Disputas por el poder o por trabajar

Mauricio Macri y Cristina Kirchner

El 2017, como todos los años impares, está signado por las elecciones, y por ello todo lo que se hace en política está en función de ganarlas, que por ser en este año sólo legislativas no cambiarán el gobierno, y muy poco las mayorías parlamentarias, pero pondrán en carrera a los que aspiran a las presidenciales de 2019. La táctica del gobierno, asesorado por Jaime Durán Barba, es tensar la relación amigo-enemigo, propia de toda disputa el poder, pero, en este caso, en vez de confrontar proyectos o programas políticos se crea una falsa opción: Macri versus Cristina, apoyar al gobierno o volver al kirchnerismo, el pasado contra el presente, volver a la “grieta”. Por eso poco o nada importa qué hacer con el trabajo, la educación, la seguridad, el cambio climático, etcétera. El Congreso casi no funciona, la economía está en veremos, la seguridad es preocupante, la educación está a la deriva, las calles cortadas, la Justicia sigue ineficaz y llena de vacantes, y la Corte Suprema es el árbitro final de conflictos que nadie resuelve (ejemplos: tarifas del gas, Milagro Sala).

Revertir el empleo cero

Pero entonces, ¿qué hacer con los graves problemas que nos aquejan?

  • Lo primero es centrar el debate político en la solución de los mismos, y no en quién o quiénes serán candidatos en el año 2019. Enfocarnos en el futuro -que es por demás incierto- y terminar con las falsas opciones como: volver a Cristina o ponerla presa, sostenerlo a Macri o subirlo al helicóptero, acentuar la ceocracia o la militancia camporista o piquetera.
  • De lograrse esto, habría que priorizar las cuestiones a resolver, que son muchas y muy complejas, y casi todas no serán solucionadas antes de éstos comicios, ni de los de 2019, como es, por caso, el de la educación.
  • El trabajo se muestra como el tema que más angustia a los argentinos y al mundo, ya que las nuevas tecnologías, aplicadas en el sector privado y público, parecen encaminadas al empleo cero. Trabajar hoy y mañana, no es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Los robots, la informática, la electrónica y el mundo digital nos obligan a pensar hoy, y preparar a las nuevas generaciones, para la innovación, la creatividad y el uso de nuevos instrumentos, que ya existen y que variarán o serán reemplazados por otros en poco tiempo, que nos permitirán gestar nuevos emprendimientos.
  • El trabajo decente, junto a la vida y la libertad, es el bien que toda persona debe ejercitar para vivir con dignidad. Sin valores la vida en sociedad carece de sentido.

El trabajo, que recordamos el 1º de Mayo, es lo que más se discute en las últimas campañas electorales de distintos países. Donald Trump triunfó en EEUU, con un florido discurso, por denunciar la baja del empleo, la consecuente reducción de los salarios, los altos costos de los servicios, como los de la medicina y la educación. Por eso les dijo a los americanos: basta de inmigrantes que les quitan sus trabajos; revertiré el tratado del Nafta que trasladó fábricas a México o Canadá, y propuso repatriarlas, junto a las que se fueron a China; cuestionó el Tratado del Cambio Climático de París de 2016 porque haría cerrar empresas que contaminan el ambiente; propuso crear fuentes de trabajo a través de obras de infraestructura y en las fuerzas armadas. Su lema “Haz América grande de nuevo” (Make America Great Again) ponía en primer lugar al empleo y relegaba, a un segundo plano, otras cuestiones como la política internacional. Si lo propuesto para solucionar esto es acertado, está por verse. Los discursos de las campañas electorales de este año en Europa y América siguen la misma línea.

Terminar en Argentina con la pobreza, la corrupción y el narcotráfico; traer inversores, equilibrar las finanzas públicas, terminar con la inflación y la economía en negro, descentralizar, mejorar la educación, reemplazar el empleo público por el privado, alivianar la presión fiscal, mejorar la infraestructura, terminar con el festival de los subsidios, reforzar la seguridad y cuidar el ambiente; son propósitos que hay que atender para que todos tengan un trabajo, bien remunerado, que les dé sentido a sus vidas y que les permita realizarse como persona.

