La reforma de la justicia

Acerca de la reforma del Poder Judicial de la Nación

Acerca de la reforma del Poder Judicial de la Nación

La palabra justicia expresa, en el lenguaje jurídico, la virtud cardinal, que es esencia y causa formal del derecho, por un lado; y, en el sentido institucional, alude a los tribunales que componen los poderes judiciales que integran el gobierno. Nuestra propuesta de reforma se refiere a esta última acepción.

La Constitución admite sólo la existencia del Poder Judicial federal, el de las provincias y el de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA). Los órganos de la llamada justicia administrativa (fiscal, militar, municipal, policial, etcétera) solo producen actos administrativos que, luego de agotada esa vía, pueden ser cuestionados en los tribunales de la Constitución.

La reforma judicial podría iniciarse con una reforma de la Constitución, o a partir de normas sub-constitucionales, que es como intentaremos proponer nosotros en este trabajo, donde nos referiremos específicamente a la Justicia federal.

No comparto la idea, esgrimida por algunos, de:

  • crear un Tribunal Constitucional, para lo que haría falta reformar la Ley Fundamental;
  • de mantener tribunales administrativos; ni
  • de se continúen revisando sentencias, en tribunales de instancias superiores, mediante recursos de casación, que se limitan al fundamento jurídico y que prescinden de lo fáctico; con lo que hemos trasladado, instituciones de los sistemas neo-monárquicos europeos, mejor conocidos entre nosotros como parlamentarios. La razón es que nuestra Carta Fundamental, que sigue el modelo estadounidense, los tribunales judiciales federales y estaduales, de todas las instancias, están habilitados para hacer el control de constitucionalidad de las normas, actos jurídicos o sentencias, y los ciudadanos pueden hacer revisar mediante apelación plena los hechos y el derecho en los que se fundan las sentencias de primera instancia, disponiendo luego de un recurso extraordinario de inconstitucionalidad ante los tribunales superiores locales y ante la Corte Suprema. La revisión del derecho y no de los hechos, que se hace a través de la casación, adoptada por nuestros códigos de procedimiento1 imitando a los sistemas europeos, no se ajusta a nuestro sistema donde los jueces incluso pueden declarar inconstitucionales las sentencias cuando son arbitrariaspor causales similares a la de la casación.

La reforma del Poder Judicial de la Nación   

A treinta y dos años de la recuperación de la democracia constitucional en Argentina se impone pensar y proponer algunas ideas que nos permitan reformar el Poder Judicial de la Nación, como un primer paso para hacerlo también con el de las provincias y en la CABA, y de este modo disponer de un servicio judicial más eficiente, a tono con las nuevas tecnología y acorde con los tiempos que vivimos. Motivan, también, esta propuesta los últimos intentos de colonizarlo y de influir, desde el gobierno en sus decisiones, atentando contra su independencia.

La mejor forma de concretarla sería mediante leyes que debería sancionar el Congreso de la Nación y que podrían ser las siguientes:

