Los primeros 20 abogados egresados hace 50 años en la UCC

Sentados de izquierda a derecha: Ruarte, Bisio, Dr. Agustín Díaz Bialet, Fonseca, Martín. De pie de izquierda a derecha: López, Viale, Marcatini, Cuneo, Soler, Pécile, Cadario.

Sentados de izquierda a derecha:
Ruarte, Bisio, Dr. Agustín Díaz Bialet, Fonseca, Martín. De pie de izquierda a derecha:
López, Viale, Marcatini, Cuneo, Soler, Pécile, Cadario.


Ellos son:

Pedro León Almeida, oriundo de San Juan, fue además sociólogo, para lo cual estudió en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, amante de la poesía, se dedicó a la docencia.

Jorge Alberto Ávalos Mujica, ejerció la abogacía y fue camarista en la Justicia Civil y Comercial de Córdoba

Héctor Guido “Yiyo” Bartolomei, hijo de una familia de Villa Dolores, mientras estudiaba fue empleado de tribunales provinciales, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la UCC, egresó con promedio superior a 9, estudió luego en las Universidades de Madrid, Lovaina (Ciencias Sociales del Trabajo y Doctorado en Derecho) y de Harvard (Maestría en Derecho), fue un alto funcionario en la Organización Internacional del Trabajo en Suiza, en cuya calidad elaboró proyectos de reformas legislativas nacionales y, en particular, el proyecto de los actuales Protocolos Adicionales a la Carta Social Europea (Consejo de Europa, Francia).

María Isabel “Marisa” Bisio, vino a estudiar desde Wenceslao Escalante localidad del sur de Córdoba, egresó con promedio superior a 9, fue profesora universitaria

José Juan Osvaldo Brouwer de Koning, fue fiscal en Santa Rosa de La Pampa hasta 1968 que perdió su puesto cuando el Poder Judicial fue intervenido; luego fue juez de Primera Instancia en General Acha hasta el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, fue arrestado el 28 de marzo de ese año y permaneció en la Unidad Penal 4 hasta el 4 de mayo que recuperó su libertad y luego fue juez municipal de faltas de Villa Carlos Paz (fallecido).

Gustavo Leonardo Carranza Latrubesse, un riotercerence, que fue juez Civil y Comercial en Chubut cesanteado durante el gobierno militar, lo que motivó un pleito que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, ejerce activamente la abogacía.

Luis Ángel “Lucho” Casati Ferro, fue embajador de Paraguay en la Santa Sede y fue magistrado del Tribunal Electoral de la Capital en ese país, desde el que vino a estudiar a Córdoba.

Eduardo Alfredo Cúneo, mientras estudiaba fue empleado de la empresa Káiser, fue presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, candidato a vicepresidente de la República y es profesor en la UNC.

Roberto Jorge Fonseca, fue juez en la provincia de San Juan del que es oriundo.

Ángela Josefina Fortuna, egresó con promedio superior a 9, fue docente a nivel secundario y Superior e hizo la especialidad en Ciencias Sociales y Políticas por la UNL y cursos complementarios en la misma área en FLACSO, con estudios de investigación sobre el pensamiento político de Hannah Arendt.

Jorge Horacio Gentile, fue empleado de los tribunales provinciales en los dos últimos años de la carrera, fue diputado de la Nación, constituyente provincial y municipal y es profesor catedrático en la UCC desde 1967 y emérito en la UNC, en donde fue el primer egresado de la UCC que obtuvo el título de Doctor en Derecho.

Carlos López, fue empresario y secretario del Tribunal Superior de La Rioja (fallecido).

Rómulo Luis Marcattini, mientras estudiaba trabajaba de martillero, fue político, abogado y juez de Cámara del Trabajo de Córdoba.

Héctor Raúl Masini, fue diputado de la Nación por Mendoza, su familia era de San Rafael (fallecido).

Víctor Rafael “Bicho” Olmos, vivía en Río Primero mientras estudiaba en la UCC, fue el primero de los egresados que falleció a poco de haber comenzado a ejercer la abogacía.

Walter Luis Pécile, que vivía, cuando estudiaba, en un campo cercano a la localidad de Tránsito en el departamento Rio Primero, y que desde hace 27 años tiene paralizada las extremidades inferiores lo que no le impidió ejercer la abogacía en la ciudad de Arroyito.

Ramón Ricardo Ruarte, riojano, egresó con promedio superior a 9, siendo estudiante trabajó en IAME y luego en tribunales, ejerció la abogacía y fue presidente del Tribunal Superior de la Rioja.

Guillermo Smekens, nacido en Bélgica, venía de Mar del Plata, mientras estudiaba fue empleado de tribunales, ejerció la abogacía.

Margarita Rufina Toro, ejerció la abogacía en San Juan de donde había venido a estudiar a Córdoba.

Domingo Antonio “Painé” Viale, Doctor en Derecho (UNC), fue presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, profesor universitario en la UCC, UNC, U. Blas Pascal y UN Litoral, ex Presidente Comisión Asesora para la Designación de Magistrados de Córdoba, y ejerce la abogacía.

Néstor Cadario, fallecido recientemente y que fuera secretario de la Universidad Católica de Córdoba, y su esposa Rosa Abal Dutari, que ejerció como docente, fueron compañeros nuestros pero se graduaron el año siguiente.

Varios de estos egresados han pronunciado conferencias y publicado libros y artículos, en Argentina y en el exterior.