Si este vuelco se diera, ¿Cómo cambiaría la visión que todos tenemos de la política? Hasta nos despertaría ganas de participar.

Córdoba, abril de 2017.

A 30 años de la Constitución cordobesa

Eduardo Angeloz

La 5ª Constitución de Córdoba se aprobó el 30 de abril de 1987 y satisfizo distintos intereses políticos, como los del gobernador Eduardo Angeloz que consiguió su reelección –la que luego le trajo muchos dolores de cabeza-. José Manuel de la Sota, del entonces rebelde Peronismo Renovador, logró controlar el Partido Justicialista, del que era un disidente, hasta que ganó la elección de constituyentes aliado con la Democracia Cristiana, con la que luego consiguió ser gobernador. Los tres convencionales de la UDC -que sucedió al Partido Demócrata, que después se convirtió en la UCD de Germán Kammerath, y que hoy es el PRO-, consiguieron como tercer partido una representación fija en ambas cámaras, al acordar con Angeloz: darle quorum cuando se votó la reelección; y los Demócratas Cristianos que logramos que la Constitución se funde en principios humanistas y su texto repita 30 veces la palabra persona.

En 2001 fue reformada y se cambió la bicameralidad por la unicameralidad de la Legislatura, luego que la ciudadanía así lo decidiera en consulta popular; y terminó: con las mayorías automáticas en la elección de los diputados, con un senado que hoy sería más numeroso que el nacional, con la sanción tácita de leyes en la cámara revisora, y con una cantidad desmesurada e innecesaria de empleados. Se abolieron los privilegios parlamentarios, incluido el de arresto, que no sea el de opinión (89) y las jubilaciones de privilegio (art.104, 19).

El personalismo

El primer objetivo que propone su preámbulo, es:“(…)exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Afirma que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (art.4). Declara: “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.”(art.5); que las “(…)personas(…) son libres e iguales ante la ley y no admiten discriminaciones” (art.7); “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (art.9); la “libre iniciativa privada y actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (art.10) y que “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano” (art. 66).

El capítulo de los “Derechos personales” expresa: “Todas las personas en la provincia tienen derecho: (…)” y los enumera (art. 23), y los especifica, luego, como padre (art. 62, 5), hijo (art.34 y 62, 5), mujer (art. 24), niño (art. 25), joven (art. 26), anciano (art.28), discapacitado (art.27), preso (art. 44), consumidor (art.29), litigante, ciudadano, funcionario, magistrado o empleado público. Garantiza la intimidad personal, familiar, de su morada, en las comunicaciones y la inembargabilidad de la vivienda única (arts. 50, 45, 46 y 58).

Los capítulos de las “Asociaciones y Sociedades intermedias” y de las “Políticas Especiales del Estado”, garantizan la dimensión social del hombre; fijan nexos entre la

sociedad y el Estado, y se proclama: “la economía al servicio del hombre” (art. 67), referida a su bienestar (art. 56), su salud (art. 59), a su participación en el progreso tecnológico (art. 64), y a la ecología (art. 66). Declara, además, que “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (art. 61).

Asignaturas pendientes

Pero a pesar de las 30 años todavía no se fijaron por ley los procedimientos de la acciones (personal y colectiva) declarativa de inconstitucionalidad (art.165, 1, a), ni la de los habeas corpus (art.47); que deberían estar en un Código de Procedimiento Constitucional; que regule, además, los del habeas data, los amparos y el acceso a la justicia.

Las jubilaciones se redujeron por la leyes 10.078 (difirió 6 meses los aumentos) y 10.333 (11%), desconociendo que “las jubilaciones y pensiones (son) móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad” (art. 57). La Caja de Jubilaciones (intervenida) no “(…) tiene autonomía” ni está administrada “por los interesados con participación del Estado (…)” (art. 55)

No se reglamentó: aquello que: “Los padres tienen derecho que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral según sus convicciones” (art. 62 ,5); ni las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para los candidatos de los partidos (art. 104, 22); ni el voto de preferencia para las listas de legisladores del distrito único (Art. 78); ni se cambió la división territorial de los departamentos por el de las regiones (art. 104,7). La Legislatura mantiene en su reglamento, como el anterior del senado, que las mociones de tratamiento sobre tablas se aprueban con simple mayoría y no con los 2/3 -lo se permite sancionar proyectos de leyes presentados el mismo día- lo que ha decir a algunos que es una “escribanía”. El Defensor del pueblo (art. 104,36) no puede accionar en tribunales, y los Consejos de Partidos Políticos y el Económico Social no funcionan (arts. 33 y 125).

