles de concretar.

Recuerdo que fui testigo, como diputado de la Nación, del acuerdo no escrito que se concretó, con motivo de la grave crisis financiera en 1989, entre Raúl Alfonsín, cuando renunció a la presidencia -luego de las elecciones presidenciales adelantadas que ganó ese año el PJ-, con Carlos Menem, que había triunfado en dichos comicios, pero que asumió ese cargo un semestre antes que el presidente radical terminara su mandato. Por el mismo, cada vez que el Poder Ejecutivo enviaba un proyecto de ley, como ocurrió por ejemplo con el de Reforma del Estado o el de Reforma Económica, la UCR, que tenía mayoría en la Cámara de Diputados, al momento de votar, un grupo de sus diputados se retiraba del recinto, para que los justicialistas, que eran minoría hasta el 10 de diciembre, ganaran la votación, y los radicales la perdieran, ya que votaban en contra, a pesar de que tenía un mayor número de bancas, por la ausencia de los que se retiraban, y en fiel cumplimiento de lo pactado.

Este, y otros acuerdos políticos, escritos o no, se concretan en la política, todos los días. Y ante la grave situación que nos aqueja, por la que crece desmesuradamente la pobreza, el dólar, el endeudamiento, la inflación, el narcotráfico y la incertidumbre, muchos argentinos creemos que ha llegado la hora de que los dos extremos de la grieta, y quienes tienen más poder en nuestro querido país, se unan para apagar este incendio, que nos perjudica a todos -oficialismo y oposición, a los de arriba y a los de abajo-, no sólo este año, sino también el próximo, en el que habrá elecciones.

Jugar a que Mauricio Macri se tenga que ir en un helicóptero, como Fernando de la Rúa, o, porque fracase en su capricho reeleccionista, no beneficia a nadie, ni siquiera a los más feroces opositores. Lo que hay que acordar es cómo superar la crisis económica, pero, también, ordenar el país, y encontrarle un rumbo, que nos permita tener mejor educación, más trabajo decente, seguridad, castigar la corrupción, acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías e integrarnos al mundo.

Argentina vivió situaciones peores, y salimos siempre acordando, de una forma u otra.

¿Por qué no lo podremos hacer ahora?

Córdoba, septiembre de 2018.

Anuncios

Recurso Extraordinario Federal

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Corte Suprema de Justicia de la Nación

RECURSO EXTRAORDINARIO (RE)

                            FALLO MARBURY VS. MADISON                                      (Suprema Corte EEUU 1803)

Principios

I-    La Constitución es Ley Suprema.

II-  Un acto legislativo contrario a ello no es ley.

III- El tribunal judicial debe decidir en los conflictos entre leyes.

IV- El tribunal no puede aplicar un acto legislativo contrario a la Constitución.

V-   Si así no lo hace destruye el sistema de constitución escrita y rígida.

 “Caffarena”, de 1871 (Fallos 10:427), “Sojo, Eduardo”, de 1887 (Fallos 10:436), y “Municipalidad de la Capital c. Elortondo” de 1888 (Fallos 32:120).

                                       FINES DEL RE

I-   Supremacía de la Constitución Nacional.

II- Supremacía de las normas internacionales y federales (art. 31 CN)

III- Uniformar el derecho federal.

IV- Asegurar la justicia y equidad.

V-  Revisar sentencias inconstitucionales: “arbitrarias”.

VI  Resolver “cuestiones trascendentes”.

                                        LEY 48 (15-10-1863)

Art. 14: Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de la provincia…

Ampliado por Ley 4055 (1902) Art. 6° – La Corte Suprema conocerá por último, en grado de apelación, de las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras Federales de Apelación, por los Tribunales Superiores de Provincia y por los Tribunales Superiores Militares, en los casos previstos por el artículo 14 de la Ley N° 48 de 14 de Septiembre de 1863.

Sigue art. 14 Ley 48 … en los casos siguientes:1)- Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión haya sido contra su validez;  2)- Cuando la validez de una ley, decreto de autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido a favor de la validez de la ley o autoridad de provincia.3)- Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio.

Art. 15: Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior deberá reducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa, quedando entendido que la interpretación o aplicación que los tribunales de provincia hicieren de los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, artículo 67 de la Constitución.

Art. 16: En los recursos de que tratan los dos artículos anteriores, cuando la Corte Suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolverá sobre el fondo, y aún podrá ordenar la ejecución especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón.

                                   SENTENCIAS DEFINITIVAS 

Cosa juzgada material hay cuando se recurre:

  1. Una sentencia definitiva.
  2. Lo que no puede replantearse en otro proceso.

III. Lo que causa “gravamen irreparable”.

  1. Lo que paraliza el proceso.
  2. Lo que causa  “gravamen institucional”.
  3. Cuando hay “cuestión trascendente”.

                                  DECISIONES RECURRIBLES, de:

I-     Tribunales superiores de provincia y de la ciudad de Buenos Aires

II-    Cámaras Federales de apelaciones.

III-    Cámara Nacional de Casación Penal.

IV-    Cámara Federal de la Seguridad Social.

V-     Cámara Nacional Electoral.

VI-    Cámara de apelaciones de la Capital Federal.

VII-   Fallos del Senado en juicio político y de Jurados de enjuiciamientos de magistrados federales.

VIII-  Tribunales arbitrales impuestos por ley y de órganos (superiores) administrativos.

IX-    Juzgados federales en sentencias sobre cobro de tributos.

             SENTENCIAS ARBITRARIAS (SA)

                          CAUSALES (Genaro Carrió)

I- Concernientes al objeto de la decisión

1) No decidir cuestiones planteadas.

2) Decidir cuestiones no planteadas.

II- Concernientes al fundamento normativo de la decisión

3) Arrogarse, al fallar, el papel del legislador.

4) Prescindir del texto legal sin dar razón plausible alguna.

5) Aplicar una norma derogada o aún no vigente.

6) Dar como fundamento pautas de excesiva latitud.

III- Concernientes al fundamento de hecho de la decisión

7) Prescindir de prueba decisiva.

8) Invocar prueba inexistente.

9) Contradecir otras constancias de los autos.

IV- Concernientes al fundamento normativo o de hecho o a la correspondencia entre ambos y la conclusión

10) Sustentar el fallo en afirmaciones dogmáticas o dar fundamentos aparentes.

11) Incurrir en excesos rituales.

12) Incurrir en autocontradicción

V- Concernientes a los efectos de la decisión

13) Pretender dejar sin efecto decisiones anteriores firmes.

       CUESTIÓN CARENTE DE TRASCENDENCIA  (Certiorari)

Art. 280 CPC y CN   (Ley 23.774): “… La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia… “

La Corte lo declaró constitucional en “Rodríguez, Luis Emeterio y Rodríguez de Schreyer, Carmen Isabel y otro” (2-II.93).

Puede ser positivo o negativo.

                     GRAVEDAD INSTITUCIONAL

Excede el mero interés de las partes.

Compromete las instituciones básicas de la Nación o su buena marcha.

Compromete o conmueve a la sociedad.

Art. 257 bis CPC y CN: (…) Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados.

                             INTERPOSICIÓN

1-       Ser parte en el juicio

2-       Que se haya introducido oportunamente el caso federal y se lo haya mantenido.

3-       Interponerlo por escrito ante el juez, tribunal u órgano que dictó la resolución.

4-       Recurso in forma pauperis.

5-        Plazo.

6-       Domicilio en la ciudad de Buenos Aires.

7-       Debe estar fundado:

  1. a)       Invocando requisitos comunes y propios (escrito en letra negra, indicar sentencia recurrida, autos, partes, copias de resoluciones o escritos acompañados, firma, patrocinio letrado, etc.)
  2. b)       Relación sucinta de la causa.
  3. c)       Errores del fallo.
  4. d)       Enumeración y fundamentación de los agravios.
  5. e)       Señalar las cláusulas de la Constitución o del derecho federal afectadas.
  6. f)       Reservas.
  7. g)       Petición.

                                 PROCEDIMIENTO 

1- Plazo de 10 días hábiles, desde la notificación, para presentar el recurso por escrito y fundado ante el tribunal que dictó la sentencia definitiva.

2- Traslado a las partes por 10 días hábiles y por su orden.

3- Auto de dicho tribunal que concede o deniega el recurso.

4- Plazo de 5 días para elevarlo a la Corte en caso de concesión.

5- La Corte puede pedir el dictamen del Procurador General de la Nación.

6- Amicus curiae: en 15 días hábiles del llamado de autos (Acordada  28/2004).

7- Puede haber audiencia pública: informativa, conciliación u condenatoria (Acordada 30/2007)

8- Puede pedir medidas para mejor proveer.

9- La Corte dicta el decreto de autos y luego la sentencia.

                                QUEJA O RECURSO DE HECHO

1- Denegado el recurso por el tribunal superior se puede interponer queja ante la Corte

Suprema en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación más un día cada 200 kilómetros o fracción mayor de 100 kilómetros, depositando en el Banco de la Cuidad a nombre de la

Biblioteca de la Corte la suma de $ 15.000.

2- La Corte puede pedir copias de actuaciones o el expediente de la causa.

3- La Corte puede correrle traslado al Procurador General de la Nación.

4- Decreto de autos y sentencia.

5- Amicus curie: en 15 días hábiles (Acordada 28/ 2004).

6- Puede haber audiencia pública: informativa, de conciliación u condenatoria (Acordada

30/2007)

                                  RECURSACIÓN O EXCUSACIÓN

Los jueces de la Corte no pueden ser recusados sin causa, pero sí por expresión de ellas (art. 14 al 25 CPCCN), al interponer el recurso o contestar el traslado del mismo.

Puede excusarse los jueces (arts. 17 y 30 al 32 CPCCN).

                                EFECTOS DE LOS RECURSOS

El RE tiene efecto suspensivo:

1-       A partir de la notificación de la sentencia definitiva.

2-       A partir de la interposición del recurso extraordinario (arts. 499 CPCCN y 442 del CPPN).

