El renacer del los nacionalismos

Nacionalismo

La idea de nación fue muy importante en el siglo XIX para la formación de los países que conformaron el mapa de Europa y América. Pero, en la primera parte del siglo XX, el exagerado sentimiento nacional, se transformó en nacionalismo, del que se valieron líderes como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini, Francisco Franco y Antonio de Oliveira Zalazar en Europa, y los dictadores que azotaron Latinoamérica, que nos llevaron a olvidar la dignidad de la persona humana, a guerras, a holocaustos y a arrojar bombas atómicas.

El siglo XXI, junto a las grandes y sorprendentes innovaciones que nos muestra, para bien y para mal, nos encontramos con el renacer de los nacionalismos, con extraños líderes, algunos outsider, que con un sesgo populista y autoritario, cuestionan la globalización, la inmigración, la inseguridad, la corrupción y la política tradicional, y pretenden atrapar, en las frontera de sus países, al bien de su nación, olvidando el bien común de toda la humanidad.

Donald Trump triunfó en EEUU con el lema “primero América”, prometiendo construir un muro en la frontera con México para frenar la inmigración. En el Reino Unido se votó el Brexit, para separarse de la Unión Europea. En Italia ganó las elecciones una alianza de dos partidos nacionalistas, uno de derecha, “La Liga”, del norte, que combate la inmigración, liderada por Matteo Salvini; y el “Movimiento 5 estrellas”, del sur, de centro izquierda, fundado por el cómico Beppe Grillo, y ahora liderado por Luiggi Di Maggio, que propuso abonar una “renta ciudadana”. Los separatismos son otra vertiente nacionalista, como el catalán, que compromete la unidad española.

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, cerró las fronteras a los inmigrantes. Algo parecido a lo que postulan el “Movimiento Nacional” de Marine Le Pen, en Francia, y “Alternativa para Alemania”, que lidera Frank Magnitz.

Por otro lado, el presidente de China, Xi Jinping, secretario del partido comunista, gradualmente va sustituyendo al marxismo por un nacionalismo capitalista y totalitario. Y Vladimir Putin, un ex agente de la KGB, convertido hoy en líder nacionalista, reivindica el

pasado de Rusia desde los Zares, el triunfo de Stalin en la 2ª. Guerra Mundial y revaloriza la Iglesia Ortodoxa, como partes esenciales del nacionalismo de esta potencia euro-asiática.

En América Latina tenemos a Nicolas Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia, nacionalistas-populistas de izquierda. Jair Bolsonaro, populista de derecha en Brasil, y al nuevo presidente del El Salvador, Nayib Bukele, un outsider de 38 años de edad, que acaba de derrotar a los dos partidos tradicionales de izquierda y de derecha.

En la 2da. década de este siglo, las redes sociales pasaron a ser un vehículo para la segmentación social, racial, religiosa, nacional, regional, etc. Se refuerzan las afinidades entre quienes piensan igual, y se reducen el intercambio con quienes piensan de otra.

El resurgimiento y revalorización del nacionalismo es también una respuesta a la “híper-globalización”, que se impuso en la últimas décadas, en la cual con Internet, las plataformas digitales, la inteligencia artificial y las redes sociales, se pensaba que se iban a universalizar la economía, la política, la cultura y debilitar las fronteras físicas y espirituales.

El exceso de nacionalismo, en las grandes potencias, así como el avance del proteccionismo económico, moldea un mundo más inestable y, en consecuencia, más peligroso para los países medianos y pequeños. Al mismo tiempo, acentúa y escala la concentración de la riqueza, los conflictos migratorios, raciales y de minorías, radicalizando y agrietando los discursos políticos y electorales.

La reivindicación del “Estado Nación”, una categoría en declinación frente al fenómeno de la globalización -según algunos teóricos de finales del siglo pasado-, se esconde una nueva generación de políticos, que con postulados autoritarios y discriminatorios, pretenden revertir los procesos de integración, y contaminar la democracia con postulados populistas. El recuerdo de los desastres que causaron los nacionalismos en la primera mitad del siglo anterior, nos tiene que llamar a la reflexión, para que no tengamos que lamentar de nuevo tiranías, guerras y millones de muertos como los que todavía recordamos con dolor.

Contener a los nacionalismo, quizás sea hoy una prioridad global.

Córdoba, mayo de 2019.

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Presentación del Dr. Jorge Horacio Gentile del libro “El Nacional socialismo contra el mundo civilizado”

Presentación del Dr. Jorge Horacio Gentile en la Legislatura de la Provincia de Córdoba el 9/4/19 del libro “El Nacional socialismo contra el mundo civilizado” de Mario Sinay que se refiere a “Historias inéditas emergentes de la barbarie nazi”. El Emporio Ediciones, 2019, 326 páginas.

