A tres décadas de la constitución personalista de Córdoba

Bandera de la Provincia de Córdoba

Bandera de la Provincia de Córdoba

I. INTRODUCCIÓN. 

La ley 7420 -que declaró la necesidad de la reforma constitucional- convocó a una Convención Constituyente, que tuvo su primera sesión preparatoria el 29 de diciembre de 1986, y que sancionó la quinta Constitución de la provincia de Córdoba en la sesión del 26/27 de abril de 1987. Dicha Constitución tiene 200 artículos, de los cuales solo 8 tienen el mismo texto que la anterior, y su redacción y la técnica legislativa empleada en su texto es por demás elogiable. Por una disposición transitoria dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Preámbulo y Parte I)”, La Convención fue disuelta a las 24 horas del 30 de abril de 1987.

II. LAS CONSTITUCIONES DE CÓRDOBA 

La primera de Córdoba fue el Reglamento Provisional de 1821, en época del Gobernador Juan Bautista Bustos, que tuvo 12 reformas. Durante la gobernación del rosista Manuel López “Quebracho”, se dictó la segunda: el Código Constitucional Provisorio de 1947, que comenzaba con el “¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los Salvajes Unitarios!”, que se reformó 6 veces. En 1855 se dictó la tercera, con la organización nacional, siendo gobernador Alejo Carmen Guzmán, que se reformó 2 veces. En 1870, se dictó la cuarta Constitución, siendo gobernador Félix de la Peña, que después de 49 años de cámara única en Córdoba, innovó al crear un Senado y una Cámara de Diputados, y fue reformada 5 veces (si contamos la de 1949 que se derogó en 1956).

La quinta fue sancionada en la Convención de 1987, que se reformó en 2001, que restableció la Legislatura unicameral que tuvieron las tres primeras luego de un referendum.

En 180 años Córdoba ejerció 31 veces el poder constituyente, dictó 5 constituciones y las reformó en 26 oportunidades, lo que no es mucho ni poco, ya que quién manda en estos casos es la necesidad

III. LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE 1986/7 

La Constitución de 1987 cristalizó los principales, y a veces contradictorios, intereses de quienes la redactaron. Eduardo César Angeloz, el gobernador que promovió la reforma, con el voto de los constituyentes de su partido, la UCR, y algunos justicialista, consiguió que su cargo de gobernador pueda ser reelegido en un segundo mandato, lo que luego se prolongó un período más por una discutida interpretación del texto fundamental, lo que le trajo serios inconvenientes que le obligaron a renunciar y a padecer un proceso penal del que terminó absuelto por el beneficio de la duda.

El, entonces, rebelde Peronismo Renovador de José Manuel de la Sota logró controlar el Partido Justicialista, del que era un disidente hasta su exitosa elección de constituyentes -a la que concurrió en las listas del Partido Demócrata Cristiano- con el que más tarde llegó a ser gobernador.

Los herederos del viejo Partido Demócrata –que en la Convención formaban el bloque de la UDC -que después de la misma pasó se convirtió en la UCD liderada por Germán Kammerath- consiguió tener, como tercer partido, una sobrerrepresentación en ambas Cámaras de la Legislatura.

Los Demócratas Cristianos conseguimos que la primera parte de la Constitución se consagrara los principios personalistas y comunitarios de su ideario político.

IV. El PERSONALISMO 

A 29 años de su vigencia, lo mejor y más importante, de la Constitución de Córdoba es que coloca a la persona humana y su dignidad como centro y razón de ser, no sólo de la Carta Constitucional, sino, también, de toda construcción cultural, institucional y política que a partir de ella se genera.

En su texto se observa que el primer objetivo del preámbulo es “(…) exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos (…)”; que en su articulado, donde se usa 30 veces la palabra persona, se dice que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (art.4). Se declara “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.”(art.5); que las “(…)personas(…) son libres e iguales ante la ley y no admiten discriminaciones” (art.7); “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (art.9); la “libre iniciativa privada y actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (art.10) y que “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano” (art. 66).

