El derecho a la salud en la Constitución de Córdoba (Exposición efectuada en la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba)

Séneca por Luca Giordano

Séneca por Luca Giordano

Resulta por demás oportuno analizar el derecho a la salud en este momento, en que el país vive una grave emergencia con motivo de las inundaciones que se han producido en las ciudades de Buenos Aires y la Plata y en algunos sectores de conurbano bonaerense, ya que a pesar de la más que ponderable solidaridad de los argentinos, ha quedado claro que el gobierno ni el Estado, en sus tres niveles: nacional, provincial ni municipal, no está preparado para enfrentar situaciones como éstas, donde se han producido una cantidad importante de muertes y donde la salud de centenares de miles de personas corren serios peligros.

Pero si comenzamos por analizar lo ocurrido en nuestra provincia debemos recordar que entre 1986/7 tuvo lugar en esta ciudad una Convención Constituyente, convocada por una motivación de política agonal: la reelección del entonces gobernador Eduardo César Angeloz, con los resultados por todos conocidos; que terminó sancionando, el 30 de abril de 1987, una nueva Constitución, la quinta en la historia de la provincia, en el que se logró el propósito reeleccionista, a costa de diseñar una Legislatura bicameral superpoblada, costosa e ineficiente, que llegó a tener 133 diputados y senadores, como consecuencia de los acuerdos que se hicieron para conseguir los votos que permitieron la reelección del gobernador.

Ello hizo necesario, catorce años después, y luego de una consulta popular, convocar a otra Convención Constituyente que corrigiera este exceso, lo que ocurrió en el año 2001, y en la que se modificó el Capítulo que se refiere al Poder Legislativo, el que quedó conformado por una sola Cámara de 70 legisladores.

Pero de la Carta Fundamental del 87, que el año pasado cumplió 25 años, es dable rescatar, como su mejor logro, lo que se legisló en su primera parte, donde, en el Preámbulo y, luego, con  el título: “Declaraciones de fe política”, se proclamaron principios y valores que debían inspirar a las leyes y a la organización política de la provincia, que, como el país, cuatro años antes, había recuperado la democracia, entendida, ésta, no sólo como régimen político, sino también como un modo de vida.

El principal postulado que se destaca, en esta parte del texto, tiene que ver con la dignidad de la persona humana, el derecho natural y el bien común. Esto se complementa con una prolija enumeración que reconoce los derechos y garantías civiles, políticas, sociales y de los denominados de la “tercera generación”, de los habitantes de la provincia, y donde se les asegura su aplicación operativa.

Esto se puede ver en el preámbulo que declaró como la primera finalidad de la Constitución la: “(…) de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; y reafirmar los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad (…).

Pero, ¿qué debe entenderse por dignidad?

Es fácil la respuesta por la negativa: lo contrario de indigno, pero si lo intentamos por la afirmativa la explicación es más ambigua, como la del Diccionario de la Academia cuando la define como: “Excelencia, realceoGravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse

Nos animamos a afirmar que la dignidad de la persona humana surge de su naturaleza hipostática: espiritual y material, de su conciencia racional y libre, de su destino trascendente, y es lo que  hace al hombre diferente y lo pone por encima de los demás seres de la creación, y para que ello le sirva para alcanzar su destino temporal y sobrenatural. La dignidad infunde respeto y permite a las personas sentirse plenas y satisfechas, eso es lo que quisieron decir los constituyentes al colocar en el primer objetivo preambular a la dignidad de la persona humana.

Jacques Maritain dijo que el hombre, creado por Dios, como realidad material, como individuo, “(…) se sostiene a sí mismo por la inteligencia y la voluntad”, lo que significa “(…) que en la carne y los huesos del hombre hay un alma que es un espíritu y vale más que todo el universo material”. “La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización

En el texto de la Constitución cordobesa, redactado en base a un consenso que demandó un gran esfuerzo, y que fue aprobado por el voto unánime de la Asamblea, prevaleció un claro propósito de política arquitectónica, en donde se puede observar, como una singular pero consecuente característica, el uso reiterado de la palabra persona, que se repitió 30 veces, dejándose para lo indispensable las expresiones individuo o habitante, frecuentes en el articulado de la Constitución Nacional y en la de las demás provincias, al menos, hasta entonces.

En los primeros artículos se expresaba, también, que  “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (art.4). Se declaran “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.”(art.5); que las “(…)personas(…) son libres e iguales ante la ley y no se admiten discriminaciones” (art.7); el Estado provincial promueve “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (art.9); garantiza la “ iniciativa privada y toda actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (art.10) y “resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales” (art. 10).

