La Codificación del Derecho Procesal Constitucional

Derecho Parlamentario, por Jorge Horacio Gentile

Lo sustantivo

La primera garantía que tienen los derechos humanos es la Constitución Nacional, complementada por las de las provincias, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y las instituciones políticas que ellas establecen: como la forma representativa y republicana de gobierno y federal de estado. Todo ello constituye el verdadero Código de Garantías que reconoce y protege nuestros derechos, y que debemos entender como la legislación sustancial o de fondo en esta materia.

A ello se agrega el control de supremacía constitucional, según la modalidad del judicial review o difuso, y que los jueces lo resuelven en los casos concretos; y que deviene de diferenciar las atribuciones del poder constituyente de los órganos del poder constituido, y que en nuestro país se ha desarrollado siguiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos a partir de caso “Marbury” de 1803, sin el cual la vigencia de la Constitución sería imposible.

Lo adjetivo

Lo que es necesario codificar, como legislación adjetiva, son los procesos judiciales constitucionales destinados a proteger específicamente los derechos, como son el hábeas corpus, el amparo, el hábeas data, el derecho de rectificación, de la información y las acciones o recursos de inconstitucionalidad.

En la actualidad estos procesos están regulados en forma deficiente, en normas dispersas, que merecerían ser sistematizada en un Código, como lo son otras materias de la legislación de fondo y de forma. A título de ejemplo podemos decir que el amparo está regulado todavía por 9 leyes, con modalidades diferentes, 8 de las cuales fueron dictadas antes de la reforma constitucional de 1994. Las dos primeras, y las más importantes, la ley 16.986 – que establece el amparo contra actos u omisiones de autoridad pública- y el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación en sus Artículos 321 inciso 8 y 498 (Ley 17.454 y sus reformas) –contra actos u omisiones de particulares-, fueron dictadas por gobiernos de facto, que con dichas disposiciones pretendieron limitar su empleo. El Amparo Impositivo, esta reglado por los artículo 86, 164 y 165 de la Ley 11683 (T. O. 1978 Ley 21.858); el Amparo por mora de la Administración por el Artículo 28 de la Ley 19.549 reformada por ley 21.858 de Procedimientos Administrativos; Amparo del elector reglado en el Código Electoral Nacional previsto en los Artículos 10, 11, 129 y 147 (Ley 19.945 y sus reformas); El amparo Sindical regulado en la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores en su Artículo 47: el Amparo del Código Aduanero en sus Artículos 1660 y 1661 (Ley 22.415); Amparo previsional de la ley 24.655 (Artículo 2 inciso d) y el ambiental reglado en el Artículo 30 de la ley 25.675.

El hábeas corpus está regulado, todavía, por la ley 23.098, dictada también antes de la reforma de 1994, y no prevé los casos de privación de la libertad física producida por particulares, ni la de desaparición forzada de personas, incluida en el artículo 43 de la Constitución.

No esta previsto en nuestra legislación nacional un procedimiento específico para la acción de inconstitucionalidad, lo que ha hecho que se la tramite a través del procedimiento de la acción de certeza, que en muchos casos, se traba discutiendo si hay o no certeza, lo que posterga o frustra el debate sobre la cuestión constitucional.

Tampoco está previsto por ley procedimiento alguno para declarar de oficio la inconstitucionalidad, lo que generalmente se hace sin escuchar antes a la partes; o para hacer valer el derecho de rectificación previsto en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, ni hay procedimiento específico para el amparo colectivo, previsto en el referido artículo 43 de nuestra ley Fundamental.

Respecto al derecho a la información no hay procedimiento judicial reglado para hacer cumplir los derechos reconocidos en el Decreto 1172/03 (BO 04/12/2003) en el que se aprueban los reglamentos generales “de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”, “para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”,”para la Elaboración Participativa de Normas”,”para el Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional” y “de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos”

Necesidad y alcance

Por ello es que creemos necesario que el Congreso de la Nación sancione un Código; que en distintas propuestas se ha dado en llamar de Garantías Constitucionales, o Procesal o de Procedimiento Constitucional, o de la Seguridad Personal –como mejor nos gusta denominarlo a nosotros-; con el propósito de regular y sistematizar los procedimientos de los procesos judiciales encaminados a proteger los derechos personales y colectivos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, y a asegurar la supremacía constitucional y de convencionalidad.

El proyecto, las leyes y el código

La idea de un código de procesos constitucionales nació en la provincia de Córdoba en la Convención Constituyente de 1987, que sancionó su quinta Constitución, en el proyecto que presentamos con los constituyente del bloque del Peronismo Renovador y la Democracia Cristina, en el que proponíamos el dictado de un Código de “Garantías Constitucionales (que establecerá el procedimiento del hábeas corpus, amparo, amparo por mora de la administración, acción de inconstitucionalidad, derecho de réplica, mandamos, acción popular en defensa de los intereses difusos, etc.)”, en el artículo 103 inciso 13 (Ver Diarios de Sesiones, Tomo I, página 246), disposición que no fue aprobada por esa Asamblea.

Más tarde, como diputado de la Nación, presenté un proyecto de Código de la Seguridad Personal (Trámite Parlamentario Nº 171 del año 1990), de 107 artículos, publicado en el libro de mi autoría: “Tercera Rendición de Cuentas como diputado de la Nación desde el 1º de setiembre de 1990 al 10 de diciembre de 1991”, que nunca fue tratado por la Cámara. Luego el mismo fue sancionado por ley 6.944 de la Legislatura de la Provincia de Tucumán con el nombre de Código Procesal Constitucional y con 111 artículos, con algunas pocas modificaciones que lo adaptaron para aquella provincia por iniciativa del legislador Sergio Díaz Ricci, quién había colaborado también en la redacción del proyecto que presenté en Diputados.

El proyecto lo redacté, con el propósito político de cumplir con la plataforma electoral de las elecciones de 1983 del Partido Demócrata Cristiano al que pertenezco, por las que nuestro país retornó a la Democracia, luego de un gobierno militar y una etapa política donde se atentó gravemente contra los derechos humanos, y por el deseo de todos los argentinos de que estos atropellos no volvieran a ocurrir.

En la Legislatura de Córdoba hace unos años el diputado Rafael Vaggione presentó un proyecto de Código de Procedimiento Constitucional redactado por el doctor Guillermo Barrera Buteler. El proyecto de Código de la Seguridad Personal, que presenté al Congreso fue presentado en dos oportunidades, en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, adaptado al nivel provincial, por los legisladores Juan Carlos de la Peña y Santiago Soleri. Una comisión del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba; integrada por José Daniel Godoy, Félix López Amaya, Carlos Valdez y Ricardo Vergara; redactó un ante proyecto de Código Procesal Constitucional, que fue concluido el 7 de agosto de 2011.

La idea del proyecto de Código tuvo por antecedente remoto el célebre Decreto de Seguridad Individual, aprobado por el Triunvirato el 23 de noviembre de 1811, de 9 artículos, y, por precedentes más recientes, la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, Número 7135 del 11 de octubre de 1989 (luego reformada por la ley 7209 del 7 octubre de 1990), que unía en un solo texto el hábeas corpus, el amparo y la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el sala cuarta del la Corte Suprema de Justicia de aquel país; y la ley de Procedimientos Constitucionales de la República del Salvador, del 14 de enero de 1960 (Decreto Legislativo Nº 2996 reformado por Decreto Legislativo Nº 45 del 6 de julio de 2006), que tiene 96 artículos y que el primero de ellos declara que “Son procesos constitucionales, los siguientes: 1)- El de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos; 2)- El amparo; y 3)- El de exhibición de la persona.” Fueron consejeros en el momento de la redacción los doctores Néstor Pedro Sagües y Adolfo Rivas y se tomaron en cuenta los proyectos de leyes de amparo de los diputados Jorge Reinaldo Vanossi y Jorge O. Folloni, que había entonces en la Cámara.

En Entre Ríos hay una ley 8369, del 4 de octubre de 1990; modificada por la 8640, del 27 de marzo de 1992; la 9550, del 23 de febrero de 2004; y la 9571, del 24 de junio de 2004, que reúne las normas procedimentales sobre el amparo, acción de ejecución, el hábeas corpus, de control de constitucionalidad -por vía directa-, recurso extraordinario de inconstitucionalidad y amparo ambiental.

En la provincia de Santa Fe esta vigente la ley 10.000 de parecido tenor y en Salta hay una ley que regula el hábeas corpus y el amparo. El diputado de dicha Provincia Marcelo Luis Gastaldi ha presentado un proyecto de Código Procesal Constitucional de 89 artículos, que “regula los procesos constitucionales derivados de las acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data e inconstitucionalidad, cuya finalidad esencial es la de garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales” (Art. 1).

La ley 28.237 aprobó el Código Procesal Constitucional del Perú, que entró en vigencia el primero de diciembre del año 2004, el que consta de un título preliminar y trece títulos, con 121 artículos, 7 disposiciones finales y 2 transitorias. Este código tiene por antecedente la ley 23.506 de Hábeas Corpus y Amparo, de 1982. Además de los principios generales el Código regula los procesos constitucionales del hábeas corpus, de amparo, de hábeas data, la acción de cumplimiento y el control de supremacía constitucional, mediante los procesos de acción popular ante el Poder Judicial; el proceso de inconstitucionalidad -por vía directa-, que se ventila ante el Tribunal Constitucional; y el proceso competencial, entre distintos entes estatales, que también es de conocimiento y decisión del Tribunal Constitucional.

Contenido del Código de la Seguridad Personal

Nuestro proyecto tenía un Título primero donde se establecían los “Principios generales”, donde, entre otros temas, se fijaba la competencia de los tribunales, la posibilidad de que los jueces declaren de oficio, en el caso concreto, la inconstitucionalidad normas y actos contrarios a la Constitución, debiendo oír antes a las partes.

En el Título segundo había cinco capítulos. El Capítulo primero que contenía las “Disposiciones generales”, donde se hablaba de la legitimación activa de las acciones de hábeas corpus y amparo, que lo podía intervenir cualquier persona interesada, sus defensores y el Ministerio Público; del horario extraordinario para interponer estas las acciones de hábeas corpus y el amparo, fuera de las horas hábiles; los términos perentorios; los plazos improrrogables; el impulso procesal de oficio; la competencia por materia; la conversión de la acción; las recusaciones que no son admisible cuando son sin causa; la gratuidad, las causales en caso de estado de sitio; la apelaciones, las quejas; procedimiento en la alzada; las costas y las sanciones por acciones maliciosas, entre otros temas.

El Capítulo segundo trata del hábeas corpus que garantiza la libertad física y ambulatoria de las personas, sin limitarlo, como hace la ley 23.098, al caso de las denuncias de actos “lesivos (que) emanen de autoridad nacional o provincial” (Art. 2), extendiéndolas a los casos que sean causado por particulares. Además, se amplían las causales, agregando el caso de las amenazas o limitaciones a la libertad ambulatoria que provengan de autoridad judicial; la restricción ilegítima al derecho de entrar y salir libremente del territorio argentino; cuando la misma exceda el plazo legal de la detención o de la condena; cuando haya ilegitimidad en la incomunicación del detenido o exceso en los plazos y condiciones establecidos por la ley; y cuando el hecho que motiva la detención no esté tipificado y penado en la ley vigente.

Hoy habría que explicitar el caso de la desaparición forzada de las personas, como indica el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el de los derechos de la personas por nacer cuando se la pretende extraer del seno materno para privarla de su vida (aborto). También en los casos que los jueces demoren el hacer efectiva la libertad de personas que han cumplido su condena o el traslado de una persona privada de su libertad a otra jurisdicción que ordenó su captura o que es competente para atender su causa.

También habría que hacerlo con los casos en que no se de incumplimiento o se infrinja la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se respeten los períodos de observación, tratamiento, prueba o de libertad condicional (Art. 12), y no se cumpla con el régimen de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, programas de prelibertad, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, prisión diurna, nocturna o trabajos para la comunidad y libertad asistida. O no se cumplan las normas que garantizan a los internos: higiene, vestimenta, alojamiento adecuado; además de educación, trabajo, asistencia médica y espiritual; o sus derechos de comunicación y relaciones familiares y sociales; o cuando el régimen disciplinario sea transgredido por las autoridades penitenciarias.

Otra causal del hábeas corpus podría ser ahora el incumplimiento de las medidas de seguridad curativa de desintoxicación y rehabilitación previstas en la ley 23.727 de Estupefacientes (Arbs. 16, 17 y 18).

Se amplía la competencia, hoy limitada a los jueces de primera instancia en lo criminal para la presentación y tramitación del hábeas corpus en la Capital Federal (artículo 8 inciso 1 de la ley 23.098) a todos los jueces de primera instancia, porque la libertad física o deambulatoria de las personas no es materia especializada de la que deban entender con exclusividad los jueces, del fuero penal, que instruyen las causas donde se puede castigar con la privación de la libertad a las personas que hayan cometido delitos; sino, todo por el contrario, a todos los jueces que están habilitado para entender en los amparos que protegen a los demás derechos.

No creemos tampoco que las acciones de amparo o de inconstitucionalidad deben ser atendidas por tribunales especializados, como está previsto en el Código de Tucumán, o como en algunas provincias que le dan competencia para atender la acción de inconstitucionalidad al Tribunal Superior o a su Corte Suprema provincial, creo que todos los jueces, antes de la especialidad que se les atribuye son jueces de la Constitución y tienen a su cargo el control de constitucionalidad. Estas acciones deben ser atendidas por cualquier juez y recurridas ante los tribunales encargados de revisar sus sentencias. No deben preverse, como en algunos proyectos, el recurso de casación, que revisa sólo los fundamentos de derecho, separándolo de los hechos algo que con razón fue cuestionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Casal, Matías” (20 de setiembre de 2005).

El proyecto crea el Registro de personas privadas de libertad, que abarca a las personas detenidas, privadas o restringidas en su libertad física, dependiente del Congreso de la Nación (el Art. 49 del Código de Procedimiento Constitucional de Tucumán lo creó y lo hace depender de la Corte Suprema provincial), al cual toda autoridad pública, nacional, provincial o municipal, debe comunicar, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la restricción a la libertad física de las una personas bajo su jurisdicción, informando la identidad y demás datos personales del afectado, clase y duración de la limitación, debiendo mantener actualizada la información. Existe en la provincia de Buenos Aires creado por las Leyes 13.203 y 13.284.

El Capítulo tercero se refiere al “Amparo”, en general, contra actos, omisiones u hechos de autoridad pública o particulares, con un plazo de caducidad de 90 días, sin necesidad de agotar la vía administrativa, las medidas cautelares y el procedimiento en general.

Después de la experiencia de los últimos años sería necesario revisar lo proyectado y ampliar lo referido a las medidas cautelares y agregar lo de la tutela anticipada.

El Capítulo cuarto trata de los “Amparos especiales”: el hábeas data, el electoral, el fiscal y aduanero, el por mora de la administración y el derecho de rectificación (este último fue suprimido por la Legislatura de Tucumán por lo que no integra el Código Procesal Constitucional de esa provincia). Hoy tendríamos que agregar el sindical, previsional y el ambiental, previstos en la legislación nacional, y el de la información sobre actos de gobierno o administrativos, en contra de las autoridades que se nieguen a suministrarla. La demora en expedir documentos de identidad o de inclusión en los padrones electorales o hacer cambio de domicilios en los mismos debería poder ser solucionada mediante una acción de amparo.

El Capítulo quinto se refiere a los “Amparos colectivos” que comprende a los de protección y de reparación de los intereses difusos. En estos tiempos habría que pensar en incluir también la acción de clase, tomando en cuanta la experiencia norteamericana y los proyectos que hay actualmente en el Congreso.

