La Constitución en su Día

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El primero de mayo se conmemora en Argentina el día del trabajo, pero también, y a partir de la ley 25.863 promulgada el 8 de enero de 2004, el Día de la Constitución.

El Día del Trabajo

En noviembre de 1984 se celebró el IV Congreso de la Federación Americana del Trabajo en Chicago, EEUU en el que se pidió reducir la jornada laboral a 8 horas diarias y si no se cumplía con ello para el 1° de mayo de 1886, se declararían en huelga. Como no se consiguió lo solicitado se hizo una huelga y desfile el 1° de mayo de 1886 en Estados Unidos, en el que se reunieron a más de 350.000 obreros en las ciudades de New York, Chicago y Cincinnati, que eran el centro obrero de los EEUU, y hubo represión y fallecieron cuatro obreros. Como consecuencia de ello el presidente Andrew Johnson promulgó la ley de Ingersoll, que establecía la jornada laboral de ocho horas.

Desde entonces, el 1° de mayo es el Día del Trabajo en muchos países. En EEUU y Canadá se lo celebra el primer lunes de septiembre de cada año, en Austria el 1° de octubre. En Argentina el 1° de Mayo de 1890 se conmemoró por primera vez y el 28 de abril de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen instituyó el 1° de mayo como “fiesta del Trabajo en todo el territorio de la Nación”.

El Día de la Constitución

Cuando el 1° de mayo de 1853 el convencional por Córdoba, Juan del Campillo, terminó de escribir de puño y letra en el “Gran Libro” la “Constitución de la Confederación Argentina”, fecha en que fue firmada y jurada por los convencionales, no se imaginó que en el siglo XXI, dicha Carta –con algunas reformas- seguiría vigente, siendo las 2ª más antigua de América, después de la de EE UU (1787). Actualmente cuenta con 11.954 palabras, si contamos las 100 del preámbulo, las dos partes que la componen -que contienen los 129 artículos, más el 14 bis- y las 17 cláusulas transitorias

Fue el, 30 de abril, en el Cabildo de Santa Fe, y escrita en un libro de contabilidad porque había que firmarlo el día primero de mayo, en que se conmemoraba el segundo aniversario del Pronunciamiento del Gobernador Justo José de Urquiza en contra de Juan Manuel de Rosas (1851). Los veintitrés convencionales constituyentes presentes, encabezados por el Presidente Facundo Zuviría, firmaron al pie del mismo, por el orden alfabético de sus respectivas provincias -como lo propuso el convencional José Benjamín Gorostiaga- y antes que lo hiciera el secretario de la Magna Asamblea, que era hijo del Presidente de la misma sin ser constituyente, José María Zuviría.

El orden de las firmas fue el siguiente: Facundo Zuviría, Presidente y diputado por Salta; Pedro Centeno, diputado por Catamarca; Pedro Ferré, diputado por Catamarca; Juan del Campillo, diputado por Córdoba; Santiago Derqui, diputado por Córdoba; Pedro Díaz Colodrero, diputado por Corrientes, Luciano Torrent, diputado por Corrientes; Juan María Gutiérrez, diputado por Entre Ríos; José Quintana ,diputado por Jujui; Agn. Delgado, diputado por Mendoza; Manuel Padilla; diputado por Jujuy; Martín Zapata, diputado por Mendoza, Regis Martínez, diputado por la Rioja; Salvador María del Carril, diputado por San Juan; Ruperto Godoi, diputado por San Juan; Delfín Huergo, diputado por San Luis; Juan Llerena, diputado por San Luis; Juan F. Seguí, diputado por Santa Fe; Manuel Leiva, diputado por Santa Fe; Benjamín J. Lavaysse, diputado por Santiago del Estero; José Benjamín Gorostiaga, diputado por la provincia de Santiago del Estero; Fray J. Man. Pérez, diputado por Tucumán y Salustiano Zavalía, diputado por Tucumán. En el costado del acta se indicaba que estuvieron “Ausentes” don Ruperto Pérez y “En comisión” Santiago Derqui, que sin embargo firmó al pie de la Constitución. Del Campillo estuvo “ausente con aviso” en la sesión del treinta de abril –como señala el acta de la misma- probablemente porque ese día ya había comenzado a escribir el Texto definitivo.

Después de las firmas Facundo Zuviría dijo: “Acabáis de ejercer el acto más grave, más solemne, más sublime, que es dado a un hombre en su vida mortal: “fallar sobre los destinos prósperos y adversos de su Patria; sellar su eterna ruina o su feliz porvenir. El cielo bendiga el de esta nuestra infortunada Patria. Acabáis también de sellar con vuestra firma, vuestra ignominia en su eterna maldición. Dios nos salve de ellas, siquiera por la pureza de nuestras intenciones.

“Los pueblos impusieron sobre nuestros débiles hombros todo el peso de una horrible situación y de un porvenir incierto y tenebroso. En su conflicto, oprimidos con desgracias sin cuento nos han mandado a darles una Carta Fundamental que cicatrice sus llagas y les ofrezca una época de paz y de orden; que los indemnice de tantos infortunios, de tantos desastres. Se la hemos dado cual nos ha dictado nuestra conciencia. Si envuelve errores, resultado de la escasez de nuestras luces, cúlpense ellos de su errada elección. Con las Carta Constitucional que acabamos de firmar, hemos llenado nuestra misión y correspondiendo a su confianza, como nos ha sido posible. Promulgarla y ordenar su cumplimiento ya no es obra nuestra. Corresponde al Director Supremo de la Nación, en sello de su gloria, en cumplimiento de los deberes que ella le ha impuesto y que él ha aceptado solemnemente. A los pueblos corresponde observarla y acatarla so pena de traicionar su misma obra; de desmentir la confianza depositada en sus representantes y contrariarse a sí mismo presentándose en ludibrio de las Naciones que los rodean.

(…)Quiero ser el primero en dar a los pueblos el ejemplo de acatamiento a su soberana voluntad expresada por el órgano de sus representantes en su mayoría, porque, señor, en mayoría está la verdad legal. Lo demás es anarquía y huya ésta para siempre del suelo

argentino; y para que huya de él, preciso es que antes huya de este sagrado recinto; que huya del corazón de todos los representantes de la Nación; que no quede en él un solo sentimiento que las despierte o autorice en los pueblos.

