La Legislatura y la reforma política en Córdoba

 

Legislatura de Córdoba

La 5ª. Constitución de la provincia de Córdoba de 1987 hizo posible la reelección del entonces gobernador Eduardo Angeloz que la convocó. Para ello, su partido, la UCR, por no tener mayoría en la Convención, acordó con la Unión Demócrata de Centro, que las dos cámaras de la Legislatura, ampliaran desmesuradamente el número de miembros, para asegurarse en lo sucesivo una cantidad fija de legisladores para ambos partidos. A ello se le agregó que una de las cámaras podía sancionar leyes tácitamente, y luego de comenzar a funcionar se nombraron una gran cantidad de empleados.

Por eso el pueblo de Córdoba en 2001 votó en una consulta popular el reemplazo de esa Legislatura por otra unicameral, como tuvo Córdoba hasta 1871 y lo tienen la mayoría de las provincias argentinas, y ello se concretó con la reforma de la Constitución del 2001. Por ella se redujo el número de legisladores de 133 a 70, de empleados, y su presupuesto, que era entonces de 46,3, se bajó a 11,9 millones de pesos. Se mejoró la representación con un sistema electoral mixto, con un legislador elegido en cada uno de los 26 departamentos, por un lado, y otros 44 legisladores elegidos en toda la provincia por una lista única, con bancas distribuidas por el sistema proporcional, sin premio para las mayorías, ni castigo, con techo para la minorías (del 2 por ciento), como había hasta ese momento; con voto de preferencia, que nunca se reglamentó, con lo que se podría cambiar el orden de las listas impuestas por las cúpulas de los partidos. Se dispuso que hubiera legisladores suplentes, que pudieran incluso hacer relevos transitorios; se abolieron los privilegios parlamentarios, salvo el de opinión; se ampliaron los plazos de las sesiones ordinarias a 11 meses; se estableció la doble lectura para la aprobación de las leyes más importantes y se abolió la aprobación ficta de las leyes prevista en la Constitución de 1987.

También se establecieron las elecciones internas abiertas, que tampoco fue reglamentado, y el control de los fondos de los partidos, nunca bien implementado. Esta reforma permitió el acceso a la Legislatura de la mayoría de los partidos de la provincia. Con las elecciones del 2001, obtuvieron legisladores 14 partidos políticos; en la de 2003 ingresaron 10 y, en la de 2007 14 partidos.

En esta reforma constitucional se deslizaron dos errores, como fue bajar la edad mínima de los legisladores de 21 a 18 años, sin que una demanda juvenil, social o política lo demandara, aunque luego no se eligieron legisladores de esa edad; y se exageró la acción afirmativa del “cupo por sexos” al imponer que las suplencias de los legisladores no se cubrirían en el orden de lista por el que fueron votados, sino por sexos, aunque saltearan a otros, que estuvieran antes en las listas, lo que ya no sólo cambia el orden de las mismas, que de haberse reglamentado incluso podrían haber sido modificadas por el voto de preferencia, sino que distorsiona la voluntad popular.

En la Unicameral se aprobó un Reglamento interno, que mantuvo un artículo del que tenía el antiguo Senado, que contradice lo que establecen todos los reglamentos, por el que los asuntos entrados pueden ser tratados “sobre tablas” con el voto de la mayoría simple del Cuerpo, lo que ha hace que las iniciativas del Ejecutivo, que siempre tuvo mayoría en la Legislatura, entraran y salieran aprobadas, sin estudio ni debate, en una sesión.

Tampoco se reglamentó la división departamental de la provincia, y se mantuvo -con pocas variantes- la diseñada en el siglo XIX, frustrando el propósito del constituyente de redefinir la división departamental para equilibrarla, con un criterio regional, teniendo en cuenta las afinidades históricas, territoriales, de infraestructura, de comunicaciones; además de la cantidad y distribución de la población. Esta omisión hizo menos genuina la representación territorial y menos eficaz la gestión del legislador, que, en algunos casos, deben atender los intereses de sus votantes en departamentos superpoblados, como en el de la Capital, y en otros a una escasa población, como en Pocho y Minas

A ello se agregó la grave crisis que padecen los partidos; su fraccionamiento y la sustitución de sus líderes por otros sostenidos por el clientelismo político, o por una fama adquirida en los medios de comunicación u en otras actividades ajenas a la política, como el deporte, el espectáculo, etc. Ello convirtió a muchos partidos en sellos o estructuras que sólo sirven para presentar candidatos en las elecciones, o integrar alianzas. Tampoco funciona el Consejo de Partidos Políticos creado en la Constitución de 1987; y no existen ámbitos adecuados para hacer educación política.

Adoptar el voto electrónico, como tiene Brasil, India y muchos condados de EEUU es otra asignatura pendiente que tiene Córdoba y el país.

Córdoba, noviembre de 2017.

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A 30 años de la Constitución cordobesa

Eduardo Angeloz

La 5ª Constitución de Córdoba se aprobó el 30 de abril de 1987 y satisfizo distintos intereses políticos, como los del gobernador Eduardo Angeloz que consiguió su reelección –la que luego le trajo muchos dolores de cabeza-. José Manuel de la Sota, del entonces rebelde Peronismo Renovador, logró controlar el Partido Justicialista, del que era un disidente, hasta que ganó la elección de constituyentes aliado con la Democracia Cristiana, con la que luego consiguió ser gobernador. Los tres convencionales de la UDC -que sucedió al Partido Demócrata, que después se convirtió en la UCD de Germán Kammerath, y que hoy es el PRO-, consiguieron como tercer partido una representación fija en ambas cámaras, al acordar con Angeloz: darle quorum cuando se votó la reelección; y los Demócratas Cristianos que logramos que la Constitución se funde en principios humanistas y su texto repita 30 veces la palabra persona.

En 2001 fue reformada y se cambió la bicameralidad por la unicameralidad de la Legislatura, luego que la ciudadanía así lo decidiera en consulta popular; y terminó: con las mayorías automáticas en la elección de los diputados, con un senado que hoy sería más numeroso que el nacional, con la sanción tácita de leyes en la cámara revisora, y con una cantidad desmesurada e innecesaria de empleados. Se abolieron los privilegios parlamentarios, incluido el de arresto, que no sea el de opinión (89) y las jubilaciones de privilegio (art.104, 19).

El personalismo

El primer objetivo que propone su preámbulo, es:“(…)exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Afirma que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (art.4). Declara: “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.”(art.5); que las “(…)personas(…) son libres e iguales ante la ley y no admiten discriminaciones” (art.7); “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (art.9); la “libre iniciativa privada y actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (art.10) y que “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano” (art. 66).

El capítulo de los “Derechos personales” expresa: “Todas las personas en la provincia tienen derecho: (…)” y los enumera (art. 23), y los especifica, luego, como padre (art. 62, 5), hijo (art.34 y 62, 5), mujer (art. 24), niño (art. 25), joven (art. 26), anciano (art.28), discapacitado (art.27), preso (art. 44), consumidor (art.29), litigante, ciudadano, funcionario, magistrado o empleado público. Garantiza la intimidad personal, familiar, de su morada, en las comunicaciones y la inembargabilidad de la vivienda única (arts. 50, 45, 46 y 58).

Los capítulos de las “Asociaciones y Sociedades intermedias” y de las “Políticas Especiales del Estado”, garantizan la dimensión social del hombre; fijan nexos entre la

sociedad y el Estado, y se proclama: “la economía al servicio del hombre” (art. 67), referida a su bienestar (art. 56), su salud (art. 59), a su participación en el progreso tecnológico (art. 64), y a la ecología (art. 66). Declara, además, que “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (art. 61).

Asignaturas pendientes

Pero a pesar de las 30 años todavía no se fijaron por ley los procedimientos de la acciones (personal y colectiva) declarativa de inconstitucionalidad (art.165, 1, a), ni la de los habeas corpus (art.47); que deberían estar en un Código de Procedimiento Constitucional; que regule, además, los del habeas data, los amparos y el acceso a la justicia.

Las jubilaciones se redujeron por la leyes 10.078 (difirió 6 meses los aumentos) y 10.333 (11%), desconociendo que “las jubilaciones y pensiones (son) móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad” (art. 57). La Caja de Jubilaciones (intervenida) no “(…) tiene autonomía” ni está administrada “por los interesados con participación del Estado (…)” (art. 55)

No se reglamentó: aquello que: “Los padres tienen derecho que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral según sus convicciones” (art. 62 ,5); ni las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para los candidatos de los partidos (art. 104, 22); ni el voto de preferencia para las listas de legisladores del distrito único (Art. 78); ni se cambió la división territorial de los departamentos por el de las regiones (art. 104,7). La Legislatura mantiene en su reglamento, como el anterior del senado, que las mociones de tratamiento sobre tablas se aprueban con simple mayoría y no con los 2/3 -lo se permite sancionar proyectos de leyes presentados el mismo día- lo que ha decir a algunos que es una “escribanía”. El Defensor del pueblo (art. 104,36) no puede accionar en tribunales, y los Consejos de Partidos Políticos y el Económico Social no funcionan (arts. 33 y 125).