Los 20 primeros egresados de la Universidad Católica de Córdoba que cursamos el último año en 1963, hace 50 años, ingresamos –luego de rendir el examen de ingreso- a esta Universidad en 1959, un año después de su fundación, cuando la misma no estaba reconocida por el Estado, por lo que no sabíamos si íbamos a poder graduarnos en la misma como abogados. Por eso, varios de nosotros, nos inscribimos también en la Universidad Nacional.

Veníamos de luchar en los colegios y en las calles entre “libres” –que queríamos universidades privadas- y “laicos” –que se oponían a ello-, participando en manifestaciones y actos públicos, en alguno de los cuales escuchamos a una brillante oradora: Lila Perrén de Velasco, que luego sería profesora de la UCC y madre de su actual rector el Padre y Licenciado Rafael Velasco SJ.

La Universidad se fundó por el impulso que le dieron una generaciones excepcional de jesuitas entre los que recordamos muy especialmente a: Jorge Camargo, Jean Sonet, Jaime Amadeo, César Azúa, José Antonio Sojo, Sixto Castellanos, Gustavo Casas –que fuera delegado rectoral en la Facultad de Derecho y que es el único que vive actualmente-, entre otros.

En cada uno de los cinco años de la carrera cursamos siete materias, una de las cuales era Teología, en lo que fue y es el Colegio San José, asistiendo a clases todos los días hábiles, rindiendo tres parciales y un examen final. La asistencia la tomaba casi siempre “Porota” Salaberría.

Luego de graduados y para ser habilitados tuvimos que rendir un examen ante un tribunal integrado por un presidente, designado por el Ministerio de Educación de la Nación; un representante del Colegio de Abogados y otro de la UCC.

Primera fila de izquierda a derecha: Masini, López, Marcatini, Smekens, Toro, Ávalos, Martín, Casati, Segunda fila de izquierda a derecha: Cuneo, Viale, Gentile, Almeida, Bisio, Fonseca.

Primera fila de izquierda a derecha:
Masini, López, Marcatini, Smekens, Toro, Ávalos, Martín, Casati,
Segunda fila de izquierda a derecha:
Cuneo, Viale, Gentile, Almeida, Bisio, Fonseca.


El Decano de la Facultad de Derecho, era entonces, el doctor Agustín Díaz Bialet, que luego integraría la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y fue nuestro eximio profesor de Derecho Romano. Pedro Ángel Spina, que luego presidió el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y Helio Olmos, estaban a cargo de las cátedras de Derecho Penal; Pedro José Frías, que también fue juez de la Corte Suprema y embajador, de la de Constitucional –junto a Guillermo Becerra Ferrer- y Público Provincial; Alfredo Fragueiro, nos enseñaba Introducción a la Filosofía, Derecho Natural y Filosofía del Derecho; Néstor Pizarro, José Manuel Díaz, Lisardo Novillo Saravia y Arturo Granillo Derecho Civil, Manuel Espinoza y Manuel Augusto Ferrer padre, Derecho Comercial, y su hijo de igual nombre, dictó Derecho de la Navegación junto a Enrique Ferreyra; Rogelio Ferrer Martínez –que supo presidir el Tribunal Superior- en Procesal Civil y Carlos Ernesto “Cacho” Moreno y Raúl Torres Bas en Procesal Penal; el Padre Jaime Amadeo SJ y Gustavo Casas SJ eran profesores de Teología; Clemente Villada Achával y Celestino Piotti en Internacional Público y Privado respectivamente; Jesús Abad Hernando, Héctor Meehan y Julio Altamira Gigena en Derecho Administrativo; en Laboral José Narciso Rey Nores; en Agrario y Minero Calos A. Almuni; en Canónico el padre redentorista Aldo Luis Cooper; en Finanzas Públicas Mario Martínez Casas e Isidoro Cibele; en Historia del Derecho Luis M. Freijeiro Boullosa –que tenía una memoria fabulosa-; en Economía Política la doctora Elisa Ferreyra Videla – única mujer que fue profesora-; en Sociología Alberto Díaz Bialet y el Padre Antonio Donini; y en Derecho Político Clodomiro Ferreyra. Algunos de estos profesores habían dejado de serlo en la Universidad Nacional de Córdoba después de la llamada “Revolución Libertadora”.

Al derecho privado se le daba más importancia que al público, tendencia que ha cambiado en nuestros días.

Se estudiaba generalmente por libros comprados o que eran prestados por las bibliotecas, y merced al grabador que tenía Carlos López – importante avance tecnológico de entonces- confeccionábamos apuntes en base a las grabaciones que se le hacían a los profesores en clase, con o sin su autorización. El más notable que re cuerdo era el de Historia del Derecho, Los libros de Agustín Díaz Bialet y de Fragueiro, y el apunte de Spina era un verdadero manual. Las “grageas” que nos dejaba Frías en sus clases eran muy cotizadas.

En el grupo había un gran cariño a la Universidad que se estaba formando y de allí es que de este curso surgió la formación de la Asociación de Estudiantes de Derecho y luego la Federación a Asociaciones de Estudiantes de la Universidad cuyo primer presidente fue Héctor Guido Bartolomei. Estas organizaciones estudiantiles hicieron varias reuniones con dirigentes estudiantiles de otras universidades católicas argentinas. Como dirigentes estudiantiles tuvimos algunas fricciones con las autoridades, inclusive con el rector de la Universidad el Padre Jorge Camargo SJ, pero siempre dentro de un clima de respeto y sin cuestionar la excelencia de la educación que nadie cuestionaba.

En la Universidad se organizaban anualmente quermeses, en la que participaban estudiantes de todas las facultades, y con frecuencia se organizaban reuniones donde se bailaba, se escuchaba música y se estrechaban vínculos entre alumnos y alumnas de las distintas facultades. Varios de muestra camada estuvieron de novio o se casaron con quienes conocieron en la Universidad.