“Para esto tenemos otra misión que llenar: difundir nuestro mismo espíritu en el seno de las provincias que nos han mandado. Ilustrarlas en el espíritu, en los motivos y objetos de la ley, que a su nombre hemos dictado. Unir la convicción a la obediencia; ved ahí nuestra misión.

El 1º de mayo de 1851; el vencedor de Caseros firmó el exterminio del terror y del despotismo. El 1º de mayo de 1853 firmamos el término de la anarquía; el principio del orden y de la ley. Quiera el cielo seamos tan felices en nuestra obra como él fue en la suya”.

Córdoba, diciembre de 2019.

India, la democracia más grande del mundo

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Pude, por fin, visitar durante 20 días la India, con más suerte que Cristóbal Colón –que también se lo propuso pero sólo llegó a América (1492) -. En ese país viven más de 1.339 millones de habitantes – 48 Millones de varones más que mujeres, por el aborto selectivo-, pronto superarán a China (1395 millones), que hablan 22 idiomas oficiales y 2000 dialectos; en una superficie de 3.287.263 km², por ser el séptimo país más extensos del planeta –Argentina es el octavo-. Es, también, el cuarto país en llegar a la luna (2019).

India o Bharat (su nombre oficial) es una República Federal, con 29 estados y 6 territorios, que fue colonia del Reino Unido desde el siglo XIX, y que se independizó en 1947, tras una lucha no violenta, liderada por Mahatma Gandhi. Su Constitución de 1950, es la más extensa del mundo (448 artículos). El presidente indio es el jefe de Estado y es elegido indirectamente cada 5 años por un colegio electoral, integrado por miembros del Parlamento y de las asambleas legislativas de los Estados. Al vicepresidente lo eligen ambas Cámaras, y preside la Cámara alta. El primer ministro, nombrado por el presidente, es el jefe de gabinete. Cuenta con un parlamento bicameral, con una cámara alta (Rajya Sabha), de 245 miembros, con mandato por 6 años y elegidos por las legislaturas de los estados; más 12 designados por el presidente; y una cámara baja (Lok Sabha), donde 543 de sus 545 miembros son elegidos por voto popular cada 5 años, y 2 son nombrados por el presidente y representan a la comunidad anglo-india. En los comicios se usa el voto electrónico y están habilitados para votar 900 millones. Los dos principales partidos son el BPJ (Partido Popular Indio), del primer ministro Narendra Modi -que gobierna desde 2014-, y el antiguo Partido del Congreso. El poder judicial tiene una Suprema Corte con 25 miembros, 21 tribunales superiores, y muchos tribunales de primera instancia. Los abogados visten toga y en Bombay visitamos los tribunales un día sábado, ya que ese día se trabaja dos veces al mes.

Las religiones de sus habitantes son el hinduismo 79.8%, el Islam 14.2%, el cristianismo 2.3% (los católicos son el 1,8 %), el sijismo 1.7%, el budismo 0.7%, y el jainismo 0.4%.

Socialmente hay 4 castas la de los: religiosos o profesores (Brahmins), los guerreros o militares (Kshatriyas), los artesanos o mercaderes (Vaishyas) y los trabajadores o sirvientes (Shudras). Los demás son los “intocables” (Dalit).

Los hindúes tienen 4 madres sagradas: la propia, la vaca (que circulan por calles y rutas, y cuya carne no se come), el río Ganges y la tierra. Ahora se podría agregar la Madre Teresa de Calcuta.

Es por demás desordenada la circulación en calles, caminos y autopistas de la gran cantidad de personas, vacas, motos y bicicletas (casi siempre sin cascos), autos, ómnibus, Tuk Tuk (moto de alquiler con 3 ruedas y 3 asientos), triciclos-bicicletas (de alquiler) y carros, tirado por caballos o camellos. Las bocinas suenan constantemente y los semáforos e inspectores de tránsito brillan por su ausencia.

Visitamos en Bombay al jesuita John Rose, director del Instituto Xaveriano de Ingeniería; a dos sinagogas, una que sufrió un atentado en 2008 perpetuado por 10 terroristas paquistaníes que produjeron 270 muertes, y la Torre del. Silencio, que es un cementerio donde los difuntos no se entierran ni creman, sino que son devorados por buitres.

Estuvimos, en las ciudades de Jodhpur; de Jaisalmer, donde paseé montado en un dromedario; en Udaipur, en su Palacio Real y navegando en el lago Pichola; en Jaipur, visitamos con budistas de Bhutan el templo de Birla Mandir y la Fortaleza; en Agra, admiramos el Taj Mahal, una de las 7 Maravillas del mundo, y al Fuerte Rojo; en Khajuraho vimos 22 templos construidos hace mil años; y en Varanasi, a la orilla del rio Ganges, donde se bañan los fieles y se creman los cadáveres.

En la capital, Nueva Delhi, vimos un minarete de 72 metros y medio de altura, construido en 1.192; el templo de los Sikhs; y conversamos un miembro de la Cámara Alta del Parlamento.

Un viaje por demás agradable que nos mostró que la democracia no es imposible.

Córdoba, de diciembre de 2019.

La jubilación no es ganancia

Impuesto a las gananciasJorge Horacio Gentile

Eric Cross

Los recientes fallos de la Corte Suprema parecen querer afirmar lo expresado en el título, aunque las leyes impositivas digan lo contrario.

La regulación actual del impuesto a las ganancias (en lo que respecta a los beneficios previsionales) es inconstitucional, como parece indicar esta jurisprudencia. Solo habría que remitirse al famoso caso “García, María Isabel c. AFIP”, del 26 de marzo del corriente, por el que la Corte Suprema dijo, en resumidas cuentas, que el impuesto a las ganancias que se carga sobre los beneficios previsionales, tal como está normado, es inconstitucional, toda vez que confiere un tratamiento no diferenciado a un colectivo no homogéneo como es el de los jubilados, pensionados y retirados. Por lo que hasta que el legislador no lo regule correctamente, los jubilados que acudan al Poder Judicial deben ser eximidos del tributo. Vale resaltar que tal criterio se ratificó en más de un centenar de causas.

El pasado 1º de octubre, en el caso “Igina” –-donde se resuelven 30 causas-, el máximo Tribunal no hizo más que complementar los fundamentos por los que la normativa atenta contra la Constitución Nacional. Ratificando el fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, entre los cuales está el muy conocido caso “Calderale”, cuyos argumentos adicionales consisten, en síntesis, en lo contradictorio que resultaría reconocer que los beneficios previsionales están protegidos por la garantía de integridad y proporcionalidad, y a la vez tipificarlos como una renta, enriquecimiento, rendimiento o ganancia gravada por el propio Estado, que es el máximo responsable de velar por la vigencia y efectividad de estos principios constitucionales.