3-       A partir de la concesión del recurso (art. 258 del CPCCN), si no lo concede cesa el efecto suspensivo.

La Queja no tiene efecto suspensivo, salvo que la Corte así lo declare.

El Per saltum cuando es admitido tiene efecto suspensivo.

                                         MEDIDAS CAUTELARES

El efecto suspensivo del recurso extraordinario dispuesto por los jueces inferiores continúa, aunque haya sido revocado en la alzada, después de su interposición y de su concesión —salvo lo dispuesto por el art. 258 del CPCC—. La Corte también puede concederlo a pedido de parte.

Art. 258.CPCCN –Ejecución de sentencia- Si la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema.

Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que hubiese concedido el recurso y quedará cancelada si la Corte Suprema lo declarase improcedente o confirmase la sentencia recurrida.

El fisco nacional está exento de la fianza a que se refiere esta disposición.

                                  EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Art. 258 CPCCN: Si la sentencia de cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquella, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema. Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que hubiese concedido el recurso…” (art. 7 de la ley 4055)

También puede ejecutarse lo que no ha sido motivo de agravio ante la instancia a quo.

La Corte, excepcionalmente, ha ordenado la suspensión del cumplimiento de la sentencia, cuando el recurso extraordinario se ha concedido, si median razones de gravedad institucional (casos “Dromi”, “Alonso”, “BIBA”, “UOM”); o si ha sido denegado e interpuesto la queja, también por razones de gravedad institucional.

                                COSTAS Y HONORARIOS

Corresponde a la Corte Suprema decidir sobre costas y honorarios de acuerdo a lo establecido mediante la Acordada Nº 22/84, tanto en los juicio en que ha confirmado o revocado la sentencia.

                                       PER SALTUM

La jurisprudencia de la Corte lo admitió por “gravedad institucional” y por tratarse de una “cuestión trascendente”, con un claro objetivo es cautelar.

Ver casos: “Dormí” La Ley 1990-E-97,  “Jorge Antonio” (Fallos 248:189), y “Alonso” del 6/12/ 1994.

“B.I.B.A.” . En Fallos 313:2:1242 y U.O.M. del 3/4/1996, fueron denegados.

Ley 26.790 (30-11-2012) lo incorporó al CPCCN (arts. 257 bis y 257 ter).

                            RE POR SALTO DE INSTANCIA

Art. 257 bis: Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del tribunal superior, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados.

La Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad.

Sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a título de medidas cautelares.

No procederá el recurso en causas de materia penal.

Es inconstitucional: por no admitirlo contra fallos de tribunales nacionales, provinciales y de la CABA:

            PROCEDIMIENTO DEL SALTO DE INSTANCIA

 Artículo 257 ter: Del escrito presentado se dará traslado a las partes interesadas por el plazo de cinco (5) días notificándolas personalmente o por cédula.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte Suprema decidirá sobre la procedencia del recurso.

Si lo estimare necesario para mejor proveer, podrá requerir al Tribunal contra cuya resolución se haya deducido el mismo, la remisión del expediente en forma urgente.

     REGLAS PARA INTERPOSICIÓN DEL RE (Acordada 4/2007)

1º. El recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones, y con letra de tamaño claramente legible (no menor de 12). Igual restricción será de aplicación para el escrito de contestación del traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

                                    CARÁTULA RE

2º. Contendrá una carátula en hoja aparte en la cual deberán consignarse exclusivamente los siguientes datos:

  1. a) el objeto de la presentación;
  2. b) la enunciación precisa de la carátula del expediente;
  3. c) el nombre de quien suscribe el escrito; si actúa en representación de terceros, el de sus representados, y el del letrado patrocinante si lo hubiera;
  4. d) el domicilio constituido por el presentante en la Capital Federal;
  5. e) la indicación del carácter en que interviene en el pleito el presentante o su representado (como actor, demandado, tercero citado, etc.);
  6. f) la individualización de la decisión contra la cual se interpone el recurso;
  7. g) la mención del organismo, juez o tribunal que dictó la decisión recurrida, como así también de los que hayan intervenido con anterioridad en el pleito;
  8. h) la fecha de notificación de dicho pronunciamiento;
  9. i) la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal, con simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de la Corte sobre el tema, si los hubiere; como así también la sintética indicación de cuál es la declaración sobre el punto debatido que el recurrente procura obtener del Tribunal; no se considerará ninguna cuestión que no haya sido incluida aquí;
  10. j) la cita de las normas legales que confieren jurisdicción a la Corte para intervenir en el caso.

3º. En las páginas siguientes deberá exponerse, en capítulos sucesivos y sin incurrir en reiteraciones innecesarias:

  1. a) la demostración de que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y de que es definitiva o equiparable a tal según la jurisprudencia de la Corte;
  2. b) el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal, con indicación del momento en el que se presentaron por primera vez dichas cuestiones, de cuándo y cómo el recurrente introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad;
  3. c) la demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación;
  4. d) la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas;
  5. e) la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas.

Queja:          REGLAS PARA SU INTERPOSICIÓN

4º. El recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a diez (10) páginas de veintiséis (26) renglones, y con letra de tamaño claramente legible (no menor de 12).

5º. Contendrá una carátula en hoja aparte en la cual deberán consignarse exclusivamente los datos previstos en el art. 2º, incisos a, b, d y e; y, además:

  1. f) la mención del organismo, juez o tribunal que dictó la resolución denegatoria del recurso extraordinario federal, como así también de los que hayan intervenido con anterioridad en el pleito;
  2. g) la fecha de notificación de dicho pronunciamiento;
  3. h) la aclaración de si se ha hecho uso de la ampliación del plazo prevista en el art. 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;
  4. i)        en su caso, la demostración de que el recurrente está exento de efectuar el depósito previsto

en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 

 

Queja: PÁGINAS SIGUIENTES Y COPIAS ACOMPAÑADAS

6º. En las páginas siguientes el recurrente deberá refutar, en forma concreta y razonada,

Todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la resolución denegatoria. El escrito tendrá esa única finalidad y no podrán introducirse en él cuestiones que no hayan sido planteadas en el recurso extraordinario.

7º. El escrito de interposición de la queja deberá estar acompañado por copias simples, claramente legibles, de:

  1. a) la decisión impugnada mediante el recurso extraordinario federal;
  2. b) el escrito de interposición de este último recurso;
  3. c) el escrito de contestación del traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;
  4. d) la resolución denegatoria del recurso extraordinario federal.

Con el agregado de las copias a que se refiere este artículo no podrán suplirse los defectos de fundamentación en que hubiera incurrido el apelante al interponer el recurso extraordinario.

RE y Queja: OBSERVACIONES GENERALES

8º. El recurrente deberá efectuar una transcripción —dentro del texto del escrito o como anexo separado— de todas las normas jurídicas citadas que no estén publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina, indicando, además, su período de vigencia.

9º. Las citas de fallos de la Corte deberán ir acompañadas de la mención del tomo y la página de su publicación en la colección oficial, salvo que aun no estuvieran publicados, en cuyo caso se indicará su fecha y la carátula del expediente en el que fueron dictados.

  1. La fundamentación del recurso extraordinario no podrá suplirse mediante la simple  remisión a lo expuesto en actuaciones anteriores, ni con una enunciación genérica y esquemática que no permita la cabal comprensión del caso que fue sometido a consideración de los jueces de la causa.

                                  DESESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS

  1. En el caso de que el apelante no haya satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal y/o de la queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente, salvo que, según su sana discreción, el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva.

Cuando la Corte desestime esas pretensiones por tal causa, las actuaciones respectivas se reputarán inoficiosas. Del mismo modo deberán proceder los jueces o tribunales cuando denieguen la concesión de recursos extraordinarios por no haber sido satisfechos los recaudos impuestos por esta reglamentación.

En caso de incumplimiento del recaudo de constituir domicilio en la Capital Federal se aplicará lo dispuesto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

                                      SENTENCIAS (Tipos según Victor Bazán)

  1. De inconstitucionalidadsobreviniente: En “Itzcovich” (Fallos 328:566) declaró inconstitucional el art. 19 ley 24.463 de “solidaridad previsional”, que habilitaba un recurso de apelación ante la Corte respecto de las sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social por resultar irrazonable, Días después se derogó dicho art. 19.
  2. De inconstitucionalidadexhortativa: En “Badaro” (329:3069)declaró la existencia de una omisión legislativa inconstitucional lesiva a la movilidad previsional del art. 14 bis una sentencia exhortativa comunicó al Poder Ejecutivo y al Congreso esta decisión para que, en un plazo razonable, adopten las medidas pertinentes para efectivizar las correcciones necesarias.
  3. De Inconstitucionalidadaditiva: En “Massa” (Fallos 329:5913), dictó Una interpretativa que desestimaba la demandas sobre la pesificación de los depósitos bancarios dispuesta por el gobierno nacional, rechazando el planteo de inconstitucionalidad por un titular de caja de ahorro en dólares contra el decreto 214/2002, y contrariando lo resuelto la casi totalidad de los tribunales federales que fallaron sobre el el “corralito”. Pero con tono aditivo, declaró que el Banco debía reintegrar de su depósito en pesos a $1,40 por dólar, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) hasta el efectivo pago, más intereses al 4% anual sobre el monto así obtenido.
  4. Sentencia de “evitación”. En “Rinaldi” (Fallos 330:855) no declaró la inconstitucionalidad del régimen de refinanciación hipotecaria en el marco de la pesificación de la obligación en moneda extranjera en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria de vivienda única y familiar (Art. 14 bis CN), y desestimándolo en contra de la ley 26.167, dispuso que en las ejecuciones de mutuos hipotecarios celebrados entre particulares en divisa extranjera y por un monto inferior a $100.000, cuando el deudor tenga comprometida su vivienda única y familiar, el reajuste equitativo de las prestaciones al que se refiere el Art. 11 de la ley 25.561, no podrá exceder el cálculo que surge de convertir un dólar a un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar a la fecha en que se practique la liquidación, más un interés no superior al 2,5% anual por todo concepto, desde la mora hasta su efectivo pago.