En el Título tercero se trata del “Control jurisdiccional de constitucionalidad”. En el Capítulo primero la que se hace “De oficio”, donde se contempla el traslado a las partes, cuando se estime que la norma aplicable puede adolecer de alguna objeción constitucional, antes del pronunciamiento. En el Capítulo segundo, la “Por acción” declarativa de inconstitucionalidad, para la cual no es necesario agotar la vía administrativa, y se establece un plazo de sesenta días para interponerla a partir de la publicación de la ley o del acto, o desde que se tenga conocimiento de ellos, sin tener en cuenta, como exige la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que la ley haya sido o no aplicada. La falta de presentación en tiempo y forma, por vía directa, no obsta el planteo por vía indirecta de la inconstitucionalidad.

En el Capítulo tercero se titula “Por apelación ante la Corte Suprema de Justicia”, con la queja, el depósito correspondiente y su devolución, y el writ of certiorari, similar al artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, y se establecen como causales las que están previstas en el artículo 14 de la ley 48 y los casos de sentencia arbitraria según la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora haría que agregar las recientes acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que regulan Los Amigos del Tribunal (Acordada Nº 28 del 2004); del reglamento de los escritos de los recursos extraordinarios y de quejas por denegación de aquel ante dicho tribunal, (Acordada Nº 4 del año 2007), con los ajustes y la flexibilidad que la doctrina ha señalado, y la que prevé las audiencias públicas: informativa: conciliatoria y ordenatoria (Acordada Nº 30 de 2007).

También se debería agregar, en este capítulo, lo referente al “control de convencionalidad” de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando aplica la Convención Americana sobre Derecho Humanos, de San José de Costa Rica, y lo referente al cumplimiento de sus sentencias, teniendo en cuenta lo resuelto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Cantos, José María c/ Santiago del Estero” (del 21 de agosto de 2003, con motivo de la sentencia del 28 de setiembre de 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Lo nuevo

Luego de las reiteradas desobediencias a las órdenes judiciales de la que son responsables funcionarios políticos, administrativos y de las fuerzas de seguridad, se hace necesario preveer sanciones, pecuniarias o de arresto, que los jueces puedan aplicar a los órganos o funcionarios que no las cumplan, y que se dispongan en casos de tutelas anticipadas, medidas cautelares o para ejecutar sentencias.

También podría preverse el recurso de atentado o de innovación, previsto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de Tucumán (Arts. 44 al 47), para resguardar el efecto suspensivo de un recurso, o cuando esta pendiente de resolución una recusación o una cuestión de competencia o un incidente que impida proseguir el juicio, e impedir que se ejecuten resoluciones o sentencias.

En nuestro proyecto se autorizaba la presentación de escritos por telegramas y cartas documentos, ahora habría que incluir todo lo que se puede hacer mediante los medios electrónicos y la red Internet como: presentar denuncias, escritos, recursos, correr traslados, notificar y acceder a la información respecto de los trámites que siguen los expedientes en los tribunales y en la administración pública, para lo cual no sería necesario constituir domicilio en la ciudades sede de los tribunales. El Registro de detenidos, que actualmente está creado como dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debería que estar informatizado.

También habría que reconocer la legimitación activa de los defensores del pueblo de todas las jurisdicciones -nacional, provincial y municipal- como interpreto que expresa el artículo 43 de la Constitución Nacional. La medidas autosatisfactivas y habría que ponerle límites al per saltum (no regulado actualmente en la legislación nacional e incorporado en el Art. 107 del Código Procesal Constitucional de Tucumán).

Nuestro Congreso tiene una deuda histórica con la Constitución cuando en el artículo 18 dispone que: “(…)El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.(…)”, ya que esta ley nunca fue dictada y, en su reemplazo y con criterios dispares y distintos, esta materia se encuentra regulada por distintas normas de fondo y de forma, en los distintos niveles del Estado. A esto hay que agregar los archivos digitales que tienen las computadoras y las comunicaciones por teléfonos móviles o fijos, que mediante órdenes judiciales o sin ellas son secuestrados o intervenidos, atentando, en algunos casos, contra el secreto profesional o la intimidad de las personas. Un capítulo de éste Código podría saldar la referida deuda y crear, además, un procedimiento eficaz para evitarlo o repararlo.

Reflexión final

Esta de más, señalar las ventajas que significaría unificar y sistematizar la legislación, actualmente dispersa, referida a la protección de los derecho personales y actualizarla incluyendo los nuevos institutos creados por la jurisprudencia, acordadas de la Corte y discutidas por la doctrina de los autores; además de los medios que la tecnología nos proporciona para perfeccionar, simplificar, agilizar y hacer más seguros los procedimientos judiciales y administrativos.

Con ello queremos reafirmar aquello que el 23 de noviembre de 1813 el Decreto de Seguridad Individual, declaró:

“Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. La posesión de este derecho, centro de la libertad civil, y principio de todas las instituciones sociales, es la que se llama seguridad individual.”

La Libertad Religiosa en la Educación de Córdoba

Juan Bautista Alberdi

El tema de hoy lo elegí luego de leer un graffiti, escrito en la pared del frente del Arzobispado de Córdoba cuando se debatía la última ley de educación –y que todavía está-, que dice: “No educarás. Fuera la Iglesia de nuestros colegios”, y que me recordó una frase que escuché en la época del gobierno militar de boca de un guardia de la Cárcel de Sierra Chica -una especie de campo de concentración que había al sur de la provincia de Buenos Aires- mientras hacía cola para ingresar y visitar a un preso político que defendía entonces, y que se lo dijo a una señora que estaba adelante mío en la fila: “La Biblia (que tenía en sus manos) no entra”; y, en esta exposición, me voy a circunscribir a lo que tiene que ver con la Educación religiosa en los colegios de gestión estatal en nuestra provincia, especialmente a partir del debate que hubo en la Convención Constituyente que en 1987 que dictó la quinta Constitución de la provincia de Córdoba, y que tuve el honor de integrar.

La Libertad Religiosa

Pero antes de llegar a este hecho histórico me parece importante significar lo que entiendo por el derecho humano a la libertad religiosa, para lo cual es bueno recordar las palabras que Jesús de Nazaret dijo en respuesta a una pregunta capciosa que le hicieron algunos fariseos y herodianos, a quienes les respondió: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21), ó aquella otra en la que expresó que: “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37). Siempre me ha parecido que estas frases deben haber impactado fuertemente en los judíos de entonces –entre los cuales estaban los primeros cristianos-; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regulaban sus conductas fue, para muchos de ellos, un obstáculo para entender el mensaje liberador y de alcance universal del Hijo de Dios.

Pero me animaría a afirmar, también, que esas palabras todavía no han sido bien entendidas por la humanidad de hoy, en el que incluyo a nosotros los cristianos, que durante estos veinte siglos y en estos tiempos les hemos dado las más diversas interpretaciones. De allí la dificultad que tenemos todavía para ubicar la religión o lo religioso en la sociedad política, y la relación que ello tiene con el Estado, que la gobierna, y las normas que lo rigen; especialmente en aquellas áreas de la sociedad civil, donde confluyen intereses y normas civiles y religiosas, y que podríamos denominar de carácter mixto, como son las referidas a: la preservación de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural; al matrimonio; a la familia; a la educación pública; a los medios de comunicación y a todo lo que tiene que ver con la cultura.

Acabo de participar en dos Simposios Internacionales sobre Libertad Religiosa; en Santiago de Chile, y en Provo, Utah, Estados Unidos de América; donde se revisó el estado de la Libertad Religiosa en el mundo y podemos afirmar que vivimos en la zona del planeta donde menos ataques hay al derecho humano a la libertad religiosa, aunque todavía falta mucho para que podamos afirmar que este derecho está debidamente reconocido y garantizado en el mundo y en nuestro país, a pesar de que hay normas constitucionales, tratados internacionales y leyes que los reconocen. En muchas partes del mundo judíos, cristiano, musulmanes o creyentes de otras religiones, padecen persecución, cárceles, exilios o son condenados a muerte por ser creyentes o practicar su fe.

Libertad de Conciencia, Religiosa y de Culto

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puedan hacerle otras personas o la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las leyes.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando reza; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o se asocia con otras personas para orar o celebrar su culto; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe entonces ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, son parte de la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros. Entendiendo por culto no solamente el conjunto de actos y ceremonias que expresan “veneración y respeto a un ser divino o sagrado”, como definen los diccionarios, sino también a lo que se relaciona con la cultura de un pueblo, de una nación, de un continente o de la humanidad en general.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política o civil y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puedan desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

La confesionalidad del Estado, en nuestro país, se abandonó cuando se dictó la Constitución de 1853, y no se aceptó que el Estado adoptara la Religión Católica como oficial, y quién fundamentó esta posición con más claridad fue un sacerdote católico, el convencional Benjamín Lavaysse, quién en aquella oportunidad expresó que: “(…) la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar el culto exterior (…).Que la religión, como creencia no necesitaba más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva. (…)”.

El bien entendido Estado laico -no laicista-, o secular, donde lo religioso está separado de la estructura estatal –sin que ello signifique ruptura-, no debe entendérselo como una Estado ateo, agnóstico o indiferente ante la religiosidad del pueblo y de la sociedad a la que sirve, y debe mantener con la Iglesias Católica, que es la más arraigada y que mayor número de fieles tiene en nuestro país, y con las demás  confesiones religiosas una relación regida por los principios de autonomía y cooperación. Lamentablemente nuestra Carta Fundamental de 1853 mantuvo, a pesar de la oposición de la Iglesia, el instituto del patronato para que el Estado siguiera interviniendo en la designación de los obispos de la Iglesias catedrales lo que fue dejado sin efecto en el Acuerdo con la Santa Sede de 1966, cuyos principios fueron incorporados al texto de la Constitución en la reforma de 1994.

Educación

En el caso de la educación si bien ya no se discute el derecho a enseñar y a aprender, ni el de la libertad religiosa; su ejercicio, algunas veces, es cuestionado en nombre de un laicismo trasnochado que todavía desconfía, con alguna razón, y teme de que lo que se quiere con ello es volver a usar la educación pública, de gestión estatal, con el propósito de “adoctrinar” a los educandos a favor de algún credo o confesión religiosa; cuando en realidad de lo que se trata es de cumplir con la finalidad de la educación que es contribuir al desarrollo integral de la persona humana, especialmente en lo que tiene que ver con su dimensión trascendente. Para ello es necesario trasmitir a los educandos la experiencia religiosa que la historia, la tradición y los textos sagrados nos han legado.

Las dificultades y problemas que enfrenta el hombre, en estos tiempos, como consecuencia del debilitamiento de la familia; la crisis moral; la desigualdad de oportunidades -especialmente en el plano educacional, laboral, y de ingresos-; la falta de conciencia y participación cívica, la desconfianza en los dirigentes, la inseguridad, la criminalidad, las adicciones, y la distancia entre religión y la vida, etcétera; nos obligan a volver sobre la necesidad de una mejor educación. Con hacer más severo el Código Penal no vamos a corregir la conducta desviadas de las personas.

Para lograr una mejor educación es necesario apelar no sólo a los conocimientos científicos y técnicos, sino también a los principios y valores universales de la moral y ética, que sólo la sabiduría práctica, estudiada por la filosofía y la teología, nos la pueden proporcionar. Ello nos plantea la necesidad de revisar nuestra educación pública, donde es necesario enfatizar los estudios sobre moral, ética, filosofía y teología, conocimientos en los que confluyen la razón y la fe religiosa.

Un  reciente estudio sobre la formación de los docentes -de nivel primario- en nuestra provincia nos dice que: la sociedad cordobesa prioriza la valoración de las competencias axiológicas de los maestros  –es decir la asunción de valores y la conducta ética–  las  que son señaladas como importantes en la formación por el 55, 5 % de los entrevistados. En este último aspecto,  debe destacarse que,  entre la población con mayor nivel de instrucción,  el  83.0% demanda a los maestros que transmitan y sean ejemplo de valores, mientras que,  entre aquéllos que no concluyeron el nivel medio,  la frecuencia de respuestas  es del 42.3%.  Más específicamente se reclama a los maestros que sean capaces de fomentar la solidaridad, la amistad (…)” (Centro de Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba  realizado por Susana Carena, Livio Grasso, Ángel Robledo y otros).

Los estudios sobre moral y religión no pueden estar ausentes de los planes de estudios de los establecimientos educaciones, sean ellos de gestión estatal o privados. Esto no significa que proponemos volver a la experiencia que a nivel nacional se dio entre los años 1943 y 1955[1], o que se viene dando en algunas provincias, como Salta, Tucumán y Catamarca donde se enseñó y enseña educación católica, para los católicos y moral para los que no lo eran o son, sino que se trata de hacer conocer lo religioso a través y según la interpretación de las distintas tradiciones y confesiones religiosas, permitiendo así un mejor desarrollo de la faz trascendente que tiene el educando como persona, y permitir que se enriquezca en los valores que adopte para sustentar su vida como persona y como integrante de la sociedad a la que pertenece. Ello le servirá también para decidir mejor y con ello cimentar los proyectos de vida que decida emprender.

No se trata de alimentar o de difundir la fe entre los educando, ya que ello se debe hacer en el hogar, en los templos o en las instituciones religiosas -como ocurre por ejemplo con los cursos de catecismo-, pero en las escuelas no se puede omitir el trasmitir a los alumnos el significado que tiene para las personas lo religioso, según las distintas tradiciones, con sus libros sagrados, sus ritos y la incidencia que ello ha tenido y tiene en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra legislación y en nuestro modo de vida. Esta omisión implica también una discriminación para aquellos que no pueden acceder a la educación pública de gestión privada donde esta enseñanza es impartida. Que respuesta le debe dar un docente a un alumno que pregunta por qué nuestra Constitución invoca a Dios, como lo hacen más de la mitad de la constituciones de los países que integran las Naciones Unidas. No hay justificativo para negarse a responder en nombre de una falsa neutralidad.

La ley 1420; dictada en 1884 y que se conoce como la que implantó “la enseñanza laica”, en realidad no prohibió la educación religiosa en los colegios del Estado sino que dispuso que: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases” (Artículo 8).

Con la “jornada extendida” o la “doble escolaridad”, que se impone en la actualidad cada día con mayor fuerza, ya no hay pretexto para que la educación religiosa se deje de hacer en las escuelas, al menos en el horario extendido y no con un criterio catequístico sino verdaderamente de educación religiosa. Lo que dispone la nueva ley provincial de educación (ley 9870 artículo 11 A) e) de que la misma debe estar; a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos” tampoco tiene sentido, por el tipo de educación religiosa que se propone, sino también  porque en la actualidad la educación religiosa en las universidades y escuelas confesionales, en casi todos los casos, está a cargo de laicos. No es indispensable que los maestros y profesores que les toque enseñar religión tengan que pertenecer a la misma religión que profesen sus alumnos, lo importa es que conozcan lo que tienen que trasmitir y que lo hagan objetivamente, como les toca hacer a los profesores que enseñan las distintas ideas o doctrinas políticas.

Si de valores y educación se trata el punto de partida tiene que ser la persona humana y el desarrollo de la personalidad dentro de una sociedad encaminada al bien común.

“La primera finalidad de la educación – como bien indica Jacques Maritain- es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre.”  

La educación, que se desarrolla en la familia, la escuela o en la universidad; no puede desentenderse del plan de vida que deberán adoptar los educandos. Una educación preocupada sólo por los medios, los métodos o por el destino laboral del alumno, pero desentendida del fin trascendente del hombre no es una educación integral; como no lo es la que se ocupa sólo de la ciencias, que indaga sobre las causas segundas, y no atiende a lo ontológico, en donde se interroga respecto de las causas primeras; o del destino trascendente de la persona, de lo que se ocupa la teología.

Declaraciones y normas internacionales

Estos propósitos están previstos en normas que en Córdoba no se cumplen, como la que disponen la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (Artículo 12,4) [2] y que se reitera casi textualmente en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales  (Artículo 13, 3); y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 18, 4) de 1966. [3] Dichos tratados de derecho humanos tienen, en nuestro país, jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución).

