La Corte Suprema de Justicia del Siglo XXI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República, la máxima instancia jurisdiccional que garantiza los derechos constitucionales y controla el proceso político, el intérprete final de la Constitución y el custodio de su supremacía.

Para conocer lo que pasa en la actualidad en ese Alto Tribunal es necesario revisar los hitos principales de su historia que son:

1853 La Constitución, dictada el 1º de mayo, creó la Corte Suprema integrada por 9 jueces y 2 fiscales, designados por el Presidente con acuerdo del Senado.

1854 El presidente Justo José de Urquiza designa a los integrantes de la Corte Suprema,  pero nunca asumieron sus cargos.

1860 Se reformó la Constitución y se dejó que la ley fijara el número de jueces de la Corte. El 30 de octubre el presidente Santiago Derqui dejó sin efecto aquellos nombramientos.

1862 La ley 27 estableció que la Corte se componía 5 ministros, y la ley 48 regula el recurso de apelación extraordinario (Arts. 14 al 16).

1863 El 15 de enero asume, con sede en Buenos Aires, la primera Corte, presidida por Francisco de las Carreras, designado por el presidente de la Nación.

1887 En el caso “Sojo, Eduardo” adopta el criterio de control de constitucionalidad del caso “Marbury vs. Madison” de la Corte Suprema de Justicia norteamericana fallado en 1803.

1902 Se dicta la ley 4055 que crea cuatro Cámaras Federales de Apelaciones, entre las cuales estaba la de Córdoba, y en el Art. 6 dispone: “La Corte Suprema conocerá por último, en grado de apelación, de las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras Federales de apelación; por las Cámaras de Apelación de la Capital; por los Tribunales Superiores de provincias y por los Tribunales

Superiores Militares, en los casos previstos por el art. 14 de la ley 48 de 14 de setiembre de

1930 Por Acordada (10/09/30) la Corte resuelve “acusar recibo” de la comunicación que le hace el Presidente de facto general Félix Uriburu y reconocer a dicho gobierno.

El presidente de la Corte, por primera vez fue designado por el Cuerpo, lo que fue ratificado por el presidente Agustín P. Justo, esta práctica  continuó hasta la actualidad.

1943 Reitera la Acordada de 1930 (7/06/43) reconociendo al nuevo gobierno de facto.

1946 Se inicia juicio político a cuatro jueces de la Corte (uno renuncia) y del procurador general, por haber dictado las acordadas de 1930 y 1943, que convalidaron los gobiernos de facto, y por haber limitado el accionar del último de ellos. No se le hizo juicio político al entonces presidente constitucional, Juan Domingo Perón, vicepresidente en el último gobierno militar; ni a Tomás Casares juez de la Corte nombrado por dicho gobierno.

1947 El Senado destituye a 3 ministros y al procurador de la Corte ( 30/04/47)y se designa a otros adictos al presidente Juan Domingo Perón. En su reglamento se consagra que el presidente de la Corte es designado por la misma cada 3 años y es reelegible.

1955 La  llamada “Revolución libertadora” destituyó a la Corte, nombró a otra y declaró “nula y sin ningún efecto” a 12 acordadas (de 1952 a 1955) de adhesión al gobierno de Perón.

1958 La ley 15.271 aumentó a 7 el número de miembros, lo que hizo renunciar al ministro Alfredo Orgaz por “cansancio moral”.

1966 El general Onganía destituyó a la Corte y nombró otra de 5 jueces (ley de facto 16.895).

1970 Se designa juez de la Corte a Margarita Argúas, la primera mujer que la integró.

1973 Renuncian los jueces del Alto Tribunal y el gobierno de jure designa nueva Corte.

1976 El golpe militar del 24 de marzo hizo que se destituyera a la Corte y designa otros miembros.

1983 Raúl Alfonsín designa una nueva Corte, ante la renuncia de sus integrantes.

1984 En el caso “Ponzetti de Balbín”: (1984) motivado en que la “revista Gente” publicó fotos, de Ricardo Balbín estando internado en terapia Intensiva, y la familia del político inicio acciones legales porque consideraban que se violó el derecho a la intimidad. La Corte falló a favor de la familia Balbín porque no se pidió autorización para publicar sus fotos. La Corte consideró que antes del derecho de la información está el derecho de la privacidad e integridad personal.

