¿Se designan de jueces idóneos e independientes?

poder judicial

Las recientes denuncias de juicio político contra el juez federal Luis Rodríguez, que se tramita el Consejo de la Magistratura de la Nación, basadas en la declaración de la arrepentida Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz – secretario privado de Néstor Kirchner ya fallecido-, sobre un supuesto soborno a este magistrado, trae el recuerdo que fue designado en 2012 por un acuerdo entre el Kirchnerismo y el Pro, a pesar de que se sospechaba que en el concurso que rindió en el Consejo fue tramposo, por lo que hubo una causa penal de la que luego fue sobreseído.

Más allá del resultado de estas causas lo que preocupa es que la independencia de la Justicia comienza con la designación de los magistrados, que hace el Presidente con acuerdo del Senado en base a una terna que eleva el Consejo, decidida luego de una prueba de oposición que rinden los que aspiran a ese cargo.

La creación del Consejo se hizo en la reforma de la Constitución Nacional (CN) en 1994, para que la designación de jueces no se hiciera por acomodo político, como había ocurrido muchas veces.

Pero el proceder del Consejo, ni el de los presidentes, ni el del Senado han servido para que las designaciones de magistrados se hagan en tiempo y forma, por las siguientes razones:

* La ley que rige el Consejo establece como se integra, lo que cambió varias veces; y la composición actual es inconstitucional porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación no está representada como exige la CN (Art. 144). Es decir, que esté integrado con “jueces de todas las instancias”, y, la Corte, que es la última, no lo está.

* En los concursos que hace el Consejo se les exige a los postulantes responder, en una entrevista personal, las preguntas referidas a su “idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática” (Art. 13 Ley 24.937), lo que hace que muchas veces se modifique el orden obtenido en los exámenes rendidos para conocer su idoneidad jurídica. Entiendo que el Consejo solo debe hacer examinar a los aspirantes, y puede modificar su resultado solo si hubo alguna irregularidad. Valorar la “aptitud funcional y la vocación democrática” es competencia exclusiva del Presidente y del Senado, que antes de prestar acuerdo debe examinar esto siguiendo el procedimiento y las audiencias públicas que fija el Decreto 222/03.

* Actualmente hay 248 vacantes sobre 995 cargos de jueces que hay en el Poder Judicial de la Nación -cifra similar a la había en 2015. En el Consejo hay 103 en trámite, 42 ternas están en la presidencia para que Macri elija a quién propondrá al Senado, y 103 ya están en esa Cámara para prestarle acuerdo; sin que se haya convocado a sesiones extraordinarias para acelerar ese trámite, lo que demuestra que cubrir dichas vacantes no tiene prioridad.

* La terna elevada por el Consejo para que el presidente designe al vocal de la Cámara Nacional Electoral la discuten, desde hace un año, distintos sectores del gobierno, lo que pone en duda si los intereses políticos superan al requisito de idoneidad.

* La discutida reciente designación del fiscal de Estado, Daniel Leiva, como juez de la Corte Suprema de Tucumán, demuestra que esta falta de independencia judicial también existe en las provincias.

* En Córdoba, acaba de renunciar el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, por “cuestiones personales”. Pero trascendió que este letrado – con quien nada personal tengo-, que también acompañó al gobernador Juan Schiaretti cuando fue interventor en Santiago del Estero ocupando el cargo de ministro y miembro del Tribunal Superior de esa provincia, sería nombrado, dentro de seis meses, vocal del Tribunal Superior de Córdoba. Esto es algo que espero que sea solo una versión periodística, ya que los cordobeses no creen que una persona tan allegada al gobernador pueda ser un juez independiente.

La tan cacareada Reforma de la Justicia sigue siendo un anhelo que ni el gobierno nacional, ni los provinciales quieren encarar; por lo que habrá que esperar, como bien decía mi profesor Helio Olmos, que “la Justicia, (se concrete) en el juicio final”.

Córdoba, febrero de 2019.

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