Fuentes tributarias separadas o coparticipación

Argentina

Argentina

La reunión de ministros de economía sirvió para recordarnos que hace 23 años no se dicta la ley de coparticipación federal prevista en la Constitución de 1994 (arts. 75, 2 y 3 y Disp. transitoria 6ª CN) y que en este tiempo la caja del gobierno federal creció en desmedro del de las provincias y los municipios acentuándose la injusta dependencia fiscal y política.

La Constitución de 1853 dispuso que el gobierno federal se financie con los derechos de importación y exportación y las tarifas de aduana. Pero desde 1891 el Congreso aprobó leyes que autorizaban a la Nación a recaudar impuestos internos, que gravaban las ventas, y que, hasta entonces, eran recursos provinciales.

El gobierno militar en 1832 creó el impuestos a los réditos (hoy a las ganancias), por el que el gobierno federal gravaba el ingreso de las personas, que, según la Constitución, era de resorte provincial, y para que estas normas no sean declaradas inconstitucionales, se dispuso que regían por tiempo determinado y se prorrogaron hasta ahora, y se coparticipaba a las provincias un porcentaje de lo recaudado. La última ley de coparticipación se dictó en 1988 en forma provisional durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y está vigente todavía.

En la reforma constitucional de 1994 en vez de terminar con este sistema se dispuso que debía dictarse otra ley convenio, de coparticipación federal, en base a acuerdos entre la Nación y las provincias; que tenían que aprobar el Congreso, por iniciativa del Senado y con el voto de la mayoría absoluta de todos los miembros de ambas Cámaras y las Legislaturas de provincias. Esta ley nunca se dictó ni se dictará, ya que nadie querrá recibir menos de lo que ahora tiene asignado.

La Nación y las provincias desde 1991 firmaron 8 pactos fiscales y una ley de responsabilidad fiscal que han servido para desfigurar y engordar, aún más, el Tesoro de la Nación; hacer más injusto e inequitativo el reparto de competencias fiscales; y han gestado un nuevo y poderoso sujeto que participa de esta distribución que es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Fuentes tributarias separada

Ante esto, lo mejor sería abolir la coparticipación y volver a las pautas de la Constitución de 1853, y, a su modelo, la Constitución de EEUU, o sea al sistema de fuentes tributarias separadas, que está vigente en el país del norte y en Brasil, por el cual los distintos impuestos están repartidos y se recaudan tanto a nivel federal, como estadual y municipal o de los condados, compensándose diferencias por razones de equidad a través de fondos de asignación específica. El gobierno federal de EEUU se financia en base a los impuestos indirectos externos y al impuesto a las ganancias –que se federalizó por la Enmienda XVI a la Constitución en 1913-, los estados con los tax (un impuesto a las ventas) y los municipios por los impuestos inmobiliarios.

Este nuevo reparto fiscal significaría redistribuir la administración y recaudación de todos los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, tarifas, aportes, regalía y demás gravámenes y recursos; entre el gobierno federal, las provincias, sus municipios, la ciudad de Buenos Aires y el ANSeS.

Junto a ello deberían descentralizarse servicios, como los que el gobierno nacional presta en la ciudad de Buenos Aires (como el traspaso de los tribunales “nacionales”) y que pagan los contribuyentes de todo el país; terminar con los privilegios instrumentados a través de ATN y el Fondo del Conurbano Bonaerense; revisar la política de subsidios; y dejar sin efectos gravámenes injustos como, por ejemplo, las retenciones o el impuesto al cheque; y la duplicación de impuestos similares o análogos que se cobran en los distintos niveles como el IVA, los ingresos brutos, a las ventas o al comercio e industria –como propuso el ministro Osvaldo Giordano de Córdoba-; o el inmobiliario provincial y el municipal. Esto debería estar ordenado en un Código Fiscal Federal, como los que tienen las provincias y los municipios.

Si seguimos el modelo de EEUU el gobierno federal debería cobrar los derechos de importación y exportación, el impuesto a las ganancias y a los bienes personales, que son los más difíciles de administrar; las provincias el impuesto al valor agregado (IVA), reduciendo el disparatado porcentaje del 21%; y los municipios el impuesto inmobiliario.

En síntesis, derogar la ley de coparticipación federal, redistribuir los tributos que corresponde a cada jurisdicción en base a “criterios objetivos de reparto” y fijar reglas más “equitativa, solidaria” y que den “prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.”, como quiere la Constitución (art. 75, 2).

