Traspaso de policías y tribunales a la ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

A cada jurisdicción lo suyo 

Es una buena noticia la firma del convenio, entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de gobierno de la ciudad de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, que traspasa la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, con sus 15 mil efectivos desplegados en 54 comisarías, la policía montada, bomberos, y la guardia de infantería, que hasta ahora integran la Policía Federal, al gobierno de la ciudad que actualmente es la capital federal, y donde ya existe la Policía Metropolitana, que cuenta con 6.300 efectivos. Igualmente es auspicioso, el anuncio, que hizo Rodríguez Larreta, de que se estudia junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, hacer lo propio con los tribunales penales de la Justicia llamada “Nacional”.

Con ello el gobierno de la ciudad contará con una fuerza de seguridad de 21 mil policías que coordinados podrán enfrentar los graves problemas que causa la inseguridad ciudadana y, de este modo, se avanza en aquello de que la ciudad se rige por “un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción” (Art. 129 Constitución Nacional), al asignarle funciones, servicios y recursos que, hasta ahora, ejerce inapropiadamente el gobierno federal, y que sostenemos injustamente todos los argentinos, para beneficio exclusivo de los que habitan en la Capital (Art. 75, 2 CN).

El traspaso de la policía federal será gradual y progresiva, ordenada en dos etapas: etapa de transición y etapa de consolidación, la primera de un año, y que podrá ser prorrogada de común acuerdo, y la segunda en que la Nación continuará apoyando a la ciudad en todo lo que tiene que ver con la transferencia. Ello significa que la fusión de los policias federales trasferidos y la metropolitana, como la de sus respectivas jefaturas será gradual, y que lo que no fue transferido de la Policía Federal se ocupará de los delitos federales y muy especialmente del narcotráfico, según los anuncios del gobierno. Aunque siguiendo el modelo norteamericano no estaría mal pensar en especializarla, organizando, por una parte, algo parecido al FBI (Federal Bureau of Investigation), una suerte de Policía Judicial –como la tiene la provincia de Córdoba desde que dictó su nueva Constitución en 1987-, y, por la otra, una especie de DEA (Drug Enforcement Administration), para ocuparse del narcotráfico, algo parecido a lo que recientemente se creó también en la provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que se dedica a combatir el narcomenudeo y asistir a la justicia provincial en esa materia –que es de su competencia-.

También tribunales, fiscales, defensores y reparticiones administrativas afines

 Esto debería completarse con traspasar toda la Justicia llamada “Nacional”, que en la actualidad, junto con la federal –con sede en la Capital y que no debe transferirse-, integra el Poder Judicial de la Nación, y que no solo comprende los tribunales en lo Criminal -que son los que se estudia transferir-, sino también los civiles, comerciales, laborales y de menores, que junto a fiscales y defensores del Ministerio Publico Nacional –que se desempeñan en dichos tribunales- también deberían ser incorporados al Poder Judicial de la CABA.

Los tribunales que pasen a la ciudad dejaran de ser inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y, en adelante, lo serán del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, lo que los acercará más a los usuarios.

Ello permitirá disminuir la cantidad impresionante de causas que atiende y falla la Corte Suprema de Justicia e la Nación, que en gran medida provienen de recursos interpuestos en contra de fallos que dictan los tribunales “Nacionales” con asiento en la ciudad de Buenos Aires. A título de ejemplo, en el año 2010 la Corte Suprema nacional resolvió 11.783 causas, en 2011 lo hizo 9.886 veces, y en cada uno de estos dos años le ingresaron más de 15.000 expedientes, en el año 1998 batió todos los record al fallar 46.435 causas, la mayor cifra de su historia (40.423 previsionales y 6.012 de otras materias); en cambio la Suprema Corte de EEUU falla por año solo un centenar de causas.

Estas transferencias son indispensables para iniciar la reclamada reforma judicial, que la haga más cercana a la gente, más eficaz y acorde las necesidades actuales. No faltarán jueces que resistan la transferencia, e invoque el que “conservarán sus empleos mientras dura su buena conducta” (Art. 112 CN) –como si este cambio afectara su grado, sede, remuneración o imparcialidad-; o que con ello “perderían jerarquía”; o, el otro, que si se dispusiera la intervención federal del gobierno de la CABA (Art. 99, 20 CN) podrían ser removidos.

A estos traspasos habría que sumar los de servicios administrativos complementarios que la Nación presta en y para Buenos Aires exclusivamente, como el Registro de Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia, que también deberían ser cedidos a la Ciudad.

Los provincianos contribuimos, además de para sostener al gobierno de la Nación, al de la provincia y de la municipalidad donde vivimos; los porteños, en cambio, solo tributan al gobierno federal y al de la CABA, y, hasta ahora, utilizan policías federales, tribunales, fiscales y defensores oficiales, que equivalen a los de las provincias, que financiamos todos los argentinos, lo que no se compadece con el principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas (Art. 16 CN).

Por ello, en la “asignación de recursos” que deberá hacerse (Art. 75, 2 CN) en el convenio de estos traspasos, la Nación debería aportar, sin cargo, junto al personal: inmuebles, vehículos, uniformes, materiales e instrumentos de trabajo, armamento, expedientes, archivos, etcétera, y la CABA deberá incluir en su presupuesto, y sostener con sus tributos, los gastos que demande el funcionamiento futuro de los tribunales, policías y organismos trasferidos.

Con estas transferencias no se agota la cuestión, ya que hay otros servicios que la Nación presta, por si o por concesionarios, en la Capital Federal que deberían también ser pasado al gobierno de la ciudad y ser financiado por los habitantes de esta gran ciudad, para así equipararse al resto de las provincias y honrar el nombre de “autónoma” con el que se la denomina desde que se dictó su “Estatuto Organizativo de sus instituciones” (Art. 129 CN) al que se le dio en llamar constitución.

Para que Argentina sea un país normal y confiable es necesario que haya Justicia, lo que propone el preámbulo de nuestra Constitución: “afianzar la Justicia”, o sea, darle a cada uno, a cada persona y a cada nivel del Estado, lo suyo, en derechos y obligaciones, para lo cual hay que reasignar y delegar competencias, funciones, tributos, servicios y recursos, como en el caso analizado. Para que el ciudadano esté más cerca de quienes lo gobiernan, lo juzgan y lo protegen.

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