La “evitación”, que muestra este caso, lo empleó la Corte de EEUU  (avoidance doctrine) para eludir el juicio de constitucionalidad de la ley cuando hay dudas sobre ello.

En el fallo se afirma como de indudable incidencia institucional y que la misión del Tribunal no es averiguar la verdad, ni practicar silogismos, sino adoptar una decisión que permita apaciguar los conflictos, fundándose en argumentos constitucionales razonables, verificables y que tengan en cuenta los consensos sociales vigentes en el momento de toma

  1. Sentencia “atípica” de “mera inconstitucionalidad” con efectos pro futuro: En “Rosza” (330:2361) el Tribunal se enfrentó al sensible problema de los nombramientos de los llamados “jueces subrogantes”. En el caso concreto, y por mayoría, determinó la inconstitucionalidad de la Resolución 76/2004 del Consejo de la Magistratura de la Nación, en función de la cual había sido designado el magistrado suplente que entendió en el proceso en cuestión, más confirmó la declaración de validez de las actuaciones cumplidas por aquél al amparo del régimen reputado inconstitucional. Además, en virtud de tal criterio, y con efecto exógeno general, decidió mantener en el ejercicio de sus cargos a quienes hubieran sido designados para ejercer la función jurisdiccional en los tribunales que se encontraban vacantes hasta que cesaren las razones que originaron su nombramiento o hasta que fueran reemplazados, o ratificados, mediante un procedimiento constitucionalmente válido que debería dictarse en el plazo máximo de un año. Por último, dispuso poner la sentencia en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso y el Consejo de la Magistratura.

El control de constitucionalidad se ha hecho en una sentencia “atípica” de “mera inconstitucionalidad” con efectos pro futuro, para dejar a los poderes Ejecutivo y Legislativo en orden a que ejerzan sus competencias y fijen un sistema que resuelva el problema de acuerdo a la Constitución..

  1. Sentencia que limita su competencia a derechos deincidencia colectiva: En “Mendoza, Beatriz” (Fallos332: 2522) referido a la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo se declaró la incompetencia originaria del Tribunal en razón de la distinta vecindad o de extranjería -Art. 117 CN- frente a reclamos resarcitorios dirigidos contra la Nación, un Estado Provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ciertas empresas, por lesión de bienes individuales como consecuencia indirecta de la agresión al ambiente por el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en cursos de la cuenca- al no verificarse el recaudo de “causa civil”. Pero, se habilitó aquella modalidad competencial originaria en relación con la pretensión tendiente a recomponer el ambiente frente a la degradación o contaminación de sus recursos y resarcir un daño de incidencia colectiva -a causa del vertido de dicho tipo de residuos en el curso de la aludida cuenca- frente al carácter federal de la materia en debate, al haberse demandado conjuntamente, entre otros sujetos, a la Nación y a un Estado Provincial. En síntesis, por un lado, declaró su incompetencia originaria para conocer de la demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y, por el otro, fijó su competencia originaria en relación con las pretensiones concernientes a la prevención, la recomposición y el resarcimiento del daño colectivo.

                      OTROS SENTENCIAS SIGNIFICATIVAS

Mazzeo” (Fallos 330:3248) la nulidad de los indultos.

Bussi” (Fallos 330:3160) la inhabilidad de títulos de un diputado declarada por la cámara.

Editorial Río Negro” (Fallos 330:3906 y 331:2237) casos de publicidad oficial y libertad de prensa.

Arriola” (Fallos 332:1963), sobre tenencia de estupefacientes.

A.F.” (Fallos 335:197) sobre aborto no punible.

B.D.P” (Fallos 335:1136) rechaza per saltum, pero exhorta a los padres de un menor.

Loyo Fraire” (6/3/ 2014) sobre prisión preventiva.

D.M.A.” (de 7/7/2015) sobre el derecho a morir.

             RECURSOS CONTRA FALLOS DE LA CORTE                                

                                   ACLARATORIA

La Corte admite la interposición del recurso de aclaratoria siguiendo lo dispuesto por el art. 166 del CPC y CN que dispone: Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla.

Le corresponderá sin embargo:

2) Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

                                   REVOCATORIA

“Si bien, como principio de carácter general, los pronunciamientos de la Corte Suprema no son susceptibles de ser revisados por la vía del recurso de revocatoria, ello no obsta a que en los casos en que se manifiesten con nitidez errores que es necesario subsanar se configure una excepción a ese criterio” (Fallos 328: 1727).

“Si bien como regla las sentencias de la Corte no son susceptibles de recursos de reconsideración, revocatoria o de nulidad, cabe hacer excepción a ese principio cuando se trata de situaciones serias e inequívocas que demuestran con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar” (Fallos, 329: 6030).

                  PETICIÓN ANTE LA CIDH

La Convención Americana sobre Derecho Humanos establece en su

Artículo 44: Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.

 Artículo 46:  1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:

  1. a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
  2. b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;

                        MEDIDAS CAUTELARES

El efecto suspensivo del recurso extraordinario dispuesto por los jueces inferiores continúa, aunque haya sido revocado en la alzada, después de su interposición y de su concesión —salvo lo dispuesto por el art. 258 del CPC.

Art. 258. –Ejecución de sentencia- Si la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema.

Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que hubiese concedido el recurso y quedará cancelada si la Corte Suprema lo declarase improcedente o confirmase la sentencia recurrida.

El fisco nacional está exento de la fianza a que se refiere esta disposición.

                                     BIBLIOGRAFÍA

 BARONE, LORENZO. “Recurso extraordinario. Requisitos. Sentencia arbitraria. Gravedad institucional. Trámite. Trascendencia. Certiorari Per Saltum”. Alveroni Ediciones, Córdoba, 2002.

BARRANCOS Y VEDIA, FERNANDO N. “Sentencia Arbitraria” La Ley,

Buenos Aires, 1999.

CARRIÓ, GENARO Y CARRIÓ, ALEJANDRO. “El recurso extraordinario por

sentencia arbitraria”. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983.

IMAZ, ESTEBAN Y REY, RICARDO, “El recurso extraordinario”. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000.

LUGONES, NARCISO J. “Recurso Extraordinario”, Depalma, Buenos Aires, 1992.

MORELLO, AUGUSTO M. “El recurso extraordinario” Librería Editora

Platense, Buenos Aires, 1999.

                “Actualidad del recurso extraordinario”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995.

                “Admisibilidad del recurso extraordinario”. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997.

                “La nueva etapa del recurso extraordinario-el certionari” Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990.

                 “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso” Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1982.

PALACIO DE CAEIRO, SILVIA B. “El recurso extraordinario federal –  Doctrina, jurisprudencia y práctica”.2ª. Edición. Editorial La Ley, Buenos Aires 2012.

SAHAB, RICARDO, “El recurso extraordinario por gravedad institucional” Editorial Ediar, Buenos Aires, 1978.

SAGÜÉS, NÉSTOR PEDRO, “Recurso Extraordinario”  do tomos, ASTREA, Buenos Aires, 2002.

TRIBIÑO, CARLOS R. “El recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.

Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma.

http://www.csjn.gov.ar/ Boletín de Jurisprudencia/ Recurso extraordinario y queja 1, 2, 3, y 4

Reforma Política para el Municipio de Córdoba

escudo

La reforma política en la Municipalidad de Córdoba, desde mi óptica, deberá hacerse:

Reformando la Constitución de la Provincia de Córdoba (CP)

  • Fijar el domingo del mes, de años pares, que se harán las elecciones provinciales y municipales.
  • Establecer un sistema de representación proporcional, suprimiendo el asegurarle la mitad más uno a la primera mayoría (Art. 183 inc. 2 de la CP), con voto de preferencia y sin topes mínimos para elegir los Concejos Deliberantes.
  • Sustituir los tribunales de cuentas (Art. 183 inc. 3 y 18 de la CP) por contralorías unipersonales, con un titular y un suplente electivos, con el título de abogado o de contador.
  • Sustituir los Tribunales de Faltas Municipales (Art. 187 CP) y disponer que la competencia que tienen actualmente la asuman los jueces de paz que integran el Poder Judicial provincial.

Reformando o enmendando su Carta Orgánica (COM)

  • Dividir la ciudad en Comunas, gobernadas por Alcaldes y Consejos de vecinos electivos. Establecer el ámbito de su jurisdicción y sus límites territoriales. Confeccionar sus respectivos padrones electorales. Fijarle sus competencias y el presupuesto que a propuesta de los Consejos de vecinos la fije anualmente la ordenanza de presupuesto del Municipio (Art. 153 al 156 COM).
  • Suprimir la elección de los adolescentes de 16 a 18 años (Art. 124 inc. 2 COM).
  • Limitar la comunicación pública y la propaganda solapada del Departamento Ejecutivo y de los Alcaldes durante las campañas electorales.
  • Reducir a 3 los miembros el Tribunal de Cuentas (Art. 90 COM).
  • Crear el Defensor de los vecinos.
  • Suprimir el Tribunal Administrativo Municipal Fiscal (art. 104 al 108 de la COM).
  • Las listas de candidatos a los cuerpos colegiados deberán estar integradas por igual cantidad de personas de distinto sexo, siguiendo un orden alternativo, lo que solo puede ser alterado luego de contar los votos de preferencia (Art. 132 COM).

Celebrando un Convenio con la Provincia

  • Fijar los límites del territorio de la ciudad.
  • Traspasar la competencia de los jueces administrativos de faltas, y suprimirlos, a los jueces de paz que integran el Poder Judicial de la Provincia.
  • Traspasar el otorgamiento y control de las Personerías jurídicas de los centros vecinales a la Municipalidad.

