El “escrache” a los contribuyentes de Villa María

Concejal Georgina  Etchegaray

Concejal Georgina Etchegaray

La ordenanza general impositiva modificada, por 8 votos contra 4, por el Concejo Deliberante de Villa María autoriza a publicar los nombres de algunos contribuyentes, que hubieren incurrido en evasión o fraude viola el secreto fiscal y el derecho natural a la intimidad, proclamado como principio de reserva en la Constitución Nación, cuando dice que “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.” (Art. 19): y a la Constitución de la Provincia cuando dispone que “Toda persona tiene derecho a conocer lo que de él conste en forma de registro (…) Dichos datos no pueden registrarse con propósitos discriminatorios de ninguna clase ni ser proporcionados a terceros, excepto cuando tenga un interés legítimo.” (Art. 50)

La referida Ordenanza impositiva declaraba, como lo hacen todas las normas de igual tenor, que “Las declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante el Organismo Fiscal son secreto en cuanto consignen informaciones referentes a situaciones u operaciones económicas o de sus familiares. El deber del secreto no alcanza para que el organismo fiscal utilice las informaciones para verificar obligaciones tributarias distintas de aquellas para las cuales fueron obtenidas. Tampoco rige frente a pedidos de organismos nacionales, provinciales o municipales.” (Art. 46),

El agregado que reforma este artículo y que criticamos votado por los concejales oficialistas de Villa María dispone: “No están alcanzados por el secreto fiscal de los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de las determinaciones de oficios firmes y de los ajustes conformados, a nombre del contribuyente o responsable. La administración municipal de ingresos públicos, queda facultada para dar a publicidad esos datos, en la oportunidad y condiciones que ella establezcan.”

Entendemos que el “escrache” es una agresión que no llega a ser cruenta contra aquellas personas a las cuales sus ofensores procuran menoscabar simbólicamente delante de la sociedad y ello se agrava, en este caso, por no haberse previsto conceder el derecho de defensa ni que se respete la garantía del debido proceso legal adjetivo para el contribuyente “escrachado”, lo que es violatorio también del la Ley Fundamental Nacional (Art. 18) y Provincial (Art. 39). Recordemos que se ha dicho algo que está claro con lo que dispone esta ordenanza: “Si no hay Justicia, hay escrache”.

La concejal demócrata cristiana Georgina Etchegaray–que votó en contra del agregado-señaló acertadamente que sucedería, por ejemplo, si luego de la publicación un fallo judicial determinaba que la persona no era deudora, ya que sólo una sentencia firme puede condenar a un contribuyente como deudor. La publicidad anticipada de estos datos le causaría un daño, lo que haría más evidente la inconstitucionalidad planteada.

Los derechos humanos de los contribuyentes también merecen ser respetados.

Córdoba, Diciembre de 2012.

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La Constitución como parapeto de los jubilados cordobeses

José Manuel De la Sota

La Constitución de Córdoba al disponer que: “El Estado Provincial (…) asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales  a la remuneración del trabajador en actividad” (Art. 57) ha fijado una garantía que ha servido y sirve de parapeto para sostener los beneficios previsionales de los pasivos provinciales frente a los embates que se han ideado contra los mismos, como: Cuando el gobernador Ramón Mestre dictó el decreto 1777/95, que rebajó los beneficios un 18%, tomando como base el ingreso líquido de los activos en vez del bruto –contrariando una modalidad adoptada hace muchos años por todos los sistemas previsionales del país- lo que fue insólitamente convalidado por el Tribunal Superior, y, lógicamente, descalificado luego por la Corte Suprema; y ahora, con la ley express 10.078 que dispone que “El reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrán efecto a partir de los cientos ochenta (180) día computados desde la fecha que fuera percibida la variación salarial.” (Art. 4º) Que literalmente no dispone que la postergación significa que el Estado se engulle los siete meses de aumento de los activos y que no fueron pagados a los pasivos, sino que los tendrá que abonar, con la correspondiente retroactividad, pasado los 180 días desde que lo cobre el activo. Lo allí escrito no parece que hubiera sido la intención de los autores del proyecto, a estar por algunas declaraciones posteriores de los mismos, que al explicar los beneficios económicos para las finanzas provinciales dan a entender que no se abonará a los pasivos las retroactivamente de los siete sueldos anteriores reajustados a los activos. El perjuicio para los jubilados, a estar por esta interpretación literal, es que nada se ha previsto de abonar la indexación y los intereses de este postergado pago en un momento en que Argentina tiene una de las inflaciones más alta del mundo. Si prevalece la interpretación de que la Caja no debe pagar los aumentos de los siete meses el perjuicio es por demás significativo. Contra estos atropellos no queda otra que invocar la referida cláusula constitucional que garantiza que los beneficios jubilatorios son “móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad.”  Pero los haberes de los pasivos pueden ser reducidos también con la inconstitucional delegación de potestades prevista en esta misma ley, que contradice la prohibición de hacer dichas delegaciones establecida en el artículo 13 de la Constitución, por la que “El Poder Ejecutivo podrá modificar los porcentajes de aportes personales y contribuciones patronales”, ya que a través de esta potestad el gobernador, si dispone reducir el alto porcentaje que se les descuenta al salario de los activos como aporte para la Caja, podría encubrir un “aumento”, que luego no le sería otorgado a los pasivos. Municipios y Comunas La Ley 10.077, aprobada el mismo día que la anterior, que bien denuncia el Acuerdo por el que las provincias -entre las que estaba Córdoba-, cedían el 15% de la coparticipación al Gobierno Nacional, tiene una disposición que perjudica a los Municipios, cuando dispone: “Aféctase el incremento de los recursos de la coparticipación federal de impuestos generado con motivo de la denuncia del acuerdo formulado en la presente norma a la Caja de Jubilaciones (…), hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra. El remanente formará parte de los recurso que por ley se coparticipan con los municipalidades y comunas (…)” (Art. 3º) Ello también es contrario a la Constitución provincial cuando regla que “Las Municipalidades disponen de los siguientes recursos: (…) Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al veinte por ciento (…)” (Art. 188 Inc. 3).  La solución constitucional, a la inversa de lo que dispone la referida ley, es que sobre el 15 % de la coparticipación federal recuperado debe extraerse el porcentaje destinado a los Municipios y Comunas, que no puede ser inferior al 20 %, y del resto, que le queda a la Provincia, se destinarán los recursos que necesita la Caja de Jubilaciones. Si a la Provincia no le alcanzan los recursos para abonar la actualización de los haberes de los activos y de los pasivos, no tiene por qué postergar sólo el de los pasivos, ya que ello implica una inaceptable discriminación al sector más débil, los jubilados y pensionados, que sólo se diferencia de los activos en que no pueden ejercer el derecho de huelga, ni, por ello, paralizar el funcionamiento de las reparticiones del Estado. Córdoba, Agosto de 2012.

A 20 Años de aprobado el Convenio 169 de la OIT sobre Indígenas y Pueblos Tribales

Comunidades aborígenes de Jujuy

Tuve el honor, siendo diputado de la Nación, de presentar el primer proyecto de ley; que consensuado luego con los de otros colegas (Marcelo López Arias –que lo presentó como proyecto de declaración y luego se lo modificó para convertirlo en proyecto de ley y al que acompañaban otros diputados-, Salvador Formosa y Juan Ayala), fue sancionado en la Cámara que integraba en la sesión del 30 y 31 de octubre de 1991, luego en el Senado el 4 de marzo de 1992, y, más tarde, fue promulgado de hecho, el 7 de abril de ese año, como ley 24.071; que aprobó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que había sido aprobado el 7 de junio de 1989 en la 76ª Conferencia General en de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrada en Ginebra,  Suiza; y que había entrado en vigencia a nivel internacional el 5 de septiembre de 1991. En la redacción de mi proyecto intervino el abogado Horacio Moavro y el diputado Héctor Gatti lo acompañó con su firma

Dicha ley se publicó en el Boletín Oficial el 20 de abril de 1992 y el Poder Ejecutivo dictó el Instrumento de Ratificación recién el 17 de abril de 2000, y fue depositado en la OIT el 3 de julio de ese año. Según dispone: “este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación” (Art. 38.3), por lo que el mismo rige en nuestro país desde el año 2001.

El Convenio

El Convenio, divididos en 10 partes, tiene 44 artículos, y en su breve introducción se invoca el “Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales,”  del Convenio 107 de 1957,  y declara que:

“Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos (indígenas) a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;”

Entre sus disposiciones merecen destacarse:

  • En la Parte I, que trata sobre “Política general”, la afirmación de que: “La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio” (Art. 1.2) y que “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos” (Art. 3.1). Además reza que: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.” (Art.12)
  • Con el título: “Tierras”, dispone en la Parte II, que “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.” (Art.14.1). Esto último tiene una escasa aplicación porque es pobre la atención y apoyo gubernamental y escaso el que le presta la sociedad en su conjunto, con muy pocas excepciones.
  • En la Parte III dispone sobre “Contratación y condiciones de empleo”, que: “Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.” (Art. 20.1) Esto tiene una casi nula aplicación y control por  parte de los organismos gubernamentales encargado de hacerlo.
  • En la IV, que se refiere a “Formación profesional, artesanía e industrias rurales”, declara que: “Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos” (Art. 21).
  • En la Parte V, que norma sobre: “Seguridad social y salud”, se declara que “Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.” (Art. 24)
  • En la ParteVI  referida a “Educación y medios de comunicación”,  hay una disposición que dice: “Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.” (Art. 26)
  • En la Parte VII sobre “Contactos y cooperación a través de las fronteras”, rezaLos gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural y del medio ambiente.” (Art. 32)
  • En la Parte VIII hay reglas sobre “Administración”, y en las IX y X, titulados “Disposiciones generales” y “Disposiciones finales”, contienen disposiciones institucionales y de forma.

Constitución Nacional

Poco después de la ley que aprobó el Convenio, y al reformarse la Constitución de 1994, se agregó a su texto, como atribución del Congreso, el:“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” (Art. 76 Inc. 17). La casi totalidad de estos principios están contenidos en el Convenio de la OIT.

Leyes Nacionales

La ley 23,302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes de Argentina. (Boletín Oficial, 12 de Noviembre de 1985) y el  Decreto Reglamentario Nº 155/89.

La ley 24.544.aprobó el Convenio Constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América latina y el Caribe. (Boletín Oficial, 20 de octubre de 1995).

La.ley 24.956 (Boletín Oficial, 28 de mayo de 1998). incorporó al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 la temática de autoidentificación de identidad y pertenencia a comunidades aborígenes, mediante la ampliación de los módulos previstos en el mismo.

La.ley 25.517 dispuso que los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas debían ser puesto a disposición de las comunidades indígenas a las que pertenecían. (Boletín Oficial, 20 de diciembre de 2001).

La ley 25.549 Declaró de utilidad pública y adjudicó tierras a la Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T’oi. (Boletín Oficial, 31 de diciembre de 2001).

La ley 25.607 dispuso la Campaña de difusión de los derechos de los pueblos

indígenas. (Boletín Oficial, 18 de junio de 2002).

La ley 25.811 Declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación tierras de Lapacho Mocho.(Boletín Oficial, 1 de diciembre de 2003).

La ley 26.206 de Educación Nacional dispone: “Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a sus lenguas y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as” (Art. 11 Inc. ñ)

Constituciones, leyes y disposiciones provinciales

Hay disposiciones sobre los derechos de los indígenas en las constituciones de las provincias de Buenos Aires (Art. 36 Inc.9), de Chubut (Art.34 y 95), de Salta (Art. 15), de Jujuy (Art.50), de Río Negro (Art. 21 y 42), de Neuquén (Art. 239 Inc. d), de Formosa (Arts. 48, 79 y 93 Inc. 10), La Pampa (Art. 6º) y la de Chaco (Art. 37).

En la provincia de Chaco se dictó ley provincial 3.258.de las comunidades indígenas y creó el Instituto del Aborigen Chaqueño. (Boletín Oficial, 5 de junio de 1987) y la ley 4.617 facultó al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con pobladores no aborígenes que habitan zonas de reserva de comunidades indígenas. (Boletín Oficial, 28 de julio de 1999). La ley 4.801 modificó artículos 13 y 14 de la ley 3.258 (de comunidades aborígenes) y sustituye término mataco por wichi. (Boletín Oficial, 17 de noviembre de 2000).