Córdoba se puso al dia con esta Constitución, pero la mora de la Legislatura en reglamentarla, o cuando la contrarió al reducir las jubilaciones, convirtió en abstracta a muchas de sus sabias disposiciones.

Córdoba, abril de 2017.

Fuentes tributarias separadas o coparticipación

Argentina

Argentina

La reunión de ministros de economía sirvió para recordarnos que hace 23 años no se dicta la ley de coparticipación federal prevista en la Constitución de 1994 (arts. 75, 2 y 3 y Disp. transitoria 6ª CN) y que en este tiempo la caja del gobierno federal creció en desmedro del de las provincias y los municipios acentuándose la injusta dependencia fiscal y política.

La Constitución de 1853 dispuso que el gobierno federal se financie con los derechos de importación y exportación y las tarifas de aduana. Pero desde 1891 el Congreso aprobó leyes que autorizaban a la Nación a recaudar impuestos internos, que gravaban las ventas, y que, hasta entonces, eran recursos provinciales.

El gobierno militar en 1832 creó el impuestos a los réditos (hoy a las ganancias), por el que el gobierno federal gravaba el ingreso de las personas, que, según la Constitución, era de resorte provincial, y para que estas normas no sean declaradas inconstitucionales, se dispuso que regían por tiempo determinado y se prorrogaron hasta ahora, y se coparticipaba a las provincias un porcentaje de lo recaudado. La última ley de coparticipación se dictó en 1988 en forma provisional durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y está vigente todavía.

En la reforma constitucional de 1994 en vez de terminar con este sistema se dispuso que debía dictarse otra ley convenio, de coparticipación federal, en base a acuerdos entre la Nación y las provincias; que tenían que aprobar el Congreso, por iniciativa del Senado y con el voto de la mayoría absoluta de todos los miembros de ambas Cámaras y las Legislaturas de provincias. Esta ley nunca se dictó ni se dictará, ya que nadie querrá recibir menos de lo que ahora tiene asignado.

La Nación y las provincias desde 1991 firmaron 8 pactos fiscales y una ley de responsabilidad fiscal que han servido para desfigurar y engordar, aún más, el Tesoro de la Nación; hacer más injusto e inequitativo el reparto de competencias fiscales; y han gestado un nuevo y poderoso sujeto que participa de esta distribución que es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Fuentes tributarias separada

Ante esto, lo mejor sería abolir la coparticipación y volver a las pautas de la Constitución de 1853, y, a su modelo, la Constitución de EEUU, o sea al sistema de fuentes tributarias separadas, que está vigente en el país del norte y en Brasil, por el cual los distintos impuestos están repartidos y se recaudan tanto a nivel federal, como estadual y municipal o de los condados, compensándose diferencias por razones de equidad a través de fondos de asignación específica. El gobierno federal de EEUU se financia en base a los impuestos indirectos externos y al impuesto a las ganancias –que se federalizó por la Enmienda XVI a la Constitución en 1913-, los estados con los tax (un impuesto a las ventas) y los municipios por los impuestos inmobiliarios.

Este nuevo reparto fiscal significaría redistribuir la administración y recaudación de todos los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, tarifas, aportes, regalía y demás gravámenes y recursos; entre el gobierno federal, las provincias, sus municipios, la ciudad de Buenos Aires y el ANSeS.