El Acuerdo firmado por el presidente Inacio Lula da Silva entre Brasil y la Santa Sede en el año 2008 admite la enseñanza religiosa la que se imparte en los horarios normales de las escuelas del Estado, como ocurre en otros países.[4]

Constitución de la Provincia

El rol que le cabe a lo religioso en la Constitución de la provincia de Córdoba, dictada en 1987, es bastante claro, por la influencia de la inspiración de la filosofía “personalista” de alguno de los convencionales que la integrabamos, lo que se muestra en el uso reiterado de la palabra persona (30 veces), que comienza en el preámbulo donde se indica como primera finalidad de la Constitución el: “exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos” y a donde, como en la Nacional, se invoca a “Dios, fuente de toda razón y justicia

En una de sus cláusulas declara que Son inviolables en el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.” (Artículo 5) Y en otra “reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.

Respecto de los derechos personales, es importante resaltar, que, entre otros, reconoce el de “la vida desde la concepción (…)” (Inciso 1) y “A la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica. (…)” (Artículo 19 Inciso 5)

Cuando se refiere a la Educación declara que su finalidad “es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria.(Artículo 61), y como principio de la política educativa dispone que debeAsegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. (…)” (Artículo 62 inciso 5)

Debate sobre educación religiosa en la Convención de 1987

En el debate de ésta dos últimas disposiciones está la esencia de lo que hoy queremos remarcar, ya que para su aprobación fue necesario acordar posiciones que históricamente había sido conflictivas, entre quienes habíamos sido protagonistas de posturas encontradas y que parecían imposible de conciliar, aunque después de sancionada la Constitución estas cláusulas quedaron como letra muerta ya que nunca se implementaron las políticas allí acordadas.

En la cocina de la Asamblea los que postulaban los principios de la “enseñanza laica”, y que seguía la tradición de la ley 1420 y de la reforma universitaria, consiguieron imponer aquella vieja consigna que decía que la educación debía ser libre de dogmatismos”, aunque renunciando al texto de la misma, y colocando en la Constitución sólo el concepto, que no era otro de que la educación pública estatal debía ser “exento de dogmatismo”, expresión que no ofrecía reparo. Como contrapartida aceptaron, de quienes habíamos luchado a favor de la “enseñanza libre” y por lo que declaraba el Pacto de San José de Costa Rica, aquello de que los “padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones”

Luego en el plenario el convencional Ricardo del Barco (Demócrata Cristiano) citando a Eduardo Sánchez Martínez, dijo: “Esto no significa imponer una enseñanza confesional lo cual violentaría manifiestamente la libertad de conciencia de cada uno; significa en cambio que a través de la enseñanza se ayude al que se educa a plantearse problemas de la trascendencia, a plantearse la cuestión de si detrás del más allá de este mundo, no hay algo que le dé sentido. Y después, de las distintas respuestas que cada uno tenga o se dé, no sólo se respeten y toleren, sino que, además, se encuentren en el medio educativo cauces adecuados para su desarrollo y su profundización. (…)”. Y agregó: “Nosotros creemos que en el escuela pública hay que promover un diálogo, también, entre la fe y la cultura, entre la cultura y la vida. Queremos que las distintas expresiones religiosas tengan su ámbito, eso contribuye al pluralismo. No creemos que los católicos que asisten a las escuelas públicas teman no encontrar en ella la expresión de su fe en un encuentro a través de la educación, del diálogo y de la reflexión. No queremos que aquellos que tienen otras confesiones religiosas, cristianas no católicas u otras confesiones, o los que no tienen ninguna no puedan encontrar su expresión en el seno de la escuela pública, según el modo, manera y circunstancia que la propia práctica educativa encuentre y que desde la legislación se oriente para que no se esconda el tema. Que nadie se avergüence de tener una fe o de no tenerla.  Lo que se intenta aquí es que la educación no omita esta dimensión humana, no que le impongamos fe alguna o que utilicemos los recursos del Estado para imponer una fe determinada, aunque sea la fe católica, que es la de la mayoría de este pueblo; tienen tanto derecho las mayorías como las minorías a expresar su disenso y buscar su verdad por otro camino. No teman los señores convencionales: no se intenta con estas cláusulas revivir polémicas del pasado. Hoy queremos transitar nuevos y distintos caminos. Deseamos ante todo que en la escuela estatal se dé un ámbito de encuentro, de búsqueda y diálogo.”

El convencional Jorge de la Rúa (UCR), oponiéndose a lo acordado por la mayoría, pero con la altura que siempre lo ha caracterizado, anticipó las dificultades que habría más tarde en su aplicación, al expresar que: “la norma estaría estableciendo una regla en virtud de la cual, fundado en el derecho de los padres a que se les proporcione a sus hijos educación religiosa en las escuelas estatales, el Estado tienen el deber de proveer esa enseñanza religiosa.(…)La Nación tiene reconocido centenares de cultos y sino hay ánimo de discriminación –como descuento que no lo hay en los miembros de la Comisión- el Estado tendrá que proveer centenares, o miles, de maestros o maestras de religión o de moral, para cubrir todo el espectro religioso e ideológico de los alumnos. Porque de lo contrario, reitero, estaríamos en un plano de discriminación. (…) Creo realmente que estamos frente de una norma que en su amplitud puede generar severos problemas de aplicación práctica, y puede generar reales y concretas situaciones de discriminación. (…)Todas estas razones(…)hacen que anticipe mi voto negativo a este precepto.”

El convencional Juan Carlos Maqueda (Peronismo Renovador) dijo: “No creemos que ese inciso del artículo que está en tratamiento lleve en sí mismo una discriminación, sino que por el contrario lleva un sentido de apertura; lleva la posibilidad que la ley máxima por vía reglamentaria, que será la ley de la Legislatura, valga la redundancia, podrá determinar las formas y los modos en que habrá de impartirse la enseñanza moral o religiosa que prevé este precepto.(…) Damos el voto favorable de la bancada del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana.”

El convencional Abelardo Rahal (UCR), a su vez manifestó: “Creo en el hombre total. Creo en el respeto profundo entre los hombres, Creo en la educación para la libertad. Por eso es que evidentemente no puedo sectorizar al hombre y remitirlo solamente a las expresiones de su razón en la vinculación solidaria. Creo que la dimensión religiosa está totalmente compenetrada dentro de la naturaleza humana.(…)Por eso –reitero- mi voto positivo va a ser por convicción y no sólo por disciplina de bloque.”

La convencional Ileana Sabattini (UCR), cuya actuación fue fundamental para acordar la cláusula que en definitiva se aprobó, dijo: “Si a un radical se le dice que se va aplicar la ley 1420, se pone contento, si a un católico se le dice que se va a aplicar la ley 1420, que está tildada de laicista, se horroriza. Pues bien, señores convencionales: hoy como no se ha mencionado la ley 1420, nos hemos dividido por el mismo tema y con los argumentos expuestos, de manera opuesta. Es decir, estamos preconizando la posibilidad de que los padres organicen fuera de la hora de clase, sin pago por parte del Estado, la educación religiosa. Se está contemplando a la persona como una integridad, no solamente educar a todos los ciudadanos, sino a todos el ciudadano; se está reiterando lo que hemos firmado en los pactos internacionales (…).”

La Nueva Ley de Educación

El 15 de diciembre de 2010 la Legislatura de Córdoba aprobó la ley 9870, luego de un largo debate donde grupos de activistas hicieron distintas manifestaciones y tomas de colegios secundarios en contra de su sanción; la que días después fue promulgada por el Poder Ejecutivo, y en la misma se declaró que: “Se reconoce a la familia como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones; (…) (artículo 3º b) y queLos padres, o quienes los sustituyeren legalmente, tienen sobre la educación de sus hijos los siguientes derechos(…) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, una enseñanza general exenta de dogmatismos que pudiera afectar las convicciones personales y familiares; y: A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado, como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos; (…) (Artículo 11).

No advertimos que tampoco, luego del ríspido debate que hizo posible esta ley, haya una voluntad política clara para hacer efectiva la educación religiosa en las escuelas públicas del Estado provincial..

Programa Valores Comunes

Sin embargo, en el marco del convenio firmado por el Ministerio de Educación de la provincia y el COMIPAZ (Comité Interreligioso por la Paz) se realiza desde el año 2007 el Programa de Educación en Valores Comunes, con el objetivo de crear espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones, respetando la diversidad cultural y religiosa, la libertad y la convivencia. El programa está dirigido a alumnos/as de 4° año del nivel medio y desde su implementación han participado más de 6000 alumnos/as de escuelas de gestión pública y privada de capital e interior, dichas escuelas son elegidas por las supervisiones del Ministerio.

El programa tiene como Objetivos: Favorecer espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones que buscan una sociedad más fraterna. Fortalecer el respeto de la Libertad y la Convivencia por parte de los y las jóvenes. Dicho Programa tiene tres etapas: Una primera etapa en la que alumnos/as y docentes visitan los templos de las religiones que conforman el COMIPAZ. La segunda etapa se desarrolla en  la escuela, en cada curso, donde los y las docentes a cargo de esta experiencia, abordan con los alumnos y las alumnas la lectura y reflexión de la “Convención de los Derechos Humanos”, donde se les sugiere desde el Área de Educación en Derechos Humanos e Interculturalidad pautas abiertas orientadoras del trabajo. Por último se desarrolla un Festival por la Paz, para conmemorar el día de la libertad religiosa, donde se presentan las producciones realizadas por los alumnos/as y se realizan actividades recreativas de integración.

Por otro lado, la ley nacional 25.878 de 2003 declaró el día 29 de julio como “el Día de los Valores Humanos” (Art. 1º) y dispone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrará los medios necesarios para que se desarrollen clases alusivas a esta conmemoración en los establecimientos educativos de todo el país.” (Art. 2º). Esto nos ratifica en la necesidad de que los “valores humanos” declarados en la Constitución, como los que tienen que ver con la religiosidad de nuestro pueblo, no pueden estar ausentes de la educación.

Reflexión Final

No somos ingenuos y conocemos las dificultades políticas que acarrea poner nuevamente en el debate político esta cuestión, pero ello no nos exime de hacer presente, una vez más, que la calidad educativa es un propósito, que va a la par de la necesidad y del reclamo por una “educación inclusiva”, porque no solamente debemos tratar de que todos los niños y jóvenes tengan un  lugar en el sistema educativo, sino también que la misma incluya en su currícula  aquello que tiene que ver con el destino trascendente del hombre..

Si en los programas de estudio están ausente los valores morales y religiosos y dejamos que ello se trasmitan sólo en la familia, en el templo o en la educación de gestión privada, estamos cometiendo una grave omisión, y en muchos casos una discriminación a quienes aspiran a que sus hijos tengan una educación integral que abarque también la educación religiosa y no están en condiciones de pagar una educación privada donde no haya esa carencia.

Por ello es que me animo a afirmar que la provincia de Córdoba tiene esta deuda pendiente con sus niños, con sus jóvenes y con sus ciudadanos, y que el implementar la educación religiosa en los colegios no es sólo una obligación del gobierno, sino también de la sociedad civil y de las instituciones que velan por una mejor educación.

Agradezco a la Academia del Plata que me haya dado la oportunidad para replantear este debate y de reiterar esta propuesta inexplicablemente postergada.

Quisiera terminar recordando las sabias palabra de Alberdi cuando afirmaba, refiriéndose a los fines de la Constitución Argentina, que El hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras. La religión debe ser hoy, como en el siglo XVI el primer objeto de nuestras leyes fundamentales.”

Agregaba, además, que “nuestra política moderna americana (…) debe  mantener y proteger la religión de nuestros padres, como la primera necesidad de nuestro orden social y político; pero debe protegerla por la libertad, por la tolerancia y por todos los medios que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal (…)”

“La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión  católica, y hoy me atrevería a agregar: “los demás credos religiosos”, el medio de educar esas poblaciones.”

Córdoba, Octubre de 2011.


[1] Decreto 18.411 de 1943 del Presidente de facto Pedro Pablo Ramírez: “En las escuelas públicas de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio. Quedan excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral.” (Art. 1) “Los docentes que tengan a su cargo la enseñanza de la Religión Católica serán designados por el Gobierno debiendo recaer sus nombramientos en personas autorizadas por la Autoridad Eclesiástica”. (art. 2) Los programas y los textos destinados a la enseñanza religiosa será aprobados por el gobierno, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica.” (Art. 3) Este decreto fue ratificado por la ley 12.978 de 1947 y fue derogado por la  ley 14.401 del 13 de mayo de 1955.

[2] Este tratado fue aprobado en la Provincia de Córdoba por ley 7098 de 1984 y una disposición complementaria de su Constitución de 1987 dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derecho Humanos” (Preámbulo y Parte I) (…).”

[3] El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Y el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Art. 18, 4).

[4] Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativa al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil firmado el 13 de noviembre de 2008. Artigo 11º A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. §1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação.

La Libertad Religiosa como Derecho Humano

Jacques Maritain

“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21)
“Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37)

El mensaje de Cristo no solamente impactó en el pueblo judío; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido; sino que hoy todavía no ha podido asimilarse el alcance y el profundo contenido que nos trasmitió. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regían las conductas de los judíos para muchos de ellos fue un obstáculo para entender el mensaje liberador y universal del Hijo de Dios. Pero la incomprensión o las dificultades para entender la palabra de Jesús no fueron solamente del pueblo judío o de los primeros cristianos; me animo a afirmar que todavía hoy no hemos podido, pasado veinte siglos, darle el verdadero alcance que tuvieron las palabras, las frases y las parábolas que nos relata el Evangelio, como las que acabamos de recordar, y que tienen que ver con el tema que hoy trataremos que analizar y de interpretar.

Para qué el hombre (varón o mujer) está en este mundo, en este universo, rodeado de seres y de bienes del reino animal, vegetal o mineral de los que puede disponer porque están a su servicio. Para qué el hombre, a diferencia de los otros seres de la creación, tiene una dignidad, que le permite tener conciencia de su propio ser, de lo que le rodea, y una libertad para decidir alcanzar lo que es bueno o lo que le es mejor para sus proyectos y aspiraciones. Cuales son esas legítimas aspiraciones o proyectos que el hombre se propone o debe proponerse, y que dan o darán pie a la esperanza que mueve sus existencias. Sus propósito, metas, objetivos y fines, no son sólo temporales, si estamos convencidos que la vida no termina con la muerte; y que, también, tenemos un destino y una vocación que la trasciende.

Persona humana

El hombre, se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser consiente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.” (Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956).

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando reza; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o asocia con otras personas para orar o celebrar su culto; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

1. Religión: Persona, Sociedad y Estado

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes dela Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

2. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa
La persona, consciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hacela Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

3. El Derecho Humano a la Libertad Religiosa.

El derecho que toda persona tiene al ejercicio de la libertad religiosa debe ser respetado y garantizado por las normas que reglamentan su ejercicio y la misma alcanzan, entre otros, a los siguientes derechos:

1.1. A profesar sus creencias religiosas;

1.2. A cambiar o abandonar dichas creencias;

1.3. A manifestarlas;

1.4. A no estar obligado a expresarlas;

1.5. A recibir y trasmitir información religiosa;

1.6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;

1.7. A rezar y practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;

1.8. A no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;

1.9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas o actos religiosos en lugares públicos,

1.10. A asociarse con fines religiosos;

1.11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, comisarías, cuarteles o en el campo de batalla;

1.12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;

1.13. A educar y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimiento de educación pública estatal;

1.14. A conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;

1.15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.

1.16. A que se respete el secreto de confesión.

A la Iglesia y los demás confesiones religiosas se le debe garantizar también vía reglamentación, al menos, los siguientes derechos:

1.1. A que les reconozca su personería jurídica, su organización en base a las normas que ellas mismas se dicten, y las autoridades que designen.

1.2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.

1.3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;

1.4. A tener cementerios;

1.5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial;

1.6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o las de otras comunidades religiosas, dentro y fuera del país;

1.7. A admitir o excluir fieles;

1.8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, enviar – dentro y fuera del país – o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual y económicamente;

1.9. A reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas dentro y fuera del país.

1.10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.

