Cómo reformar la Justicia de Córdoba

Salón de los Pasos Perdidos  del Palacio de Justicia de Córdoba

Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de Córdoba

Tener una mejor Justicia es posible, dentro del marco de la Constitución provincial vigente. ¿Cómo? Haciendo las siguientes reformas.

 – El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá ser un tribunal constitucional, y no de casación, como lo es casi exclusivamente hoy, convertido en un embudo donde se sustancian todos los recursos contra las sentencias de los tribunales inferiores, lo que eterniza los pleitos. Como tal, debería atender sólo los recursos de inconstitucionalidad contra los fallos de las Cámaras de Apelaciones, y ejercer las demás funciones que le asigna el artículo 165 de la Constitución Provincial. La primera de ellas, referida a las acciones declarativas de inconstitucionalidad -individuales y colectivas- que deberían tramitarse por un procedimiento sencillo, reglado por un Código de Procedimiento Constitucional -como el que proyecté cuando fui diputado nacional y que rige ahora sólo en Tucumán-, en el que no se requiera que la norma o acto impugnado de inconstitucionalidad esté aplicándose, como exige actualmente el TSJ para admitir estas demandas, lo que hace casi imposible su admisión. Cuando actúe como tribunal constitucional se evitará que muchos de sus fallos sean recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ocurre actualmente, lo que es otro motivo de dilación. El TSJ, además, no deberá participar de la discusión de las remuneraciones de los magistrados y empleados, ni de lo que tiene que ver con la infraestructura de los tribunales, tarea que debe quedar a cargo del Ministerio de Justicia.

 – La doble instancia para tramitar las causas civiles, comerciales, de quiebra, de familia, de menores, criminales, criminales económicos, correccionales, laborales, contencioso administrativa, tributarios, electorales, de faltas y de paz deberá hacerse: la primera, ante los jueces especializados o de competencia múltiple que la ley ha creado y que se crearán en el futuro; y la segunda ante las cámaras de apelaciones que podrán revisar todos los agravios de hecho y de derecho que se le planteen. Para ello habrá una cámara única en cada circunscripción en que se divide la provincia, las que, a su vez, actuarán en salas -de tres jueces- que atenderán las distintas materias (civil, comercial, criminal, laboral, familia, etcétera o con competencia múltiple). Con ello se garantizará el “Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” como exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 14 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional; y la jurisprudencia de la Corte Suprema (“Casal, Matías Eugenio” del 20 de septiembre de 2005).

 – Los recursos de casación serán, de este modo, sustituidos por los de apelación, en los que las salas de las Cámaras y no las que tiene el TSJ, revisarán no sólo el derecho, como ahora con la casación, sino también los hechos que fundan los fallos de primera instancia. La actual casación civil y comercial ante el TSJ es una absurda tercera instancia que sólo sirve para dilatar los pleitos.

 – Las causas criminales, criminales económicas y correccionales, seguirán siendo sustanciadas ante los jueces de instrucción, de ejecución y correccionales, y, luego, por las salas de las Cámaras que receptan los juicios orales y dictan las sentencias -en forma colegiada o unipersonal-, o las salas de acusación –donde se apelan los autos de los jueces de instrucción-. Los recursos contra las sentencias definitivas se tramitarán en las salas de las Cámaras, que se habiliten a esos efectos, para así sustituir la casación ante la sala penal del TSJ.

 – Los juicios por jurados deberán derogarse. Motivos: no haber sido establecidos por ley federal (arts. 24 y 75 inc.12 de la Constitución Nacional); no ser “populares”, al ser elegidos por sorteo y no por el pueblo ni por sus representantes; por ignorar el derecho; por discriminar a los abogados y a los jueces que no pueden integrarlo; porque la experiencia muestra que sus fallos no son mejores que los de los jueces; y porque el jurado hace más engorroso, lento y costoso los juicios.

 – En materia laboral se suprimirán los juzgados de conciliación, que casi nunca toman las audiencia de conciliación, y las salas de las cámaras, ya que las audiencias orales hoy casi aiempre las atienden y fallan un solo vocal. Los juicios deberán tramitarse en juzgados de primera instancia, desde la demanda hasta la audiencia oral y la sentencia. Estas podrán ser apeladas ante las salas de las Cámaras, habilitadas a ese efecto, sustituyendo de esta manera la casación ante el TSJ, donde los fallos suelen demorar más 5 años. Las partes, en cualquier etapa del proceso, pueden pedir una audiencia de conciliación, que sería atendida en una oficina especializada, como la que se acaba de crear, como “experiencia piloto”, en la Cámara del Trabajo.

 – Para los juicios contra el estado, contenciosos administrativo, deberán crearse o habilitarse juzgados de primera instancia –que no existen actualmente-; con un procedimiento que unifique las actuales acciones de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad y en las que no tenga participación un fiscal, como en la actualidad; y sus sentencias serían apeladas ante una sala de Cámara, unificando de esta manera los recursos de casación, cuando la provincia es parte, y de apelación, en los demás casos, ante el TSJ, como ocurre ahora, sin que halla razones que justifiquen ésta distinción.

  – Las apelaciones de los fallos del Juzgado Electoral, deberán ser resueltas en una sala de la Cámara de la Capital y no ante el TSJ.

 – Las contravenciones o faltas que actualmente juzgan los tribunales de falta policiales o municipales, contrariano lo que dispone la Constitución povincial (Art. 153),  deberán se resuelto por los tribunales contravencionales o de falta de la justicia provincial.

 – Deberán, además, designarse más jueces y reformarse las normas procesales para simplificar y uniformar los trámites. La digitalización y despapelización de los procesos servirá para acortar distancias entre el litigante y el tribunal, evitará la concurrencia a los mismos y no será necesario constituir domicilio en donde tenga asiento el tribunal, ya que las notificaciones y la presentación de escritos podrán hacerse digitalmente.

Reforma Constitucional

Como lo propusimos, sin éxito, con otros constituyentes en 1987, cuando se reforme la Constitución provincial, deberá dársele autonomía al Ministerio Fiscal y constitucionalizar al Consejo de la Magistratura; integrado por legisladores, jueces y abogados, que tendrá a su cargo: la Escuela de la magistratura, los concursos de los que aspiran a ser jueces o fiscales inferiores y actuará como jurado de enjuiciamiento de los magistrados inferiores cuando sean acusados por la Legislatura con dos tercios de votos.

Estas ideas aspiran a ser un modesto aporte para un debate, abierto por el Colegio de Abogados de Córdoba, en el que hoy son más frecuentes las quejas que las propuestas, para intentar alguna vez hacer realidad en Córdoba aquello de “afianzar la justicia” y lograr que los tribunales provinciales sean más ágiles y justos en sus decisiones.

Córdoba, noviembre de 2013.

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