El contexto de nuestro paso por la Universidad fue muy activo. La revolución cubana, encabezada por un discípulo de los jesuitas, Fidel Castro, instaló en 1959 en América la guerra fría; los atentados con explosivos en la Shell y la consecuente intervención federal a la provincia de Córdoba gobernada por Arturo Zanichelli se produjeron en 1960; la invasión a Bahía de Cochinos o Playa Girón, en Cuba fue en 1961; el golpe de estado que derrocó al presidente Arturo Frondizi en 1962, año en que se inició en Roma el Concilio Vaticano II y desapareció el obrero metalúrgico Felipe Vallese, uno de los primeros ocurrido en el país; y al año siguiente fue la elección del presidente Arturo Íllia y el asesinado del presidente de EEUU John F. Kennedy. Todo esto impactó en nuestras vidas lo que nos movió a discutir, asistir a conferencias y debates, y hasta comprometernos políticamente.

Este Cincuentenario coincide también con otros por demás impactantes como son: los 200 años de la Soberana Asamblea del Años XIII que declaró la libertad de vientres, los 160 de la Constitución Nacional y los 30 de la recuperación de la Democracia Constitucional. También el 16 de marzo de este año asumió al papado el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, convirtiéndolo en la personalidad más importante de la Argentina en toda su historia y desde hace unos días luce en los altares el beato José Gabriel del Rosario Brochero.

Para terminar, es bueno recordar dos frases que quedaron grabadas en nuestras vidas: aquellos de hombres –varones y mujeres- “de ciencia y conciencia”, a la que ahora se le ha agregado también “de compromiso”, y la que luce en el escudo de la Universidad “Veritas Liberavit vos”, la Verdad os hará libres (Juan 8:31-38), y que, al menos a mí, han iluminado este largo camino recorrido en estas últimas cinco décadas.

Córdoba, octubre de 2013.

El juicio que se viene: Córdoba vs. Nación por el 15 por ciento de la coparticipación federal

Gobernador José Manuel De la Sota

Gobernador José Manuel De la Sota

Últimamente los conflictos políticos en Argentina se dirimen en la Justicia.

Una lluvia de pleitos inundó los tribunales por el “corralito”, los reajustes de haberes de los jubilados y las enfermedades y accidentes de trabajo. Las numerosas denuncias de corrupción que llegan hasta el vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, la reincorporación del procurador Sosa en Santa Cruz y el 7D, que involucra al grupo Clarín, esperan respuestas de los jueces.

A nivel internacional por la contaminación del río Uruguay y la protesta de Gualeguaychu perdimos un juicio en la Corte de La Haya; el juez Thomas Griesa de EEUU nos tiene en vilo por la deuda que reclaman los llamados “fondos buitres”; un tribunal de Ghana nos tiene embargada la Fragata Libertad, por lo que hemos recurrido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y tenemos varios pleitos en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.

El conflicto que tiene el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, con el gobierno Nacional ha hecho que esta provincia haya demandado a la Nación por la deuda previsional; y que, con la aprobación de la Legislatura, el gobernador haya denunciado el Acuerdo firmado el 2 de septiembre de 1992 entre el Gobierno Nacional y de todas las provincias por el que éstas le cedían el 15% de la coparticipación federal al Gobierno Central, y se lo haya notificado a todos los signatarios de este acuerdo.

Como la Nación hizo caso omiso de este acto jurídico y no giró el referido porcentaje de la coparticipación a Córdoba, se espera que la provincia interponga ante los tribunales la acción judicial correspondiente.

Pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se adelantó a ello y ha incoado el 27 de noviembre una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de Córdoba pidiendo que se declare inconstitucional la ley provincial que hace tres meses estableció una tasa que grava a los combustibles con destino a la red vial.

Lo ideal es que lo político se resuelva en los órganos políticos y se discutan en las instancias legislativas, pero como el diálogo y el debate han sido sustituidos por la confrontación, las instancias judiciales se tornan imprescindibles.

Que podemos concluir de todo esto:

1. Córdoba espera que la Corte Suprema le obligue a la Nación a abonarle lo convenido con destino a la Caja de Jubilaciones, en el juicio en que dicho tribunal llamó a una audiencia de conciliación y los representantes de la Nación se negaron a acordar.

2. Que el Alto Tribunal desestime la acción por la inconstitucionalidad de la ley provincial que crea el impuesto a los combustibles, más allá que el mismo sea inequitativo ya que grava por igual a los que cargan combustibles en vehículos caros y baratos, ya que la Nación omitió recurrir ante la Comisión Federal de Impuestos –como indica la ley 23.548 de coparticipación federal (Art. 11 Inc. c)-, y por no invocar ningún perjuicio que justifique dicha demanda.

3. Como lo han hecho ya otras provincias, Córdoba tendrá que demandar también al Gobierno Federal para que se le liquida el 15por ciento de la coparticipación federal, desde que denunció el Acuerdo.

Córdoba, Noviembre de 2012.

Qué hacer con la ciudad de Córdoba

Miguel Ángel Roca

Miguel Ángel Roca nos recordaba “Lo cierto es que los siglos se han sucedido sobre el tejido de la ciudad, construyendo, destruyendo, volviendo a construir en incesantes e interminables secuencias que han borrado a veces la huellas iniciales, pero que uno puede reconstruir con búsqueda paciente o por inspiración colectiva, en la manifestación de masas”, y ello es lo que nos preocupa hoy referido a la ciudad de Córdoba, por lo que intentaremos abrir el debate dejando algunas propuestas y abriendo algunos interrogantes.