En la provincia de Chubut se dictó la ley 2.378 de Mensura y amojonamiento de tierras. Rawson. (Boletín Oficial, 15 de octubre de 1984). La ley 3.247 creó la Comisión Provincial de Identificación y Adjudicación de Tierras a las Comunidades Aborígenes. (Boletín Oficial, 10 de enero de 1989). La ley 3.510 de Reconocimiento de Comunidades Indígenas radicadas en la provincia. (Boletín Oficial, 30 de marzo de 1990). La ley 3.657 de creación del Instituto de Comunidades Indígenas. (Boletín Oficial, 30 de agosto de 1991). La ley 3.765. Instituto autárquico de colonización y fomento rural. (Boletín Oficial, 9 de noviembre de 1992). La ley 4.013 que creó el registro de comunidades indígenas de la provincia del Chubut. (Boletín Oficial, 19 de octubre de 1994).

En la provincia de Formosa se dictó la ley 426 integral del aborigen en la que se crea el Instituto de Comunidades Aborígenes. Formosa. (Boletín Oficial, 20 de noviembre de 1984). Se dictó el Decreto 983/2003. Convocatoria a elecciones en las comunidades aborígenes para elegir director. (Boletín Oficial, 11 de julio de 2003). Se dictó la Resolución 120/2002 que autoriza a comunidades aborígenes a practicar la caza de subsistencia.. (Boletín Oficial, 22 de abril de 2002).

En Mendoza se dictó la ley 6.920 que reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la Provincia de Mendoza. La ley 6.920. Reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la Provincia de Mendoza. (Boletín Oficial, 9 de octubre de 2001).

En la provincia de Misiones se dictó la ley 2.727 de Aborígenes – Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes – Creación – Comunidades Guaraníes –  y deroga ley 2.435. (Boletín Oficial, 27 de diciembre de 1989). La ley 3.773 de creación del Registro de Nombres Aborígenes de Misiones. (Boletín Oficial, 6 de agosto de 2001).

En la provincia de Río Negro se dictó la ley 2.200 de reserva de tierras para radicación. Agrupación Indígena Cañumil. (Boletín Oficial, 7 de diciembre de 1987). La ley 2.233 creó la Comisión de Estudio del Problema Indígena de la Provincia de Río Negro.. (Boletín Oficial, 19 de septiembre de 1988). La ley 2.287 sobre Recursos humanos. Población indígena. (Boletín Oficial, 2 de enero de 1989). La ley 2.641 que otorga titulo de propiedad en forma gratuita a integrantes de la reserva indígena Ancalao. (Boletín Oficial, 26 de julio de 1993).Ley 2.641. Otorga titulo de propiedad en forma gratuita a integrantes de la reserva indígena Ancalao. Viedma, 17 de junio de 1993. (Boletín Oficial, 26 de julio de 1993).

En la provincia de Salta se dictó la ley 4.086 de Reservas indígenas. (Boletín Oficial, 12 de enero de 1966). La ley 4.517 sobre Reserva indígena provincial. (Boletín Oficial, 17 de octubre de 1972). La ley 5.675 que aprueba el  Convenio sobre la formación de secciones de baqueanos aborígenes. (Boletín Oficial, 3 de noviembre de 1980). Ley 6.067. Convenio sobre promoción integral de familias aborígenes chaqueñas. (Boletín Oficial, 9 de marzo de 1983). Ley 6.373 sobre promoción y desarrollo del aborigen. (Boletín Oficial, 3 de julio de 1986). Ley 6.469 de regularización jurídica de asentamientos poblacionales. (Boletín Oficial, 9 de setiembre de 1987). Ley 6.570. La ley de colonización de tierras fiscales. (Boletín Oficial, 26 de diciembre de 1989). La ley 6.759 de creación del Museo Etnográfico en Tartagal. (Boletín Oficial, 4 de noviembre de 1994). La ley 7.121 referida a Desarrollo de los pueblos indígenas. (Boletín Oficial, 9 de enero de 2001).

En la provincia de Santa Cruz se dictó la ley 1.862 que creó el “Plan Cacique Limonao” de promoción y asistencia a las colonias Villa Picardo y Laguna Sirven. (Boletín Oficial, 2 de diciembre de 1986).

En la provincia de Santa Fe se dictó la ley 5.487 de creación de la Dirección Provincial del Aborigen. (Boletín Oficial, 3 de enero de 1962). La ley 10.701 de creación de escuela de educación inicial de comunidad mocoví en Recreo. (Boletín Oficial, 12 de diciembre de 1991). La ley 11.078 de comunidades aborígenes. (Boletín Oficial, 4 de enero de 1994). La ley 11.588 de desafectación de terreno en comuna de Berna Departamento General Obligado. Comunidad aborigen. (Boletín Oficial, 26 de octubre de 1998).

En de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas de Atlántico Sur se dictó la ley 405 de adjudicación de tierras a las Comunidades del Pueblo Ona de la provincia. (Boletín Oficial, 27 de julio de 1998). La ley 592 de adjudicación de tierras a las Comunidades del Pueblo Ona de la provincia: modificación. (Boletín Oficial, 5 de diciembre de 2003).

El Anteproyecto de Código

El “Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación” de la comisión integrada por Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, (creada por Decreto presidencial Nº 191/2011) incorpora entre los derecho reales “la propiedad comunitaria indígena” (Art. 1887 Inc. c) y Arts. 2028 al 2036) y declara que: “El titular de este derecho es la comunidad indígena registrada como persona jurídica. La muerte o abandono de la propiedad por algunos o muchos de sus integrantes no provoca la extinción de este derecho real, excepto que se produzca la extinción de la propia comunidad” (Art. 2029). Dispone, además, que: “La propiedad comunitaria indígena puede ser constituida: a) por reconocimiento del Estado nacional o de los Estados provinciales de la posesión inmemorial comunitaria; b) por usucapión; c) por actos entre vivos y tradición; d) por disposición de última voluntad. En todos los casos, la oponibilidad a terceros requiere inscripción registral. El trámite de inscripción es gratuito.” (Art. 2031) En otra parte dice que: “La propiedad indígena es exclusiva y perpetua. Es indivisible e imprescriptible por parte de un tercero. No puede formar parte del derecho sucesorio de los integrantes de la comunidad indígena y, constituida por donación, no está sujeta a causal alguna de revocación en perjuicio de la comunidad donataria.” (Art.2032) Y, añade, que: “La propiedad indígena no puede ser gravada con derechos reales de garantía. Es inembargable e inejecutable por deudas.” (Art. 2034)

Jerarquía Constitucional

En el Congreso se han presentado proyectos de ley para darle jerarquía constitucional al Convenio 169, algo que nuestra Carta Fundamental autoriza, exigiendo el “voto de las dos  terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara” (Art. 75 Inc. 22), y que su sanción sería muy oportuna al cumplirse en estos días el vigésimo aniversario de la promulgación de la ley 24.071.

                                               Córdoba, Abril de 2012.

La Codificación del Derecho Procesal Constitucional

Derecho Parlamentario, por Jorge Horacio Gentile

Lo sustantivo

La primera garantía que tienen los derechos humanos es la Constitución Nacional, complementada por las de las provincias, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y las instituciones políticas que ellas establecen: como la forma representativa y republicana de gobierno y federal de estado. Todo ello constituye el verdadero Código de Garantías que reconoce y protege nuestros derechos, y que debemos entender como la legislación sustancial o de fondo en esta materia.

A ello se agrega el control de supremacía constitucional, según la modalidad del judicial review o difuso, y que los jueces lo resuelven en los casos concretos; y que deviene de diferenciar las atribuciones del poder constituyente de los órganos del poder constituido, y que en nuestro país se ha desarrollado siguiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos a partir de caso “Marbury” de 1803, sin el cual la vigencia de la Constitución sería imposible.

Lo adjetivo

Lo que es necesario codificar, como legislación adjetiva, son los procesos judiciales constitucionales destinados a proteger específicamente los derechos, como son el hábeas corpus, el amparo, el hábeas data, el derecho de rectificación, de la información y las acciones o recursos de inconstitucionalidad.

En la actualidad estos procesos están regulados en forma deficiente, en normas dispersas, que merecerían ser sistematizada en un Código, como lo son otras materias de la legislación de fondo y de forma. A título de ejemplo podemos decir que el amparo está regulado todavía por 9 leyes, con modalidades diferentes, 8 de las cuales fueron dictadas antes de la reforma constitucional de 1994. Las dos primeras, y las más importantes, la ley 16.986 – que establece el amparo contra actos u omisiones de autoridad pública- y el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación en sus Artículos 321 inciso 8 y 498 (Ley 17.454 y sus reformas) –contra actos u omisiones de particulares-, fueron dictadas por gobiernos de facto, que con dichas disposiciones pretendieron limitar su empleo. El Amparo Impositivo, esta reglado por los artículo 86, 164 y 165 de la Ley 11683 (T. O. 1978 Ley 21.858); el Amparo por mora de la Administración por el Artículo 28 de la Ley 19.549 reformada por ley 21.858 de Procedimientos Administrativos; Amparo del elector reglado en el Código Electoral Nacional previsto en los Artículos 10, 11, 129 y 147 (Ley 19.945 y sus reformas); El amparo Sindical regulado en la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores en su Artículo 47: el Amparo del Código Aduanero en sus Artículos 1660 y 1661 (Ley 22.415); Amparo previsional de la ley 24.655 (Artículo 2 inciso d) y el ambiental reglado en el Artículo 30 de la ley 25.675.

El hábeas corpus está regulado, todavía, por la ley 23.098, dictada también antes de la reforma de 1994, y no prevé los casos de privación de la libertad física producida por particulares, ni la de desaparición forzada de personas, incluida en el artículo 43 de la Constitución.

No esta previsto en nuestra legislación nacional un procedimiento específico para la acción de inconstitucionalidad, lo que ha hecho que se la tramite a través del procedimiento de la acción de certeza, que en muchos casos, se traba discutiendo si hay o no certeza, lo que posterga o frustra el debate sobre la cuestión constitucional.

Tampoco está previsto por ley procedimiento alguno para declarar de oficio la inconstitucionalidad, lo que generalmente se hace sin escuchar antes a la partes; o para hacer valer el derecho de rectificación previsto en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, ni hay procedimiento específico para el amparo colectivo, previsto en el referido artículo 43 de nuestra ley Fundamental.

Respecto al derecho a la información no hay procedimiento judicial reglado para hacer cumplir los derechos reconocidos en el Decreto 1172/03 (BO 04/12/2003) en el que se aprueban los reglamentos generales “de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”, “para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”,”para la Elaboración Participativa de Normas”,”para el Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional” y “de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos”

Necesidad y alcance

Por ello es que creemos necesario que el Congreso de la Nación sancione un Código; que en distintas propuestas se ha dado en llamar de Garantías Constitucionales, o Procesal o de Procedimiento Constitucional, o de la Seguridad Personal –como mejor nos gusta denominarlo a nosotros-; con el propósito de regular y sistematizar los procedimientos de los procesos judiciales encaminados a proteger los derechos personales y colectivos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, y a asegurar la supremacía constitucional y de convencionalidad.

El proyecto, las leyes y el código

La idea de un código de procesos constitucionales nació en la provincia de Córdoba en la Convención Constituyente de 1987, que sancionó su quinta Constitución, en el proyecto que presentamos con los constituyente del bloque del Peronismo Renovador y la Democracia Cristina, en el que proponíamos el dictado de un Código de “Garantías Constitucionales (que establecerá el procedimiento del hábeas corpus, amparo, amparo por mora de la administración, acción de inconstitucionalidad, derecho de réplica, mandamos, acción popular en defensa de los intereses difusos, etc.)”, en el artículo 103 inciso 13 (Ver Diarios de Sesiones, Tomo I, página 246), disposición que no fue aprobada por esa Asamblea.

Más tarde, como diputado de la Nación, presenté un proyecto de Código de la Seguridad Personal (Trámite Parlamentario Nº 171 del año 1990), de 107 artículos, publicado en el libro de mi autoría: “Tercera Rendición de Cuentas como diputado de la Nación desde el 1º de setiembre de 1990 al 10 de diciembre de 1991”, que nunca fue tratado por la Cámara. Luego el mismo fue sancionado por ley 6.944 de la Legislatura de la Provincia de Tucumán con el nombre de Código Procesal Constitucional y con 111 artículos, con algunas pocas modificaciones que lo adaptaron para aquella provincia por iniciativa del legislador Sergio Díaz Ricci, quién había colaborado también en la redacción del proyecto que presenté en Diputados.

El proyecto lo redacté, con el propósito político de cumplir con la plataforma electoral de las elecciones de 1983 del Partido Demócrata Cristiano al que pertenezco, por las que nuestro país retornó a la Democracia, luego de un gobierno militar y una etapa política donde se atentó gravemente contra los derechos humanos, y por el deseo de todos los argentinos de que estos atropellos no volvieran a ocurrir.