Se trata de un recordatorio de muchos hechos, personajes, circunstancias, sucesos y acontecimientos que ocurrieron en Europa y en el mundo, en los escenarios más diversos, durante el gobierno de Adolf Hitler, responsable principal del Holocausto, quién invocaba la ideología nacionalista y racista denominada: Nacional Socialismo.

En el mismo se mencionan:

Personajes: Adolf Hitler, Adolf Eichmann, Joseph Goebbels, Dr. Josep Mengele, Benito Mussolini, entre otros.

Personas; judíos, gitanos, militares, saboteadores, informantes, soldados, partisanos, guerrilleros, scouts, pacifistas, refugiados.

Políticos, ministros, diputados, diplomáticos, médicos, enfermeros, artistas, científicos, maestros, deportistas, fotógrafos, jóvenes, niños, ancianos, sindicalistas, y hasta una princesa.

Entre otros.

Religiosos: judíos, cristianos, musulmanes, testigos de Jehová, pontífices, sacerdotes, pastores, rabinos, teólogos, misioneros, párrocos, religiosas/os, y jesuitas.

Grupos humanos o instituciones: Gestapo, campos de concentración –Auschwitz-, cárceles, guetos, servicios de informaciones, partidos, grupos de resistencia, células, tribunales, familias, circos, empresas, iglesias, mezquitas, catedrales, congregaciones religiosas y monasterios, entre otros.

Países: Alemania, Israel, Polonia, Rusia, Unión Soviética, Palestina, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España, Italia, Grecia, Suiza, Países bajos, Checoslovaquia, Hungría, Lituania, Brasil, Argentina, Santo Domingo, México, Chile, Uruguay, China, Austria, Etiopía y Bielorrusia, entre otros.

Se alude a las violencias que se consumaron: el holocausto, las guerras, los sabotajes. Que afectaron a personas que fueron capturadas, condenadas, deportadas, perseguidas, refugiadas torturadas, masacradas, asesinadas, sometidas a trabajos forzados o cámaras de gas, fusiladas, arrestadas, presas, encarceladas.

Este libro es entonces una descripción, muy bien fundamentada, de hecho que atentaron contra la vida y los derechos de millones de personas ocurridos en nombre del “nacional socialismo”; que hoy no solo sirve para ampliar el recuerdo de lo que no debe repetirse, sino también como enseñanza a las nuevas generaciones de las malvadas consecuencias que acarrean los nacionalismos.

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La Nación y el Nacionalismo

Para entender lo que significan los nacionalismos es importante distinguir antes el significado de las expresiones: nación, sociedad política y estado.

La idea de nación es una comunidad nacional, generada por un origen común, por lasos culturales, de idioma, etnia, religión, objetivos políticos y la creencia en un ancestro común. Implica un sentimiento de orgullo por los logros de la comunidad nacional, y se relaciona con la idea de patriotismo. Enfatiza los rasgos identitarios.

Un buen ejemplo de ello es lo que dice la Declaración de la Independencia efectuada en Tel Aviv el 14 de mayo de 1948 cuando se definió a la Nación israelí, sobre la que se crearía luego la sociedad política y el estado de Israel, al expresar que: “La tierra de Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal, y legó al mundo el eterno Libro de los Libros. Luego de haber sido exiliado por la fuerza de su tierra, el pueblo le guardo fidelidad durante toda su Dispersión y jamás dejó de orar y esperar su retorno a ella para la restauración de su libertad política”

Los sentimientos nacionales en el siglo XIX sirvieron para concretar distintas sociedades políticas, con sus correspondientes estados, en distintos países de Europa y en América.

La sociedad política, como indica Jacques Maritain, es la más perfecta de las sociedades temporales, es una obra de la razón, la justicia es una condición de su existencia, la amistad es una condición vital y está encaminada al bien común.

El estado, como bien nos sigue indicando Maritain, es una parte de la sociedad política interesada en el mantenimiento de la ley,

el fomento del bienestar común y el orden público y se ocupa del gobierno y la administración de los asuntos públicos.

El Nacionalismo

El nacionalismo es la creencia de que una nación debería poder controlar el gobierno y todos los medios de producción. Y como ideología, pone a una determinada nación como el único referente identitario, dentro de una comunidad política; y parte de dos principios básicos con respecto a la relación entre la nación y el Estado: · El principio de la soberanía nacional: que entiende que la nación es la única base legítima para concretar una la sociedad política y su Estado. · El principio de nacionalidad: que sostiene que cada nación debe formar su propio Estado, y que las fronteras del Estado deberían coincidir con las de la nación.

Las doctrinas, movimientos sociales o partidos políticos nacionalistas inspiran y subliman acciones colectivas reivindicativas o políticas poniendo como objetivo el bien de la nación, aunque en su accionar se afecten los derechos humanos y se terminen instalando en gobiernos autoritarios, dictaduras o tiranías. El surgimiento de los nacionalismos, ocurren en el siglo XIX, después la independencia de EEUU, de la revolución francesa y la de los países latinoamericanos.