Los que vivimos y amamos a esta ciudad nos sentimos contrariado por la falta y el retraso de las respuestas política a los cambios que reclaman sus habitantes de una urbe, que tiene el ejido más extenso y que es la segunda en cantidad de habitantes, que tiene el país.

Las disputas por el poder (recordemos los más significativos de este siglo: Kammerath vs. De la Sota, Juez vs. De la Sota, Juez vs. Giacomino), el exceso de personal, las disputas con los sindicatos, las insuficiencias financieras, la ineficaz administración de los servicios básicos, las diferencias con el gobierno provincial y federal, han suplantado al necesario principio preambular de “promover el bienestar general” que, en otra época fue, y que, ahora debería ser, la única preocupación de quienes nos representan y gobiernan en el Municipio.

Pero la ciudad y la región metropolitana en el último siglo no han dejado de crecer, en cantidad de habitantes y urbanísticamente, por lo que se hace necesario llamar a una reflexión que nos permita buscar la forma de superar, cuando antes, el gran desorden reinante y responder a los grandes desafíos que nos impone el futuro.

El orden y los objetivos

Para ello se torna imprescindible poner la Casa en orden y, al mismo tiempo, reformular objetivos y diseñar políticas que permitan lograr un desarrollo urbano sustentable enfocado a:

  • Satisfacer las necesidades de las personas, de las familias y de las sociedades intermedias que viven en la ciudad y a la promoción constante y ordenada del bien común, que no es otra cosa que el buen vivir de la población.
  • Ordenar el territorio y los recursos naturales respetando el ambiente.
  • Facilitar al acceso a viviendas digna.
  • Asegurar la movilidad y el tránsito de personas y cosas.
  • Impulsar y ordenar el crecimiento, el progreso y el desarrollo de la ciudad respetando las pautas culturales que la historia les ha legado, sin descuidar el futuro de las siguientes generaciones.
  • Garantizar el equilibrio en el referido crecimiento, para lo cual deberá armonizarse las necesidades comunitarias promoviendo el orden, el respeto y la sustentabilidad de los recursos tanto naturales como humanos y financieros.
  • Garantizar que los servicios públicos básicos sean seguros, confiables y se amplíen en función del crecimiento y nuevas necesidades.
  • Disponer de un orden normativo, de un Gobierno y de una administración capaz de de promover y hacer posible el compromiso de la comunidad para el logro de los objetivos antes expresados.
  • Respetar el principio de subsidiariedad que exige a las autoridades locales atender eficientemente, dentro de sus atribuciones autónomas, las primeras necesidades de los ciudadanos, que constantemente varían, aumentan y desbordan sus competencias, y hace necesario una permanente coordinación de sus políticas y provisión de servicios con los municipios vecinos y con los gobiernos y administraciones provinciales y municipales.

Lo institucional

 Para llevar a cabo estos propósitos es imprescindible, en este momento, que la Municipalidadactualice su legislación, y ordene y ajuste los mecanismos institucionales de su gobierno y administración para hacer posible el ejercicio autónomo de sus competencias y atribuciones.

Por ello es que nos parece necesario que:

  • El Concejo Deliberante, que ni siquiera tiene un edificio a donde funcionar, jerarquice su representación y prestigio ante sus representados, para lo cual sería necesario hacer plena la proporcionalidad en la elección de concejales, para lo cual hay que modificar:

1.     la cláusula que premia a la lista que obtiene la primera minoría con la adjudicación de la mayoría absoluta de los concejales;

2.     para que el voto de preferencia pueda ser empleado realmente por los ejercitan su voto;

3.     Suprimir el voto de los adolescentes; y

4.     Disponer que se vote con urna electrónica y estudiar el poderlo hacer por Internet.

5.     Facilitar la iniciativa y la consulta popular, convocándola para tomar las decisiones más trascendentes.

  • Dividir el territorio de la ciudad en comunas gobernadas y administradas por gobiernos presididos por un alcalde elegidos por el pueblo, que tengan por sede los actuales Centros de Participación Comunal (CPC) y a los que se les reconozca competencias para resolver las primeras necesidades de los vecinos y que tengan su propio presupuesto participativo.
  • Concretar un acuerdo regional con los municipios vecinos del Gran Córdoba y se establezca un ente regional que coordine la prestación de servicios comunes y lleve a cabo un plan de desarrollo zonal (Ley Nº 9026).
  • Sancione un código de ética y cree una Junta de Ética para los funcionarios políticos de los municipios y con ello tratar de erradicar la corrupción.
  • Llevar a cabo concursos para el ingreso y ascenso de empleados y poner fin a la corruptela de designar contratados, transitorios, monotributistas, etcétera.
  • Informatizar el gobierno y la administración municipal.
  • Trazar los límites del radio municipal que están fijado en los mapas pero no en el territorio; y amojonar los límites de las manzanas que las separan de los espacios públicos.
  • Crear un ente, de funcionamiento permanente, que coordine las politicas de la provincia y la Municipalidad para el departamento Capital:
  1. Reordenando la prestación de algunos servicios (educación, salud, cultura, etc.)
  2. Transferir los que fuera menester (verbigracia: a la Provincia las escuelas municipales y a la Municipalidad los bomberos y una parte de la Policía de seguridad).
  3. Incorporar en la legislación provincial que en los conflictos entre los municipios y los sindicatos intervenga en Ministerio de Trabajo provincial.
  4. Y que la personería de los centros vecinales sea concedida y controlada por el Municipio.
  • Concretar un acuerdo regional con los municipios vecinos del Gran Córdoba y se establezca un ente regional que coordine la prestación de servicios comunes y lleve a cabo un plan de desarrollo zonal (Ley Nº 9026).
  • Crear un ente, de funcionamiento permanente, que coordine las politicas de la provincia y el gobierno federal en el departamento Capital, que haga posible la realización de grandes obras como por ejemplo: los subterráneos o un tren rápido que una Córdoba con la Capital Federal.
  • Establecer marcos regulatorios y crear entes reguladores de los servicios públicos que se prestan en la ciudad.
  • Crear mecanismos de participación como: la banca del vecino en el Concejo Deliberante; el historiador de la ciudad –como existe en La Habana y demás ciudades de Cuba- y el defensor del pueblo (o del Vecino como propusimos sin éxito para la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba cuando fui constituyente en 1995).
  • Impulsar la creación de Consejos de centros vecinales, de partidos políticos, de colegios profesionales, de universidades, de medios de comunicación, económicos sociales, culturales, interreligiosos, de la juventud, etcétera; con el objeto de coordinar actividades y proponer normas, obras o actividades que tengan que ver con sus propios fines.
  • Estimular el voluntariado.