1985 Se establece que el Cuerpo designa un Ministro Decano, sustituto de su Presidente.

1986 La Corte en el caso “Strada, Juan“(8/04/86) definió que es: “tribunal superior de provincia”, según el art. 14 de la ley 48, y dijo que es el órgano judicial erigido como supremo por la constitución de la provincia, salvo que sea incompetente en el caso, circunstancia que no podrá extraerse del carácter constitucional federal de la materia que aquél suscite.

En autos Sejean c/ Zaks de Sejean“: (27/11/86)  el Alto Tribunal resolvió la inconstitucionalidad del la ley de matrimonios, por la que no se aceptaba el divorcio vincular y la posibilidad de volverse a casar, argumentando que de no ser así sería el único derecho que se agota con un solo ejercicio, que al negar divorcio se estaría violando la libertad de culto y que un matrimonio civil no puede imponer preceptos de una religión determinada.

1992 En el caso Ekmekdjian c/ Sofovich“: (1992) la Corte reconoce el derecho de réplica,, y aplica la Convención Americana de Derecho Humanos, a pesar de no estar reglamentado por el Congreso.

1988 Se remplaza al Ministro Decano por el cargo de Vicepresidente de la Corte.

1989 En la Acordada Nº 44 (22/09/89) La Corte  se opone a aumentar el número de ministros.

1990 La ley 23.774 lo aumenta a 9 miembros, y se conforma lo que se denomina la “mayoría automática” y se establece el requisito de la “cuestión trascendente”, para admitir los recursos de apelación y de queja (writ of certiorari). (Art. 280 Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.

1993 El Pacto de Olivos, de Menem y Alfonsín, hace renunciar a la Corte a Mariano Cavagna Martínez y Rodolfo Barra y se nombra a Guillermo López y Gustavo Bossert.

1994 La reforma constitucional estableció que el acuerdo del Senado en la designación de jueces de la Corte será con dos tercios de votos, y se creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La comisión de acuerdos del Senado comienza a hacer audiencias públicas para tratar los acuerdos en la designación de magistrados judiciales.

1995 La ley 24.463 establece el recurso ordinario a la Corte en los juicios previsionales.

1996 Dicta Acordada 20 que declara inconstitucional por ser contrario al artículo 96 de la Constitución el Artículo 1º, inciso. a), de la ley 24.631 que derogó -a partir del 1º de enero de 1996- las disposiciones del Artículo 20 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias.

Dictó el fallo “Chocobar, Sixto Celestino” (27/12/1996) en el que de una adecuada integración de la norma establecida en el art. 7°, apartado 1°, inc. b), de la ley 24.463, con las resoluciones encargadas de llevar a cabo la movilidad reconocida en el texto legal, se verifica una nítida frustración del propósito enunciado que afecta en forma directa e inmediata la efectiva operatividad de la cláusula constitucional que jamás se desconoció y que se intentó reglamentar, por el lapso transcurrido desde el 1° de abril de 1991 hasta la aplicación del sistema contemplado por los arts. 32 y 160, párrafo 1°, de la ley 24.241. Por lo que declara la invalidez constitucional de la norma examinada y a los efectos de preservar la garantía de orden superior vulnerada, ordena que por el período transcurrido desde el 1° de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1994, deberá ser aplicada, por cada año, una movilidad del 3,28%, por ser esta variación de igual extensión cuantitativa que la experimentada por el Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO), estimado por tres resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social, hasta que comenzó a regir el nuevo régimen instituido por el art. 7°, inciso 2°, de la ley 24.463. Con lo cual, al concluir el aludido período la movilidad acumulada asciende a un 10,17%, que sumado a la variación que experimentó el AMPO durante la vigencia de la ley 24.241 arroja un total para el lapso 1/4/91 al 31/3/95 del 13,78%.

1997 Desestimó 2170 recursos ordinarios, extraordinario o de queja; y dictó 36.715 sentencias y autos interlocutorios, 31.055 previsionales y 5660 de otras materias.

1998 Falló 46.435 causas, la mayor cifra de su historia, 40.423 previsionales y 6.012 de otras materias. La Corte tenía ya 900 funcionarios y empleados (127 temporarios); 15 eran secretarios, con sueldo de camarista, 7 con funciones judiciales, 1 prosecretario y 82 secretarios letrados, con sueldos de jueces de primera instancia.

1999 Falló 16.120 causas, 8.943, previsionales, y 7177, no previsionales, uno de estos a favor de su ministro Santiago Fayt, que anuló un párrafo de la Constitución, modificada en 1994 (Art. 99 Inc.4), que exigía nuevo acuerdo para los jueces que tengan 75 años de edad, fundado en que la ley no habilitó a la Convención a hacer esta reforma.