El nacionalismo, en el período de entreguerras inspiró el fascismo, el nacismo, el franquismo, la dictadura de Oliveira Salazar en Portugal y las dictaduras latinoamericanas. Después de la Segunda Guerra Mundial fue el ideal que enarbolaron los procesos de descolonización y del tercermundismo, y a los distintos grupos que en distintos países se llamaron: Movimientos de Liberación Nacional.

El nacionalismo populista

En este siglo en el mundo han vuelto a nacer los nacionalismos -vinculados al populismo, al proteccionismo, a la resistencia a la inmigración, en contra de la inseguridad e invocando la corrupción y la anti-política, en partidos y movimientos de derecha o de izquierda, en distintos países de Europa, de América y en el mundo en general.

En Europa, el cuestionamiento a la Unión Europea que caracteriza a la mayoría de los populismos, lo hace desde una posición nacionalista. Reclaman que los estados soberanos recuperen atribuciones que han cedido a estructurales multinacionales, ya sean políticas, económicas o regionales.

Reivindican al “Estado Nación”, que muchos pensaban que era una categoría en declinación, frente a la globalización política y económica que se ha acentuado desde finales del siglo XX.

Los separatismos, como el catalán, son una vertiente del nacionalismo, al que a su vez adhieren los estados nacionales que los enfrentan, agudizando el nacionalismo en ambas partes del conflicto que se genera.

El nacionalismo económico ha emergido en el mundo anglosajón con el proteccionismo de Donald Trump y el Brexit del Reino Unido. Esto ha provocado reacciones, con medidas adoptadas como represalia en países aliados de los Estados Unidos, como son los europeos y con Canadá y en México, con

los que tenían un tratado de libre-comercio con Washington, mejor conocido como NAFTA o TLC (Tratado de libre comercio de América del Norte) de 1994, y que ahora, en 2018, ha sido sustituido por otro denominado el USMCA (“United States, México y Canada”).

En el mundo occidental puede establecerse así una vinculación relativa entre populismo, anti-inmigración, anti-política y nacionalismo. Pero a diferencia de los tres primeros términos, que son fenómenos predominantemente occidentales, el resurgimiento del nacionalismo es universal.

Los líderes de las potencias globales, al finalizar la segunda década del siglo XXI, tienen una fuerte impronta nacionalista. No sólo es el caso de Trump, con su lema “primero América”. El presidente de China, Xi Jimpiao, es un líder nacionalista, que gradualmente va sustituyendo al marxismo por el nacionalismo, justificando un régimen totalitario.

En Francia la Alianza Nacional liderada por Marine Le Pen, combarte fuertemente la inmigración, como lo hace Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. En Alemania ha surgido “Alternativa para Alemania”, liderado por Frank Magnitz.

En Italia ha triunfado una alianza de dos nacionalismos uno de derecha como “La Liga”, con arraigo en el norte, que responde al liderazgo de Matteo Salvini, y el “Movimiento de las 5 estrellas”, del sur, de centro izquierda, liderado ahora por

Luiggi Di Maggio, un joven abogado que tomó la posta del fundador de este espacio político, el cómico Beppe Grillo.

Vladimir Putin, es un líder nacionalista ruso, que reivindica el pasado de su país, desde los zares hasta el triunfo de Stalin en la Segunda Guerra Mundial y revaloriza la Iglesia Ortodoxa como parte esencial del nacionalismo de esta potencia euro-asiática, aunque ello parezca contradictorio. El cómico Volodimir Zelenski, de 41 años, obtuvo el 73% de los votos para ser elegido presidente de Ucrania y su bandera es la antipolítica.

En el caso de Japón, el primer ministro Shinzō Abe, es también un líder nacionalista japonés. No sólo porque mantiene e intensifica el nacionalismo japonés frente a la expansionismo chino, sino porque reconoce a los japoneses caídos durante la Segunda Guerra Mundial (algo que no hacían sus predecesores) y da pasos concretos hacia la construcción de un poder militar propio de su país.

A su vez, el primer ministro Narendra Modi de la India, asume el nacionalismo hindú con firmeza. Las tensiones con la minoría musulmana de su país, de 280 millones de personas, es una manifestación de ello. La tensión en la región de Cachemira, en disputa con Pakistán, es otra evidencia al respecto.

Algo parecido se da en los líderes de varias países como Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Irán e Israel.