 Desafíos

 Sin perjuicio que hay obras y servicios que para su realización y prestación hay que coordinar con el gobierno provincial y federal (en materia de finanzas, seguridad, educación, salud, cultura, etc.), para saber que debe hacer, promover, planificar y coordinar la Municipalidad de Córdoba respecto de su desarrollo urbano se hace necesario dar respuesta a los siguientes interrogantes:

  • ¿Debe seguir creciendo la población de la ciudad y/o sus ciudades vecinas?
  • Las diferencias entre los que tienen mayores y menores ingresos ¿aumenta o disminuye?
  • ¿Cuánta gente vive bajo la línea de pobreza? Esta  población, ¿Crece o disminuye?
  • ¿Cuántas personas que vive en situación de calle?
  • ¿Cuántos adictos se calcula  que hay al alcohol y a las drogas?
  • ¿Cuánto es el déficit de viviendas?
  • ¿Cuál es la extensión territorial de las villas de emergencia?
  • ¿Cuál es la extensión territorial de los barrios cerrados o semicerrados?
  • ¿Cuál es la  extensión de los espacios verdes?
  • La edificación ¿debe crecer en altura o no? Y en su caso ¿en que zonas y  proporción?
  • ¿Cuál es la previsión del crecimiento del parque automotor?
  • ¿Cuáles son las grandes obras públicas que se necesitan hacer?
  • ¿Cuánto falta para cubrir con el servicio de cloacas a toda la ciudad?
  • ¿Se pueden abrir nuevas calles, bicisendas o avenidas o ampliar las existentes?
  • ¿Cuánto falta de pavimentar?
  • ¿Qué cantidad de cocheras hay que construir?
  • ¿Qué hacer con el centro de la ciudad?
  • ¿Deben crearse nuevos centros comerciales y de servicios?
  • ¿Cuanto falta para cubrir las necesidades del servicio de gas natural?
  • ¿Hace falta servicio de subterráneo?
  • ¿Que hacer con los servicios de taxis y remises?
  • ¿Qué hacer con la basura? – Separarla; reciclarla; recuperarla; enterrarla, ¿dónde?
  • ¿Qué hacer con la cárcel de encausados?
  • ¿Qué hacer con los terrenos del ex Batallón 141?
  • ¿Qué hacer con la manzana de la casa central del Banco de Córdoba?
  • ¿Cuáles son las necesidades presentes y futuras de los servicios públicos de transporte urbano?
  • ¿Qué hacer con las empresas municipales Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) y Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE).
  • ¿Cómo coordinar con el desarrollismo la realización de nuevos emprendimientos?

Las respuestas a estas preguntas nos permitirán pensar, planear, legislar con mayor solvencia sobre el futuro de nuestra querida ciudad. El destino de nuestros hijos y nietos así nos lo demandan.

Córdoba, Octubre de 2012.

 

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Para qué hacer votar a los adolescentes

Anibal Fernandez

El proyecto del senador Aníbal Fernández que autoriza el voto optativo de los jóvenes de 16 y 18 años reabre el debate que inició la convención constituyente de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, la que lo consagró para la elección de autoridades municipales; y se da, ahora, enrasidencial, apaña el adoctrinamiento en los colegios que lleva a cabo la C un contexto político en el que el kirchnerismo: impulsa la re-reelección presidencial; apaña el adoctrinamiento que la Cámpora comenzó a hacer en los colegios; e ignora las fracasadas experiencias habidas en el país y el rechazo que muestran las encuestas.

La mayoría de la Convención cordobesa votó ésta cláusula basándose, en parecidos argumentos políticos a los que invoca hoy el senador Fernández, asegurando que con ello se iba a incrementar la participación de la juventud en la política, algo que luego no se dio, ya que en las elecciones municipales de 1999 se empadronaron sólo 1200 jóvenes, en 2003  sólo 289; en la de 2007 se redujo a 39 y 337 se anotaron en 2011 para sufragar luego sólo 108, sobre unos 60 mil que lo podrían haber hecho.

Las Cartas Orgánicas de las ciudades cordobesas de Las Varillas, Bell Ville y Colonia Caroya imitaron luego a la de Córdoba capital y por ordenanza lo hizo San Francisco. La Carta de Zapala, en Neuquén, también lo adoptó. En Las Varillas, donde en 2007 votaron 9900 ciudadanos, se anotaron sólo 100 adolescentes y votaron nada más que 40.