Junto a ello deberían descentralizarse servicios, como los que el gobierno nacional presta en la ciudad de Buenos Aires (como el traspaso de los tribunales “nacionales”) y que pagan los contribuyentes de todo el país; terminar con los privilegios instrumentados a través de ATN y el Fondo del Conurbano Bonaerense; revisar la política de subsidios; y dejar sin efectos gravámenes injustos como, por ejemplo, las retenciones o el impuesto al cheque; y la duplicación de impuestos similares o análogos que se cobran en los distintos niveles como el IVA, los ingresos brutos, a las ventas o al comercio e industria –como propuso el ministro Osvaldo Giordano de Córdoba-; o el inmobiliario provincial y el municipal. Esto debería estar ordenado en un Código Fiscal Federal, como los que tienen las provincias y los municipios.

Si seguimos el modelo de EEUU el gobierno federal debería cobrar los derechos de importación y exportación, el impuesto a las ganancias y a los bienes personales, que son los más difíciles de administrar; las provincias el impuesto al valor agregado (IVA), reduciendo el disparatado porcentaje del 21%; y los municipios el impuesto inmobiliario.

En síntesis, derogar la ley de coparticipación federal, redistribuir los tributos que corresponde a cada jurisdicción en base a “criterios objetivos de reparto” y fijar reglas más “equitativa, solidaria” y que den “prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.”, como quiere la Constitución (art. 75, 2).

La invasión digital al Poder Judicial

La invasión digital al Poder Judicial

La invasión digital al Poder Judicial

No hay un código de estilo que obligue a los tribunales y a los abogados a escribir con pautas que los hagan más claros. En nuestros tribunales, la electrónica ya no se limita al uso de computadoras, sino que también se emplea para varias tareas procesales.

La tecnología digital ha revolucionado el mundo y acelerado la globalización, al simplificar las comunicaciones y los trámites, ahorrar papeles y combustibles y suprimir el uso de medios de transporte, oficinas y empleos. Las ventajas que ella nos depara y los problemas que resuelve no nos relevan de afrontar los nuevos desafíos que ella crea.

Los gobiernos, la administración y el funcionamiento de los tribunales de justicia no han podido sustraerse a este fenómeno.

La despapelización

En nuestros tribunales, la electrónica ya no se limita al uso de computadoras e impresoras, sino que también se emplea para notificar, tomar vista de las actuaciones en los escritos y recursos que se presentan, en la producción de las pruebas, en las resoluciones y sentencias que se dictan, y hasta en los expedientes, judiciales o administrativos, que se tramitan o archivan. La despapelización es irreversible, con el correspondiente beneficio ecológico.

Pero esta invasión de tecnología se produjo de manera desordenada, ya que los sitios web que tienen la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores, federales y nacionales (www.pjn.gov.ar), no son los mismos y están programados en forma diferente de los que tienen los tribunales provinciales (en Córdoba: www.justiciacordoba.gob.ar) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.tsjbaires.gov.ar).

Diferentes y limitados

Los archivos y las estadísticas que se necesita disponer, con base en la información que contienen, son de alcances diferentes y por demás limitados. Las páginas de los abogados, de los estudios jurídicos y del Ministerio Público Fiscal (https://www.mpf.gob.ar) y de la Defensa (www.mpd.gov.ar) federal, como las de los ministerios públicos provinciales, también son distintas de las de los tribunales. Las nubes adonde van a parar las informaciones son diferentes en cada página.

Los escritos se presentan en papel y digitalmente en los Tribunales federales, y en los de la provincia de Córdoba sólo en papel. En las notificaciones federales y provinciales que se hacen en las respectivas páginas web, se indica el expediente y el texto de resolución que se comunica.

Los abogados pueden inscribirse en los tribunales, federales o provinciales, para que les comuniquen digitalmente, por una “cortesía”, si se ha dictado una resolución o fallo. En este caso, sólo se indica la carátula y el número de expediente, pero no el texto de la resolución, la que hay que buscar en el sitio web correspondiente.

En la Justicia federal, los plazos procesales corren desde el día en el cual la resolución notificada es subida a la página.

En la provincia de Córdoba, tres días después, según una acordada del Tribunal Superior, lo que crea desconcierto cuando se tramitan en este tribunal los recursos extraordinarios y de queja de la ley 48, que finalmente resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que esta no admite esta demora de tres días para comenzar a contar el plazo.

En la página de los Tribunales federales, se pueden ver los escritos y resoluciones de cada expediente; en la de la provincia de Córdoba, sólo las resoluciones o fallos, pero no los escritos.