No existe a la vista, en un futuro cercano, posibilidad alguna por parte del Congreso en reformar la Ley, atendiendo la exhortación de la Corte. Su escaso funcionamiento en los últimos tiempos sorprendentemente está batiendo records. En consecuencia, a los jubilados se les seguirá reteniendo el impuesto a las ganancias. La única vía posible para evitarlo es la judicial. Tal como ocurre con los centenares de miles de juicios iniciados contra ANSeS por reajuste de haberes (en su gran mayoría con resultado favorable para el jubilado), y que los Gobiernos de turno optan por dilatar el camino judicial en vez de ajustar la normativa a lo que indica la Constitución y la Corte, como ocurrió con el conocido caso “Badaro”.

Si se parte de la base que el sistema republicano de gobierno lleva ínsito la confianza en el Poder Judicial por parte del Pueblo y que “Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial” (según lo manifestara el presidente de la Corte en el discurso de apertura del año judicial 2019), los Tribunales inferiores tienen el deber de seguir los precedentes de la Corte, lo que no siempre hacen. Si se concuerda lo dicho por Alberdi en sus “Bases…” en el sentido que “el respeto al Presidente no es más que el respeto a la Constitución”, y que lo mismo aplica a la Corte y sus pronunciamientos en tanto Suprema y último intérprete de la Constitución y de las leyes.

No puede ignorarse que la pérdida de calidad de vida es irrecuperable, a diferencia del dinero. Ello en función de que para la AFIP, la retención del tributo en cuestión no es más que eso, dinero. Para el jubilado es calidad de vida.

Córdoba, octubre de 2019.

Proceso legislativo y el uso de nueva tecnología

Legislacion y tecnologia

En el siglo XXI se están produciendo profundos y dinámicos cambios políticos en el mundo, con motivo de las nuevas tecnologías y las formas de comunicación, que impactan en la economía, en la ecología y que estimulan la globalización y la concentración del poder y de los recursos financieros y tecnológicos.

Además, estamos viviendo en la cuarta revolución industrial (Industria 4.0) y digital, la que muestra que la tecnología se integra a las sociedades e incluso al cuerpo humano. Está marcada por los avances tecnológicos emergentes en varios campos, que incluyen: la robótica, la inteligencia artificial, las nubes, la automatización, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el Internet de las cosas (I o T), las impresoras 3D, los drones y los vehículos eléctricos y autónomos.

En el libro, “La Cuarta Revolución Industrial”, de Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, la describe principalmente por los avances en tecnología, que permiten continuar conectando a miles de millones de personas a la web, mejorar drásticamente la eficiencia de las instituciones y organismos del estado, de las empresas y organizaciones y ayudar a regenerar el entorno natural a través de una mejor gestión de activos. Los algoritmos y la Big Data son productos de innovaciones tecnológicas.

Esta cuarta revolución industrial es posterior a las tres anteriores:

· La primera, que se dio en Europa y en EEUU, desde mediados del siglo XVIII hasta avanzado el siglo XIX. En ese período las sociedades agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industriales y urbanas. Las industrias del hierro y de los textiles, el uso del agua con el desarrollo de la máquina de vapor, desempeñaron un rol central.

· La segunda tuvo lugar entre 1870 y 1914, antes de la Primera Guerra Mundial., y se caracterizó por el crecimiento de las industrias preexistentes y la expansión de otras nuevas, como el acero, el petróleo, la electricidad y el gas, que permitieron la producción en masa. Los principales avances tecnológicos de este período son el teléfono, la bombita eléctrica, el fonógrafo y el motor de combustión interna.

· La tercera, es la revolución informática y digital, que se produjo el avance de la tecnología desde dispositivos electrónicos y mecánicos analógicos hasta la tecnología digital disponible en la actualidad. La era comenzó durante los años ochenta del siglo XX y está en curso. Los adelantos que se concretaron incluyen el ordenador personal, Internet, y la Tecnología de Información y las Comunicaciones (TIC).

Monarquía o República

La división de poderes imaginada por Montesquieu en “El espíritu de las leyes”, para superar la unidad concentrada de las potestades que detentaban los monarcas, sobre las cuales los constituyentes norteamericanos elaboraron la Constitución de 1789 con un gobierno donde los poderes legislativos, ejecutivo y judicial se encontraban separados y con sus respectivos frenos y contrapesos -checks and balances-; conformando así “El gobierno congresional”, según lo nominó Woodrow Wilson antes de ser presidente de EEUU, y que hoy conocemos como presidencialista, que fuera el modelo de nuestra Constitución de 1853.

Separar las funciones y los órganos de gobierno del Estado aseguraba la diferencia de competencias y de potestades, y ninguna rama puede asumir el poder de otra, generando un esquema en el cual cualquier decisión de algún órgano de poder necesita la aprobación de otro, o puede ser impedido de ser validado o ejecutado por otro. La necesidad de que las leyes deban ser sancionadas, modificadas, reformadas o derogadas con la intervención de ambas cámaras del Congreso y que luego puedan ser vetadas por el Poder Ejecutivo, eran reglas que la Constitución estableció para limitar y dividir el poder. La posibilidad de que una ley o decreto pueda ser declarado inconstitucional por los tribunales de justicia; o que el Presidente pueda dictar leyes a través decretos de necesidad y urgencia (DNU), los que luego pueden ser invalidados por las cámaras del Congreso, es otra facultad acordada para resolver cuestiones urgentes. Que, además, por un procedimiento especial se puedan destituir funcionarios o jueces mediante el juicio político; es otro de los mecanismos defensivos y ofensivos que hacen posible el funcionamiento del poder dividido con sus correspondientes limitaciones y controles.

Pero estas atribuciones defensivas y ofensivas carecen de sentido si no se combinan con los mecanismos de diálogo, debate, negociaciones y acuerdos que las normas de las constituciones presidencialistas en algunos casos declaran y en otro deben entenderse como implícitos y necesarios para implementar políticas, sancionar o interpretar normas y desplegar las competencias estatales; porque el sistema no está hecho para neutralizar, bloquear o impedir las decisiones de gobierno, sino para que las mismas sea más consensuadas y luego mejor acatadas. De esta manera la voluntad popular será ajustada a lo que la Constitución nos propone como objetivo en su preámbulo el “constituir la unión nacional” y el “afianzar la justicia”.

