Una política de estado sobre la oferta y la demanda de drogas

Juez Raúl Reynoso de Orán

Juez Raúl Reynoso de Orán

Próximos a una elección presidencial y de renovación legislativa se impone exigirle a los candidatos y partidos que acuerden una política de estado para dar respuesta al alarmante crecimiento en todo el país del consumo de drogas ilegales; de la importación, producción, tránsito, tráfico y exportación de estupefacientes y la proliferación de organizaciones delictivas que no reparan en el uso de medios violentos, de armas y de medios financieros que nos hacen temer de estar próximos a padecer lo que ocurrió y ocurre en Colombia y en México.

Estado de la cuestión

Los hermanos Eduardo Antonio y Gustavo Adolfo Juliá, fueron condenados a 13 años de prisión y a pagar una multa de 100 millones de euros por un tribunal de Barcelona por introducir, en enero de 2011 desde Argentina, casi una tonelada de cocaína en el aeropuerto barcelonés de El Prat oculta en una avioneta de transporte médico.

Las causas por narcotráfico se duplicaron en nuestro país entre 2003 y 2008, último año de los que contamos con datos. En la provincia de Buenos Aires, entre 2008 y 2013, se duplicaron este tipo de delito.

El 23 de octubre de 2013 se descubrió en Sinsacate, provincia de Córdoba, 583 kilos de cocaína, seguramente procedente de Bolivia. El 7 de noviembre pasado Gendarmería incauto en Tapibecuá – Corrientes drogas en un camión que iba desde esa provincia a Chile, con más de 8500 kilos de marihuana, cuyo valor sería de 80 millones de pesos.

El decomiso de cocaína aumentó entre 2001 y 2010 un 800 por ciento y cada vez se incauta más pasta base. El consumo per cápita de cocaína y marihuana, se duplicó en la última década,

Fuera de los países productores y de Brasil, la Argentina es la nación sudamericana donde más laboratorios de drogas ilícitas son decomisados anualmente. Esto ha hecho crece la producción y consumo de paco,  que en las villas de emergencia produce estragos en la salud de muchos jóvenes.

Las fronteras son endebles tanto en su espacio aéreo como las terrestres, fluviales y marítimas, y la circulación y lavado del dinero que se emplea en este vil negocio está fuera del control estatal y son escasas las condenas dictadas por tribunales.

La presencia de jefes narcos extranjeros viviendo en nuestro país es preocupante, tales los casos de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, capo narco colombiano; Ignacio “Gran Hermano” Álvarez Meyendorff, extraditado a los Estados Unidos, país que lo considera uno de los mayores financistas de carteles de droga de Colombia; Joaquín “el Chapo” Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, que habría vivido varios meses en Argentina, y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, el colombiano asesinado en el shopping Unicenter, entre otros.

La violencia generada por este fenómeno hizo aumentar las tasas de homicidios. En Rosario se han dado 24 homicidios cada 100 mil habitantes, superior a la de Bogotá (14.4), México D.F. (13) y San Pablo (12). Las 14 balas destinadas al gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti nadie duda que provienen del narcotráfico.

En abril de este año Sergio Berni desembarcó en Rosario con 3000 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura; y junto al gobierno de Santa Fe ocuparon distintos barrios de la ciudad y se demolieron kioscos de venta de drogas.

En Rosario y en Córdoba se detectaron vínculos entre policías y el narcotráfico, que motivaron la remoción de personal y la cúpula policial. Hugo Tognoli, ex Jefe de Policía de Santa Fe, fue procesado en una causa por presuntos delitos de encubrimiento agravado a narcotraficantes y amenazas coactivas contra denunciantes. En la provincia mediterránea, además, se descubrieron faltantes de drogas secuestrada por jueces federales.

El corresponsal de La Nacion en Rosario, Germán de los Santos, fue amenazado de muerte por teléfono, en noviembre pasado, después de publicar notas sobre el narcotráfico.