1.11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.

1.12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a la Iglesia o a la confesión religiosa que indiquen, para el sostenimiento de las mismas.

1.13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

La mayoría de estos derechos, cuya enumeración no es taxativa, están reconocidos porla Constitución Nacional, la de las provincias, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, y por leyes nacionales y provinciales.

4. Sociedad Política, Estado, Iglesia, Autoridades Eclesiástica y otras Confesiones Religiosas.

De lo antes expresado queda claro que quien es religioso es la persona y que la expresión social del fenómeno religioso se da en las sociedades intermedias; como la familia, en las comunidades religiosas y en la sociedad política; y no en el Estado, que no profesa ninguna religión, por lo que podemos afirmar que es laico, aunque no sea indiferente ante la religiosidad de los ciudadanos, ni a las instituciones religiosas que viven y se desarrollan en el seno de la sociedad política a la que sirve, ni a la religiosidad de quienes ocupan cargos de gobierno o en la administración.

La Iglesia Católica como institución universal tiene reconocimiento como persona jurídica desde hace siglos por los usos y costumbres del derecho de gente o derecho internacional, y como así tácitamente lo reconocela Constitución Nacional (Art. 2 y 75 inc. 22), y expresamente lo hace el Código Civil (Arts. 33 y 2345), en nuestro país.

La autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que tiene su Sede en el Vaticano, puede celebrar concordatos con el gobierno argentino (Art. 75 inciso 22), lo que no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse también acuerdos con las autoridades locales de la Iglesia, sus institutos de vida consagrada, y con las demás confesiones religiosas.

Las demás confesiones religiosas tienen también el derecho al reconocimiento de su personería jurídica aunque actualmente ello no se encuentra debidamente legislado enla Argentina y sólo consiguen su reconocimiento como tales a través de la adopción de formas sociales o asociacionales, civiles o comerciales, que no se ajustan a su naturaleza religiosa, y con la previa inscripción en un registro de cultos, que funciona enla Secretaria de Cultos dela Nación.

5. Separación, Autonomía y Cooperación.

De ello se desprende la necesaria autonomía que tienenla Iglesia y las demás confesiones religiosas respecto del Estado, fundamentadas jurídicamente en las personalidades jurídicas distintas que invisten el Estado,la Iglesia y las demás confesiones religiosas.

Podemos válidamente afirmar, entonces, que existe separación entre el Estado y la Iglesia, como también respecto de las demás confesiones religiosas. Pero ello no debe interpretarse como ruptura, sino, todo por el contrario, implica también cooperación.

La cooperación entre Iglesia y Estado es fundamental en el campo mixto; como en el de la bioética, el matrimonio, la familia, la cultura, la educación, lo social, los medios de comunicación, el patrimonio cultural, etcétera; en cuyas relaciones humanas se hace necesario armonizar las normas morales y canónicas con la legislación positiva.

6. Estado Laico y Limitado.

El Estado no adopta ni tiene una religión, como todavía rezan algunas constituciones provinciales (Santa Fe, Art. 3º, y Catamarca, Art. 2º) que declaran a la Católica como la Religión de la provincia, y como bien quedó aclarado en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 cuando se discutió el artículo 2º de la Constitución Nacional, en la sesión del 21 de abril de ese año, cuando el convencional y prelado Benjamín J. Lavaysse sostuvo “(…)que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva (…)” lo que implicaba que el Estado no debía adoptar religión alguna y que debía declararse la libertad de culto. A la expresión “adopta y sostiene el culto católico” del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (Art. 3º) los constituyente le suprimieron el “adopta” al incorporarlo a nuestra Carta Fundamental (Art. 2), por las razones esgrimidas por el padre Lavaysse y José Benjamín Gorostiaga.

7. La Igualdad de Derechos y la Libertad Religiosa.

Las personas físicas y jurídicas, titulares del derecho a la libertad religiosa, son iguales ante la ley. Esta igualdad debe interpretarse, como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, como lo ha hecho en distintos pronunciamientosla Corte Suprema de Justicia dela Nación al referirse a distintas cuestiones (Fallos: 16:118, sentencia del 1º de mayo de 1875). El número de files que integran las distintas confesiones religiosas, su expansión en el mundo y en nuestro país, y su significación histórica, cultural y social deben ser tenidas en cuenta a los efectos de hacer esta interpretación.

La invocación del derecho a la libertad religiosa no justifica actos de discriminación ni admite privilegios o supremacía para el acceso a cargos públicos, como ocurre por ejemplo cuandola Constitución Nacional dispone que: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)” (Art.73). La ley 23.592 tipifica y castiga los actos discriminatorios.

8. Cuestiones controvertidas

Hay algunas cuestiones importantes que necesitarían ser resueltas normativamente para que los argentinos podamos ejercitar más plenamente la libertad religiosa, a saber:

1.1. El Gobierno Federal debe propiciar ante la comunidad internacional la firma de un tratado de derechos humanos sobre libertad religiosa.

1.2. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, ala Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas ala Iglesia Católica, que hoy actualmente sólo tienen un simbólico sentido reparatorio por la confiscación de bienes que se le hicieron en el siglo XIX, ya que en modo alguno alcanzan para el sosteniendo que manda el texto constitucional.

1.3. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito. Debe suprimirse el artículo 73 que prohíbe ingresar al Congreso a los eclesiásticos regulares.

1.4. Debe reglamentarse el derecho a profesar y ejercer libremente su culto (Arts. 14 y 20 de la Constitución) y dictarse una ley de libertad religiosa, que derogue la ley de facto 21.745, y que declarare y garantice los derechos de los habitantes y de las confesiones religiosas, que hay actualmente en el país, y reconozca la personaría jurídica y de las que en el futuro puedan ser solicitadas. El convencional José Benjamín Gorostiaga así lo expresó en la sesión del 24 de abril de 1853 dela Convención Constituyente.

1.5. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

1.6. Debe modificarse el Código Civil para que se reconozca el matrimonio religioso, y se establezca la forma en que los mismos sean inscriptos en el Registro General de las Personas, como lo tiene establecido la legislación de Brasil y Chile.

1.7. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 dela Convención Americana sobre Derechos humanos), que ser reitera en otros tratados internacionales y constitucionales provinciales. Actualmente se cumple con ello en las provincia de Salta, Tucumán y Catamarca.

1.8. Modificar el Código Penal a los efectos de preservar mejor el bien jurídico protegido: libertad religiosa y sancionar las conductas discriminatorias, fraudulentas, agresivas y contrarias a los derechos humanos ejercidas por personas o por quienes creen o intervengan en falsas confesiones religiosas, comúnmente denominadas “sectas”, y que invocan su condición religiosa con fines ilícitos.

ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA

A pesar que la Constitución de 1853 declaró que todos los habitantes de la
Nación gozan del derecho a “profesar libremente su culto” (art. 14), desde su mismo texto y luego en su aplicación hubo normas y conductas que atentaron contra la libertad religiosa:

1. La Constitución de 1853 restringió el derecho a la libertad religiosa al mantener el privilegio del Patronato (art. 64 inc. 19 y 86 inc. 8), y establecer que el Presidente “ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de los obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado.”, institución del derecho canónico que el Papa, que lo otorga, nunca se lo concedió ni se lo reconoció a los gobierno patrios, que se lo atribuyeron desdela Revolución de Mayo, a pesar que el mismo sí le había sido concedido a los monarcas españoles que lo precedieron. Estas normas sobre patronato frustraron las primeras misiones para lograr la firma de un concordato conla Silla Apostólica de Juan Bautista Alberdi en 1856 y de Juan del Campillo de 1858.

También se afectó la libertad religiosa cuando estableció el llamado exequátur por el que el Presidente “concede el pase o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves, Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo dela Suprema Corte, requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes.” (art. 86 inc.9), lo que implicaba una inaceptable censura.

Se le prohibió, además, ser miembros del Congreso a los religiosos regulares (art. 62) y se exigió que el Congreso autorice la introducción de nuevas órdenes religiosas (art. 64 inc. 20), lo que limitaban aún más la libertad.

Estas disposiciones, excepción hecha de la prohibición a los religiosos regulares de ser miembros del Congreso -que todavía existe-, tuvieron vigencia hasta el Acuerdo entre el Gobierno Argentino yla Santa Sede de 1966 y fueron eliminadas del Texto Fundamental en la reforma de 1994.

2. El Breve de Pío IX por el que se dispuso que el distrito de Tarija, dependiente de la diócesis de Salta, pasó a depender del de La Plata (Sucre, en Bolivia) motivó una nota de reclamo del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública dela Confederación al delegado apostólico Marino Marini, quién había llegado al país en 1858 designado por el Papa, por afectar el derecho de Patronato y por las consecuencias negativas que esa medida podía tener para los derechos que nuestro país detentaba en esos territorios, cuya delimitación todavía no estaba fijada. Sin embargo, el gobierno otorgó el pase a dicho Breve.

3. La Corte Suprema en 1863 decidió restringir las atribuciones al Delegado Apostólico Marino Marini por lo que se le exigiría el pase a las cédulas o decretos que expida como delegado del Pontífice, que no podía ejercer funciones episcopales atribuida a los obispos, debía abstenerse de levantar información respecto de los candidatos a obispos u arzobispos y a no ejercer funciones judiciales eclesiásticas. (Fallos, 1:180)

4. La ley 49 de 1863 tipificó delito federal, castigado con pena de uno a cuatro años de extrañamiento, “al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos dela Corte Pontificia de aquellos que, para su ejecución, necesitaren del pase del Gobierno, sin haberlo obtenido”. Al que lo ejecutare o mandare a ejecutar cuando el pase fuere negado se le aplicaría de cuatro a ocho años de extrañamiento. Estas disposiciones pasaron al Código Penal de 1921, en art. 228, todavía no derogado expresamente, aunque por el Acuerdo de 1966 y la reforma Constitucional de 1994 no existe más el pase.

5. El 28 de febrero de 1875 grupos anticlericales ataca el edificio del Arzobispado de Buenos Aires e incendian del Colegio El Salvador, con motivo de la decisión del arzobispo de Buenos Aires Monseñor Aneiros de confiarla Iglesia de San Ignacio a los jesuitas.

6. En junio de 1883 el Poder Ejecutivo deja cesante al rector del Colegio Nacional de Buenos Aires José Manuel Estrada por haberse manifestado en contra de la sanción de la que iba a ser ley 1420 de Educación Común.

7. El 6 de junio de 1884 el presidente Julio Argentino Roca destituyó al Vicario el canónigo Gerónimo Clara, a cargo de la diócesis vacante de Córdoba por fallecimiento de Fray Mamerto Esquiú, por haber prohibido en una carta pastoral a sus fieles enviar a sus hijas ala Escuela Normal dirigida por una maestra protestantes. El obispo de Salta Fray Risso y Patrón y los vicarios de Jujuy, Demetrio Cau, y de Santiago del Estero, Rayniero Lugones, emitieron cartas similares y por otro decreto del 13 de noviembre de 1884 fueron suspendidos y se les iniciaron procesos penales por rebelión y conspirar para alterar la forma de gobierno.

8. Por decreto del 14 de octubre de 1884 se expulsa del país del Nuncio Apostólico de Monseñor Luis Mattera, por haberse reunido con Francisca Amstromg, directora norteamericana dela Escuela Normal de Córdoba cuando viajó a esa ciudad para la asunción del nuevo obispo Juan Capistrano Tissera, y se interrumpen las relaciones conla Santa Sede por quince años.

9. Por las leyes 1144 de 1881 y la 1893 de 1886 se establecieron los recursos de fuerza para que los tribunales de la Capital Federal conocieran en grado de apelación las decisiones de los tribunales eclesiásticos, esto motivó reclamos de las autoridades eclesiásticas, pero nunca fueron planteados dicho recursos.

10. Otro conflicto entre el gobierno argentino y Roma se produjo cuando el Papa Pío XI no designó al presbítero Miguel de Andrea como Arzobispo de Buenos Aires a pesar hacer hecho la presentación por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear en 1923: En el año siguiente el Papa designó como administrador apostólico a Monseñor Juan Agustín Boneo, obispo de San Fe, resolución que fue desconocida por el Poder Ejecutivo y porla Corte Suprema que no concedió el pase, en1925, ala Bula que nombró a Boneo (Fallos 142:342). Con la renuncia de Miguel de Andrea el gobierno presentó para la vacante a Fray José María Botaro quién fue designado por el Papa en 1926 arzobispo de Buenos Aires, con lo que se zanjaron las diferencias.

11. El 26 de abril de 1946 por Decreto 11.576 del Presidente Edelmiro Farrell se creó el Fichero Oficial del Culto Católico Apostólico y Romano para llevar los datos de sacerdotes del clero secular y de las órdenes y congregaciones religiosas que había en el país para ejercer las atribuciones del Patronato Nacional.

12. El mismo presidente el 31 de mayo de 1946 por el Decreto Nº 15.829, dispuso la inscripción obligatoria de los cultos distintos al Católico en un Registro Nacional de Cultos en el que prohibía el proselitismo de los mismos entre los indios, en virtud del artículo 67 inciso 15 dela Constitución que decía que los indios debía ser convertidos al catolicismo.

Pero antes que se implementara y por el Decreto Nº 16.160, del 29 de octubre de ese año, del presidente Juan Domingo Perón , a pedido dela Confederaciónde Iglesias Evangélicas y dela Convención EvangélicaBautista se archivaron las actuaciones relacionadas con el anterior decreto.

El Decreto Nº 31.814 de 1948 creó el Fichero de Cultos, que el Decreto 1.127, del 6 de febrero de 1959, del Presidente Arturo Frondizi, derogó y dispuso reorganizarlo.

En el Registro Nacional de Cultos, que reemplazó al Fichero de Cultos, está regulado desde 1979 por la ley, de facto, 21.745, reglamentada por Decreto 2.037, del 23 de agosto de 1979, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de las instituciones religiosas en el mismo.

En 2000 había inscriptas unas 2.300 “instituciones” religiosas (templos, iglesias, pero también escuelas, bibliotecas y ateneos deportivos), 100 de las cuales eran judías, 10 islámicas, 20 iglesias ortodoxas, 1.800 evangélicas, 230 espiritistas y 200 umbandistas o africanistas.

13. Los conflictos de Perón con la Iglesia en 1955 llevó a que el 11 de junio se produjera una multitudinaria procesión de Corpus Cristi -cuatro días antes del bombardeo dela Casa Rosada-, que derivó en una marcha al Congreso y a la asistieron unas 150 mil personas.

El conflicto creció cuandola Policía Federaldijo que había sido quemada una bandera argentina durante dicha procesión. Un grupo de jóvenes católicos que custodiabala Catedralde Buenos Aires fueron atacados a pedradas y palazos por manifestantes peronistas. Dentro del templo, donde también estaban Tomás Casares, miembro dela Corte Suprema, y el obispo Manuel Tato, trabaron las puertas con los bancos. A la noche llegó el juez Carlos Gentile con la policía y se llevó 356 detenidos a la cárcel de Devoto, que fueron liberados la semana siguiente.

Por este conflicto el Poder Ejecutivo exoneró y expulsó del país a monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Manuel Novoa, lo que sería dejado sin efecto por el decreto 505 del 7 de octubre de 1955, por el gobierno del General Eduardo Lonardi.

La noche del 16 de junio de 1955, después de los bombardeos a Plaza de Mayo y la residencia presidencial, donde fallecieron más de trescientas personas, fueron incendiadas la Curia Eclesiástica -situada al lado de la Catedral- y las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, La Piedad, La Merced, San Miguel, San Juan, San Nicolás de Bari, el Socorro y Nuestra Señora de las Victorias.

Durante este conflicto con la Iglesia fueron detenidos sesenta y siete clérigos.

El Congreso, por su parte, sancionó la ley 14.400 que exigió que las reuniones públicas debieran hacerse en lugares cerrados y con previa autorización policial, con lo que quería evitar otra procesión como la de Corpus Cristi.

