La religiosidad y las adicciones

Papa Francisco

Papa Francisco

Los conceptos de “autonomía y cooperación”, proclamados en el Concilio Vaticano II, son los deben regir las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y las demás confesiones religiosas, ya que los ciudadanos, en su gran mayoría, son al mismo tiempo fieles religiosos, y como personas tienen y ejercen el derecho humano a la libertad religiosa, que abarca el de conciencia, de pensamiento y de culto.

Estos conceptos, en la historia nacional, no siempre han sido asumidos y ejercidos por los gobiernos y las autoridades religiosas en su plenitud, especialmente en lo referido a la “cooperación” que desde siempre ha sido imprescindible para suplir las falencias e impotencia del Estado en sus distintos niveles y servicios que presta.

Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el actual gobierno que para alcanzar los tres objetivos que se ha propuesto –“pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a la Argentina”- necesita, además del apoyo de los ciudadanos y de la sociedad civil, de la “cooperación” de la Iglesia y de las demás confesiones religiosas. Sin embargo la breve audiencia protocolar entre el presidente Mauricio Macri con el SS Francisco en el Vaticano, que al finalizar lo mostró con rostro serio y frío, nos deja la duda si la cooperación para gestionar estos propósitos es posible con la Iglesia Católica,

La vinculación de lo religioso con las adicciones se puede considerar desde:

  • Los valores éticos, compartidos por las instituciones cívicas y religiosas, que garantizan el pleno respeto a la dignidad de la persona humana, y que entran en riesgo cuando se consumen drogas y se cae en adicciones,
  • Las acciones del Estado y de la Iglesia, y demás confesiones religiosas, para evitar y combatir las ofertas y la demanda del tráfico de drogas y estupefacientes.  Si de adicciones se trata también habría que agregar el juego, últimamente muy difundido con autorización del estado,
  • Lo institucional donde el Estado y las iglesias o confesiones religiosas trabajan y colaboran en la educación y la prevención respecto del consumo de drogas, y la rehabilitación de los adictosincluido los que padecen ludopatía.

Valores éticos 

Los principios éticos que se declaran en la Constitución y que parten de la invocación a “Dios fuente de toda razón y justicia” y del reconocimiento de los “derechos (“naturales” según Dalmacio Vélez Sarsfield al proponerlo) no enumerados” son compartidos por los ciudadanos y a la vez fieles de las distintas religiones que se profesan en nuestro sociedad.

SS Francisco ha dicho al respecto que:

La droga es un mal y ante el mal no se puede ceder ni tener compromisos”, y agregó que ”Quisiera decirlo claramente: la droga no se vence con la droga. La droga es un mal, y con el mal no se puede ceder ni tener compromisos. Pensar que se puede reducir el daño permitiendo el uso de sustancias psicotrópicas a las personas que siguen usando drogas, no resuelve el problema”.

Además añadió que “la legalización, incluso parcial, de las llamadas ‘drogas blandas’, además de ser discutible en términos legislativos, no produce los efectos esperados. Las drogas sustitutivas, por otra parte, no constituyen una terapia suficiente, sino una forma velada de entrega al fenómeno”.

Quiero reiterar lo que dije en otra ocasión: No a cualquier tipo de droga. Simplemente. No a cualquier tipo de droga. Pero para decir este ‘no’, hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de trabajo”, afirmó.

Expresó, además, que el “azote de la droga sigue haciendo estragos con formas y extensión impresionantes, alimentado por un mercado turbio que traspasa las fronteras nacionales y continentales. Así, crece cada vez más el peligro para los jóvenes y adolescentes. Frente a este fenómeno siento la necesidad de expresar mi dolor y mi preocupación”.

En ese sentido, exhortó a enfrentar al desempleo juvenil, porque, al no poder estudiar ni trabajar, entran “en esta falta de horizonte, de esperanza y la primera oferta son las dependencias, entre las cuales, está la droga”.

Las oportunidades de trabajo, la educación, el deporte, la vida sana; este es el camino que lleva a la prevención de la droga. Sí esto se hacen verdades no hay espacio para las drogas, para el abuso de alcohol, para otras adicciones”, aseguró.

(31° Conferencia Internacional contra el Narcotráfico reunida en Roma (Italia), del 17 al 19 de junio de 2014)

Oferta y demanda

Una política de estado para enfrentar al narcotráfico debe distinguir las medidas a tomar frente a la oferta y la demanda de las drogas ilegales.

La oferta

El combate contra quienes ofertan drogas ilegales debería ser coordinado por una agencia federal, con personal especializado y recursos suficientes, que ejecute y coordine el accionar de las policías: federal, aeroportuaria y de las provincias; de la gendarmería, la Prefectura, los Servicio de Inteligencia, la Aduana, las Fuerzas Armadas, la Unidad de Información Financiera (UIF); y que colabore con los tribunales federales y provinciales, y con la Cancillería, para concertar con otros países, una política de la lucha contra el narcotráfico.

Esta agencia deberá hacer un mejor control: de las fronteras, de las rutas –terrestres, aéreas y fluviales- donde transitan las drogas y los insumos con las que se la trata, de las pistas de aterrizaje, con los radares –que hay y que deberán instalarse-, de las cocinas; de los puestos de venta y, muy especialmente, de los recursos financieros que genera este vil negocio. No me convence lo de autorizar el derribo de aviones.