El sistema democrático y republicano parte de la base de que la sociedad es plural y diversa, donde hay personas, asociaciones, partidos políticos, religiones y grupo –algunos vulnerables- que tienen una visión distinta de la sociedad y de las políticas, sobre las que se debe decidir y encarar políticas. De esta diversidad surgen peticiones y reclamos a favor de derechos y de intereses colectivos, muchas veces en pugna, cuya respuesta queda en mano de los distintos órganos del estado que deben escuchar, entender, atender y encontrarle

respuestas y soluciones. Para ello es imprescindible utilizar prácticas dialógica, deliberativas, cooperativas y negociadoras que hagan posible los consensos y las soluciones entre las partes. Que hagan posible tomar decisiones a los órganos del Estado –incluido los jueces-, que superen las divisiones y los límites del orden republicano, con sus frenos y contrapesos, y las reglas de juego de competitividad de la política agonal.

El Poder Legislativo

Afirman Alexander Hamilton y James Madison en “El Federalista” N° LI que: “Con el fin de fundar sobre una base apropiada el ejercicio separado y distinto de los diferentes poderes gubernamentales, que hasta cierto punto se reconoce por todos los sectores como esencial para la conservación de la libertad, es evidente que cada departamento debe tener voluntad propia y, consiguientemente, estar constituido en forma tal que los miembros de cada uno tengan la menor participación posible en el nombramiento de los miembros de los demás.”

En la forma republicana de gobierno la rama legislativa es la más fuerte, aunque ella pueda dividirse en cámaras, y ésta a su vez en comisiones, que deben estar tan poco conectada entre sí como sea posible, las que deben ser integradas por representantes elegidos de diferentes modos por el pueblo. La estructura del gobierno debe proporcionar los adecuados controles y equilibrios entre los diferentes departamentos. En el Federalista se considera que la rama legislativa es la más fuerte ya que es esencialmente la verdadera voz de la gente. Debido a la división del poder, una “doble seguridad surge a los derechos del pueblo. Los gobiernos se controlarán entre sí, al mismo tiempo que cada uno será controlado por sí mismo.”

En “El Federalista” se refirma esto cuando se afirma que: “En el gobierno republicano predomina necesariamente la autoridad legislativa. El remedio a este inconveniente consiste en dividir la legislatura en ramas diferentes, procurando por medio de diferentes sistemas de elección y de diferentes principios de acción, que estén tan poco relacionados entre sí como lo permita la naturaleza común de sus funciones y su común dependencia de la sociedad (…) Un veto absoluto frente a la legislatura se presenta a primera vista como la defensa natural de que debe dotarse al magistrado ejecutivo.”

Hamilton y Madison discute al final el tema de las facciones políticas. Ellos reconocen que las facciones siempre estarán presentes y que la única forma de contrarrestar los efectos de las facciones es tener numerosas facciones. En otras palabras, incluso si los individuos se mezclan con otros miembros de los mismos grupos sociales, ideales y metas, ningún grupo en particular debería ser capaz de volverse tan fuerte como para frustrar el interés de todos los otros grupos. Ninguna facción puede llegar a ser lo suficientemente grande como para derrocar a todas las demás facciones en una república bien administrada.

El siglo XXI

La velocidad, la dinámica y la cantidad y la importancia de los cambios y conflictos, que se producen en la sociedad y en la política durante el siglo XXI hace que los órganos legislativos; integrados por muchas y diversas personas que representan a distintos partidos, grupos sociales y poblaciones que viven en diferentes territorios; sean reacios y difíciles de asimilar las reformas que exigen las nuevas realidades y tecnologías.

La política agonal se ha actualizado más rápidamente que la arquitectónica en la incorporación de estas innovaciones tecnología. Un ejemplo de ello son las campañas electorales donde la comunicación y la digitalidad han cambiado el perfil de los líderes y la forma de comunicarse con sus potenciales electores, poniendo en crisis a los partidos políticos, convirtiéndolos en lo que ahora se denominan “espacios”, donde se disputan más las diferencias entre personas que las doctrinales o programáticas.

El acceso a los liderazgos o candidatura políticas se ha hecho más fácil para quienes tienen una imagen pública ganada en otras actividades, como en los medios de comunicación. Ejemplo de ello son los artistas, deportistas, periodistas y personales del espectáculo.

El avance en la participación de las mujeres en el liderazgo político en estos días es notable. Su protagonismo que comenzó en el siglo XX, con motivo de las dos guerras mundiales, donde tuvieron que suplir la actividad social que desempeñaban los varones, que fueron a combatir y que en muchos casos perdieron la vida.

En la política mostraron sus primeras manifestaciones con el voto femenino. La ley 13.010 de 1947 lo hizo posible en Argentina, y se concretó por primera vez en la elección presidencial de 1951. Le siguió luego la ley 24.012 del llamado del “cupo femenino” de 1991. Actualmente el reclamo es de que haya “paridad de género” en las candidaturas, en los ministerios y hasta en los cargos ejecutivos.

Ese avance es positivo porque honra el principio de igualdad de posibilidades, pero no debe contrariar el de idoneidad (Art. 16 CN), que exige que los electos por el pueblo sean los mejores, aunque en el reparto proporcional de bancas resulten una mayor cantidad de mujeres que de varones o viceversa. Por ello es justo y equitativo que en las listas de candidatos para cargos legislativos, deba haber igual cantidad de varones y de mujeres, pero los electores deben tener el derecho de preferencia, para que los elegidos sean los o las mejores, y no los que encabezan las listas, impuestos por los que la confeccionan, y donde con frecuencia predominan en los primeros puestos parientes, amigos, punteros, militantes, etcéteras, y no los más capaces y que nos puedan mejor representar.

La disrupción que ha significado el empleo de los nuevos medios de comunicación, que han reemplazado a los tradicionales, como es el caso de las videoconferencias, las redes sociales, Internet, Facebook, Twitter, Instagram, Google, WhatsApp, You Tube, Big

Data o los Algoritmos. Ello ha cambiado la relación entre líderes o candidatos con sus electores y con el público en general. Los discursos y mensajes son cada vez más breves y dirigidos a sectores afines de la sociedad, acompañados por imágenes. Lo explicativo o racional de los mensajes se lo trata de combinar o sustituir, por lo emocional. El marketing, las encuestas, los focus groups condicionan los comportamientos de los políticos, de los candidatos, de los periodistas y de los electores.