La ley 14.404, del 20 de mayo de 1955, declaró necesaria la reforma constitucional “en todo cuanto se vincule a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”.; y la ley 14.424, del 18 de agosto de 1955, prorrogó por 180 días el plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria, la que nunca se realizó.
Por ley 14.405, del 20 de mayo de 1955, se derogaron todas las disposiciones que acordaba exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, templos, conventos, etc.; lo que fue derogado por el Decreto Nº 317 del 4 de octubre de 1955.

El Decreto 3991 de ese año suprimió cinco feriados por festividades católicas.

14. A los Testigos de Jehová se les canceló la inscripción en el Registro de Cultos en 1948 y la recuperaron recién en 1984, y han sufrido actos discriminatorios por su negativa a hacer el servicio militar obligatorio y por no honrar los símbolos patrios, y muchos de sus fieles fueron condenados por los Tribunales Militares y padecieron prisión, especialmente durante el gobierno del proceso (1976-1983).

15. Durante dicho gobierno militar se produjeron graves atentados contra la libertad religiosa y la persona de ministros y fieles de distintos cultos. Sólo recordaremos los más resonantes.

En lo que se dio en llamar “la masacre de San Patricio”, fueron asesinados por grupo de tareas los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976.

El 4 de agosto de 1976 fue asesinado Monseñor Enrique Angelelli, obispo deLa Rioja, hecho que no ha sido esclarecido todavía, encontrándose actualmente en marcha una investigación judicial.

Las monjas francesas, Léonie Duquet y Alice Domon, fueron secuestradas y asesinadas a fines de 1977.

Las otras confesiones religiosas, sus ministros y fieles han padecido, en este luctuoso período, restricciones contra la libertad religiosa como las prohibiciones a practicar sus cultos, censuras, discriminaciones, persecuciones, detenciones y desapariciones; como atentados a personas, por su condición de religiosos; a templos; a cementerios; a mezquitas; sinagogas y demás lugares sagrados.

16. Los judíos, muchas veces, fueron discriminados y perseguidos. El antisemitismo hizo que a principio del siglo veinte la policía les sellara con la estrella de David los documentos de identidad. Mención especial merece por su gravedad el atentado terrorista contra la sede de la Asociación MutualIsraelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, donde funcionaba un rabinato, en el que fallecieron 85 personas; que se sucedió al que se perpetuó el 17 de marzo de 1992 contra la sede dela Embajada de Israel en la que murieron 29 personas y fueron heridas 242. El 21 de noviembre de 2006 en un partido de futbol hinchas de Defensores de Belgrano insultaron a jugadores e hinchas de Atlanta profiriendo consignas antisemitas, el partido no fue suspendido y se labraron actuaciones judiciales.

17. Durante el gobierno de presidente Néstor Kirchner hubo conflicto con la Iglesia Católica por distintos motivos.

Por Decreto 220, del 18 de marzo de 2005, se dejó sin efecto el acuerdo para la designación como Obispo Castrense a Monseñor Antonio Juan Baseotto, un ministro de posturas conservadoras que había sido nombrado en el año 2002; porque criticó la posición abortista del Ministro de Salud Ginés González García, con una cita que contenía una metáfora que al Poder Ejecutivo ofendió.

El presidente Kirchner nunca simpatizó y mantuvo distancia con el cardenal primado Jorge Bergoglio, un arzobispo moderado, y no asistió a los tedeum que se celebran en las fiestas patrias, actitud que mantiene su esposa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la provincia de Misiones ante la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constituciónpara permitir la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, se erigió en líder de la oposición al obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, de perfil progresista, que fue candidato a constituyente en 2006 y triunfó en aquellas elecciones, abortando así la reforma reeleccionista dela Constitución.

18. El 24 de marzo de 2007, en una manifestación que hubo en la ciudad de Córdoba repudiando el golpe de estado ocurrido hacía 31 años, algunas personas atentaron contra la Catedral, varias iglesias y otros edificios que sufrieron pintadas con distintas inscripciones. El Consejo Interreligioso por la Paz (COMINPAZ), integrado por ministros de distintos cultos, borró las inscripciones y repintó las paredes de la antigua Iglesia del Pilar, ubicada entre las avenidas Olmos y Maipú de la ciudad de Córdoba, en un acto de defensa de la libertad religiosa.

19. El 6 de septiembre de 2007 se atentó contra la Catedral Metropolitana, apareciendo -al amanecer- inscripciones que decían “La única iglesia que ilumina es la que arde”, “aborto libre y gratuito” y “genocida” lo que reiteró los frecuentes atentados que en los últimos tiempos se produjeron en ese Templo.

20. En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la falta de respuesta al placet del Estado del Vaticano al embajador Alberto Iribarne, publicitado por el gobierno argentino, tensó las relaciones entre el actual gobierno yla Santa Sede, situación que se superó con la renuncia de Iribarne y la designación del nuevo embajador Juan Pablo Cafiero, quién en poco tiempo obtuvo el placet dela Santa Sede.

21. El 20 de abril de 2008 hubo un atentado contra el Cementerio Judío de Ubaja y, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, que afectó a unos 30 monumentos y sepulturas; y el 23 de abril de 2008 contra del antiguo Cementerio Judío de Algarrobo, cerca de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, afectando a diez sepulturas, algunas que datan de 1891.

22. Marcos Aguinis luego de contar que la DAIA(Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina) se fundó en 1935 “para enfrentar la campaña antisemita, que fogoneaba la embajada de Alemania nazi con apoyo de los fascistas localesafirmó que en 2007 hubo 348 actos antisemitas en Argentina, según fuentes periodísticas, de los departamentos de asistencia comunitaria y jurídica dela DAIA y los datos del INADI.” Durante 2006 llegaron a 586. (La Nación “Contra el odio a los judíos” del 3 de octubre de 2008).

23. En el colegio técnico religioso Cristo Obrero de la ciudad de Villa Carlos Paz apareció en el año 2008 con pintadas nazis y la leyenda “Say No More“, muy popular entre los fans del músico Charly García, lo que generó sorpresa en la comunidad local. Las esvásticas se encontraban en el salón de actos del establecimiento junto al mástil de la bandera y al lado de la pared en la que había una cruz católica. Las marcas se registraron en medio del receso escolar de invierno.

24. El domingo 17 de mayo de 2009 un acto de homenaje al 61 aniversario de la fundación del Estado de Israel, organizado por el Gobierno de la ciudad Buenos Aires y que tuvo lugar en la intersección de Avenida de Mayo y Perú, al que asistieron unas cuatrocientas personas, fue violentamente interrumpido por un grupo de personas, que salieron de la boca del subte, armados con garrotes y que comenzaron a golpear a los pacíficos concurrentes y a tirar panfletos con la inscripción “Israel genocida”, identificándose como integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez y del Frente de Acción Revolucionaria. Cinco personas fueron detenidas y están sido procesadas como responsable de estos hechos.

25. Afines del año 2010 en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén, un grupo de alumnos evangélicos bautistas del Centro de Enseñanza Media 8, escuela pública de gestión estatal, fue sancionado por reunirse a orar en el tiempo de recreo. La situación tuvo gran repercusión en la comunidad y motivó la suspensión primero y la reincorporación después, del director dela Escuela que había sancionado a los alumnos.

El Observatorio del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR)
El monitorea lo que se refiere a la libertad religiosa en Argentina y puede ser consultado para ampliar esta enumeración.

La Iglesia Católica y la Libertad Religiosa

La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa.

En la declaración “Dignitatis humanae“, del 7 de diciembre de 1965, del Concilio Vaticano II “(…)ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana” y, agrega, “para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano se requiere que en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad.“(…)

Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(…)Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil.”(…)

La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.”(…)

“A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.” (…)

La comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser impedidas en la enseñanza y en la profesión pública de palabra y por escrito, de su fe (…)”

Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.” (…)

“Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas.” (…)

“La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes; y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad.” (…)

En la declaración “Nostra aetate“, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas del 28 de octubre de 1965, dice: “La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, “observando en medio de las naciones una conducta ejemplar” (1Pe 2,12) si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres (Cfr. Rom. 12,18), para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos (Cfr. Mt.5, 45).” (…)

Reflexión Final

El derecho humano a la libertad religiosa debe ser mejor protegido por la legislación argentina y cultivada en la cultura ciudadana por la educación. En la comunidad internacional los argentinos debemos proponer una tratado internacional sobre libertad religiosa.

Los mejores deseos para que estos propósitos se hagan posibles encuentran su mejor síntesis en estas palabras de Benedicto XVI:

“Que los miembros de todas las religiones estén unidos en la defensa y promoción de la vida y la libertad religiosa en todo el mundo. Y que, dedicándonos generosamente a este sagrado deber -a través del diálogo y de tantos pequeños actos de amor, de comprensión y de compasión – seamos instrumentos de paz para toda la familia humana.” (17 de abril de 2008 en Washington D. C.)
Córdoba, julio de 2011.

El Derecho Humano a la Libertad Religiosa

Jacques Maritain

“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21)

“Mi Reino no es de este mundo”

(Juan 18, 33-37)

El hombre (varón o mujer), se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser conciente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.(Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956)

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la  libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o asocia con otras personas para hacerlo; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

  1. Religión: Persona, Sociedad y Estado.

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

  1. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa.

La persona, conciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

  1. El Derecho Humano a la Libertad Religiosa.

El derecho que toda persona tiene al ejercicio de la libertad religiosa debe ser respetado y garantizado por las normas que reglamentan su ejercicio y la misma alcanzan, entre otros, a los siguientes derechos:

1.1. A profesar sus creencias religiosas;

1.2. A cambiar o abandonar dichas creencias;

1.3. A manifestarlas;

1.4. A no estar obligado a expresarlas;

1.5. A recibir y trasmitir información religiosa;

1.6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;

1.7. A practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;

1.8. A  no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;

1.9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas o actos religiosos en lugares públicos,

1.10. A  asociarse con fines religiosos;

1.11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, comisarías, cuarteles o en el campo de batalla;

1.12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;

1.13. A educar y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimiento de educación pública estatal;

1.14. A conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;

1.15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.

1.16. A que se respete el secreto de confesión.

A la Iglesia y los demás confesiones religiosas se le debe garantizar también vía reglamentación, al menos, los siguientes derechos:

1.1. A que les reconozca su personería jurídica, su organización en base a las normas que ellas mismas se dicten, y las autoridades que designen.

1.2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.

1.3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;

1.4. A tener cementerios;

1.5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial;

1.6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o las de otras comunidades religiosas, dentro y fuera del país;

1.7. A admitir o excluir fieles;

1.8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, enviar – dentro y fuera del país – o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual  y económicamente;

1.9. A reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas dentro y fuera del país.

1.10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.

1.11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.

1.12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a la Iglesia o a la confesión religiosa que indiquen.

1.13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

La mayoría de estos derechos, cuya enumeración no es taxativa, están reconocidos por la Constitución Nacional, la de las provinciales, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, y por leyes nacionales y provinciales.

  1. Sociedad Política, Estado, Iglesia, Autoridades Eclesiástica y otras Confesiones Religiosas.

De lo antes expresado queda claro que quien es religioso es la persona y que la expresión social del fenómeno religioso se da en las sociedades intermedias; como la familia, en las comunidades religiosas y en la sociedad política; y no en el Estado, que no profesa ninguna religión, por lo que podemos afirmar que es laico, aunque no sea indiferente ante la religiosidad de los ciudadanos, ni a las instituciones religiosas que viven y se desarrollan en el seno de la sociedad política a la que sirve, ni a la religiosidad de quienes ocupan cargos de gobierno o en la administración.

La Iglesia Católica como institución universal tiene reconocimiento como persona jurídica desde hace siglos por los usos y costumbres del derecho de gente o derecho internacional, y como así tácitamente lo reconoce la Constitución Nacional (Art. 2 y 75 inc. 22), y expresamente lo hace el Código Civil (Arts. 33 y 2345), en nuestro país.

La autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que tiene su Sede en el Vaticano, puede celebrar concordatos con el gobierno argentino (Art. 75 inciso 22), lo que no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse también acuerdos con las autoridades locales de la Iglesia, sus institutos de vida consagrada, y con las demás confesiones religiosas.

Las demás confesiones religiosas tienen también el derecho al reconocimiento de su personería jurídica aunque actualmente ello no se encuentra debidamente legislado en la Argentina y sólo consiguen su reconocimiento como tales a través de la adopción de formas sociales o asociacionales, civiles  o comerciales, que no se ajustan a su naturaleza religiosa, y con la previa inscripción en un registro de cultos.

  1. Separación, Autonomía y Cooperación.

De ello se desprende la necesaria autonomía que tienen la Iglesia y las demás confesiones religiosas respecto del Estado, fundamentadas jurídicamente en las personalidades jurídicas distintas que invisten el Estado, la Iglesia y las demás confesiones religiosas.

Podemos válidamente afirmar, entonces, que existe separación entre el Estado y la Iglesia, como también respecto de las demás confesiones religiosas. Pero ello no debe interpretarse como ruptura, sino, todo por el contrario, implica también cooperación.

La cooperación entre Iglesia y Estado es fundamental en el campo mixto; como en el de la bioética, el matrimonio, la familia, la cultura, la educación, lo social, los medios de comunicación, el patrimonio cultural, etcétera; en cuyas relaciones humanas se hace necesario armonizar las normas morales y canónicas con la legislación positiva.

  1. Estado Laico y Limitado.

El Estado no adopta ni tiene una religión, como todavía rezan algunas constituciones provinciales (Santa Fe, Art. 3º, y Catamarca, Art. 2º) que declaran a la Católica como la Religión de la provincia, y como bien quedó aclarado en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 cuando se discutió el artículo 2º de la Constitución Nacional, en la sesión del 21 de abril de ese año, cuando el convencional y prelado Benjamín J. Lavaysse sostuvo “(…)que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva (…)” lo que implicaba que el Estado no debía adoptar religión alguna y que debía declararse la libertad de culto. A la expresión “adopta y sostiene el culto católico” del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (Art. 3º) los constituyente le suprimieron el “adopta” al incorporarlo a nuestra Carta Fundamental (Art. 2), por las razones esgrimidas por el padre Lavaysse y José Benjamín Gorostiaga.

  1. La Igualdad de Derechos y la Libertad Religiosa.

Las personas físicas y jurídicas, titulares del derecho a la libertad religiosa, son iguales ante la ley. Esta igualdad debe interpretarse, como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, como lo ha hecho en distintos pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a distintas cuestiones (Fallos: 16:118, sentencia del 1º de mayo de 1875).  El número de files que integran las distintas confesiones religiosas, su expansión en el mundo y en nuestro país, y su significación histórica, cultural y social deben ser tenidas en cuenta a los efectos de hacer esta interpretación.

La invocación del derecho a la libertad religiosa no justifica actos de discriminación ni admite privilegios o supremacía para el acceso a cargos públicos, como ocurre por ejemplo cuando la Constitución Nacional dispone que: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)” (Art.73). La ley 23.592 tipifica y castiga los actos discriminatorios.

  1. Cuestiones controvertidas

Hay algunas cuestiones importantes que necesitarían ser resueltas normativamente para que los argentinos podamos ejercitar más plenamente la libertad religiosa, a saber:

1.1. El Gobierno Federal debe propiciar ante la comunidad internacional la firma de un tratado de derechos humanos sobre libertad religiosa.

1.2. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que hoy actualmente sólo tienen un simbólico sentido reparatorio por la confiscación de bienes que se le hicieron en el siglo XIX, ya que en modo alguno alcanzan para el sosteniendo que manda el texto constitucional.

1.3. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito. Debe suprimirse el artículo 73 que prohíbe ingresar al Congreso a los eclesiásticos regulares.