El juez federal Raúl Reynoso de Orán, declaró, en febrero de este año, que tenía 7.000 causas relacionados con drogas, y que en los últimos ocho años decomisó 18.000 kilos de droga, la gran mayoría “responsabilidad de organizaciones transnacionales con gente de hasta 40 países”.

No hay investigaciones destinadas a desbaratar el circuito financiero del narcotráfico, las fronteras son una coladera, son muchas las pistas de aterrizaje clandestinas, no hay radares y los kioscos se multiplican debajo de las zapatillas colgadas de los cables en los barrios de las grandes ciudades y en poblaciones más pequeñas.

El desplazamiento del dinero de los carteles a la economía formal tiende a potenciar el negocio de la muerte, pues sirve para cooptar soldaditos, sicarios, traficantes, policías, políticos, jueces o empresarios, controlar barrios, localidades –similar a lo que ocurrió en septiembre pasado en Iguala, estado de Guerrero, en México, donde fueron asesinados 43 estudiantes-; y pueden avanzar hasta la corrupción por la financiación de la política.

Sedronar

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), dependencia de la Presidencia de la Nación creada en 1989 [1] es la responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra la oferta y la demanda de drogas y las adicciones.

En diciembre de 2011 se le aceptó la renuncia a su secretario José R. Granero -un amigo de Néstor Kirchner, contrario a la despenalización de la tenencia de drogas y actualmente procesado por la falta de control en el ingreso al país de efedrina (“mafia de los medicamentos”), utilizada para producir drogas de síntesis, y que desembocó en el triple crimen de General Rodríguez [2]; luego que la Corte Suprema en el fallo “Arriola” (25/8/ 2009) declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para el consumo; y cuando libraba una feroz interna desatada por el hoy senador Aníbal Fernández que impulsaba una ley de despenalización.

Lo reemplazó el ex canciller Rafael Bielsa que, al asumir, propuso una “reingeniería total” del organismo y expresó su preocupación por el alto consumo del paco. Aprobó su nueva estructura organizativa, disminuyó el presupuesto destinado a publicitar la lucha contra las drogas, y cerró la mayoría de los centros de atención a los adictos. Mientras se trataba de sancionar la ley de despenalización de la tenencia de drogas.

Pero el “acuerdo entre Cristina y Francisco”; que según fuentes oficiales, se plasmó en la audiencia que el Sumo Pontífice le concedió a Cristina Fernández de Kirchner, días después de asumir[3]; archivó la idea de dictar la ley y precipitó la renuncia de Bielsa, el que no fue reemplazado durante ocho meses.

Veinte días después que la Conferencia Episcopal (29/11/13)pidiera, en el documento “El drama del narcotráfico y la droga“, que se cubriera ésta vacante, se designó secretario al sacerdote Juan Carlos Molina, quién al consultar si aceptaba el cargo a su obispo de Río Gallegos, monseñor Miguel Ángel D´Anniba, este le hizo retirar las licencias ministeriales para el ejercicio público del ministerio sacerdotal. El jefe de gabinete Capitanich explicó cómo será ese nuevo esquema: “En el aspecto del tratamiento, del rescate social que demandan las drogas, estará el padre Molina y en la represión del narcotráfico el secretario de Seguridad, Sergio Berni.” A fines de septiembre de 2014 Molina anunció enviar un proyecto para “no criminalizar” el consumo de drogas.

Nadie discute que la cocaína viene de Bolivia y la marihuana de Paraguay, pero es extraño que con estos países no se haya intentado acordar algo que lo impida, salvo el incumplido acuerdo que firmó el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en La Paz en diciembre de 2008, con el Gobierno boliviano para luchar contra las drogas y el transporte de las sustancias químicas usadas para fabricar cocaína, y coordinar las fuerzas de seguridad de ambos países para reprimir al narcotráfico, dejando a salvo que la hoja de coca es inofensiva para la salud.

Sin embargo, el ingreso, procesamiento, tránsito y exportación de cocaína es cada vez más intenso, y, a pesar de ello, a Evo Morales; presidente de ese país, ex presidente del Consejo Andino de Productores de Coca y de la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba; se lo distinguió con el título de Doctor Honoris Causa en las Universidades Nacionales de Córdoba, de Lanús, del Comahue, de Río Cuarto y la Popular Madres de Plaza de Mayo. Igual título recibió de la Universidad de Cuyo su vicepresidente Álvaro García Linera.