En América Latina tenemos los presidentes populistas de izquierda: Nicolás Maduro, en Venezuela, cuya legitimidad está cuestionada internamente por la Asamblea Nacional, y en el exterior por más de 50 países; a Daniel Ortega en Nicaragua; a Evo Morales en Bolivia; y a Jair Bolsonaro, un populista de derecha en Brasil, antiguo capitán del ejército, que ha incorporado a su gobierno a varios militares. En El Salvador triunfó el 3 de febrero de 2019 en las elecciones presidenciales un joven, de 37 años de edad, Nayib Armando Bukele, que obtuvo el 53.10 %de los votos por lo que no hubo necesidad de una segunda vuelta, derrotando a los dos partidos tradicionales que gobiernan desde 1992, ARENA y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), agrupación de izquierda a la que perteneció anteriormente. El combate a la violencia y la corrupción son sus banderas más importantes

En el pasado, la exacerbación del nacionalismo ha precipitado conflictos violentos y guerras sangrientas. Al mismo tiempo, ha permitido a países agredidos, unir sus ciudadanos para defenderse frente a la agresión.

El exceso de nacionalismo, moldea un mundo más inestable y, en consecuencia, más peligroso para los países medianos y pequeños. Al mismo tiempo, acentúa y agrava los conflictos raciales, migratorios y de minorías, radicalizando los discursos políticos y electorales.

Por otro lado, el resurgimiento y revalorización del nacionalismo es también una respuesta a la “globalización” que se impuso entre fines del siglo XX y comienzos del XXI, en la cual Internet, la digitalización y las redes sociales, se pensaba iban a universalizar la cultura y debilitar las fronteras físicas y espirituales, además de concentrar más la riqueza.

En este siglo, las redes sociales pasaron a ser un vehículo para la segmentación social, racial, religiosa, nacional, regional, etc. Se refuerzan las afinidades entre quienes piensan de la misma manera y reducen o limitan el intercambio con quienes piensan de otra. Contener el nacionalismo, es quizás hoy una prioridad global.

Los principios que inspiraron a la creación de la Sociedad Política y el Estado de Israel, según la ya citada Declaración de su Independencia, está claramente definida cuando en la misma se expresa que: “El Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración y el crisol de la diáspora; promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes; estará basado en el principio de libertad, justicia y paz, a la luz de las enseñanzas de los profetas de Israel; asegurará la completa igualdad de derecho políticos y sociales a todos sus habitantes sin diferencia de credo, raza o religión; garantizará la libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura; salvaguardará los Lugares Santos de todas las religiones; y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidad.”

Córdoba, abril de 2019.

Dictamen sobre Ley de Despenalización del Aborto

despenalizacion del abortoSeñor Presidente

del Colegio de Abogados de Córdoba

Dr. Héctor Oscar Echegaray

Su Despacho

La media sanción de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que autoriza practicar abortos, y matar al niño o a la niña por nacer, merece todas las objeciones jurídicas que se le han hecho en las declaraciones de las AcademiasNacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de Buenos Aires que les adjunto, a cuyos fundamentos y razones me remito.

Además de ello , cabe agregar, que la Constitución Nacional, desde 1853, reconoce expresamente el derecho a la vidaal no admitir que las “sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor y la fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o a persona alguna” (Art. 29).

El proyecto, con media sanción, es inconstitucional cuando:

1.      En el artículo 2°, dispone que el artículo 85 bis del Código Penal, pena con prisión e inhabilitación especial “a la autoridad de un establecimiento de salud  o profesional de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o de negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.”  No se aclara quienes es la “autoridad” o a que “profesional” se refiere, pero les crea una obligación que atenta contra la libertad de conciencia de personas e instituciones que prestan servicios de salud, lo que contradice el artículo 14, 19 y 33 de la Constitución Nacional.

2.      En el 14º, dispone que “El mismo día en el que la mujer o persona gestante solicite la interrupción voluntaria del embarazo, el/la profesional de la salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación.(…). En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros/as.” El obligar al profesional a informar omitiendo manifestar sus convicciones religiosas o axiológicas atenta también contra la libertad religiosa, de conciencia y de expresión (Art. 14, 19 y 33 de la Constitución Nacional).

3.      En el artículo 15º, al referirse a la “Objeción de conciencia”, no la respeta cuando dispone que “El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.” Y “sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.” Lo que significa que se le obliga a manifestarse y registrarse, atentando con ello también contra la libertad de conciencia, e invirtiendo la obligación de los que deberían registrarse, que serían los que están dispuestos a practicar los abortos, o sea matar al niño o la niña por nacer; y no los que no deben hacerlo porque sus íntimas convicciones morales o religiosas se lo impiden.  También se le obliga a actuar en contra de sus convicciones cuando dispone que “no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata e impostergable. No todos los médicos están especializados y capacitados para practicar un aborto, por lo que es absurdo que se los obligue a hacerlo. También contradice la libertad de conciencia el que “Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario..” La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se refiere a la objeción de conciencia individual en el fallo “Portillo, Alfredo”, CSJN, 13/4/89, donde se eximió de hacer el servicio militar a un joven católico que invocaba su  convicción por el “no matarás” y por ello se negaba a revistar como soldado. Respecto a la objeción de conciencia institucional el Alto Tribunal lo admitió en el caso Bahamondez; Marcelo  del 6/4/93 (Fallos 316:479).