2002 Falló el caso “Smith” del “corralito” (1/02/02) y los “atrapados” iniciaron más de 150 mil amparos en el país. En contra de este fallo el gobierno impulsa el juicio político a todos los jueces de la Corte, que fue rechazado por la Cámara de Diputados. Renunció Gustavo Bossert y lo remplazó Juan Carlos Maqueda, presidente provisional del Senado.

2003 Resuelve el caso “Provincia de San Luis”, sobre el “corralito” y cuando se anuncia la sentencia del caso “Lema”, un ahorrista atrapado, Gustavo Beliz y Néstor Kirchner atacan a los miembros de la Corte y se intentan juicios políticos a Santiago Fayt y Julio Nazareno, el que renuncia, luego de un lamentable reportaje televisivo.

El Senado destituyó, en juicio político, al juez de la Corte Eduardo Moliné O´Connor por 45 votos contra 19.

El PE dictó el Decreto 222/03 por el que se autolimita al designar a los jueces.

Kirchner propuso designar en la Corte a Eugenio Raúl Zaffaroni y el Senado aprobó su pliego por mayoría.

2004 Dicta la Corte la Acordada 28 que reglamenta “Los amigos del Tribunal” (Amicus Curie).

Dicta el fallo “Aquino” (21/9/2004) declarado la inconstitucionalidad del Art. 39 Inc. 1 Ley de Riesgos del Trabajo, en cuanto exime al empleador de la responsabilidad derivada de los arts. 1109 y 1113 Código Civil, por resultar ello incompatible con diversos principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y tratados internacionales de rango constitucional (arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 CN.).

Dicta el falloExpósito, Miguel Ángel” (23/12/04) donde la Corte decide acatar el fallo Corte Interamericana de Derecho Humanos al expresar “que la decisión mencionada resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional.”

2005 En el caso “Verbissky” (3/05/05) ordena la Corte: dispone que la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de los jueces competentes, haga cesar en el término de sesenta días la detención en comisarías de la provincia de menores y enfermos.  Instruye a dicha Corte provincial y a los tribunales de todas las instancias de la provincia para que, en sus respectivas competencias, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal.

El Senado destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos, en juicio político, al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano.

En  el caso “Itzcovich” (29/3/2005) declaró la Corte por mayoría la invalidez constitucional del artículo 19 de la Ley 24.463 — de “solidaridad previsional”— , que habilitaba un recurso ordinario de apelación ante aquélla respecto de las sentencias definitivas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, lo que la doctrina a calificado como una sentencia de inconstitucionalidad sobreviniente.

La Corte declaró “constitucionalmente intolerables” a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la causa “Simón, Julio Héctor y otros” (14/06/05), referida a la desaparición de dos personas y a la apropiación de su hija, y declaró la validez de la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En el fallo “Sánchez, María del Carmen” (17/06/05) la Corte declaró que el Art. 39 de la ley 18.038 sobre jubilación de trabajadores autónomos –en cuanto dispone un sistema de cálculo de movilidad con un año de periodicidad, actualizable de acuerdo a las categorías que la ley establece-, es idéntico al establecido en el art 53 de la ley 18.037, y por consiguiente quedó derogado por la ley 23.928 –de convertibilidad-, debiéndose emplear el método establecido en “Chocobar” para practicar la liquidación del reajuste por movilidad de los trabajadores incluidos en la ley de referencia.

El fallo en el caso penal Casal, Matías Eugenio (20/09/05) el Alto Tribunal estableció que en el recurso de casación debe revisarse el derecho y los hechos que fundamentan la decisión para cumplir con el requisito de la doble instancia (Inc. 22, del Art. 75 de la Constitución, Arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

2006 Se promulgó la ley 26.183 que reduce el número de jueces de la Corte para que gradualmente quede con cinco, en la medida que los siete actuales fueran dejando vacantes..

Por unánimemente la Corte, en el caso “Badaro“(I) descubrió y declaró la existencia de una omisión legislativa inconstitucional lesiva de la pauta de movilidad previsional estipulada en el artículo 14 bis de la Ley Fundamental y, por medio de una sentencia exhortativa multilateral, decidió comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación el contenido de la decisión para que, en un plazo razonable, adoptasen las medidas pertinentes para efectivizar las correcciones necesarias. Se la ha llamado sentencia exhortativa.

