Las nuevas Cámaras de Casación: un embudo para dilatar pleitos

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Juez Enrique Lavié Pico

La Ley 26.853

Con el propósito presidencial de “democratizar” la Justicia esta ley creó, con sede en la Capital Federal, tres Cámaras de Casación: la Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal; la Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social; y la Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial; con siete miembros cada una, con un presidente y dos salas integradas por tres jueces. Asimismo, modificó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) y el Decreto-Ley N° 1285/1958 de Organización de la Justicia Nacional.

Las referidas Cámaras deberán resolver los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión que se interpongan contra las sentencias o resoluciones de las Cámaras Nacionales o Federales de Apelación, según lo establecido por los artículos 288 a 301 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que ésta misma ley reformó.

La norma que se analiza, incorpora en los artículos 288 a 310 del CPCCN, los recursos de casación, de inconstitucionalidad y de revisión, estableciendo sus procedimientos y deroga los arts. 302 y 303, el primero, establecía la convocatoria a tribunal plenario, y el segundo, la obligatoriedad de los fallos plenarios.

Los recursos

La casación, según la ley, se puede interponer por escrito en contra de las:
•​Sentencias definitivas o equiparables a tales dictadas por las Cámaras de Apelación;
•​Resoluciones que decidan la suspensión de los efectos de actos estatales u otras medidas cautelares frente a alguna autoridad pública; y
•​Decisiones que declaren formalmente inadmisible una pretensión contencioso-administrativa.

Dicho recurso se presentan ante el tribunal que dictó dichas resoluciones en el plazo de diez días hábiles de haber sido notificado con fundamento:
•​En la inobservancia o errónea aplicación o interpretación de la ley sustantiva; la inobservancia de las formas procesales esenciales;
•​La unificación de la doctrina, cuando en razón de los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se hubiere llegado a pronunciamientos diferentes; y en casos de arbitrariedad en el pronunciamiento.

El tribunal, al proveerlo, correrá traslado por igual término a la parte contraria. Una vez contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal decidirá sobre la admisibilidad del recurso. Si lo concede, deberá hacerlo con efecto suspensivo, y ordenará remitir las actuaciones a la Cámara de Casación que corresponda. Si denegase la concesión del recurso, la parte interesada podrá recurrir en queja ante la Cámara de Casación competente, de acuerdo a lo que dispone el artículo 282 del CPCCN.

El recurso de inconstitucionalidad se interpone cuando se cuestione la constitucionalidad de una ley o reglamento que estatuya sobre materia regida por la Constitución Nacional y la decisión fuere contraria a las pretensiones del recurrente; o la interpretación de alguna disposición de la Constitución y la decisión haya sido contra la validez del derecho o garantía en cuestión y se sustanciará con el mismo trámite fijado para el recurso de casación.

El recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones firmes y que hubieran sido dictadas a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta declarados en una sentencia posterior irrevocable. Este recurso se presenta por escrito ante la Cámara dentro del plazo de treinta días desde que se conoció el hecho o el fallo posterior, cuya copia se debe acompañar, pero en ningún caso se admitirá pasados tres años de la fecha de la sentencia definitiva impugnada (Art. 298 del CPCCN). La admisión del recurso de revisión no tiene efecto suspensivo, salvo que por la solicitud fundada del recurrente la Cámara dispusiera suspender la ejecución, y el beneficiado ofreciere caución suficiente. Se tramitará de igual modo que el de casación.
La Cámara de Casación al fallar puede anular la sentencia recurrida, remitiendo a nuevo juicio cuando el caso así lo requiera, o pronunciar directamente la sentencia definitiva.

La casación

La casación tiene su origen después de la revolución francesa, en un momento histórico donde se desconfiaba de los jueces y cuando se quería que la interpretación que se hiciera de la ley sea fiel a la voluntad del órgano legislativo. El Tribunal de Casación, que originariamente fue un órgano político, era, en realidad, quien debía velar para que las leyes se cumplan. A partir del siglo XIX la casación se judicializa y se orienta fundamentalmente a unificar la jurisprudencia y a que las decisiones judiciales sean más iguales para todos los litigantes.