Mediante Ordenanzas

  • Ubicar o construir un edificio del Concejo Deliberante.
  • Suprimir el tope mínimo para el voto de preferencia.
  • Reglamentar el voto electrónico, siguiendo el modelo de Brasil, que no es la llamada Boleta única electrónica, Vot.ar, de la empresa, Magic Software Argentina S.A., Grupo MSA, usada en la CABA y Salta.
  • Reglar las elecciones internas abiertas, simultáneas y no obligatorias, solo para los partidos o alianzas electorales que lo soliciten cuando tengan varios precandidatos o listas de precandidatos.
  • Crear el Defensor del Vecino.

*Ex convencional constituyente provincial de Córdoba 1986/7 y 2001 y de la Carla Orgánica municipal 1995.

El Aborto Como Castigo y Genocidio

manos

La Constitución dispone que el Congreso no otorgará “sumisiones o supremacías por las que la vida…de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.” (Art. 29). Permitir matar a la persona por nacer mediante el aborto es transgredir esta norma, además de que el Congreso no cumpla con “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.” (Art. 75 inc. 22).

Con la nueva ley la niña o el niño por nacer pueden ser abortados siempre. Durante las primeras 14 semana del embarazo, si lo consiente la mujer gestante; y “Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de salud interviniente”. Si la mujer miente o no lo denuncia no le cabe ninguna sanción.

Castigos

Sin embargo, se pena con prisión e inhabilitación especial “a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o de negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”, sin aclarar el alcance de los términos autoridad y profesional; lo que atenta contra la libertad de conciencia de las personas e instituciones que prestan servicios de salud (Arts. 14, 19 y 33 de la Constitución).

Tampoco se respeta la libertad de conciencia del profesional interviniente cuando al referirse a la “Objeción de conciencia”, consigna “El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.” Y “solo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.” Con ello, además, se le impone una obligación discriminatoria de develar datos sensibles de los profesionales en los términos de la Ley 25.326 y tratados internacionales de derechos humanos.

También es censurable la obligación de actuar por parte de los profesionales intervinientes cuando en contra de sus convicciones y especialidad médica se dispone en el proyecto de ley que “no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata e impostergable.” No todos los médicos están capacitados o especializados en practicar abortos.

El proyecto establece que “Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario (…)”; lo contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la objeción de conciencia individual en fallos como: “Portillo, Alfredo” (13/4/89), y la institucional en “Bahamondez; Marcelo” (6/4/93).

Genocidio de mujeres

Los 2 países más poblados del mundo tienen más de 90 millones de varones que de mujeres, como consecuencia de los abortos selectivos que se practican cuando la que va a nacer es una niña. En 2017 China tenía una población de 1.390.080.000 personas, 714.405.303 hombres, y 671.989.697 mujeres; y la India, contaba con 1.339.180.127 personas, 693.958.761 hombres y 645.221.366 mujeres. En China hay 42.415.606 varones más que mujeres y la India 48.737.395.

Este grave genocidio feminista, es producto de que el aborto se permite y es usado para privilegiar el nacimiento de los varones, porque la tradición familiar y previsional de estos países, dice que son los que van a mantener a sus padres y abuelo en la vejez, y agravado en China, que durante 30 años prohibió tener más de un hijo. Las mujeres, son discriminadas en estos países, porque al casarse se integran a la familia de sus esposos, y contribuirán, por ello, solo el sostenimiento de sus ascendientes.

Defender la vida de las hijas, los hijos y las madres es un deber moral y constitucional.

Córdoba, julio de 2018.

Hacia un Tratado Internacional de Libertad Religiosa

logo academia

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires

Leyes y autoridades para un mundo globalizado

El ideal histórico de una “autoridad de todo el orbe”, sostenida por Francisco de Vitoria en el siglo XVI[1], fue actualizada en 1795 por  Immanuel Kant, cuando escribió “Sobre la paz perpetua” afirmando que: “Los estados con relaciones recíprocas entre sí no tienen otro medio, según la razón, para salir de la situación sin leyes, que conduce a la guerra, que el de consentir leyes públicas coactivas, de la misma manera que los individuos entregan su libertad salvaje (sin leyes), y forman un Estado de pueblos (civitas gentium) que (siempre, por supuesto, en aumento) abarcaría finalmente a todos los pueblo de la tierra.” [2]

En el siglo XX Jacques Maritain, lo reiteraba al decir que: “El objetivo final se halla claramente determinado. Una vez que haya nacido la sociedad perfecta requerida por nuestra época histórica, o sea la sociedad política mundial, estará obligada en justicia a respetar en la mayor medida posible las libertades –esenciales para el bien común mundial de la vida política, moral y cultural, que serán sus partes más valiosas; pero los estados particulares tendrán que renunciar a su independencia plena(…)y el estado mundial disfrutará(…)los poderes requeridos por una sociedad perfecta: poder legislativo, ejecutivo y judicial, con la fuerza coactiva necesaria para imponer la ley. Quisiera añadir que la Constitución en la cual quizás definan algún día los derechos y deberes, así como las estructuras gubernamentales de tal estado mundial, serán únicamente el fruto de los esfuerzos comunes, experiencias y duras pruebas porque habrá pasado la historia presente y futura.”[3]

Arnold Toynbee, a su vez enfatizaba: “Sostengo que los Estados locales deberían quedar privados de su soberanía y subordinados a la soberanía de un gobierno mundial. Aún en ese caso, los Estados locales continuarán desempeñando un papel municipal útil y en realidad indispensable como unidades de administración local, es decir, el papel que desempeñan en un Estado federal los diferentes Estados que lo constituyen.”[4] Y Juan XXIII, en la “Pacem in terris”, declaraba: “Y como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, resulta, en consecuencia, que, por imposición del mismo orden moral, es preciso constituir una autoridad pública general.” (137)

La concreción de este ideal histórico sería bueno que se concretara en este siglo, signado por grandes y veloces cambios, para lo cual se hace necesario aprobar normas internacionales y establecer organismos que las hagan cumplir, que garantice los derechos humanos que hoy no son respetados y que con frecuencias son vulnerados en distintas partes del mundo.

Libertad Religiosa

En algunas partes del mundo los judíos, los cristianos, los musulmanes y quienes profesan otras religiones, teístas o no (como el Budismo, el Confusionismo, el Taoístas o el Jainismo) son perseguidos, denostados o castigados por sus creencias, por practicar su culto o por pertenecer a algunas iglesias o confesiones religiosa; por lo que se torna imprescindible reforzar las garantías a estos derechos injustamente vulnerados, para lo cual proponemos que se apruebe un tratado internacional que los reconozca, los declare y mejor los proteja y garantice.

El derecho a la libertad religiosa abarca también la defensa de la libertad de conciencia, de creencia, de culto y de pensamiento; que se encuentran, en muchos casos, ya reconocidos, declarados y garantizados en distintas disposiciones contenidas en declaraciones, tratados, convenios, acuerdos, concordatos, protocolos y normas internacionales; como también en la mayoría de la constituciones y las leyes de los Estados; pero no hay todavía un tratado internacional específico, que rija en todo el mundo o en alguno de sus continentes, que además de que declare y garantice estos derechos, cree algún órgano, comité, comisión o consejo internacional especializado, que se ocupen hacer el soft Law, de interpretar el alcance de sus normas, recepte denuncias, medie y resuelva conflictos cuando estos derechos son cuestionados, no respetados o son directamente vulnerados.

En lo que hace a las normas internas de los Estados Iván C. Ibán nos recuerda que “Dios aparece expresamente citado en más de un centenar de constituciones” de distintos países del mundo[5], afirma que actualmente excepto en la República Checa, “en el resto de los textos constitucionales aparecen alusiones a la religión, a una religión en concreto, etc.” Además hay estados que declaran en sus leyes fundamentales la estatidad de una religión como es el caso de los que se declaran budistas[6], o los que proclaman el catolicismo como religión oficial [7]; o los países europeos que declaran como del Estado iglesias protestantes[8]; o la estatidad del Islam que se declaran en algunos países árabes.[9] Otros países se declara que no tienen religión oficial[10]; algunos niegan que el Estado tenga identificación con cultos, iglesias, confesiones u organizaciones religiosas[11], lo que no significa que necesariamente se encuentran en conflicto con todas o alguna de ellas.[12]

En un mundo política y religiosamente plural no siempre es fácil acordar en un tema tan espinoso como éste, como seguramente no lo fue tampoco en 1948; al finalizar la segunda guerra mundial, después de los holocaustos armenio y judío, del estallido de dos bombas atómicas en Japón, y al comienzo de la guerra fría; conseguir el voto de la mayoría de los países integrantes de la Asamblea de las Naciones Unidas, para aprobar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Para lograr este difícil consenso fue decisivo el consejo del filósofo y diplomático francés Jacques Maritain, quién propuso que sólo se debían declarar “principios prácticos” y que el acuerdo se tenía que limitar a una “finalidad práctica”, “a un mismo conjunto de convicciones que guiaban la acción”, y advertía que “con el por qué comienza la disputa” que no valía la pena discutir los fundamentos, porque en ese momento en los hechos “los espíritus no han sido nunca tan cruelmente divididos”.[13] Este consejo es bueno tomarlo en cuenta también ahora para cristalizar un acuerdo como el que proponemos.

Las relaciones entre los estados y las religiones, y el papel que juegan las mismas dentro de las distintas sociedades políticas, no siempre respetan la autonomía que merecen, ni se les reconocen el importante papel que desempeñan en las mismas. Incluso, hasta en la que predominan las de raíces cristianas, no se ha logrado interpretar e implementar aquella savia afirmación de Jesús: “Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21) o, aquella otra, de que “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37). Hay países donde la autoridad política estatal y la de alguna religión están unidas o confundidas, y, en otras, la secularidad no ha sido adoptada o están a mitad de camino.

En muchas partes del mundo hay actualmente intolerancia con algunos cultos y con quienes lo practican, o hay limitaciones o atentados a la libertad religiosa que se manifiestan en desconfianzas, disputas, conflictos, cuando no ejerciendo violencias, o cometiendo atentados.