  • Reformar la ley nacional 26.183 que redujo el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de siete (7) a cinco (5) y volver a la composición de siete (7) miembros. Ello no lo proponemos por una razón política y sin tener en cuenta la necesidad de disminuir la gran cantidad de causas que resuelve2. Para ello es imprescindible que el Estadonacional y los estados locales dejen de generar y recurrir juicios, como ocurrió con el “corralito”, y ahora con los juicios previsionales; los tribunales superiores de provincia sean verdaderos tribunales constitucionales y dejen de serlo de casación o de apelación, y que la Corte Suprema deje de ser también tribunal superior de la Justicia “Nacional”, la que deberá ser transferida al gobierno de la CABA (Art. 129 CN).
  • Derogar las Leyes 26.080 y 26.855 que reformaron la composición del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esta última fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema (“Rizzo” del 18/6/ 2013). Con ello se restablecería la vigencia las leyes 24.937 y 24.939 – que se sancionaron mediante un razonable acuerdo político-, y para que la composición del Consejo vuelva a tener 20 miembros (el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 4 jueces, 8 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 del ámbito científico y académico), y en la que estén representados “jueces de todas las instancias”(Art. 114 CN); y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados vuelva a tener 9 (3 legisladores, 3 jueces y 3 abogados). Mejorar la Escuela de la Magistratura y suprimir en los concursos el puntaje discrecional con que se evalúa la entrevista personal.
  • Derogar las leyes, que pretendieron “democratizar la Justicia”, N° 26. 854, que modificó el régimen de medidas cautelares; y 26.853, que creó las Cámaras de Casación y estableció sus reglas procesales, que el 10 de julio de 2013 fue declarada inconstitucional – en lo referido a la designación de sus jueces- por el juez de primera instancia en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico en el caso “Fargosi, Alejandro”.
  • Derogar la ley 27.145 que establece un sistema de subrogancias en casos de licencia, suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier otro impedimento de los jueces o juezas de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La norma ha sido declarada inconstitucional, aunque luego esa decisión fue revocada por la Cámara y, luego, vuelta a revocar por la Corte Suprema en el caso “Uriarte”, que la volvió a declarar inconstitucional,  y, en otros tres casos había sido suspendida en su aplicación por jueces de primera instancias.3
  • Derogar el Decreto 856 de 2014 de designación de diez conjueces para la CSJN acordado por el Senado en mayo de 2014 por mayoría absoluta y no por dos tercios de votos; por lo que es inconstitucionales al contrariar el artículo 99 inciso 4 de la Constitución y afectar con ello la independencia del Poder Judicial, por el criterio sectario con que se confeccionó dicha lista. La Corte Suprema, por ésta razón, lo declaró inconstitucional en el caso “Aparicio” del 21/4/15.
  • Ampliar la incompatibilidad de los jueces que establece el artículo 9 del Decreto Ley 1285/58, modificado por el artículo 1° la ley 21.341, para ejercer cargos docentes en las universidades, permitiéndolo solo cuando se trate de un cargo docente de dedicación simple y en una sola universidad; y prohibirles el ejercicio cualquier otro cargo como el de rector, vicerrector, decano, vicedecano, director, subdirector, secretarios o prosecretarios, consejeros, consiliarios, asesores o cualquier otro de carácter administrativo o académico.
  • Derogar los artículos 24 inciso 6° apartado a del Decreto ley 1285/58 que establece el recurso de apelación ordinario (distinto al recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48) ante la CSJN en contra de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones cuando el Estado Nacional es parte y el monto en disputa supera la suma de $ 10.890.000; por ser esa norma inconstitucional como lo declaró la CSJN cuando sostuvo que, de acuerdo con el principio republicano de la división del poder, su tarea principal consiste en asegurar la vigencia de los derechos y garantías que reconoce la Constitución en favor de los individuos, y también la vigencia de las normas que ordenan y limitan el ejercicio del poder por parte de las Autoridades de la Nación. Agregó el Alto Tribunal, que, para realizar esa tarea, la Constitución reconoce la jurisdicción constitucional de la Corte en su instancia extraordinaria y originaria en los artículos 116 y 117; a su vez, el recurso extraordinario establecido en el artículo 14 de la ley 48 es el instrumento por excelencia para cumplir la misión señalada; y que el recurso ordinario de apelación resulta ajeno a este ámbito porque establece la revisión de sentencias referidas a temas de derecho común en las que no se presenta la necesidad de interpretar las normas de la Constitución Nacional y del derecho federal. Que ello obliga a la Corte a actuar como un tribunal ordinario de revisión y no como una instancia extraordinaria que interpreta las cuestiones constitucionales que llegan a su conocimiento por medio del recurso extraordinario federal. El recurso ordinario en este caso es un privilegio que atenta contra el principio de igualdad (Art. 16 de la Constitución).4