Nuestro país, que en materia judicial sigue el modelo de la Constitución norteamericana, incorporó, en algunas normas procesales provinciales o federales, el recurso de casación, que limitaba la revisión de la decisiones de los jueces a los fundamentos jurídicos y no a los referidos a los hechos, lo que creaba, especialmente en materia penal, una seria limitación al derecho de defensa.

Por eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar el caso “Casal, Matías Eugenio”, el 20 de septiembre de 2005 (Fallos 328:3399), hizo una interpretación amplia del artículo 456 del Código Procesal Penal en armonía con los artículos: 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone que toda persona inculpada de delito tiene “Derecho a recurrir del fallo ante juez yo tribunal superior”, y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”; y entendió que es aplicable en nuestro derecho la teoría alemana que se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión, y con ello “se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho”.

El Alto Tribunal en ese fallo en el punto 21 de los considerandos dijo: “Pero desde 1994, el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pasaron -sin duda alguna- a configurar un imperativo constitucional. Es claro que un recurso que sólo habilitase la revisión de las cuestiones de derecho con el objetivo político único o preponderante de unificar la interpretación de la ley, violaría lo dispuesto en estos instrumentos internacionales con vigencia interna, o sea, que sería violatorio de la Constitución Nacional. Pero también es claro que en la letra del inc. 2º del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación, nada impide otra interpretación. Lo único que decide una interpretación restrictiva del alcance del recurso de casación es la tradición legislativa e histórica de esta institución en su versión originaria. El texto en sí mismo admite tanto una interpretación restrictiva como otra amplia: la resistencia semántica del texto no se altera ni se excede por esta última. Y más aún: tampoco hoy puede afirmarse que la interpretación limitada originaria siga vigente en el mundo. La legislación, la doctrina y la jurisprudencia comparadas muestran en casi todos los países europeos una sana apertura del recurso de casación hasta abarcar materias que originariamente le eran por completo extrañas, incluso por rechazar la distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, tan controvertida como difícil de sostener.”

La Corte siguió en este pronunciamiento la doctrina sentada por la Corte Internacional de Derecho Humanos en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2 de julio de 2004, cuando en el párrafo 167 declaró que: “En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los recursos de casación interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico “La Nación”, respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado.” Y en el 168, que: “Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.h. de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa.” Cabe mencionar que el Tribunal Internacional ha dejado claro en este fallo que a los fines de la cobertura de los estándares internacionales, y sin perjuicio de las facultades que cada Estado posee para regular los aspectos procesales de las herramientas recursivas que diseñe en el ámbito interno, lo importante no es la existencia formal de los recursos, sino su eficacia. (Corte IDH Sentencia “Herrera Ulloa”, Párrafo 161).

Aunque la tutela, en principio, está prevista para inculpados en sede penal, en rigor rige en todos los fueros. La Corte Interamericana ha dicho al respecto, que “a pesar de que el citado artículo (Art. 8) no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal”; (Caso “Tribunal Constitucional” sentencia del 31.1.01).