Córdoba se puso al dia con esta Constitución, pero la mora de la Legislatura en reglamentarla, o cuando la contrarió al reducir las jubilaciones, convirtió en abstracta a muchas de sus sabias disposiciones.

Córdoba, abril de 2017.

A tres décadas de la constitución personalista de Córdoba

Bandera de la Provincia de Córdoba

Bandera de la Provincia de Córdoba

I. INTRODUCCIÓN. 

La ley 7420 -que declaró la necesidad de la reforma constitucional- convocó a una Convención Constituyente, que tuvo su primera sesión preparatoria el 29 de diciembre de 1986, y que sancionó la quinta Constitución de la provincia de Córdoba en la sesión del 26/27 de abril de 1987. Dicha Constitución tiene 200 artículos, de los cuales solo 8 tienen el mismo texto que la anterior, y su redacción y la técnica legislativa empleada en su texto es por demás elogiable. Por una disposición transitoria dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Preámbulo y Parte I)”, La Convención fue disuelta a las 24 horas del 30 de abril de 1987.

II. LAS CONSTITUCIONES DE CÓRDOBA 

La primera de Córdoba fue el Reglamento Provisional de 1821, en época del Gobernador Juan Bautista Bustos, que tuvo 12 reformas. Durante la gobernación del rosista Manuel López “Quebracho”, se dictó la segunda: el Código Constitucional Provisorio de 1947, que comenzaba con el “¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los Salvajes Unitarios!”, que se reformó 6 veces. En 1855 se dictó la tercera, con la organización nacional, siendo gobernador Alejo Carmen Guzmán, que se reformó 2 veces. En 1870, se dictó la cuarta Constitución, siendo gobernador Félix de la Peña, que después de 49 años de cámara única en Córdoba, innovó al crear un Senado y una Cámara de Diputados, y fue reformada 5 veces (si contamos la de 1949 que se derogó en 1956).

La quinta fue sancionada en la Convención de 1987, que se reformó en 2001, que restableció la Legislatura unicameral que tuvieron las tres primeras luego de un referendum.

En 180 años Córdoba ejerció 31 veces el poder constituyente, dictó 5 constituciones y las reformó en 26 oportunidades, lo que no es mucho ni poco, ya que quién manda en estos casos es la necesidad

III. LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE 1986/7 

La Constitución de 1987 cristalizó los principales, y a veces contradictorios, intereses de quienes la redactaron. Eduardo César Angeloz, el gobernador que promovió la reforma, con el voto de los constituyentes de su partido, la UCR, y algunos justicialista, consiguió que su cargo de gobernador pueda ser reelegido en un segundo mandato, lo que luego se prolongó un período más por una discutida interpretación del texto fundamental, lo que le trajo serios inconvenientes que le obligaron a renunciar y a padecer un proceso penal del que terminó absuelto por el beneficio de la duda.

El, entonces, rebelde Peronismo Renovador de José Manuel de la Sota logró controlar el Partido Justicialista, del que era un disidente hasta su exitosa elección de constituyentes -a la que concurrió en las listas del Partido Demócrata Cristiano- con el que más tarde llegó a ser gobernador.

Los herederos del viejo Partido Demócrata –que en la Convención formaban el bloque de la UDC -que después de la misma pasó se convirtió en la UCD liderada por Germán Kammerath- consiguió tener, como tercer partido, una sobrerrepresentación en ambas Cámaras de la Legislatura.

Los Demócratas Cristianos conseguimos que la primera parte de la Constitución se consagrara los principios personalistas y comunitarios de su ideario político.

IV. El PERSONALISMO 

A 29 años de su vigencia, lo mejor y más importante, de la Constitución de Córdoba es que coloca a la persona humana y su dignidad como centro y razón de ser, no sólo de la Carta Constitucional, sino, también, de toda construcción cultural, institucional y política que a partir de ella se genera.

En su texto se observa que el primer objetivo del preámbulo es “(…) exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos (…)”; que en su articulado, donde se usa 30 veces la palabra persona, se dice que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (art.4). Se declara “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.”(art.5); que las “(…)personas(…) son libres e iguales ante la ley y no admiten discriminaciones” (art.7); “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (art.9); la “libre iniciativa privada y actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (art.10) y que “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano” (art. 66).

Hay un capítulo dedicado a los “Derechos personales” y cuando va a enumerar los derechos sociales expresa: “Todas las personas en la provincia tienen derecho (…)” (art. 23). Los derechos de las personas se tratan en su condición de padre (art. 62 inc.5), de hijo (art.34 y 62 inc.5), de mujer (art. 24), de niño (art. 25), de joven (art. 26), de anciano (art.28), de discapacitado (art.27), de preso (art. 44), de consumidor (art.29), de litigante, de ciudadano, de funcionario, de magistrado o empleado público. Su intimidad personal, familiar, la de su morada y en las comunicaciones son celosamente resguardadas (arts. 50, 45 y 46).

En el capítulo de las “Asociaciones y Sociedades intermedias”, que las personas integran a partir de la familia y como miembros de la sociedad política, se exalta la dimensión social del hombre. Cuando se refiere a las “Políticas Especiales del Estado”, estableciendo mediante ellas nexos entre la sociedad y el Estado, la definición personalista es más contundente porque declara “la economía al servicio del hombre” (art. 67), la refiere a su bienestar (art. 56), su salud (art. 59), a su participación en los adelantos tecnológicos (art. 64), y al gozo del medio ambiente (art. 66).

Se declara, por fin, que “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (art. 61).

III. LO QUE LE FALTA Y LO QUE LE SOBRA 

De su texto surge que hay metas por realizar, omisión o defectuosas reglamentaciones, disposiciones que deberían ser suprimidas, modificadas o sustituidas.

Art. 55 “Los organismos de la seguridad social tienen autonomía y son administrados por los interesados con la participación del Estado y en coordinación con el Gobierno Federal.” La Caja provincial sigue intervenida.

Art. 57: “(…) asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a su remuneración del trabajador en actividad.” En dos oportunidades se redujeron los beneficios.

Art. 58: “La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley.” Como consecuencia de una equivocada reglamentación fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 62: “La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos: (…) 5. Asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. Ello no fue reglamentado.

Art. 78: “Para esta lista de candidatos a legisladores de distrito único se establece el voto de preferencia, conforme a la ley que reglamente su ejercicio.” No fue reglamentado.

Art. 104: “7. Establecer los límites de las regiones de la Provincia que modifiquen el actual sistema de Departamentos, con dos tercios de votos de sus miembros.” No fue reglamentado.

“22. Dictar la legislación electoral y de partidos políticos que contemplen elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos de todos los partidos políticos.” No fue reglamentado.

“24. Dictar los códigos y leyes procesales.” No se dictó aún el Código de procedimiento constitucional)

Art. 125: “El Consejo Económico y Social está integrado por los sectores de la producción y del trabajo, gremiales, profesionales y socio-culturales, en la forma que determine la ley. Dicho Consejo es un órgano de consulta de los Poderes Públicos en esta materia.” No funciona.

Art. 126: “El Tribunal de Cuentas está integrado por tres miembros; puede por ley ampliarse su número, el que es siempre impar y no excede de siete.” Ello debe ser sustituido por una contraloría, que no debe ser electiva.

Art. 150. “El Fiscal de Estado tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio de la Provincia.” Otro funcionario, como el Procurador del Tesoro actual, debe erjercer la defensa de la Provincia sin depender de la Fiscalía del Estado.

Art. 159: “(…)El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, cuatro legisladores, letrados si los hubiere, dos por la mayoría y dos por la minoría.(…)” Debería suprimirse esto y atribuir esta función al Consejo de la Magistratura que deberá crearse con representación paritaria de legisladores, jueces y abogados.

Art. 162: “La ley puede determinar los casos en que los tribunales colegiados son también integrados por jurados.” Esto debe ser suprimido por el fracaso de su reglamentación y funcionamiento.

Art. 166: “El Tribunal Superior de Justicia tiene las siguientes atribuciones: (…) 3. Crear la escuela de especialización y capacitación para magistrados y empleados, con reglamentación de su funcionamiento.” Esta Escuela deberá depender del Consejo de la Magistratura cuando se lo incorpore a la Constitución.