Los programas de gobierno últimamente son reemplazados por propuestas muy genéricas, y por críticas a la persona de los contrincantes, a sus realizaciones o actuaciones en la vida pública o privada, y a los errores o contradicciones de sus conductas políticas. No faltan la práctica de los denominados escraches para atacar al contrincante. En los actos donde disertan los políticos no hay más tribunas, ni nada que se asemeje a un púlpito. Los discursos se hacen cerca o rodeados por el público, algo parecido a la predicación de los pastores. Las visitas a vecinos, familias, fábricas o grupos de personan, que algunos se llaman “timbreos”, tienen por propósito acortar las distancias que hay entre líderes, candidatos o quienes detentan cargos gubernamentales con la gente.

Los afiliados a los partidos, o la mal llamada “militancia”- término que relaciona la lealtad política con la disciplina militar-, muchas veces se enrolan en una suerte de carrera administrativa que les permite detentar, y luego ascender o cambiar, distintos cargos políticos o administrativos, que también condicionan su lealtad partidaria. Los éxitos o derrotas que sufren los partidos o las alianzas políticas dependen en parte de lo que se pueda conseguir con el triunfo o las derrotas de sus candidaturas o propuestas, sino también al destino personal que ello les deparará a sus dirigentes, afiliados, “punteros” o “militantes”. Los líderes políticos que se cambian de partidos, o parlamentarios de bloque, se producen con frecuencia, y, en algunos casos, traicionando la lealtad con sus electores, como lo que se conoce en nuestro país el nombre de “borocotismo”.

En algunos casos estas carreras políticas o administrativas, han permitido conseguir ventajas, privilegios o recursos, por medios no trasparentes, que contradicen lo permitido por las leyes penales, administrativas o financieras, lo que significa corrupción. Conductas ilícitas o delictivas siempre existieron en el quehacer político, pero con el avance de los medios de comunicación, que ahora han penetran hasta en la intimidad de las personas, familias y en los secretos de estado, han hecho posible que los tribunales de justicia hayan podido procesar y condenar a presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, ministros o empresarios corruptos. El rol de los servicios de inteligencia ha cobrado una importancia fundamental en estos manejos o desmanejos que operan en las esferas de gobierno y entre los que están alcanzados por, lo que ahora se denomina en nuestro país, el “círculo rojo”.

Las estrategias electorales de extremar las polarizaciones, la relación amigo-enemigo, han dados resultados positivos para algunos candidatos, pero han creado tensiones y “grietas”

en las dirigencias gubernamentales y en la sociedad civil, que no han ayudado a construir la voluntad popular, ni a hacer efectiva la “paz interior” que nos exige el preámbulo de nuestra Carta Fundamental.

Entre los líderes de las confrontaciones se intercambian críticas, agresiones, se denuncian responsabilidades y hasta se cuestiona sus legitimidades. Sus programas y discursos están dirigidos a sus seguidores y no a todos los ciudadanos. Ello los termina convirtiendo a estos en “militantes”, que ceden su voluntad autónoma a sus respectivos líderes. Los discursos ideologizados, dirigidos a sus seguidores, tratan de crear un blindaje invisible, enfocado a profundizar las gritas y hacer más dura las confrontaciones. Por este camino se puede llegar a conformar gobiernos hegemónicos, o a lo que ahora se llama populismo y hasta se puede arribar al totalitarismo. Esto contraria la democracia y la libertad, y hasta nos puede hacer regresar desde la siempre tan ansiada república a la monarquía, que Montesquieu nos enseñó a superar.

La voluntad popular se construye con la cooperación de todos, y no con la hegemonía de una minoría por numerosa o importante que sea. La amistad cívica o social es un componente indispensable para que la sociedad política desarrolle la democracia constitucional.

La representación en los órganos legislativos

En “El Hombre y el Estado”, Jacques Maritain afirma que: “La función concreta del Estado –su función principal– es velar por el orden legal y la aplicación de la ley. Pero el Estado no es la ley” (Editorial Encuentro página 31), porque, según añade en otro segmento de su obra, “el Estado no es más que un órgano habilitado para hacer uso del poder y la coerción y compuesto de expertos o especialistas en el orden y el bienestar públicos; es un instrumento al servicio del hombre” (página 27).

La representación política encuentra su mejor versión en los integrantes de los órganos legislativos, que son elegidos periódicamente por el pueblo, y están encargados de canalizar las peticiones, reclamos y necesidades del pueblo del que son mandatarios. En los parlamentos se delibera, se dictan leyes y se controla al poder ejecutivo. Además, se designan o se acuerda el nombramiento a funcionarios, ministros, jueces, embajadores o militares de rango superior. El juicio político permite destituir a las más altas autoridades políticas o judiciales. Las políticas de estado, para ser tales, deben ser elaboradas o acordadas y discutidas en los congresos, legislaturas o concejos deliberantes.

Para que esta misión institucional sea mejor cumplida es imprescindible que las normas electorales conformen el primer vínculo que haga efectivo el mandato que invisten los integrantes de estos organismos. Ellas deben hacer que los electores conozcan a quienes lo van a representar, y que puedan decidir mejor a quién elegir en el momento de votar. Y que

puedan con facilidad poder comunicarse con ellos, interrogarlos y reclamarle lo que sea necesario antes y después de ser electos.

Cuando la elección es unipersonal ello es más factible, pero cuando se lo hace por listas proporcionales, es bueno que se autorice el voto de preferencia, como lo prevé la Constitución de la provincia de Córdoba (Art. 78 infra) y la Carta Orgánica de la Municipalidad Córdoba (Art. 133) -aunque lamentablemente ello no se aplica por no estar reglamentado, en el primer caso, y por exigir en la reglamentación de la Carta Orgánica un 3% de preferencias para desplazar a los que están antes en las listas-. En el municipio de Ushuaia se adoptó el voto preferencial en 2002. La posibilidad de poder tachar a alguno de los integrantes de las listas, lo permitió la ley “Sáenz Peña” Nº 8.871, de 1912, que rigió durante varias décadas, a los efectos de cambiar el orden de las mismas.

