Cómo garantizar la libertad religiosa en Argentina

Jorge Bergoglio

Un paso importante para deslindar definitivamente los ámbitos de competencia entre el Estado Argentino y la Iglesia Católica Apostólica y Romana; que estuvieron unidos y confundidos mientras fuimos parte de la Corona Española; fue el Acuerdo de la Santa Sede y la República Argentina, celebrado el 10 de octubre de 1966, en el que bajo la fórmula “autonomía y la cooperación”, la Iglesia Católica se liberó de la ingerencia del Estado, establecida por la Constitución, en lo referente a: la designación de los obispos residenciales (patronato), en el pase (o exequátur) de las normas dictadas dictadas en Roma y de la necesaria autorización del Congreso para el ingreso de nuevas órdenes religiosas, lo que se ratificó en la Reforma Constitucional de 1994, donde, además, se suprimió el requisito exigido para ser presidente y vicepresidente de la Nación de pertenecer a la comunión Católica, exigencia canónica para el ejercicio del patronato, que implícitamente el Acuerdo había dejado sin efecto y que la Convención de Santa Fe Paraná eliminó del Texto Fundamental.

Algunas cuestiones que perturban la libertad religiosa

Se dice, muchas veces, que en nuestro país hay plena libertad religiosa y que no hay conflictos como en otros países, lo que es una verdad a media, porque se olvidan los siguientes hechos históricos:

