El Autoritarismo en Latinoamérica

Hugo Chavez

Hugo Chavez

Casi todos los países de Latinoamérica al comenzar el siglo XXI cuentan con gobiernos democráticos sometidos a sus respectivas constituciones; donde la participación femenina es significativa, ya que las mujeres han equiparado su rol social con el de los varones, lo que se puede observar incluso en el campo de la política donde encontramos incluso presidentas de repúblicas, como ocurre ahora en Chile y Argentina.

Los derechos humanos han cobrado un papel muy importante en la región y su protección es cada vez más una preocupación prioritaria en nuestras sociedades y gobiernos,  los derecho de las minorías (verbigracia: de los pueblos originarios, de los inmigrantes, de las regiones postergadas, etcétera) han adquirido una importancia fundamental y ello se puede comprobar con la presencia de aborígenes en algunos parlamentos y en la vida política. La necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales se ha tornado en otro de los propósitos significativos que caracterizan a nuestras sociedades en el siglo que comienza.

Los gobiernos autocráticos surgidos de golpes de estado y presididos por militares, que quebrantaban el orden constitucional, que descreían de los órganos legislativos, de los partidos políticos, de la prensa libre, de la Democracia Constitucional y de los derechos humanos son sólo un recuerdo, o, mejor, un mal recuerdo del pasado que nadie o muy pocos quieren repetir, y que en muchos países hay condenados y procesos judiciales para castigar a los responsables y culpables de estos quebrantos, que atentaron seriamente contra los derechos muchas personas.

Como herencia de ese pasado nos queda: Cuba con un régimen político comunista, que no encontró nunca como aggiornarse después del derrumbe de la Unión Sovietica, ni como contruir una Democracia respetuosa de los derechos de los que viven y de los que se tuvieron que irse de la isla, y una economía que conjuge las necesidades de un postergado desarrollo, con los progresos alcanzados en educación y en salud; Colombia, con una guerrillera cincuentenaria, violenta, que tiene secuestrada a muchas personas, con vínculos con el narcotráfico y que no encuentra el camino para insertarse en un  proceso democrático, que no necesite de la ayuda norteamericana para sostenerse y defenderse de los cárteles de la droga; y Haití un país que no termina de organizarse como sociedad política con un Estado y un gobierno que sea respetado por quienes lo habitan y desean que se les respeten sus derechos políticos y civiles.

Pero la Democracia Constitucional, como convicción muy arraigada en nuestras sociedades, no ha tenido el desarrollo que los que la soñamos mucho tiempo pretendíamos. La globalización, que priorizó el mercado de capitales, y las políticas neoliberales, que se difundieron a partir del “Consenso de Washington”, acentuaron las desigualdades entre los que tienen mayores y menores ingresos, aumentaron la pobreza y la indigencia, lo que permitió que las ayudas estatales se convirtieran, muchas veces, en instrumentos de políticas clientelísticas y populistas; que se privara de recursos y de eficacia a los servicios educacionales, de salud y de seguridad; y que no se promoviera y difundiera el empleo genuino.

La corrupción ha sido una de las enfermedades de los sistemas democráticos y la causante de colapsos en su continuidad como el sufrido por Venezuela respecto del esquema pergeñado en el Pacto de Punto Fijo.

En lo político, luego de la ola neoliberal, que caracterizó la década de los noventa, apareció una tendencia izquierdista liderada por Hugo Chávez Frías en Venezuela, que apoyado en los petrodólares, y en una estructura política militarizada, que dividió a la sociedad de sus país en dos bandos hostiles e irreconciliables, que desafía al gobierno norteamericano, que  ha iniciado una preocupante carrera armamentísta y que pretende exportar su experiencia a otros países de la región.

La Bolivia de Evo Morales, ha seguido igual camino y la división política se ha tensado, en ese país, de tal forma que hasta se llegó a hablar de la secesión de los departamentos de la “media luna”, que claman por su autonomía y que se oponen a la política centralista de quién fuera el jefe de los cocaleros y quién reivindica los derechos de los pueblos originarios.

Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, siguen esta corriente y, en alguna medida, los Kirchner (Néstor y Cristina Fernández) en Argentina emulan esa tendencia.

Mientras tanto: Chile, desde 1990 cuando recuperó la democracia; Brasil, con Lula da Silva; Uruguay con Tabaré Vázquez; y, en gran medida, Perú con Alan García, han adoptado políticas inspiradas en los principios de la social-democracia y la democracia cristiana, que han fortalecido el funcionamiento de sus democracias, sus sistemas institucionales y de partidos; y han trazado una línea de política económica que le viene dado buenos resultados, además de tener buenas relaciones con Estados Unidos, Europa y las nuevas potencias asiáticas, China y la India.

En la centro derecha lucen los gobiernos de países como México,  que después de 70 años de gobiernos del PRI tuvo por presidentes a Vicente Fox Quezada, primero, y, ahora, a Felipe Calderón; Colombia, con la presidencia del popular Alvaro Uribe Vélez, que ha sido reelegido, para lo cual se tuvo que hacer reformar la Constitución; y Elías Antonio Sanca de El Salvador, cuarto presidente del partido ARENA.

Los propósitos de integración parecen ser una preocupación de todos los gobiernos, al menos si tomamos cuentas las eficaces intervenciones de los presidentes de la región para solucionar las dos crisis más graves este año, como fueron las que tuvieron lugar entre Ecuador y Colombia, por la intervención de las fuerzas armadas de este país en territorio fronterizo del primero en el que murió el jefe de las FARC Manuel Reyes, y que se resolvió en la reunión de los Presidentes de los paises del Grupo de Río en Santo Domingo en el mes marzo; y en Santiago de Chile, el mes pasado, cuando se reunieron la cumbre de los presidentes del UNASUR (Unión de Naciones del Sur) ,convocados por la presidenta Michelle Bachelet, donde se superó el conflicto producido en los enfrentamientos entre oficialismo y oposición en Bolivia, que tuvieron un saldo de 30 muertos y muchos heridos.

Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se rompieron por decisión de los gobiernos de Venezuela y Bolivia.

El golpe de estado ocurrido en Honduras, por el que fue detenido y trasladado por fuerzas militares a Costa Rica el presidente constitucional Manuel Zalaya, quién fue y está respaldado por Chavez y los gobiernos de los países del ALBA; y el apoyo militar recibido de Estados Unidos por Colombiapara la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico han enrrarecido un poco mas las relaciones entre los gobiernos de los países del Contiente americano y las permanentes reuniones cumbres de presidentes no han servido para encontrar la forma de revertir esta situación.

La coyuntura económica ha sido, al menos hasta el crack de los créditos hipotecarios en lo Estados Unidos, por demás favorable a las economías de la región, especialmente por los precios internacionales de los comodities, y por la necesidades de consumo de los grandes mercados, como son los de Estados Unidos y China.

Sin embargo, los caminos de la integración están muy lejos de alcanzar el rumbo lineal ni la dinámica que tuvo en la integración Europa después de la segunda gran guerra.

LAS NUEVAS TENDENCIA AUTORITARIAS

VENEZUELA

El teniente coronel Chávez, que estuvo preso dos años y medio por ser golpista en 1992, arrasó en las elecciones presidenciales y de constituyentes (donde su Polo Patriótico obtuvo el 92 por ciento de las bancas) e hizo aprobar una extensa Constitución (de 350 artículos y 20 transitorios) ratificada en el plebiscito del 15 de diciembre del 1999 por el 72 por ciento de los votos con una abstención del 50 por ciento de los electores.

De este modo se reemplazó al régimen político democrático, inaugurado en el Pacto de Punto Fijo de 1959 y que se plasmó en la Constitución de 1961 (que tenía 252 artículos), y que tuvo por principales protagonistas a los presidentes surgidos de los partidos Acción Democrática y el social cristiano COPEI, lo que produjo un cambio político muy importante en ese país.

La nueva Constitución dispuso “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”(preámbulo) y que “Venezuela se declara República Bolivariana” (art. 1), que mantiene la organización federal de estado.