Arts. 171, 172 y 173: Ministerio Público Fiscal es parte del Poder Judicial y debe ser independiente.

Art. 183: Las Cartas Orgánicas deben asegurar: (…) 2. La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano ejecutivo si lo hubiera, y un sistema de representación proporcional para el Cuerpo Deliberante, que asegure al partido que obtenga el mayor número de votos la mitad más uno de sus representantes. 3. Un Tribunal de Cuentas con elección directa y representación de la minoría.”(…) 5. El reconocimiento de Comisiones de Vecinos, con participación en la gestión municipal y respetando el régimen representativo y republicano.(…)” La representación en los Consejos Deliberantes debe ser proporcional, sin premio a la mayoría, y los tribunales de cuentas deben ser sustituidos por Contralorías que no deben ser electivas.

Art. 184: “La Legislatura sanciona la Ley Orgánica Municipal para los Municipios que no tengan Carta Orgánica.(…). La ley garantiza la existencia de un Tribunal de Cuentas o de un organismo similar, elegido de la forma que prescribe el inciso 3 del artículo anterior.” Los tribunales de cuentas o las contralorías no deben ser electivas.

Art. 187: “(…) Las disposiciones orgánicas (carta o leyes orgánicas municipales) pueden establecer Tribunales de Faltas.” Los tribunales de falta deberán ser incorporados al Poder Judicial provincial que exclusivamente ejercer la función jurisdiccional.

Además, el reglamento interno de la Legislatura prevé que la moción de tratamiento sobre tablas se aprueba con mayoría simple y no con dos tercios de los votos, como tienen todos los reglamentos legislativos. El Defensor del Pueblo por la ley reglamentaria no puede interponer acción judicial. Y el Consejo de la Magistratura no está previsto.

IV. TENER A DONDE VOLVER 

Los cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos, ambientales, etcétera que ocurren en las sociedades trastocan el sentido de la vida de las personas y ponen en crisis su escala de valores. Las constituciones -que son producto de estos cambios y que se dictan, muchas veces, en épocas de crisis- sirven no sólo para organizar la sociedad y dar sentido al orden normativo, sino que declaran principios y exaltan valores que orientan el destino futuro de dichas sociedades y de quienes las componen. Cuando los cambios y las crisis oscurecen el rumbo de nuestras existencias, es bueno –como se indica desde la psicología profunda- tener a donde volver.

La dignidad de la persona humana surge de su naturaleza espiritual y material, de su conciencia racional y libre, de su destino trascendente, y es lo que hace al hombre diferente y lo pone por encima de los demás seres de la creación, para que estos le sirvan para alcanzar su destino temporal y sobrenatural.

Volver a estos criterios implica enfocar el análisis de los problemas de hoy con una óptica diferente. Si a la política nos referimos, en vez de analizarla en función de las instituciones o los políticos, como muchas veces

se hace, comencemos a hacerlo a partir del ciudadano; si debatimos sobre educación, dirijamos los objetivos a las necesidades del educando; si de la economía se trata, pongámosla al servicio del hombre y no de la producción capitalista o de las estadísticas; si hablamos de inseguridad, enfoquemos el análisis desde la persona que la padece y de quién delinque, preguntándonos por qué lo hace y como puede ser corregido e integrado a la sociedad; si nos referimos al ambiente, pensemos como preservarlo para los hombres de hoy y de mañana, y no para servir a mezquinos intereses; si el problema es la droga, comencemos por los que la consumen, indagando el por qué lo hacen, y como se puede recuperar a los adictos, para combatir, luego, al infame negocio que lucra con ellos; si nos preocupa la paz del mundo, recordemos que en su corazón está la persona.

Jacques Maritain decía que el humanismo “tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia” y, agregaba, “requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad.”

Allí es a donde tenemos que volver.

Córdoba, Septiembre de 2016.

El desborde de la autonomía municipal y el principio de subsidiariedad

Arco de Córdoba

Arco de Córdoba

SUMARIO: Introducción. “Autonomía” judicial. Lo institucional. Finanzas. Nuevas necesidades. La seguridad pública. Políticas sociales, culturales y ecológicas. Conclusión.

INTRODUCCIÓN

El principio de subsidiariedad es caro a la doctrina social de la Iglesia y el mismo indica que “las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (subsidium) – por tanto de apoyo, promoción y desarrollo- respecto de las menores(…) A la subsidiariedad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional, legislativa, ofrecidas a las entidades sociales más pequeñas, corresponde una serie de implicancias en negativo, que imponen al Estado abstenerse de cuanto restrinja, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad, no deben ser suplantadas.”

“El principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Ese principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad (…)

“Con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público (…)” (“Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”, Pontificio Consejo Justicia y Paz, página 128, Conferencia Episcopal Argentina, 2005)

Si revisamos nuestra génesis institucional veremos que la organización política de nuestras villas o ciudades, el cabildo, fue la institución estatal que mayor arraigo e importancia tuvo mientras fuimos parte del Reino de España, la legislación de indias así lo certifica.

Alrededor de los cabildos de las ciudades más importantes se diseñaron el Virreinato del Río de la Plata y las gobernaciones intendencias, durante la época de los Borbones, y de la división de estas surgirán, en el periodo patrio, las provincias. El primer gobierno patrio de 1810 nace en el Cabildo de Buenos Aires y las Legislaturas de las provincias vendrán a reemplazar a los cabildos de las ciudades capitales de las mismas.

La Constitución de la Confederación Argentina 1853 será sancionada en Santa Fe por los representantes de trece provincias, a las que se le agregará Buenos Aires, luego de ser derrotada en la Batalla de Cepeda, de la firma del Pacto de San José de Flores en 1859 y de la reforma de la Constitución de 1860. Trece de las catorce provincias fundadoras tuvieron por capital una ciudad cabildo.

Las graves dificultades y el tiempo que insumió, antes y después de 1853, el “constituir la unión nacional”, primer objetivo del Preámbulo de la Constitución, demoraron la implementación adecuada del “régimen municipal” encomendada a las Constituciones provinciales (artículo 5), y durante mucho tiempo se discutió en las mismas si los municipios eran entes desconcentrados de la organización del estado provincial, o sea entes autárquicos, o si eran una forma de descentralización política, con autonomía, o sea un tercer escalón de la organización estatal.

Este debate concluyó con la reforma de la Constitución de 1994, donde se dispuso que las provincias dicten sus constituciones conforme a lo dispuesto por el artículo 5 “asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.” (artículo 123) En consecuencia, los municipios autónomos, como tercer nivel del Estado federal, se dan sus propias normas, eligen sus autoridades, y se gobiernan y administran a sí mismos, dentro del marco de su competencia poblacional, territorial y material.

En algunas provincias el progreso ha sido significativo y la autonomía y la extensión de sus atribuciones ha sido notable, si la comparamos con los alcances que tenían antes del ciclo de reformas de las constituciones provinciales iniciado en 1986 y que en Córdoba se dio en el año siguiente. Este proceso autonómico se desarrolló aún más con el dictado de cartas orgánicas municipales que se hicieron en muchas ciudades del país, y se consolidó con la reforma de la Constitución Nacional de1994. Algunas provincias conservan el régimen anterior, de escasa autonomía y de gran dependencia de las provincias ya que no se han adecuado al plan autonómico de los constituyente de 1994 (v.gr.: Buenos Aires –con municipios partidos-, Mendoza, San Juan y la Rioja –con municipios departamentos-).

El despliegue y ampliación de las competencias de los municipios, como el escalón estatal más cercano a la gente, no ha cesado a pesar del reconocimiento de su autonomía que han hecho las constituciones y leyes provinciales en los últimos tiempos. Sin embargo las políticas centralistas, especialmente por el desmesurado crecimiento de la “caja” del Gobierno Nacional, han creado serios inconvenientes para el ejercicio de sus competencias y para hacerse cargo de los nuevos requerimientos que hacen los vecinos y que corresponde asumir a las autoridades comunales por el principio de subsidiariedad.

Así como los órganos ejecutivos de los gobiernos nacional, provincial y municipal acumulan “superpoderes” y mayores competencias, es también notable las demandas ciudadanas a las autoridades municipales para que asuman mayores atribuciones de las que tienen para solucionarles sus problemas más acuciantes, en razón de la más directa y estrecha relación y compromiso que hay entre representados y representantes. Este desborde que motivan los requerimientos ciudadanos nos obliga a replantear y buscar encausar la cuestión, inspirados siempre en el principio de subsidiariedad.