Guerras santas y terrorismo

Cómo en otros momentos de la historia y con distintos argumentos religiosos se plantearon guerras denominadas “santas”, en este siglo han aparecido grupos terroristas que justifican su accionar criminal en “razones” religiosas. En este siglo, los más notables invocan su fidelidad al Islam, y en la mayoría de los casos atentan contra personas inocentes que nada tienen que ver con lo que pretende imponer. Distanciados de la gran mayoría de los musulmanes que practica u religión en paz, estos terroristas se embarcan en una guerra santa (yihad) con el propósito de imponer como ley suprema la Sharia y establecer un califato. Ejemplo de ello es el caso de:

  • Al Qaeda, al que se le atribuyen los graves atentados ocurridos en los edificios del World Trade Center (incluidas las Torres Gemelas) en Nueva York y en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el estado de Virginia, el 11 de septiembre de 2011, donde hubo 3016 muertos (9 terroristas y 24 desaparecidos) y 6 mil heridos; y el de la estación de trenes Atocha, cerca de Madrid, el 11 de marzo de 2004, donde hubo 190 muertos y 2 mil heridos.
  • Estado Islámico -EI o ISIS en inglés- (originario de Irak y Siria), autor de distintos atentados desde 2014 entre los cuales se destacan el de la Revista Charlie Hebdo, en París, el 7 de enero de 2015, donde murieron 12 personas y hubo 11 heridos; y el del 7 de agosto de 2017 en el Paseo de La Rambla de Barcelona, cuando una furgoneta embistió a varias personas, dejando un centenar de heridos y 16 muertos.
  • Boko Haram (que actúa en Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Malí), que el 14 de abril de 2014 consumó un atentado en Abuya, Nigeria, donde murieron 88 personas de la escuela de Chibok, y se secuestraron a 200 chicas en una escuela de Jibik, en la campaña contra la educación occidental, 53 escaparon; y el 19 febrero de 2018 secuestró a 110 estudiantes en el instituto femenino de Dapchi en el estado de Yobe, en Nigeria, que un mes después liberó a 105 niñas, 5 murieron. El 21 de marzo de 2018 murieron 18 personas y 84 fueron heridos en un ataque de éste grupo terrorista en Maiduguri, al noroeste de Nigeria.
  • Y Al Shabab (de Somalía), que produjo el atentado del 2 de abril de 2015 en la Universidad de Kenia, donde hubo 152 muertos y 4 terroristas. El 15 de octubre de 2017 se produjo en Mogadiscio un doble atentado con camiones bomba, primero contra el Hotel Safari y una zona de oficinas y restaurantes en la intersección K5, y, dos horas más tarde, en un concurrido mercado, provocaron más de 300 muertos y más de 300 heridos.

Para superar esto también es necesario un tratado internacional que garantice los derechos a la libertad religiosa y que haga posible la erradicación de la violencia en los estados que lo firmen, y el respeto de todos los credos e instituciones religiosas, para que prime la comprensión, el diálogo, el respeto entre los que creen y piensan distinto. No parece fácil, pero tampoco imposible.

Declaraciones o tratados vigentes

A favor de la idea del tratado que proponemos está el reconocer que hay disposiciones dispersas en el texto de distintas declaraciones, tratados y otras normas internacionales y órganos internacionales que reconocen y protegen los derechos a la libertad  religiosa, de conciencia, de creencias y de culto, como son los que a continuación se indican:

  1. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [14] en
    su artículo 3 cuando dice que: “Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado”; y en el 22 “Toda persona tiene derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden (…) religioso (…);”
  2. La Declaración Universal de Derechos Humanos [15] que expresa en su artículo 2,1 que: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de(…)religión(…)o cualquier otra condición.“; el 18 que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.“; y en el 26, 2 dice que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos(…)”.
  3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
    de Costa Rica) [16] en su artículo 1,1 cuando dispone: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de(…) religión (…)o cualquier otra condición social”; el 12 titulado “Libertad de conciencia y de religión” que expresa: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o su creencia, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o derechos y libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”; en el 13,5 se declara que “Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra o toda apología del odio (…) religioso que constituyan incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por cualquier motivo, inclusive los de(…) religión (…)”; el 16,1 expresa que “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines(…)religiosos(…)o de cualquiera otra índole”; el 22.8 reza: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de(…) religión(…)”; y el 27,1 cuando admite la “Suspensión de garantías“: “1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones (…)no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de (…) religión (…)” y en el punto 2 “no autoriza la suspensión de los derecho determinados en los siguientes artículos: (…) 12 (libertad de conciencia y religión)”.
  4. El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales[17]
    que en su artículo 2,2 expresa: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de (…) religión. O de otra índole(…)”; en el 13, 1 expresa que: “(…)la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos(….”; y en el 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas (…) y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

  5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [18] que el artículo
    2,1 dispone: “Cada Estado Parte en este Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de (…) religión(…) o de otra índole (….)”; el 4,1 declara que: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto siempre que tales disposiciones(…)no entrañen discriminación alguna fundada únicamente por motivos de (…) religión (…)”; en el 18 dice: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sea necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”; el 20,2 dice que: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia está prohibida por ley.”; el 24,1 manifiesta: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de (…) religión (…) a las medidas de protección que se condición de menores requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.”; el 26 expresa: “(…) la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas la personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de (…) religión (…) o de cualquier índole (…)”; y el 27 dispone: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”
  6. El artículo 2,1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del
    Delito de Genocidio [19]
    al reglar que se “(…) entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimientos intencional del grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

  7. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
    de Discriminación Racial
    [20] que en sus considerando dice: “(…) para realizar uno de los propósitos de las Nacionales Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del todos, sin distinción por motivos de raza, sexo idioma o religión(…)” Se acuerda en esta Convención, en el Artículo 5 que toda persona tiene el goce de: “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” [d), vii)].
  8. El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño [21] al decir:
    que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos (Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos), sin distinción alguna, por motivos de (…) religión (…) o de otra índole (…)”; y el artículo 2,1 cuando expresa: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de (…) la religión (…) o cualquiera otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.”; el 14 al disponer que: “1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a al evolución de sus facultades. 3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a la limitaciones prescriptas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades fundamentales de los demás.”; el 20,3 dispone: “Entre esos cuidados figurará, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesaria la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.”; el 29, 1, d) dice: “Preparar al niño para asegurar una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistades entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena…“; y en el 30 se dice: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o persona de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.”
  9. La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos también conocida como Carta de Banjul [22] al declarar en su Artículo 2: “Todo individuo tendrá derecho al disfrute de los derechos y libertades reconocidos y garantizados en la presente Carta sin distinción de ningún tipo como raza, grupo étnico, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra índole, origen social y nacional, fortuna, nacimiento u otro status.” El Artículo 8 reza: “La libertad de conciencia y profesión, y la libre práctica de la religión estarán garantizadas. Nadie que respete la ley y el orden puede ser sometido a medidas que restrinjan el ejercicio de esas libertades.”
  10. 10. En la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones de la Asamblea de las Naciones Unidas de 1981 [23] que en su Artículo 1 dispone que: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.
  11. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección.
  12. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.”

Artículo 2: 1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares.

  1. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por “intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones” toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”

Artículo 3: “La discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados detalladamente en los Pactos internacionales de derechos humanos, y como un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones.”

Artículo 4: 1. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural.

  1. Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes, según el caso, a fin de prohibir toda discriminación de ese tipo y por tomar las medidas adecuadas para combatir la intolerancia por motivos de religión o convicciones en la materia.”

Artículo 5: “1. Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse al niño.

  1. Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.
  2. El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o convicciones. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones de los demás y en la plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad.
  3. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, se tomarán debidamente en consideración los deseos expresados por aquéllos o cualquier otra prueba que se haya obtenido de sus deseos en materia de religión o de convicciones, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.
  4. La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral teniendo en cuenta el párrafo 3 del artículo 1 de la presente Declaración.”

Artículo 6: De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones comprenderá, en particular, las libertades siguientes:

  1. a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las convicciones, y de fundar y mantener lugares para esos fines;
  2. b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas;
  3. c) La de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción;
  4. d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas;
  5. e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines;
  6. f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de particulares e instituciones;
  7. g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción;
  8. h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción;
  9. i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional y en el internacional.”

Jorge Precht Pizarro ha señalado que esta Declaración “tiene algunos defectos como el no referirse a las iglesias, confesiones y entidades religiosas. El Artículo 4 es claramente programático. En todo caso, la libertad religiosa –primera de las libertades- es un principio general del derecho internacional sin ninguna duda.”[24] Este documento no ha declarado el derecho a cambiar de religión o de creencias.

  1. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [25] al establecer en su Artículo 9: que regla sobre la Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que: “1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2 La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.” En el Artículo 14: donde se refiere a la Prohibición de discriminación, y donde expresa que: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.”
  2. El Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [26] al establecer en el Artículo 2 sobre el Derecho a la instrucción que: “A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.”
  3. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos en su Declaración y Programa de Acción de Viena [27] declaró en el punto A que trata sobre el Aumento de la coordinación en la esfera de los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas” lo siguiente:

“22. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a todos los gobiernos que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y teniendo debidamente en cuenta sus respectivos sistemas jurídicos, adopten las medidas apropiadas para hacer frente a la intolerancia y otras formas análogas de violencia fundadas en la religión o las convicciones, en particular las prácticas de discriminación contra la mujer y la profanación de lugares religiosos, reconociendo que todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de religión. La Conferencia invita asimismo a todos los Estados a que pongan en práctica las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.”

25. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a la Comisión de Derechos Humanos que examine los medios de promover y proteger eficazmente los derechos de las personas pertenecientes a minorías enunciadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En este contexto, la Conferencia pide al Centro de Derechos Humanos que, como parte de su programa de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, proporcione a los gobiernos que lo soliciten servicios de expertos en cuestiones relativas a las minorías y los derechos humanos, así como a la prevención y solución de controversias, para ayudarlos a resolver las situaciones relativas a las minorías que existan o que puedan surgir.”

  1. En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas [28] en el punto 4. “Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad soberana de todos los Estados, (…); el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.”