También la Corte en el caso “Martínez Areco” (Fallos 328:3741) de similar línea que “Casal”, ha realizado un análisis pormenorizado de la evolución del recurso de casación en el derecho comparado y del modo en que el instituto fue incorporado al derecho argentino, teniendo en miras, particularmente, el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Descalificó en ese marco “la renuencia jurisprudencial a discutir agravios vinculados con el hecho o con la prueba y su valoración en el ámbito casacional”. Y afirmó en ese sentido, en “Casal”, que una interpretación correcta de la normativa procesal, a la luz de las garantías establecidas en los Tratados mencionados, muestran a las claras que la renuencia jurisprudencial en cuestión es por completo ilegítima: “(. . .) cualquier caso puede convertirse en una cuestión de hecho en una de derecho y, viceversa, la inobservancia de una regla procesal (…) puede considerarse como una cuestión de hecho. Por consiguiente, esta indefinición se traduce, en la práctica, en que el tribunal de casación, apelando a la vieja regla de que no conoce cuestiones de hecho, quedaría facultado para conocer lo que considere cuestión de derecho, o de no conocer lo que considere cuestión de hecho. Semejante arbitrariedad contraría abiertamente al bloque constitucional, pues no responde al principio republicano de gobierno ni mucho menos satisface el requisito de la posibilidad de doble defensa o revisabilidad de la sentencia de los arts. 8.2. h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional”. Como sostiene luego la Corte, “(…)el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable … Conforme a lo expuesto, lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación” (“Martínez Areco” ya individualizado).​Se reitera este criterio, con especial énfasis, en el caso “Marchal” (M. 1771. XL; REX; 10-04-2007) donde se discutía la validez de una clausura dispuesta por la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires. Nótese que la referencia a la cuestión que realiza el voto de la minoría de la Corte en el caso “Hojman” (Fallos 329:1180) es obiter dictum, pues se despachó el recurso extraordinario por otras razones. Elocuentes además son las expresiones del Procurador, que la Corte hace suyas, en caso de novísima factura (“Kanashiro”, K. 4, L. XLIII, RHE, del 12.02.08). Allí se establece que “(…) la reedición de alegaciones hechas en el juicio no puede obstar el andamiento del recurso cuando, precisamente, la parte pretende que otro tribunal revea las cuestiones decididas porque fueron adversas a sus postulaciones. Es más, si éstas fueran inéditas, se las calificaría de tardías.”

En definitiva, la doctrina es clara y contundente al extender a todas las materias el derecho que tienen las personas, de recurrir las sentencias que los condenen, sin que sus agravios se limiten sólo a los fundamentos de derecho, sino también puede hacerlo sobre los de hecho.

Al caer este límite el recurso de casación deja de tener sentido, y el recurrente tiene derecho a que se le haga una revisión integral de su causa, el único limite que le queda a la casación es lo referente al principio de inmediación –reservadas a la etapa de juicio oral-.

Con la línea jurisprudencial de la Corte, que tiene por eje lo dicho en el caso “Casal”, la casación quedó herida de muerte y no se entiende la razón por la que se crearon las nuevas cámaras de casación mediante la ley 26.853 como una tercera instancias entre las actuales cámaras de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, con una competencia acotada, que además no se compadece con lo que dispone el artículo 118 de la Constitución que dispone: “los juicios criminales (…) se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito” (Art. 118), lo que debemos interpretar como válido, no solo para presuntos delincuentes, sino también y con mayor razón, para los inocentes cuyos juicios deberán ser juzgados por estas cámaras.

Además hay juicios que podrán ser recurridos en casación y otros, de igual naturaleza, que no, por pertenecer a una jurisdicción territorial diferente, como ocurrirá con los juicios laborales de la capital federal que pueden ser recurrido ante la Cámara de Casación, pero no los que hayan sido fallados por las cámaras federales de apelación. La ley, al respecto, dispone que “La Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social conocerá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.” (Art. 3º) Esto atenta contra el principio de igualdad ante la ley (Art. 16 de la Constitución Nacional).

La ley, en su artículo 2° cuando afirma que: “La Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal conocerá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y por las demás Cámaras Federales de Apelación del país en causas contencioso-administrativas federales” es por demás oscura ya que no será fácil saber cuando un juicio fallado por una cámara de apelación federal es contencioso administrativo, porque no existe un procedimiento especial que viabilicen todos estos pleitos en el orden federal, como los hay en las provincias, y porque no todos los litigios contra el Estado son contencioso administrativos.