Hoy podemos decir que este catálogo de atribuciones se ha tornado insuficiente y seguramente en posteriores reformas deberá ser ampliado.

 

“AUTONOMÍA” JUDICIAL

A los cinco órdenes de autonomía declarado por la Ley Fundamental (artículo 123) se agrega la “jurisdiccional” o judicial, que sólo le fue reconocida al mayor de los municipios, o a esa devaluada provincia, que jurídicamente se engendró en la Convención de 1994 con el nombre de ciudad “autónoma” de Buenos Aires (Artículo 129).

Esta omisión hizo que en las constituciones provinciales y en los demás municipios se creara una “justicia administrativa”, para atender cuestiones de faltas, contravenciones y, en algunos casos, tributarias, que no integran ninguno de los tres poderes judiciales que la Constitución admite, y que son la Justicia provincial, la federal y la de la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué son entonces estos “juzgados” administrativos?

Los que distinguen “justicia” de “jurisdicción” – transpolando una distinción que se hace, generalmente, en los sistemas parlamentarios donde no hay la división de poderes ni un Poder Judicial, como en los presidencialista- atribuyen a los jueces de la Constitución la primera, y a los llamados “jueces” administrativos, la segunda, lo que para nosotros es un juego de palabras que nada aclara y mucho confunde, pero que se hace para eludir la terminante prohibición de nuestra Constitución Nacional cuando expresa: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas” (artículo 109) y que se repite en las constituciones provinciales, en algunos casos en forma más terminante, como en la de Córdoba donde se afirma, para no dejar dudas al respecto, que “El ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Provincia.” (Artículo 153).

Por todo ello, para nosotros, los “jueces” administrativos son, como indica la palabra, meros órganos administrativos, que no ejercen función judicial o jurisdiccional. Las constituciones y leyes provinciales no han sido claras en definir su carácter cuando han hecho mención de los mismos (ver artículo 187 de la Constitución de Córdoba). Para lo contencioso administrativo y los conflictos de competencia municipal dichas normas les atribuyen competencia a los tribunales provinciales, pero para las faltas y contravenciones hay estos llamados “jueces” administrativos, cuyas decisiones, no son sentencias judiciales, sino actos administrativos, que como tales pueden ser impugnados y anulados por la Justicia provincial.

Los juzgados de falta municipales son creados por ordenanza por lo que la necesaria estabilidad de sus “jueces” termina, en muchos casos, con la derogación de la ordenanza y la sustitución por otra.

El abuso que de los juzgados de falta hacen las empresas cobradoras de multas, que emplean cámaras fotográficas en las rutas para detectar faltas de los conductores de automóviles, que son contratadas por algunos municipios y que se llevan un importante porcentaje de la recaudación de dichas multas, son una demostración de su débil “autoridad”, imparcialidad y eficacia de dicho juzgados.

El Tribunal administrativo municipal fiscal establecido en la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba (Artículos. 104 a 108) afortunadamente fracasó en su implementación y quedó como letra muerta en su texto.

Las provincias deberían prever, acordando con los municipios, la creación de tribunales vecinales que atiendan, además de causas que no merezcan ser atendidas por los colapsados jueces de primera instancia actuales, las faltas provinciales y municipales. Así lo proyectamos, sin éxito, en la Convención Constituyente de 1995 para la Carta Orgánica Municipal de Córdoba.

Los Tribunales de Cuentas, heredados de las leyes de indias, abolidos a nivel nacional y de algunas provincias, pero que se conservan todavía a nivel municipal, no son tribunales -ni judiciales ni administrativos- sino contralorías, y deberían ser adecuados en su composición, forma de designación, y competencias, a éste carácter, que predomina ampliamente en la mayoría de las constituciones de América. La ampliación del número de sus integrantes, como lo hizo la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba, y la electividad de los mismos, sólo se justifica por la necesidad de aumentar el número del personal político.

 

LO INSTITUCIONAL

La exigencia de que en los concejos deliberantes haya una mayoría de la mitad más uno de concejales de la lista electoral que obtenga la mayor cantidad de sufragios, aunque ello exceda lo que por el sistema proporcional le corresponde, es una imposición inaceptable, como lo que dispone el inciso 3 del artículo 183 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

Es necesario que los Concejos Deliberantes sancionen códigos de ética y creen una Junta de Ética de los funcionarios políticos de los municipios para despejar dudas respecto de sus conductas, remuneraciones, gastos de representación, viáticos, incompatibilidades, manejo de recursos públicos, declaraciones juradas, premios, donaciones y sanciones que merezcan por el transgredir las mismas.

La informatización del gobierno y la administración municipal deben hacerse para que en las elecciones se vote en urnas electrónica y en los escrutinios se emplee igual tecnología; para facilitar la publicidad de los actos de gobierno especialmente desde las páginas Web; agilizar el funcionamiento y los trámites; hacer más transparente la ejecución del presupuesto, las contrataciones y las licitaciones. El uso del llamado pregón informático, empleado en Brasil, podría ser una mejora en la transparencia de las compras de bienes y la contratación de servicios ( verwww.pregao.sp.gov.br/legislacao/leifederal/lei10520.htm).

La difusión y publicación de las obras, servicios y actividades del municipio y las indicaciones que el mismo quiera hacer por los medios de comunicación masivos o las redes sociales no podrán hacerse para favorecer ni castigar a ninguno de ellos, ni a ningún partido político, empresa, ONGs. o persona o grupo de personas en particular.

En la Provincia de Córdoba donde hay 250 municipios y 177 comunas, o sea 427 gobiernos locales hay que encontrar mecanismos más expeditivos para determinar los límites y extensión de los radios municipales y las creaciones de nuevas comunas, como para que éstas se puedan convertir en municipios, y crear ámbitos de negociación y mecanismos que puedan zanjar los conflictos que se susciten por estos motivos.

En los municipios que tengan radios municipales extensos y, en los mismos, haya barrios o zonas en la que habitan comunidades que merezcan autarquía se deberían crear comunas, como lo propusimos para la Municipalidad de Córdoba -en base a la estructura administrativa de los Centros de Participación Comunal (CPC)- en la Convención Constituyente que sancionó su Carta Orgánica en 1995, siguiendo el criterio descentralizador de las grandes ciudades de América. Dichas comunas deberían tener autoridades, elegidas por los vecinos, con competencias descentralizadas, y no ser un conjunto de oficinas desconcentradas, como lo son hoy los CPC dependientes del Intendentes. En la CABA ya se lo implementó y hay 15 comunas con autoridades elegidas por el pueblo.

En el año 2004 se promulgó la Ley Orgánica de Regionalización de la Provincia de Córdoba Nº 9026 por el que se han organizado las comunidades regionales departamentales de municipios y comunas, con distinta suerte. Algunos están presididos por el legislador del departamento, que lo integra según dispone dicha norma, como en Calamuchita, Unión y Pocho.

En la provincia de Córdoba se creó la Mesa de trabajo Provincia- Municipios, que participan el gobierno provincial e intendentes de distintas ciudades; también existe o existieron un Ente de Cooperación Recíproca de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba, intendentes o presidentes son de la Unión Cívica Radical; y Fe.Mu.Cor. (Federación de Municipios y Comunas de Córdoba) que agrupa a los intendentes del Frente Cívico.

Podrían, además, darse acuerdos o asociaciones de municipios de provincias vecinas o integrantes de regiones interprovinciales, como por ejemplo la Región Centro.

Se han creado, además, entes regionales intermunicipales en la provincia de Córdoba, como el Ente Intercomunal de Desarrollo Regional (ENINDER) que preside el intendente de Villa María, fundado el 13 de julio de 2000 por 7 municipios para tercerizar el cobro de tributos y luego se transformó en un ente de desarrollo que ahora integraban 24 municipios y 5 comunas de varios departamentos de la provincia de Córdoba; la Asociación Interinstitucional para el Desarrollo del Sur de Córdoba (ADESUR) que integraban la Universidad Nacional de Río Cuarto, y 36 municipalidades y comunas; y el Ente Intercomunal para la promoción del Norte Cordobés (EINCOR), integrado por municipios y comunas de diez departamentos del centro-norte de la Provincia de Córdoba; para establecer en los mismos reglamentos que permitan una gestión y manejo de fondos eficaz y transparente, y evitar que a través de dichos entes se eluda el sistema de contratación y el necesario control que deben hacer los concejos deliberantes y los tribunales de cuentas.

Lamentablemente el nuevo Código Civil y Comercial omitió declarar a las regiones interprovinciales ni a las intermunicipales como personas jurídicas de derecho público.