Hay un capítulo dedicado a los “Derechos personales” y cuando va a enumerar los derechos sociales expresa: “Todas las personas en la provincia tienen derecho (…)” (art. 23). Los derechos de las personas se tratan en su condición de padre (art. 62 inc.5), de hijo (art.34 y 62 inc.5), de mujer (art. 24), de niño (art. 25), de joven (art. 26), de anciano (art.28), de discapacitado (art.27), de preso (art. 44), de consumidor (art.29), de litigante, de ciudadano, de funcionario, de magistrado o empleado público. Su intimidad personal, familiar, la de su morada y en las comunicaciones son celosamente resguardadas (arts. 50, 45 y 46).

En el capítulo de las “Asociaciones y Sociedades intermedias”, que las personas integran a partir de la familia y como miembros de la sociedad política, se exalta la dimensión social del hombre. Cuando se refiere a las “Políticas Especiales del Estado”, estableciendo mediante ellas nexos entre la sociedad y el Estado, la definición personalista es más contundente porque declara “la economía al servicio del hombre” (art. 67), la refiere a su bienestar (art. 56), su salud (art. 59), a su participación en los adelantos tecnológicos (art. 64), y al gozo del medio ambiente (art. 66).

Se declara, por fin, que “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (art. 61).

III. LO QUE LE FALTA Y LO QUE LE SOBRA 

De su texto surge que hay metas por realizar, omisión o defectuosas reglamentaciones, disposiciones que deberían ser suprimidas, modificadas o sustituidas.

Art. 55 “Los organismos de la seguridad social tienen autonomía y son administrados por los interesados con la participación del Estado y en coordinación con el Gobierno Federal.” La Caja provincial sigue intervenida.

Art. 57: “(…) asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a su remuneración del trabajador en actividad.” En dos oportunidades se redujeron los beneficios.

Art. 58: “La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley.” Como consecuencia de una equivocada reglamentación fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 62: “La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos: (…) 5. Asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. Ello no fue reglamentado.

Art. 78: “Para esta lista de candidatos a legisladores de distrito único se establece el voto de preferencia, conforme a la ley que reglamente su ejercicio.” No fue reglamentado.

Art. 104: “7. Establecer los límites de las regiones de la Provincia que modifiquen el actual sistema de Departamentos, con dos tercios de votos de sus miembros.” No fue reglamentado.

“22. Dictar la legislación electoral y de partidos políticos que contemplen elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos de todos los partidos políticos.” No fue reglamentado.

“24. Dictar los códigos y leyes procesales.” No se dictó aún el Código de procedimiento constitucional)

Art. 125: “El Consejo Económico y Social está integrado por los sectores de la producción y del trabajo, gremiales, profesionales y socio-culturales, en la forma que determine la ley. Dicho Consejo es un órgano de consulta de los Poderes Públicos en esta materia.” No funciona.

Art. 126: “El Tribunal de Cuentas está integrado por tres miembros; puede por ley ampliarse su número, el que es siempre impar y no excede de siete.” Ello debe ser sustituido por una contraloría, que no debe ser electiva.

Art. 150. “El Fiscal de Estado tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio de la Provincia.” Otro funcionario, como el Procurador del Tesoro actual, debe erjercer la defensa de la Provincia sin depender de la Fiscalía del Estado.

Art. 159: “(…)El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, cuatro legisladores, letrados si los hubiere, dos por la mayoría y dos por la minoría.(…)” Debería suprimirse esto y atribuir esta función al Consejo de la Magistratura que deberá crearse con representación paritaria de legisladores, jueces y abogados.

Art. 162: “La ley puede determinar los casos en que los tribunales colegiados son también integrados por jurados.” Esto debe ser suprimido por el fracaso de su reglamentación y funcionamiento.

Art. 166: “El Tribunal Superior de Justicia tiene las siguientes atribuciones: (…) 3. Crear la escuela de especialización y capacitación para magistrados y empleados, con reglamentación de su funcionamiento.” Esta Escuela deberá depender del Consejo de la Magistratura cuando se lo incorpore a la Constitución.