La invasión digital al Poder Judicial

La invasión digital al Poder Judicial

La invasión digital al Poder Judicial

No hay un código de estilo que obligue a los tribunales y a los abogados a escribir con pautas que los hagan más claros. En nuestros tribunales, la electrónica ya no se limita al uso de computadoras, sino que también se emplea para varias tareas procesales.

La tecnología digital ha revolucionado el mundo y acelerado la globalización, al simplificar las comunicaciones y los trámites, ahorrar papeles y combustibles y suprimir el uso de medios de transporte, oficinas y empleos. Las ventajas que ella nos depara y los problemas que resuelve no nos relevan de afrontar los nuevos desafíos que ella crea.

Los gobiernos, la administración y el funcionamiento de los tribunales de justicia no han podido sustraerse a este fenómeno.

La despapelización

En nuestros tribunales, la electrónica ya no se limita al uso de computadoras e impresoras, sino que también se emplea para notificar, tomar vista de las actuaciones en los escritos y recursos que se presentan, en la producción de las pruebas, en las resoluciones y sentencias que se dictan, y hasta en los expedientes, judiciales o administrativos, que se tramitan o archivan. La despapelización es irreversible, con el correspondiente beneficio ecológico.

Pero esta invasión de tecnología se produjo de manera desordenada, ya que los sitios web que tienen la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores, federales y nacionales (www.pjn.gov.ar), no son los mismos y están programados en forma diferente de los que tienen los tribunales provinciales (en Córdoba: www.justiciacordoba.gob.ar) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.tsjbaires.gov.ar).

Diferentes y limitados

Los archivos y las estadísticas que se necesita disponer, con base en la información que contienen, son de alcances diferentes y por demás limitados. Las páginas de los abogados, de los estudios jurídicos y del Ministerio Público Fiscal (https://www.mpf.gob.ar) y de la Defensa (www.mpd.gov.ar) federal, como las de los ministerios públicos provinciales, también son distintas de las de los tribunales. Las nubes adonde van a parar las informaciones son diferentes en cada página.

Los escritos se presentan en papel y digitalmente en los Tribunales federales, y en los de la provincia de Córdoba sólo en papel. En las notificaciones federales y provinciales que se hacen en las respectivas páginas web, se indica el expediente y el texto de resolución que se comunica.

Los abogados pueden inscribirse en los tribunales, federales o provinciales, para que les comuniquen digitalmente, por una “cortesía”, si se ha dictado una resolución o fallo. En este caso, sólo se indica la carátula y el número de expediente, pero no el texto de la resolución, la que hay que buscar en el sitio web correspondiente.

En la Justicia federal, los plazos procesales corren desde el día en el cual la resolución notificada es subida a la página.

En la provincia de Córdoba, tres días después, según una acordada del Tribunal Superior, lo que crea desconcierto cuando se tramitan en este tribunal los recursos extraordinarios y de queja de la ley 48, que finalmente resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que esta no admite esta demora de tres días para comenzar a contar el plazo.

En la página de los Tribunales federales, se pueden ver los escritos y resoluciones de cada expediente; en la de la provincia de Córdoba, sólo las resoluciones o fallos, pero no los escritos.

Los recursos, reclamos y pedidos de vista en la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba sólo se pueden presentar, y se notifican, en formato digital; pero los que se presentan en la administración nacional, en la provincial y en los municipios de Córdoba, deben hacerse en papel. Anses, para los casos de la reparación histórica (ley 27.260), digitalizó los trámites.

Código de estilo

No hay un código de estilo que obligue los Tribunales federales y provinciales y a los fiscales y letrados a escribir y subir los escritos, resoluciones, sentencias y peritajes con pautas que los hagan más claros, sintéticos y de fácil comprensión, como exige la Corte Suprema para los recursos que se le presentan (resolución 4/2007), siguiendo las reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

La torre de Babel, donde todos hablaban distintas lenguas, se parece mucho a todo esto. Si no se pone orden mediante leyes y no por acordadas –como viene sucediendo– que algunas veces reforman los códigos de procedimiento, en esta revolucionaria invasión digital no faltarán los que reclamen volver al papel y a la máquina de escribir.

Los que no nos representan

 

Nigel Farage

Nigel Farage

En nuestro país y en el mundo, es notable la distancia que separa a los ciudadanos de sus gobernantes. Las últimas elecciones en EEUU y en las consultas populares: del Reino Unido -por el Brexit-, de Colombia -por el Acuerdo de Paz con las FARC- y de Italia, son un ejemplo elocuente de ello.