 

  1. En la Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas del 8 de marzo de 2010 [29] , entre otros conceptos, se: “2. Expresa profunda preocupación por los estereotipos negativos de las religiones y las manifestaciones de intolerancia y discriminación en materia de religión o creencias que existen todavía en el mundo; 3. Deplora profundamente todos los actos de violencia psicológica y física y los ataques contra las personas basados en su religión o sus creencias, así como la incitación a cometerlos, y los actos de ese tipo dirigidos contra sus empresas, bienes, centros culturales y lugares de culto, así como los ataques contra los lugares santos y los símbolos religiosos de todas las religiones; 4. Expresa profunda preocupación por los programas e idearios de organizaciones y grupos extremistas dirigidos a crear y perpetuar estereotipos sobre determinadas religiones, especialmente cuando estos son tolerados por los gobiernos; 5. Observa con gran preocupación la intensificación de la campana general de difamación de las religiones, y la incitación al odio religioso en general, incluida la caracterización negativa de que han sido objeto las minorías musulmanas en razón de su origen étnico y su religión a consecuencia de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001; 6. Reconoce que, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, la difamación de las religiones y la incitación al odio religioso en general se convierten en factores agravantes que contribuyen a la negación de los derechos y las libertades fundamentales de los miembros de los grupos destinatarios, así como a su exclusión económica y social; 7. Expresa profunda preocupación, a este respecto, por el hecho de que con frecuencia y sin razón se asocie al Islam con violaciones de los derechos humanos y el terrorismo; (…)”

Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Resolución 1986/20, nombró a un “Relator Especial sobre la intolerancia religiosa”. En 2000, la Comisión decidió modificar el título del mandato por el de “Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias”, el cual fue posteriormente confirmado mediante la decisión 2000/261 del Consejo Económico y Social y acogido favorablemente por la Asamblea General en su Resolución 55/97. El 18 de junio de 2010, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 14/11 mediante la que, entre otras cosas, prorrogó el mandato del Relator Especial por un período adicional de tres años.

El Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias es un experto independiente al que se le ha pedido que identifique los obstáculos existentes e incipientes que impiden el goce del derecho a la libertad de religión o de creencias, y formule recomendaciones sobre los medios de superar tales obstáculos

En la resolución 6/37 del Consejo de Derechos Humanos se le encomienda a dicho Relator Especial:

– Promover en los planos nacional, regional e internacional la adopción de medidas para asegurar la promoción y protección del derecho a la libertad de religión o de creencias;

– Determinar los obstáculos actuales e incipientes que impiden el disfrute del derecho a la libertad de religión o de creencias y formular recomendaciones sobre los medios de superar tales obstáculos;

– Proseguir sus esfuerzos encaminados a examinar los incidentes y las medidas de carácter gubernamental que sean incompatibles con las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones y recomendar medidas correctivas, según proceda, y

– Continuar aplicando una perspectiva de género, entre otras cosas señalando qué abusos se cometen específicamente contra la mujer, en el proceso de preparación de informes, especialmente en lo que respecta a la reunión de información y las recomendaciones.

En el desempeño de su mandato, el Relator Especial:

  1. a) Transmite llamamientos urgentes y cartas de denuncia a los Estados con relación a aquellos casos que suponen violaciones del derecho a la libertad de religión y de creencias o que representan un impedimento para su ejercicio;
  2. b) Realiza misiones de investigación a los países, y
  3. c) Presenta informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General sobre sus actividades, tendencias identificadas y métodos de trabajo.

El 1 de noviembre de 2016, Ahmed Shaheed asumió como Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, quién fue Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Maldivas. Han sido Relatores Especiales Heiner Bielefeldt (Alemania), desde el 1 de agosto de 2010; la señora Asma Jahangir (Pakistán), desde 2004;  Abdelfattah Amor (Túnez) 1993-2004; Ángelo d’Almeida Ribeiro (Portugal),1986-1993.

La Iglesia Católica y la Libertad Religiosa

El Papa,  que es el obispo de Roma y por ello su Santa Sede está en el Estado del Vaticano, y que es máxima autoridad de la Iglesia Católica -cuya personería jurídica esta reconocida por los usos y costumbre del derecho de gentes o derecho internacional- ha firmado, en el último siglo, distintos concordatos, acuerdos o convenios con distintos Estados, donde se han reconocido derechos a la libertad religiosa y de culto.[30]

La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa. En la declaración “Dignitatis humanae”, [31] “(…)ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana” y, agrega, “para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano se requiere que en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad.” A esto añade que: “Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(…)Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil.”

Afirma luego que: “La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.”

Continúa este documento sosteniendo que: “A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.” Agrega a ello que: “Las comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser impedidas en la enseñanza y en la profesión pública de palabra y por escrito, de su fe (…)”. Y que:“Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.” Declara, además, que: “Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas.”

Recuerda, también, que: “La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes; y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad.”

El Concilio Vaticano II en la declaración “Nostra aetate”[32], sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, expresó que: “La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, “observando en medio de las naciones una conducta ejemplar” (1Pe 2,12) si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres (Cfr. Rom. 12,18), para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos (Cfr. Mt.5, 45).”

  1. S. Francisco en Evangelii gaudium nos exhorta al: “(…) respeto a la libertad religiosa, considerada como un derecho humano fundamental” Que: “Incluye «la libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia». Un sano pluralismo, que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales, no implica una privatización de las religiones, con la pretensión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Se trataría, en definitiva, de una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Eso a la larga fomentaría más el resentimiento que la tolerancia y la paz” (250).

Contenido para un  Tratado Internacional sobre libertad religiosa y de Culto

El Tratado que proponemos para garantizar mejor los derechos humanos a la libertad religiosa y de culto, y que asegure también la libertad de conciencia, de creencias y de pensamiento, debería declarar, hacer respetar y garantizar los siguientes derechos:
A las personas:
1. A profesar sus creencias religiosas y a no ser penado o expulsado del país, cuando se es extranjero, por ello;
2. A cambiar o abandonar dichas creencias;
3. A manifestarlas;
4. A no estar obligado a expresarlas;
5. A recibir y trasmitir información religiosa;
6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;
7. A rezar y practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;
8. A no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;
9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas, peregrinaciones o actos religiosos en lugares públicos,
10. A asociarse con fines religiosos;
11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, establecimientos policiales y militares o en el campo de batalla o en conflictos bélicos;
12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;
13. A educarse y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimientos de educación pública de los estados, o a negarse a recibir educación religiosa o moral;
14. A conmemorar y no tener obligación de trabajar los feriados o festividades religiosas, y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;
15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión o interreligiosos, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.
16. A que se respete el secreto de confesión.

  1. A usar hábitos, velos o hiyab, insignias o símbolos religiosos en lugares públicos.
  2. A invocar a Dios o a su palabra expresada en documentos o libros sagrados, o cuando se presta juramento o promesa de decir verdad o de cumplir con los deberes en el ejercicio de un cargo o magistratura.

19  A admitir las objeciones de conciencias, fundadas en razones religiosas (verbigracia: para eximirse de la obligación de usar armas en el servicio militar, de practicar abortos, etcétera).

  1. A que se respete a quién no profesa creencia, religión ni culto alguno y que es indiferente, agnóstico o ateo.

A las Iglesias y Confesiones religiosas:

1. A que se les reconozca su personería jurídica, y su organización en base a las normas que por las que ellas se dicten, y con las autoridades que designen de acuerdo a dichas disposiciones.
2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.
3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;
4. A tener cementerios;
5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial.
6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o con representantes de otras comunidades religiosas.
7. A admitir o excluir fieles.
8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, o enviar o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual y económicamente.
9. A reunirse, asociarse, federarse o confederarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas.
10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.
11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.
12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a las iglesias o a la confesión religiosa que indiquen.
13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

  1. A que se respeten en los lugares públicos las expresiones culturales religiosas.
  2. A que se respete el principio de la igualdad en el trato de las distintas iglesias y confesiones religiosas, sin perjuicio de las diferencias en sus historias, trayectorias, número de fieles e influencias que ellas hayan tenido en la cultura de cada pueblo.
  3. A no ser discriminados por pertenecer a una religión, y a que no se les prohíba a los ministros o fieles de una iglesia o confesión religiosa a ser designados o a ejercer algún cargos públicos o políticos.
  4. A que las autoridades políticas, administrativas o judiciales de los estados no puedan decidir sobre la interpretación de doctrinas religiosas o sobre las normas internas de cada iglesia o confesión religiosa.

A que se cree un Comité, Consejo o Comisión, integrado por personalidades de distintos estados, credos y religiones, que tenga por atribuciones.

  1. Estimular la conciencia de los derechos humanos que se declaran en este tratado.
  2. Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos declarados dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el respeto a los derechos declarados en el tratado.
  3. Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones.
  4. Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros, o a las distintas iglesias o confesiones religiosas que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de los derechos a que se refiere el tratado.
  5. Atender las consultas que, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos a los referidos derechos y prestará el asesoramiento que éstos le soliciten.
  6. Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en esta Convención, y
  7. Rendir un informe anual.

LA INICIATIVA SOBRE EL TRATADO

En marzo de 2017 la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra; el Secretario de Culto de la Nación, Santiago de Estrada; y el Subsecretario Alfredo Abriani, recibieron en la cancillería a las autoridades del Consejo Argentino de Libertad Religiosa (CALIR), quienes le presentaron y explicaron un proyecto de Convención Americana sobre Libertad Religiosa elaborado por esta institución.

La señora canciller prometió conversar con el Presidente de la Nación la posibilidad que sea tomado por el gobierno nacional para impulsarlo en los países del continente americano.

El secretario de Estado de los Estados Unidos de América Mike Pompeo se reunirá el 25 y 26 de julio de 2018 en Washington con sus homólogos de varios países para defender la libertad religiosa en el mundo. Esta primera reunión ministerial del género la convocó cuando presentó el informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de la religión en 2017, que, como siempre, pinta un panorama sombrío. Entre los invitados se contarán representantes de organizaciones internacionales religiosas y de la sociedad civil.