Pocos países en el mundo lo admiten como: Cuba; Nicaragua; Irán -a partir de los 15 años-; Chipre, desde los 16; e Indonesia desde los 17. También lo permiten las Constituciones de Austria, de Brasil, de Ecuador; y en Eslovenia -si trabajan en forma remunerada-. En Brasil en 2007 sufragaron el 1,91 % de electores de 16 y 17 años; en 2008 el 1,19%; en 2009, el 1,47% y el 2010 el 1,76%, o sea 2.391.093 votos 16 y 17 años sobre un total de 135, 6 millones.

Las razones que formulé como constituyente en la Convención de 1995, para oponerme al voto de los adolescentes, y que también valen hoy, fueron las siguientes:

  • El entusiasmo y participación juvenil que se dio cuando se recuperó la democracia en 1983 de a poco se fue apagando, y la aparición de algunos grupos juveniles que apoyan al actual gobierno nacional, y que son bien retribuidos por el mismo con empleos y otros beneficios, no son suficiente demostración de que aquel entusiasmo y participación inicial intensificó.
  • El fijar la edad de 16 años para votar; y no la de 14 o 17, debe fundarse en razones que justifiquen el por qué se impone ésta gran responsabilidad a los chicos, en una etapa de su vida en que maduran y definen su personalidad.
  • Siguiendo al dictamen de la psicopedagoga Susana Carena de Peláez, afirmé que el periodo adolescente, que transcurre entre los 14 y 15 años, culmina con el acceso a los valores de la sociabilidad abstracta y a la elaboración de una escala personal de valores. Es un período de transición y de ambivalencia entre aquellos aspectos de la personalidad que se encuentran más definidos, como el dominio de su cuerpo, de las relaciones sociales concretas y de aquellos aspectos afectivos que se encuentran en ebullición. Esta etapa se caracteriza por la ambivalencia fundamental del impulso evolutivo, la relativa incoherencia e inestabilidad de las tendencias que lo acompañan, ya que a través de las divergencias, fluctuaciones, vaivenes y vacilaciones, se realiza un trabajo de síntesis que culminará con la reconstrucción de la personalidad.
  • El periodo de los 16 y 17 años tiene cuatro hechos que lo caracterizan: el descubrimiento del “yo”; la tendencia al aislamiento y a la soledad; la afirmación de si mismo en un fenómeno de embriaguez intelectual y la necesidad de romper con los conformismos sociales y la liberación del “yo”.
  • En esta etapa fundamental de la vida del adolescente, que en los últimos tiempos se ha extendido en el  tiempo, es cuando se le quiere asignar esta nueva y trascendente responsabilidad, lo que les exigirá una maduración anticipada que lo obligará a salir de sí mismo, de anticiparse en esa búsqueda de su propia personalidad y a confiar- a lo mejor- en la imagen de algún líder de ocasión que puede encandilarlo circunstancialmente.

No hay duda que hay excepciones y causas que explican en algunos casos una maduración anticipada, como me ocurrió a mí que me inicié en la política como dirigente estudiantil a los 17 años, en un momento de gran tensión política, pero las excepciones sólo confirman la regla.

¿Vale la pena forzar la maduración de los adolescentes en pro de una participación que nadie pide, ni le agrega nada positivo a una personalidad en búsqueda, muchas veces escasa de modelos dignos de imitación y de estímulos gratificantes? ¿No sería mejor tratar de resolver antes otras necesidades como: salir de la extrema pobreza, evitar la repitencia y el abandono escolar, o de acceder a un empleo decente?

Los políticos, como servidores públicos, tenemos que preguntarnos si con esto se ayuda a mejorar la vida de los adolescentes o les estamos, mezquinamente, pidiendo el voto.

Córdoba, septiembre de 2012.

La Constitución como parapeto de los jubilados cordobeses

José Manuel De la Sota

La Constitución de Córdoba al disponer que: “El Estado Provincial (…) asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales  a la remuneración del trabajador en actividad” (Art. 57) ha fijado una garantía que ha servido y sirve de parapeto para sostener los beneficios previsionales de los pasivos provinciales frente a los embates que se han ideado contra los mismos, como: Cuando el gobernador Ramón Mestre dictó el decreto 1777/95, que rebajó los beneficios un 18%, tomando como base el ingreso líquido de los activos en vez del bruto –contrariando una modalidad adoptada hace muchos años por todos los sistemas previsionales del país- lo que fue insólitamente convalidado por el Tribunal Superior, y, lógicamente, descalificado luego por la Corte Suprema; y ahora, con la ley express 10.078 que dispone que “El reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrán efecto a partir de los cientos ochenta (180) día computados desde la fecha que fuera percibida la variación salarial.” (Art. 4º) Que literalmente no dispone que la postergación significa que el Estado se engulle los siete meses de aumento de los activos y que no fueron pagados a los pasivos, sino que los tendrá que abonar, con la correspondiente retroactividad, pasado los 180 días desde que lo cobre el activo. Lo allí escrito no parece que hubiera sido la intención de los autores del proyecto, a estar por algunas declaraciones posteriores de los mismos, que al explicar los beneficios económicos para las finanzas provinciales dan a entender que no se abonará a los pasivos las retroactivamente de los siete sueldos anteriores reajustados a los activos. El perjuicio para los jubilados, a estar por esta interpretación literal, es que nada se ha previsto de abonar la indexación y los intereses de este postergado pago en un momento en que Argentina tiene una de las inflaciones más alta del mundo. Si prevalece la interpretación de que la Caja no debe pagar los aumentos de los siete meses el perjuicio es por demás significativo. Contra estos atropellos no queda otra que invocar la referida cláusula constitucional que garantiza que los beneficios jubilatorios son “móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad.”  Pero los haberes de los pasivos pueden ser reducidos también con la inconstitucional delegación de potestades prevista en esta misma ley, que contradice la prohibición de hacer dichas delegaciones establecida en el artículo 13 de la Constitución, por la que “El Poder Ejecutivo podrá modificar los porcentajes de aportes personales y contribuciones patronales”, ya que a través de esta potestad el gobernador, si dispone reducir el alto porcentaje que se les descuenta al salario de los activos como aporte para la Caja, podría encubrir un “aumento”, que luego no le sería otorgado a los pasivos. Municipios y Comunas La Ley 10.077, aprobada el mismo día que la anterior, que bien denuncia el Acuerdo por el que las provincias -entre las que estaba Córdoba-, cedían el 15% de la coparticipación al Gobierno Nacional, tiene una disposición que perjudica a los Municipios, cuando dispone: “Aféctase el incremento de los recursos de la coparticipación federal de impuestos generado con motivo de la denuncia del acuerdo formulado en la presente norma a la Caja de Jubilaciones (…), hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra. El remanente formará parte de los recurso que por ley se coparticipan con los municipalidades y comunas (…)” (Art. 3º) Ello también es contrario a la Constitución provincial cuando regla que “Las Municipalidades disponen de los siguientes recursos: (…) Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al veinte por ciento (…)” (Art. 188 Inc. 3).  La solución constitucional, a la inversa de lo que dispone la referida ley, es que sobre el 15 % de la coparticipación federal recuperado debe extraerse el porcentaje destinado a los Municipios y Comunas, que no puede ser inferior al 20 %, y del resto, que le queda a la Provincia, se destinarán los recursos que necesita la Caja de Jubilaciones. Si a la Provincia no le alcanzan los recursos para abonar la actualización de los haberes de los activos y de los pasivos, no tiene por qué postergar sólo el de los pasivos, ya que ello implica una inaceptable discriminación al sector más débil, los jubilados y pensionados, que sólo se diferencia de los activos en que no pueden ejercer el derecho de huelga, ni, por ello, paralizar el funcionamiento de las reparticiones del Estado. Córdoba, Agosto de 2012.