En el derecho comparado observamos que Brasil, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana se practica el voto preferencial, en listas cerradas pero no bloqueadas, para cambiar el orden de las listas como el establecido en la Constitución y la Carta Orgánica de Córdoba. En Chile hay voto preferencial en las elecciones municipales. En Suiza, Luxemburgo y en el Senado español la preferencia es en listas abiertas, por lo que se puede elegir y votar a candidatos de distintas listas. En Irlanda, Malta y en Irlanda del Norte no hay sistema de listas, sino el voto único transferible que permite que cada elector pueda marcar el orden de preferencia entre los candidatos que se presentan en su circunscripción. En las elecciones del Parlamento Europeo, los electores pueden cambiar el orden de los candidatos en la lista mediante el voto preferencial en Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia. Además, en Luxemburgo, los electores pueden no sólo indicar sus preferencias, sino también votar a candidatos de otras listas y en Suecia, los electores pueden incluso añadir o eliminar nombres de las listas.

Reformas del Congreso de la Nación

En el Congreso de EEUU se produjo un cambio muy importante cuando se dictó después de la segunda guerra mundial y del extenso gobierno de Franklin Delano Roosevelt (entre el 4 de marzo de 1933 y el 12 de abril de 1945), la ley dictada por el Senado y la Cámara de Representantes de reorganización legislativa (Legislative Reorganization Act of 1946 número 601 del LXXIX Congreso) para promover la mayor eficacia de la rama legislativa Gobierno. Por el mismo se reformaron los reglamentos de ambas cámaras, el régimen y procedimiento en las comisiones, normas del personal legislativo y de los agentes de influencia legislativa (“Regulation of Lobbyingt Act”), la ley federal de reclamos por agravios, la compensación y retiro de miembro del Congreso, la oficina de asesoramiento legislativa, entre otras cuestiones. Todo ello está muy bien explicado en el libro de Manuel Fraga Iribarne “La reforma del congreso de los estados Unidos La L.R.A. de 1946”, publicado en Madrid Ediciones Cultura Hispánica 1951.

No estaría mal que en el momento de crisis institucional que vivimos pudiera ocurrir algo parecido en el Congreso de la Nación, para lo cual se podría tomar en cuenta las propuestas que le hiciera al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario en marzo de 2019.

Las reformas propuestas fueron las siguientes:

· Cumplir con el artículo 45 de la CN para actualizar el número de diputados de cada distrito, de acuerdo al último censo, sin que ello signifique aumentar el número de 257 que hay en la actualidad.

· Sancionar una ley que apruebe un Reglamento General del Congreso -no previsto ni prohibido por la CN y que existe en otros países- que regule:

I. El funcionamiento del Congreso reunido en Asamblea: sus autoridades; su constitución; el quórum; sus sesiones generales; y las especiales para: la elección de presidente y vicepresidente, en las que deberán sumarse los sufragios emitidos por el electorado de los distritos y proclamar la fórmula electa, o convocar a segunda vuelta si los porcentajes exigido por la Constitución así lo exige (Art. 120 de la ley 19.945 reformada por la 24.444); para tomar el juramento del presidente y vicepresidente de la Nación (Art. 93 CN); para tratar el motivo de sus renuncias (art. 75 inc. 21 CN); para los casos de acefalía (Art. 88 y ley 20.972 de 1975 modificada ley 25.716), y para el mensaje presidencial en la apertura de las sesiones del Congreso (Art. 99 inc.8 CN).

II. Los procedimientos: para autorizar al presidente de la Nación a ausentarse del territorio de la Nación (Art. 99 inc.18 CN); para los juicios políticos (Arts. 53, 59 y 60 CN ); para designar y remover al Procurador General y al Defensor General de la Nación (Art. 120 CN), al presidente de la Auditoría General de la Nación (Art.85 CN), al Defensor del Pueblo y receptar sus informes (Art. 86 CN); autorizar la delegación legislativa en “materias determinada de administración o de emergencia pública” (Art. 76 CN) y derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia y la promulgación parcial de leyes (Ley 26.122).

III. La estructura, redacción, numeración y caducidad de los proyectos de leyes; sobre pedidos de informes y comunicaciones dirigidas al Poder Ejecutivo (ley 2417 de 1890, ley Olmedo, reformada por la 3721, la 13.640, y la 23.821); de recepción y tratamiento de las iniciativas populares y de las sentencias exhortativas dictadas por los tribunales (en Diputados ingresaron 63 entre 2005 y 2018).

IV. Las comisiones bicamerales, la Dirección de información y asesoramiento -incluso constitucional- parlamentaria y de la Biblioteca.

· Reformar los reglamentos de ambas cámaras para:

I. Regular la interpelación “a los efectos del tratamiento de una moción de censura”, y remover por alguna de las cámaras, al Jefe de Gabinete de ministros (Art. 101 CN).

II. Disminuir el número de comisiones -en especial en Diputados- y controlar su regular funcionamiento.

III. Limitar los tiempos en el uso de la palabra en los homenajes y al plantear cuestiones de privilegios.

IV. Crear bloques mixtos en ambas cámaras integrados por los grupos de legisladores que tengan menos de tres miembros.

· Revisar la ley de Administración financiera y los reglamentos de ambas cámaras para mejorar el trámite de la presentación, tratamiento, aprobación del presupuesto nacional y su eventual reconducción.

· Incorporación nuevas tecnologías para un mejor funcionamiento de las cámaras, las comisiones, las oficinas administrativas y la comunicación con los ciudadanos, a través de los medios y las redes sociales.

· Revisar las leyes promulgadas y no reglamentadas, y que por ello no son aplicadas.

A ello se le podría agregar un código de ética y, la siempre resistida, en nuestro país, reglamentación de los lobbying (Art. 36 infra de la CN).

Para terminar es bueno recordar los consejos de Manuel Fraga Iribarne, en el libro antes citado, cuando expresa que: “(…) los parlamentos con mejores en las críticas que en la elaboración, y superiores en el control que la intervención directa en el Gobierno o la Administración, muchos más aptos para las cuestiones básicas, de principios, que para los detalles y los problemas técnicos o de ejecución. En definitiva los Parlamentos con principalmente cuerpos pasivos, por lo mismo que son representativos de los gobernados; pero a su vez deben ser eficaces y activos en su pasividad (…) Hoy, como en los tiempos de Burke, “la función primordial – escribe Friedrich- es la representación del pueblo en la defensa y la crítica del Gobierno y de su política.” (Página 35/6)

Córdoba, septiembre de 2019.