4.      Contradice ésta obligación lo que dispone el artículo 1° de la ley 25.326 cuando establece que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.” Y que en su artículo 2°  expresa: “A los fines de la presente ley se entiende por (…)— Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.”

5.      El proyecto, con media sanción, no establece quién se hará cargo de los costos que demande las prácticas abortivas, por lo que de acuerdo con lo que dispone el artículo 22 del proyecto de ley deberá el Poder Ejecutivo de la Nación, que es la “autoridad de aplicación” (Art. 22) proveer de esos recursos al: sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por ley 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la ley 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del decreto 1993/2011, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliadas o beneficiarios independientemente de la figura jurídica que posean” (Art. 16).

Por todo ello entendemos que ese proyecto de ley no debería ser sancionado ni promulgado.

Jorge Horacio Gentile       Lorenzo Barone

Sala de Derecho Constitucional

del Instituto de Estudios Legislativos del

Colegio de Abogados de Córdoba

¿Los Magistrados deben pagar impuesto a las ganancias?

magistrado

Para responder a este pregunta tenemos que comenzar analizando el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la causa Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN – Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar” (27/11/18), por el que hizo lugar una queja interpuesta por la demandada y dejó sin efecto una medida cautelar para que a los jueces designados a partir del años 2017 no se les descuente de sus haberes el impuesto a las ganancias.

El fallo

El mismo expresa que la actora“1°) (…) inició una acción declarativa de certeza con el objeto de que se “despeje la incertidumbre provocada por la mención contenida en el artículo 5° de la ley 27.346, que sustituye el inciso a) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) incorporando al gravamen a las rentas derivadas: ‘a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y dé las Provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive'” (fs. 2 vta.). La acción fue promovida contra el Estado Nacional —Poder Ejecutivo Nacional—, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

La actora solicitó que se declarara que el concepto “nombramiento” debía ser entendido como “ingreso”, es decir, que la norma comprendiera solo a los funcionarios y magistrados que al 1° de enero de 2017 no pertenecían a los escalafones del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación. Para ello, pidió que se tomara como fecha de ingreso la correspondiente a la designación en tales organismos y, para quienes estuvieran concursando sin pertenecer al Poder Judicial o al Ministerio Público, la fecha de la presentación en el concurso. Como medida cautelar de no innovar requirió que el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público se abstuvieran de retener suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias “…hasta tanto se dicte la reglamentación que expida las instrucciones necesarias para comprender exactamente los términos utilizados en el instrumento legal, que deberán coincidir con el criterio expuesto más arriba, bajo riesgo de convertirse en una reglamentación que vulnera el espíritu de la (fs. 3).”

Más adelante la Corte dice: “2°) Que el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar y dispuso que se encontraban alcanzados por el impuesto a las ganancias los magistrados, funcionarios y empleados que fueran designados en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación a partir del 1° de enero de 2017, salvo que hubieren ingresado con anterioridad a dicha fecha o que proviniesen de los poderes judiciales y ministerios públicos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y siempre que sus retribuciones no hubiesen estado alcanzadas por el pago o retención del tributo en cuestión (fs. 179/198 vta.). 3°) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, mantuvo la medida cautelar pero modificó sus alcances, limitándola a los sujetos representados por la asociación actora (fs. 301/311 vta. del incidente de medida cautelar). 4°) Que contra esta decisión, la Defensoría General de la Nación (fs. 319/340) y el Estado Nacional (fs. 342/360) interpusieron sendos recursos extraordinarios federales, los que fueron rechazados por el a quo por no dirigirse contra una sentencia definitiva (fs. 396/ 396 vta.). El Estado Nacional dedujo recurso de queja.”

El fallo concluye: “13. (…) que no existen razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que exima del cumplimiento de lo ordenado por la ley a los sujetos representados por la actora. De ello se deriva que la vigente ley 27.346, sancionada tras una amplia discusión de los poderes del Estado y cuya constitucionalidad —como se dijo— no ha sido cuestionada, resulta plenamente aplicable a los beneficiarios de la medida cautelar que por medio de la presente se revoca (…), sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto debatido.”

De este fallo se infiere que lo que se ha revocado es solamente una medida cautelar de no innovar para que los deban abonar el impuesto a las ganancias, lo que no significa resolver sobre si es legítima la personería de los accionantes, ni si, en definitiva, deberán oblar el impuesto a las ganancias, lo que deberá ser resuelto cuando se dicte sentencia.