A 25 Años de la vigencia de la Constitución de Córdoba, Argentina

Jacques Maritain

Dignos como persona

Desde el 30 de abril de 1987 está vigente la quinta Constitución de Córdoba que en su preámbulo declaró como su primera finalidad: “de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.”

Pero, ¿qué significa dignidad?

Es fácil la respuesta por la negativa: lo contrario de indigno, pero si lo intentamos por la afirmativa la explicación es más ambigua, como la del Diccionario de la Academia cuando la define como: “Excelencia, realce” o “Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse”

La dignidad de la persona humana surge de su naturaleza espiritual y material, de su conciencia racional y libre, de su destino trascendente, y es lo que hace al hombre diferente y lo pone por encima de los demás seres de la creación, y para que estos le sirvan para alcanzar su destino temporal y sobrenatural. La dignidad merece respeto y permite a las personas sentirse pleno y satisfecho.

En la Constitución –que emplea 30 veces la palabra persona- veremos que la dignidad se muestra cuando afirma que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (Art.4). Cuando declara: “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.” (Art.5); que las “(…) personas (…) son libres e iguales ante la ley y no admiten discriminaciones” (Art. 7); que esta garantizada “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (Art. 9); como la “libre iniciativa privada y actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (Art.10) y que “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano” (Art. 66).

Hay un capítulo dedicado a los “Derechos personales” y cuando enumerar los derechos sociales expresa: “Todas las personas en la provincia tienen derecho (…)” (Art. 23), y los mismos se reconocen en su condición de padre (Art. 62 Inc. 5), hijo (art.34 y 62 Inc.5), mujer (Art. 24), niño (Art. 25), joven (Art. 26), anciano (Art.28), discapacitado (Art.27), preso (Art. 44), consumidor (Art.29), litigante, ciudadano, funcionario, magistrado o empleado público. Está garantizada la intimidad personal, familiar, de su morada y en las comunicaciones (Arts. 50, 45 y 46).

En el capítulo de las “Asociaciones y Sociedades intermedias”, que las personas integran a partir de la familia y como miembros de la sociedad política, se exalta la dimensión social del hombre. Al referirse a las “Políticas Especiales del Estado”, declara “la economía al servicio del hombre” (Art. 67), las refiere a su bienestar (Art. 56), a su salud (Art. 59), a su participación en los adelantos tecnológicos (Art. 64), y al gozo del medio ambiente (Art. 66). Declara que: “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (Art. 61).

Los cambios que ocurren en las sociedades trastocan la vida de las personas y ponen en crisis su escala de valores. Las constituciones -producto de estos cambios y que se dictan, generalmente, en épocas de crisis- sirven para organizar la sociedad, dar sentido al orden normativo y para declarar principios y exaltan valores que orienten el destino de las sociedades y de quienes la componen. Cuando los cambios y las crisis oscurecen el rumbo de sus existencias, es bueno consultar a esta suerte de brújula, que es la Constitución, para saber a donde estamos parados.

Volver a estos criterios implica adoptar una óptica que:

* Si nos referimos a la política en vez de analizarla privilegiando los intereses de partidos, de hegemonías, o de políticos, como ocurre muchas veces, lo hagamos a partir del ciudadano;

* Si debatimos sobre educación, pensemos primero en el educando y no a lo que es útil para la producción o los “modelos”;

* Si nos referimos a la salud preservemos la vida de la persona desde la concepción y hasta su muerte natural;

* Si de la economía se trata, pongámosla al servicio del hombre y no de la producción capitalista o de falsos nacionalismos;

* Si hablamos de inseguridad, enfoquemos el análisis desde la persona que la padece y de quién delinque, preguntándonos por qué lo hace y como puede ser corregido e integrado a la sociedad;

* Si nos referimos al ambiente, preservémoslo para nosotros y para nuestra posteridad, y no para servir a mezquinos intereses;

* Si el problema es la droga u otras adicciones, comencemos por los que la consumen o la han adquirido, indagando el por qué lo hacen, y como se puede recuperar a los adictos, para combatir, luego, al infame negocio que lucra con ellos.