Con ello se reitera el frustrado intento que se aprobó en la reforma constitucional del 16 de marzo de 1949, pero sin crear una nueva instancia como en la ley 26.853, cuando en el artículo 97 se disponía que “La Corte Suprema de Justicia conocerá, como Tribunal de Casación, en la interpretación e inteligencia de los códigos a que se refiere el inciso 11 del artículo 68” y la interpretación que haga la Corte “será aplicada obligatoriamente por los jueces tribunales nacionales y provinciales”. Se disponía, además, que la ley reglamentaría este recurso. Esta reforma constitucional se derogó en 1956.

En Estado Unidos, que tiene una organización judicial similar a la argentina por haber sido su Constitución modelo de la nuestra, los intentos de crear un tribunal intermedio entre la Suprema Corte y las cortes de circuito, que equivalen a nuestras cámaras, no prosperaron, como la fue el caso de la propuesta del grupo de estudio encabezado por Paul Freund, profesor de Harvard, designado por el presidente de la Suprema Corte Warren Burger; o por las recomendaciones que efectuó en 1975 la Comisión revisora del sistema de cámaras federales de apelación, creada por el Congreso.

Quién designa los jueces

La ley 26.853 en su artículo 7° dispone que: “Los miembros de las Cámaras creadas por la presente ley serán designados de conformidad a lo prescripto en la normativa vigente en la materia.
En los casos en que resulte necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas.
Hasta tanto las Cámaras de Casación creadas por el artículo 1° de la presente ley sean compuestas conforme el presente artículo, se integrarán por jueces subrogantes o conjueces para iniciar su funcionamiento.”

La ley es oscura e inconstitucional en este punto porque:
•​No aclara quién debe determinar cuáles serán los casos en los que “resulte necesario (…) establecer procedimientos abreviados para la designación de jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas”;
•​Ello significa declarar un estado de emergencia, lo que no se compadece con la realidad, y que en caso que en algún momento fuere necesario hacerlo debería dictarse una nueva ley, porque este tipo de declaraciones es competencia del Poder Legislativo; y
•​Para designar a los jueces subrogantes o conjueces, hasta que se hagan los concursos y se eleven las ternas por parte del Consejo de la Magistratura, a este órgano de la Constitución no se le reconoce intervención alguna (Arts. 1°, 2° y 3° de la Ley 26.376), lo que significa que se está contrariando lo que establece la Ley Fundamental.
•​La práctica de los últimos años nos hace pensar que los magistrados designados por “procedimientos abreviados” podrían durar mucho tiempo en sus cargos, lo que aumentaría el casi 20 por ciento de vacantes que hay actualmente en la Justicia Federal, motivado por las demoras del Consejo de la Magistratura para aprobar ternas, del Poder Ejecutivo para hacer designaciones y del Senado para prestar acuerdo a los jueces.

Alberto Bianchi ha dicho y a dicho bien que: “La inconstitucionalidad del segundo párrafo (del Art. 7º) tiene lugar por dos motivos. En primer lugar porque el Congreso se ha arrogado la facultad de establecer el sistema de designación de los jueces, una facultad para la cual es incompetente pues se trata de una atribución estrictamente constitucional. En segundo lugar, porque (a) viola el artículo 114 de la Constitución y (b) la delegación efectuada en tanto (i) no responde a ninguna necesidad de urgencia y (ii) posee tal amplitud que carece de las bases suficientes exigidas por el artículo 76.”

El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico hizo lugar una medida cautelar y dispuso “suspender la aplicación de lo dispuesto en el artículo 7, segundo y tercer párrafo de la ley 26.853 y cualquier acto de aplicación vinculado de manera directa con la norma citada, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa”. Se trata de una demanda entablada por el consejero de la magistratura Alejandro Fargosi.