  • Que existe todavía el Registro Nacional de Cultos: que tiene por antecedente una política dirigida a controlar los cultos que no sean el Católico y que se implementó por primera vez mediante el Decreto Nº 15.829, del 31 de mayo de 1946, que dispuso la inscripción obligatoria de los cultos -que no sea el Católico- en un Registro Nacional de Cultos, pero por Decreto Nº 16.160, del 29 de octubre de ese año, se archivaron las actuaciones relacionadas con el anterior decreto. El Decreto Nº 31.814 de 1948 creó el Fichero de Cultos, que el Decreto 1.127, del 6 de febrero de 1959, del Presidente Arturo Frondizi, dispuso reorganizarlo. En el Registro Nacional de Cultos, que reemplazó al Fichero de Cultos, esta regulado desde 1979 por la ley, de facto, 21.745, reglamentada por Decreto 2.037, del 23 de agosto de 1979, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de las instituciones religiosas en el mismo.
  •    A los Testigos de Jehová se les canceló la inscripción en el Registro de Cultos en 1948 y la recuperaron recién en 1984, y han sufrido actos discriminatorios por su negativa a hacer el servicio militar obligatorio y por no honrar los símbolos patrios, y muchos de sus fieles fueron condenados por los Tribunales Militares y padecieron prisión, especialmente durante el último gobierno militar (1976-1983).
  •   Los conflictos de Perón con la Iglesia en 1955, con la expulsión de monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Monseñor Manuel Novoa, después de la procesión de Corpus Cristi del 11 de junio de ese año -cuatro días antes del bombardeo de la Casa Rosada-, que derivó en una marcha al Congreso.  Además del incendio de las iglesias en Buenos Aires. Ello motivó, también, que se dictara la ley 14.404, del 20 de mayo de 1955, por la que se declaró necesaria la reforma constitucional en todo cuanto se vincule a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”; más tarde, por ley 14.424, del 18 de agosto de 1955, se prorrogó por 180 días el plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria, lo que nunca se realizó. Por ley 14.405, del 20  de mayo de 1955, se derogó todas las disposiciones que acordaba exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, templos, conventos, etc.; lo que fue derogado por el Decreto Nº 317 del 4 de octubre de 1955.
  •   El asesinado del obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, y la desaparición, muerte y encarcelamiento de muchos sacerdotes, monjas –alguna arrojada desde un avión al Río de la Plata- y fieles durante la represión durante el último Gobierno Militar.
  •   Los atropellos padecidos por otras confesiones religiosas como las prohibiciones a practicar cultos que no sea el Católico, las censuras, discriminación; las persecuciones, detenciones y desapariciones durante el último gobierno militar; los atentados a personas por su condición de religiosas, a templos, a cementerios, a mezquitas y demás lugares sagrados.
  •   Los actos discriminatorios contra los judíos que al principio del siglo XX, muchas veces, se les sellaba con la estrella de David los documentos de identidad, o las frecuentes inscripción de leyendas o grafitis ofensivos en cementerios o instituciones judías. El atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, donde funcionaba un rabinato, en el que fallecieron 85 personas; que se sucedió al que se perpetuó el 17 de marzo de 1992 contra la sede de la Embajada de Israel.  Marcos Aguinis nos recuerda que la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina) se fundó en 1935 “para enfrentar la campaña antisemita, que fogoneaba la embajada de Alemania nazi con apoyo de los fascistas locales” afirmó que en 2007 se hubo 348 actos antisemitas en Argentina, según fuentes periodísticas, de los departamentos de asistencia comunitaria y jurídica de la DAIA y los datos del INADI.” Durante 2006 llegaron a 586. (La Nación  “Contra el odio a los judíos” del 3 de octubre de 2008)
  •    En el gobierno de Néstor Kirchner hubo conflicto con la Iglesia Católica por distintos motivos.
  •   En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner los conflictos se sucedieron por:
    1. El presidente Néstor Kirchner por Decreto 220, del 18 de marzo de 2005, dejó sin efecto el acuerdo para de designación como Obispo Castrense a Monseñor Antonio Juan Baseotto, que había sido designado en el año 2002; un obispo conservador, porque criticó la posición abortista del Ministro de Salud Ginés González García, con una cita que contenía una metáfora que al Poder Ejecutivo ofendió. En 2007 Monseñor Baseotto presentó la renuncia por haber cumplido 75 años pero no se le designó obispo reemplazante hasta ahora.
    2. Este primer mandatario nunca simpatizó y mantuvo distancia con el cardenal primado Jorge Bergoglio, un arzobispo moderado, y no asistió a los tedeum que se celebran en las fiestas patrias en la Catedral de Buenos Aires, actitud que mantiene su esposa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
    3. En Misiones ante la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, se erigió en líder de la oposición el obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, de perfil progresista, que fue candidato a constituyente en 2006 y triunfó en aquellas elecciones, abortando así la reforma reeleccionista de la Constitución.
    4. Otro motivo de conflicto fue la sanción de la ley 26.130 sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria del año 2006 en el que se autoriza la “ligadura de trompas” y otras prácticas que son contrarias a la  moral natural y según las enseñanzas de las doctrinas religiosas más acendradas.
    5. Aprobación del 2006 del “Protocolo facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las forma de discriminación de la ONU de 1999 contra la mujer” en el que se le reconoce  a un Comité  internacional a hacer recomendaciones sobre aplicación de dicha Convención favorables al aborto.
  1. la falta de respuesta al placet del Estado del Vaticano al embajador Alberto Iribarne, publicitado por el gobierno argentino, tensó las relaciones entre el actual gobierno y la Santa Sede, situación que se superó con la renuncia de Iribarne y la designación del nuevo embajador Juan Pablo Cafiero, quién en poco tiempo obtuvo el placet de la Santa Sede.
  2. La forma en que se acaba de legislar sobre  el aborto en caso de violación a través de una sentencia de la Corte Suprema, donde la muerte del niño por nacer (de 8 meses de gestación) se había producido, y a donde (en abstracto) el Tribunal fija normas generales, procedimientos, protocolos y cuestiones de conciencia para casos posteriores; a sabiendas que el derecho humano a la vida desde la concepción es una de las convicciones éticas más arraigadas por un sector muy importante de la sociedad que profesamos convicciones religiosas en nuestro país
  3. La forma en que se debatió y sancionó en el Congreso de la Nación la ley de matrimonio de las personas del mismo sexo, tema  que no había sido discutido antes en una campaña electoral, ni había sido incluido en la plataforma de ningún candidato y que había sido consultado al pueblo, a sabiendas de que este era un tema muy sensible a quienes tenemos sentimientos religiosos.

Cuestiones pendientes

Pero, más allá de estos conflictos, hay hoy algunos problemas que son necesarios enfrentar para tener una mejor libertad religiosa:

A nivel constitucional:

1. Sostenimiento de los cultos: Actualmente el principal sosteniendo de todos los cultos que hace el Estado Argentino es a través de las exenciones impositiva. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que actualmente sólo tienen valor un simbólico por su insignificancia. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito.

2. Los eclesiásticos regulares (de órdenes o congregaciones religiosas): no pueden ser miembros del Congreso de la Nación (Art. 73 CN), ni de las Legislaturas de Santiago del Estero, Chaco, La Pampa y San Luis, por disposiciones constitucional, que deberán derogarse, por discriminatorias.

A nivel de normas internacionales

3. Propiciar un tratado internacional sobre libertad religiosa.

A nivel de normas nacionales:

4. Matrimonio religioso y civil: Debe reconocerse el matrimonio religioso, y sus consecuencias jurídicas, sin perjuicio de su registración civil, como lo ha hecho, últimamente, la legislación brasilera y chilena.

