La Constitución como parapeto de los jubilados cordobeses

José Manuel De la Sota

La Constitución de Córdoba al disponer que: “El Estado Provincial (…) asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales  a la remuneración del trabajador en actividad” (Art. 57) ha fijado una garantía que ha servido y sirve de parapeto para sostener los beneficios previsionales de los pasivos provinciales frente a los embates que se han ideado contra los mismos, como: Cuando el gobernador Ramón Mestre dictó el decreto 1777/95, que rebajó los beneficios un 18%, tomando como base el ingreso líquido de los activos en vez del bruto –contrariando una modalidad adoptada hace muchos años por todos los sistemas previsionales del país- lo que fue insólitamente convalidado por el Tribunal Superior, y, lógicamente, descalificado luego por la Corte Suprema; y ahora, con la ley express 10.078 que dispone que “El reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrán efecto a partir de los cientos ochenta (180) día computados desde la fecha que fuera percibida la variación salarial.” (Art. 4º) Que literalmente no dispone que la postergación significa que el Estado se engulle los siete meses de aumento de los activos y que no fueron pagados a los pasivos, sino que los tendrá que abonar, con la correspondiente retroactividad, pasado los 180 días desde que lo cobre el activo. Lo allí escrito no parece que hubiera sido la intención de los autores del proyecto, a estar por algunas declaraciones posteriores de los mismos, que al explicar los beneficios económicos para las finanzas provinciales dan a entender que no se abonará a los pasivos las retroactivamente de los siete sueldos anteriores reajustados a los activos. El perjuicio para los jubilados, a estar por esta interpretación literal, es que nada se ha previsto de abonar la indexación y los intereses de este postergado pago en un momento en que Argentina tiene una de las inflaciones más alta del mundo. Si prevalece la interpretación de que la Caja no debe pagar los aumentos de los siete meses el perjuicio es por demás significativo. Contra estos atropellos no queda otra que invocar la referida cláusula constitucional que garantiza que los beneficios jubilatorios son “móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad.”  Pero los haberes de los pasivos pueden ser reducidos también con la inconstitucional delegación de potestades prevista en esta misma ley, que contradice la prohibición de hacer dichas delegaciones establecida en el artículo 13 de la Constitución, por la que “El Poder Ejecutivo podrá modificar los porcentajes de aportes personales y contribuciones patronales”, ya que a través de esta potestad el gobernador, si dispone reducir el alto porcentaje que se les descuenta al salario de los activos como aporte para la Caja, podría encubrir un “aumento”, que luego no le sería otorgado a los pasivos. Municipios y Comunas La Ley 10.077, aprobada el mismo día que la anterior, que bien denuncia el Acuerdo por el que las provincias -entre las que estaba Córdoba-, cedían el 15% de la coparticipación al Gobierno Nacional, tiene una disposición que perjudica a los Municipios, cuando dispone: “Aféctase el incremento de los recursos de la coparticipación federal de impuestos generado con motivo de la denuncia del acuerdo formulado en la presente norma a la Caja de Jubilaciones (…), hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra. El remanente formará parte de los recurso que por ley se coparticipan con los municipalidades y comunas (…)” (Art. 3º) Ello también es contrario a la Constitución provincial cuando regla que “Las Municipalidades disponen de los siguientes recursos: (…) Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al veinte por ciento (…)” (Art. 188 Inc. 3).  La solución constitucional, a la inversa de lo que dispone la referida ley, es que sobre el 15 % de la coparticipación federal recuperado debe extraerse el porcentaje destinado a los Municipios y Comunas, que no puede ser inferior al 20 %, y del resto, que le queda a la Provincia, se destinarán los recursos que necesita la Caja de Jubilaciones. Si a la Provincia no le alcanzan los recursos para abonar la actualización de los haberes de los activos y de los pasivos, no tiene por qué postergar sólo el de los pasivos, ya que ello implica una inaceptable discriminación al sector más débil, los jubilados y pensionados, que sólo se diferencia de los activos en que no pueden ejercer el derecho de huelga, ni, por ello, paralizar el funcionamiento de las reparticiones del Estado. Córdoba, Agosto de 2012.

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