En los Estados Unidos, ante una situación parecida y en la presidencia de Richard Nixon (1/7/73), se creó la DEA (Drug Enforcement Administration, o sea la: “Administración del cumplimiento de leyes sobre las drogas”), que es una agencia del Departamento de Justicia dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas. De este modo se quería que una agencia federal única asumiera las competencias federales en esta materia, coordinara las actividades gubernamentales en el control de estupefacientes, y en ella se fusionaban todas las reparticiones dedicadas a las drogas.

Para juzgar a los delitos que comete el crimen organizado deberá autorizarse; que haya testigos reservados, que se confisquen bienes usados para delinquir, que pueda haber jueces “sin rostro”, que se invierta la carga de la prueba para que los imputados tengan que demostrar su inocencia, etcétera.

En este aspecto las iglesias y organizaciones religiosas poco es lo que puedan hacer, salvo el tomar distancia de los traficantes y en los sectores sociales en donde actúan ésta organizaciones es importante apoyar e instruir a los líderes sociales para que no se plieguen a estar organizaciones y colaboren con la prevención, educación y rehabilitación

La demanda

El día que no haya más demanda, o sea consumidores, se termina el narcotráfico, de allí que la “guerra a las drogas” tiene sentido si la política que se siga respecto de la demanda es eficaz.

El Sedronar, en nuestro país, debería ser la otra agencia que se ocupe de coordinar a quienes se ocupan de la demanda. Deberá coordinar la acción de los organismos dedicados a la educación, la prevención y la asistencia de la población en general, de los consumidores y de los adictos a las drogas; y que coordine el accionar de los municipios, comunas, provincias, universidades, ONG y las iglesias y demás comunidades religiosas que se ocupan del tema.

El caldo de cultivo para el aumento del consumo y el tráfico de drogas está en crecimiento de la pobreza y la marginalidad, la existencia de muchos jóvenes que no trabajan y estudian, que hay sectores donde se ha perdido la cultura del trabajo, que la calidad educativa está en crisis, que crece la inestabilidad en los empleos y en los estudios, que los lazos familiares se han debilitado, y que trazar y hacer posible la realización de un plan de vida no es hoy fácil de lograr.

Si tomamos la propuesta hecha en 2014 por la Confederación de la Sociedad Civil en el Salón Azul del Congreso de la Nación sería bueno que el “Enfoques de políticas públicas” siguiera las siguientes pautas:

  • “Transparentar, regularizar y garantizar de modo integral el correcto funcionamiento del Sedronar como principal organismo del Estado a cargo del tema.”
  • “Cumplimiento de lo establecido en la ley 26.586 que promueve la creación del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.”
  • “Desde del Foro de Habitantes a Ciudadanos se presentó un proyecto de ley que contiene los siguientes objetivos: Creación del Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones.

“a) Desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional, que contemple diferentes modelos de intervención profesional sobre la base de la diversidad, los variados contextos donde se presentan las problemáticas, las características de la adicción y la singularidad de las personas. Se incluyen el alcoholismo, abuso de sustancias psicoactivas, tabaquismo, ludopatía y toda otra forma de relación con los objetos de carácter compulsivo.”

“b) Fortalecer y capacitar a los servicios de salud mental y centros de salud de carácter público, existentes en los ámbitos nacional, provincial y municipal, con el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas que demandan asistencia por padecer problemas de adicción.”

“c) Respetar la autonomía individual y la singularidad de las personas que demandan asistencia para el tratamiento de las adicciones, observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías constitucionales, evitando la estigmatización.”

“d) Promover la investigación y la docencia en materia de   adicciones.

“e) Garantizar la calidad de las prestaciones.”

“f) Incluir en el presente Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones, promoviendo acciones organizadas, a las áreas de Desarrollo Social, Trabajo, Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Derechos Humanos y otras áreas relevantes, como partes integrantes del sistema.”

“g) Incorporar el modelo de Reducción de Daños.” Para aplicarlo adictos que no van a dejar de consumir, y así reducirle los riesgos

“h) Asistir financieramente a las jurisdicciones que adhieran al presente Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones.” Principalmente comunas, municipios y provincias, y organizaciones religiosas y privadas que cooperan.

Educación, prevención y rehabilitación

El Estado debe descentralizar en todos los servicios educativos públicos, estatales y privados; en los municipios y comunas; en las ONG especializadas en esta temática; y con la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas, en especial en sus parroquias, iglesias, mezquitas, sinagogas, templos, capillas, etcétera la tarea de educación y prevención respecto del consumo de drogas y a la rehabilitación de los adictos. La insuficiencia de las estructuras estatales, barriales y en sectores sociales o poblacionales donde opera el narcotráfico y se promueve el consumo de estupefacientes o donde residen los adictos; hace necesario, y en algunos casos imprescindible, coordinar una tarea de cooperación y complementación con las estructuras locales de la Iglesia y demás confesiones religiosas, y con las ONG que puedan llegar a atender y ejecutar las tareas de educación, prevención y rehabilitación,

El Papa Francisco dijo también que:

”La Iglesia, fiel al mandato de Jesús de ir allí donde hay un ser humano que sufre, que tiene sed, hambre, que está en la cárcel no ha abandonado a los que han caído en la espiral de la droga, sino que con su amor creativo ha salido a su encuentro. Los ha tomado de la mano, a través del trabajo de muchos trabajadores y voluntarios para que pudieran volver a descubrir su dignidad, ayudándolos a resucitar esos recursos, esos talentos personales que la droga había enterrado, pero que no pudo cancelar porque cada hombre está creado a imagen y semejanza de Dios”.

El Estado argentino podría compartir con la Iglesia y las demás confesiones religiosas este mandato.

Córdoba, abril de 2016.

 

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