1.4. Debe reglamentarse el derecho a profesar y ejercer libremente su culto (Arts. 14  y 20 de la Constitución) y dictarse una ley de libertad religiosa, que derogue la ley de facto 21.745, y que declarare y garantice los derechos de los habitantes y de las confesiones religiosas, que hay actualmente en el país, y reconozca la personaría jurídica y de las que en el futuro puedan ser solicitadas. El convencional José Benjamín Gorostiaga así lo expresó en la sesión del 24 de abril de 1853 de la Convención Constituyente.

1.5. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

1.6. Debe modificarse el Código Civil para que se reconozca el matrimonio religioso, y se establezca la forma en que los mismos sean inscriptos en el Registro General de las Personas, como lo tiene establecido la legislación de Brasil y Chile.

1.7. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o  pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), que ser reitera en otros tratados internacionales y constitucionales provinciales. Actualmente se cumple con ello en las provincia de Salta, Tucumán y Catamarca.

1.8. Modificar el Código Penal a los efectos de preservar mejor el bien jurídico protegido: libertad religiosa y sancionar las conductas discriminatorias, fraudulentas, agresivas y contrarias a los derechos humanos ejercidas por personas o por quienes creen o intervengan en falsas confesiones religiosas, comúnmente denominadas “sectas”, y que invocan su condición religiosa con fines ilícitos.

Los mejores deseos para que estos propósitos se hagan posibles encuentran su mejor síntesis en estas palabras de Benedicto XVI:

Que los miembros de todas las religiones estén unidos en la defensa y promoción de la vida y la libertad religiosa en todo el mundo. Y que, dedicándonos generosamente a este sagrado deber -a través del diálogo y de tantos pequeños actos de amor, de comprensión y de compasión – seamos instrumentos de paz para toda la familia humana.” (17 de abril de 2008 en Washington D. C.)

Córdoba, septiembre de 2010.

Matrimonio o Unión Civil

Primer matrimonio gay en Argentina

Parto de la base que todas las personas humanas hemos sido creadas iguales en dignidad y derechos, a imagen y semejanza de Dios, y somos hijos del Creador y herederos del Cielo, por lo que repudiamos toda forma de discriminación, especialmente aquella que pueda afectar a los homosexuales. Pienso, además, como expresa el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay hombres y mujeres que: “No eligen su condición homosexual. (…y) Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitarán, respecto de ellos, todo signo de discriminación injusta.”

Pero en el corazón de la agenda parlamentaria el gobierno ha instalado otro tema que divide a los argentinos: el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Cámara de Diputados sancionó una reforma al Código Civil que lo permite, al sustituir la expresión: “hombre y mujer” o “cónyuges” por “contrayentes”, y extendió a las parejas de igual sexo el derecho de adoptar.

Esto es contrario al matrimonio, como institución natural, que tiene por finalidad: el amor entre el esposo y la esposa, la procreación, la preservación de la especie, la crianza, cuidado, manutención y educación de los hijos. Y no se condice con el significado de la palabra matrimonio que, según el Diccionario de la Lengua Española, es la: “Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.” La expresión latina Matrimonium, proviene de matrem (madre) y monium (calidad de).

Si bien Dalmacio Vélez Sársfield, por aquello de que en las leyes no hay que definir, no definió la composición del matrimonio al redactar el Código Civil; nadie dudaba ni duda que se refería a la unión del varón y la mujer. Cuando se sancionó la ley del divorcio, 23.515, se lo explicitó al decir que: “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer (…)” (art. 172 del Código Civil).

El presidente Hipólito Yrigoyen, en igual sentido y ante un proyecto de ley del divorcio, dijo: El tipo ético de familia que nos viene de nuestros mayores ha sido la piedra angular en la que se ha fundado la grandeza del país, por eso el matrimonio, tal como está preceptuado, conserva en nuestra sociedad el sólido prestigio de las normas morales y jurídicas en que reposa. Toda innovación a ese sentido puede determinar tan hondas transiciones que sean la negación de lo que constituyen sus más caros atributos. Es así V. H., debe meditar muy profundamente para saber si está en las atribuciones de los poderes constituidos, introducir reformas de tan vital significación o si ellas pertenecen a los poderes constituyentes. No basta que el matrimonio esté regido por el Código Civil para llegar a la conclusión de que es susceptible de modificarse en su esencia por simple acto legislativo.”[1]

Igual concepto de matrimonio encontramos en la Constitución, reformada por el peronismo en 1949, cuando en su artículo 37 II expresó que: “(…) La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimento de sus fines. 1. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad.(…) 4. La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado.”

INCONSTITUCIONALIDAD

Pero el proyecto, que debate el Senado, además de contradecir el significado natural e institucional del matrimonio, es contrario a la Constitución reformada en 1994, que declaró de jerarquía constitucional (art. 75, 22) los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando ellos disponen:

  • En la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.” (…) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” (Art. 16).
  • En la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. ” (Art. 17).
  • En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” (Art. 23).
  • En el Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. (…) Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período (…).” (Art. 10)”.
  • La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer: (…) eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurar, en condición de igualdad entre hombres y mujer: (…) g) Los mismos derechos personales entre marido y mujer, entre ellos de elegir el apellido, profesión y ocupación. (…) (art. 16)

Ni el Congreso por ley, ni una consulta popular (art. 40 de la Constitución y 1 de la Ley 25.432), pueden reformar esto, que integra el Bloque Constitucional. Para denunciar estos tratados internacionales debe hacerlo el Poder Ejecutivo, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso (art. 75, 22).  El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados es, por ello, inconstitucional.

A favor de este proyecto se ha dicho, forzando la literalidad de los textos, que las citadas normas internacionales no se refieren al casamiento del hombre con la mujer, sino del hombre y la mujer, y que deben entenderse como abarcativas a los del mismo sexo. Pero ello no se condice con la declaración del resto de los derechos que se declaran en los mismos, donde se los atribuyen siempre a la persona, y sólo se refiere al “hombre y la mujer” cuando trata del matrimonio. En los 30 artículos de la Declaración Universal sólo cuando se refiere al matrimonio usa la fórmula “Los hombres y las mujeres”; en el resto se refiere, por la positiva, a “Todos los seres humanos”, “Todas las personas”, “Toda Persona”, “Todo ser humano”, “Todo individuo”, “Los derechos de cada hombre”, “Los padres” ; y, por la negativa, a “Nadie”.

El más grande de los constitucionalistas de nuestra generación, Germán J. Bidart Campos, cuando escribió, comentando el Pacto de San José de Costa Rica, expresó: “El apartado 2 reconoce operativamente el derecho de casarse. Aquí sí se enfoca un derecho subjetivo de cada persona – hombre y mujer- para contraer matrimonio, con lo que la norma no serviría para cubrir uniones entre personas del mismo sexo. En efecto, aún cuando no se dice que el derecho es de contraer matrimonio “entre sí” (el hombre con la mujer), damos por cierto que ése es el sentido de la cláusula, y que al formularla no se pretendió darle el alcance de que “el hombre y la mujer” titularizan el derecho de casarse no “entre sí” sino el hombre con otro hombre y la mujer con otra mujer”. [2]

Además, en los instrumentos internacionales, se ponen énfasis en que: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad”, lo que es negado en el proyecto que pretende convertir al matrimonio en un mero contrato. Cuando se menciona a “Los padres, en la Declaración Universal, si tomamos lo que indica el Diccionario de la Lengua Española en el significado de la expresión Padre, en plural, nos indica que es: “El padre y la madre”. Cuando se habla de la protección que merecen las “madres (…) antes y después del parto”, en el Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se está refiriendo a algo que es imposible que se dé entre personas del mismo sexo, por no tener capacidad de engendrar.

Los impedimentos para contraer matrimonio fijados en el Código Civil como: la consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación, y entre hermanos y medio hermanos; y la afinidad en línea recta en todos los grados (art. 116 incisos 1, 2 y 4), tienen razón de ser en el matrimonio heterosexual, pero carece de sentido en las parejas del mismo sexo, porque es imposible entre ellos la procreación natural, y hasta pueden ser tachados de discriminatorios, por quienes se vean afectado por dichos impedimentos y pertenezcan al mismo sexo, en caso de darse esta absurda equiparación. El deber de mutua fidelidad, previsto en el artículo 198, y la causal de separación por adulterio, establecida en el inciso 1 del 202 del Código Civil no tienen el mismo sentido en la unión entre las personas del mismo sexo, que en el matrimonio.

Unión Civil

Si tenemos en cuenta que en nuestra sociedad hay personas del mismo sexo, homosexuales o no, que voluntariamente quieren convivir y asistirse mutuamente, en forma permanente; es que, sin modificar la legislación sobre el matrimonio y sin reformar la Constitución, se podría crear por ley un tipo de sociedad o unión civil, que las comprenda, a los efectos de regular las cuestiones patrimoniales, de habitación, de obra social y de herencia que se den entre los que la integran.

El régimen de adopción, que se rige por el principio del interés superior del niño, no es necesario cambiarlo ya que el actual permite adoptar a personas que no están unidas en matrimonio.

Fernando Savater ha escrito que “Suele decirse que todas las culturas son igualmente válidas y que no hay unas mejores que otras. Creo que no es verdad. La cultura que incluye es superior a la que excluye; la cultura que respeta y comprende me parece más elevada que la que siente hostilidad ante lo diferente; la cultura en la que conviven formas plurales de amar, rezar, razonar o cantar tiene primacía sobre la que se atrinchera en lo unánime y confunde armonía con uniformidad”.

El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha bien declarado el “derecho a ser diferentes, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de (…), orientación sexual,(…)” con el propósito de reconocer, entre otros, los derechos de los homosexuales – a quienes socialmente se los ha discriminado injustamente duramente mucho tiempo -, remarcando aquella interpretación del principio de igualdad ante la ley que proclama: “la igualdad entre los iguales en iguales circunstancias”. Pero en el proyecto en debate cuando se intenta regular la unión entre personas del mismos sexo se vulnera este derecho al equipar, lo que es distinto y diferente, como: el matrimonio con la unión civil de los del mismo sexo, y sustituir la condición natural y jurídica de padre o madre, de esposo o esposa, con la de simple “contrayente”. La ley que se pretende sancionar, entonces, atenta también contra este derecho a ser diferentes.

Bidart Campos ha dicho al respecto que: “(…) para sostener que la unión homosexual no es igual a la unión conyugal del varón y la mujer, no estamos pensando en lo que pueden o no pueden hacer sexualmente entre sí las personas del mismo sexo y de sexo distinto. Esa distinción no nos interesa, porque hace a la intimidad de cada quien. Pero que la diferencia biológica y orgánica – y también convivencial – entre hombres y mujeres aleja sobre manera lo que de parecido pueda haber entre el matrimonio y la unión homosexual va más allá del sexo, porque se extiende a los ya citados roles personales, al modo de ser y de vivir, y a la identidad también personal que les da sustento y que tiene la impronta del sexo personal de cada uno.” [3]

El reconocimiento de los derechos a personas del mismo sexo a unirse civilmente, me parece que cumple acabadamente con el mandato de “afianzar la justicia”.

Córdoba, junio de 2010.


[1] Tomado de: “Ley 12. 839. Documentos de Hipólito Yrigoyen. Apostolado Cívico. Obra de gobierno. Defensa ante la Corte” Bs. As., Senado de la Nación, 1986 por Norberto Padilla
”Algunas consideraciones sobre la instauración del matrimonio entre personas del mismo sexo” presentado ante el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas”, el 20 de mayo de 2010.

[2] Bidart Campos, Germán J. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, tomo III, p. 493, EDIAR, 1995, cita tomada del trabajo antes citado de Norberto Padilla.

[3] El Derecho 164 – 723

Persona, Dignidad y Derechos Humanos en América Latina

General Augusto Pinochet

La instalación de regímenes políticos democráticos en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XX, significó un paso muy importante para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Sin embargo, es de lamentar, que esto no ha significado la erradicación total y definitiva de la violencia de la vida política, y, como consecuencia de ello, los derechos fundamentales de muchas personas han sido gravemente desconocidos y afectados por estos medios irracionales e inhumanos de disputar el poder político.

Los conflictos políticos globales no han sido ajenos a los de la región, como lo fue la guerra fría y lo es ahora el de Medio Oriente -caso Irán-, y para su dilucidación se ha empleado violencia política.

En América Latina

Sería muy largo detallar los atentados a los derechos humanos habidos en las últimas décadas en países latinoamericanos con motivos de las dictaduras, las guerrillas, las organizaciones terroristas, paramilitares, y últimamente por los carteles del narcotráfico, con sus secuelas de muertes, desaparición de personas, torturas, exilios y pérdida de hijos por quienes fueron víctimas de la represión.

Merece recordarse la violencia propinada por los dictadores tradicionales que rigieron los destinos de nuestros países hasta la era democrática como fueron en: en Nicaragua desde 1937 a 1979 gobernaron Anastasio Somoza García (Tacho) y luego sus hijos Luís y Anastasio Somoza Debayle (Tachito). En Cuba Fulgencio Batista y Zaldívar, militar y presidente de Cuba entre 1940-1944 y luego en 1952-1959. En Santo Domingo Rafael Leónidas Trujillo gobernó desde 1930 hasta 1961. En Haití François Duvalier (Papa Doc) fue presidente constitucional de su país a partir de 1957 y posteriormente, desde 1964 hasta su muerte en 1971, fue presidente vitalicio y lo sucedió su hijo de 19 años Jean-Claude Duvalier (Bébé Doc) y fue presidente vitalicio entre 1971 a 1986. En Chile los generales Carlos Ibáñez del Campo, que fue Presidente de la República en dos ocasiones: de 1927 a 1931 y de 1952 a 1958, y Augusto Pinochet Ugarte entre 1973 hasta 1990. En Paraguay Alfredo Strossner que fue presidente entre 1954 y 1989. El general Juan Francisco Velasco Alvarado presidió un gobierno militar en Perú desde 1968 hasta 1975 y el Ingeniero Alberto Fujimori entre 1990 y 2000. Venezuela el general Juan Vicente Gómez gobernó desde 1908 a 1935, y Marcos Pérez Jiménez que fue presidente desde 1952 a 1958. En Bolivia el general Hugo Banzer Suárez fue presidente de facto entre 1971-1978 y constitucional entre 1997-2001. En Panamá el general Manuel Antonio Noriega Moreno fue gobernante de facto entre 1983 hasta 1989, en que fue derrocado por la invasión militar de Estados Unido quien lo juzgó y condenó a prisión; por sus relaciones con el narcotráfico. En Brasil el golpe militar de 31 de marzo de 1964 da el poder a una junta militar, bajo cuyo mandato se sucedieron cinco generales elegidos indirectamente. Ello culmina en 1985, cuando Tancredo Neves gana la elección a presidente, y muere por lo que el que asumió fue su vicepresidente, José Sarney. En Argentina desde el 6 de septiembre de 1930 hasta la recuperación de la democracia en 1983, hubieron seis golpes de estado que alternaron en el gobierno a civiles elegidos por los procedimientos constitucionales y dictaduras sostenidas por el poder militar que suspendieron la vigencia de la Ley Fundamental y el Congreso, lo que limitó considerablemente los derechos humanos.

La revolución cubana encabezada por Fidel Castro en 1959 con la gran cantidad de fusilados, exiliados, confiscaciones de bienes y las privaciones de la libertad que se dieron y subsisten todavía en la isla. Un millón de exiliados hay en Estados Unidos, en países latinoamericanos y europeos. Durante muchos años desde Cuba y bajo este régimen se impulsó la lucha armada y se entrenaron guerrilleros que operaron luego en distintos países de América Latina y de África. La figura del Ernesto “Che” Guevara representa este modo de rebeldía que entusiasmó a muchos jóvenes antes de la caída del muro de Berlín. El régimen mantiene en prisión desde el año 2003 a 75 disidentes. Durante el año 2010 murió en prisión –mientras protestaba con una huelga de hambre- uno de ellos, Orlando Zapata Tamaño, lo ha hecho que el mundo proteste por esta afrenta contra los derechos humanos. Las Damas de Blanco y grupos de opositores ejercen cada vez mayor resistencia dentro de la isla. Actualmente, con la presidencia de Raúl Castro, sigue sin haber elecciones libres y existe monopolio del gobierno en los medios de comunicación, incluido en Internet. El bloqueo dispuesto por Estados Unidos – al que se oponen los demás países de Latinoamérica- es la razón principal que invoca el régimen para mantenerse. El 12 de abril de 2003 fueron fusilados, luego de un juicio sumario de pocos días, los jóvenes Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luís Martínez Isaac por haber secuestrado una lancha para huir a Estados Unidos.