Mi opinión es que lo allí resuelto es correcto, ya que no hay razón alguna para que se resuelva vía una medida cautelar lo que en definitiva se debe resolver en la sentencia. Además, sostengo que, en principio los jueces, y demás funcionarios de los poderes judiciales y ministerios públicos federales o provinciales deben pagar impuestos, tasas, aportar para sus jubilaciones y la seguridad social, y hacer todas las contribuciones que les corresponden a todos los ciudadanos por aplicación del principio de igualdad ante la ley (Art. 16 de la CN). Lo que no se puede es rebajarle los haberes a los jueces, federales y provinciales, como bien establece la Constitución y la ley.

Sin embargo, no se entiende porque las distintas leyes y Acordadas que impiden que se les disminuya sus haberes a los jueces (llamados por la ley “magistrados”), cuya “compensación (…) no podrá ser disminuida en manera alguna” (Art. 110 de la CN), se les agrega a los: “Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y dé las Provincias y del Ministerio Público de la Nación” cuando ellos no están alcanzado por la limitación que fija el artículo 110 de la Constitución.

Historia

Sin embargo, desde 1701 en la Ley inglesa de Establecimiento (Act of Settlement), que pretendía corregir los abusos durante el período de los reyes Estuardos, se dispuso que “las comisiones de los jueces durarían mientras dure su buena conducta y sus salarios serían ciertos y establecidos.” En 1760, durante el reinado de Jorge III, el Parlamento aprobó un estatuto que establecía que los salarios de los jueces no podrían se disminuidos “mientras se mantuviera en alguna de sus comisiones”. Blackstone señala que el precepto se dirigía a “mantener tanto la dignidad como la independencia de los jueces.” Esto se aplicó en las colonias norteamericanas hasta 1761, en que comenzaron las injerencias de la corona sobre la Justicia mediante la alteración de los períodos de los jueces. Por ello en la Declaración de la Independencia de 1776, entre los agravios atribuidos al Rey, estaba el que “Él ha hecho de los jueces dependientes de su única voluntad, por su designio en el período de las funciones y en el monto de sus salarios.” En la Constitución de Filadelfia de 1787 se estableció que “Los jueces, tanto los supremos como los de las Cortes inferiores, retienen sus funciones mientras dure su buena conducta y reciben por sus servicios una compensación que no puede ser disminuida mientras continúen en el cargo.” (Art. III, sección 1ª)

Nuestra Constitución de 1853, con igual criterio, declaró que “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.” (Art. 96 hoy 110) No se discutió nunca que los jueces oblen impuestos indirectos que gravan sus inmuebles o el valor agregado a los bienes que adquieren, como los demás ciudadanos. Sin embargo, la jurisprudencia tanto, en Estados Unidos como en Argentina, cuestionó el pago del impuesto a la renta o a las ganancias de los jueces.

La Corte Suprema de Estados Unidos en “Evans vs. Gore” (1920) invalidó el gravamen al ingreso de los jueces diciendo que “la prohibición es general, no contiene excepciones y se dirige contra cualquier disminución” y se agregó “que los constituyentes quisieron prohibir todo tipo de disminución, sea por vía impositiva o directa, puesto que la independencia de los jueces es más importante que cualquier otro interés que justifica gravar sus salarios.” En “Miles vs. Gaham” (1925) extendió la garantía a los jueces designados con posterioridad a la creación del tributo. Criticada la Corte por esta doctrina cambia de criterio en “O’ Malley vs. Woodrought” (1939) afirmando que los nuevos jueces debían pagar el impuesto a los ingresos. En “Hatter v. U.S.” (1994) declaró, por lo dicho en “Evans”, inconstitucional las retenciones de las compensaciones por el Programa de Seguridad Social a los jueces, ya que la “reducción es concreta mientras el beneficio es potencial y enteramente especulativo”.

La Corte argentina en “Fisco c/ Medina” (1936), citando al caso “Evans”, sostiene que el impuesto a las rentas es inaplicable a los jueces, lo que es ratificado en “Poviña” y “Jauregui” (1940). En estos y en otros casos posteriores a “O’Malley” señala la singularidad de la Constitución argentina cuando prescribe que la compensación no podrá ser disminuida “en manera alguna” (esta expresión no está en la Constitución de Estados Unidos). En “Bonorino Peró” (1985) agregó que “si se produce el envilecimiento del signo monetario el no disminuir obliga a indexar las remuneraciones judiciales.”

Acordada 20/1996

La Corte por Acordada 20 de 1996, firmada por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’ Connor, Santiago Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo Bossert, declaró inaplicable el art. 1º de la ley 24.631, que dispuso la derogación de la exención del impuesto a las ganancias a los magistrados y funcionarios federales establecida en la ley 20.628, citando la doctrina “Medina” y afirmando que la reforma constitucional de 1994 ratificó el texto del artículo 110 de la Constitución. Esta Acordada no fue recurrida ni cuestionada por los otros poderes del Estado, y su doctrina se aplica también a nivel provincial.