La Constitución divide al Gobierno en cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Extiende de cinco a seis años el mandato del presidente, con una reelección (que antes estaba prohibida por 10 años) y amplía las atribuciones del Poder Ejecutivo, al permitirle: nombrar y remover al vicepresidente (cargo nuevo) y a los ministros; presidir y disolver la Asamblea Nacional; convocar a Asamblea Constituyente, para dictar una nueva Constitución, y a referendo para abrogar leyes; declarar el estado de emergencia y restringir las garantías personales; dictar decretos con fuerza de ley y designar a cinco de los nueve miembros del Consejo de Estado que lo asesora.

En la Asamblea Nacional -el Poder Legislativo- se suprimió al Senado (es el único Estado federal americano unicameral), y es integrada por diputados de los Estados, con mandatos de cinco años, elegidos en forma proporcional, con mandatos revocables popularmente, reelegibles sólo por dos períodos y con el deber de rendir cuentas.

El Tribunal Supremo -cabeza del Poder Judicial- está dividido en salas, entre las cuales está la Constitucional, que puede anular leyes nacionales, Constituciones y leyes de los Estados. La Justicia militar integra el Poder Judicial y se reconoce la Justicia indígena.

El Poder Ciudadano lo ejerce el Consejo Moral Ciudadano, que vela por la ética pública y la moral administrativa, y lo integran el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República, con mandatos de siete años.

El Consejo Nacional de Elecciones -que ya existía- de cinco miembros, nombrados por la Asamblea, es el Poder Electoral.

La iniciativa, el referendo popular y la revocatoria de los mandatos de los funcionarios están previstos en la Constitución.

Los Estados tienen gobernador y legislaturas –de siete a quince miembros- elegidos cada cuatro años y con posibilidad de una reelección, y se garantiza la autonomía municipal.

Tiene una larga declaración de derechos humanos pero ataca la libertad de expresión, al declarar el derecho a la información “veraz e imparcial” y limitar la informática (Internet) en garantía del honor y la intimidad, y abre la posibilidad de legalizar el aborto.

Hay cláusulas curiosas como las que invocan los tratados y laudos arbitrales de límites territoriales “no viciados de nulidad” (¿quién lo decide?); declara que la nacionalidad no se pierde al optar o adquirir otra; la objeción de conciencia no puede invocarse para eludir la ley; los sindicalistas deben hacer declaración jurada de bienes y serán sancionados cuando abusen en su provecho de la libertad sindical. La televisión debe subtitular y traducir a la lengua de señas para los sordos; no prescriben las acciones por delitos contra los derechos humanos, el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes.

En ésta, que es la vigésimoséptima Constitución venezolana, evocativa de Bolívar y empeñada en afirmar la democracia y los derechos humanos, hay un diseño de poder, nacionalista y populista, hecho a la medida del presidente Chávez, que cuenta, actualmente, con una Asamblea Nacional donde no hay opositores; que, además, sus diputados le han delegado poderes para dictar las leyes que crea conveniente dictar.

El 2 de diciembre de 2007 se hizo un referendum para reformar 69 artículo de la Constitución, entre los cuales estaba el que extendía el período presidencial de 6 a 7 años y establecía que la reelección era ilimitada (art. 230); al Presidente se le daba el control sobre las reservas internacionales y se eliminaba la autonomía del Banco Central de Venezuela. Se facultaba al poder estatal  tomar activos de empresas privadas sin órdenes judiciales. Se facultaba la remoción de los miembros del Tribunal Supremo por simple mayoría de la Asamblea Nacional y no con los dos tercios como lo exige en la Constitición de 1999. Se retiran los plazos máximos para los estados de alerta, de emergencia, de emergencia económica y de conmoción interior y exterior, siendo reemplazado por “durarán mientras se mantengan las causas que los motivaron”. Los estados de excepción deberían ser aprobados sólo por la Asamblea Nacional. Sólo el Presidente de la República puede dejarlos sin efecto.

En dicho referendum Chavez fue derrotado, el No a la reforma triunfó, en los dos bloques en que se había dividido la votación, por escaso margen y en comicios en que hubo un 44,11 por ciento de abstención.