En el marco de la guerra fría se creó el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), llamada de 1963 a 2001 Escuela de las Américas (School of the Americas), que es una organización para la instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos situada actualmente en Fort Benning, en la localidad estadounidense de Columbus (Georgia). Dicha escuela estuvo situada desde 1946 a 1984 en Panamá. En la misma se difundió lo que se conoció como la Doctrina de la Seguridad Nacional y se instruyó a militares, policías y personal de inteligencia en técnicas de contrainsurgencia operaciones de comando, tiro franco, guerra psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio, lo que tanto daño hizo a los derechos humanos en Latinoamérica.

Al atardecer del 2 de octubre de 1968, pocos días antes de los Juegos Olímpicos, en ciudad de México miles de estudiantes y residentes llenaron la plaza de las Tres Culturas de la unidad habitacional Tlatelolco. Al amparo de la oscuridad, el ejército y la policía rodearon a la multitud en un movimiento de tenazas y lo reprimieron usando helicópteros, tanquetas y abrieron fuego. Esa noche infernal, conocida hoy como la masacre de Tlatelolco, dejó un gran número de muertos, que algunas estiman en 300, y miles de heridos y presos.

En 1969 se produjo la “Guerra del fútbol”, porque coincidió con las escaramuzas ocurridas entre hinchas de las selecciones de ambos países después del tercer encuentro por la eliminación por la copa del Mundo de 1970, o la “Guerra de los 100 horas”, con la invasión del sur de Honduras por el Ejército y la Aviación salvadoreña. Este conflicto tenía su origen en la década de 1920, cuando miles de salvadoreños emigraron a Honduras en busca de mejorar sus condiciones de vida. A finales de la década de 1960, el gobierno hondureño era presionado por organizaciones populares demandando una reforma agraria. A los salvadoreños, que eran más de 3 mil, les confiscaron negocios y propiedades, lo que generó un clima de violencia contra los salvadoreños, con la aprobación del gobierno de López Arellano. La Fuerzas Armadas del Salvador el 14 de julio de 1969 invadieron Honduras, comandadas por el general José Alberto “El Chele” Medrano, capturaron 1650 km² de territorio hondureño, entre ellos Nueva Ocotepeque, territorio que fue restituido en agosto de ese mismo año. Se estiman que murieron más de 2 mil personas.

Los derechos humanos fueron gravemente afectados por el accionar de las guerrillas, rurales y urbanas, en distintos países de Latinoamérica como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional, en Colombia, las más antiguas del continente; en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, convertido actualmente en el partido de gobierno del presidente Mauricio Funes; en Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; en Honduras, la Unificación Democrática; en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente convertido en partido político en el gobierno del presidente Daniel Ortega; en Perú, Sendero Luminoso; en Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros, uno de cuyos líderes José Mujica, es el actual presidente de ese país; a los que se podría agregar en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En Paraguay ha surgido, en los últimos tiempos, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que ha hecho que el Congreso declare en estos días el estado de excepción en algunos departamentos del norte de ese país. En esta enumeración recordamos sólo los más importantes y por el accionar de estos grupos se perdieron muchas vidas.

La Operación Cóndor o Plan Cóndor fue la coordinación de las acciones contra la guerrilla y el terrorismo de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur de América -Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- entre sí y con la CIA llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. Por la misma se hicieron seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios ilegales, traslados entre países y desaparición o muerte de subversivos y opositores a las dictaduras militares de la región. Entre los hechos que se le atribuyen está el asesinato del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires, junto a su cónyuge Sofía Esther Cuthbert Chiarleoni, el 30 de septiembre de 1974; el atentado sufrido en Roma por, el ex ministro del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, ocurrido el 6 de octubre de 1975, que por suerte salvaron sus vidas; y que costó la vida del ex ministro del gobierno de Salvador Allende, Marcos Orlando Letelier en Washington D.C. Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1976. En los últimos tiempos se ha podido comprobar que el presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado cuando se encontraba internado en un centro de salud en 1982 por personeros del régimen pinochetista. El 18 de mayo de 1976 fue secuestrado en Buenos Aires el político uruguayo del Partido Colorado, ex legislador y ministro, Zelmar Raúl Michelini, hallándose su cuerpo sin vida, asesinado, el 21 de mayo, junto con el del ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, que también había sido secuestrado, y los de los ex militantes guerrilleros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw. El general Juan José Torres, que había sido presidente de Bolivia por algunos meses entre 1970 y 1971 fue detenido, torturado y asesinado en Buenos Aires l 1 de junio de 1976. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo Metropolitano de El Salvador fue asesinado el día 24 de marzo de 1980, que en sus homilías dominicales había denunciado violaciones de los derechos humanos.

En la primera década de este siglo han aparecido nuevas formas de autoritarismo en Latinoamérica, con perfil populista, y donde se intenta partir la sociedad en dos fracciones en conflicto permanente, como se observa en la Venezuela de Hugo Chávez Frías, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Rafael Correa Delgado y en la Nicaragua de Daniel Ortega, donde se ha concentrado el poder en la fracción dominante -aunque todavía hay elecciones-; se ha permitido la reelección de los presidentes; se ha limitado el funcionamiento y competencia de los órganos legislativos; la Justicia es adicta al régimen y sigue sus pautas; los estados y municipios han visto cercenada su autonomía; se persigue, encarcela y excluye a los opositores; hay clientelismo político; se ha limitado el uso de los medios de comunicación masivos y, en general, se cercenan en forma creciente los derechos humanos. Este modelo, o algunos rasgos de los mismos, son o intentan se imitados por políticos en otros países (verbigracia: el ex presidente Manuel Zelaya de Honduras protagonista principal del golpe de estado del año 2009 por el que fue derrocado; y el político y militar retirado peruano Ollanta Moisés Humala Tasso, fundador del Partido Nacionalista Peruano y ex candidato a presidente), y por gobiernos, como en nuestro país durante las presidencias a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El terrorismo se expresó brutalmente en los atentados perpetrados en Buenos Aires: contra de la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992 cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha, causando la destrucción de la embajada, daños a una iglesia católica y a una escuela ubicada en un edificio cercano, en el que murieron 29 personas, e hirió otras 242; y el 18 de julio de 1994 a la mañana una bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA-, en calle Pasteur 633, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Ambos atentados se encuentran impunes todavía aunque se sospecha como responsables a terroristas de Hizbollah e Irán.

En los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 el terrorismo atentó contra las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono, cuando dos aviones de American Airlines y de United Airlines, se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, y un tercer avión de American Airlines impactó contra la esquina del Pentágono en Virginia; en ambos atentado murieron unas tres mil personas.

En España, en la Estación Atocha – cerca de Madrid- el 11 de marzo de 2004 explotó una bomba, una segunda en la estación de El Pozo y otra en Santa Eugenia, y, minutos más tarde, cuatro explosiones más destruyen otro tren a 500 metros de Atocha. En estos atentados murieron 192 personas y 1.500 resultaron heridas.

Estos hechos además de afectar a los derechos humanos provocaron que se iniciara una nueva forma de guerra, contra el terrorismo, sin un enemigo determinado -que no era otro estado como hasta ese momento de entendía la guerra- llamada la “guerra preventiva”. Ello motivó la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak en el año 2003 –invocando razones que luego se demostraron falsas-, los actuales conflictos que se desarrollan en Afganistán y Paquistán, e hizo que se produjera la sanción en el Congreso de los Estados Unidos del Acta Patriótica (2001), que admite restringir los derechos personales hasta límites por demás discutibles y que se instalaran cárceles como la de Guantánamo (en Territorio cubano), donde el trato a los internos es inhumano y donde alguno de ellos no tienen procesos. Por ella se ha llegado a justificar los interrogatorios haciendo uso de la técnica de tortura que en nuestro país se conoció con el nombre del “submarino”.

Argentina

En los años 50 la violencia se manifestó, con la disputa entre peronistas y antiperonistas, que se agravó con la decadencia del gobierno de Perón, después la muerte de Evita. El laborista Cipriano Reyes y Ricardo Balbín (UCR) padecieron cárcel; en 1953 un atentado terrorista en Plaza de Mayo dejó 5 muertos y 90 heridos, su autor principal, Roque Carranza (el que fuera Ministro de Defensa en 1983), estuvo preso por ello y fue objeto de torturas. En 1955 desapareció el médico comunista Juan Ingalinella; el 16 de junio aviones de la Armada bombardearon Plaza de Mayo dejando 364 muertos y un millar de heridos; esa noche, en represalia, se incendiaron la curia y diez iglesias en el centro de Buenos Aires, se clausuraron sedes de partidos, diarios y del Jockey Club.

La llamada “Revolución Libertadora”, que derrocó a Perón el 16 de septiembre, proscribió al peronismo, encarceló dirigentes e intervino a gremios. En 1956 fusilaron al general Juan José Valle, por levantarse contra el gobierno militar, con un saldo de 18 militares y 13 civiles muertos. En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, un atentado hizo estallar en Córdoba los tanques de Shell, lo que provocó la intervención y puso fin del gobierno de Arturo Zanichelli.

Durante los años 60 hubo dos golpes de estado, el que derrocó a Frondizi y a Íllia. Los hechos luctuosos -más graves- que le sucedieron fueron: la “Noche de los bastones largos” en la UBA, el “Cordobazo” y el “Viborazo” en Córdoba, el “Rosariazo” y el asesinato del sindicalista Augusto Timoteo Vandor.

La década de los 70 mal comienzan con el asesinado de Pedro Eugenio Aramburu, que además fue el debut de Montoneros, un grupo guerrillero peronista liderado por Mario Firmenich, que luego tomaría La Calera, asesinaría a los políticos Arturo Mor Roig (UCR) y Roberto Uzal (Nueva Fuerza); a los sindicalistas José Ignacio Rucci, Rogelio Coria, José Alonso; al comisario Alberto Villar; al general Omar Carlos Actis; y a uno de sus integrantes Roberto Quieto, por traidor. Secuestraron a Jorge y Juan Born, de los que obtuvieron 60 millones de dólares; atentaron contra la Superintendencia de la Policía Federal; intentaron tomar el Batallón 29 de infantería de Formosa y fueron víctimas de la Masacre de Margarita Belén en Chaco.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), liderado por Mario Roberto Santucho, fue la guerrilla marxista que en 1969 asaltó un Banco en Escobar llevándose 213 mil dólares; en 1970 una comisaría de Rosario, donde mataron a 2 policías; en 1972 asesinaron al Gendarme Pedro Agarotti; y en 1973 asaltaron el Batallón 141, en Córdoba, y el Comando de Sanidad del Ejército en la Capital Federal. El 1974 coparon la Guarnición de Azul, donde murió el coronel Arturo Gay, su esposa, el coronel Ibarzábal, y 5 guerrilleros. En 1974, asesinaron al juez, Jorge V. Quiroga. En Tucumán coparon la localidad de Acheral. Atacaron simultáneamente: la Fábrica Militar de Villa María, donde capturaron al Coronel Argentino Larrabure, y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. En 1975 atacaron al Batallón de Arsenales 121, en Fray Luis Beltrán cerca de Rosario, donde murieron 2 guerrilleros y el coronel Carpani Acosta. En 1975 en la ruta 301 de Tucumán, murió en un tiroteo el subteniente Raúl García. Ese año el ERP es derrotado por el Operativo Independencia comandado por el general Antonio Bussi. Su última acción fue el fallido asalto al Batallón 601 en Monte Chingolo.

La Triple A fue un grupo para-policial; organizado y dirigido por José López Rega, ministro y secretario de Perón, y Alberto Villar, después de la Masacre de Ezeiza; que en 1974 mató al sacerdote Carlos Mugica; al ex Vicegobernador de Córdoba Atilio López y a Juan Varas; al abogado Alfredo Curutchet; al subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler; a Silvio Frondizi, y al sindicalista Juan M. Russo. En 1975 en Córdoba atentaron contra La Voz del Interior; secuestraron y asesinaron a la familia Pujadas; mataron en la cárcel, al abogado Hugo Vaca Narvaja (h). Luego secuestraron y hicieron desaparecer a su padre, que había sido ministro de Frondizi.

El 24 de marzo de 1976 general Jorge Rafael Videla se proclamó presidente y desapareció René Salamanca, dirigente de SMATA Córdoba; en abril desapareció el senador por Córdoba, Luís Carnevale (PJ); en mayo la catequista Mónica Mignone; en junio fue asesinado el Jefe de la Policía Federal Cesáreo Cardozo; en julio por un atentado con explosivos muren 16 personas e hieren a 65, en Seguridad Federal; en Buenos Aires asesinaron a 3 sacerdotes palotinos y 2 seminaristas; en Chamical La Rioja, asesinaron a los religiosos Gabriel Longuevillet y Carlos de Dios Murias; en agosto matan el obispo de la Rioja, Enrique Angelelli, en un extraño accidente automovilístico; fue detenido y muere preso el ex diputado nacional Mario Abel Amaya (UCR); también en agosto aparecieron 20 cuerpos de varones y 10 de mujeres, dinamitados por policías en Fátima, Provincia de Buenos Aires. En septiembre, desaparecen varios estudiantes secundarios en la “Noche de los Lápices”. En diciembre desaparecen tres de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. En 1977 asesinaron, en otro misterioso accidente de tránsito, al obispo Carlos Ponce de León, de San Nicolás. Dos religiosas francesas desaparecieron, junto a otras 8 personas en diciembre. En 1978 en un atentado con explosivos mataron en su casa a la hija, del Almirante Lambruschini, y a 2 vecinos.

A Modo de Conclusión

Este somero e incompleto relato del empleo de la violencia en la política nos muestra lo inútil e inservibles que han sido los argumentos, explicaciones, ideologías, doctrinas y credos que permitieron que estos hechos sucedieran o pretendieran ser justificados. Cuantas vidas perdidas; cuanta tortura; cuantas libertades suprimidas o limitadas, cuantos exiliados o desplazados; cuantos padres sin hijos y cuantos hijos sin padres; cuantas personas privadas de trabajo, de vivienda, de alimentos, de bienes y servicios; cuantos dineros y recursos dilapidados; sin razón valedera que lo explique. Visto hoy en perspectiva todo esto parece un gran disparate.

La forma que se trató las graves violaciones a los derechos humanos fue diferente según los países: En Argentina, el establishment militar se derrumbó después de la guerra de Malvinas, hubo juicio a los responsables, amnistía, indulto y anulación de ambas cosas, y luego juicios y castigos solamente a los responsables de la represión, e impunidad para terroristas y guerrilleros. En Chile, en cambio, Pinochet se retiró con todo los honores y se mantuvo con las leyes de amarre, los senadores vitalicios y la comandancia en jefe. En Uruguay hubo una amnistía votada en un plebiscito. En Perú han comenzado los procesos contra perpetradores de las violaciones de los derecho humanos. En Sudáfrica, se planteó otro modelo: el canje de impunidad por confesión de la verdad. Tanto en Chile y Argentina como en Sudáfrica los procesos de justicia son posteriores a los hechos. En Colombia, en cambio, el proceso de justicia es contemporáneo con el conflicto. El presidente Álvaro Uribe abre una negociación con los paramilitares sobre un modelo a la sudafricana, de canje de impunidad por confesión.