En la Legislatura de Córdoba hace unos años el diputado Rafael Vaggione presentó un proyecto de Código de Procedimiento Constitucional redactado por el doctor Guillermo Barrera Buteler. El proyecto de Código de la Seguridad Personal, que presenté al Congreso fue presentado en dos oportunidades, en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, adaptado al nivel provincial, por los legisladores Juan Carlos de la Peña y Santiago Soleri. Una comisión del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba; integrada por José Daniel Godoy, Félix López Amaya, Carlos Valdez y Ricardo Vergara; redactó un ante proyecto de Código Procesal Constitucional, que fue concluido el 7 de agosto de 2011.

La idea del proyecto de Código tuvo por antecedente remoto el célebre Decreto de Seguridad Individual, aprobado por el Triunvirato el 23 de noviembre de 1811, de 9 artículos, y, por precedentes más recientes, la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, Número 7135 del 11 de octubre de 1989 (luego reformada por la ley 7209 del 7 octubre de 1990), que unía en un solo texto el hábeas corpus, el amparo y la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el sala cuarta del la Corte Suprema de Justicia de aquel país; y la ley de Procedimientos Constitucionales de la República del Salvador, del 14 de enero de 1960 (Decreto Legislativo Nº 2996 reformado por Decreto Legislativo Nº 45 del 6 de julio de 2006), que tiene 96 artículos y que el primero de ellos declara que “Son procesos constitucionales, los siguientes: 1)- El de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos; 2)- El amparo; y 3)- El de exhibición de la persona.” Fueron consejeros en el momento de la redacción los doctores Néstor Pedro Sagües y Adolfo Rivas y se tomaron en cuenta los proyectos de leyes de amparo de los diputados Jorge Reinaldo Vanossi y Jorge O. Folloni, que había entonces en la Cámara.

En Entre Ríos hay una ley 8369, del 4 de octubre de 1990; modificada por la 8640, del 27 de marzo de 1992; la 9550, del 23 de febrero de 2004; y la 9571, del 24 de junio de 2004, que reúne las normas procedimentales sobre el amparo, acción de ejecución, el hábeas corpus, de control de constitucionalidad -por vía directa-, recurso extraordinario de inconstitucionalidad y amparo ambiental.

En la provincia de Santa Fe esta vigente la ley 10.000 de parecido tenor y en Salta hay una ley que regula el hábeas corpus y el amparo. El diputado de dicha Provincia Marcelo Luis Gastaldi ha presentado un proyecto de Código Procesal Constitucional de 89 artículos, que “regula los procesos constitucionales derivados de las acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data e inconstitucionalidad, cuya finalidad esencial es la de garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales” (Art. 1).

La ley 28.237 aprobó el Código Procesal Constitucional del Perú, que entró en vigencia el primero de diciembre del año 2004, el que consta de un título preliminar y trece títulos, con 121 artículos, 7 disposiciones finales y 2 transitorias. Este código tiene por antecedente la ley 23.506 de Hábeas Corpus y Amparo, de 1982. Además de los principios generales el Código regula los procesos constitucionales del hábeas corpus, de amparo, de hábeas data, la acción de cumplimiento y el control de supremacía constitucional, mediante los procesos de acción popular ante el Poder Judicial; el proceso de inconstitucionalidad -por vía directa-, que se ventila ante el Tribunal Constitucional; y el proceso competencial, entre distintos entes estatales, que también es de conocimiento y decisión del Tribunal Constitucional.

Contenido del Código de la Seguridad Personal

Nuestro proyecto tenía un Título primero donde se establecían los “Principios generales”, donde, entre otros temas, se fijaba la competencia de los tribunales, la posibilidad de que los jueces declaren de oficio, en el caso concreto, la inconstitucionalidad normas y actos contrarios a la Constitución, debiendo oír antes a las partes.

En el Título segundo había cinco capítulos. El Capítulo primero que contenía las “Disposiciones generales”, donde se hablaba de la legitimación activa de las acciones de hábeas corpus y amparo, que lo podía intervenir cualquier persona interesada, sus defensores y el Ministerio Público; del horario extraordinario para interponer estas las acciones de hábeas corpus y el amparo, fuera de las horas hábiles; los términos perentorios; los plazos improrrogables; el impulso procesal de oficio; la competencia por materia; la conversión de la acción; las recusaciones que no son admisible cuando son sin causa; la gratuidad, las causales en caso de estado de sitio; la apelaciones, las quejas; procedimiento en la alzada; las costas y las sanciones por acciones maliciosas, entre otros temas.

El Capítulo segundo trata del hábeas corpus que garantiza la libertad física y ambulatoria de las personas, sin limitarlo, como hace la ley 23.098, al caso de las denuncias de actos “lesivos (que) emanen de autoridad nacional o provincial” (Art. 2), extendiéndolas a los casos que sean causado por particulares. Además, se amplían las causales, agregando el caso de las amenazas o limitaciones a la libertad ambulatoria que provengan de autoridad judicial; la restricción ilegítima al derecho de entrar y salir libremente del territorio argentino; cuando la misma exceda el plazo legal de la detención o de la condena; cuando haya ilegitimidad en la incomunicación del detenido o exceso en los plazos y condiciones establecidos por la ley; y cuando el hecho que motiva la detención no esté tipificado y penado en la ley vigente.

Hoy habría que explicitar el caso de la desaparición forzada de las personas, como indica el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el de los derechos de la personas por nacer cuando se la pretende extraer del seno materno para privarla de su vida (aborto). También en los casos que los jueces demoren el hacer efectiva la libertad de personas que han cumplido su condena o el traslado de una persona privada de su libertad a otra jurisdicción que ordenó su captura o que es competente para atender su causa.

También habría que hacerlo con los casos en que no se de incumplimiento o se infrinja la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se respeten los períodos de observación, tratamiento, prueba o de libertad condicional (Art. 12), y no se cumpla con el régimen de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, programas de prelibertad, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, prisión diurna, nocturna o trabajos para la comunidad y libertad asistida. O no se cumplan las normas que garantizan a los internos: higiene, vestimenta, alojamiento adecuado; además de educación, trabajo, asistencia médica y espiritual; o sus derechos de comunicación y relaciones familiares y sociales; o cuando el régimen disciplinario sea transgredido por las autoridades penitenciarias.

Otra causal del hábeas corpus podría ser ahora el incumplimiento de las medidas de seguridad curativa de desintoxicación y rehabilitación previstas en la ley 23.727 de Estupefacientes (Arbs. 16, 17 y 18).

Se amplía la competencia, hoy limitada a los jueces de primera instancia en lo criminal para la presentación y tramitación del hábeas corpus en la Capital Federal (artículo 8 inciso 1 de la ley 23.098) a todos los jueces de primera instancia, porque la libertad física o deambulatoria de las personas no es materia especializada de la que deban entender con exclusividad los jueces, del fuero penal, que instruyen las causas donde se puede castigar con la privación de la libertad a las personas que hayan cometido delitos; sino, todo por el contrario, a todos los jueces que están habilitado para entender en los amparos que protegen a los demás derechos.

No creemos tampoco que las acciones de amparo o de inconstitucionalidad deben ser atendidas por tribunales especializados, como está previsto en el Código de Tucumán, o como en algunas provincias que le dan competencia para atender la acción de inconstitucionalidad al Tribunal Superior o a su Corte Suprema provincial, creo que todos los jueces, antes de la especialidad que se les atribuye son jueces de la Constitución y tienen a su cargo el control de constitucionalidad. Estas acciones deben ser atendidas por cualquier juez y recurridas ante los tribunales encargados de revisar sus sentencias. No deben preverse, como en algunos proyectos, el recurso de casación, que revisa sólo los fundamentos de derecho, separándolo de los hechos algo que con razón fue cuestionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Casal, Matías” (20 de setiembre de 2005).

El proyecto crea el Registro de personas privadas de libertad, que abarca a las personas detenidas, privadas o restringidas en su libertad física, dependiente del Congreso de la Nación (el Art. 49 del Código de Procedimiento Constitucional de Tucumán lo creó y lo hace depender de la Corte Suprema provincial), al cual toda autoridad pública, nacional, provincial o municipal, debe comunicar, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la restricción a la libertad física de las una personas bajo su jurisdicción, informando la identidad y demás datos personales del afectado, clase y duración de la limitación, debiendo mantener actualizada la información. Existe en la provincia de Buenos Aires creado por las Leyes 13.203 y 13.284.

El Capítulo tercero se refiere al “Amparo”, en general, contra actos, omisiones u hechos de autoridad pública o particulares, con un plazo de caducidad de 90 días, sin necesidad de agotar la vía administrativa, las medidas cautelares y el procedimiento en general.

Después de la experiencia de los últimos años sería necesario revisar lo proyectado y ampliar lo referido a las medidas cautelares y agregar lo de la tutela anticipada.

El Capítulo cuarto trata de los “Amparos especiales”: el hábeas data, el electoral, el fiscal y aduanero, el por mora de la administración y el derecho de rectificación (este último fue suprimido por la Legislatura de Tucumán por lo que no integra el Código Procesal Constitucional de esa provincia). Hoy tendríamos que agregar el sindical, previsional y el ambiental, previstos en la legislación nacional, y el de la información sobre actos de gobierno o administrativos, en contra de las autoridades que se nieguen a suministrarla. La demora en expedir documentos de identidad o de inclusión en los padrones electorales o hacer cambio de domicilios en los mismos debería poder ser solucionada mediante una acción de amparo.

El Capítulo quinto se refiere a los “Amparos colectivos” que comprende a los de protección y de reparación de los intereses difusos. En estos tiempos habría que pensar en incluir también la acción de clase, tomando en cuanta la experiencia norteamericana y los proyectos que hay actualmente en el Congreso.

En el Título tercero se trata del “Control jurisdiccional de constitucionalidad”. En el Capítulo primero la que se hace “De oficio”, donde se contempla el traslado a las partes, cuando se estime que la norma aplicable puede adolecer de alguna objeción constitucional, antes del pronunciamiento. En el Capítulo segundo, la “Por acción” declarativa de inconstitucionalidad, para la cual no es necesario agotar la vía administrativa, y se establece un plazo de sesenta días para interponerla a partir de la publicación de la ley o del acto, o desde que se tenga conocimiento de ellos, sin tener en cuenta, como exige la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que la ley haya sido o no aplicada. La falta de presentación en tiempo y forma, por vía directa, no obsta el planteo por vía indirecta de la inconstitucionalidad.

En el Capítulo tercero se titula “Por apelación ante la Corte Suprema de Justicia”, con la queja, el depósito correspondiente y su devolución, y el writ of certiorari, similar al artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, y se establecen como causales las que están previstas en el artículo 14 de la ley 48 y los casos de sentencia arbitraria según la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora haría que agregar las recientes acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que regulan Los Amigos del Tribunal (Acordada Nº 28 del 2004); del reglamento de los escritos de los recursos extraordinarios y de quejas por denegación de aquel ante dicho tribunal, (Acordada Nº 4 del año 2007), con los ajustes y la flexibilidad que la doctrina ha señalado, y la que prevé las audiencias públicas: informativa: conciliatoria y ordenatoria (Acordada Nº 30 de 2007).

También se debería agregar, en este capítulo, lo referente al “control de convencionalidad” de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando aplica la Convención Americana sobre Derecho Humanos, de San José de Costa Rica, y lo referente al cumplimiento de sus sentencias, teniendo en cuenta lo resuelto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Cantos, José María c/ Santiago del Estero” (del 21 de agosto de 2003, con motivo de la sentencia del 28 de setiembre de 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Lo nuevo

Luego de las reiteradas desobediencias a las órdenes judiciales de la que son responsables funcionarios políticos, administrativos y de las fuerzas de seguridad, se hace necesario preveer sanciones, pecuniarias o de arresto, que los jueces puedan aplicar a los órganos o funcionarios que no las cumplan, y que se dispongan en casos de tutelas anticipadas, medidas cautelares o para ejecutar sentencias.

También podría preverse el recurso de atentado o de innovación, previsto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de Tucumán (Arts. 44 al 47), para resguardar el efecto suspensivo de un recurso, o cuando esta pendiente de resolución una recusación o una cuestión de competencia o un incidente que impida proseguir el juicio, e impedir que se ejecuten resoluciones o sentencias.

En nuestro proyecto se autorizaba la presentación de escritos por telegramas y cartas documentos, ahora habría que incluir todo lo que se puede hacer mediante los medios electrónicos y la red Internet como: presentar denuncias, escritos, recursos, correr traslados, notificar y acceder a la información respecto de los trámites que siguen los expedientes en los tribunales y en la administración pública, para lo cual no sería necesario constituir domicilio en la ciudades sede de los tribunales. El Registro de detenidos, que actualmente está creado como dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debería que estar informatizado.