Arts. 171, 172 y 173: Ministerio Público Fiscal es parte del Poder Judicial y debe ser independiente.

Art. 183: Las Cartas Orgánicas deben asegurar: (…) 2. La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano ejecutivo si lo hubiera, y un sistema de representación proporcional para el Cuerpo Deliberante, que asegure al partido que obtenga el mayor número de votos la mitad más uno de sus representantes. 3. Un Tribunal de Cuentas con elección directa y representación de la minoría.”(…) 5. El reconocimiento de Comisiones de Vecinos, con participación en la gestión municipal y respetando el régimen representativo y republicano.(…)” La representación en los Consejos Deliberantes debe ser proporcional, sin premio a la mayoría, y los tribunales de cuentas deben ser sustituidos por Contralorías que no deben ser electivas.

Art. 184: “La Legislatura sanciona la Ley Orgánica Municipal para los Municipios que no tengan Carta Orgánica.(…). La ley garantiza la existencia de un Tribunal de Cuentas o de un organismo similar, elegido de la forma que prescribe el inciso 3 del artículo anterior.” Los tribunales de cuentas o las contralorías no deben ser electivas.

Art. 187: “(…) Las disposiciones orgánicas (carta o leyes orgánicas municipales) pueden establecer Tribunales de Faltas.” Los tribunales de falta deberán ser incorporados al Poder Judicial provincial que exclusivamente ejercer la función jurisdiccional.

Además, el reglamento interno de la Legislatura prevé que la moción de tratamiento sobre tablas se aprueba con mayoría simple y no con dos tercios de los votos, como tienen todos los reglamentos legislativos. El Defensor del Pueblo por la ley reglamentaria no puede interponer acción judicial. Y el Consejo de la Magistratura no está previsto.

IV. TENER A DONDE VOLVER 

Los cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos, ambientales, etcétera que ocurren en las sociedades trastocan el sentido de la vida de las personas y ponen en crisis su escala de valores. Las constituciones -que son producto de estos cambios y que se dictan, muchas veces, en épocas de crisis- sirven no sólo para organizar la sociedad y dar sentido al orden normativo, sino que declaran principios y exaltan valores que orientan el destino futuro de dichas sociedades y de quienes las componen. Cuando los cambios y las crisis oscurecen el rumbo de nuestras existencias, es bueno –como se indica desde la psicología profunda- tener a donde volver.

La dignidad de la persona humana surge de su naturaleza espiritual y material, de su conciencia racional y libre, de su destino trascendente, y es lo que hace al hombre diferente y lo pone por encima de los demás seres de la creación, para que estos le sirvan para alcanzar su destino temporal y sobrenatural.

Volver a estos criterios implica enfocar el análisis de los problemas de hoy con una óptica diferente. Si a la política nos referimos, en vez de analizarla en función de las instituciones o los políticos, como muchas veces

se hace, comencemos a hacerlo a partir del ciudadano; si debatimos sobre educación, dirijamos los objetivos a las necesidades del educando; si de la economía se trata, pongámosla al servicio del hombre y no de la producción capitalista o de las estadísticas; si hablamos de inseguridad, enfoquemos el análisis desde la persona que la padece y de quién delinque, preguntándonos por qué lo hace y como puede ser corregido e integrado a la sociedad; si nos referimos al ambiente, pensemos como preservarlo para los hombres de hoy y de mañana, y no para servir a mezquinos intereses; si el problema es la droga, comencemos por los que la consumen, indagando el por qué lo hacen, y como se puede recuperar a los adictos, para combatir, luego, al infame negocio que lucra con ellos; si nos preocupa la paz del mundo, recordemos que en su corazón está la persona.

Jacques Maritain decía que el humanismo “tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia” y, agregaba, “requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad.”

Allí es a donde tenemos que volver.

Córdoba, Septiembre de 2016.

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