Las grandes y vertiginosas transformaciones sociales y tecnológicas que nos depara el Siglo XXI hacen que muchos políticos no alcancen a percibir, interpretar, diagnosticar, asumir, ni proyectar su regulación, con la claridad y la premura que los electores -en su mayoría también desorientados- reclaman.

Estos cambios radicales se muestran en:

  • la globalización, que internacionalizó el mundo de la economía y las finanzas: el sistema financiero, el mercado, el comercio y la actividad de grandes corporaciones;
  • el “cambio climático”, la contaminación del ambiente y la acidificación y el aumento del nivel de los océanos, que afectan a la “Casa común”, como dice SS Francisco en “Laudato Si”, y que el Acuerdo de París intenta paliar.
  • la existencia de organizaciones internacionales violentas como ISIS y las dedicadas al narcotráfico, la trata de persona, el comercio de armas o que escoden el dinero de la corrupción;
  • la homogenización de las manifestaciones musicales, en el cine, la televisión, las redes sociales, las artes en general y en los usos y costumbres, como la vestimenta, la gastronomía, etcétera;
  • el papel relevante que ha cobrado la ciencia, la investigación, la educación y la acumulación de conocimientos e innovaciones;
  • la aparición y fortalecimiento de instituciones políticas y económicas supranacionales, y de normas y sistemas jurídicos para reglar el mundo globalizado.

La tendencia a la reducción del empleo tanto en los sectores agrícola y extractivos, como en el industrial, que se encaminan al “empleo cero”, por la automación y robotización, y por la necesidad de suprimir las formas de producción que contaminan, o que están siendo reemplazadas por otras mejores (v.gr.: los automóviles eléctricos por los que consumen nafta); lo que se completa en el sector terciario con la digitalización del gobierno y de la administración; y la multiplicación de organizaciones sociales que reclaman, protestan y exigen la soluciones a los problemas de alimentación, vivienda, salud, educación, etc., lo que el Estado, ni las organizaciones que lo complementan o lo suplen, no alcanzan a satisfacer.

Los planes sociales argentinos y de otros países, tratan que los ingresos de ciudadanos sean más equitativos, como son: la bolsa- familia en Brasil, la “Renta mínima de inserción” (RMI) en Francia, o el dividendo social que reciben cada año los que viven en Alaska – EEUU- cuyo monto varía según el rendimiento del organismo gestor: Permanent Fund Dividend Application (en 2006, fue de U$S 1.106.96 anuales). Los suizos acaban de rechazar en un referendum, con el 78% de los votos, la implantación de una “Renta básica de inserción” (RBI), de 2500 francos mensuales que cobrarían todos sus habitantes tengan o no ingresos. Iniciativa similares se propusieron ante la Comisión Europea en 2013, en Finlandia y en Utrecht -Holanda-.

La revolución en las comunicaciones hizo cambiar en política el diálogo, el discurso, el debate y las formas de relacionarse y consensuar. Tampoco es igual, ni parecida, en este siglo, la relación entre representantes y representados; ni el funcionamiento de los poderes dentro del Estado; nacional, provincial y municipal; como el de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales; y las amplias administraciones que los acompañan.

Los discursos, ilustrados con gestos e imágenes, son más breves; y contienen títulos y subtítulos contundentes, que acentúan las diferencias entre que se propone con lo que se quiere sustituir, y, muchas veces, descalificando al que piensa o sostiene lo contrario. Las redes sociales son el vehículo más eficaz de comunicación; las encuestas y los medios gráficos están en crisis y a los expertos no siempre se los escucha.

Los sistemas electorales y las prácticas representativas se crearon para una sociedad diferente de la actual, por eso es que ya no sorprende la aparición de outsider que denuncian al establishment y a los efectos negativos de estas mutaciones, como Donald Trump en EEUU; Nigel Farage, en el Reino Unido; Alexis Tzipras en Grecia; Beppe Grillo en Italia; Marine Le Pen en Francia, Pablo Iglesias en España, etc., con propuestas, populistas o nacionalistas, poco claras de cómo remediar los males que denuncian.

Conclusión: los ciudadanos y los políticos debemos acércanos y compartir más y mejor los nuevos problemas quejan.

Córdoba, diciembre de 2016.