La misma es objetable, ya que: 1. No era una sentencia que resolvía un “caso” como exige la Constitución para habilitar su competencia (Arts. 116 y 117), ni mucho menos una ley que derogaba la dictada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, sino de un acto administrativo de superintendencia donde los jueces no deben derogar ni declarar la inconstitucionalidad de leyes (aunque lo hayan hecho en otros casos); 2. Los jueces debieron apartarse ya que decidían sobre sus propios haberes; 3. Porque no se siguió la buena doctrina de “O’Malley”, que hace aplicable el gravamen a los jueces designados después de la ley que crea el tributo y no a los anteriores, a los que sí se les vulneraría la intangibilidad de sus compensaciones; y 4. El hecho que nuestra Constitución use la expresión “en manera alguna” (Art. 110), a diferencia de la norteamericana, no cambia los principios de igualdad ni de intangibilidad que lo justifican, que tienen por objeto garantizar la independencia judicial y no acordar un privilegio a los magistrados.

Por todo lo expuesto este fallo de la Corte Suprema, que anula una medida cautelar, no resuelve definitivamente el problema, y su alcance es muy limitado, ya que son muy pocos los jueces y funcionarios que junto a los abogados deberán, con el resto de los habitantes de este país pagar este tributo, lo que atenta contra el principio de igualdad ante ley (Art. 16 CN).

Córdoba, noviembre de 2018.

¿Se designan de jueces idóneos e independientes?

poder judicial

Las recientes denuncias de juicio político contra el juez federal Luis Rodríguez, que se tramita el Consejo de la Magistratura de la Nación, basadas en la declaración de la arrepentida Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz – secretario privado de Néstor Kirchner ya fallecido-, sobre un supuesto soborno a este magistrado, trae el recuerdo que fue designado en 2012 por un acuerdo entre el Kirchnerismo y el Pro, a pesar de que se sospechaba que en el concurso que rindió en el Consejo fue tramposo, por lo que hubo una causa penal de la que luego fue sobreseído.

Más allá del resultado de estas causas lo que preocupa es que la independencia de la Justicia comienza con la designación de los magistrados, que hace el Presidente con acuerdo del Senado en base a una terna que eleva el Consejo, decidida luego de una prueba de oposición que rinden los que aspiran a ese cargo.

La creación del Consejo se hizo en la reforma de la Constitución Nacional (CN) en 1994, para que la designación de jueces no se hiciera por acomodo político, como había ocurrido muchas veces.

Pero el proceder del Consejo, ni el de los presidentes, ni el del Senado han servido para que las designaciones de magistrados se hagan en tiempo y forma, por las siguientes razones:

* La ley que rige el Consejo establece como se integra, lo que cambió varias veces; y la composición actual es inconstitucional porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación no está representada como exige la CN (Art. 144). Es decir, que esté integrado con “jueces de todas las instancias”, y, la Corte, que es la última, no lo está.

* En los concursos que hace el Consejo se les exige a los postulantes responder, en una entrevista personal, las preguntas referidas a su “idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática” (Art. 13 Ley 24.937), lo que hace que muchas veces se modifique el orden obtenido en los exámenes rendidos para conocer su idoneidad jurídica. Entiendo que el Consejo solo debe hacer examinar a los aspirantes, y puede modificar su resultado solo si hubo alguna irregularidad. Valorar la “aptitud funcional y la vocación democrática” es competencia exclusiva del Presidente y del Senado, que antes de prestar acuerdo debe examinar esto siguiendo el procedimiento y las audiencias públicas que fija el Decreto 222/03.

* Actualmente hay 248 vacantes sobre 995 cargos de jueces que hay en el Poder Judicial de la Nación -cifra similar a la había en 2015. En el Consejo hay 103 en trámite, 42 ternas están en la presidencia para que Macri elija a quién propondrá al Senado, y 103 ya están en esa Cámara para prestarle acuerdo; sin que se haya convocado a sesiones extraordinarias para acelerar ese trámite, lo que demuestra que cubrir dichas vacantes no tiene prioridad.

* La terna elevada por el Consejo para que el presidente designe al vocal de la Cámara Nacional Electoral la discuten, desde hace un año, distintos sectores del gobierno, lo que pone en duda si los intereses políticos superan al requisito de idoneidad.

* La discutida reciente designación del fiscal de Estado, Daniel Leiva, como juez de la Corte Suprema de Tucumán, demuestra que esta falta de independencia judicial también existe en las provincias.

* En Córdoba, acaba de renunciar el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, por “cuestiones personales”. Pero trascendió que este letrado – con quien nada personal tengo-, que también acompañó al gobernador Juan Schiaretti cuando fue interventor en Santiago del Estero ocupando el cargo de ministro y miembro del Tribunal Superior de esa provincia, sería nombrado, dentro de seis meses, vocal del Tribunal Superior de Córdoba. Esto es algo que espero que sea solo una versión periodística, ya que los cordobeses no creen que una persona tan allegada al gobernador pueda ser un juez independiente.