También habría que reconocer la legimitación activa de los defensores del pueblo de todas las jurisdicciones -nacional, provincial y municipal- como interpreto que expresa el artículo 43 de la Constitución Nacional. La medidas autosatisfactivas y habría que ponerle límites al per saltum (no regulado actualmente en la legislación nacional e incorporado en el Art. 107 del Código Procesal Constitucional de Tucumán).

Nuestro Congreso tiene una deuda histórica con la Constitución cuando en el artículo 18 dispone que: “(…)El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.(…)”, ya que esta ley nunca fue dictada y, en su reemplazo y con criterios dispares y distintos, esta materia se encuentra regulada por distintas normas de fondo y de forma, en los distintos niveles del Estado. A esto hay que agregar los archivos digitales que tienen las computadoras y las comunicaciones por teléfonos móviles o fijos, que mediante órdenes judiciales o sin ellas son secuestrados o intervenidos, atentando, en algunos casos, contra el secreto profesional o la intimidad de las personas. Un capítulo de éste Código podría saldar la referida deuda y crear, además, un procedimiento eficaz para evitarlo o repararlo.

Reflexión final

Esta de más, señalar las ventajas que significaría unificar y sistematizar la legislación, actualmente dispersa, referida a la protección de los derecho personales y actualizarla incluyendo los nuevos institutos creados por la jurisprudencia, acordadas de la Corte y discutidas por la doctrina de los autores; además de los medios que la tecnología nos proporciona para perfeccionar, simplificar, agilizar y hacer más seguros los procedimientos judiciales y administrativos.

Con ello queremos reafirmar aquello que el 23 de noviembre de 1813 el Decreto de Seguridad Individual, declaró:

“Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. La posesión de este derecho, centro de la libertad civil, y principio de todas las instituciones sociales, es la que se llama seguridad individual.”

La Libertad Religiosa en la Educación de Córdoba

Juan Bautista Alberdi

El tema de hoy lo elegí luego de leer un graffiti, escrito en la pared del frente del Arzobispado de Córdoba cuando se debatía la última ley de educación –y que todavía está-, que dice: “No educarás. Fuera la Iglesia de nuestros colegios”, y que me recordó una frase que escuché en la época del gobierno militar de boca de un guardia de la Cárcel de Sierra Chica -una especie de campo de concentración que había al sur de la provincia de Buenos Aires- mientras hacía cola para ingresar y visitar a un preso político que defendía entonces, y que se lo dijo a una señora que estaba adelante mío en la fila: “La Biblia (que tenía en sus manos) no entra”; y, en esta exposición, me voy a circunscribir a lo que tiene que ver con la Educación religiosa en los colegios de gestión estatal en nuestra provincia, especialmente a partir del debate que hubo en la Convención Constituyente que en 1987 que dictó la quinta Constitución de la provincia de Córdoba, y que tuve el honor de integrar.

La Libertad Religiosa

Pero antes de llegar a este hecho histórico me parece importante significar lo que entiendo por el derecho humano a la libertad religiosa, para lo cual es bueno recordar las palabras que Jesús de Nazaret dijo en respuesta a una pregunta capciosa que le hicieron algunos fariseos y herodianos, a quienes les respondió: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21), ó aquella otra en la que expresó que: “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37). Siempre me ha parecido que estas frases deben haber impactado fuertemente en los judíos de entonces –entre los cuales estaban los primeros cristianos-; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regulaban sus conductas fue, para muchos de ellos, un obstáculo para entender el mensaje liberador y de alcance universal del Hijo de Dios.

Pero me animaría a afirmar, también, que esas palabras todavía no han sido bien entendidas por la humanidad de hoy, en el que incluyo a nosotros los cristianos, que durante estos veinte siglos y en estos tiempos les hemos dado las más diversas interpretaciones. De allí la dificultad que tenemos todavía para ubicar la religión o lo religioso en la sociedad política, y la relación que ello tiene con el Estado, que la gobierna, y las normas que lo rigen; especialmente en aquellas áreas de la sociedad civil, donde confluyen intereses y normas civiles y religiosas, y que podríamos denominar de carácter mixto, como son las referidas a: la preservación de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural; al matrimonio; a la familia; a la educación pública; a los medios de comunicación y a todo lo que tiene que ver con la cultura.

Acabo de participar en dos Simposios Internacionales sobre Libertad Religiosa; en Santiago de Chile, y en Provo, Utah, Estados Unidos de América; donde se revisó el estado de la Libertad Religiosa en el mundo y podemos afirmar que vivimos en la zona del planeta donde menos ataques hay al derecho humano a la libertad religiosa, aunque todavía falta mucho para que podamos afirmar que este derecho está debidamente reconocido y garantizado en el mundo y en nuestro país, a pesar de que hay normas constitucionales, tratados internacionales y leyes que los reconocen. En muchas partes del mundo judíos, cristiano, musulmanes o creyentes de otras religiones, padecen persecución, cárceles, exilios o son condenados a muerte por ser creyentes o practicar su fe.

Libertad de Conciencia, Religiosa y de Culto

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puedan hacerle otras personas o la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las leyes.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando reza; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o se asocia con otras personas para orar o celebrar su culto; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe entonces ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, son parte de la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros. Entendiendo por culto no solamente el conjunto de actos y ceremonias que expresan “veneración y respeto a un ser divino o sagrado”, como definen los diccionarios, sino también a lo que se relaciona con la cultura de un pueblo, de una nación, de un continente o de la humanidad en general.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política o civil y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puedan desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

La confesionalidad del Estado, en nuestro país, se abandonó cuando se dictó la Constitución de 1853, y no se aceptó que el Estado adoptara la Religión Católica como oficial, y quién fundamentó esta posición con más claridad fue un sacerdote católico, el convencional Benjamín Lavaysse, quién en aquella oportunidad expresó que: “(…) la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar el culto exterior (…).Que la religión, como creencia no necesitaba más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva. (…)”.

El bien entendido Estado laico -no laicista-, o secular, donde lo religioso está separado de la estructura estatal –sin que ello signifique ruptura-, no debe entendérselo como una Estado ateo, agnóstico o indiferente ante la religiosidad del pueblo y de la sociedad a la que sirve, y debe mantener con la Iglesias Católica, que es la más arraigada y que mayor número de fieles tiene en nuestro país, y con las demás  confesiones religiosas una relación regida por los principios de autonomía y cooperación. Lamentablemente nuestra Carta Fundamental de 1853 mantuvo, a pesar de la oposición de la Iglesia, el instituto del patronato para que el Estado siguiera interviniendo en la designación de los obispos de la Iglesias catedrales lo que fue dejado sin efecto en el Acuerdo con la Santa Sede de 1966, cuyos principios fueron incorporados al texto de la Constitución en la reforma de 1994.

Educación

En el caso de la educación si bien ya no se discute el derecho a enseñar y a aprender, ni el de la libertad religiosa; su ejercicio, algunas veces, es cuestionado en nombre de un laicismo trasnochado que todavía desconfía, con alguna razón, y teme de que lo que se quiere con ello es volver a usar la educación pública, de gestión estatal, con el propósito de “adoctrinar” a los educandos a favor de algún credo o confesión religiosa; cuando en realidad de lo que se trata es de cumplir con la finalidad de la educación que es contribuir al desarrollo integral de la persona humana, especialmente en lo que tiene que ver con su dimensión trascendente. Para ello es necesario trasmitir a los educandos la experiencia religiosa que la historia, la tradición y los textos sagrados nos han legado.

Las dificultades y problemas que enfrenta el hombre, en estos tiempos, como consecuencia del debilitamiento de la familia; la crisis moral; la desigualdad de oportunidades -especialmente en el plano educacional, laboral, y de ingresos-; la falta de conciencia y participación cívica, la desconfianza en los dirigentes, la inseguridad, la criminalidad, las adicciones, y la distancia entre religión y la vida, etcétera; nos obligan a volver sobre la necesidad de una mejor educación. Con hacer más severo el Código Penal no vamos a corregir la conducta desviadas de las personas.

Para lograr una mejor educación es necesario apelar no sólo a los conocimientos científicos y técnicos, sino también a los principios y valores universales de la moral y ética, que sólo la sabiduría práctica, estudiada por la filosofía y la teología, nos la pueden proporcionar. Ello nos plantea la necesidad de revisar nuestra educación pública, donde es necesario enfatizar los estudios sobre moral, ética, filosofía y teología, conocimientos en los que confluyen la razón y la fe religiosa.

Un  reciente estudio sobre la formación de los docentes -de nivel primario- en nuestra provincia nos dice que: la sociedad cordobesa prioriza la valoración de las competencias axiológicas de los maestros  –es decir la asunción de valores y la conducta ética–  las  que son señaladas como importantes en la formación por el 55, 5 % de los entrevistados. En este último aspecto,  debe destacarse que,  entre la población con mayor nivel de instrucción,  el  83.0% demanda a los maestros que transmitan y sean ejemplo de valores, mientras que,  entre aquéllos que no concluyeron el nivel medio,  la frecuencia de respuestas  es del 42.3%.  Más específicamente se reclama a los maestros que sean capaces de fomentar la solidaridad, la amistad (…)” (Centro de Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba  realizado por Susana Carena, Livio Grasso, Ángel Robledo y otros).

Los estudios sobre moral y religión no pueden estar ausentes de los planes de estudios de los establecimientos educaciones, sean ellos de gestión estatal o privados. Esto no significa que proponemos volver a la experiencia que a nivel nacional se dio entre los años 1943 y 1955[1], o que se viene dando en algunas provincias, como Salta, Tucumán y Catamarca donde se enseñó y enseña educación católica, para los católicos y moral para los que no lo eran o son, sino que se trata de hacer conocer lo religioso a través y según la interpretación de las distintas tradiciones y confesiones religiosas, permitiendo así un mejor desarrollo de la faz trascendente que tiene el educando como persona, y permitir que se enriquezca en los valores que adopte para sustentar su vida como persona y como integrante de la sociedad a la que pertenece. Ello le servirá también para decidir mejor y con ello cimentar los proyectos de vida que decida emprender.

No se trata de alimentar o de difundir la fe entre los educando, ya que ello se debe hacer en el hogar, en los templos o en las instituciones religiosas -como ocurre por ejemplo con los cursos de catecismo-, pero en las escuelas no se puede omitir el trasmitir a los alumnos el significado que tiene para las personas lo religioso, según las distintas tradiciones, con sus libros sagrados, sus ritos y la incidencia que ello ha tenido y tiene en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra legislación y en nuestro modo de vida. Esta omisión implica también una discriminación para aquellos que no pueden acceder a la educación pública de gestión privada donde esta enseñanza es impartida. Que respuesta le debe dar un docente a un alumno que pregunta por qué nuestra Constitución invoca a Dios, como lo hacen más de la mitad de la constituciones de los países que integran las Naciones Unidas. No hay justificativo para negarse a responder en nombre de una falsa neutralidad.

La ley 1420; dictada en 1884 y que se conoce como la que implantó “la enseñanza laica”, en realidad no prohibió la educación religiosa en los colegios del Estado sino que dispuso que: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases” (Artículo 8).

Con la “jornada extendida” o la “doble escolaridad”, que se impone en la actualidad cada día con mayor fuerza, ya no hay pretexto para que la educación religiosa se deje de hacer en las escuelas, al menos en el horario extendido y no con un criterio catequístico sino verdaderamente de educación religiosa. Lo que dispone la nueva ley provincial de educación (ley 9870 artículo 11 A) e) de que la misma debe estar; a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos” tampoco tiene sentido, por el tipo de educación religiosa que se propone, sino también  porque en la actualidad la educación religiosa en las universidades y escuelas confesionales, en casi todos los casos, está a cargo de laicos. No es indispensable que los maestros y profesores que les toque enseñar religión tengan que pertenecer a la misma religión que profesen sus alumnos, lo importa es que conozcan lo que tienen que trasmitir y que lo hagan objetivamente, como les toca hacer a los profesores que enseñan las distintas ideas o doctrinas políticas.

Si de valores y educación se trata el punto de partida tiene que ser la persona humana y el desarrollo de la personalidad dentro de una sociedad encaminada al bien común.

“La primera finalidad de la educación – como bien indica Jacques Maritain- es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre.”  