Igual cuidado merecen las regulaciones y gestiones de las algunas veces cuestionadas sociedades del estado (v. gr.: TAMSE , Trasporte Automotor Municipal Sociedad del Estado, CRESE, Córdoba Recicla Sociedad del Estado, y ahora el Ente (autárquico) de Servicios y Obras Públicas (ESOP), en la ciudad de Córdoba ) o de economía mixta (como ocurrió con: GAMSUR SEM: Gestión Ambiental del Sur – Sociedad de Economía Mixta, empresa dedicada al diseño y operación de Servicios Integrales para la Gestión y Protección Ambiental y Urbana y SEMIUSUR, Sociedad de Economía Mixta para la prestación de los servicios de Alumbrado Público y Semaforización, creadas ambas por iniciativa de la Municipalidad de Río Cuarto en el año 2001) que se creen y funcionen en la órbita de los municipios.

Es importante que los Municipios establezcan marcos regulatorios y creen entes reguladores de los servicios públicos que prestan.

La banca del vecino en los Concejos Deliberante –como está previsto, por ejemplo, en la Carta Orgánica de Río Cuarto- , el historiador de la ciudad –como existe en La Habana y demás ciudades de Cuba- y el defensor del pueblo (o del Vecino como propusimos sin éxito para la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba cuando fui constituyente en 1995); son instituciones a las que puedan recurrir los vecinos para quejarse y peticionar por el accionar del gobierno, la administración y los servicios que preste el municipio, o la preservación del patrimonio cultural, con legitimidad activa para accionar judicialmente en el caso del defensor del pueblo, como indica el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional. En la Carta Orgánica de Villa Carlos Paz el defensor es elegido por el pueblo

El empleo de la iniciativa y la consulta popular deben ser facilitadas para que haya una mayor participación de los vecinos en la toma de decisiones para lo cual no deberá descartarse el empleo de los medios informáticos como Internet en los lugares donde ello sea factible.

Los municipios deben impulsar la creación de consejos de partidos políticos, económicos sociales, de la cultura, interreligiosos, de la juventud con el objeto de coordinar actividades y proponer normas, obras o actividades que tengan que ver con sus propios fines.

El otorgar la personería jurídica de los centros vecinales y el control institucional de los mismos debe ser competencia de los municipios que tienen Carta Orgánica, como quedó establecido en el artículo 183 inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, pero que nunca se reglamentó. Esto quedó muy claro cuando fundamenté su incorporación en la Constitución en la Convención Constituyente de Provincial en 1987.

El estímulo a las actividades del voluntariado deben ser políticas municipales.

 

FINANZAS

Los municipios y comunas deben disponer de los recursos financieros que sean necesarios para cubrir todos los servicios que prestan y deben prestar para lo cual hay que hacer una redistribución de las competencias en materia de impuestos, tasas y contribuciones; establecer fondos de asignaciones específica por parte de las provincia y un más justo sistema de coparticipación. El acceso al crédito debe también estar al alcance de los municipios.

La gran conquista que significó para el municipalismo en la Convención Constituyente de Córdoba en 1987 de que en el artículo 188 inciso 3 estableciera el piso del veinte (20%) por ciento al menos de coparticipación impositiva federal y provincial hoy parece insuficiente.

Los municipios, como consecuencia de la estrechez financiera que los agobia, han creado en los últimos tiempos tributos para cubrir sus necesidades financieras de dudosa constitucionalidad y que son análogos a los prohibidos por la ley de coparticipación federal, como son:

  1. El llamado “impuesto a la valija”, que grava a las empresas de “extraña jurisdicción” con una tasa de comercio e industria que a veces es llamada de “inspección e higiene”;
  1. El de publicidad y propaganda, que grava no sólo a los avisos o carteles que están en la vía pública sino también en el interior de comercios, cines, etcétera, y que pretenden cobrar el “control previo de moralidad, legalidad y buenas costumbres” de dichas publicidades;
  1. En Río Cuarto se discute ahora el establecimiento de una tasa que grave a la publicidad gráfica en la vía pública de las “empresas foráneas, las multinacionales”, que abarcaría a los letreros en paredes, heladeras, exhibidores y vidrieras, carteles salientes, marquesinas, toldos, sean los carteles luminosos o no, en vehículos de reparto, en las tarjetas e crédito, por los carteles que colocan en los negocios, las cabinas telefónicas, en banderas, avisos de remate, publicidad móvil, folletos de cine o volantes, avisos de estadios, miniestadios o espectáculos deportivos, pasacalles, a través de promotoras;
  1. El de “pesas y medidas”;
  1. El que grava la circulación de instrumentos y valores que participan de sorteos, aún cuando los bonos obsequios sean gratuitos, y el sorteo se haga fuera del municipio; y
  1. El que grava a los remates y ferias de hacienda.

La crisis financiera global ha demostrado que los gobiernos democráticos necesitan contar con una organización estatal eficaz. Para conseguirlo no estaría mal comenzar a hacerlo desde abajo hacia arriba, a partir de los municipios.

Las experiencias de presupuestos participativos tienen que ser profundizadas para que haya mayor injerencia de los vecinos en su confección.

Los proyectos de creación de bancos, por y entre municipios, se reiteran en el tiempo. En Rosario existe una Banco municipal, como existe en la ciudad de Buenos Aires desde que era municipio. Estos cuatro intendentes pretenden, también, canalizar por sus municipios recursos nacionales para la construcción de viviendas.

 

LAS NUEVAS NECESIDADES

Pero, aparte de esta zona gris, los recientes reclamos de vecinos a las autoridades municipales se reiteran pidiendo la solución a los problemas de la pobreza; la vivienda; la seguridad; los incendios; la educación; la salud; la protección a la niñez, a la adolescencia, a la vejez, a la discapacidad, y a la rehabilitación de presos y adictos; la drogadicción; el traslado, enterramiento y reciclado de las basura; contaminación visual, sonora, del aire, del agua y de los alimentos; uso del espacio público; control y regulación del juego; la obtención de documentos de identidad; el tránsito y transporte urbano; etcétera; los que para ser atendidos necesitan de un proceso descentralizador, que se les deleguen facultades, desde la Nación y las provincias, junto a mayores recursos financieros -propios o coparticipados- para cumplir con estos cometidos.

El principio de subsidiariedad, básico en el Estado federal, así lo exige.

Esto excede, con creces, el tradicional ABL (alumbrado, barrido y limpieza), que por décadas definió las materias de competencia municipal; y, también, el más amplio que se desplegó, cuando se consagró la autonomía de los Municipios, durante el ciclo de reformas constitucionales iniciado en 1986.

 

SEGURIDAD PÚBLICA

El grave problema de la seguridad hace imprescindible reconocerle mayores atribuciones a los municipios. Los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires han creado policías que responden al gobierno de la ciudad autónoma y de los municipios de dicha provincia. En este caso la ley 13.210, reglamentada por el Decreto 2419, de la provincia de Buenos Aires autorizó la creación policías comunales de seguridad en los municipios que no excedan los 70.000 habitantes, las que tendrán un jefe de policía elegido por el pueblo y que dura 4 años en el cargo. Esta reforma no ha tenido continuidad en su implementación

El personal policial, que prestan servicios en territorio municipal o comunal en la provincia de Córdoba, no responde al mando de sus intendentes, y su colaboración, a veces, deja mucho que desear, por eso es imprescindible crear mecanismos eficaces de coordinación o que se creen policías municipales, como en los casos señalados anteriormente y que hasta el momento no han podido terminar de concretarse.

Las exigencias de pagos de adicionales por parte del personal policial o el pedido de combustible para sus vehículos, para colaborar con las autoridades municipales es moneda corriente.

La seguridad no es un problema exclusivamente policial, también lo es de los centros vecinales, y tiene que ver con la atención a los sectores marginales, a las villas de emergencia; con el desyuye de baldíos; el alumbrado público adecuado; con la reeducación, reinserción social y laboral de los presos alojados en cárceles, o que cumplen prisión domiciliaria, o están en regímenes de prelibertad o libertad condicional, o que hayan cumplido su condena en jurisdicción comunal; todo lo cual amerita extender la gestión municipal también al área de la seguridad pública.

Las autoridades municipales deben promover y participar en los consejos vecinales de seguridad que se forman en algunos barrios o territorios municipales azotados por inseguridad. En el municipio de Elena, del departamento Río Cuarto, en algún momento los vecinos patrullan las calles velando por la seguridad de la población.

 

POLÍTICA DE PERSONAL

Las relaciones de los municipios con su personal deberán ser encausadas a través de mecanismos que faciliten la negociación colectiva.