5. Proyecto de Código Civil y Comercial: No se ha incorporado como persona jurídica las iglesias o confesiones religiosas que no sea la Iglesia Católica. El vertiginoso tratamiento que se le ha impreso al necesario debate que debe haber sobre el mismo, especialmente en cuestiones que afectan a derechos humanos que defendemos quienes tenemos arraigadas convicciones éticas y religiosas, como son las referidas al matrimonio, a la gestación asistida, a la relación de padres e hijos, y a la adopción, para señalar las más importantes, nos hacen temer que, como ocurrió con el aborto y el matrimonio de las personas del mismo sexo, no se haga un verdadero debate, ni se consulte al pueblo respecto de lo que opina sobre estos temas.

6. Educación religiosa: Sin volver a la enseñanza obligatoria de religión o moral, de los años 40 y 50, es necesario incorporar a la educación los contenidos religiosos en los planes de estudio, especialmente ahora donde se trata de extender la jornada escolar. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o  pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), Actualmente se cumple sólo en algunas provincias de Salta y Tucumán.

7. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

8. Políticas sociales: La contribución de las confesiones religiosas a las políticas sociales, decisiva en la crisis del 2001, debe continuar concertada con el Estado, sin descuidar la promoción humana, destino final de ellas.

9. Bienes artísticos y culturales: El estado lamentable de muchos de ellos, especialmente en el interior, hace necesario también concertar políticas, en las que participen el Estado Federal, las provincias y los municipios.

10. Vicariato castrense: La cuestión debe resolverse con diálogo y madurez, algo que no hubo en este desgraciado asunto.

11. Capellanías: Deberá acordarse la asistencia espiritual de los que la necesiten con los ministros de las confesiones que los mismos profesen.

12. Registro de culto. Deberá terminarse con el actual Registro y con la política de fichar o registrar organizaciones religiosas para controlarlas. La Secretaría de Culto debería reconocer la personería jurídica a las confesiones que lo pidan, con su propia organización, sin que tengan que disfrazarse –como ocurre ahora- de asociaciones civiles o sociedades. Pero para ello es necesario definir que es un confesión religiosa, o, al menos, que no es.

13. Personería jurídica de otras organizaciones sociales con fines religiosos. Diferenciar las personería de las confesiones religiosas de las demás organizaciones sociales en las que participan integrantes de ellas o que tienen también fines religiosos, como editoriales, clubes, mutuales, etcétera. Deberán establecerse normas específicas de procedimiento referidas al otorgamiento y cancelación de estas personerías jurídicas religiosas.

14. Consejo federal y consejos provinciales de libertad religiosa: Deberán crearse estos ámbitos de diálogo y debate sobre cuestiones ínter-religiosa a nivel federal y provincial.

15. Ley nacional sobre libertad religiosa: Varias de estas cuestiones deberían ser materia de una ley de libertad religiosa, donde se declaren, además, lo derechos personales y colectivos que lo comprenden. Algunas disposiciones podrían incorporarse al Código Civil, especialmente las que reconocen la personería jurídica de las distintas confesiones religiosas.

16. Código Penal: Deberán penarse conductas contrarias a la libertad religiosa, como los que simulen ser ministros religiosos o atenten contra los que lo sean; y las profanación de lugares destinados al culto o el hurto o robo de objetos sagrados..

17. Acuerdos con los cultos históricos: La Constitución prevé concordatos con la Santa Sede, pero no prohíbe al Estado acordar con otros cultos, lo que podría hacerse como España lo ha hecho con los arraigados.

A nivel Provincial y Municipal:

18. Constituciones provinciales: Las de Catamarca y Santa Fe dicen que la Religión Católica es la de la provincia, contrariando a la Nacional que no adopta religión alguna. La de Corrientes, Mendoza y Santa Cruz nada dicen respecto de la libertad religiosa. La de San Juan, en cambio, declara que: “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, lo que contraría la libertad de culto que, muchas veces, se expresa públicamente.

19. Leyes provinciales y ordenanzas municipales sobre cultos. San Luis ha dictado hace poco una ley creando un registro de cultos, lo que es competencia federal. El Municipio de Rosario tiene una ordenanza sobre libertad religiosa

20. Día de la libertad religiosa. En las Legislaturas de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires se ha declarado por ley al 25 de noviembre como el Día de la Libertad Religiosa, pero sería bueno que ello sea dispuesto por el Congreso de la Nación.

Si alguien quiere averiguar si una sociedad es libre, la respuesta la encontrará si indaga acerca de libertad religiosa que hay en la misma. Los argentinos no debemos descuidar esto que toca la dimensión trascendente del hombre.

Buenos Aires, julio de 2012.

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