Blindar al Gobierno sobre Ordenes de los Jueces

Tribunales de Buenos Aires

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En la desenfrenada carrera por aprovechar la mayoría en el Congreso, que el gobierno perdió el 28 de junio pasado y que recién se hará efectiva el 10 de diciembre cuando asuman los electos, la Cámara de Diputados el 8 de octubre pasado dio media sanción -con 135 votos-, a un proyecto de ley que intenta blindar al Estado Nacional, sus reparticiones y entes, frente a cualquier medida preventiva que puedan ordenar los jueces en protección de derechos humanos vulnerados.

Para ello dicho proyecto reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dispone que cuando se pidan medidas cautelares para proteger derechos afectados por el Estado Nacional, sus reparticiones o entes, los jueces deberán dar vista de la petición a la Administración por tres días antes de ordenarlas, lo que significa una demora que puede tornar ilusorios los derechos que se quieren proteger, en especial si el afectado lo pide a un juez federal del interior del país, en razón que esos tres días pueden convertirse en varias semanas o meses, por la demora que tarda una notificación desde un juzgado federal del interior a una repartición del Estado con sede en Buenos Aires.

Afortunadamente el diputado Federico Pinedo logró hacer introducir en el texto una excepción a este trámite dilatorio que expresa: “Salvo casos de urgencia debidamente justificados”, lo que puede permitir que el buen criterio de los jueces pueda eludir esta injustificada limitación a sus potestades, ya que siempre que se concede una medida cautelar la misma se funda en la verosimilitud del derecho invocado.

Ésta modificación no alcanza a la acción de amparo, como algunos han creído, ya que cuando la misma se plantea contra actos u omisiones de autoridad se rige por la ley 16.986, que no ha sido reformada por este proyecto de ley, que espero sea rechazado en el Senado. Lo curioso es que esta norma, dictada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía para limitar el número de amparos, al no ser mencionada en esta oportunidad como reformada, sirve hoy para no cercenar las medidas cautelares que disponen en los amparos.

Otra restricción que establece este proyecto es cuando se pide la suspensión de un acto administrativo, ya que la misma no se concederá si afecta gravemente el interés público o cuando los representantes del Estado acrediten sumariamente que la ejecución del acto generaría perjuicios más graves que los que eventualmente produzca la suspensión del mismo.

A pesar del grave retroceso que implica este proyecto es positivo que el mismo haya dispuesto que si el pedido de suspensión del acto administrativo, que atenta contra los derechos del administrado, se encontrare pendiente en la instancia administrativa, podrá concederse dicha suspensión, si el peticionante acredita haber solicitado la misma ante la autoridad administrativa (en los términos del art. 12 de la ley 19.549 de Trámite Administrativo de la Nación) y que la suspensión fue rechazada; o que transcurrido el plazo superior a quince días desde que se lo peticionó, no se hubiera dictado resolución sobre el particular.

El proyecto concluye con una obviedad, que muestra la abyecta intención que lo inspira, al disponer, algo que los jueces pueden hacer sin que lo diga ninguna ley, que: “La autoridad administrativa, en cualquier estado del proceso, podrá alegar fundadamente que la suspensión provoca un grave daño al interés público, y en tal caso el juez podrá dejar sin efecto la suspensión, declarando a cargo de aquella los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto en que se hiciere lugar a la demanda o recurso”.

El diputado oficialista del Chubut Juan Mario Pais, autor de este proyecto, aclaró: “No se restringen las medidas cautelares contra las empresas de servicios públicos, como Edesur o Edenor, ni contra otros particulares, como fueron los amparos por el corralito contra los bancos. Pero a veces hay abusos, como fue el caso de la cuota Hilton, que fue distribuida por los jueces”. Esta explicación muestra el claro atentado contra el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución) que implica esta norma, que discrimina a quién sufre la vulneración de un mismo derecho por parte de un órgano del Estado, respecto de la que es producida por un particular.

Si el gobierno no quiere volver a perder elecciones, no deje que este tipo de leyes se sancionen, y apele a las mejores banderas que alguna vez levantó, como la de los derechos humanos, la de calidad institucional o del país serio. Este proyecto es contrario a todo esto.

Córdoba, de noviembre de 2009.

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