En el caso “Massa” (27/12/06), por mayoría, el Alto Tribunal dictó uno fallo en el que hace una interpretación desestimatoria en el ámbito de la pesificación de los depósitos bancarios dispuesta por el gobierno nacional, rechazando el planteo de inconstitucionalidad que por vía de amparo había formulado el titular de una caja de ahorro en dólares contra el decreto 214/2002 y sus normas complementarias, y contrariando lo que habían resuelto la casi totalidad de los tribunales federales del país. Se declara el derecho de la actora a obtener de la entidad bancaria el reintegro de su depósito convertido en pesos a la relación de $ 1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por el CER. hasta el momento de su pago, más la aplicación sobre el monto así obtenido de intereses a la tasa del 4% anual -no capitalizable. Que debe computarse como pagos a cuenta las sumas que -con relación a dicho depósito- hubiese abonado la aludida entidad a lo largo de este pleito, como así también las que hubiera entregado en cumplimiento de medidas cautelares. Se lo calificó de sentencia de inconstitucionalidad aditiva.

2007 Dicta Acordada 2/2007 que establece que para interponer el recurso de queja hay que hacer un depósito de $ 5000 según lo dispuesto por el Art. 286 del CPCyCN.

Dicta Acordada 4 que reglamenta los escritos de recursos extraordinarios y de queja.

Dicta Acordada 30 que reglamenta las audiencias públicas informativas, de conciliación y ordenatorias.

Dicta el fallo en autos: “Padilla, Miguel” (10/04/07) en el que afirma que la nacionalidad de origen no se pierde cuando se adquiere una nueva.

Dicta el fallo  “Editorial Río Negro contra Provincia de Neuquén” (5/09/07) la Corte Suprema determinó que el gobierno provincial había violado el derecho a la libre expresión del diario Río Negro, al retirarle pauta oficial en represalia por sus coberturas críticas.

Dictó el fallo “Badaro” (II)  (26/11/07) en el que: declara la inconstitucionalidad del Art. 7, Inc. 2, de la ley 24.463, disponer que la prestación del actor se ajuste, a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y ordenar a la demandada que abone el nuevo haber y las retroactividades que surjan de la liquidación, en el plazo previsto por el Art. 2 de la ley 26.153, estas últimas con más los intereses a la tasa pasiva según el precedente de Fallos: 327:3721 (“Spitale”), autorizándose la deducción de las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones del decreto 764/06.

Dictó la sentencia en el caso “Rinaldi” (15/03/07) en la que no declaró la inconstitucionalidad del régimen de refinanciación hipotecaria en el marco de la pesificación de la obligación en moneda extranjera en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria de vivienda única y familiar (Art. 14 bis de la Ley Fundamental), desestimando el planteo que en tal sentido se dirigía contra la ley 26.167, y que fuera incoado cuando la causa ya se encontraba en poder de la Corte. Dispuso, en definitiva, que en las ejecuciones de mutuos hipotecarios celebrados entre particulares en divisa extranjera y por un monto inferior a $100.000, en los que el deudor tenga comprometida su vivienda única y familiar, el reajuste equitativo de las prestaciones al que se refiere el art. 11 de la ley 25.561, no podrá exceder el cálculo que surge de la conversión de un dólar a un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar a la fecha en que se practique la liquidación, debiendo adicionarse un interés que no sea superior al 2,5% anual por todo concepto, desde la mora hasta su efectivo pago. Ello, por aplicación de lo previsto en el Artículo 6 de la ley 26.167. La doctrina la calificó de sentencia de “evitación”.

En el caso  “Rosza” (23/05/07) la Corte falla respecto de los nombramientos de los “jueces subrogantes” y por mayoría, determinó la inconstitucionalidad de la Resolución 76/2004 del Consejo de la Magistratura de la Nación, en función de la cual había sido designado el magistrado suplente que entendió en el proceso en cuestión, mas confirmó la declaración de validez de las actuaciones cumplidas por aquél al amparo del régimen reputado inconstitucional. Además, decidió mantener en el ejercicio de sus cargos a quienes hubieran sido designados para ejercer la función jurisdiccional en los tribunales que se encontraban vacantes hasta que cesaren las razones que originaron su nombramiento o hasta que fueran reemplazados, o ratificados, mediante un procedimiento constitucionalmente válido que debería dictarse en el plazo máximo de un año. Se trata de una sentencia “atípica” o de “mera inconstitucionalidad”.

2007 Fallo “Iglesias, Antonio Martín” (11.7.07) de la Corte declaró inconstitucional el Decreto 1777 del Gobernador de la Provincia de Córdoba en el que se establecían reducciones a los haberes jubilatorios.

