Monsanto: El pueblo quiere saber de que se trata

                                                               Jorge Horacio Gentile y Mariana Torres*

Manifestación contra la instalación de planta de Monsanto en Córdoba.

Manifestación contra la instalación de planta de Monsanto en Córdoba.

El pueblo de Córdoba observa expectante la conflictiva instalación de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz que en Malvinas Argentinas comenzó a construir la firma Monsanto. Los opositores afirman que ella podría afectar la salud de los vecinos y al ambiente de esta localidad; mientras la empresa sostiene lo contrario, y ofrece como prueba el establecimiento similar que tiene en la localidad Rojas, provincia de Buenos Aires, desde 1994.

El último tema de discusión versa sobre el alcance de la ley provincial nº 10.208, de “Política Ambiental Provincial”, sancionada en junio pasado, que reforma la nº 7343, y que complementa la nacional, “General del Ambiente”, nº 25.675.

Quienes se pronuncian en contra de la instalación de la Planta entienden que habiendo sido rechazado el 10 de febrero de este año el Informe de Impacto Ambiental por parte de la Autoridad provincial no puede la empresa presentar otro en razón que un artículo de la nueva ley expresa que “Todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la Autoridad de Aplicación, no puede presentarse nuevamente para su evaluación”.

Nosotros, sin embargo, creemos que esta tesis es equivocada, porque ello implicaría la aplicación retroactiva de la norma, al pretender aplicar a un hecho pasado -el rechazo del Proyecto en febrero de 2014- una condición establecida en ley posterior -el artículo 20 de la nueva ley-. En realidad, la ley 10.208 completa y complementa su predecesora 7343, al ampliar y esclarecer los supuestos de formulación y presentación de nuevos proyectos. Se establece claramente el contenido obligatorio del proyecto y como lo dice su artículo 2, “modernizando y definiendo los principales instrumentos de política y gestión ambiental y estableciendo la participación ciudadana”. Además se establece la obligatoriedad de la Audiencia Pública y se incorpora un minucioso procedimiento que regula los trámites a realizar para obtener la Licencia Ambiental.

En esas condiciones es que debe analizarse la posibilidad o no de que Monsanto formule un nuevo Proyecto, que le aclare, al gobierno y a la ciudadanía, si la Planta atentará contra el ambiente y la salud pública. En base a lo expuesto, entendemos que sí sería jurídicamente viable, porque:

  • el Estudio de Impacto Ambiental rechazado lo fue con anterioridad a la vigencia de la nueva norma y ésta no puede aplicarse retroactivamente;
  • la ley es clara en su redacción: se refiere a los proyectos que “fueren” desestimados o rechazados y no hace ninguna referencia a hechos pasados que ya han agotado sus efectos; al emplear el “fueren”, y no el “hayan” o “hubieren”, indica que se trata de los que ocurrieren a futuro o, en el peor de los casos, a partir de la vigencia de la norma; lo que cobra significación si se es consecuente con la técnica legislativa que indica que los verbos de las leyes deben estar en tiempo presente, como lo hace la Constitución provincial, salvo que regulen hechos futuros;
  • la norma al afirmar que un proyecto desestimado o rechazado “no puede presentarse nuevamente para su evaluación”, no se compadece con el derecho “de peticionar a las autoridades” (Art. 14 Const. Nac.); y no tiene antecedentes en ley 7343, ni en su reglamentación, ni en normas de otros distritos -como en la ley 123/98 que regula el mismo procedimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-.
  • la reciente ley establece nuevos requisitos y procedimientos que debería ser tenido en cuenta en un nuevo Proyecto, y en caso de no ser cumplimentados ameritará su rechazo por la Autoridad de aplicación, lo que fulminaría la chance de formular otro;
  • el artículo 3 del Código Civil (consecuente con el 17 de la Const. Nac.) dispone que las leyes “No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario”, lo que es aplicable a esta norma que contempla sólo las situaciones que se presenten a futuro.

Si se rechazara un nuevo Proyecto que presentara la empresa mal aplicando la ley, retroactivamente, existe la posibilidad de que la proponente interponga recursos administrativos para  luego iniciar el juicio contencioso-administrativo, con el probable riesgo para el Estado y los contribuyentes de pagar costosos daños y perjuicios.

Es interesante recordar que la Unión Europea, en Directiva 2011/92, permite al promotor de un Proyecto solicitar a las autoridades competentes una opinión previa sobre la información que deberá proveer previo a la presentación del Proyecto; esto se considera una garantía que no tiene parangón en la legislación local, y que podría ser herramienta útil en la búsqueda de consensos que permitan el desarrollo de actividades industriales o agrícolas compatibles con el concepto de “desarrollo sustentable”.

La incertidumbre que rodea a la instalación de Monsanto, que promete crear 400 puestos de trabajo en un momento de grave recesión, necesita ser debatida a fondo, y un nuevo Proyecto alimentaría positivamente el debate.

Los ciudadanos de a pie queremos escuchar todas las campanas para saber que lo se decida sea en beneficio de todos.

Córdoba, septiembre de 2014.

*Abogados del Estudio Gentile Saravia.

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