Para la Corte, en el caso Clarín, el fin justifica la ley de medios

Cristina Kirchner y Héctor Magnetto

Cristina Kirchner y Héctor Magnetto


Dos días después que el gobierno fuera derrotado en las urnas en una muralla de cuatro votos, de la mayoría de jueces de la Corte Suprema de Justicia, rebotó la demanda del “Grupo Clarín”, al declarar constitucionales cuatro de los 166 artículos de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisuales, y volvió para que el conflicto de los Kirchner con Héctor Magnetto -el CEO del grupo- sea resuelto a nivel político.

En 392 páginas de este fallo seis jueces declararon que los artículos 41 de esa norma, que “sujeta la transferencia de licencias” que exceden el nuevo cupo establecido por ley “a la autorización estatal” y “establece limitaciones a la enajenación”, y 45, que establece la cantidad de medios (licencias de TV por cable y por aire y radio y señales de contenidos) que pueden estar en manos de un mismo propietario, son constitucionales y confirman que otros dos, el 48 y 161, también lo son como antes lo declaró la sentencia de la Cámara Federal, alegando que: “No se encuentra probado en autos que la adecuación del Grupo Clarín al régimen de licencias previsto en la ley ponga en riesgo, desde un punto de vista económico u operativo, la subsistencia del Grupo ni de cada una de las empresas que lo integran”.

Los jueces Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda no acuerdan con la manera y plazos de desinversión -artículo 161- y con los procesos de integración entre los medios audiovisuales –art. 48-, y estiman que estos dos artículos son inconstitucionales.

El juez Santiago Fayt consideró inconstitucionales los cuatro artículos por afectar la libertad de expresión.

Génesis de la ley

El 7 de diciembre de 2007 el presidente Néstor Kirchner autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal del grupo Clarín. En 2008 el enfrentamiento entre Kirchner y Magnetto se produjo al no ponerse de acuerdo para que Clarín y empresas asociadas al gobierno ingresaran a Telecom.

Luego de la derrota en las elecciones del 28 de junio del 2009, Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley para regular los medios de comunicación audiovisual para controlarlos, que se aprobó a tambor batiente -antes de que asumieran los electos-, con vista a las elecciones presidenciales del año 2011.

El proyecto tomó como base los 21 principios de la “Iniciativa ciudadana para una nueva Ley de Radiodifusión” elaborada en agosto de 2004 por la Coalición para la Radiodifusión Democrática -integrada por gremios de la comunicación, de la CGT y CTA; organismos de Derechos Humanos; Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; universidades; movimiento Cooperativo, radios comunitarias, pequeñas y medianas empresas, y movimientos sociales- para que se legisle sobre radiodifusión, y que presentó al gobierno la Multisectorial por la Radiodifusión Democrática.

En el debate, el gobierno trató de dividir la sociedad en dos bandos, señalando como el enemigo a derrotar a los monopolios, usando como señuelo al Grupo Clarín que, junto con Telefónica, son los grupos privados más poderosos en materia comunicacional.

La ley prometía inclusión, al abarcar a sectores no lucrativos como las cooperativas y medios comunitarios; límites a la concentración de la propiedad; pluralismo, diversidad y participación de las minorías sociales y políticas; e incorporar cuotas de contenidos locales.

A cuatro años de su sanción estos fines no se han concretado, no se hacen los concursos; no hay información respecto de quienes son los licenciatarios; el gobierno permite que la desconcentración se haga mediante accionistas, allegados o testaferros; y el gobierno subsidia a través de la publicidad oficial a los medios afines a su política. El descarado uso de los medios oficiales para hacer propaganda gubernamental, como ocurre en Canal 7 con “Futbol para todos” y el programa 6 7 8, y el uso permanente de la Cadena Oficial son un mentís a la cacareada multiplicidad de voces que se pretendía hacer escuchar. Empresarios amigos del gobierno y alentados por éste, como Vila – Manzano, Cristóbal López, Raúl Moneta y Sergio Szpolski, han ingresado a este mercado.

Francisco Godinez Galay afirmó, que AFSCA otorgó 895 licencias de FM desde octubre de 2009 hasta la agosto de este año. La ley establece la necesidad de elaborar un nuevo plan técnico, base inevitable para organizar el espectro, elaborar concursos acordes al escenario, y hacer los consiguientes llamados que aseguren un reparto equitativo de las frecuencias entre los tres grandes sectores (privado comercial, privado sin fines de lucro y público-estatal). El plan técnico no se ha elaborado. Por lo tanto, no hubo concursos para licencias de radio y se adjudicaron 895 frecuencias, de las cuales sólo 28 son a entidades sin fines de lucro, es decir, un 3,1%.

Fines e Intereses

Después de la sentencia el grupo Clarín presentó a Afsca un plan de desinversión que lo divide en 6 unidades, lo que deberá ser o no aprobado en 120 días.

El fallo de la Corte, dictado luego de los contactos de Ricardo Lorenzetti con la presidenta y Carlos Zannini, en la que la mayoría pareció desconocer los intereses políticos que inspiraron la ley, que no fueron otros que ahogar las críticas e incrementar la influencia de los medios que difunden el “relato” oficial, nos recuerda el lavado de manos de Poncio Pilatos; y la pretendida aspiración de ampliar la “pluralidad de voces”, el fin declarado de la ley y en la que se justifica el fallo, seguirá siendo una materia pendiente.

Córdoba, noviembre de 2013.

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