La educación, que se desarrolla en la familia, la escuela o en la universidad; no puede desentenderse del plan de vida que deberán adoptar los educandos. Una educación preocupada sólo por los medios, los métodos o por el destino laboral del alumno, pero desentendida del fin trascendente del hombre no es una educación integral; como no lo es la que se ocupa sólo de la ciencias, que indaga sobre las causas segundas, y no atiende a lo ontológico, en donde se interroga respecto de las causas primeras; o del destino trascendente de la persona, de lo que se ocupa la teología.

Declaraciones y normas internacionales

Estos propósitos están previstos en normas que en Córdoba no se cumplen, como la que disponen la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (Artículo 12,4) [2] y que se reitera casi textualmente en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales  (Artículo 13, 3); y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 18, 4) de 1966. [3] Dichos tratados de derecho humanos tienen, en nuestro país, jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución).

El Acuerdo firmado por el presidente Inacio Lula da Silva entre Brasil y la Santa Sede en el año 2008 admite la enseñanza religiosa la que se imparte en los horarios normales de las escuelas del Estado, como ocurre en otros países.[4]

Constitución de la Provincia

El rol que le cabe a lo religioso en la Constitución de la provincia de Córdoba, dictada en 1987, es bastante claro, por la influencia de la inspiración de la filosofía “personalista” de alguno de los convencionales que la integrabamos, lo que se muestra en el uso reiterado de la palabra persona (30 veces), que comienza en el preámbulo donde se indica como primera finalidad de la Constitución el: “exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos” y a donde, como en la Nacional, se invoca a “Dios, fuente de toda razón y justicia

En una de sus cláusulas declara que Son inviolables en el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.” (Artículo 5) Y en otra “reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.

Respecto de los derechos personales, es importante resaltar, que, entre otros, reconoce el de “la vida desde la concepción (…)” (Inciso 1) y “A la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica. (…)” (Artículo 19 Inciso 5)

Cuando se refiere a la Educación declara que su finalidad “es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria.(Artículo 61), y como principio de la política educativa dispone que debeAsegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. (…)” (Artículo 62 inciso 5)

Debate sobre educación religiosa en la Convención de 1987

En el debate de ésta dos últimas disposiciones está la esencia de lo que hoy queremos remarcar, ya que para su aprobación fue necesario acordar posiciones que históricamente había sido conflictivas, entre quienes habíamos sido protagonistas de posturas encontradas y que parecían imposible de conciliar, aunque después de sancionada la Constitución estas cláusulas quedaron como letra muerta ya que nunca se implementaron las políticas allí acordadas.

En la cocina de la Asamblea los que postulaban los principios de la “enseñanza laica”, y que seguía la tradición de la ley 1420 y de la reforma universitaria, consiguieron imponer aquella vieja consigna que decía que la educación debía ser libre de dogmatismos”, aunque renunciando al texto de la misma, y colocando en la Constitución sólo el concepto, que no era otro de que la educación pública estatal debía ser “exento de dogmatismo”, expresión que no ofrecía reparo. Como contrapartida aceptaron, de quienes habíamos luchado a favor de la “enseñanza libre” y por lo que declaraba el Pacto de San José de Costa Rica, aquello de que los “padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones”

Luego en el plenario el convencional Ricardo del Barco (Demócrata Cristiano) citando a Eduardo Sánchez Martínez, dijo: “Esto no significa imponer una enseñanza confesional lo cual violentaría manifiestamente la libertad de conciencia de cada uno; significa en cambio que a través de la enseñanza se ayude al que se educa a plantearse problemas de la trascendencia, a plantearse la cuestión de si detrás del más allá de este mundo, no hay algo que le dé sentido. Y después, de las distintas respuestas que cada uno tenga o se dé, no sólo se respeten y toleren, sino que, además, se encuentren en el medio educativo cauces adecuados para su desarrollo y su profundización. (…)”. Y agregó: “Nosotros creemos que en el escuela pública hay que promover un diálogo, también, entre la fe y la cultura, entre la cultura y la vida. Queremos que las distintas expresiones religiosas tengan su ámbito, eso contribuye al pluralismo. No creemos que los católicos que asisten a las escuelas públicas teman no encontrar en ella la expresión de su fe en un encuentro a través de la educación, del diálogo y de la reflexión. No queremos que aquellos que tienen otras confesiones religiosas, cristianas no católicas u otras confesiones, o los que no tienen ninguna no puedan encontrar su expresión en el seno de la escuela pública, según el modo, manera y circunstancia que la propia práctica educativa encuentre y que desde la legislación se oriente para que no se esconda el tema. Que nadie se avergüence de tener una fe o de no tenerla.  Lo que se intenta aquí es que la educación no omita esta dimensión humana, no que le impongamos fe alguna o que utilicemos los recursos del Estado para imponer una fe determinada, aunque sea la fe católica, que es la de la mayoría de este pueblo; tienen tanto derecho las mayorías como las minorías a expresar su disenso y buscar su verdad por otro camino. No teman los señores convencionales: no se intenta con estas cláusulas revivir polémicas del pasado. Hoy queremos transitar nuevos y distintos caminos. Deseamos ante todo que en la escuela estatal se dé un ámbito de encuentro, de búsqueda y diálogo.”

El convencional Jorge de la Rúa (UCR), oponiéndose a lo acordado por la mayoría, pero con la altura que siempre lo ha caracterizado, anticipó las dificultades que habría más tarde en su aplicación, al expresar que: “la norma estaría estableciendo una regla en virtud de la cual, fundado en el derecho de los padres a que se les proporcione a sus hijos educación religiosa en las escuelas estatales, el Estado tienen el deber de proveer esa enseñanza religiosa.(…)La Nación tiene reconocido centenares de cultos y sino hay ánimo de discriminación –como descuento que no lo hay en los miembros de la Comisión- el Estado tendrá que proveer centenares, o miles, de maestros o maestras de religión o de moral, para cubrir todo el espectro religioso e ideológico de los alumnos. Porque de lo contrario, reitero, estaríamos en un plano de discriminación. (…) Creo realmente que estamos frente de una norma que en su amplitud puede generar severos problemas de aplicación práctica, y puede generar reales y concretas situaciones de discriminación. (…)Todas estas razones(…)hacen que anticipe mi voto negativo a este precepto.”

El convencional Juan Carlos Maqueda (Peronismo Renovador) dijo: “No creemos que ese inciso del artículo que está en tratamiento lleve en sí mismo una discriminación, sino que por el contrario lleva un sentido de apertura; lleva la posibilidad que la ley máxima por vía reglamentaria, que será la ley de la Legislatura, valga la redundancia, podrá determinar las formas y los modos en que habrá de impartirse la enseñanza moral o religiosa que prevé este precepto.(…) Damos el voto favorable de la bancada del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana.”

El convencional Abelardo Rahal (UCR), a su vez manifestó: “Creo en el hombre total. Creo en el respeto profundo entre los hombres, Creo en la educación para la libertad. Por eso es que evidentemente no puedo sectorizar al hombre y remitirlo solamente a las expresiones de su razón en la vinculación solidaria. Creo que la dimensión religiosa está totalmente compenetrada dentro de la naturaleza humana.(…)Por eso –reitero- mi voto positivo va a ser por convicción y no sólo por disciplina de bloque.”

La convencional Ileana Sabattini (UCR), cuya actuación fue fundamental para acordar la cláusula que en definitiva se aprobó, dijo: “Si a un radical se le dice que se va aplicar la ley 1420, se pone contento, si a un católico se le dice que se va a aplicar la ley 1420, que está tildada de laicista, se horroriza. Pues bien, señores convencionales: hoy como no se ha mencionado la ley 1420, nos hemos dividido por el mismo tema y con los argumentos expuestos, de manera opuesta. Es decir, estamos preconizando la posibilidad de que los padres organicen fuera de la hora de clase, sin pago por parte del Estado, la educación religiosa. Se está contemplando a la persona como una integridad, no solamente educar a todos los ciudadanos, sino a todos el ciudadano; se está reiterando lo que hemos firmado en los pactos internacionales (…).”

La Nueva Ley de Educación

El 15 de diciembre de 2010 la Legislatura de Córdoba aprobó la ley 9870, luego de un largo debate donde grupos de activistas hicieron distintas manifestaciones y tomas de colegios secundarios en contra de su sanción; la que días después fue promulgada por el Poder Ejecutivo, y en la misma se declaró que: “Se reconoce a la familia como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones; (…) (artículo 3º b) y queLos padres, o quienes los sustituyeren legalmente, tienen sobre la educación de sus hijos los siguientes derechos(…) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, una enseñanza general exenta de dogmatismos que pudiera afectar las convicciones personales y familiares; y: A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado, como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos; (…) (Artículo 11).

No advertimos que tampoco, luego del ríspido debate que hizo posible esta ley, haya una voluntad política clara para hacer efectiva la educación religiosa en las escuelas públicas del Estado provincial..

Programa Valores Comunes

Sin embargo, en el marco del convenio firmado por el Ministerio de Educación de la provincia y el COMIPAZ (Comité Interreligioso por la Paz) se realiza desde el año 2007 el Programa de Educación en Valores Comunes, con el objetivo de crear espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones, respetando la diversidad cultural y religiosa, la libertad y la convivencia. El programa está dirigido a alumnos/as de 4° año del nivel medio y desde su implementación han participado más de 6000 alumnos/as de escuelas de gestión pública y privada de capital e interior, dichas escuelas son elegidas por las supervisiones del Ministerio.

El programa tiene como Objetivos: Favorecer espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones que buscan una sociedad más fraterna. Fortalecer el respeto de la Libertad y la Convivencia por parte de los y las jóvenes. Dicho Programa tiene tres etapas: Una primera etapa en la que alumnos/as y docentes visitan los templos de las religiones que conforman el COMIPAZ. La segunda etapa se desarrolla en  la escuela, en cada curso, donde los y las docentes a cargo de esta experiencia, abordan con los alumnos y las alumnas la lectura y reflexión de la “Convención de los Derechos Humanos”, donde se les sugiere desde el Área de Educación en Derechos Humanos e Interculturalidad pautas abiertas orientadoras del trabajo. Por último se desarrolla un Festival por la Paz, para conmemorar el día de la libertad religiosa, donde se presentan las producciones realizadas por los alumnos/as y se realizan actividades recreativas de integración.

Por otro lado, la ley nacional 25.878 de 2003 declaró el día 29 de julio como “el Día de los Valores Humanos” (Art. 1º) y dispone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrará los medios necesarios para que se desarrollen clases alusivas a esta conmemoración en los establecimientos educativos de todo el país.” (Art. 2º). Esto nos ratifica en la necesidad de que los “valores humanos” declarados en la Constitución, como los que tienen que ver con la religiosidad de nuestro pueblo, no pueden estar ausentes de la educación.

Reflexión Final

No somos ingenuos y conocemos las dificultades políticas que acarrea poner nuevamente en el debate político esta cuestión, pero ello no nos exime de hacer presente, una vez más, que la calidad educativa es un propósito, que va a la par de la necesidad y del reclamo por una “educación inclusiva”, porque no solamente debemos tratar de que todos los niños y jóvenes tengan un  lugar en el sistema educativo, sino también que la misma incluya en su currícula  aquello que tiene que ver con el destino trascendente del hombre..

Si en los programas de estudio están ausente los valores morales y religiosos y dejamos que ello se trasmitan sólo en la familia, en el templo o en la educación de gestión privada, estamos cometiendo una grave omisión, y en muchos casos una discriminación a quienes aspiran a que sus hijos tengan una educación integral que abarque también la educación religiosa y no están en condiciones de pagar una educación privada donde no haya esa carencia.

Por ello es que me animo a afirmar que la provincia de Córdoba tiene esta deuda pendiente con sus niños, con sus jóvenes y con sus ciudadanos, y que el implementar la educación religiosa en los colegios no es sólo una obligación del gobierno, sino también de la sociedad civil y de las instituciones que velan por una mejor educación.

Agradezco a la Academia del Plata que me haya dado la oportunidad para replantear este debate y de reiterar esta propuesta inexplicablemente postergada.

Quisiera terminar recordando las sabias palabra de Alberdi cuando afirmaba, refiriéndose a los fines de la Constitución Argentina, que El hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras. La religión debe ser hoy, como en el siglo XVI el primer objeto de nuestras leyes fundamentales.”

Agregaba, además, que “nuestra política moderna americana (…) debe  mantener y proteger la religión de nuestros padres, como la primera necesidad de nuestro orden social y político; pero debe protegerla por la libertad, por la tolerancia y por todos los medios que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal (…)”

“La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión  católica, y hoy me atrevería a agregar: “los demás credos religiosos”, el medio de educar esas poblaciones.”

Córdoba, Octubre de 2011.