Los conflictos entre los municipios y sus empleados o los sindicatos de su personal, y las huelgas que puedan darse, luego de agotadas las instancias locales, deberán ser llevados a instancia de conciliación ante las autoridades provinciales, a través del Ministerio de Trabajo, como ocurrió en los conflictos entre la Municipalidad de Córdoba y el SUOEM, para lo cual debería dictarse una ley provincial que lo autorice, en la que se prevea la conciliación obligatoria, ya usada en los referidos conflictos y se definan lo que significan los servicios esenciales que no pueden de dejar de prestarse en tiempo de huelgas, asambleas, retención de servicios, etcétera.

Es importante que el personal sea contratado con estabilidad teniendo en cuenta su idoneidad, a través de concursos, y que se termine con la proliferación de personal contratado, transitorio, interinos, monotributistas, beneficiarios de planes sociales u otras formas de personal inestable, que en muchos casos se mantienen por muchos años.

Igualmente en materia de remuneraciones debe terminarse con los pagos en negro y sin hacerse los aportes jubilatorios.

 

POLÍTICAS SOCIALES, CULTURALES Y ECOLÓGICAS

La administración de planes sociales es otro tema a tener en cuenta, especialmente cuando los mismos se financian con fondos de la Nación o de otras jurisdicciones, ejemplos: Plan Familias, Jefas o Jefes de Hogar, Vale lo Nuestro, pensiones no contributivas o Programa Nacional de Seguridad Alimentaría.

La organización, regulación y los subsidios al transporte público de pasajeros es otro de los temas que ocupan a las autoridades municipales, dentro de la competencia más genérica que tienen en materia de circulación de personas y vehículos, otorgamientos de carné de conductor y control y sanción de los infractores. Los subsidios en esta materia son otorgados inequitativamente.

La atención a las personas “en situación de calle”, a los “cartoneros”, a los asentamientos en villas de emergencia, y otras formas de indigencia y pobreza hacen necesario que los municipios cuenten con el manejo o la participación en políticas sociales y recursos que permitan atenderlos adecuadamente.

La ocupación indebida del espacio público necesita de una autoridad comunal fuerte, con un auxilio eficaz de la fuerza pública

La tenencia de animales en zoológicos, en casas o departamento y su tránsito por las vías o espacios públicos merece ser regulados por los municipios.

En materia de incendios y emergencias los bomberos profesionales o voluntarios deben depender de los municipios, como lo propusimos, sin éxito, en la Convención que dictó la Carta Orgánica de la Municipal de Córdoba en 1995; y los impuestos y el fondo del manejo del fuego, establecido por ley de la provincia de Córdoba, deben ir a las arcas comunales. Las provincias debe seguir con la tarea de formar bomberos y coordinar la acción de los mismos cuando los incendios excedan los radios municipales, aportando medios y recursos, como aviones, vehículos y otros elementos, que las unidades locales no disponen.

Los municipios deben tener mayor injerencia en la autorización o no de casinos y locales juego en su jurisdicción, los horarios en que funcionan y todo lo que tiene que ver con control del juego, legal e ilegal. También deberían tenerlo en el control y registración de quienes no puede acceder a los locales de juego y rehabilitación de los que padecen ludopatía.

El consumo de tabaco, de drogas y los problemas del alcoholismo cada día exigen una mayor participación de los municipios, especialmente en la prevención, contención y rehabilitación.

Los servicios de cloacas y los tributos que se cobraban para ello fueron municipalizados hace años en la ciudad de Córdoba y poco se ha hecho hasta ahora para extender la red que presta este servicio.

A pesar de los avances de la tecnología informática, todavía depende de órganos administrativos o policiales con sede en la ciudad de Buenos Aires los trámites para obtener o renovar los documentos de identidad (como los DNI, cédulas de identidad y pasaportes), con la consiguiente demora y costo que ello significa, cuando los mismos debería hacerse en los Registros Civiles provinciales o municipales, si dispusieran de mayores atribuciones. A esto habrá que sumar los carné de conductor, que ya están nacionalizados.

El establecimiento de registros de uniones de personas del mismo sexo, de violadores (se acaba de dictar una ley provincial que lo crea) o de residentes recientemente arribados al municipio no son ni deben ser materia que deban regular los municipios.

En lo cultural los municipios deben estimular las actividades artísticas, y tener políticas conservacionistas, que tiendan a preservar lugares, edificios, obras y objetos históricos o expresiones artísticas que haya en su jurisdicción. Los museos, teatros y centros culturales, como los festivales y convenciones que se celebren, merecerán la atención de las autoridades comunales.

La educación política y cívica debe también ser materia de atención de los poderes municipales.

La educación inicial y de adultos, como la atención primaria y prevención de salud deben ser atendidas por los municipios. La Municipalidad de Córdoba cuenta con 38 escuelas municipales primarias y para adultos, que podrían pasar a la provincia. El PAICOR es un servicio de alimentación de los alumnos de los colegios que está siendo descentralizado por la provincia a algunos municipios y comunas

La preservación del ambiente merece políticas que extiendan y cuiden la forestación, los cursos de agua, los espacios verdes, parques, plazas, viveros, y que eviten la contaminación del aire, el agua, visual o sonora. La recolección, transporte y depósito de basura y de material tóxico, contaminante o peligroso para la salud de la población debe ser prudentemente regulado y gestionado

El turismo es otra de los temas que no puede estar ausente en la agenda política de los municipios en los se desarrolle esta industria.

En los que haya una o varias empresas emblemáticas; como ocurre con ARCOR y otras complementarias, en Arroyito, o Aceitera General Dehesa, en la Municipalidad de General Dehesa, o cuando en los mismos se desarrollen actividades económicas, deportivas, culturales o religiosas significativas los respectivos municipios no podrán ser ajenos a los mismas y deben aportar para su mejor desarrollo y velar por los beneficios que pueda de las mismas obtener la comunidad.

 

CONCLUSIÓN

Aparece como indispensable, a 33 años de la recuperación de la Democracia Constitucional, revisar el reparto federal de atribuciones, que le corresponden de las autoridades federales, provinciales y municipales, y de las administraciones y entes que la complementan, para que los servicios que prestan sean más eficaces, menos costos y mejor controlados. Ello hará necesario redistribuir mejor los recursos financieros.

Por todo lo dicho, y en aplicación del principio de subsidiariedad, los municipios y comunas deberán ampliar el campo de sus competencias, para lo que necesitarán ser provistos de recursos fiscales adecuados y suficientes.

El bien común a nivel municipal, y parafraseando a Jacques Maritain, hoy más que nunca nos exige: gobiernos que representen al pueblo, instituciones prudentes, normas justas, servicios públicos eficientes, condiciones fiscales sanas y suficientes, respeto por los recuerdos históricos -sus símbolos y glorias-, tradiciones vivas y resguardo de los tesoros culturales.

A ello hay que agregarle las necesidad de hacer carne las virtudes políticas como el sentido del derecho, la libertad, la prosperidad y el esplendor espiritual, la sabiduría hereditaria que opera inconscientemente en la rectitud moral, la justicia, la amistad, la felicidad, la virtud y el heroísmo de la vida de los vecinos.

Córdoba, agosto de 2016.

Como reformar la justicia en Córdoba

Edificio de tribunales de Córdoba

Edificio de tribunales de Córdoba

I.      Introducción

La palabra justicia expresa una virtud, que es la esencia del derecho; y, en el sentido institucional, alude a los tribunales de los poderes judiciales:

Federal, de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA).  No hay Justicia administrativa.

La reforma judicial podría iniciarse con una reforma de la Constitución, o a partir de normas sub-constitucionales, que es como intentaremos proponer nosotros en este trabajo.

Nuestra Constitución es presidencialista, federal y de control constitucional difuso, y no el posmonárquico o parlamentarista, y a ello debemos atenernos, Los cambios inspirado en este último no son siempre han sido acertados, como el de crear tribunales administrativos (v.gr.: el Fiscal de la Nación o los de falta municipales) o el de adoptar la casación, el contencioso administrativo y el Consejo de la Magistratura.

II.  La reforma del Poder Judicial de la Nación  

Las reformas de los tribunales debe comenzar por el de mayor jerarquía y  autoridad que en este caso es la Corte Suprema de Justicia Nación, por lo que hay que decidir cuál debe ser su composición -si es de cinco o de siete-, dejar de ser el tribunal superior de la justicia nacional, que debe ser transferirla a la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) y de limitar los que vienen de los tribunales superiores de provincia, para así disminuir la cantidad de causas que atiende.