Por qué triunfó Trump

Donald Trump

Donald Trump

La mayoría de los “expertos” que escuchamos, antes de los comicios de EEUU, los que fuimos como observadores a Washington D.C. –en mi caso por séptima vez y con los gastos a mi cargo-, nos aseguraban que ganaba Hillary.

Sin embargo, luego de conocido el triunfo de Donald Trump descubrimos que había sobradas razones que lo explican, en una elección donde muchos votaron por el mal menor, y donde el ganador era un outsider de la política, que cuestionaba duramente al establishment, muy bien representado por la esposa de Bill Clinton. Este reproche abrió una grieta en medio de la sociedad norteamericana, ya que su resultado fue casi un empate: con mayor número de estados y electores para la fórmula Trump – Pence, pero con algunos pocos votos más para Hillary- Kaine.

Las tensiones generada durante la campaña, las protestas de los que no aceptan al nuevo presidente, la incertidumbre de varios millones de indocumentados que pueden ser expatriados, y la construcción del muro, plantean interrogantes que exceden las fronteras del país del norte.

Los que bregamos a favor de sectores postergados para que sean igualados, no debemos olvidar que a los que hay que igualar, o los que desde no hace mucho fueron igualados, también tienen intereses que defender y derechos que reclamar. Allí encontró este millonario inmobiliario la tecla que hizo sonar cuando cuestionó y se propuso atender:

* el problema del desempleo, que padece la clase media, por los cambio que en la forma de trabajar imponen las nuevas tecnologías; por la competencia con los inmigrantes; porque muchas empresas se mudaron a otros países donde la mano de obra es más barata (caso México y China); y el probable cierre de muchas otras que producen energía a partir del carbón y que contaminan el ambiente, después de la firma por Obama del Acuerdo de París por el cambio climático.

* Por la disminución de los salarios; el altos costos del seguro de salud, el Obamacare, al que Obama -con buen criterio- extendió a varios millones de personas; las dificultad que muchas familias tienen, para afrontar los costos de la educación universitaria de sus hijos; y por la pérdida de viviendas ocurridas por estos cambios y por la crisis hipotecaria del año 2008.

* Al estar en juego la designación de jueces a la Suprema Corte Trump, a diferencia de Hillary, propuso designar magistrados que cambien los criterios abortistas de este tribunal.

* La idea de reflotar el “sueño americano” y de recuperar el liderazgo mundial que parece haber perdido Obama ante otros como el Papa Francisco.

Lo que pasó en EEUU, además, no es muy diferente con lo que ocurrió en política en otras partes del mundo. Ejemplo de ello la aparición de Alexis Tsipras en Grecia, de Pablo Iglesias con “Podemos” en España, del cómico Beppe Grillo con “Cinco estrellas” en Italia, y con el Brexit en Gran Bretaña. O más cerca nuestro, en Colombia -con el referéndum que rechazó el Acuerdo con la FARC-; o en Brasil con la destitución por juicio político de Dilma Rousseff.

El pueblo tiene intereses y razones que no siempre los políticos percibimos, por eso es que aparecen estos descolgado que con mayor sensibilidad y energía son capaces de derrocar a los que se duermen en los laureles, aunque después no sepan qué, ni cómo hacer lo que prometieron.

Córdoba, de noviembre de 2016.

La política, ¿es cosa de mujeres?

Hillary Clinton

Hillary Clinton

En los últimos tiempos parecería que cada vez lo es más.

En los EEUU, por primera vez, hay una candidata a presidente: Hillary Clinton. Tema central del segundo debate entre los candidatos a presidente fueron las expresiones despectivas a las mujeres vertidas en un video por Donald Trump, su rival. Lidera la Unión Europea la canciller de Alemania Ángela Merkel. El primer ministro del Reino Unido, después del Brexit, es Theresa May. La corona de Holanda la luce la argentina Máxima Zorreguieta.

El político más notable de Argentina es María Eugenia Vidal –gobernadora de Buenos Aires-, que al igual que otras cuatro mujeres gobiernan otras tantas provincias. En el Senado, presidido por la vicepresidenta Marta Gabriela Michetti, hay un 41,7% de mujeres. En Diputados hay 99, sobre un total de 257 (el 38,55%). Cuando voté como diputado la ley de cupo femenino (30%) en 1991 había solo había 12 (el 5%). El rol de “fiscal de la República”, que alguna vez ejerció Agustín Rodríguez Araya, se lo disputan hoy las diputadas Elisa Carrió y Margarita Stolbizer.