El presidente Chavez, después de la derrota, declaró: “No retiro ni una sola coma de esta propuesta, esta propuesta sigue viva…” ya que anunció que segurían trabajando en favor del Proyecto de Reforma Constitucional para “construir la democracia socialista”. Luego agregó “Quizás no estamos maduros para empezar un proyecto socialista, sin temores. No estamos listos todavía para emprender un Gobierno abiertamente socialista”. También declaró que “la abstención nos derrotó”.

ECUADOR

En esta misma línea el 28 de septiembre pasado se votó la vigésima constitución de Ecuador en un referendum donde la aprobación obtuvo más del 66 por ciento de los votos, pese al rechazo de la debilitada oposición encabezada por el alcalde de Guayaquil, de Iglesia Católica y los gremios empresariales.

La misma abre la puerta a la reelección de Correa, que tiene un mandato de cuatro años, por dos nuevos períodos consecutivos, aunque la Constitución prevee sólo uno. Con esa victoria, Correa se afianza frente a un país, que ha visto caer a tres presidentes en la última década en medio de violentas protestas populares.

La nueva Constitución, una de las más extensas del mundo; ya que tiene 444 artículos, 30 disposiciones transitorias, una derogatoria de la Carta Constitucional de 1998 y una disposición final, supera a la de la India de 1950 que tiene 397 artículos, en nueve capítulos y ahora tiene 80 enmiendas, y que se consideró, por mucho tiempo, como la más larga del mundo.

El preámbulo, de la ecuatoriana, tiene la originalidad de declarar: “Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos partes” y proponer: “Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar un buen vivir.”

El presidente, que se elige de la misma forma que establece la Constitución Argentina, en forma directa y en doble vuelta si no obtiene el 45 por ciento de los votos o con más del 40 no obtiene una diferencia del 10 por ciento con el segundo, puede disolver la Asamblea Nacional, y puede declarar por sí los estados de emergencia previstos en la Constitución, lo que ha merecido la crítica de considerarla “hiperpresidencialista”.

Las uniones monogámicas estables de dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho se equiparan al matrimonio. La adopción corresponderá sólo a las parejas de distinto sexo.

El Estado es unitario y el gobierno esta dividido, como en la Constitución Venezolana, en cinco funciones: la legislativa, la ejecutiva, la judicial, la de transparencia y control social y la electoral.

La función legislativa la ejerce una Asamblea Nacional unicameral, electiva ejercida por diputados que duran en su mandato cuatro años.

La función ejecutiva está a cargo de un Presidente de la República, que se elige junto al vicepresidente.

En la función judicial hay una Administración de justicia y la Justicia indígena.

La función de Transparencia y Control Social la tiene un Consejo de Participación y Control Social, una Contraloría General del Estado, Superintendencias y el Defensor del Pueblo.

La Función Electoral está a cargo de un Consejo General Electoral y un Tribunal en la Contencioso Electoral.

La Constitución crea una Corte Constitucional.

También, como en la de Constitución de Venezuela están previstos los mecanismos de democracia semidirecta como la iniciativa, la consulta popular y la revocatoria.

BOLIVIA

La Asamblea Constituyente de Bolivia aprobó en la ciudad de Oruro el 9 de Diciembre de 2007 un proyecto para de nueva Constitución, que ahora debe pasar al trámite de referendum público para entrar en vigor.

El nuevo texto constitucional tiene 411 artículos, que han sido divididos en cinco bloques temáticos, cuyo objetivo es transformar a Bolivia en “un Estado, muchas naciones.”

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural.” (art. 1) “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, y al reconocimiento y consolidación de sus instituciones y entidades territoriales, conforme a esta Constitución.” (art. 2)

Principalmente se destacan los derechos de los indígenas, entre los que están el poder elegir a sus dirigentes a sus maneras tradicionales, el reconocimiento de lengua oficial a una serie de dialectos, sus derechos de propiedad, etc. Reconoce la propiedad colectiva, expresamente queda prohibido el latifundio y señala que “las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos” ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propio, y que la jurisdicción indígena respetará los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, interpretados interculturalmente.