Los recursos, reclamos y pedidos de vista en la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba sólo se pueden presentar, y se notifican, en formato digital; pero los que se presentan en la administración nacional, en la provincial y en los municipios de Córdoba, deben hacerse en papel. Anses, para los casos de la reparación histórica (ley 27.260), digitalizó los trámites.

Código de estilo

No hay un código de estilo que obligue los Tribunales federales y provinciales y a los fiscales y letrados a escribir y subir los escritos, resoluciones, sentencias y peritajes con pautas que los hagan más claros, sintéticos y de fácil comprensión, como exige la Corte Suprema para los recursos que se le presentan (resolución 4/2007), siguiendo las reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

La torre de Babel, donde todos hablaban distintas lenguas, se parece mucho a todo esto. Si no se pone orden mediante leyes y no por acordadas –como viene sucediendo– que algunas veces reforman los códigos de procedimiento, en esta revolucionaria invasión digital no faltarán los que reclamen volver al papel y a la máquina de escribir.

Los que no nos representan

 

Nigel Farage

Nigel Farage

En nuestro país y en el mundo, es notable la distancia que separa a los ciudadanos de sus gobernantes. Las últimas elecciones en EEUU y en las consultas populares: del Reino Unido -por el Brexit-, de Colombia -por el Acuerdo de Paz con las FARC- y de Italia, son un ejemplo elocuente de ello.

Las grandes y vertiginosas transformaciones sociales y tecnológicas que nos depara el Siglo XXI hacen que muchos políticos no alcancen a percibir, interpretar, diagnosticar, asumir, ni proyectar su regulación, con la claridad y la premura que los electores -en su mayoría también desorientados- reclaman.

Estos cambios radicales se muestran en:

  • la globalización, que internacionalizó el mundo de la economía y las finanzas: el sistema financiero, el mercado, el comercio y la actividad de grandes corporaciones;
  • el “cambio climático”, la contaminación del ambiente y la acidificación y el aumento del nivel de los océanos, que afectan a la “Casa común”, como dice SS Francisco en “Laudato Si”, y que el Acuerdo de París intenta paliar.
  • la existencia de organizaciones internacionales violentas como ISIS y las dedicadas al narcotráfico, la trata de persona, el comercio de armas o que escoden el dinero de la corrupción;
  • la homogenización de las manifestaciones musicales, en el cine, la televisión, las redes sociales, las artes en general y en los usos y costumbres, como la vestimenta, la gastronomía, etcétera;
  • el papel relevante que ha cobrado la ciencia, la investigación, la educación y la acumulación de conocimientos e innovaciones;
  • la aparición y fortalecimiento de instituciones políticas y económicas supranacionales, y de normas y sistemas jurídicos para reglar el mundo globalizado.

La tendencia a la reducción del empleo tanto en los sectores agrícola y extractivos, como en el industrial, que se encaminan al “empleo cero”, por la automación y robotización, y por la necesidad de suprimir las formas de producción que contaminan, o que están siendo reemplazadas por otras mejores (v.gr.: los automóviles eléctricos por los que consumen nafta); lo que se completa en el sector terciario con la digitalización del gobierno y de la administración; y la multiplicación de organizaciones sociales que reclaman, protestan y exigen la soluciones a los problemas de alimentación, vivienda, salud, educación, etc., lo que el Estado, ni las organizaciones que lo complementan o lo suplen, no alcanzan a satisfacer.

Los planes sociales argentinos y de otros países, tratan que los ingresos de ciudadanos sean más equitativos, como son: la bolsa- familia en Brasil, la “Renta mínima de inserción” (RMI) en Francia, o el dividendo social que reciben cada año los que viven en Alaska – EEUU- cuyo monto varía según el rendimiento del organismo gestor: Permanent Fund Dividend Application (en 2006, fue de U$S 1.106.96 anuales). Los suizos acaban de rechazar en un referendum, con el 78% de los votos, la implantación de una “Renta básica de inserción” (RBI), de 2500 francos mensuales que cobrarían todos sus habitantes tengan o no ingresos. Iniciativa similares se propusieron ante la Comisión Europea en 2013, en Finlandia y en Utrecht -Holanda-.