En contraste con ello, no dejaron un buen recuerdo las esposas que sucedieron a sus maridos en la presidencia: Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco las agresivas manifestaciones de mujeres que reclaman descriminalizar el aborto, como la ocurrida en estos días frente a la catedral de Rosario.

Reforma electoral

En la discutida reforma electoral, además de introducir una costosa impresora en el cuarto oscuro, que no es una urna electrónica, lo más novedoso es que se aumentará el cupo femenino, para que en las listas de candidatos se repartan en partes iguales entre personas de distinto sexo, sin que se prohíban los excesos, como que la integren cónyuges, o quienes comparten uniones convivenciales, o sean parientes hasta el segundo grado.

Se posterga, otra vez, el actualizar el número de diputados de cada distrito, como exige la Constitución, después de cada censo (Art. 45); lo que deja a Córdoba con 18 diputados; mientras la Capital Federal continúa con 25 y Santa Fe con 19, a pesar de tener menos habitantes. El mínimo provincial continúa siendo 5, lo que no es constitucional.

Al elector se le continúa impidiendo marcar la preferencia entre los candidatos que integran las listas, como ocurre en Brasil y dispone la Constitución de Córdoba (Art. 78), aunque nunca se lo reglamentó, lo que hace que cuando el gobierno nacional dice negociar con los

legisladores lo hace a través de los gobernadores o de los líderes partidarios, que confeccionaron las listas y parecen ser los dueños de las bancas.

Muchos tuvimos la esperanza que en la prometida reforma política los legisladores, volverían a ser nuestros representantes, cualquiera sea su sexo. Que cuando sean candidatos nos pidan el voto, nos cuenten de sus proyectos, y que, luego, nos rindan cuenta de su gestión. En el Congreso “escribanía” o “posescribanía”, lo que hay que cambiar es que podamos conocer a nuestros representantes, que dicen cuando hablan –si lo hacen- o proyectan en nuestro nombre, y como votan en las cámaras. Los que integran listas “sábanas”, después de electos, responden más a los pusieron de candidatos, que a los que los votamos. Lo que necesitamos, queremos y aspiramos los ciudadanos, parece que poco importa.

Más allá de los cupo, lo deseable es que lleguen los o las mejores, y que nos representen.

Córdoba, octubre de 2016.

A tres décadas de la constitución personalista de Córdoba

Bandera de la Provincia de Córdoba

Bandera de la Provincia de Córdoba

I. INTRODUCCIÓN. 

La ley 7420 -que declaró la necesidad de la reforma constitucional- convocó a una Convención Constituyente, que tuvo su primera sesión preparatoria el 29 de diciembre de 1986, y que sancionó la quinta Constitución de la provincia de Córdoba en la sesión del 26/27 de abril de 1987. Dicha Constitución tiene 200 artículos, de los cuales solo 8 tienen el mismo texto que la anterior, y su redacción y la técnica legislativa empleada en su texto es por demás elogiable. Por una disposición transitoria dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Preámbulo y Parte I)”, La Convención fue disuelta a las 24 horas del 30 de abril de 1987.

II. LAS CONSTITUCIONES DE CÓRDOBA 

La primera de Córdoba fue el Reglamento Provisional de 1821, en época del Gobernador Juan Bautista Bustos, que tuvo 12 reformas. Durante la gobernación del rosista Manuel López “Quebracho”, se dictó la segunda: el Código Constitucional Provisorio de 1947, que comenzaba con el “¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los Salvajes Unitarios!”, que se reformó 6 veces. En 1855 se dictó la tercera, con la organización nacional, siendo gobernador Alejo Carmen Guzmán, que se reformó 2 veces. En 1870, se dictó la cuarta Constitución, siendo gobernador Félix de la Peña, que después de 49 años de cámara única en Córdoba, innovó al crear un Senado y una Cámara de Diputados, y fue reformada 5 veces (si contamos la de 1949 que se derogó en 1956).

La quinta fue sancionada en la Convención de 1987, que se reformó en 2001, que restableció la Legislatura unicameral que tuvieron las tres primeras luego de un referendum.