2008 En caso: “Mendoza, Beatriz” (8/07/08), referido a la contaminación ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo la Corte declaró por un lado, su incompetencia originaria para conocer de la demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y, por el otro, fijó su competencia originaria en relación con las pretensiones concernientes a la prevención, la recomposición y el resarcimiento del daño colectivo. Lo que fue calificado como fallo limitativo de su competencia.

En el fallo “ATE” (18/11/08) la Corte considera que limitar la posibilidad de promover elecciones de delegados a los sindicatos con personería gremial contradice el derecho de libre asociación de los trabajadores garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, entre otros tratados internacionales, por el Convenio 87 de la OIT

En el caso “Salas, Dino” (28/12/08) la Corte ordenó, como medida cautelar, el cese de la tala y desmonte de bosques nativos en la provincia de Salta que habían sido autorizados en violación del Artículo 75 Inc. 11 de la Constitución.

2009 En el caso “Halabi, Ernesto” (27/02/09) la Corte declaró inconstitucional la ley espía y admitió una suerte de acción de clase.

En el caso “Arriola” (25-08-09) el Alto Tribunal resolvió, por unanimidad, declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años (sustituibles por medidas educativas o de tratamiento), y admite la tenencia sin aclarar cantidad ni tipo de drogas.

En el caso “Rossi, Adriana” (9/12/09), la Corte por unanimidad, declaró inconstitucional que el llamado fuero sindical, sea sólo para autoridades y delegados de sindicatos con personería gremial, debiendo proteger también a las autoridades y delegados de sindicatos simplemente inscriptos.

2010 Ese año dictó 14.907 sentencias.

En el fallo “Álvarez, Maximiliano” (7/12/10) El Alto Tribunal ordenó la reincorporación de un trabajador despedido en un acto de discriminación por parte del empleador, sosteniendo que si un trabajador puede probar que fue discriminado (no sólo por motivos sindicales, sino por cualquier otro), podrá pedir su reincorporación.

2011 Dicta Acordada 31 de notificación por medios electrónicos.

2012 Dicta Acordada 3 que dispone que el Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos reglamentado por acordada 31/2011 será de aplicación obligatoria para las causas en que tramiten los escritos de interposición de recurso de queja por denegación de recurso extraordinario a partir del 7 de mayo de 2012 y ordenar que para todos los recursos extraordinarios que se promuevan a partir del primer día hábil de 2013 se integrará con el código de usuario dispuesto por la Acordada 31/11. Esto es sólo para la Capital Federal.

El fallo de la Corte en el caso “F. A. L. s/ Medida autosatisfactiva” (13/03/12) estableció que las mujeres con un embarazo producto de violencia sexual se encuentran constitucionalmente protegidas para realizar abortos en los términos del artículo 86 Inc. 2) del Código Penal. Se trataba de un aborto ya practicado a un niño  por nacer con 8 meses de gestación y donde se fijan pautas para casos futuros entre las cuales están los protocolos de los hospitales y donde se admiten la objeción de conciencia de los médicos. Es una sentencia en abstracto y con efecto normativo.

Dicta el fallo “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (24/04/12), en el que ordena al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que intervenga con equipos de asistencia social, dando atención y cuidado del niño y su discapacidad, a quienes no tienen vivienda  y se encuentran en situación de calle y garantizar alojamiento adecuado e implementación razonable del derecho a una vivienda digna y otorgar solución habitacional adecuada hasta cese de estado de necesidad.

La Corte del Siglo XXI

Lo que aspiramos para el futuro de la Corte Suprema es que sea:

  1. El Tribunal Supremo federal.
  2. El que garantice la supremacía de las leyes federales.
  3. El máximo interprete interno de los tratados, normas y fallos de tribunales internacionales.
  4. El máximo interprete las leyes federales y los actos administrativos dictados por órganos del gobierno federal.
  5. La que resuelva los conflictos de poderes entre los tribunales federales y entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
  6. Unifique los criterios interpretativos que tengan los máximos tribunales provinciales de las leyes generales y códigos de derecho común dictadas por el Congreso.
  7. Intensificar el proceso de digitalización de los procesos y poner en igualdad de condiciones a los litigantes del interior con los de la Capital Federal.
  8. Que inste a los Tribunales o Cortes Suprema de las provincias a actuar como tribunales constitucionales y menos como tribunales de apelación o casación.
  9. Exhortar a los poderes políticos a resolver la situación de los tribunales nacionales y federales con asiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
  10. Que limite a una cantidad razonable los casos que tenga que resolver.

Bell Ville, Mayo de 2012.

 
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