Hay un capítulo dedicado a los “Derechos personales” y cuando enumeran los derechos sociales expresa que: “Todas las personas en la provincia tienen derecho (…)” y se hace una detallada enumeración en el artículo 23. Los derechos de las personas se los trata teniendo en cuenta su condición de padre (art. 62 inc.5), de hijo (art.34 y 62 inc.5), de mujer (art. 24), de niño (art. 25), de joven (art. 26), de anciano (art.28), de discapacitado (art.27), de preso (art. 44), de consumidor (art.29), de litigante, de ciudadano, de funcionario, de magistrado o empleado público. Su intimidad personal, familiar, la de su morada y en las comunicaciones son, también, celosamente  resguardadas (arts. 50, 45 y 46).

En el capítulo de las “Asociaciones y Sociedades intermedias”, que las personas integran a partir de la familia y como miembros de la sociedad política, se exalta la dimensión social del hombre. Cuando se refiere a las “Políticas Especiales del Estado”, estableciendo mediante ellas nexos entre la sociedad y el Estado, la definición personalista es más contundente cuando declara “la economía al servicio del hombre” (art. 67), la refiere a su bienestar (art. 56), a la salud (art. 59), a su participación en los adelantos tecnológicos (art. 64), y al gozo del medio ambiente (art. 66).

Se declara, por fin, que “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (art. 61). “Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones.”(art.62 inc.5)

En una “Disposición  complementaria” se estableció que en “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexo los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y de la “Convención Americana sobre los Derechos Humanos” (Preámbulo y primera parte), suscripta en San José de Costa Rica en 1969”, adelantándose al otorgamiento de jerarquía constitucional que se dispuso respecto de estas normas internacionales en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Recordemos, solamente, que la referida Declaración Universal comienza con la afirmación de que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”  (art. 1º), y que la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” (art. 4.1).

Todo lo cual reafirma la visión personalista que contiene la dogmática de la Ley Fundamental provincial.

El derecho a la salud

El mismo esta reconocido en el Artículo 59.al disponer queLa salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social.

El Gobierno de la Provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación del individuo y de la comunidad. Establece, regula y fiscaliza el sistema de salud, integra todos los recursos y concerta la política sanitaria con el Gobierno Federal, Gobiernos Provinciales, municipios e instituciones sociales públicas y privadas.

La Provincia en función de lo establecido en la Constitución Nacional, conserva y reafirma para sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración sobre salud. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, e incluye el control de los riesgos biológicos sociales y ambientales de todas las personas, desde su concepción, Promueve la participación de los sectores interesados en la solución de la problemática sanitaria. Asegura el acceso en todo el territorio provincial, al uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos.

La bancada del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana, que me tocó integrar y que tenía la segunda mayoría del Cuerpo, pretendió agregar, sin éxito, a través de su proyecto, un artículo que disponía que “La Persona tiene el derecho de exigir al Estado provincial la prestación de estos servicios por medio de la acción de amparo.” Esto fue un adelanto de lo que, con frecuencia ocurre actualmente, que los jueces, ante demandas del amparo ordinario, ordenan a las obras sociales, estatales o no estatales, el financiamiento de prácticas médicas y de medicamentos que los pacientes no pueden conseguir por los procedimientos ordinarios.

El convencional Abelardo Rahal (UCR), que informó brillantemente este artículo antes de ser aprobado, manifestó que “(…) la salud como bien natural, está integrada al bien sustancial y fundamental de la vida, Y ésta por las esenciales características de la persona humana posee una estrecha relación sistémica con el entorno físico, natural, social y económico. Sin salud, podemos decir, no puede concretarse la vida plena de la persona.

A ello agregó: “Si hemos afirmado que la salud es un bien natural y social, obviamente se lo entiende integrado al concepto de bien común. Ese bien común del que Maritain dice: “que no es la simple colección de bienes privados ni el bien propio, de un todo, que sólo beneficia a ese todo sacrificándole las partes. Este bien común es la conveniente vida humana de la multitud, de una multitud de personas, su comunicación en el bien vivir. Es, pues, común al todo y a las partes sobre los cuales se difunde y con el que deben beneficiarse. (…)”.