Críticas a la ley

1.​Si de casación se trata no se ha previsto nada que permita unificar la jurisprudencia, todo por el contrario la modalidad plenaria y la obligatoriedad de estas decisiones prevista por los artículos 302 y 303 del CPCCN desaparece. La causal de casación de que exista doctrina o jurisprudencia contradictoria (art. 289 inciso 3) no es suficiente para autorizar el sesionar en plenario cuando haya criterios contradictorios entre sus salas o para resolver en plenario, y que sus interpretaciones sean obligatorias para los jueces inferiores.

2.​Las nuevas Cámaras no aliviarán la gran carga de trabajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que seguirá siendo el intérprete final de la Constitución.

3.​La ley no ha tenido en cuenta para nada la ley 26.790 que autoriza en caso de “notoria gravedad institucional” el per saltum, o sea saltar las instancias para llegar a la Corte Suprema de Justicia, lo que se contradice con los propósitos dilatorios de los procesos judiciales que propone esta ley; y que seguramente los litigantes tratarán de utilizar para obviar esta innecesaria tercera instancia, lo que recargará, aún más, el trabajo de la Corte.

4.​No hay duda que la creación de esta nueva instancia hará que los pleitos tengan mayor demora y que habrá un mayor costo para su tramitación. Esto atenta contra el principio de igualdad ante la ley ya que beneficiará a los sectores de más poder, principalmente del Estado. La creación de ésta tercera instancia atenta contra la celeridad y eficiencia del servicio de justicia y la ampliación que hace la ley en lo referido al ámbito de procedencia del recurso de casación no sirve para mejorarlo (art. 289 del CPCCN según las modificaciones de la ley).

5.​La ley discrimina a los litigantes y abogados del interior del país ya que las Cámaras tienen por sede la Capital Federal lo que torna más dificultoso y costoso litigar desde el interior del país, y el artículo 290 dispone que los litigantes deben tener constituido domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Esto es contrario al artículo 118 que establece que “(…) La actuación de estos juicios se harán en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito (…)” lo que es un mandato que debe ser entendido no solamente para respetar los derechos de los presuntos delincuentes, sino también que debe ser aplicado también a los inocentes que reclaman justicia.

6.​La ampliación de la burocracia judicial que implica la creación de estos tribunales colegiados, con doscientos cuarenta cargos –entre jueces, funcionarios y empleados-, y con el establecimiento nuevos procedimientos para tramitar los recursos primero en las Salas de las Cámaras Nacionales y Federales, y, luego, en las seis Salas de las Cámaras de Casación, provocan un desgaste jurisdiccional y crean un embudo judicial que demorará más los pleitos. Atentando ello contra los derechos de los justiciables. El que haya una doble instancia plena es una garantía que la Constitución y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional reconocen, el que haya una tercera es un atentado al derecho de defensa, a la garantía del debido proceso y perjudica a los justiciables.

7.​El recurso procede no solo contra las sentencias definitivas o las equiparables dictadas por las cámaras de apelación, sino también las resoluciones que decidan la suspensión de los efectos de actos estatales u otra medida cautelar frente a alguna autoridad pública, lo que tiende a favorecer a las decisiones que toma el gobierno de turno, lo que es coherente con la ley 26.854, dictada para dificultar las medidas cautelares en contra del Estado y favorece a las que solicitan sus representantes, afectando en ambos casos los derechos de los particulares.