En el Mercosur este tema no tiene relevancia salvo alguna mención aislada en el Protocolo de Seguridad Ciudadana y en la reunión de Ministros del Mercosur de Porto Alegre.

Una política de estado para encarar este problema necesita distinguir las soluciones para la oferta de las de la demanda de las drogas ilegales, como bien insinuó Capitanich cuando asumió el Secretario Molina.

La oferta

El combate contra quienes ofrecen drogas ilegales debería ser coordinado por una agencia federal –y no por un funcionario, como insinuó Capitanich al referirse al secretario de seguridad Sergio Berni, cuando asumió Molina-, con personal especializado y recursos suficientes que la ejecute y coordine el accionar de las policías: federal, aeroportuaria y de las provincias; de la gendarmería, la Prefectura, los Servicio de Inteligencia, la Aduana, las Fuerzas Armadas, la Unidad de Información Financiera (UIF); y que colabore con los tribunales federales y provinciales, y con la Cancillería, para acordar con otros países, una política de colaboración en la lucha contra el narcotráfico.

Esta agencia deberá hacer  un mejor control: de las fronteras, de las rutas –terrestres, aéreas y fluviales- donde transitan las drogas y los insumos con las que se la trata, de las pistas de aterrizaje, con los radares –que hay y que deberán instalarse-, de las cocinas; de los puestos de venta y, muy especialmente, de los recursos financieros que genera este vil negocio. No me convence autorizar el derribo de aviones.

En los Estados Unidos, ante una situación parecida y en la presidencia de Richard Nixon (1/7/73), se creó la DEA (Drug Enforcement Administration, o sea la: “Administración del cumplimiento de leyes sobre las drogas”), que es una agencia del Departamento de Justicia dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas. De este modo se quería que una agencia federal única asumiera las competencias federales en esta materia, coordinara las actividades gubernamentales en el control de estupefacientes, y en ella se fusionaban todas las reparticiones dedicadas a las drogas.

Para juzgar a los delitos que comete el crimen organizado deberá autorizarse; que haya testigos reservados, que se confisquen bienes usados para delinquir, que pueda haber jueces “sin rostro”, que se invierta la carga de la prueba para que los imputados tengan que demostrar su inocencia, etcétera.

La demanda

Siguiendo lo expresado por el jefe de gabinete el Sedronar debería ser la otra agencia que se ocupe de la demanda y que coordine a los organismos dedicados a la educación, la prevención y la asistencia de la población en general, de los consumidores y de los adictos a las drogas; y que coordine el accionar de los municipios, las provincias, el gobierno federal, las universidades, las iglesias y las ONG dedicadas a estos propósitos.

El caldo de cultivo para el aumento del consumo y el tráfico de drogas está en crecimiento de la pobreza y la marginalidad, la existencia de muchos jóvenes que no trabajan y estudian, que hay sectores donde se ha perdido la cultura del trabajo, que la calidad educativa está en crisis, que crece la inestabilidad en los empleos y en los estudios, que los lazos familiares se han debilitado, y que trazar y hacer posible la realización de un plan de vida no es hoy fácil de lograr.

Si tomamos la propuesta hecha en octubre de este año por la Confederación de la Sociedad Civil en el Salón Azul del Congreso de la Nación sería bueno que el “Enfoques de políticas públicas” siguiera las siguientes pautas:

  • “Transparentar, regularizar y garantizar de modo integral el correcto funcionamiento del Sedronar como principal organismo del Estado a cargo del tema.”
  • “Cumplimiento de lo establecido en la ley 26.586 que promueve la creación del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.”
  • “Desde del Foro de Habitantes a Ciudadanos se presentó un proyecto de ley que contiene los siguientes objetivos: Creación del Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones:

                                                       “a) Desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional, que contemple diferentes modelos de intervención profesional sobre la base de la diversidad, los variados contextos donde se presentan las problemáticas, las características de la adicción y la singularidad de las personas. Se incluyen el alcoholismo, abuso de sustancias psicoactivas, tabaquismo, ludopatía y toda otra forma de relación con los objetos de carácter compulsivo.”