Uber en Córdoba, ¿Sí o No?

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Jorge Horacio Gentile y Diego Zárate

Seguramente Travis Kalanick y su socio Garrett Camp, no imaginaron el impacto y desarrollo que iba a tener en el mundo, la aplicación creada en 2009, inicialmente, para limusinas, denominada UBER; hoy, operando ya en más de 570 ciudades en 70 países. La misma se encuentra rodando en Córdoba desde el 9 de este mes, con todos los cuestionamientos que ello implica; tanto normativos como para aquellos que tienen que competir con la aplicación desde un taxi o un remis.

Tratando el tema con alguna asepsia, vale recordar que la Municipalidad de Córdoba regula el servicio de Taxis y Remises a través de la Ordenanza 12.859, pero de la misma no se desprende la concreta prohibición de esta aplicación, ni de la de ninguna otra similar, cuyo propietario, además, no tiene domicilio en esta ciudad, para brindar un servicio de transporte de personas; que, vale acentuarlo, tiene sus reparos al momento de calificárselo como público.

El tema es que todo derecho vinculado con el “transporte de personas”, al menos en sus trazos contractuales entre transportador y pasajero, está regulado por el nuevo Código Civil y Comercial (arts. 1288 a 1295), sujetando el mismo a la legislación de fondo. El dato es particularmente relevante, dado que excluye la regulación de ese vínculo del poder de policía de la Municipalidad. Por ello la sanción de multa que dispone el art. 82 de la ley 12.859 para “(…) aquellos particulares que trasladen

pasajeros a título oneroso, promocional, por canje o similares” se contradice claramente con lo dispuesto por el referido Código Civil y Comercial, lo que significa que merece la tacha de inconstitucional.

En buen romance, este tipo de transporte no necesita regulación municipal, salvedad hecha respecto de los que le cabe a cualquier vehículo que circule por la ciudad; ello se extiende al conductor del mismo en tanto su accionar como transportista de personas ha quedado fuera de la égida de la Municipalidad de Córdoba. Si un vehículo de UBER trasporta pasajeros desde Mendoza, u otra ciudad donde esta empresa está expresamente autorizada, hacia la ciudad de Córdoba; sería por demás absurdo y contrario al Código Civil y Comercial y a la Constitución Nacional que dicho chofer sea sancionado con multa o que su vehículo sea secuestrado por la autoridad municipal de ésta ciudad en los términos de la referida Ordenanza 12.854.

Otro dato de relevancia, que se pone en cuestión en estos días -entre varios-, es la extensión de la responsabilidad y cobertura que brinda el transportista respecto de la persona transportada. El propio Código Civil y Comercial –siguiendo lo que era el Código de Comercio- tiene como no escritas cualquier cláusula vinculada con la eximición de responsabilidad por daños a las personas, lo que agregado a la obligación de contar con cobertura a través de compañías de seguro, despejan la incertidumbre en torno a esta cuestión.

Quedará a la Municipalidad de Córdoba el establecer, con claridad, cuál es el alcance de su competencia y cómo ejerce el control en estos

supuestos, pero no vemos interdicción alguna para su funcionamiento a partir de la normativa que hoy tenemos en vigencia.

Por su parte el usuario como receptor del servicio –la parte más importante en este vínculo-, tendrá a cargo el elegir entre quienes se ofrecen como transportistas para obtener, en definitiva, lo que más le convenga.

Recordamos que la legalización de los remises en Córdoba padeció similares dificultades. Y un amparo resuelto por la justicia hizo posible el comienzo de la solución.

Parece, por último, absurdo que los cordobeses que tienen la aplicación de UBER, la puedan usar en otras partes de nuestro país y del mundo, y no lo puedan hacer en la ciudad donde viven.

Córdoba, septiembre de 2019.

La grieta de ayer, hoy y mañana

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Jorge Lanata bautizó como “la grieta” al profundo espacio que separa a los dos principales contendientes políticos de las elecciones nacionales de 2015 y 2017: Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Para Jaime Durán Barba –asesor de Macri- ésa grieta fue y será imprescindible para que el gobierno triunfe en aquellas y en las próximas elecciones, aunque ese conflicto haya servido también para impedir el diálogo y los debates, no solo entre esos candidatos y sus seguidores, sino también para quebrar o hacer imposible, muchas conversaciones o reuniones de amigos o de familiares.

Pero este precipicio no solo impidió la entrega de los símbolos presidenciales cuando Macri se hizo cargo de su despacho en la Casa Rosada, sino que también limitó las posibilidades de diálogo, de debate, de negociación y de consenso que eran y son necesarias para resolver los graves problemas que padecemos los argentinos. Esta actitud, además, sirvió para debilitar el funcionamiento de las instituciones de la república.

El Congreso dejó de sancionar leyes – solo 64 en 2018 -, de prestar acuerdo para designar jueces, ni al Defensor del pueblo – cuyo cargo está vacante hace más de 10 años-, ni al Fiscal general –que está vacante hace dos-. No actualiza la ley de coparticipación federal.

La confrontación por legalizar el aborto, propuesta por el presidente, abrió una nueva grieta entre celestes y verdes que será difícil de cerrar.

El presidente, como lo hicieron también sus antecesores, dicta leyes, mediante decretos de necesidad y urgencia -50 durante el año 2018- , que el Congreso tampoco deroga, o modifica. No reglamenta leyes, que por ese motivo carecen de vigencia.

El Poder Judicial de la Nación tiene un cuarto de sus cargos de jueces vacantes. Las sentencias exhortativas de la Corte y de tribunales federales, en las que se les pide al Congreso que sancione leyes o decida políticas públicas, no son respondidas por ninguna de las cámaras -entre 2005 a 2018 contabilizamos 63-. Además de que los jueces, los funcionarios ni el resto del personal abonan el impuesto a las ganancias.

Próximos comicios

Las elecciones que vienen nos muestran que los argentinos estamos cansado de la grieta y por ello se han hecho distintos ensayos desde la clase política para convencer a la mayoría del electorado que la misma será superada. Hay candidatos presidenciales, como Roberto Lavagna, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, que disputan la ancha franja del

electorado que repudia la grieta, y los dos contendientes principales Macri y CFK –que en las dos elecciones anteriores y en la que viene intentan valerse de la polarización-, matizaron su fórmula presidencial con dos candidatos, Miguel Angel Pichetto y Alberto Fernández, que provienen del sector anti-grieta, y que aseguran bregar por a su abolición. Con estas extrañas combinaciones intentan sumar a sus respectivos 30% de electorado cautivo algo del restante 40 %, según lo que indican las encuestas, preocupándose más por resaltar la deficiencia del enemigo, que las virtudes de sus propuestas, de la que poco y nada se habla.