Conclusión

No es fácil ni simple conseguir lo que proponemos, los derechos reconocidos en las declaraciones y tratados internacionales vigentes, antes citados, ha sido un paso fundamental, pero estoy convencido que la necesidad de que en la comunidad internacional se establezca una tutela más sólida que garantice los derechos a la libertad religiosa y de culto, y que con ello se logre una paz duradera; es indiscutida y entendemos que el intentarlo no admite más postergación. Conseguir la aprobación de la Declaración Universal de los Derecho Humanos en 1948 no fue más fácil de lo que ahora queremos concretar.

El tratado podría ser universal o regional, o circunscribirse a ser un protocolo de otro tratado, aunque indudablemente lo más conveniente sería que sea aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas y ratificado luego por los Estados. La Declaración de 1981, y la creación del Relator Especial para el monitoreo de los derechos a la libertad religiosa y de creencia (todavía no reconocidos en una tratado específico), podriamos tomarlo como un primer paso para la concreción de un tratado que declare los derechos personales a tener creencias religiosas, a manifestarlas y rendir culto, a reunirse y asociarse en iglesias o confesiones o asociaciones religiosas, a las que se les reconozca autonomía, y a no ser discriminado por razones religiosas. A ello hay que agregarle la necesidad de crear un comité o consejo de composición religiosa y políticamente plural que pueda hacer un Soft Law en esta materia.

El que haya finalizado la guerra fría significó remover un serio obstáculo para este propósito, aunque los mismos persisten por la existencia de gobiernos autoritarios en algunos estados que no reconocen el pluralismo religioso; por que hay en distintas partes del mundo conflictos religiosos o étnicos-religiosos o políticos-religiosos, y por las posturas fundamentalistas de algunos sectores religiosos o de gobiernos de estados confesionales, que se resisten a la secularización.

A favor del tratado, se puede argumentar, que, en el último siglo, muchos Estados se han desconfensionalizado y secularizado, muchos de ellos se han declarado laicos, con lo que la autoridad política se han separado de la autoridad eclesiásticas, o de las iglesias o comunidades religiosas que predominaban en las sociedades civiles a las que sirven; lo que no ha significado, en la mayoría de los casos, ruptura, ni desconocimiento de la religiosidad de los ciudadanos, ni de las comunidades religiosas de las que son fieles. Por el contrario, los principios de autonomía y de cooperación han sido los que han prevalecidos en las relaciones de las iglesias o confesiones religiosa con dichos Estados.

Este esfuerzo que reclamamos a la comunidad internacional podría acercarnos al anhelado momento que anunció Martin Luther King al proclamar:

“Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: “¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipotente, ¡somos libres al fin!”. [33]

                                    Buenos Aires, junio de 2018.

[1] “Reelecciones y conferencias”, páginas 23 y 234, puntos 78 y 1129, en “El pensamiento político hispanoamericano”, Depalma, 1967.

[2] “Sobre la paz perpetua”, página 25 y siguiente, Editorial Tecnos SA, 4ta. Edición, 1994.

[3] El Hombre y el Estado”, páginas 222 al 227, Editorial Guillermo Kraft. Ltda., 1952.

[4] Arnold J. Toynbee y Daisaku Ikeda “Escoge la vida”, página 186 y 187, Emece, 1980.

* Es  vocal del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de las Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba y es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política de Buenos Aires, fue diputado de la Nación Argentina. Está asociado a International Consortium for Law and Religion Studies.

[5] Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belice, Bolivia, Brunei, Canadá, Colombia, Comoras, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Islas Marshall, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesoth, Líbano, Liberia, Lieshtnetein, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Namibia, Nauru, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Panamá, Papua, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santa Lucia, San Vicente, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia (Ley de Sucesión), Suiza, Suriname, Swazilandia, Timor, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zimbabwe (“God, religion and laïcité in the constitutions”, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 9 de septiembre de 2011).

[6] Camboya, Sri Lanka y Tailandia.

[7] Costa Rica, Liechtenstein, Malta y Mónaco.

[8] Dinamarca, Islandia y Noruega.

[9] Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Egipto, Irán, Iraq, Libia, Jordania, Kuwait, Malasia, Maldivas, Marruecos, Mauritania,. Omán, Pakistán, Qatar, Somalia, Túnez y Yemen.

[10] Albania, Australia, Eslovaquia, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Kenya, Kirguistán, Liberia, Lituania, México, Micronesia, Nicaragua, Nigeria, Palau, Corea del Sur, Seychelles, Tayikistán, Ucrania y Uruguay.

[11] Alemania, Brasil, España, Estonia, Japón, Paraguay y Rumania.

[12] God, religion and laïcité in the constitutions, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 9 de septiembre de 2011.

 

[13] Gentile, Jorge Horacio “Balance a los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, página 12, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2010.

[14] Aprobada por Resolución XXX de la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, entre el 30 de marzo al 10 de mayo de 1948.

[15] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948.

[16]  Aprobada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Humanos en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, y entró en vigor el 18 de julio de 1978.

[17] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.

[18] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.

[19] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 260 A (III), del 9 de diciembre de 1948 y entró en vigencia el 12 de enero de 1951.

[20] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2106 A (XX), el 21 de diciembre de 1965.

[21] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989.

[22] Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya y que entró en vigor: 21 de octubre de 1986.

[23] Resolución 36/55 del 25 de noviembre de 1981.

[24] “Constitutional reception of internacional law provisions on religious freedom”, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 10 de septiembre de 2011.

[25]  Aprobada en Roma, el 4 de noviembre de.1950 y revisado de conformidad con los Protocolos números 11 y 14 y completado por el Protocolo adicional y los Protocolos nos 4, 6, 7, 12 y 13.

[26]  Aprobado en Paris, el 20 de marzo de.1952.

[27] Conferencia Mundial de Derechos Humanos, A/CONF.157/23, 12 de junio de 1993.

[28] Asamblea General de la ONU, A/Resolución 55/2,  del 13 de septiembre de 2000.

 

[29] A/RES/64/156, 64º Período de sesiones, Tema 69 b) del programa.
[30] Algunos de los celebrados en los últimos tiempos son: Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativa al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil (13 de noviembre de 2008). Acuerdo entre la Santa Sede y  República de Paraguay sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional (24 de diciembre de 2002). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre la asistencia religiosa a los fieles católicos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de la República de Croacia (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre la colaboración en materia de educación y cultura (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre cuestiones jurídicas (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Libre de Sajonia (2 de julio de 1996). Convención entre la Santa Sede y la República Austriaca (21 de diciembre de 1995). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Venezuela para la creación de un Ordinariato Militar (31 de octubre de 1994).Acuerdo entre la Santa Sede y la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, el Land Meclemburgo-Pomerania Anterior y el Land Schleswig-Holstein (22 de septiembre de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Libre de Turingia sobre al erección de la Diócesis de Erfurt (14 de junio de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Brandeburgo así como con el Estado Libre de Sajonia (4 de mayo de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Sajonia-Anhalt así como con el Land Brandeburgo y el Estado Libre de Sajonia (13 de abril de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y la Republica de Hungría sobre la asistencia religiosa a las fuerzas armadas y policía de frontera (10 de enero de 1994). Acuerdo Fundamental entre la Santa Sede y el Estado de Israel (30 de diciembre de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Niedersachsen con el que se modifica el Concordato del 26 de febrero de 1965 (29 de octubre de 1993). Concordato entre la Santa Sede y la República de Polonia (28 de julio de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre los bienes temporales de la Iglesia (18 de febrero de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre los institutos de enseñanza de la Iglesia (18 de febrero de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre el reconocimiento de los efectos civiles a los matrimonios canónicos y a las decisiones de las autoridades y de los Tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios (3 de febrero de 1993). Convención entre la Santa Sede y la República de Costa de Marfil relativa a la «Fondation Internationale Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro » (20 de mayo de 1992). Concordato entre la Santa Sede y la República de San Marino (2 de abril de 1992). Convención monetaria entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la República Italiana (3 de diciembre de 1991). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Austriaca (26 de enero de 1990). Acuerdo entre la República de Malta y la Santa Sede con el fin de ordenar mejor la enseñanza y la educación religiosa católica en las escuelas estatales (16 noviembre 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Brasil sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas (23 de octubre de 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Niedersachsen (8 de mayo de 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno de la República de Malta sobre la incorporación de la Facultad de Teología en la Universidad de Malta (26 de septiembre de 1988). Acuerdo entra la Santa Sede y el Estado libre de Baviera (8 de junio de 1988). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Bolivia sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de la Policía Nacional (1 de diciembre de 1986). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Italiana que modifica el Concordato Lateranense (3 de junio de 1985). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Sarre (12 de febrero de 1985). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Renania del Norte-Westfalia (21 de diciembre de 1984).Convención entre la Santa Sede y la República de Haití (8 de agosto de 1984). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Austria (21 de enero de 1982). Convenio entre la Santa Sede y el Principado de Mónaco (25 de julio de 1981). Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú (26 de julio de 1980). Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español (3 de enero de 1979). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca del Departamento de Teología católica de la Universidad de Augusta (17 de septiembre de 1970). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Sarre sobre la formación de los maestros (12 de noviembre de 1969). Acuerdo adicional entre la Santa Sede y la República de Austria, al Convenio para regular las relaciones patrimoniales firmado por los dos Estados el 23 de junio de 1960 (29 de septiembre de 1969). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land de Renania-Palatinato, con el que se introducen añadidos y modificaciones a las disposiciones concordatarias vigentes en Renania-Palatinato (29 de abril de 1969). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Baviera, con el que se introducen modificaciones y  añadidos a los artículos 5 y 6 del Concordato del 29 de marzo de 1924 (7 de octubre de 1968). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para erigir la diócesis de Feldkirch (7 de octubre de 1968). Acuerdo entre la Santa Sede y Saarland acerca de la creación de una Cátedra de Teología católica en la Universidad de Saarland (9 de abril de 1968). Convenio entre la Santa Sede y la República de El Salvador acerca del Vicariato Castrense (11 de marzo de 1968). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina (10 de octubre de 1966). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca de la supresión de la Alta Escuela filosófico-teológica de Frisinga (2 de septiembre de 1966). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca de la Facultad de Teología católica de la Universidad de Ratisbona (2 de septiembre de 1966). Concordato entre la Santa Sede y el Land de Niedersachsen (26 de febrero de 1965). Convenio entre la Santa Sede y la República del Paraguay (26 de noviembre de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para la reglamentación de las relaciones patrimoniales (23 de junio de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para la erección en diócesis de la administración apostólica del Burgenland (23 de junio de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Bolivia sobre las Misiones (4 de diciembre de 1957). Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana (16 de junio de 1954). Concordato entre la Santa Sede y España (27 de agosto de 1953). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas (5 de agosto de 1950). Convenio entre la Santa Sede y la República de Portugal sobre las Misiones (7 de mayo de 1940). Concordato entre la Santa Sede y la República de Portugal (7 de mayo de 1940). Concordato entre la Santa Sede y el Tercer Reich (20 de julio de 1933). Concordato entre la Santa Sede y la República de Baden (12 de octubre de 1932). Pactos Lateranenses entre la Santa Sede e Italia (11 de febrero de 1929). Ver otros en: “Acuerdos y Concordatos entre la Santa Sede y Los Países Americanos” Juan G. Navarro Floria (Coordinador) Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, Buenos Aires, 2011.