·       Transferir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) mediante una ley convenio, los llamados tribunales Nacionales y los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos, con sede en Capital Federal, para que se integren al Poder Judicial y al Ministerio Público de dicha ciudad (Art. 129 y Disposición transitoria decimoquinta “infra” CN). Transferir también el Registro de Propiedad y la Inspección Nacional de Justicia.

·       Incorporar a las causales del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 la de sentencias arbitrarias, enumerando las causales elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y autorizar los recursos in forma pauperis.

·       Suprimir la expresión “de competencia federal” del art. 257 bis del CPCCN (según ley 26.790) a los efectos que el recurso per saltum pueda, también, ser interpuesto en contra de las sentencias de los tribunales provinciales de primera instancia, y hace efectivo también en estos casos el principio de igualdad (art. 16 de la CN).

·       Autorizar a la Corte Suprema para que apruebe y publique un Código de Estilo, para uniformar y mejorar la elaboración y comunicación de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción – en soporte papel o digital- de sentencias, fallos, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas, informes, memorandos, circulares, certificados, pliegos de interrogatorios, declaraciones, pases, oficios, notificaciones, citaciones, órdenes de arresto o allanamiento, exhortos, correspondencias, notas, esquelas, invitaciones, partes de prensa, tarjetas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado, márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, las forma en que se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados. Los escrito que se presenten ante la Corte deberán tener una portada de colores diferentes, según que sea el del recurso extraordinario, la contestación del traslado, al queja, el del Amigo del tribunal, la petición de audiencia, la presentación de la Procurador Fiscal o del Defensor Público, o los recursos de aclaratoria o reposición. Deberá incorporarse a este código las normas el reglamentaria para los escritos de los recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN, establecidos por este Tribunal en la Acordada No. 7 de 2007. Deberá preverse el caso de los escritos, o párrafos de los mismos, o citas en idioma extranjero para que se presenten con la correspondiente traducción. Para la confección de este Código habría que tomar alguna de las disposiciones de las Reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, especialmente las 21, 33 y 34. Deberá autorizar a los tribunales a dictar únicas sentencias, u ordenar trámites, para varios juicios idénticos o similares que se tramiten en un mismo tribunal.

·       Derogar el Acuerdo No. 20/96 de la CSJN que impide gravar con del impuesto a las ganancias a los jueces, y hacerlo aplicable a las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público federal, de las provincias y de la CABA, exceptuando a los jueces que se encuentren ya designados y en ejercicio de su cargo (Art. 110 Constitución Nacional), y aplicarlo solamente a los que sean designados en adelante. Antes de su aplicación deberá hacerse una recomposición de las remuneraciones que compense la disminución de los ingresos.

 

III.Provincia de Córdoba

Dentro del marco de la Constitución provincial la reforma al Poder Judicial de la provincia de Córdoba  haría necesarios que se dicten las siguientes leyes para:

·        Que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea realmente un tribunal constitucional, y no de casación como lo es casi exclusivamente hoy, que atienda losrecursos de inconstitucionalidad contra los fallos de las cámaras de apelaciones, y que ejerza las demás cuestiones que le asigna el artículo 165 de la Constitución Provincial. La primera de ellas (Inc. a), referida a las acciones declarativas de inconstitucionalidad –individuales y colectivas– que deberá ser reglamentada con un trámite sencillo, en un Código de Procedimiento Constitucional -como el que proyecté cuando fui diputado nacional y que rige ahora en Tucumán-, en el que no se exija que la norma o acto cuestionado no haya comenzado a ser aplicado, como interpreta en la actualidad el TSJ haciendo casi imposible su admisión. Cuando actúe como tribunal constitucional se evitará que muchos de sus fallos sean recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ocurre actualmente, lo que es otro motivo de dilación.

·        Autorizar por ley la realización de Audiencias Públicas: informativas, conciliatorias y ordenatorias, y la participación de “Amigo del tribunal”, cuando se tramiten recursos y acciones ante el Tribunal Superior de Justicia, como lo hace la Corte.

·        El Tribunal Superior deberá acordar con la Corte Suprema la creación del Registro de juicio colectivos, como ello lo tiene establecido en la Acordada N° 32/14.

·        El TSJ, además, no deberá participar de la discusión de las remuneraciones de los magistrados y empleados, ni de lo que tiene que ver con la infraestructura de los tribunales, tarea que debe quedar a cargo del Ministerio de Justicia.

·        Que las causas civiles, comerciales, de quiebra, de familia, de menores, criminales, criminales económicos, correccionales, laborales, contencioso administrativa, tributarios, electorales, de faltas y de paz se tramiten en doble instancia. La primera ante los jueces especializados o de competencia múltiple que la ley ha creado; y la segunda ante las cámaras de apelaciones que podrán revisar todos los agravios de hecho y de derecho que se le planteen. Para ello habrá una cámara única en cada circunscripción en que se divide la provincia, las que se dividirán en salas -de tres jueces- que atenderán las distintas materias (civil, comercial, criminal, laboral, etc. o de competencia múltiple). Con ello se garantizará el Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” como exige el artículo 8, 2, h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el inc. 22, del art. 75 de la Constitución  Nacional; y la doctrina de la Corte Suprema en “Casal, Matías Eugenio” del 20/9/05.

·        De esta manera los recursos de casación serán sustituidos por los de apelación en los que las salas de las Cámaras y no las del TSJ revisarán no sólo el derecho sino también los hechos que fundan los fallos de primera instancia.

·        Para las causas contencioso administrativo deberán crearse o habilitarse juzgados de primera instancia; con un procedimiento breves, que unifique las acciones de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad, en el que no tenga participación un fiscal y en el que se unifiquen los actuales recursos de apelación, cuando la provincia es parte, con el de casación, en los demás casos, en una única apelación, la que, al igual que el recurso de revisión, deberán tramitarse ante las respectivas salas de las cámaras, y no en el TSJ como ocurre ahora. El agotamiento de la vía administrativa deberá  ser limitado y en algunos casos suprimido.

·        En las causas criminales, criminales económicas y correccionales, seguirán  siendo atendidas por los jueces de instrucción, y las salas de las Cámaras que receptan los juicios orales y dictan las sentencias -en forma colegiada o unipersonales-, de acusación; y habrá que crear o habilitar otras de apelación, que sustituyan la sala penal del TSJ.

·        Deberán derogarse las leyes que admiten los juicios por jurados por: no haber sido establecidos por ley federal (Arts. 24 y 75 Inc. 12 de la C. N.); por no ser “populares” ya que no son elegidos por el pueblo, ni por sus representantes; por ignorar el derecho; por discriminar a los abogados y jueces que no pueden integrarlos; porque la experiencia indica que sus fallos no son mejores, y porque el jurado hace más engorroso, lento y costoso los juicios.

·        En materia laboral los jueces de conciliación pocas veces toman la audiencia de conciliación y en las cámaras las audiencias orales se hacen y fallan con un solo vocal, por lo que la doble instancia debería reorganizarse con juzgados de primera instancia en los que tramitan el juicio desde la demanda hasta la audiencia oral y la sentencia, y las apelaciones sean atendidas por las salas laborales de las Cámaras que haya en cada circunscripción. A solicitud de parte, en cualquier etapa del proceso, se puede hacer una audiencia de conciliación, que será atendida en una oficina especializada, como ya se ha creado como “experiencia piloto” a nivel de Cámara.

·        Las apelaciones de los fallos del Juzgado Electoral, deberán ser resueltos en una sala de la Cámara de la Capital y no ante el TSJ.

·        Las contravenciones o faltas que actualmente juzgan los tribunales de falta policiales o municipales, contrariando lo que dispone la Constitución provincial (Art. 153),  deberán se resuelto por los tribunales contravencionales o de falta de la justicia provincial.

·        Deberán designarse más jueces y reformarse las normas procesales  para simplificar y uniformar los trámites.

·        La digitalización y despapelización de los procesos servirá para acortar distancias entre el litigante y el tribunal, evitará la permanente concurrencia a los tribunales y no será necesario constituir domicilio en donde tenga asiento el tribunal, pudiendo presentarse escritos y hacerse notificaciones digitalmente. Uniformar y complementar el sistema digital entre los  tribunales federales y provinciales y con los que poseen los estudios jurídicos.

·        Deberá dictarse un Código de Procedimiento Constitucional

Reforma Constitucional

Como lo propusimos, sin éxito, cuando fui constituyente en 1987 con otros colegas, cuando se reforme la Constitución provincial debería dársele autonomía al Ministerio Fiscal e incorporar en su texto al Consejo de la Magistratura; integrado por legisladores, jueces y abogados, que tendrá a su cargo: la Escuela de la Magistratura, los concursos de los que aspiran a ser jueces o fiscales inferiores y el actuar como jurado de enjuiciamiento de los magistrados inferiores cuando sean acusados por la Legislatura con dos tercios de votos.

