La Legislatura y la reforma política en Córdoba

 

Legislatura de Córdoba

La 5ª. Constitución de la provincia de Córdoba de 1987 hizo posible la reelección del entonces gobernador Eduardo Angeloz que la convocó. Para ello, su partido, la UCR, por no tener mayoría en la Convención, acordó con la Unión Demócrata de Centro, que las dos cámaras de la Legislatura, ampliaran desmesuradamente el número de miembros, para asegurarse en lo sucesivo una cantidad fija de legisladores para ambos partidos. A ello se le agregó que una de las cámaras podía sancionar leyes tácitamente, y luego de comenzar a funcionar se nombraron una gran cantidad de empleados.

Por eso el pueblo de Córdoba en 2001 votó en una consulta popular el reemplazo de esa Legislatura por otra unicameral, como tuvo Córdoba hasta 1871 y lo tienen la mayoría de las provincias argentinas, y ello se concretó con la reforma de la Constitución del 2001. Por ella se redujo el número de legisladores de 133 a 70, de empleados, y su presupuesto, que era entonces de 46,3, se bajó a 11,9 millones de pesos. Se mejoró la representación con un sistema electoral mixto, con un legislador elegido en cada uno de los 26 departamentos, por un lado, y otros 44 legisladores elegidos en toda la provincia por una lista única, con bancas distribuidas por el sistema proporcional, sin premio para las mayorías, ni castigo, con techo para la minorías (del 2 por ciento), como había hasta ese momento; con voto de preferencia, que nunca se reglamentó, con lo que se podría cambiar el orden de las listas impuestas por las cúpulas de los partidos. Se dispuso que hubiera legisladores suplentes, que pudieran incluso hacer relevos transitorios; se abolieron los privilegios parlamentarios, salvo el de opinión; se ampliaron los plazos de las sesiones ordinarias a 11 meses; se estableció la doble lectura para la aprobación de las leyes más importantes y se abolió la aprobación ficta de las leyes prevista en la Constitución de 1987.

También se establecieron las elecciones internas abiertas, que tampoco fue reglamentado, y el control de los fondos de los partidos, nunca bien implementado. Esta reforma permitió el acceso a la Legislatura de la mayoría de los partidos de la provincia. Con las elecciones del 2001, obtuvieron legisladores 14 partidos políticos; en la de 2003 ingresaron 10 y, en la de 2007 14 partidos.

En esta reforma constitucional se deslizaron dos errores, como fue bajar la edad mínima de los legisladores de 21 a 18 años, sin que una demanda juvenil, social o política lo demandara, aunque luego no se eligieron legisladores de esa edad; y se exageró la acción afirmativa del “cupo por sexos” al imponer que las suplencias de los legisladores no se cubrirían en el orden de lista por el que fueron votados, sino por sexos, aunque saltearan a otros, que estuvieran antes en las listas, lo que ya no sólo cambia el orden de las mismas, que de haberse reglamentado incluso podrían haber sido modificadas por el voto de preferencia, sino que distorsiona la voluntad popular.

En la Unicameral se aprobó un Reglamento interno, que mantuvo un artículo del que tenía el antiguo Senado, que contradice lo que establecen todos los reglamentos, por el que los asuntos entrados pueden ser tratados “sobre tablas” con el voto de la mayoría simple del Cuerpo, lo que ha hace que las iniciativas del Ejecutivo, que siempre tuvo mayoría en la Legislatura, entraran y salieran aprobadas, sin estudio ni debate, en una sesión.

Tampoco se reglamentó la división departamental de la provincia, y se mantuvo -con pocas variantes- la diseñada en el siglo XIX, frustrando el propósito del constituyente de redefinir la división departamental para equilibrarla, con un criterio regional, teniendo en cuenta las afinidades históricas, territoriales, de infraestructura, de comunicaciones; además de la cantidad y distribución de la población. Esta omisión hizo menos genuina la representación territorial y menos eficaz la gestión del legislador, que, en algunos casos, deben atender los intereses de sus votantes en departamentos superpoblados, como en el de la Capital, y en otros a una escasa población, como en Pocho y Minas

A ello se agregó la grave crisis que padecen los partidos; su fraccionamiento y la sustitución de sus líderes por otros sostenidos por el clientelismo político, o por una fama adquirida en los medios de comunicación u en otras actividades ajenas a la política, como el deporte, el espectáculo, etc. Ello convirtió a muchos partidos en sellos o estructuras que sólo sirven para presentar candidatos en las elecciones, o integrar alianzas. Tampoco funciona el Consejo de Partidos Políticos creado en la Constitución de 1987; y no existen ámbitos adecuados para hacer educación política.

Adoptar el voto electrónico, como tiene Brasil, India y muchos condados de EEUU es otra asignatura pendiente que tiene Córdoba y el país.

Córdoba, noviembre de 2017.

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