Tres puntos son motivo de arduo debate: el artículo referente a la definición de latifundio que será el único que se consultará a la población en un referendo anterior al que está previsto para el proyecto constitucional; la nueva sede capital, contemplada en el artículo sexto en el que se establece que Sucre es “capital oficial de Bolivia” y no recoge la propuesta de trasladar el Gobierno y el Parlamento desde La Paz a esa ciudad, un asunto que mantuvo paralizada a la Asamblea durante más de tres meses y estuvo a punto de provocar su fracaso; y el artículo 125 donde se señala que se considerará “traidores a la patria” a quienes promuevan acciones de desintegración territorial o de cualquier manera atenten contra la unidad del país.

El gobierno tiene tres órganos el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional; además de la Función Electoral, de Contraloría y de Defensa de la Sociedad y la de Participación y Control Social, siguiendo el esquema de los cinco poderes o funciones de las Constituciones de Venezuela y Ecuador.

La Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá 157 miembros elegidos en base a criterios territoriales y poblacionales. Los elegidos en circunscripciones departamentales se determinarán por sufragio universal y a través de un sistema proporcional para la asignación de los escaños. Los elegidos en circunscripciones uninominales se determinarán por sufragio universal y a través de un sistema de mayoría relativa para la asignación de los escaños. En la elección de asambleístas se garantizará la participación proporcional de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas. En la elección se garantizará la igual participación de hombres y mujeres. Entre los requisitos para postularse está el de tener 18 años cumplido.

La ley hará la distribución del número de circunscripciones uninominales, así como la delimitación territorial de éstas, y determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, donde no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, los límites departamentales, ni la continuidad geográfica. La ley establecerá la elección directa de estos representantes por formas propias.

El Presidente y el Vicepresidente del Estado serán elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Resultará electa la fórmula que haya reunido el 50 por ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del 40 por ciento de los votos válidos, con una diferencia del 10 por ciento en relación a la segunda candidatura. Si ello no se da se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas más votadas, en el plazo de sesenta días computables a partir de la votación anterior. El mandato es de cinco años, y pueden ser reelegidos consecutivamente.

En el orden judicial habrá Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. La jurisdicción indígena originaria campesina respetará los derechos fundamentales establecidos en la presente Constitución, interpretados interculturalmente y sus decisiones no serán revisadas por la Justicia ordinaria.

El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistrados que hayan ejercido su profesión en el marco de la jurisdicción ordinaria, y Magistrados que hayan pertenecido a la jurisdicción indígena originario campesina, en número igual de miembros y elegidos de acuerdo con criterios de plurinacionalidad. Establece las autonomías departamentales, regionales y municipales con órganos deliberativos integrado por concejales departamentales y municipales y asambleístas regionales; y otro ejecutivo a cargo de un Prefecto, un Gobernador, y un Alcalde.

También se preveen las entidades territoriales indígena originario campesinas autónomas, los territorios indígena originario campesinos, los municipios indígena originario campesinos, y las regiones territoriales indígena originario campesinas. Cada entidad territorial indígena originario campesina autónoma elaborará su Estatuto autónomo, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la Constitución y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

SÍNTESIS

Este nuevo esquema político institucional que nos muestran las realidades políticas e institucionales de estos tres país, y que tienen influencia en otros de Latinoamérica, como antes hemos señalado, se puede resumir en los siguientes puntos:

Un líder carismático elegido por el pueblo.

Una sociedad política dividida y en permanente conflicto.

Una oposición debilitadas y sin líderes.

Una notable concentración de poderes en el Presidente.

Una pretensión reelecionista del Presidente.

Debilitamientos de los parlamentos, de los órganos judiciales y de control.

Debilitamiento de los poderes regionales, estatales, departamentales o municipales.

Inexistendia de un sistema de partidos.

Un esquema democrático populista y con clientelismo político.

Fuerte intevención del Estado en la economía y en el manejo de los recursos naturales.

Relaciones tensas o ruptura de relaciones con el gobierno norteamericano.

Pretensión de influir en la política Latimoamericana invocando el anhelo común de la integración regional

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