                                                        “b) Fortalecer y capacitar a los servicios de salud mental y centros de salud de carácter público, existentes en los ámbitos nacional, provincial y municipal, con el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas que demandan asistencia por padecer problemas de adicción.”

                                                         “c) Respetar la autonomía individual y la singularidad de las personas que demandan asistencia para el tratamiento de las adicciones, observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías constitucionales, evitando la estigmatización.”

                                                          “d) Promover la investigación y la docencia en materia de   adicciones.”

                                                          “e) Garantizar la calidad de las prestaciones.”

                                                          “f) Incluir en el presente Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones, promoviendo acciones organizadas, a las áreas de Desarrollo Social, Trabajo, Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Derechos Humanos y otras áreas relevantes, como partes integrantes del sistema.”

                                                           “g) Incorporar el modelo de Reducción de Daños.” Para aplicarlo adictos que no van a dejar de consumir, y así reducirle los riesgos

h) Asistir financieramente a las jurisdicciones que adhieran al presente Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones.”[4] Principalmente municipios y provincias.

La despenalización y la legalización

Desde mi óptica la despenalización del consumo está contemplada ya en la ley 23. 737 de estupefaciente, luego de haber quedado atrás distintas leyes y fallos que sustentaban criterios interpretativos diferentes respecto de la penalización de la tenencia y consumo frente al derecho de la intimidad garantizado por la Constitución (Art. 19)[5]. El ya referido fallo “Arriola” de la Corte Suprema es el último que estableció que la tenencia y el consumo (en ese caso de marihuana), sin ostentación pública, se la consideró despenalizada, criterio que aplican los demás jueces en la actualidad, aunque el tenedor sea, casi siempre, el último eslabón del narcotráfico.

Entiendo, sin embargo, que a pesar de ese fallo, la “autolesión” y la “degradación” personal que se produce con el consumo de algunas drogas, como por ejemplo el paco, que ataca principalmente, la salud y pone en riesgo la vida de niños y jóvenes vulnerables, que viven en villa de emergencia o zonas marginales,  cuyos padres o allegados claman por la intervención de la autoridad pública para frenar las consecuencias de ese consumo o adicción. En estos casos no se puede alegar que no se ha ofendido “al orden y a la moral pública”, ni que no se ha perjudicado “a un terceros” y, por ello, entiendo yo, están fuera del ámbito de reserva que protege las “acciones privadas” (Art. 19 de la Constitución).

Los padecimientos y esfuerzos de las familias y los allegados de los consumidores o adictos a las drogas, más los empeños que deben hacer los que se ocupan de la salud pública y del Estado, que es el último responsable de erradicar este mal, son más que suficiente para no seguir disimulando los daños que esta “autolesión” y “degradación” produce al bien común, además del personal que sufren los consumidores. La intervención estatal, en estos casos, debe dirigirse a la recuperación del consumidor o del adicto, además de investigar a quienes fueron los proveedores y traficantes.

Ningún país legalizó las drogas, pero no faltan, entre nosotros, quienes aspiran a imitar a Holanda, que legalizó la tenencia, venta y consumo de algunas drogas; o Colorado[] y Washington, estados norteamericanos donde se autorizó la venta legal para “uso recreativo” de algunas drogas; y, ahora, a Uruguay, que acaba de hacer lo mismo; sin reparar en las graves consecuencias que esas experiencia han le han deparado a los ciudadanos de esos estados.

Congreso de la Nación

Las comisiones de Seguridad interior y narcotráfico del Senado y de Prevención de adicciones y control de narcotráfico de la Cámara de Diputados en forma coordinada deberán hacer un seguimiento y control de esta política de estado que proponemos, y de la agencia y la secretaría dedicada a coordinarla y ejecutarla.