  • Reducir la competencia territorial de la Cámara Federal de Casación Penal con asiento en la Capital Federal5 sólo a los casos recurridos por tribunales de ésa jurisdicción; atento lo que dispone el  artículo 118 de la Constitución, que expresa: “En todos los juicios criminales ordinarios…La actuación…se hará en la misma provincia donde se hubieran cometido el delito (…)” y el criterio de la Corte Suprema en el caso “Pedraza, Héctor Hugo vs. ANSES” del 6 de mayo de 2014. Los recursos contra las sentencias de los Tribunales Orales Federales del interior del país, que hasta ahora se tramitan en la Cámara Federal de Casación Penal, serán sustanciados y fallados por la Cámaras Federales de Apelaciones con competencia en la sede de dichos Tribunales, para lo cual deberán crearse nuevas Salas y designarse los camaristas que la integren, y atender así las nuevas causas que se agreguen con motivo de esta reforma.
  • Los recursos de casación, previstos en las normas procesales, deberá ser reemplazado por el de apelación, con lo que se amplía el alcance de los mismos y así poder revisar tanto el derecho como los hechos en que se fundamenta el fallo recurrido-, como interpretó la Corte Suprema en el caso “Casal, Matías Eugenio” del 20 de septiembre de 2005 y lo dispone el artículo 8 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • Transferir al gobierno de la CABA, mediante una ley convenio, los llamados tribunales Nacionales y los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos, con sede en Capital Federal, para que se integren al Poder Judicial y al Ministerio Público de dicha ciudad (Art. 129 y Disposición transitoria decimoquinta “infra” CN).
  • Derogar el Acuerdo No. 20 del 1996 de la CSJN que impide gravar con del impuesto a las ganancias a los jueces, y hacerlo aplicable a las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público federal, de las provincias y de la CABA, exceptuando a los jueces que se encuentren ya designados y en ejercicio de su cargo (Art. 110 Constitución Nacional), y aplicarlo solamente a los que sean designados en adelante. Antes de su aplicación deberá hacerse una recomposición de las remuneraciones en las distintas jurisdicciones que compense la disminución de los ingresos que significará el oblar este tributo y disponer un aumento general – que deberá abarcar no solo a los jueces sino también a todo el sector público y privado- del mínimo de los haberes que deben tributar. El gobierno nacional compensará financieramente a las provincias que tengan dificultades para concretar este propósito.
  • Incorporar a las causales del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 la de sentencias arbitrarias, enumerando las causales elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
  • Reformar el artículo 47 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN)6, para que los abogados apoderados acrediten su representación en juicio no sólo por mandato otorgado por escritura pública sino que también puedan hacerlo mediante poder apud acta o carta poder con la firma certificada de secretarios o prosecretarios de algún tribunal o por escribano público.7
  • Modificar el artículo 257 del CPCCN, para modificar plazos y requisitos en los recursos que resuelve la CSJN, el que quedará redactado de la siguiente  manera: “El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito o electrónicamente, fundado con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48, ante el juez, tribunal u organismo administrativo o legislativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de Quince (15) días contados a partir de la notificación. De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por quince (15) días a las partes interesadas, notificándolas personalmente, por cédula o electrónicamente. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso en el plazo de treinta (30) días. Si lo concediere expresa o tácitamente, o sea cuando venciere el plazo para hacerlo, previa notificación personal, por cédula o electrónicamente de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de diez (10) días contados desde la última notificación. Si el tribunal superior de la causa tuviera su asiento fuera de la Capital Federal, la remisión se efectuará por correo. La parte que no hubiera constituido domicilio electrónico quedará notificada de las providencias de la Corte Suprema por ministerio de la ley. Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252.”