Estas ideas quieren ser un modesto aporte a un debate, en el que hoy son más frecuentes las quejas que las propuestas, para intentar alguna vez hacer realidad en Córdoba aquello de “afianzar la justicia”.

Córdoba, agosto de 2016.

El subte y las obras por las que clama Córdoba

Intendente Ramón Javier Mestre

Intendente Ramón Javier Mestre

Los que amamos a ésta ciudad vemos con satisfacción que; pasada la luna de miel de los nuevos gobiernos nacional, provincial y municipal – liderado éste por el reelecto intendente Ramón Javier Mestre -; se ha comenzado a borrar la grieta que nos dividía y ha tomado fuerza el diálogo, el debate y búsqueda de consensos, lo que nos permitirá -entre todos- resolver los graves problemas que padece Córdoba.

Pero también vemos con pesar, que va desapareciendo el lavado de cara que se le hizo a la ciudad el año (electoral) pasado; que crecen los desbordes de cloacas, desagües y hasta el cauce del rio Suquía cuando llueve; los baches en las calles, las roturas de las veredas; los yuyales; los cortes del alumbrado  público –o que a veces iluminan de día pero no de noche-; los apagones de los semáforo; la mora en recoger la basura, el desorden del tránsito y del estacionamiento; el descuido del arbolado y los espacios verdes, el que haya calles sin pavimentar o sin cordón cuneta; etcétera, Esperamos que esto se revierta pronto, y que no se postergue para al próximo año electoral.

Obras básicas

Pero en Córdoba hay pendientes obras básicas (no todas municipales), cómo: el edificio del Concejo Deliberante, paralizado hace 9 años, y su vecino Centro Cultural, en la zona del Mercado de Abasto; la habilitación del puente Letizia sobre el Suquía en Barrio General Paz, frenada desde 2013; la ampliación de la planta de Bajo Grande; los inacabados Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, en Duarte Quirós esquina Obispo Trejo, que debió terminarse en 2013; el Planetario y el Observatorio del Parque de las Tejas; y el CPC 12, ubicado en Barrio Ampliación Jardín Espinosa, entre calles Celso Barros y O’Higgins.

No se sabe qué se hará con el Batallón 141; con las vacías cárceles de encausado y penitenciaría; con los teatros Comedia y la Piojera; el aguaducho y con el traslado de Dioxitek S.A., empresa de Alta Córdoba que produce dióxido de uranio para las centrales nucleares. En estado lamentable se encuentran los cementerios San Jerónimo y San Vicente; y la Plaza de la Intendencia, en especial su edificio central, donde antes se manejaban los semáforos, y su playa de estacionamiento subterránea, que se inunda cuando llueve.

Otras asignaturas pendientes son: el distribuidor de tránsito de la Plaza España; el terminar la circunvalación y la costanera,; el urbanizar las villas de emergencias y los asentamientos; el continuar la autopista de la Ruta 9 Norte y la autovía de la Ruta 19 a San Francisco; el entubar el canal Los Molinos-Córdoba; el obligar a que se terminen o demuelan varios edificios en construcción de varios pisos de particulares, que desde hace años están paralizados; y el mantener los trenes: de las sierras –que va a Cosquín en 2 horas- y el que en 20 horas llega a Buenos Aires.

No todo es negativo; a pesar de la falta de recursos, los conflictos políticos, especialmente el que hubo con el anterior gobierno nacional; se está por terminar el Nudo Vial del Tropezón, la autovía a Río Cuarto y el segundo parque educativo.

Es hora que le reclamemos al gobierno Municipal, Provincial y Nacional; a las universidades, a las empresas privadas, a los centros vecinales; a las ONG, y, por qué no, también al SUOEM, para que entre todos concretemos estas obras.

Sueños

Pero además de ello, como prometió Mestre el 1º de Marzo ante el Concejo Deliberante, tenemos que hacer realidad algunos sueños, de los que poco se habla por creerlos imposibles; cómo reavivar la idea de instalar un tren bala a Buenos Aires, o de construir el subterráneo, que Mestre le propuso al gobierno nacional a su regreso de China, solicitud que fue rechazada por el ministro Guillermo Dietrich, olvidándose que en la Capital Federal se lo amplía y que en la postergada Córdoba, donde Mauricio Macri hizo la diferencia que le dio el triunfo en las elecciones, hay problemas de tránsito más grave que el que tiene la Capital federal.

Mestre al asumir afirmó: “El mensaje en las urnas fue claro: es hora de hablar menos, hacer más y mejor, sobre todo aquellas obras que son para siempre, que resuelven los problemas para siempre, como fue antes, como debe ser siempre.

Por esto clamamos los cordobeses.

Córdoba, Abril de 2016.

Jubilados provinciales : Reducción, devolución y postergación

Edificio de la Legislatura Provincial de Córdoba

Edificio de la Legislatura Provincial de Córdoba

La ley 10.333, aprobada en forma exprés por la Legislatura provincial –con el voto de peronistas, radicales, juecistas y el Pro-, modifica la forma de liquidar los beneficios previsionales de aquí en adelante, luego que la Corte Suprema de Justicia ordenara a la Nación que a la provincia de Córdoba no se le debe retener más lo que le corresponde proporcionalmente del 15% de la coparticipación federal.

Al mismo tiempo que otra norma suprimió la tasa vial, dicha ley dispuso:

Reducir al ordenar recalcular, a partir de ahora, todas las jubilaciones, pensiones y retiros, que se cobran en base al 82% móvil del promedio de los últimos 48 meses actualizado del salario bruto del activo. Y hacerlo, desde esta ley, sobre el salario bruto menos el 11%, entendido como el aporte jubilatorio que se le deducen a los activos nacionales (según el SIPA), ya que a los provinciales se les reduce, al menos hasta ahora, el 18%.

Ello significa que el beneficio que se calculó sobre el 82% del haber bruto, es reducido al 73 %. Y se funda en la absurda doctrina  del “núcleo duro”, inventada en el fallo “Bossio” por el Tribunal Superior de Justicia que convalidó la quita del famoso decreto 1777 del gobernador Ramón Mestre – doctrina luego descalificada por la Corte Suprema de Justicia, en los casos “Iglesia” y “Hernández”- , que calcula el 82 % del haber neto (que hasta ahora se reduciría por el aporte personal de un 18 % y, con la modificación que se hace a partir de esta ley, del 11%) y no del bruto.

En síntesis: El 73 % se configura, entonces, porque al salario bruto se le resta el 11%, lo que lo reduce al 89 %, y sobre éste porcentaje se aplica el 82%.

100 – 11= 89, sobre esta cifra, el 82 %= 73%

Reducir los beneficios previsionales está prohibido por la Constitución Provincial (Art. 57) y el tomar como base el haber neto, y no el bruto, no se usa en ninguna parte del mundo, ni siquiera cuando corresponde liquidar el impuesto a las ganancias. Además, con ese criterio, se podría hacer otras deducciones, como por lo que se aporta a la obra social, al seguro o al sindicato, lo que reduciría el “núcleo duro” y achicaría, aún más, el haber.

La pregunta del millón es: ¿a los activos se les seguirá deduciendo el 18%, como aporte jubilatorio personal, porque cuando se jubilen se lo considerará como el 11%?

Devolver de aquí en más –lo que es positivo, el derecho a que se les incrementen a los pasivos sus sueldos cuando se los concedan y cobren los activos -que hasta ahora fueron diferidos por seis meses, sin pagarles la retroactividad, según la Ley 10.078-. Dichos incrementos se abonarán ahora dentro de los 30 días de que lo cobren los activos, con la retroactividad que corresponda por esa demora.

Postergarotro año más, la normalización de la Caja, intervenida desde 1987 cuando la Constitución provincial dispuso que: “Los organismos de la seguridad social tiene autonomía y son administrados por los interesados con participación del Estado y en coordinación con el gobierno Federal” (Art. 55); con lo que se mantiene su intervención y se pretende acallar a los gremios.

Nada se dispone respecto de los pleitos pendientes en los que se reclamó el pago de las retroactividades no abonadas en las postergaciones semestrales de los aumentos de los activos, dispuestas por la derogada Ley 10.078.

El recalcular en vez del 82 el 73 % el haber inicial de los pasivos dará pie a que estos reclamen a la Caja y demanden en la Justicia las diferencias, por habérsele privado de un derecho adquirido (Art. 17 Constitución Nacional).

Córdoba, diciembre de 2015.