La revolución en las comunicaciones hizo cambiar en política el diálogo, el discurso, el debate y las formas de relacionarse y consensuar. Tampoco es igual, ni parecida, en este siglo, la relación entre representantes y representados; ni el funcionamiento de los poderes dentro del Estado; nacional, provincial y municipal; como el de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales; y las amplias administraciones que los acompañan.

Los discursos, ilustrados con gestos e imágenes, son más breves; y contienen títulos y subtítulos contundentes, que acentúan las diferencias entre que se propone con lo que se quiere sustituir, y, muchas veces, descalificando al que piensa o sostiene lo contrario. Las redes sociales son el vehículo más eficaz de comunicación; las encuestas y los medios gráficos están en crisis y a los expertos no siempre se los escucha.

Los sistemas electorales y las prácticas representativas se crearon para una sociedad diferente de la actual, por eso es que ya no sorprende la aparición de outsider que denuncian al establishment y a los efectos negativos de estas mutaciones, como Donald Trump en EEUU; Nigel Farage, en el Reino Unido; Alexis Tzipras en Grecia; Beppe Grillo en Italia; Marine Le Pen en Francia, Pablo Iglesias en España, etc., con propuestas, populistas o nacionalistas, poco claras de cómo remediar los males que denuncian.

Conclusión: los ciudadanos y los políticos debemos acércanos y compartir más y mejor los nuevos problemas quejan.

Córdoba, diciembre de 2016.

Por qué triunfó Trump

Donald Trump

Donald Trump

La mayoría de los “expertos” que escuchamos, antes de los comicios de EEUU, los que fuimos como observadores a Washington D.C. –en mi caso por séptima vez y con los gastos a mi cargo-, nos aseguraban que ganaba Hillary.

Sin embargo, luego de conocido el triunfo de Donald Trump descubrimos que había sobradas razones que lo explican, en una elección donde muchos votaron por el mal menor, y donde el ganador era un outsider de la política, que cuestionaba duramente al establishment, muy bien representado por la esposa de Bill Clinton. Este reproche abrió una grieta en medio de la sociedad norteamericana, ya que su resultado fue casi un empate: con mayor número de estados y electores para la fórmula Trump – Pence, pero con algunos pocos votos más para Hillary- Kaine.

Las tensiones generada durante la campaña, las protestas de los que no aceptan al nuevo presidente, la incertidumbre de varios millones de indocumentados que pueden ser expatriados, y la construcción del muro, plantean interrogantes que exceden las fronteras del país del norte.

Los que bregamos a favor de sectores postergados para que sean igualados, no debemos olvidar que a los que hay que igualar, o los que desde no hace mucho fueron igualados, también tienen intereses que defender y derechos que reclamar. Allí encontró este millonario inmobiliario la tecla que hizo sonar cuando cuestionó y se propuso atender:

* el problema del desempleo, que padece la clase media, por los cambio que en la forma de trabajar imponen las nuevas tecnologías; por la competencia con los inmigrantes; porque muchas empresas se mudaron a otros países donde la mano de obra es más barata (caso México y China); y el probable cierre de muchas otras que producen energía a partir del carbón y que contaminan el ambiente, después de la firma por Obama del Acuerdo de París por el cambio climático.

* Por la disminución de los salarios; el altos costos del seguro de salud, el Obamacare, al que Obama -con buen criterio- extendió a varios millones de personas; las dificultad que muchas familias tienen, para afrontar los costos de la educación universitaria de sus hijos; y por la pérdida de viviendas ocurridas por estos cambios y por la crisis hipotecaria del año 2008.

* Al estar en juego la designación de jueces a la Suprema Corte Trump, a diferencia de Hillary, propuso designar magistrados que cambien los criterios abortistas de este tribunal.

* La idea de reflotar el “sueño americano” y de recuperar el liderazgo mundial que parece haber perdido Obama ante otros como el Papa Francisco.

