¿Que hacer con el Consejo de la Magistratura?

Evaluación de la Ley 26.080

Evaluación de la Ley 26.080

A 15 años de la última reforma de la Constitución se replantea la necesidad de reformar la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El Consejo se creó para hacer una mejor selección de los jueces inferiores de la Nación y el Jurado para que estos cuando deban ser destituidos tengan un juicio justo.

Sin embargo, al Consejo, se le asignó la atribución, que hasta ese momento tenía la Corte Suprema, de administrar los recursos, ejecutar el presupuesto y dictar los reglamentos del Poder Judicial, lo que no era necesario y creó roces con el Alto Tribunal.

La Convención omitió crear una Escuela Judicial, para que los aspirantes a magistrados, funcionarios y empleados tengan una mejor formación y actualización científica y técnica, lo que, fue salvado, más tarde, por la ley que reglamentaria, pero su implementación se demoró y su funcionamiento actual no es satisfactoria.

Los constituyente no fijaron el número de integrantes del Consejo, pero sí que deberían estar representados en el mismo “los órganos políticos resultantes de la elección popular”, los jueces y abogados (omitió a los integrantes del Ministerio Público) pero la ley que lo reglamentó dispuso que debían ser 20 (el presidente de la Corte, 4 jueces, 8 legisladores, 4 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 del ámbito científico y académico) y fijó, un criterio de “equilibrio” entre estos tres sectores que última ley vigente desbarató, y que según la Constitución son: “la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal” (art. 114).

La ley 26.080, impulsada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, redujo los consejeros de 20 a 13; y el presidente de la Nación quedó con poder de veto, al contar con 5 votos (4 de legisladores oficialistas y su representante), con lo que controla las decisiones importantes del Consejo; que se toman con dos tercios de votos. Además, el sector político se fortaleció al quedar con 7 miembros (3 senadores, 3 diputados y el representante del Ejecutivo), en desmedro de los jueces que bajaron de 5 a 3, de los abogados que de 4 pasaron a 2 y de los académicos que de 2 sólo quedó con 1. El quórum para sesionar bajó de 12 a 7. El Jurado de Enjuiciamiento se redujo de 9 a 7, dejó de ser electivo y permanente, para sortearse cada 6 meses para atender las causas que se plantean en ese tiempo.

El Consejo de la Magistratura, así conformado, merece las siguientes criticas:

• No debió excluirse al presidente de la Corte Suprema, que lo presidía, contrariando a la Constitución cuando dice que al Consejo lo integran “jueces de todas las instancias” (art. 114 CN). Su presencia fue útil para evitar roces entre la Corte y el Consejo.

• Mantiene la prohibición de la ley anterior, que los consejeros integren o, al menos, presidan los tribunales de concurso para los postulantes a magistrados inferiores (art. 13 inc. C), criterio discutible, ya que esa es una función específica de los consejeros. La ley anterior decía que el examen y la calificación de la prueba de oposición la hacía un jurado integrado por un juez, un abogado y un profesor de derecho, que algunas veces no tenían un nivel superior a los que concursan. La nueva ley excluye, sin razón, a los abogados y dice que los jurados se integran con dos jueces y dos profesores. Las listas de jueces (en la ley anterior los abogados) o profesores titulares, asociados y adjuntos regulares, eméritos o consultos de derecho, designados por concursos en las universidades, de las que luego se sortearan a los 4 jurados, las confecciona la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, sin que haya pautas o criterios fijados por la ley, que aseguren la idoneidad de los mismos para actuar como jurados.

• El representante del Poder Ejecutivo debió al menos, ser ministro. Esta representación es, además, cuestionable ya que el Poder Ejecutivo es el órgano al que controla el Consejo.

• No suprimió la atribución del Consejo de entrevistar a los postulantes para evaluar su “idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática”, después del concurso de oposición y antecedentes que toma el jurado, ya que ello es lo debe hacer el Senado antes de prestarle el acuerdo público al ternado propuesto por el Ejecutivo.

• No hay motivo para que en la comisión interna de Selección de Magistrados y Escuela Judicial no haya abogados, ni que la representación política sea igual a la de jueces y académicos (4 para cada uno), mientras en las  comisiones de Disciplina y Acusación (que la ley fusiona) y de Administración y Financiera, prevalece el sector político, y sólo en la de Reglamentación está en minoría el sector político, lo que no es razonable.

• No se justifica el haber cambiado la exigencia de dos tercios de votos por el de mayoría absoluta para que el pleno del Consejo sanciones a magistrados, a propuesta de la Comisión de Disciplina y Acusación.

• Suprime la potestad que la ley anterior daba al Consejo, de que, con el voto de tres cuarta parte de sus miembros, se pueda remover a los legisladores y al representante del Ejecutivo, dejando esa atribución a las cámaras o al Poder Ejecutivo, según corresponda, siempre que les sea requerido por el Consejo con la misma mayoría. No se entiende por qué no se hizo lo mismo con los jueces que tienen estabilidad en su cargo, mientras dure su buena conducta, y que pueden ser removidos por juicio ante el Jurado de Enjuiciamiento.

• Dispuso que cuando el Senado no presta acuerdo al ternado propuesto por el presidente, debe convocarse a un nuevo concurso, cuando la Constitución lo que expresa es que la terna es vinculante por lo que el Ejecutivo, en ese caso, debe pedir el acuerdo de otro de los integrantes de la terna.

• No se mejoró, jerarquizó, ni se le aseguró mayores recursos -del presupuesto que se le asigna al Consejo- a la Escuela Judicial, ni ha estimular por la misma a que se mejore la preparación y actualización de los jueces –que, en general, son remisos a participar en los cursos que dictan -, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Debió expresamente incluir también a los abogados que aspiran a la magistratura.

• No modificó la ley para permitir las suplencias transitorias de los consejeros, ya que la misma, admite sólo el reemplazo de los consejeros por sus suplentes en caso de renuncia, remoción o fallecimiento, pero no en caso de ausencias temporales, lo que de estar autorizado podría agilizar el funcionamiento del órgano, si tenemos en cuenta que los legisladores y jueces, algunas veces, no asisten a las sesiones porque no estar eximidos de cumplir las funciones que tienen en las cámaras o en los tribunales.

Respecto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la ley es criticable porque:

• Dejó sin representante a la Corte Suprema en el Jurado y modificó su composición, al disminuir el número de jueces de 4 a 3, aumentar el de los congresistas de 3 a 4 y bajar de 2 a 1 el de los abogados, lo acrecienta el peso del sector político, sin que haya razón que lo justifique. Si bien la Constitución no exige simetría entre los sectores integrantes del Consejo ni del Jurado, en este caso la misma es más necesaria que en el caso del Consejo ya que la Constitución dice que el Jurado está integrado por“legisladores, magistrados y abogados”, en plural, lo que indica que no puede haber sólo un abogado. Además, sus integrantes dejan de ser elegidos entre sus pares para pasar a ser sorteados, lo que atenta contra el principio democrático.

• El designar a los jurados por sorteo cada 6 meses, puede llevar a que al mismo tiempo pueda haber más de un Jurado funcionando en causas iniciadas en semestres diferentes.

Si se revisa la ley  26.080 espero que se tenga en cuenta estas críticas que aspira a un Poder Judicial independiente y eficaz en su funcionamiento

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