En 180 años Córdoba ejerció 31 veces el poder constituyente, dictó 5 constituciones y las reformó en 26 oportunidades, lo que no es mucho ni poco, ya que quién manda en estos casos es la necesidad

III. LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE 1986/7 

La Constitución de 1987 cristalizó los principales, y a veces contradictorios, intereses de quienes la redactaron. Eduardo César Angeloz, el gobernador que promovió la reforma, con el voto de los constituyentes de su partido, la UCR, y algunos justicialista, consiguió que su cargo de gobernador pueda ser reelegido en un segundo mandato, lo que luego se prolongó un período más por una discutida interpretación del texto fundamental, lo que le trajo serios inconvenientes que le obligaron a renunciar y a padecer un proceso penal del que terminó absuelto por el beneficio de la duda.

El, entonces, rebelde Peronismo Renovador de José Manuel de la Sota logró controlar el Partido Justicialista, del que era un disidente hasta su exitosa elección de constituyentes -a la que concurrió en las listas del Partido Demócrata Cristiano- con el que más tarde llegó a ser gobernador.

Los herederos del viejo Partido Demócrata –que en la Convención formaban el bloque de la UDC -que después de la misma pasó se convirtió en la UCD liderada por Germán Kammerath- consiguió tener, como tercer partido, una sobrerrepresentación en ambas Cámaras de la Legislatura.

Los Demócratas Cristianos conseguimos que la primera parte de la Constitución se consagrara los principios personalistas y comunitarios de su ideario político.

IV. El PERSONALISMO 

A 29 años de su vigencia, lo mejor y más importante, de la Constitución de Córdoba es que coloca a la persona humana y su dignidad como centro y razón de ser, no sólo de la Carta Constitucional, sino, también, de toda construcción cultural, institucional y política que a partir de ella se genera.

En su texto se observa que el primer objetivo del preámbulo es “(…) exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos (…)”; que en su articulado, donde se usa 30 veces la palabra persona, se dice que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (art.4). Se declara “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.”(art.5); que las “(…)personas(…) son libres e iguales ante la ley y no admiten discriminaciones” (art.7); “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (art.9); la “libre iniciativa privada y actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (art.10) y que “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano” (art. 66).

Hay un capítulo dedicado a los “Derechos personales” y cuando va a enumerar los derechos sociales expresa: “Todas las personas en la provincia tienen derecho (…)” (art. 23). Los derechos de las personas se tratan en su condición de padre (art. 62 inc.5), de hijo (art.34 y 62 inc.5), de mujer (art. 24), de niño (art. 25), de joven (art. 26), de anciano (art.28), de discapacitado (art.27), de preso (art. 44), de consumidor (art.29), de litigante, de ciudadano, de funcionario, de magistrado o empleado público. Su intimidad personal, familiar, la de su morada y en las comunicaciones son celosamente resguardadas (arts. 50, 45 y 46).

En el capítulo de las “Asociaciones y Sociedades intermedias”, que las personas integran a partir de la familia y como miembros de la sociedad política, se exalta la dimensión social del hombre. Cuando se refiere a las “Políticas Especiales del Estado”, estableciendo mediante ellas nexos entre la sociedad y el Estado, la definición personalista es más contundente porque declara “la economía al servicio del hombre” (art. 67), la refiere a su bienestar (art. 56), su salud (art. 59), a su participación en los adelantos tecnológicos (art. 64), y al gozo del medio ambiente (art. 66).

Se declara, por fin, que “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (art. 61).

III. LO QUE LE FALTA Y LO QUE LE SOBRA 

De su texto surge que hay metas por realizar, omisión o defectuosas reglamentaciones, disposiciones que deberían ser suprimidas, modificadas o sustituidas.

Art. 55 “Los organismos de la seguridad social tienen autonomía y son administrados por los interesados con la participación del Estado y en coordinación con el Gobierno Federal.” La Caja provincial sigue intervenida.

Art. 57: “(…) asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a su remuneración del trabajador en actividad.” En dos oportunidades se redujeron los beneficios.

Art. 58: “La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley.” Como consecuencia de una equivocada reglamentación fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 62: “La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos: (…) 5. Asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. Ello no fue reglamentado.

Art. 78: “Para esta lista de candidatos a legisladores de distrito único se establece el voto de preferencia, conforme a la ley que reglamente su ejercicio.” No fue reglamentado.

Art. 104: “7. Establecer los límites de las regiones de la Provincia que modifiquen el actual sistema de Departamentos, con dos tercios de votos de sus miembros.” No fue reglamentado.

“22. Dictar la legislación electoral y de partidos políticos que contemplen elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos de todos los partidos políticos.” No fue reglamentado.