Lo que pasó en EEUU, además, no es muy diferente con lo que ocurrió en política en otras partes del mundo. Ejemplo de ello la aparición de Alexis Tsipras en Grecia, de Pablo Iglesias con “Podemos” en España, del cómico Beppe Grillo con “Cinco estrellas” en Italia, y con el Brexit en Gran Bretaña. O más cerca nuestro, en Colombia -con el referéndum que rechazó el Acuerdo con la FARC-; o en Brasil con la destitución por juicio político de Dilma Rousseff.

El pueblo tiene intereses y razones que no siempre los políticos percibimos, por eso es que aparecen estos descolgado que con mayor sensibilidad y energía son capaces de derrocar a los que se duermen en los laureles, aunque después no sepan qué, ni cómo hacer lo que prometieron.

Córdoba, de noviembre de 2016.

La política, ¿es cosa de mujeres?

Hillary Clinton

Hillary Clinton

En los últimos tiempos parecería que cada vez lo es más.

En los EEUU, por primera vez, hay una candidata a presidente: Hillary Clinton. Tema central del segundo debate entre los candidatos a presidente fueron las expresiones despectivas a las mujeres vertidas en un video por Donald Trump, su rival. Lidera la Unión Europea la canciller de Alemania Ángela Merkel. El primer ministro del Reino Unido, después del Brexit, es Theresa May. La corona de Holanda la luce la argentina Máxima Zorreguieta.

El político más notable de Argentina es María Eugenia Vidal –gobernadora de Buenos Aires-, que al igual que otras cuatro mujeres gobiernan otras tantas provincias. En el Senado, presidido por la vicepresidenta Marta Gabriela Michetti, hay un 41,7% de mujeres. En Diputados hay 99, sobre un total de 257 (el 38,55%). Cuando voté como diputado la ley de cupo femenino (30%) en 1991 había solo había 12 (el 5%). El rol de “fiscal de la República”, que alguna vez ejerció Agustín Rodríguez Araya, se lo disputan hoy las diputadas Elisa Carrió y Margarita Stolbizer.

En contraste con ello, no dejaron un buen recuerdo las esposas que sucedieron a sus maridos en la presidencia: Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco las agresivas manifestaciones de mujeres que reclaman descriminalizar el aborto, como la ocurrida en estos días frente a la catedral de Rosario.

Reforma electoral

En la discutida reforma electoral, además de introducir una costosa impresora en el cuarto oscuro, que no es una urna electrónica, lo más novedoso es que se aumentará el cupo femenino, para que en las listas de candidatos se repartan en partes iguales entre personas de distinto sexo, sin que se prohíban los excesos, como que la integren cónyuges, o quienes comparten uniones convivenciales, o sean parientes hasta el segundo grado.

Se posterga, otra vez, el actualizar el número de diputados de cada distrito, como exige la Constitución, después de cada censo (Art. 45); lo que deja a Córdoba con 18 diputados; mientras la Capital Federal continúa con 25 y Santa Fe con 19, a pesar de tener menos habitantes. El mínimo provincial continúa siendo 5, lo que no es constitucional.

Al elector se le continúa impidiendo marcar la preferencia entre los candidatos que integran las listas, como ocurre en Brasil y dispone la Constitución de Córdoba (Art. 78), aunque nunca se lo reglamentó, lo que hace que cuando el gobierno nacional dice negociar con los

legisladores lo hace a través de los gobernadores o de los líderes partidarios, que confeccionaron las listas y parecen ser los dueños de las bancas.

Muchos tuvimos la esperanza que en la prometida reforma política los legisladores, volverían a ser nuestros representantes, cualquiera sea su sexo. Que cuando sean candidatos nos pidan el voto, nos cuenten de sus proyectos, y que, luego, nos rindan cuenta de su gestión. En el Congreso “escribanía” o “posescribanía”, lo que hay que cambiar es que podamos conocer a nuestros representantes, que dicen cuando hablan –si lo hacen- o proyectan en nuestro nombre, y como votan en las cámaras. Los que integran listas “sábanas”, después de electos, responden más a los pusieron de candidatos, que a los que los votamos. Lo que necesitamos, queremos y aspiramos los ciudadanos, parece que poco importa.

Más allá de los cupo, lo deseable es que lleguen los o las mejores, y que nos representen.

Córdoba, octubre de 2016.