8.​Es claro el propósito de dilatar los juicios previsionales, que se calculan en quinientos mil y que abarrotan los tribunales federales, y así postergar en el tiempo los reajustes y el pago de las diferencias, incumpliendo el Convenio que el ANSeS, en nombre del Estado argentino, y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos firmaron el 4 de noviembre de 2009 el que establece dar estricto cumplimiento a una serie de resoluciones: “Especialmente aquélla que establece que todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin otras limitaciones más que aquellas dispuestas en la norma, en concordancia con las disposiciones de la Circular 1. Toda otra limitación introducida por vía de interpretaciones infra-normativas no será aplicable”. Además, de: “Instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos especificados en el propio fallo judicial firme.”Y “No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido.”Por último acordaba “Desistir, dentro de los sesenta (60) días corridos de la firma del presente acuerdo, de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra sentencias favorables a los beneficiarios, en los supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido en casos similares.”
Es de público y notorio que los recursos del ANSeS, son desviados con destinos distintos a los previsionales por el Gobierno Nacional, que es lo que motiva dilata estos pleitos. Entre los recursos que lo integran se encuentran el 15 por ciento de aportes de la coparticipación federal que las provincias cedieron al Gobierno federal por el Acuerdo que firmaron el 2 de septiembre de 1992 y que ahora algunas, como Santa Fe, Córdoba y San Luís por haber denunciado dicho convenio después de la estatización de las AFJP, demandaron ante la Corte Suprema su devolución.

9.​ No se entiende el por qué solo pueden ser recurridos en Casación las sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y no los que resuelven las Cámaras Federales de Apelaciones, ni cómo se determinará cuando un juicio fallado por las Cámaras Federales de Apelaciones es contencioso administrativo, ya que no siempre hay un procedimiento especial que lo determine. Esto último dejará a la discreción de las cámaras que los deban conceder y de las que luego tengan que resolverlo, cual será el tribunal competente para resolver este pleito que no sabemos si es contencioso administrativo o civil, lo que hará más engorroso y lento el trámite. La ley nada dice de los juicios en materia tributaria que se tramitan en los tribunales inferiores federales, ya que es claro que el gobierno no tiene interés en demorarlos agregándoles una nueva instancia.

10.​Tampoco es comprensible por qué a la casación la ley le ha sumado los recursos de inconstitucionalidad y de arbitrariedad – sin especificar los casos concretos que la doctrina judicial y de los autores han determinado como tales-, ya que ello es materia propia del recurso extraordinario ante la Corte Suprema la que continúa siendo la última instancia para ejercer el control de supremacía constitucional.

11.​El recurso de revisión incorporado en el artículo 297 y su relación el 288, contradice también a los objetivos declamados, ya que no tiene por finalidad afianzar el principio de seguridad jurídica y muestra una clara intención de favorecer y fortalecer las facultades del Estado en perjuicio de los particulares.

12.​No se ha previsto nada respecto de la constitución del domicilio ni de las notificaciones electrónicas, como lo tiene ya establecido la Corte Suprema, por la Acordada 31del 13 de diciembre de 2011, ni respecto de los trámites de los recursos, lo que podría hacer más accesible a los litigantes del interior el trámite ante estas Cámaras, y les evitaría contratar letrados y estudios jurídicos de Buenos Aires para que reciban las notificaciones, presenten escritos y atiendan los recursos.

Conclusión

Si “democratizar” la justicia, es allanarle el camino al justiciable, y permitirle obtener de la manera más sencilla y pronta un pronunciamiento judicial que resuelva la cuestión que somete a su consideración, ciertamente y por las razones expuestas, este embudo, entre los tribunales inferiores y la Corte, que conforman estas nuevas cámara de casación, que seguramente integran provisoriamente jueces subrogantes de la “Justicia legítima”, para nada es la mejor forma de conseguirlo.

Esta, como las otras leyes que el Congreso sancionó con el propósito “democratizador” del Poder Judicial –una de las cuales, la del Consejo de la Magistratura, ya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema-, en realidad, están destinadas a hacer posible la consigna de la diputada Diana Conti, de que: “En la democracia la mayoría gobierna en los tres poderes”. Esto no se corresponde con la Democracia Constitucional, recuperada hace treinta años, en la que los principios de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial son garantías indispensables de los derechos humanos.

La anhelada “reforma judicial”, por la que muchos bregamos, nada tiene que ver con estas leyes, que además de inconstitucionales y del denunciado retroceso que implican, han puesto un paréntesis en un debate que urge no extender más en el tiempo.

Córdoba, julio de 2013.

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