“24. Dictar los códigos y leyes procesales.” No se dictó aún el Código de procedimiento constitucional)

Art. 125: “El Consejo Económico y Social está integrado por los sectores de la producción y del trabajo, gremiales, profesionales y socio-culturales, en la forma que determine la ley. Dicho Consejo es un órgano de consulta de los Poderes Públicos en esta materia.” No funciona.

Art. 126: “El Tribunal de Cuentas está integrado por tres miembros; puede por ley ampliarse su número, el que es siempre impar y no excede de siete.” Ello debe ser sustituido por una contraloría, que no debe ser electiva.

Art. 150. “El Fiscal de Estado tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio de la Provincia.” Otro funcionario, como el Procurador del Tesoro actual, debe erjercer la defensa de la Provincia sin depender de la Fiscalía del Estado.

Art. 159: “(…)El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, cuatro legisladores, letrados si los hubiere, dos por la mayoría y dos por la minoría.(…)” Debería suprimirse esto y atribuir esta función al Consejo de la Magistratura que deberá crearse con representación paritaria de legisladores, jueces y abogados.

Art. 162: “La ley puede determinar los casos en que los tribunales colegiados son también integrados por jurados.” Esto debe ser suprimido por el fracaso de su reglamentación y funcionamiento.

Art. 166: “El Tribunal Superior de Justicia tiene las siguientes atribuciones: (…) 3. Crear la escuela de especialización y capacitación para magistrados y empleados, con reglamentación de su funcionamiento.” Esta Escuela deberá depender del Consejo de la Magistratura cuando se lo incorpore a la Constitución.

Arts. 171, 172 y 173: Ministerio Público Fiscal es parte del Poder Judicial y debe ser independiente.

Art. 183: Las Cartas Orgánicas deben asegurar: (…) 2. La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano ejecutivo si lo hubiera, y un sistema de representación proporcional para el Cuerpo Deliberante, que asegure al partido que obtenga el mayor número de votos la mitad más uno de sus representantes. 3. Un Tribunal de Cuentas con elección directa y representación de la minoría.”(…) 5. El reconocimiento de Comisiones de Vecinos, con participación en la gestión municipal y respetando el régimen representativo y republicano.(…)” La representación en los Consejos Deliberantes debe ser proporcional, sin premio a la mayoría, y los tribunales de cuentas deben ser sustituidos por Contralorías que no deben ser electivas.

Art. 184: “La Legislatura sanciona la Ley Orgánica Municipal para los Municipios que no tengan Carta Orgánica.(…). La ley garantiza la existencia de un Tribunal de Cuentas o de un organismo similar, elegido de la forma que prescribe el inciso 3 del artículo anterior.” Los tribunales de cuentas o las contralorías no deben ser electivas.

Art. 187: “(…) Las disposiciones orgánicas (carta o leyes orgánicas municipales) pueden establecer Tribunales de Faltas.” Los tribunales de falta deberán ser incorporados al Poder Judicial provincial que exclusivamente ejercer la función jurisdiccional.

Además, el reglamento interno de la Legislatura prevé que la moción de tratamiento sobre tablas se aprueba con mayoría simple y no con dos tercios de los votos, como tienen todos los reglamentos legislativos. El Defensor del Pueblo por la ley reglamentaria no puede interponer acción judicial. Y el Consejo de la Magistratura no está previsto.

IV. TENER A DONDE VOLVER 

Los cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos, ambientales, etcétera que ocurren en las sociedades trastocan el sentido de la vida de las personas y ponen en crisis su escala de valores. Las constituciones -que son producto de estos cambios y que se dictan, muchas veces, en épocas de crisis- sirven no sólo para organizar la sociedad y dar sentido al orden normativo, sino que declaran principios y exaltan valores que orientan el destino futuro de dichas sociedades y de quienes las componen. Cuando los cambios y las crisis oscurecen el rumbo de nuestras existencias, es bueno –como se indica desde la psicología profunda- tener a donde volver.

La dignidad de la persona humana surge de su naturaleza espiritual y material, de su conciencia racional y libre, de su destino trascendente, y es lo que hace al hombre diferente y lo pone por encima de los demás seres de la creación, para que estos le sirvan para alcanzar su destino temporal y sobrenatural.