[1] Decreto 18.411 de 1943 del Presidente de facto Pedro Pablo Ramírez: “En las escuelas públicas de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio. Quedan excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral.” (Art. 1) “Los docentes que tengan a su cargo la enseñanza de la Religión Católica serán designados por el Gobierno debiendo recaer sus nombramientos en personas autorizadas por la Autoridad Eclesiástica”. (art. 2) Los programas y los textos destinados a la enseñanza religiosa será aprobados por el gobierno, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica.” (Art. 3) Este decreto fue ratificado por la ley 12.978 de 1947 y fue derogado por la  ley 14.401 del 13 de mayo de 1955.

[2] Este tratado fue aprobado en la Provincia de Córdoba por ley 7098 de 1984 y una disposición complementaria de su Constitución de 1987 dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derecho Humanos” (Preámbulo y Parte I) (…).”

[3] El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Y el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Art. 18, 4).

[4] Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativa al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil firmado el 13 de noviembre de 2008. Artigo 11º A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. §1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação.

La Libertad Religiosa como Derecho Humano

Jacques Maritain

“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21)
“Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37)

El mensaje de Cristo no solamente impactó en el pueblo judío; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido; sino que hoy todavía no ha podido asimilarse el alcance y el profundo contenido que nos trasmitió. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regían las conductas de los judíos para muchos de ellos fue un obstáculo para entender el mensaje liberador y universal del Hijo de Dios. Pero la incomprensión o las dificultades para entender la palabra de Jesús no fueron solamente del pueblo judío o de los primeros cristianos; me animo a afirmar que todavía hoy no hemos podido, pasado veinte siglos, darle el verdadero alcance que tuvieron las palabras, las frases y las parábolas que nos relata el Evangelio, como las que acabamos de recordar, y que tienen que ver con el tema que hoy trataremos que analizar y de interpretar.

Para qué el hombre (varón o mujer) está en este mundo, en este universo, rodeado de seres y de bienes del reino animal, vegetal o mineral de los que puede disponer porque están a su servicio. Para qué el hombre, a diferencia de los otros seres de la creación, tiene una dignidad, que le permite tener conciencia de su propio ser, de lo que le rodea, y una libertad para decidir alcanzar lo que es bueno o lo que le es mejor para sus proyectos y aspiraciones. Cuales son esas legítimas aspiraciones o proyectos que el hombre se propone o debe proponerse, y que dan o darán pie a la esperanza que mueve sus existencias. Sus propósito, metas, objetivos y fines, no son sólo temporales, si estamos convencidos que la vida no termina con la muerte; y que, también, tenemos un destino y una vocación que la trasciende.

Persona humana

El hombre, se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser consiente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.” (Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956).

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando reza; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o asocia con otras personas para orar o celebrar su culto; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

1. Religión: Persona, Sociedad y Estado

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes dela Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

2. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa
La persona, consciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hacela Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

3. El Derecho Humano a la Libertad Religiosa.

El derecho que toda persona tiene al ejercicio de la libertad religiosa debe ser respetado y garantizado por las normas que reglamentan su ejercicio y la misma alcanzan, entre otros, a los siguientes derechos:

1.1. A profesar sus creencias religiosas;

1.2. A cambiar o abandonar dichas creencias;

1.3. A manifestarlas;

1.4. A no estar obligado a expresarlas;

1.5. A recibir y trasmitir información religiosa;

1.6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;

1.7. A rezar y practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;

1.8. A no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;

1.9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas o actos religiosos en lugares públicos,

1.10. A asociarse con fines religiosos;

1.11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, comisarías, cuarteles o en el campo de batalla;

1.12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;

1.13. A educar y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimiento de educación pública estatal;

1.14. A conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;

1.15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.

1.16. A que se respete el secreto de confesión.

A la Iglesia y los demás confesiones religiosas se le debe garantizar también vía reglamentación, al menos, los siguientes derechos:

1.1. A que les reconozca su personería jurídica, su organización en base a las normas que ellas mismas se dicten, y las autoridades que designen.

1.2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.

1.3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;

1.4. A tener cementerios;

1.5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial;

1.6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o las de otras comunidades religiosas, dentro y fuera del país;

1.7. A admitir o excluir fieles;

1.8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, enviar – dentro y fuera del país – o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual y económicamente;

1.9. A reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas dentro y fuera del país.

1.10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.

1.11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.

1.12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a la Iglesia o a la confesión religiosa que indiquen, para el sostenimiento de las mismas.

1.13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

La mayoría de estos derechos, cuya enumeración no es taxativa, están reconocidos porla Constitución Nacional, la de las provincias, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, y por leyes nacionales y provinciales.

4. Sociedad Política, Estado, Iglesia, Autoridades Eclesiástica y otras Confesiones Religiosas.

De lo antes expresado queda claro que quien es religioso es la persona y que la expresión social del fenómeno religioso se da en las sociedades intermedias; como la familia, en las comunidades religiosas y en la sociedad política; y no en el Estado, que no profesa ninguna religión, por lo que podemos afirmar que es laico, aunque no sea indiferente ante la religiosidad de los ciudadanos, ni a las instituciones religiosas que viven y se desarrollan en el seno de la sociedad política a la que sirve, ni a la religiosidad de quienes ocupan cargos de gobierno o en la administración.

La Iglesia Católica como institución universal tiene reconocimiento como persona jurídica desde hace siglos por los usos y costumbres del derecho de gente o derecho internacional, y como así tácitamente lo reconocela Constitución Nacional (Art. 2 y 75 inc. 22), y expresamente lo hace el Código Civil (Arts. 33 y 2345), en nuestro país.

La autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que tiene su Sede en el Vaticano, puede celebrar concordatos con el gobierno argentino (Art. 75 inciso 22), lo que no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse también acuerdos con las autoridades locales de la Iglesia, sus institutos de vida consagrada, y con las demás confesiones religiosas.

Las demás confesiones religiosas tienen también el derecho al reconocimiento de su personería jurídica aunque actualmente ello no se encuentra debidamente legislado enla Argentina y sólo consiguen su reconocimiento como tales a través de la adopción de formas sociales o asociacionales, civiles o comerciales, que no se ajustan a su naturaleza religiosa, y con la previa inscripción en un registro de cultos, que funciona enla Secretaria de Cultos dela Nación.

5. Separación, Autonomía y Cooperación.

De ello se desprende la necesaria autonomía que tienenla Iglesia y las demás confesiones religiosas respecto del Estado, fundamentadas jurídicamente en las personalidades jurídicas distintas que invisten el Estado,la Iglesia y las demás confesiones religiosas.

Podemos válidamente afirmar, entonces, que existe separación entre el Estado y la Iglesia, como también respecto de las demás confesiones religiosas. Pero ello no debe interpretarse como ruptura, sino, todo por el contrario, implica también cooperación.

La cooperación entre Iglesia y Estado es fundamental en el campo mixto; como en el de la bioética, el matrimonio, la familia, la cultura, la educación, lo social, los medios de comunicación, el patrimonio cultural, etcétera; en cuyas relaciones humanas se hace necesario armonizar las normas morales y canónicas con la legislación positiva.

6. Estado Laico y Limitado.

El Estado no adopta ni tiene una religión, como todavía rezan algunas constituciones provinciales (Santa Fe, Art. 3º, y Catamarca, Art. 2º) que declaran a la Católica como la Religión de la provincia, y como bien quedó aclarado en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 cuando se discutió el artículo 2º de la Constitución Nacional, en la sesión del 21 de abril de ese año, cuando el convencional y prelado Benjamín J. Lavaysse sostuvo “(…)que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva (…)” lo que implicaba que el Estado no debía adoptar religión alguna y que debía declararse la libertad de culto. A la expresión “adopta y sostiene el culto católico” del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (Art. 3º) los constituyente le suprimieron el “adopta” al incorporarlo a nuestra Carta Fundamental (Art. 2), por las razones esgrimidas por el padre Lavaysse y José Benjamín Gorostiaga.

7. La Igualdad de Derechos y la Libertad Religiosa.

Las personas físicas y jurídicas, titulares del derecho a la libertad religiosa, son iguales ante la ley. Esta igualdad debe interpretarse, como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, como lo ha hecho en distintos pronunciamientosla Corte Suprema de Justicia dela Nación al referirse a distintas cuestiones (Fallos: 16:118, sentencia del 1º de mayo de 1875). El número de files que integran las distintas confesiones religiosas, su expansión en el mundo y en nuestro país, y su significación histórica, cultural y social deben ser tenidas en cuenta a los efectos de hacer esta interpretación.

La invocación del derecho a la libertad religiosa no justifica actos de discriminación ni admite privilegios o supremacía para el acceso a cargos públicos, como ocurre por ejemplo cuandola Constitución Nacional dispone que: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)” (Art.73). La ley 23.592 tipifica y castiga los actos discriminatorios.

8. Cuestiones controvertidas

Hay algunas cuestiones importantes que necesitarían ser resueltas normativamente para que los argentinos podamos ejercitar más plenamente la libertad religiosa, a saber:

1.1. El Gobierno Federal debe propiciar ante la comunidad internacional la firma de un tratado de derechos humanos sobre libertad religiosa.

1.2. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, ala Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas ala Iglesia Católica, que hoy actualmente sólo tienen un simbólico sentido reparatorio por la confiscación de bienes que se le hicieron en el siglo XIX, ya que en modo alguno alcanzan para el sosteniendo que manda el texto constitucional.

1.3. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito. Debe suprimirse el artículo 73 que prohíbe ingresar al Congreso a los eclesiásticos regulares.

1.4. Debe reglamentarse el derecho a profesar y ejercer libremente su culto (Arts. 14 y 20 de la Constitución) y dictarse una ley de libertad religiosa, que derogue la ley de facto 21.745, y que declarare y garantice los derechos de los habitantes y de las confesiones religiosas, que hay actualmente en el país, y reconozca la personaría jurídica y de las que en el futuro puedan ser solicitadas. El convencional José Benjamín Gorostiaga así lo expresó en la sesión del 24 de abril de 1853 dela Convención Constituyente.

1.5. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

1.6. Debe modificarse el Código Civil para que se reconozca el matrimonio religioso, y se establezca la forma en que los mismos sean inscriptos en el Registro General de las Personas, como lo tiene establecido la legislación de Brasil y Chile.

1.7. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 dela Convención Americana sobre Derechos humanos), que ser reitera en otros tratados internacionales y constitucionales provinciales. Actualmente se cumple con ello en las provincia de Salta, Tucumán y Catamarca.

1.8. Modificar el Código Penal a los efectos de preservar mejor el bien jurídico protegido: libertad religiosa y sancionar las conductas discriminatorias, fraudulentas, agresivas y contrarias a los derechos humanos ejercidas por personas o por quienes creen o intervengan en falsas confesiones religiosas, comúnmente denominadas “sectas”, y que invocan su condición religiosa con fines ilícitos.

ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA

A pesar que la Constitución de 1853 declaró que todos los habitantes de la
Nación gozan del derecho a “profesar libremente su culto” (art. 14), desde su mismo texto y luego en su aplicación hubo normas y conductas que atentaron contra la libertad religiosa:

1. La Constitución de 1853 restringió el derecho a la libertad religiosa al mantener el privilegio del Patronato (art. 64 inc. 19 y 86 inc. 8), y establecer que el Presidente “ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de los obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado.”, institución del derecho canónico que el Papa, que lo otorga, nunca se lo concedió ni se lo reconoció a los gobierno patrios, que se lo atribuyeron desdela Revolución de Mayo, a pesar que el mismo sí le había sido concedido a los monarcas españoles que lo precedieron. Estas normas sobre patronato frustraron las primeras misiones para lograr la firma de un concordato conla Silla Apostólica de Juan Bautista Alberdi en 1856 y de Juan del Campillo de 1858.

También se afectó la libertad religiosa cuando estableció el llamado exequátur por el que el Presidente “concede el pase o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves, Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo dela Suprema Corte, requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes.” (art. 86 inc.9), lo que implicaba una inaceptable censura.

Se le prohibió, además, ser miembros del Congreso a los religiosos regulares (art. 62) y se exigió que el Congreso autorice la introducción de nuevas órdenes religiosas (art. 64 inc. 20), lo que limitaban aún más la libertad.

Estas disposiciones, excepción hecha de la prohibición a los religiosos regulares de ser miembros del Congreso -que todavía existe-, tuvieron vigencia hasta el Acuerdo entre el Gobierno Argentino yla Santa Sede de 1966 y fueron eliminadas del Texto Fundamental en la reforma de 1994.