Jacques Maritain decía que el humanismo “tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia”  y, agregaba, “requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad.”

La Constitución nos recuerda, a un cuarto de siglo de su vigencia, que somos dignos.

Córdoba, Abril de 2012.

Corte Suprema de Justicia de la Nación vs. Tribunal Superior de Córdoba

Palacio de Justicia de la Nación

Palacio de Justicia de la Nación

El Tribunal Superior de Córdoba en 2011 dictó 1119 sentencias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese mismo año, sólo dictó 173 fallos en los que resolvía recursos en contra de las sentencias de dicho Tribunal Superior, en los que sólo se revisaron 16, de los cuales 14 fueron revocados y 2 confirmados. El resto fueron rechazados: 48 por defectos de redacción (Acordada 4/ 2007), otros 48 por “falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia” (Art. 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial) y 43 por no refutar, en los recursos, los argumentos de las sentencias impugnadas.

Ello nos permite afirmar que:
• Son muy pocas las sentencias del Tribunal Superior que llegan recurridas a la Corte, tribunal que en el año 2010 dictó en total 14.907 sentencias.
• Muchos recursos extraordinarios (Art. 14 de la ley 48) son rechazados por el Tribunal Superior, donde se interponen, luego de una larga espera (algunos pasan los 12 meses), y los que apelan no siempre recurren en queja ante la Corte cuando se los deniegan.
• Los recursos que llegan a la Corte son con frecuencia defectuosos en su redacción o no están bien fundados.
• La gran mayoría de los fallos del Tribunal Superior son revocados, en los pocos casos que la Corte los revisa.

La escasa cantidad de recursos que llegan desde Córdoba a la Corte se explica por: el alto costo que significa para los litigantes del interior tramitar recursos ante el Alto Tribunal ya que se les exige constituir domicilio en Buenos Aires, los escritos de queja deben ser ingresados por Mesa de Entradas en la Capital Federal, acompañando de un depósito de $5000 que debe hacerse en el Banco Ciudad de Buenos Aires, que no tiene sucursales en el interior del país. Esto obliga a contratar a abogados de Buenos Aires para fijar domicilio y hacer estos trámites.

Los abogados matriculados de todo el país están habilitados para patrocinar o representar a sus clientes ante la Corte Suprema, lo que no siempre significa que estén preparados para asumir esta responsabilidad. Esto explica, en parte, el por qué de tantos recursos rechazados por defectuosos.

Para superar las desventajas que tienen los abogados del interior para litigar en la Corte debería permitirse que los recursos se puedan presentar por Internet o por correo, sin necesidad de constituir domicilio, ni tener que hacer un depósito en un banco porteño. Las notificaciones y traslados se podrían hacer también en forma electrónica a los estudios ubicados en provincias. La Acordada 31/11 del 13/12/2011 del Alto Tribunal en la que se reglamentó el domicilio digital es un paso positivo en este sentido.

Nuestra experiencia profesional en denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, nos demuestra que las mismas, pueden tramitarse desde nuestro país, sin tener que constituir domicilio, ni tener que contratar abogados en la Capital de los Estados Unidos, ni viajar a esa ciudad para hacer las denuncias, evacuar los traslados, o recibir notificaciones o cualquier tipo de información atinente a dichos trámites. El Internet y el correo son los medios adecuados para hacer estos trámites.

Es ridículo que las normas procesales exijan todavía, en la era informática, para presentar un recurso de queja el plazo de 5 días hábiles, más un día por cada 200 kilómetros, o fracción que no baje de 100, entre la ciudad donde se denegó el recurso extraordinario y la Capital Federal. Esto nos recuerda la época de las carretas. Estas distancias hoy han sido superadas por los medios informáticos, lo que exige una pronta reforma de las normas procesales. La reciente Acordada 31/11 de la Corte que exige constituir domicilio electrónico es un avance.

La Constitución argentina, a diferencia de su modelo norteamericano, unificó la legislación de fondo a través de los códigos que dicta el Congreso y encomendó a la Corte Suprema velar, en los casos judiciales, su aplicación, para lo cual debe armonizar los criterios interpretativos de los tribunales provinciales.

El Tribunal Superior cordobés, en los casos antes indicado, no siempre interpreta la Constitución Nacional y Provincial con los criterios de la Corte Federal, como ocurrió, cuando permite:
• reducir la jubilaciones, contrariando la prohibición de la Constitución Provincial;
• admitir el impuesto a la valija; o
• al no declarar inconstitucional la ley de riesgo de trabajo para indemnizar enfermedades no previstas en su listado o hacer posible la acción civil para resarcir daños superiores a los topes establecidos por dicha ley.

Estas diferencias de criterios han dado lugar a muchos y extensos pleitos, y a que se mantengan vigentes normas provinciales y municipales inconstitucionales.

No comparto las razones de la Corte para declarar inconstitucional el artículo 58 de la Constitución provincial al declarar que “la vivienda única es inembargable”.

La doctrina judicial y de los autores de Córdoba ha sido siempre relevante en el país, pero ello no justifica que judicialmente seamos una “isla” o practiquemos un “cordobesísimo” que nos aparte del orden que impone la Constitución.

Córdoba, marzo de 2012.