El convencional justicialista Luis Alberto Pereyra expresó: “(…) que la salud es un bien natural y social que genera en los habitantes el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual y ambiental. Afirmamos –decía- que la salud es un bien inherente al hombre que se proyecta al ámbito social de cuya evolución es protagonista. La salud implica un estado de completo equilibrio psíquico, espiritual, físico y ambiental.(…)

Los cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos, ambientales, etcétera que ocurren en las sociedades trastocan el sentido de la vida de las personas y ponen en crisis su escala de valores. Las constituciones -que son producto de estos cambios y que se dictan, muchas veces, en épocas de crisis- sirven no sólo para organizar la sociedad y dar sentido al orden normativo, sino que declaran principios y exaltan valores que orientan el destino futuro de dichas sociedades y de quienes las componen, y como se dice con frecuencia son proyectos político destinados a una mejor vida de convivencia. Pero cuando los cambios y las crisis oscurecen el rumbo de nuestras existencias, es bueno –como se indica desde la psicología profunda- tener a donde volver, y para esto también la sabiduría de las cartas constitucionales son indispensables.

Las constituciones, como todas las creaciones institucionales y culturales tienen su alfa y su omega en el hombre, en la persona, que es su razón de ser. Y hablamos de persona, y no de individuo, ya que éste no nos diferencia de los demás seres de la creación, en cambio como persona tenemos una dignidad que nos coloca en el centro de todo lo que existe.

La dignidad de la persona humana surge de su naturaleza espiritual y material, por la que posee, como bienes fundamentales, la libertad (que se corresponde a su espíritu), la vida (que deviene de su aspecto material) y el trabajo (que emana de su personalidad). Cuando el hombre (varón o mujer) interactúa en la vida social necesita defender estos bienes de los abusos de los demás, y de allí surgen los derechos a la libertad, a la vida y al trabajo, de los que se derivan, luego, todo los demás derechos. De allí, entonces, que el derecho a la salud, es un derecho natural que deriva del derecho a la vida.

Las constitucionales, que son las leyes supremas del ordenamiento legal positivo, tienen, a su vez, como norma superior a la ley natural, que no pueden ni deben contrariar, porque ello significaría atentar contra la dignidad de la persona humana.

Los redactores  y quienes aprobaron estos dispositivos de la Constitución tuvieron en cuenta estas consideraciones.

Volver a estos criterios implica enfocar el análisis de los problemas de hoy con una óptica diferente. Si a la política nos referimos, en vez de analizarla en función de las instituciones o los políticos o en función de la lucha por el poder, como muchas veces se hace, comencemos a hacerlo a partir del ciudadano; de los habitantes, de las personas.

Si nos referimos a la salud, comencemos no por la organización sanitaria que tiene o debe tener el Estado, las obras sociales o los centros de salud privados; sino por las personas, sanas o enfermas, que deben saber como cuidarse, alimentarse, cultivarse -física y síquicamente-, relacionarse con los demás, desenvolverse en un ambiente sano, conocer los peligro que pueden afectar su salud, y saber prevenir y curar las posibles enfermedades, recurriendo a sus antecedentes genéticos, y haciendo posible las prácticas médicas que le permitan superar las enfermedades que los afecten.

Norberto Bobbio ha dicho “que el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no era el de fundamentarlos, sino el de protegerlos.” Pero la mala fundamentación de las políticas que los garantizan conduce irremediablemente a que las garantías de los derechos sean deficientes o no sean tales.

Jacques Maritain decía que el humanismo –que es esencial a su filosofía que inspiró el obrar de algunos  de los constituyente- “tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia  y, agregaba, “requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad.

Los complejos problemas de la salud que enfrenta la sociedad actual; alguno de los cuales no han encontrado solución en el cuarto de siglo de la vigencia de la Constitución, como el de la salud mental –mencionado, como un ejemplo de lo que era necesario hacer, en aquel debate por el convencional Osvaldo Amelotti-, así como los graves problemas que han surgido en los últimos años, como el de las adicciones o el de los costosos tratamiento médicos o intervenciones quirúrgicas que deben practicarse necesariamente fuera del país; nos obligan a buscar nuevas, ingeniosas y muchas veces costosas soluciones, pero los criterios con que deben ser resueltos no pueden ser otros que los que nos indica la Constitución, y las declaraciones o tratados internacionales que la complementan, y que deben ser consecuentes con los principios de: “exaltar la dignidad de la persona humana” y de ser consecuente con “la consecución del bien común” de la sociedad.en la que vivimos, como señala el preámbulo de la Carta Fundamental de Córdoba.

Para terminar, quiero recordar un pensamiento de Séneca, que, me parece, tiene que ver con lo que acabamos de explicar: “La medicina y la moral descansan sobre una base común, sobre el conocimiento físico de la naturaleza humana

Córdoba, abril de 2013.

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