  • Incorporar en el CPCCN el recurso extraordinario in forma pauperisya admitido, en algunos casos, por la jurisprudencia de la Corte.8
  • Suprimir la expresión “de competencia federal” del art. 257 bis del CPCCN (según ley 26.790) a los efectos que el recurso per saltum pueda, también, ser interpuesto en contra de las sentencias de los tribunales provinciales de primera instancia, y hace efectivo también en estos casos el principio de igualdad (art. 16 de la CN).
  • Ampliar los plazos a quince (15) días para interponer la aclaratoria prevista en el artículo 272 y del recurso de reposición, y el traslado correspondiente a la contraria, del artículo 238 del CPCCN cuando se trate sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
  • Disponer que la constitución de domicilio, cuando se trate de causas que se tramitan ante la CSJN, se deberán hacer en forma electrónica, consignando, además el teléfono y el e-mail del letrado  que actúa, y no en el domicilio de la ciudad de residencia del tribunal como exige actualmente el artículo 40 del CPCC de la Nación, y que las notificaciones se hagan en forma electrónica, como lo dispone el Acuerdo No. 31 de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, según lo autoriza la ley 26.685, y hacer extensiva la modalidad electrónica en la presentación de escritos en juicios y recursos que se tramitan en la Cámara Nacional Electoral, la Cámara de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones, los Tribunales Orales y los Juzgados Federales; y permitir que los recursos y traslados ante estos tribunales, como los oficios que se libren para a los organismos nacionales, se puedan hacer por vía electrónica. Las notificaciones electrónicas deberán contener el texto íntegro del decreto, resolución o sentencia que se hace conocer, y no indicar, como ocurre ahora, que se busque otra Página web.
  • Disponer por ley la realización de Audiencias Públicasinformativas, conciliatorias y ordenatorias, y la participación de “Amigo del tribunal”, cuando se tramiten recursos y acciones ante  la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como este Alto Tribunal ya lo reglamentó mediante la Acordada No. 30 del 2007 y las Acordadas Nos. 28 del 2004, Nº 14 de 2006 y Nº 7 de 2013. Autorizar, también, a la Corte a delegar en alguno de sus miembros o del tribunal cuya sentencia fue recurrida el tomar las audiencias conciliatorias.
  • Autorizar a la Corte Suprema para que apruebe y publique un Código de Estilo, para uniformar y mejorar la elaboración y comunicación de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción – en soporte papel o digital- de sentencias, fallos, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas, informes, memorandos, circulares, certificados, pliegos de interrogatorios, declaraciones, pases, oficios, notificaciones, citaciones, órdenes de arresto o allanamiento, exhortos, correspondencias, notas, esquelas, invitaciones, partes de prensa, tarjetas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado, márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, las forma en que se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados. Los escrito que se presenten ante la Corte deberán tener una portada de colores diferentes, según que sea el del recurso extraordinario, la contestación del traslado, al queja, el del Amigo del tribunal, la petición de audiencia, la presentación de la Procurador Fiscal o del Defensor Público, o los recursos de aclaratoria o reposición. Deberá incorporarse a este código las normas el reglamentaria para los escritos de los recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN, establecidos por este Tribunal en la Acordada No. 7 de 2007. Deberá preverse el caso de los escritos, o párrafos de los mismos, o citas en idioma extranjero para que se presenten con la correspondiente traducción. Para la confección de este Código habría que tomar alguna de las disposiciones de las Reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, especialmente las 21, 33 y 34.