2. El Breve de Pío IX por el que se dispuso que el distrito de Tarija, dependiente de la diócesis de Salta, pasó a depender del de La Plata (Sucre, en Bolivia) motivó una nota de reclamo del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública dela Confederación al delegado apostólico Marino Marini, quién había llegado al país en 1858 designado por el Papa, por afectar el derecho de Patronato y por las consecuencias negativas que esa medida podía tener para los derechos que nuestro país detentaba en esos territorios, cuya delimitación todavía no estaba fijada. Sin embargo, el gobierno otorgó el pase a dicho Breve.

3. La Corte Suprema en 1863 decidió restringir las atribuciones al Delegado Apostólico Marino Marini por lo que se le exigiría el pase a las cédulas o decretos que expida como delegado del Pontífice, que no podía ejercer funciones episcopales atribuida a los obispos, debía abstenerse de levantar información respecto de los candidatos a obispos u arzobispos y a no ejercer funciones judiciales eclesiásticas. (Fallos, 1:180)

4. La ley 49 de 1863 tipificó delito federal, castigado con pena de uno a cuatro años de extrañamiento, “al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos dela Corte Pontificia de aquellos que, para su ejecución, necesitaren del pase del Gobierno, sin haberlo obtenido”. Al que lo ejecutare o mandare a ejecutar cuando el pase fuere negado se le aplicaría de cuatro a ocho años de extrañamiento. Estas disposiciones pasaron al Código Penal de 1921, en art. 228, todavía no derogado expresamente, aunque por el Acuerdo de 1966 y la reforma Constitucional de 1994 no existe más el pase.

5. El 28 de febrero de 1875 grupos anticlericales ataca el edificio del Arzobispado de Buenos Aires e incendian del Colegio El Salvador, con motivo de la decisión del arzobispo de Buenos Aires Monseñor Aneiros de confiarla Iglesia de San Ignacio a los jesuitas.

6. En junio de 1883 el Poder Ejecutivo deja cesante al rector del Colegio Nacional de Buenos Aires José Manuel Estrada por haberse manifestado en contra de la sanción de la que iba a ser ley 1420 de Educación Común.

7. El 6 de junio de 1884 el presidente Julio Argentino Roca destituyó al Vicario el canónigo Gerónimo Clara, a cargo de la diócesis vacante de Córdoba por fallecimiento de Fray Mamerto Esquiú, por haber prohibido en una carta pastoral a sus fieles enviar a sus hijas ala Escuela Normal dirigida por una maestra protestantes. El obispo de Salta Fray Risso y Patrón y los vicarios de Jujuy, Demetrio Cau, y de Santiago del Estero, Rayniero Lugones, emitieron cartas similares y por otro decreto del 13 de noviembre de 1884 fueron suspendidos y se les iniciaron procesos penales por rebelión y conspirar para alterar la forma de gobierno.

8. Por decreto del 14 de octubre de 1884 se expulsa del país del Nuncio Apostólico de Monseñor Luis Mattera, por haberse reunido con Francisca Amstromg, directora norteamericana dela Escuela Normal de Córdoba cuando viajó a esa ciudad para la asunción del nuevo obispo Juan Capistrano Tissera, y se interrumpen las relaciones conla Santa Sede por quince años.

9. Por las leyes 1144 de 1881 y la 1893 de 1886 se establecieron los recursos de fuerza para que los tribunales de la Capital Federal conocieran en grado de apelación las decisiones de los tribunales eclesiásticos, esto motivó reclamos de las autoridades eclesiásticas, pero nunca fueron planteados dicho recursos.

10. Otro conflicto entre el gobierno argentino y Roma se produjo cuando el Papa Pío XI no designó al presbítero Miguel de Andrea como Arzobispo de Buenos Aires a pesar hacer hecho la presentación por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear en 1923: En el año siguiente el Papa designó como administrador apostólico a Monseñor Juan Agustín Boneo, obispo de San Fe, resolución que fue desconocida por el Poder Ejecutivo y porla Corte Suprema que no concedió el pase, en1925, ala Bula que nombró a Boneo (Fallos 142:342). Con la renuncia de Miguel de Andrea el gobierno presentó para la vacante a Fray José María Botaro quién fue designado por el Papa en 1926 arzobispo de Buenos Aires, con lo que se zanjaron las diferencias.

11. El 26 de abril de 1946 por Decreto 11.576 del Presidente Edelmiro Farrell se creó el Fichero Oficial del Culto Católico Apostólico y Romano para llevar los datos de sacerdotes del clero secular y de las órdenes y congregaciones religiosas que había en el país para ejercer las atribuciones del Patronato Nacional.

12. El mismo presidente el 31 de mayo de 1946 por el Decreto Nº 15.829, dispuso la inscripción obligatoria de los cultos distintos al Católico en un Registro Nacional de Cultos en el que prohibía el proselitismo de los mismos entre los indios, en virtud del artículo 67 inciso 15 dela Constitución que decía que los indios debía ser convertidos al catolicismo.

Pero antes que se implementara y por el Decreto Nº 16.160, del 29 de octubre de ese año, del presidente Juan Domingo Perón , a pedido dela Confederaciónde Iglesias Evangélicas y dela Convención EvangélicaBautista se archivaron las actuaciones relacionadas con el anterior decreto.

El Decreto Nº 31.814 de 1948 creó el Fichero de Cultos, que el Decreto 1.127, del 6 de febrero de 1959, del Presidente Arturo Frondizi, derogó y dispuso reorganizarlo.

En el Registro Nacional de Cultos, que reemplazó al Fichero de Cultos, está regulado desde 1979 por la ley, de facto, 21.745, reglamentada por Decreto 2.037, del 23 de agosto de 1979, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de las instituciones religiosas en el mismo.

En 2000 había inscriptas unas 2.300 “instituciones” religiosas (templos, iglesias, pero también escuelas, bibliotecas y ateneos deportivos), 100 de las cuales eran judías, 10 islámicas, 20 iglesias ortodoxas, 1.800 evangélicas, 230 espiritistas y 200 umbandistas o africanistas.

13. Los conflictos de Perón con la Iglesia en 1955 llevó a que el 11 de junio se produjera una multitudinaria procesión de Corpus Cristi -cuatro días antes del bombardeo dela Casa Rosada-, que derivó en una marcha al Congreso y a la asistieron unas 150 mil personas.

El conflicto creció cuandola Policía Federaldijo que había sido quemada una bandera argentina durante dicha procesión. Un grupo de jóvenes católicos que custodiabala Catedralde Buenos Aires fueron atacados a pedradas y palazos por manifestantes peronistas. Dentro del templo, donde también estaban Tomás Casares, miembro dela Corte Suprema, y el obispo Manuel Tato, trabaron las puertas con los bancos. A la noche llegó el juez Carlos Gentile con la policía y se llevó 356 detenidos a la cárcel de Devoto, que fueron liberados la semana siguiente.

Por este conflicto el Poder Ejecutivo exoneró y expulsó del país a monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Manuel Novoa, lo que sería dejado sin efecto por el decreto 505 del 7 de octubre de 1955, por el gobierno del General Eduardo Lonardi.

La noche del 16 de junio de 1955, después de los bombardeos a Plaza de Mayo y la residencia presidencial, donde fallecieron más de trescientas personas, fueron incendiadas la Curia Eclesiástica -situada al lado de la Catedral- y las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, La Piedad, La Merced, San Miguel, San Juan, San Nicolás de Bari, el Socorro y Nuestra Señora de las Victorias.

Durante este conflicto con la Iglesia fueron detenidos sesenta y siete clérigos.

El Congreso, por su parte, sancionó la ley 14.400 que exigió que las reuniones públicas debieran hacerse en lugares cerrados y con previa autorización policial, con lo que quería evitar otra procesión como la de Corpus Cristi.

La ley 14.404, del 20 de mayo de 1955, declaró necesaria la reforma constitucional “en todo cuanto se vincule a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”.; y la ley 14.424, del 18 de agosto de 1955, prorrogó por 180 días el plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria, la que nunca se realizó.
Por ley 14.405, del 20 de mayo de 1955, se derogaron todas las disposiciones que acordaba exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, templos, conventos, etc.; lo que fue derogado por el Decreto Nº 317 del 4 de octubre de 1955.

El Decreto 3991 de ese año suprimió cinco feriados por festividades católicas.

14. A los Testigos de Jehová se les canceló la inscripción en el Registro de Cultos en 1948 y la recuperaron recién en 1984, y han sufrido actos discriminatorios por su negativa a hacer el servicio militar obligatorio y por no honrar los símbolos patrios, y muchos de sus fieles fueron condenados por los Tribunales Militares y padecieron prisión, especialmente durante el gobierno del proceso (1976-1983).

15. Durante dicho gobierno militar se produjeron graves atentados contra la libertad religiosa y la persona de ministros y fieles de distintos cultos. Sólo recordaremos los más resonantes.

En lo que se dio en llamar “la masacre de San Patricio”, fueron asesinados por grupo de tareas los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976.

El 4 de agosto de 1976 fue asesinado Monseñor Enrique Angelelli, obispo deLa Rioja, hecho que no ha sido esclarecido todavía, encontrándose actualmente en marcha una investigación judicial.

Las monjas francesas, Léonie Duquet y Alice Domon, fueron secuestradas y asesinadas a fines de 1977.

Las otras confesiones religiosas, sus ministros y fieles han padecido, en este luctuoso período, restricciones contra la libertad religiosa como las prohibiciones a practicar sus cultos, censuras, discriminaciones, persecuciones, detenciones y desapariciones; como atentados a personas, por su condición de religiosos; a templos; a cementerios; a mezquitas; sinagogas y demás lugares sagrados.

16. Los judíos, muchas veces, fueron discriminados y perseguidos. El antisemitismo hizo que a principio del siglo veinte la policía les sellara con la estrella de David los documentos de identidad. Mención especial merece por su gravedad el atentado terrorista contra la sede de la Asociación MutualIsraelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, donde funcionaba un rabinato, en el que fallecieron 85 personas; que se sucedió al que se perpetuó el 17 de marzo de 1992 contra la sede dela Embajada de Israel en la que murieron 29 personas y fueron heridas 242. El 21 de noviembre de 2006 en un partido de futbol hinchas de Defensores de Belgrano insultaron a jugadores e hinchas de Atlanta profiriendo consignas antisemitas, el partido no fue suspendido y se labraron actuaciones judiciales.

17. Durante el gobierno de presidente Néstor Kirchner hubo conflicto con la Iglesia Católica por distintos motivos.

Por Decreto 220, del 18 de marzo de 2005, se dejó sin efecto el acuerdo para la designación como Obispo Castrense a Monseñor Antonio Juan Baseotto, un ministro de posturas conservadoras que había sido nombrado en el año 2002; porque criticó la posición abortista del Ministro de Salud Ginés González García, con una cita que contenía una metáfora que al Poder Ejecutivo ofendió.

El presidente Kirchner nunca simpatizó y mantuvo distancia con el cardenal primado Jorge Bergoglio, un arzobispo moderado, y no asistió a los tedeum que se celebran en las fiestas patrias, actitud que mantiene su esposa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la provincia de Misiones ante la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constituciónpara permitir la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, se erigió en líder de la oposición al obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, de perfil progresista, que fue candidato a constituyente en 2006 y triunfó en aquellas elecciones, abortando así la reforma reeleccionista dela Constitución.

18. El 24 de marzo de 2007, en una manifestación que hubo en la ciudad de Córdoba repudiando el golpe de estado ocurrido hacía 31 años, algunas personas atentaron contra la Catedral, varias iglesias y otros edificios que sufrieron pintadas con distintas inscripciones. El Consejo Interreligioso por la Paz (COMINPAZ), integrado por ministros de distintos cultos, borró las inscripciones y repintó las paredes de la antigua Iglesia del Pilar, ubicada entre las avenidas Olmos y Maipú de la ciudad de Córdoba, en un acto de defensa de la libertad religiosa.

19. El 6 de septiembre de 2007 se atentó contra la Catedral Metropolitana, apareciendo -al amanecer- inscripciones que decían “La única iglesia que ilumina es la que arde”, “aborto libre y gratuito” y “genocida” lo que reiteró los frecuentes atentados que en los últimos tiempos se produjeron en ese Templo.

20. En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la falta de respuesta al placet del Estado del Vaticano al embajador Alberto Iribarne, publicitado por el gobierno argentino, tensó las relaciones entre el actual gobierno yla Santa Sede, situación que se superó con la renuncia de Iribarne y la designación del nuevo embajador Juan Pablo Cafiero, quién en poco tiempo obtuvo el placet dela Santa Sede.