La tan cacareada Reforma de la Justicia sigue siendo un anhelo que ni el gobierno nacional, ni los provinciales quieren encarar; por lo que habrá que esperar, como bien decía mi profesor Helio Olmos, que “la Justicia, (se concrete) en el juicio final”.

Córdoba, febrero de 2019.

Preguntas para los candidatos

preguntas para candidatosEn la primera elección presidencial de este año en América Latina ocurrida en El Salvador, se eligió por el 53% de los votos a Nayip Bukele, un joven carismático de 37 años identificado con los millennials, que usa vestimenta por demás informal, ex alcalde de la San Salvador, y que rompió con la tradicional polarización bipartidista, entre la derecha, representada por ARENA, y la izquierda, por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLM).

Con ello se vuelve a repetir, aunque con matices diferentes, lo ocurrido en las elecciones de EEUU, con Donald Trump; en Brasil con Jair Bolsonaro; en Italia con Giuseppe Comte y en Hungría con Viktor Orbán, donde políticos con un nuevo perfil vienen a reemplazar a los tradicionales, ofreciendo respuestas claras y concretas a las necesidades y reclamos más acuciantes que reclama la sociedad, referidos principalmente a la corrupción, al trabajo, a las migraciones y a la seguridad.

Aunque este tipo de políticos para nada me conforman por las soluciones nacionalistas, autoritarias y discriminatoria que proponen y llevan a la práctica; es importante, en una año electoral como el que estamos en Argentina, rescatar de ellos la sinceridad y las respuestas -mucha veces exageradas (como lo del “Muro” de Trump o la “guerra a la delincuencia” de Bolsonaro)- que le ofrecen a sus electores.

Por ello, es que se hace necesario, para evitar sorpresas como éstas y engaños, interrogar a nuestros candidatos a presidente, a vicepresidente, a legisladores y a gobernadores sobre qué soluciones concretas sobre temas centrales llevarán a cabo cuando sean electos. Esto nos ayudará a despejar la incertidumbre que nos embarga a todos, y así podremos decidir mejor nuestro voto.

Para ser prácticos, les preguntaría que proponen para:

* Crear empleos decentes;

* Mejorar la calidad educativa;

* Terminar con la inflación y la recesión;

* Proveer alimentos y alojamientos a los indigentes que duerme y habita en las calles;

* Suprimir y reducir tributos y tarifas, ¿cuáles?, ¿cuándo? y, si son reducidas, ¿en qué proporción?;

* Terminar con los cortes de calles y rutas que obstruyen el ir a trabajar y a los centros de salud;

* Reducir los presupuestos del Estado en todos sus niveles;

* Que los presidentes dejen de dictar leyes mediante DNU;

* Evitar la suspensión de clases, por huelgas o toma de escuelas que han impedido a la educación primaria tener los 180 días de clases anuales desde hace 35 años;

* Tener una Justicia independiente, rápida y eficiente;

* Pasar a la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) la justicia ordinaria, para que la financien sus habitantes, y no los de todo el país, como es ahora;

* Redistribuir la elección de los actuales 257 diputados nacionales, en proporción a la población de cada distrito, según lo que dispone la Constitución (art. 45); para que Córdoba que tiene 18, deje de estar menor representada que la CABA, que tiene 25 y Santa Fe 19, a pesar de contar menos habitantes;

* Que digan si aumentarán la edad jubilatoria;

* Si reducirá los haberes de los pasivos, como parece exigir el Fondo Monetario Internacional, y en ¿qué proporción?

* Derogar la inconstitucional reducción de jubilaciones decidida en Córdoba en 2015 (ley 10.333);

* No matar niños por nacer por abortos o adelantado partos, como ocurrió con la prematura niña de 6 meses de gestación, Esperanza, recientemente fallecida en Jujuy, luego de adelantarle el parto;

* Que no ingrese cocaína de Bolivia y marihuana de Paraguay;

* Que expresen sus preferencias sobre Venezuela: Nicolás Maduro o Juan Guaidó; y

* Para evitar los efectos del cambio climático, la contaminación, las inundaciones, etc.

Espero que las respuestas sean claras, y, si no la tienen, que lo digan con franqueza. No queremos volver a escuchar de nuevo si Macri es mejor o peor que Cristina. Las respuestas que se emitan serán más importantes que los discursos, que estamos cansados de escuchar, en los famosos debates televisivos, donde ser hablan vaguedades y se eluden las cuestiones de fondo.

Hablar claro y con sinceridad es lo mejor para entendernos en la vida y en la política.

Córdoba, febrero de 2019.