Volver a estos criterios implica enfocar el análisis de los problemas de hoy con una óptica diferente. Si a la política nos referimos, en vez de analizarla en función de las instituciones o los políticos, como muchas veces

se hace, comencemos a hacerlo a partir del ciudadano; si debatimos sobre educación, dirijamos los objetivos a las necesidades del educando; si de la economía se trata, pongámosla al servicio del hombre y no de la producción capitalista o de las estadísticas; si hablamos de inseguridad, enfoquemos el análisis desde la persona que la padece y de quién delinque, preguntándonos por qué lo hace y como puede ser corregido e integrado a la sociedad; si nos referimos al ambiente, pensemos como preservarlo para los hombres de hoy y de mañana, y no para servir a mezquinos intereses; si el problema es la droga, comencemos por los que la consumen, indagando el por qué lo hacen, y como se puede recuperar a los adictos, para combatir, luego, al infame negocio que lucra con ellos; si nos preocupa la paz del mundo, recordemos que en su corazón está la persona.

Jacques Maritain decía que el humanismo “tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia” y, agregaba, “requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad.”

Allí es a donde tenemos que volver.

Córdoba, Septiembre de 2016.

Los números de la Justicia

Dama de la justicia

Dama de la justicia

La Justicia, como virtud y esencia del derecho, es “dar a cada uno lo suyo”; y para afianzarla, como exige la Constitución, se necesita que la conducta de todos nosotros sea recta, y se rija por lo que establecen las leyes, que son las que nos indican que es “lo suyo” , o que es lo justo. Para que ello ocurra es imprescindible educar.

Pero, además, uno de los tres poderes de nuestro gobierno lo conforman los tribunales de Justicia, que tienen por función hacer aplicar la Constitución y las leyes, para que haya justicia.

Respecto de la virtud, la estadística lamentablemente nos demuestran que convivimos con un alto porcentaje de anomia, cuando se pregunta en una encuesta por el “nivel de respuesta del Poder Judicial” el 73% responde que es regular o mal.

El deficitario funcionamiento del Poder Judicial de la Nación lo demuestra, en la actualidad, el hecho que de los 993 cargos de jueces que lo integran -de los cuales 544 corresponden a la Justicia Nacional- hay, nada menos, que 259 vacantes -147 corresponden a la Justicia Nacional-. En 10 de las cuales ni siquiera se ha convocado a concurso, en otros 233 está en trámite; en el despacho del Presidente de la República hay 19 ternas para que se designe el magistrado, y le pida al Senado que les preste acuerdo; y 7 designados esperan que esta Cámara les preste acuerdo.

En el Poder Judicial de la Nación, además de los jueces federal lo componen también los mal llamados tribunales Nacionales, que tienen 55% de los cargos de jueces, y que son los equivalentes a los provinciales y que atienden los juicios de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); que todavía no fueron transferido a dicha ciudad como lo exige desde 1994 la Constitución (Art. 129); y que sostenemos todos los argentinos.

Además del 26% de vacantes que tiene el Poder Judicial, la distribución de los tribunales no es equitativa, si observamos que en la CABA hay 12 jueces federales, para 2.890.151 de habitantes; y solo 7 en la provincia de Córdoba, que tiene 3.308.876 y un territorio de 165.321 km² contra 203,3 km² que posee la CABA. Santa Fe lo atienden 9 juzgados federales, con 3.194.537 habitantes. Las ciudades de Rosario y Mendoza tienen 4 juzgados federales y en la de Córdoba hay solo 3, a pesar que el gran Córdoba tiene 1.330.023 habitantes, el gran Rosario 1.198.528 y el gran Mendoza 1.086.066 (Censo de 2010).

La Corte

Si la reforma de la Justicia comienza por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy tiene 5 jueces (en otras época tuvo 7 y 9), su mayor problema es la gran cantidad de causas que atiende. En 1998 resolvió en 46.435 expedientes -la mayor cifra de su historia-; 9886 en 2012 -año en que su presidente, Ricardo Lorenzetti, y su vice, Elena Highton, redactaron con Aída Kemelmajer de Carlucci el anteproyecto de Código Civil Comercial-; 25.150 en 2014 y en 2015 lo hizo en 18.918 expedientes (185 fallos fundados –algunos deciden varios expedientes-, 1.174 remiten a otros precedentes, desestimó 5.050, y dictó 2668 autos sobre competencias, honorarios, aclaratorias, etcétera). La Suprema Corte de los EEUU, que tiene 9 jueces (igual que el Tribunal Superior de Jujuy), cada año falla solo un centenar de causas.

Estos números son más que suficiente para demostrar que estamos lejos de tener la Justicia que nuestro país necesita.

Buenos Aires, septiembre de 2016.