  • Derogar los artículos 286 y 287 del CPCCN 9 y las Acordadas que lo actualizan y obligan a quienes interpongan recurso de queja ante la CSJN, por denegación del recurso extraordinario, a depositar la suma de $ 15.000, que será devuelto, sin la correspondiente actualización ni intereses, en caso que la queja fuere acogida; y no será devuelto si el recurso de hecho fuere desestimado o se produjera la caducidad de instancia y, cuyo caso, se destinará a las bibliotecas de los tribunales nacionales. La razón de la derogación es que el depósito fue establecido con el objeto de “restringir el uso indebido” del recurso de queja (Ver fallo de la Corte en “Baner c/ Rossi” 7/8/1980) y su no devolución significa una sanción, lo que atenta contra la garantía del debido proceso legal (art. 18 de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Además, como bien lo sostuvo el juez Carlos Santiago Fayt en su disidencia a la Acordada 77 de 1990dicho depósito “reviste naturaleza similar a la tasa judicial… Excede, en consecuencia, el concepto de arancel…” por lo la Corte carece de facultades para actualizarla, como lo viene haciendo, porque ello es competencia del Congreso.10
  • Modificase el CPCCN en su Artículo 281, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Las sentencias de la Corte Suprema se redactarán en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado, en el que se limitarán a señalar sus discrepancias o diferencias. El original de la sentencia se agregará al expediente y una (1) copia de ella, autorizada por el secretario, será incorporada al libro respectivo.”
  • Autorizar a la Corte Suprema y demás tribunales inferiores a dictar una única sentencia para distintas causas de contenido idéntico o similar que se encuentren en condiciones de ser resuelta, y una copia de dicho fallo deberá ser incorporada en cada uno de los expedientes. Esta modalidad, cuando se trata de casos idénticos, ha sido empleada muchas veces por la Corte Suprema. La Suprema Corte de EEUU lo hace también en casos similares como ocurrió en el del 26 de junio de 2015 referido al resonante caso de los Matrimonios de personas del mismo sexo.11
  • Dictar un  Código de la Seguridad Personal o de Procedimientos    constitucionales que reglamente los procesos judiciales que garantizan los derechos humanos declarados en la primera parte de la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional como son: las acciones, individuales y colectivas, de inconstitucionalidad, de beas corpus, de amparo, de habeas data, de acceso a la justicia, y el recurso extraordinario y de queja a la Corte Suprema. Como diputado de la Nación presenté un proyecto de Código de la Seguridad Personal (Trámite Parlamentario Nº 171 del año 1990), de 107 artículos, que nunca fue tratado por la Cámara12. Luego el mismo fue sancionado por ley 6.944 de la Legislatura de la Provincia de Tucumán con el nombre de Código Procesal Constitucional y con 111 artículos, con algunas pocas modificaciones que lo adaptaron para aquella provincia por iniciativa del legislador Sergio Díaz Ricci, que ya había colaborado en la redacción del proyecto originario.
  • Judicializar el Tribunal Fiscal de la Nación13. Su existencia atenta contra lo que dispone el artículo 109 de la Constitución, la dependencia de estos organismos, llamados tribunales, del Poder Ejecutivo ha hecho que en lo últimos tiempos que los vocales que lo integran puedan ser  designado con criterio político, contrariando la necesaria idoneidad e imparcialidad que debe primar en sus designaciones. Cuando fui diputado de la Nación presenté un proyecto de ley, en igual sentido, para crear la Cámara Federal en lo Fiscal con sede en la Capital Federal, a donde se recurrirían, al igual que a las Cámaras Federales de Apelaciones del Interior del país, las resoluciones de la Dirección General Impositiva y de la Administración Nacional de Aduana y se suprimía el Tribunal Fiscal de la Nación que es un órgano administrativo que no integra el Poder Judicial de la Nación.14
  • Establecer que los depósitos bancarios judiciales de los tribunales federales se hagan en el Banco de la Nación y los que correspondan a los tribunales nacionales, incluso antes que pasen a depender del gobierno de la CABA, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Con ello no se agota la cuestión, pero lo propuesto puede ser la base de una reforma de fondo, que deberá completarse con la designación de los jueces para cubrir la gran cantidad de vacantes que hay en los tribunales federales, y con las también imprescindibles reformas que habrán de implementarse en las justicias provinciales y de la CABA.

Como bien decía Alexander Hamilton “La justicia es la finalidad del gobierno. Es la finalidad de la sociedad civil. Siempre se ha buscado y seguirá buscándose hasta que se alcance o hasta que perezca la libertad en el empeño.” Este es el propósito de la Constitución al proclamar: “afianzar la justicia”, y la razón de nuestra modesta reflexión.

Córdoba, Noviembre de 2015.                 

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