21. El 20 de abril de 2008 hubo un atentado contra el Cementerio Judío de Ubaja y, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, que afectó a unos 30 monumentos y sepulturas; y el 23 de abril de 2008 contra del antiguo Cementerio Judío de Algarrobo, cerca de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, afectando a diez sepulturas, algunas que datan de 1891.

22. Marcos Aguinis luego de contar que la DAIA(Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina) se fundó en 1935 “para enfrentar la campaña antisemita, que fogoneaba la embajada de Alemania nazi con apoyo de los fascistas localesafirmó que en 2007 hubo 348 actos antisemitas en Argentina, según fuentes periodísticas, de los departamentos de asistencia comunitaria y jurídica dela DAIA y los datos del INADI.” Durante 2006 llegaron a 586. (La Nación “Contra el odio a los judíos” del 3 de octubre de 2008).

23. En el colegio técnico religioso Cristo Obrero de la ciudad de Villa Carlos Paz apareció en el año 2008 con pintadas nazis y la leyenda “Say No More“, muy popular entre los fans del músico Charly García, lo que generó sorpresa en la comunidad local. Las esvásticas se encontraban en el salón de actos del establecimiento junto al mástil de la bandera y al lado de la pared en la que había una cruz católica. Las marcas se registraron en medio del receso escolar de invierno.

24. El domingo 17 de mayo de 2009 un acto de homenaje al 61 aniversario de la fundación del Estado de Israel, organizado por el Gobierno de la ciudad Buenos Aires y que tuvo lugar en la intersección de Avenida de Mayo y Perú, al que asistieron unas cuatrocientas personas, fue violentamente interrumpido por un grupo de personas, que salieron de la boca del subte, armados con garrotes y que comenzaron a golpear a los pacíficos concurrentes y a tirar panfletos con la inscripción “Israel genocida”, identificándose como integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez y del Frente de Acción Revolucionaria. Cinco personas fueron detenidas y están sido procesadas como responsable de estos hechos.

25. Afines del año 2010 en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén, un grupo de alumnos evangélicos bautistas del Centro de Enseñanza Media 8, escuela pública de gestión estatal, fue sancionado por reunirse a orar en el tiempo de recreo. La situación tuvo gran repercusión en la comunidad y motivó la suspensión primero y la reincorporación después, del director dela Escuela que había sancionado a los alumnos.

El Observatorio del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR)
El monitorea lo que se refiere a la libertad religiosa en Argentina y puede ser consultado para ampliar esta enumeración.

La Iglesia Católica y la Libertad Religiosa

La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa.

En la declaración “Dignitatis humanae“, del 7 de diciembre de 1965, del Concilio Vaticano II “(…)ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana” y, agrega, “para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano se requiere que en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad.“(…)

Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(…)Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil.”(…)

La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.”(…)

“A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.” (…)

La comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser impedidas en la enseñanza y en la profesión pública de palabra y por escrito, de su fe (…)”

Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.” (…)

“Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas.” (…)

“La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes; y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad.” (…)

En la declaración “Nostra aetate“, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas del 28 de octubre de 1965, dice: “La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, “observando en medio de las naciones una conducta ejemplar” (1Pe 2,12) si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres (Cfr. Rom. 12,18), para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos (Cfr. Mt.5, 45).” (…)

Reflexión Final

El derecho humano a la libertad religiosa debe ser mejor protegido por la legislación argentina y cultivada en la cultura ciudadana por la educación. En la comunidad internacional los argentinos debemos proponer una tratado internacional sobre libertad religiosa.

Los mejores deseos para que estos propósitos se hagan posibles encuentran su mejor síntesis en estas palabras de Benedicto XVI:

“Que los miembros de todas las religiones estén unidos en la defensa y promoción de la vida y la libertad religiosa en todo el mundo. Y que, dedicándonos generosamente a este sagrado deber -a través del diálogo y de tantos pequeños actos de amor, de comprensión y de compasión – seamos instrumentos de paz para toda la familia humana.” (17 de abril de 2008 en Washington D. C.)
Córdoba, julio de 2011.

El Derecho Humano a la Libertad Religiosa

Jacques Maritain

“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21)

“Mi Reino no es de este mundo”

(Juan 18, 33-37)

El hombre (varón o mujer), se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser conciente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.(Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956)

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la  libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o asocia con otras personas para hacerlo; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

  1. Religión: Persona, Sociedad y Estado.

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

  1. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa.

La persona, conciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

  1. El Derecho Humano a la Libertad Religiosa.

El derecho que toda persona tiene al ejercicio de la libertad religiosa debe ser respetado y garantizado por las normas que reglamentan su ejercicio y la misma alcanzan, entre otros, a los siguientes derechos:

1.1. A profesar sus creencias religiosas;

1.2. A cambiar o abandonar dichas creencias;

1.3. A manifestarlas;

1.4. A no estar obligado a expresarlas;

1.5. A recibir y trasmitir información religiosa;

1.6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;

1.7. A practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;

1.8. A  no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;

1.9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas o actos religiosos en lugares públicos,

1.10. A  asociarse con fines religiosos;

1.11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, comisarías, cuarteles o en el campo de batalla;

1.12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;

1.13. A educar y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimiento de educación pública estatal;

1.14. A conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;

1.15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.

1.16. A que se respete el secreto de confesión.

A la Iglesia y los demás confesiones religiosas se le debe garantizar también vía reglamentación, al menos, los siguientes derechos:

1.1. A que les reconozca su personería jurídica, su organización en base a las normas que ellas mismas se dicten, y las autoridades que designen.

1.2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.

1.3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;

1.4. A tener cementerios;

1.5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial;

1.6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o las de otras comunidades religiosas, dentro y fuera del país;

1.7. A admitir o excluir fieles;

1.8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, enviar – dentro y fuera del país – o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual  y económicamente;

1.9. A reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas dentro y fuera del país.

1.10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.

1.11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.

1.12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a la Iglesia o a la confesión religiosa que indiquen.

1.13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

La mayoría de estos derechos, cuya enumeración no es taxativa, están reconocidos por la Constitución Nacional, la de las provinciales, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, y por leyes nacionales y provinciales.

  1. Sociedad Política, Estado, Iglesia, Autoridades Eclesiástica y otras Confesiones Religiosas.

De lo antes expresado queda claro que quien es religioso es la persona y que la expresión social del fenómeno religioso se da en las sociedades intermedias; como la familia, en las comunidades religiosas y en la sociedad política; y no en el Estado, que no profesa ninguna religión, por lo que podemos afirmar que es laico, aunque no sea indiferente ante la religiosidad de los ciudadanos, ni a las instituciones religiosas que viven y se desarrollan en el seno de la sociedad política a la que sirve, ni a la religiosidad de quienes ocupan cargos de gobierno o en la administración.

La Iglesia Católica como institución universal tiene reconocimiento como persona jurídica desde hace siglos por los usos y costumbres del derecho de gente o derecho internacional, y como así tácitamente lo reconoce la Constitución Nacional (Art. 2 y 75 inc. 22), y expresamente lo hace el Código Civil (Arts. 33 y 2345), en nuestro país.

La autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que tiene su Sede en el Vaticano, puede celebrar concordatos con el gobierno argentino (Art. 75 inciso 22), lo que no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse también acuerdos con las autoridades locales de la Iglesia, sus institutos de vida consagrada, y con las demás confesiones religiosas.

Las demás confesiones religiosas tienen también el derecho al reconocimiento de su personería jurídica aunque actualmente ello no se encuentra debidamente legislado en la Argentina y sólo consiguen su reconocimiento como tales a través de la adopción de formas sociales o asociacionales, civiles  o comerciales, que no se ajustan a su naturaleza religiosa, y con la previa inscripción en un registro de cultos.

  1. Separación, Autonomía y Cooperación.

De ello se desprende la necesaria autonomía que tienen la Iglesia y las demás confesiones religiosas respecto del Estado, fundamentadas jurídicamente en las personalidades jurídicas distintas que invisten el Estado, la Iglesia y las demás confesiones religiosas.

Podemos válidamente afirmar, entonces, que existe separación entre el Estado y la Iglesia, como también respecto de las demás confesiones religiosas. Pero ello no debe interpretarse como ruptura, sino, todo por el contrario, implica también cooperación.

La cooperación entre Iglesia y Estado es fundamental en el campo mixto; como en el de la bioética, el matrimonio, la familia, la cultura, la educación, lo social, los medios de comunicación, el patrimonio cultural, etcétera; en cuyas relaciones humanas se hace necesario armonizar las normas morales y canónicas con la legislación positiva.

  1. Estado Laico y Limitado.

El Estado no adopta ni tiene una religión, como todavía rezan algunas constituciones provinciales (Santa Fe, Art. 3º, y Catamarca, Art. 2º) que declaran a la Católica como la Religión de la provincia, y como bien quedó aclarado en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 cuando se discutió el artículo 2º de la Constitución Nacional, en la sesión del 21 de abril de ese año, cuando el convencional y prelado Benjamín J. Lavaysse sostuvo “(…)que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva (…)” lo que implicaba que el Estado no debía adoptar religión alguna y que debía declararse la libertad de culto. A la expresión “adopta y sostiene el culto católico” del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (Art. 3º) los constituyente le suprimieron el “adopta” al incorporarlo a nuestra Carta Fundamental (Art. 2), por las razones esgrimidas por el padre Lavaysse y José Benjamín Gorostiaga.

  1. La Igualdad de Derechos y la Libertad Religiosa.

Las personas físicas y jurídicas, titulares del derecho a la libertad religiosa, son iguales ante la ley. Esta igualdad debe interpretarse, como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, como lo ha hecho en distintos pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a distintas cuestiones (Fallos: 16:118, sentencia del 1º de mayo de 1875).  El número de files que integran las distintas confesiones religiosas, su expansión en el mundo y en nuestro país, y su significación histórica, cultural y social deben ser tenidas en cuenta a los efectos de hacer esta interpretación.

La invocación del derecho a la libertad religiosa no justifica actos de discriminación ni admite privilegios o supremacía para el acceso a cargos públicos, como ocurre por ejemplo cuando la Constitución Nacional dispone que: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)” (Art.73). La ley 23.592 tipifica y castiga los actos discriminatorios.

  1. Cuestiones controvertidas

Hay algunas cuestiones importantes que necesitarían ser resueltas normativamente para que los argentinos podamos ejercitar más plenamente la libertad religiosa, a saber:

1.1. El Gobierno Federal debe propiciar ante la comunidad internacional la firma de un tratado de derechos humanos sobre libertad religiosa.

1.2. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que hoy actualmente sólo tienen un simbólico sentido reparatorio por la confiscación de bienes que se le hicieron en el siglo XIX, ya que en modo alguno alcanzan para el sosteniendo que manda el texto constitucional.

1.3. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito. Debe suprimirse el artículo 73 que prohíbe ingresar al Congreso a los eclesiásticos regulares.

1.4. Debe reglamentarse el derecho a profesar y ejercer libremente su culto (Arts. 14  y 20 de la Constitución) y dictarse una ley de libertad religiosa, que derogue la ley de facto 21.745, y que declarare y garantice los derechos de los habitantes y de las confesiones religiosas, que hay actualmente en el país, y reconozca la personaría jurídica y de las que en el futuro puedan ser solicitadas. El convencional José Benjamín Gorostiaga así lo expresó en la sesión del 24 de abril de 1853 de la Convención Constituyente.

1.5. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

1.6. Debe modificarse el Código Civil para que se reconozca el matrimonio religioso, y se establezca la forma en que los mismos sean inscriptos en el Registro General de las Personas, como lo tiene establecido la legislación de Brasil y Chile.

1.7. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o  pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), que ser reitera en otros tratados internacionales y constitucionales provinciales. Actualmente se cumple con ello en las provincia de Salta, Tucumán y Catamarca.

1.8. Modificar el Código Penal a los efectos de preservar mejor el bien jurídico protegido: libertad religiosa y sancionar las conductas discriminatorias, fraudulentas, agresivas y contrarias a los derechos humanos ejercidas por personas o por quienes creen o intervengan en falsas confesiones religiosas, comúnmente denominadas “sectas”, y que invocan su condición religiosa con fines ilícitos.

Los mejores deseos para que estos propósitos se hagan posibles encuentran su mejor síntesis en estas palabras de Benedicto XVI:

Que los miembros de todas las religiones estén unidos en la defensa y promoción de la vida y la libertad religiosa en todo el mundo. Y que, dedicándonos generosamente a este sagrado deber -a través del diálogo y de tantos pequeños actos de amor, de comprensión y de compasión – seamos instrumentos de paz para toda la familia humana.” (17 de abril de 2008 en Washington D. C.)

Córdoba, septiembre de 2010.