El panorama que nos muestra el discurso de los candidatos es por demás ambiguo, lo que acentúa nuestra incertidumbre, que nos impide invertir y que asusta a los que lo quieren hacerlo desde fuera del país, postergando ilusiones y frustrando la creatividad de una juventud que sería feliz de enfrentar los grandes desafío que nos propone el siglo XXI.

Discuten acaloradamente quién es el culpable de la pobreza, del narcotráfico, de la inflación y del endeudamiento; de la falta de empleo, educación, o de viviendas, pero nadie indica como apagarán este incendio.

De la corrupción y de cuál será el futuro de los procesos judiciales que se les siguen a dirigentes políticos o empresarios cada vez se habla menos y no faltan quienes insinúan indultos o amnistías.

La crisis que enfrentamos los argentinos parece no resolverse en las urnas, pero esperamos que la sensatez y el espíritu de solidaridad que muchos practican silenciosamente, ayudando a los que no tienen alimentos, ni vivienda, ni medios para vivir, supere a la mediocridad de una dirigencia política insensible y que solo aspira a acumular poder.

Córdoba, julio de 2019.

La reforma del Congreso de la Nación

congresoMucho se habla de consolidar nuestra recuperada democracia republicana y de vigorizar las debilitadas instituciones constitucionales que la sustentan.

Hoy nos preocupa una de ellas, la más importante, el Poder Legislativo de la Nación, al que la Constitución Nacional (CN) trata como el primero de los tres poderes del Estado, y le dedica un tercio de su articulado, y que en el pasado siglo XX estuvo clausurado durante 24 años, dos meses y 18 días, mientras nos gobernaban seis gobiernos de facto, que por ese tiempo, usurparon el poder.

El 18 de diciembre de 2017 y el 24 de octubre de 2018 el edificio del Congreso fue apedreado, y en su interior se desarrollaron sesiones donde la violencia y las agresiones estuvieron a la orden del día, lo que para nada se condice con la jerarquía de la institución. La producción legislativa disminuyó considerablemente. En 2018 en sesiones ordinarios se aprobaron 34 leyes y 30 en las extraordinarias de diciembre, mientras el Poder Ejecutivo ese mismo año dictó 50 decretos de necesidad y urgencia.

La Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, creada el mismo 24 de octubre de 2018, mientras se apedrear al edificio del Congreso, decidió el 28 de febrero de 2019 reunirse con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, a quién se le sugirieron algunas propuestas que podría fortalecer a la Institución más importante de la República.

Las reformas propuestas fueron los siguientes:

· Cumplir con el artículo 45 de la CN para actualizar el número de diputados de cada distrito, de acuerdo al último censo, sin que ello signifique aumentar el número de 257 que hay en la actualidad.

· Sancionar una ley que apruebe un Reglamento General del Congreso -no previsto ni prohibido por la CN y que existe en otros países- que regule:

I. El funcionamiento del Congreso reunido en Asamblea: sus autoridades; su constitución; el quórum; sus sesiones generales; y las especiales para: la elección de presidente y vicepresidente, en las que deberán sumarse los sufragios emitidos por el electorado de los distritos y proclamar la fórmula electa, o convocar a segunda vuelta si los porcentajes exigido por la Constitución así lo exige (Art. 120 de la ley 19.945 reformada por la 24.444); para tomar el juramento del presidente y vicepresidente de la Nación (Art. 93 CN); para tratar el motivo de sus renuncias (art. 75 inc. 21 CN); para los casos de acefalía (Art. 88 y ley 20.972 de 1975 modificada ley 25.716), y para el mensaje presidencial en la apertura de las sesiones del Congreso (Art. 99 inc.8 CN).

II. Los procedimientos: para autorizar al presidente de la Nación a ausentarse del territorio de la Nación (Art. 99 inc.18 CN); para los juicios políticos (arts. 53, 59 y 60 CN ); para designar y remover al Procurador General y al Defensor General de la Nación (Art. 120 CN), al presidente de la Auditoría General de la Nación (Art.85 CN), al Defensor del Pueblo y receptar sus informes (Art. 86 CN); autorizar la delegación legislativa en “materias determinada de administración o de emergencia pública” (Art. 76 CN) y derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia y la promulgación parcial de leyes (Ley 26.122).

III. La estructura, redacción, numeración y caducidad de los proyectos de leyes; sobre pedidos de informes y comunicaciones dirigidas al Poder Ejecutivo (ley 2417 de 1890, ley Olmedo, reformada por la 3721, la 13.640, y la 23.821); de recepción y tratamiento de las iniciativas populares y de las sentencias exhortativas dictadas por los tribunales (en Diputados ingresaron 63 entre 2005 y 2018).

IV. Las comisiones bicamerales, la Dirección de información y asesoramiento -incluso constitucional- parlamentaria y de la Biblioteca.

· Reformar los reglamentos de ambas cámaras para:

I. Regular la interpelación “a los efectos del tratamiento de una moción de censura”, y remover por alguna de las cámaras, al Jefe de Gabinete de ministros (art. 101 CN).

II. Disminuir el número de comisiones -en especial en Diputados- y controlar su regular funcionamiento.

III. Limitar los tiempos en el uso de la palabra en los homenajes y al plantear cuestiones de privilegios.

IV. Crear bloques mixtos en ambas cámaras integrados por los grupos de legisladores que tengan menos de tres miembros.

· Revisar la ley de Administración financiera y los reglamentos de ambas cámaras para mejorar el trámite de la presentación, tratamiento, aprobación del presupuesto nacional y su eventual reconducción.

· Incorporación nuevas tecnologías para un mejor funcionamiento de las cámaras, las comisiones, las oficinas administrativas y la comunicación con los ciudadanos, a través de los medios y las redes sociales.

· Revisar las leyes promulgadas y no reglamentadas, y que por ello no son aplicadas.

Estas propuestas están ahora a consideración del Senador Pinedo y esperamos que tengan pronto tratamiento.

Córdoba, julio de 2019