Francisco

La droga es un mal y ante el mal no se puede ceder ni tener compromisos”, dijo el Papa Francisco en junio pasado y agregó que ”Quisiera decirlo claramente: la droga no se vence con la droga. La droga es un mal, y con el mal no se puede ceder ni tener compromisos. Pensar que se puede reducir el daño permitiendo el uso de sustancias psicotrópicas a las personas que siguen usando drogas, no resuelve el problema”.

Francisco añadió que “la legalización, incluso parcial, de las llamadas ‘drogas blandas’, además de ser discutible en términos legislativos, no produce los efectos esperados. Las drogas sustitutivas, por otra parte, no constituyen una terapia suficiente, sino una forma velada de entrega al fenómeno”.

“Quiero reiterar lo que dije en otra ocasión: No a cualquier tipo de droga. Simplemente. No a cualquier tipo de droga. Pero para decir este ‘no’, hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de trabajo”, afirmó.

Dijo, además, que el “azote de la droga sigue haciendo estragos con formas y extensión impresionantes, alimentado por un mercado turbio que traspasa las fronteras nacionales y continentales. Así, crece cada vez más el peligro para los jóvenes y adolescentes. Frente a este fenómeno siento la necesidad de expresar mi dolor y mi preocupación”.

En ese sentido, exhortó a enfrentar al desempleo juvenil, porque, al no poder estudiar ni trabajar, entran “en esta falta de horizonte, de esperanza y la primera oferta son las dependencias, entre las cuales, esta la droga”.

“Las oportunidades de trabajo, la educación, el deporte, la vida sana; este es el camino que lleva a la prevención de la droga. Sin estos sí esto se hacen verdades no hay espacio para las drogas, para el abuso de alcohol, para otras adicciones”, aseguró.

Teniendo en cuenta estas sabias palabras propongo, además, que se organice en Roma un simposio sobre drogas y narcotráfico, como un grupo de jóvenes realizó los días 15 y 16 de noviembre último en la Casina Pío IV del Vaticano, en contra de la prostitución y la trata de personas, y se invite a exponer al Sumo Pontífice.

Reflexión final

La Democracia Constitucional nos obliga a participar  y una política pública sobre esta materia es prioritaria y podría dar pie a un acuerdo entre los principales candidatos y partidos, y si ello se lograra debería ser excluida de la disputa por el poder, con el compromiso que cualquiera sea el gobierno y las mayorías que surjan de los comicios se llevará a cabo con el apoyo de todos.

Si éste desafío no lo asumimos las generaciones futuras, con razón, nos lo van a reprochar.

Buenos Aires, diciembre de 2014.

[1] Cuando se dictó la ley 23.737 de Estupefacientes.

[2] Ocurrido el 7 de agosto de 2008, donde fueron acribillados en un zanjón Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferró.

[3] El 18 de marzo de 2013.

[4] Algunas organizaciones que trabajan la temática

Foro de Habitantes a Ciudadanos – Comisión Nacional de Paz y Justicia – Asociación para la Investigación y Prevención de Adicciones – Fundación San Carlos – Programa Cambio –FONGA –Diálogo Argentino

Informes complementarios

Comisión Nacional de Justicia y Paz

“Anteproyecto de ley de educación y prevención sobre el consumo de drogas” – Disponible en: http://http://www.justiciaypaz.org/documentos-9/

Foro de Habitantes a Ciudadanos

“Proyecto de Ley Creación del Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones”

– Disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cdrogadiccion/Proyectos%20de%20ley/Proyectos%20de%20ley/7253-D-06.htm

“Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas – Ley 26.586” – Disponible en:

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ceducacion/leyes/26586.html

Diario Clarín

“Las ONG dicen que son el sostén de la atención a adictos” – Disponible en: http://http://www.clarin.com/sociedad/ONG-dicen-sosten-atencion-adictos_0_730726991.

[5] Jorge Horacio Gentile “La Tenencia y Consumo de Estupefacientes”  Blog.: /www.jorgegentile.com// 16 de agosto de 2006.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s