[31] Concilio Vaticano II, del 7 de diciembre de 1965.

[32]  Concilio Vaticano II, del 28 de octubre de 1965.

[33] “Yo tengo un sueño” en el Lincoln Memorial en Washington D.C. del 28 de agosto de 1963. 

El Tribunal Superior le dijo Amén a la Reducción de las Jubilaciones

edificio imagen

Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

El fallo del 7/05/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, dictado en autos “Pepino y otros c. Provincia de Córdoba”, rechazó una demanda iniciada por 15 jubilados bancarios que pedía se declarara inconstitucional la ley 10.333, que el 23 de diciembre de 2015, entre gallos y medianoche, se sancionó reduciendo todas las jubilaciones, pensiones y retiros provinciales, del 82 al 72,95%.

Para avalar la reducción salarial de quienes ya estaban jubilados, prohibida por el artículo 57 de la Constitución provincial, el Tribunal argumentó que para determinar el 82% del haber jubilatorio no debe calculárselo sobre el sueldo bruto que cobran los activos, como lo hizo la Caja desde que fue creada hasta ley 10.333, sino que debe hacérselo sobre el sueldo “líquido”. Esto lo pretenden justificar al afirmar que los aportes de los empleados en actividad no componen su remuneración. Pero aclaran, que sólo consideran aporte jubilatorio el 11%, que es el que fija ANSeS; y no el 18 % que se efectúa en Córdoba; ni los demás descuentos como: el de la obra social, cuota sindical, impuestos a las ganancias, etc. que efectivamente son aportes que se retienen del haber del personal activo. El arbitrario descuento del 11% se hizo para que sea menos drástica la confiscatoria reducción de los haberes jubilatorios.

El Tribunal Superior omitió, además, citar el artículo 10 de la ley 24.018, que rige también para jubilación de los jueces de la provincia por el Convenio de Armonización, cuando dispone: “El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%), de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al interesado por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio”; lo que es contradictorio con lo afirmado en el fallo, de que el aporte no es parte de la remuneración.

Esta decisión se funda en una sentencia anterior de ese Tribunal (“Bossio” del año 2009), pero omite citar el criterio que en sentido contrario fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Iglesia” y “Hernández”, por los que los actores seguramente lo recurrirán ante este alto tribunal.

El Tribunal Superior se equivoca cuando dice que el aporte jubilatorio de los activos no es parte de su remuneración, ya que ello no se entiende así en las normas reglamentarias, cuando se refiere a ello usando expresiones como: “descuento”, “retenciones” o “aportes”, que solo pueden entenderse si ellos componen el haber de los activos.

ANSeS y las demás cajas provinciales, desde siempre, liquidan los haberes previsionales sobre el salario bruto de los activos, y lo mismo dispone la ley de contrato de trabajo para las indemnizaciones.

Otro grave error del Tribunal Superior es afirmar que calcular sobre el haber bruto el porcentaje que corresponde a la jubilación hace que los mismos resulten superiores a la remuneración de los activos, lo que no está prohibido por ninguna norma, y es casi imposible que se dé en la práctica, ya que al calcular no se tiene en cuenta el último haber, sino el promedio de los últimos 4 años; y porque los posteriores ajustes de actualización se hacen tomando el promedio de los sueldos de distintas categoría que cobran los activos, lo que hace casi imposible que los sueldos de los pasivos superen a los de los activos.

El juicio “Acosta c. Provincia”, donde también se pidió la inconstitucionalidad de la ley 10.333; iniciado por Miguel Acosta, los Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, el de Empleados Judiciales, el de Músicos, el SUOEM y el Centro de Jubilados y Pensionados del Banco de Córdoba -que patrocinamos-; está desde hace un año y medio paralizado, y si fuera fallado de igual modo será apelado a la Corte Suprema.

Esta reducción de los haberes que afecta a 100 mil pasivos de la Caja Provincial, afectó también a sus 300 mil parientes, es para muchos la causa de la catastrófica derrota electoral que sufrió el gobierno provincial en las elecciones del año pasado.

El Amén (así sea) que el Tribunal Superior le dio a este recorte también compromete la independencia de la Justicia.

Córdoba, mayo de 2018.

Comunas y alcaldes para los barrios de Córdoba

cpc

CPC Avenida Colón

Ha vuelto un debate que se clausuró en la Convención Constituyente de Córdoba cuando se votó en 1995 la Carta Orgánica Municipal y se rechazó el proyecto que presentamos como convencionales, junto al Dr. Ignacio Vélez Funes, por el que pretendíamos descentralizar la ciudad más grande del país, dividiéndola en una zona central, y en comunas presididas por Alcaldes, que duraría cuatro años en su mandato, y en su gestión serían acompañados por consejos de vecinos o regidores, ad honorem; todos elegidos por votación popular. Para el Área Central y su Centro histórico, cultural y comercial proyectábamos un Consejo Asesor presidido por un Secretario Coordinador.

De esta manera aspirábamos a seguir el ejemplo de las grandes urbes latinoamericanas, como Santiago de Chile, Lima, Bogotá, La Habana y Caracas; de Estados Unidos; de Europa y hasta Beijing y Shanghái, de China, donde sus autoridades distritales las eligen sus vecinos, al igual que los intendentes o alcaldes y legisladores.

La idea la trajo a Córdoba Juan Carlos de la Peña, cuando fue candidato a intendente en 1983 por la Democracia Cristiana. Más tarde, los intendentes Ramón Bautista Mestre y Rubén Martí, viendo lo inmanejable que era un municipio tan extenso, intentaron tímidamente desconcentrar la administración municipal creando los Centros de Participación Comunal (CPC), en los que se instalaron oficinas administrativas; dirigidas por directores y vicedirectores –punteros políticos de su entera confianza-; donde se cobran tributos y multas, se tramitan carnet de conductor y tarjetas de los colectivos, se habilitan negocios, son sede de tribunales de falta y reciben algunos reclamos; pero donde los vecinos no estamos representados, ni nuestros problemas urgentes, ni los de nuestros barrios, son atendidos ni resueltos.

La ciudad autónoma de Buenos Aires, hizo luego lo que la mayoría de la convención cordobesa se negó a aprobar, y descentralizó la Capital en 15 comunas, dirigidas por Juntas Vecinales de 7 miembros, elegidas cada 4 años por los vecinos, mediante listas proporcionales (Art. 127 de su Constitución de 1996, reglamentado por ley 1777 de 2005 y sus límites se fijaron en 2008 por ley 2650). Las primeras elecciones se realizaron el 10 de junio del 2011. Esta descentralización ocurrió a pesar que el territorio de la Capital Federal sólo tiene 200 kms.2 (Córdoba tiene 547 kms.2), y apenas“100 barrios porteños” (Córdoba tiene 430, contando los cerrados y los de la zona rural), aunque allí viven 3 millones de personas (el doble de nuestra ciudad).

Para descentralizar Córdoba hay que modificar su Carta Orgánica; lo que se puede hacer convocando a una convención constituyente, o a través de una enmienda aprobada por dos tercios de votos en el Concejo Deliberante, y que sea ratificada luego por un referéndum.

De aprobarse, las comunas podrían tener por sede las actuales oficinas de los 12 CPC, habría que reglamentar sus competencias, asignarles presupuesto, fijarles sus límites territoriales y el de la zona central, y elaborar los padrones electorales de cada una de ellas, para así poder convocar a elecciones.

Nuestro proyecto también propuso que hubiera un defensor de los vecinos, por ser más necesario que el defensor del pueblo provincial, por la infinidad de problemas que nos acucian, pero tampoco conseguimos que sea aprobado.

Lo que sí se sancionó fue el voto de preferencia, para que los electores podamos indicar en las boletas a los candidatos a concejales que deseamos que encabecen la lista, cuando se distribuyan los cargos, según la proporción de votos obtenido. Pero al reglamentarlo se dispuso que para que un candidato pudiera desplazar a otro u otros en la boleta necesitaba tener el 3% de preferencias, lo que hizo que en las campañas electorales ningún candidato tratara de mostrarse mejor que sus compañeros de lista, ni ningún sufragante en los comicios indicara sus preferencias. Ahora que se quiere hacer la “equiparación de géneros”, sería bueno que los vecinos pudiéramos elegir a las mejores mujeres y varones, suprimiendo ese absurdo mínimo del 3%.

Espero que el debate planteado por Miguel Siciliano y el actual intendente nos permita reformar el ineficiente gobierno que la ciudad tiene.

Córdoba, abril de 2018.