Los crímenes y daños producidos por la violencia política en Latinoamérica, y en nuestro país, principalmente, durante la década de los 70 no han sido debidamente procesados por nuestras sociedades políticas. La moral y el derecho exigen que sobre los mismos debe haber: verdad, justicia, arrepentimiento y perdón para que nos podamos reconciliar. En nuestro país desde 1984 hemos iniciado la etapa de la verdad y la justicia pero no han concluido aún. Todavía no conocemos, no tenemos memoria, de mucho de los crímenes que se cometieron, ni quienes fueron sus autores, que pasó con los desaparecidos, si murieron no sabemos a donde están sus restos, hay hijos de desaparecidos o muertos que no conocen su verdadera identidad; hay juicios que no han comenzado y otros que no han concluido aún; hay sentencia que no están firmen y penas impuestas que no han sido cumplidas. De arrepentimiento, salvo por parte de la Iglesia Católica, hay poco y nada, por lo que estamos lejos del perdón y la reconciliación.

Córdoba, abril de 2010.

Balance de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Edificio de las Naciones Unidas

El sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH), aprobada en París por la Resolución 217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con las abstenciones de Arabia Saudita, Sudáfrica y seis países comunistas, parece una oportunidad propicia para intentar, aunque más no sea parcialmente –ya que el tema es muy amplio-, hacer un balance de lo que en materia de derechos del hombre se ha avanzado, y, por qué no también, retrocedido, en estas seis décadas, y avizorar las perspectivas para el futuro.

Las expresiones “Derechos del Hombre”, se usa indistintamente con la de “Derechos Humanos”, “Derechos Naturales”, “Derechos Fundamentales”, “Derechos esenciales”, “Derecho Innatos”, “Derecho Personales”, “Derechos Individuales”, “Derechos Morales”, “Derechos Públicos Subjetivos”, “Derechos Subjetivos”, “Libertades Fundamentales” o “Libertades Públicas”, aunque para justificar su empleo se hayan dado distintas razones, pero todas estas denominaciones se corresponden con la idea central de la Declaración Universal.

GESTACIÓN

La gestación de la misma se consiguió, no con poco esfuerzo a poco de terminada la segunda guerra mundial, en el marco de la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego del reparto político que los vencedores hicieron después de la misma sobre el mapa de Europa, y al inicio de la guerra fría, con el significativo aporte de distintas personalidades, entre las que merece destacarse la del filósofo francés Jacques Maritain.

Europa, a mediados del siglo XX, había padecido dos guerras mundiales en la que se habían arrojado dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y , los holocaustos armenio (1915) y los del Tercer Reich de: judíos, polacos, eslavos, prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, homosexuales y discapacitados (entre 1933 a 1944); las experiencias totalitarias: comunistas, nacional socialistas, y fascista; y la guerra civil española, todo lo cual habían costado la vida de decena de millones de personas.

Al sancionarse la DUDH, los países del este europeo y en Asia, la República Popular China, estaban sometidos a regímenes comunistas, en Europa subsistían las dictaduras de Francisco Franco en España y Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, en África comenzaba el proceso de descolonización, se acababa de crear el Estado de Israel, confrontado con los Palestinos y el mundo árabe que lo rodeaba, y la mayoría de los países latinoamericanos estaban gobernados por dictadores o sistemas políticos autoritarios.

Como bien señala Roberto Papini , al describir el proceso de elaboración de este documento, los antecedentes más importantes que se tuvieron en cuenta fueron: el “Bill of Rights” inglés de 1689, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y, muy especialmente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se acababa de aprobar, por Resolución XXX, en la 9ª. Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá entre el 30 de marzo al 2 de mayo de 1948.

La Carta de la ONU, aprobada en San Francisco el 26 de junio de 1945, establecía como fines esenciales de la nueva organización, el “realizar la cooperación internacional(…) en el desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos” (artículo 1 inciso 3) y dentro de los fines de tal cooperación se refiere a promover “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y a la efectividad de tales derechos y libertades” (artículo 55 inc. c).

Para su redacción se designó una Comisión, que se reunión por primera vez en enero de 1947, y que tuvo por Presidente a Eleanor Roosevelt, esposa del difunto Presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt; por vicepresidente al filósofo Dr. P. C. Chang, jefe de la delegación china en la ONU; y como integrantes al filósofo libanés Charles H. Malik, griego-ortodoxo, que fue el rapporteur de la Comisión; al francés René Cassin, un jurista y filósofo judío; a la señora Hans Mehta, del National Congress de la India; a Fernand Dehousse, jurista belga; a John P. Humprey, jurista canadiense, director de la División para los Derechos Humanos del Secretariado General de la ONU; al chileno Hernán Santa Cruz; y a Carlos Rómulo, periodista filipino ganador del Premio Pulitzer.

En dicho Cuerpo pronto hubo posiciones diferentes. Los que representaban a los países de Europa occidental, excluida Gran Bretaña, insistían no sólo en las libertades sino también en el tema de la igualdad, y la atención de los derechos sociales. Los países anglosajones ponían el acento sobre los derechos políticos y no ocultaban una cierta desconfianza con respecto a la intervención del estado. Los países socialistas, que temían que la Declaración estuviera hecha contra ellos, pretendían subordinar al individuo al estado y enfatizaban los derechos económico – sociales con respecto a las libertades políticas, además de insistir sobre la autodeterminación de los pueblos (referida principalmente a la entonces colonias occidentales) y, en todo caso, propensos a defender la libertad de cada estado para aplicar los derechos reconocidos en el marco de cada situación nacional. Los países latinoamericanos, invocaban la reciente Declaración de Bogotá. Los países islámicos, no querían una Declaración demasiado “occidental”. Las diferencias entre Estados Unidos y la URSS se hacían sentir en los debates.

Uno de los primeros enfrentamientos en la Comisión fue la cuestión de si se dotaba a la Declaración de un mecanismo de tutela de los derechos, pero la Señora Roosevelt –conciente que ello no sería aprobado en el Senado de su país-, y apoyada por los países socialistas, se opuso, afirmando que muchos países no habrían aceptado ingerencias en el ámbito interno. Recordemos que en los Estados Unidos algunos estados tenían todavía leyes raciales. Por ello se decidió pasar a otro documento el tema de la tutela.

Esto se conseguirá muchos años después con la creación de distintos tribunales internacionales de derechos humanos; además de la Corte Internacional de Justicia de La Haya -creada 1945, que comenzó a funcionar en 1946 y que era continuadora de la Corte Permanente de Justicia Internacional-; como fueron: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en 1969 en San José Costa Rica, donde tiene su sede; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde 1998 tiene sede en Estrasburgo, Francia, que atiende los reclamos de las víctimas de violaciones de derechos reconocidos en la Declaración Universal y en la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptada por el Consejo de Europa en 1950 y que entró en vigor en 1953, con el nombre: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. También se crearon tribunales penales con competencias especiales en materia de derechos humanos, como lo fueron los de Nüremberg, Tokio, y para los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998 y que entró en vigor en julio de 2002, creó la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que persigue y castiga a los responsables de crímenes, por violaciones graves a derechos humanos, genocidios y delitos de lesa humanidad, dicha Corte sólo juzga casos entre Estados y no entre personas.

Además, en la Comisión el señor Chang propuso que la Declaración tuviera un Preámbulo centrado en la dignidad humana; Malik propició que se definiera ante todo qué es el hombre; otro insistía sobre el principio de que la sociedad fuese considerada anterior al individuo, mientras que Malik consideraba que “el ser humano es más importante que cualquier grupo nacional o cultural al cual pueda pertenecer”.

Como bien recuerda Papini, dentro de la Comisión se designó un Comité, para redactar un borrador preliminar, integrado por: Roosevelt, Chang, Malik y Humprey. A este último, con la ayuda del secretariado de la Naciones Unidas, se le pidió redactar la primera versión.

El borrador de Humprey, tenía 48 artículos, era un listado heterogéneo, aunque bastante completo, de propuestas en los que se afirmaban los derechos políticos, pero también los económicos y sociales. Durante la discusión se confió su revisión a René Cassin, futuro Premio Nóbel de la Paz, que dividió los derechos en categorías y dio un sentido a la dependencia recíproca entre ellas, insistiendo en la vinculación con la naturaleza humana. Propuso un preámbulo y agregó seis principios generales. Su contribución evitó debates sobre la concepción del hombre y de la sociedad, sobre los que no había acuerdo, y trató de superar la confrontación entre los que sostenían sólo los derechos políticos, como Gran Bretaña, y los países socialistas que, en cambio, querían reservar una posición particular a los derechos sociales, vinculando ambas categorías a la dignidad humana. Medió entre diferentes posiciones culturales, especialmente en temas sensibles como la religión y el derecho de familia; como puede verse que en la Declaración donde no está previsto el divorcio ni se condena a la poligamia. El documento revisado era un listado más coherente de derechos.

Se le pidió a la UNESCO ayudar a la Comisión para lo cual decidió reunir a algunas personalidades, en una “Comisión para los fundamentos teoréticos de los Derechos Humanos” cuyos integrantes fueron: Edward Hallett Carr (Presidente), Aldous Huxley, Jacques Maritain, Pierre Teilhard de Chardin, Bertrand Russell, Benedetto Croce, Salvador de Madariaga, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, entre otros, a quienes se les envió un cuestionario. No obstante la diferente valoración de la naturaleza de los derechos -algunos rechazaban la ley natural sobre la que se basaban las declaraciones de los siglos XVII y XVIII, y los socialistas no olvidaban las críticas de Karl Marx a la Declaración de 1789-, las respuestas concordaban en que había que formular una declaración de derechos. Hubo diferencias de enfoque en las respuestas: los no occidentales, pusieron en evidencia lo ajeno del término “derechos” en sus tradiciones, y los asiáticos subrayaban la necesidad de incluir los deberes junto a los derechos.

La contribución de Maritain, que era entonces embajador de Francia ante la Santa Sede, y que fue llamado a último momento para sustituir a León Blum como Jefe de la delegación francesa a la Segunda Conferencia General de la UNESCO en la ciudad de Méjico en noviembre de 1947, fue decisiva. Elegido presidente de la Conferencia, las tesis que expresó en su discurso inaugural tuvieron buena acogidas.

En polémica indirecta con Julián Huxley, Director General de la UNESCO, que en su trabajo L´Unesco ses buts et sa philosophie sostenía la necesidad de que la Organización elaborase una especie de superfilosofía (cientificista) que diera una base teórica a su acción; Maritain, en cambio, propuso un enfoque realista y práctico al problema ya que entendía que: era posible la cooperación entre los hombres por su naturaleza común, y se podían definir “principios prácticos”, esencialmente los derechos humanos, comunes a las distintas corrientes de pensamiento y tradiciones, pero con la condición, paradójicamente, de dejar de lado las justificaciones teóricas que cada uno habría podido dar pero sobre las cuales no hubiera habido consenso. Él así limitaba la naturaleza del acuerdo a una “finalidad práctica”, a “un mismo conjunto de convicciones que guiaban la acción”, y agregaba “con el ´por qué´ comienza la disputa”, en efecto en los hechos “los espíritus no han sido nunca tan cruelmente divididos”. La Declaración derechos, por importante que sea, sólo debería ser “el prefacio de una Carta del mundo cívico”.

Maritain expresó este enfoque en su respuesta a la encuesta de la UNESCO en 1947, y lo reiteró después en su intervención en Méjico y donde la idea prevaleció sobre otras, tanto que Huxley le pidió al filósofo francés que escribiera la introducción a la obra colectiva “Autour de la nouvelle Declaration universelle des droits de l´homme”, en la cual expuso su propuesta. Las respuestas de los “sabios” fue entregada por la UNESCO a la Comisión de los Derechos del Hombre y el contenido de dicho documento influenció decisivamente a los redactores de la Declaración.

Malik quería una referencia explícita a Dios en el primer artículo, pero Cassin, y otros, no estuvieron de acuerdo porque ello minaba la universalidad del documento. Cassin pidió que la Declaración no fuese definida como “internacional” sino como “universal”.

Después de un encendido debate sobre los derechos sociales, se resolvió que se concedía un cierto grado de discrecionalidad a cada uno de los estados, de acuerdo con su propia organización y con sus propios recursos, para poder hacer efectivo dichos derechos.

Algunos insistían en citar a Dios y que los derechos estaban inscriptos “por naturaleza” en el ser humano. Chang logró evitar que Dios y la naturaleza fuesen citados. Los países musulmanes estaban divididos: los delegados de Pakistán y de Egipto aceptaban los mismos derechos para el hombre y para la mujer en el matrimonio y Arabia Saudita era contrario a esto. Egipto y la India estaban dispuestos a aceptar el cambio de religión, Arabia Saudita no.

El dictamen de la Comisión fue sometido al Consejo Económico y Social en la Sesión del 19 de julio al 28 de agosto de 1948, y después a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que entre el 14 septiembre al 10 de diciembre de ese mismo año lo discutió y aprobó.

INSPIRACIÓN PERSONALISTA

La DUDH, siguiendo siempre a Papini, se basa en la idea de la dignidad de la persona, es de inspiración personalista y, sobre esta base, delinea un orden de convivencia pacífica mundial. Recepta, además, la tradición iluminista-liberal al poner énfasis sobre los derechos políticos fundamentales, sin olvidar los derechos económico-sociales cuyos promotores más celosos no fueron los delegados de países comunistas, sino los de los países latinoamericanos, que representaban a 21 de los 55 países que entonces tenían las Naciones Unidas.

“Llamamos personalista a toda doctrina, a toda civilización que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sostienen su desarrollo.”

Digno, para el Diccionario de la Real Academia, es lo “que merece algo en sentido favorable o adverso (…) correspondiente, proporcionado al mérito y condición de una persona o cosa”. Germán J. Bidart Campos, entiende, que la dignidad del hombre es “inherente a su ser, a su esencia, a su naturaleza (…) Quién no ‘es’ hombre (ausencia ontológica de ser) no puede resistir el predicado de la dignidad.”

Maritain afirma que el hombre es, creado por Dios, como realidad material, como individuo, “(…) se sostiene a sí mismo por la inteligencia y la voluntad”, lo que significa “(…) que en la carne y los huesos del hombre hay un alma que es un espíritu y vale más que todo el universo material”. “La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización”. “Esta descripción no es monopolio de la filosofía cristiana (…) Es común a todas las filosofías que, de una u otro manera, reconocen la existencia de un Absoluto superior al orden todo del universo, y el valor supratemporal del alma humana.” Hay también quienes prescinden del derecho natural y fundamentan los derechos humanos en el historicismo, y los consideran derechos históricos o en la ética, y los tienen como derecho morales.

Alfredo Fragueiro agregaba a esta distinción del hombre como individuo y como persona, el de personalidad, ya que todas las personas son iguales en dignidad, pero en la medida que actualizan su potencialidades espirituales y materiales se convierten en personalidades distintas y diferentes, que merecen un trato jurídico diferenciado (ejemplo de ello es que los que tienen muchos ingresos abonan más impuestos que los que tienen pocos).

El hombre tiende por naturaleza a asociarse con otros hombres, es un animal político -como decía Aristóteles-, y al entrar en esta relación de alteridad necesita proteger el desarrollo de su personalidad, este universo hipostático, como dicen los teólogos, unidad indisoluble de espíritu y materia, donde los bienes de la libertad, que residen en su espíritu; el de la vida, que está en su realidad material, y el del trabajo, que se expresan en su personalidad, espiritual y material, necesitan ser respetados y protegidos, y de allí nacen los derechos humanos, anteriores y superiores a las constituciones, tratados internacionales y las leyes positivas, para defender su dignidad personal y sus bienes fundamentales: la libertad, la vida y el trabajo.

La palabra derecho, que viene del latín dirigere (dirigir) o regere (regir), alude a lo recto, o sea a la conducta que, en las relaciones entre personas, se ajusta a lo justo, al regirse por el principio de dar a cada uno lo suyo -que es la esencia del derecho-, y el que la misma esté dirigida al bien común, que es su fin. Las leyes, naturales o positivas, son la causa eficiente del derecho, lo que nos indica que es lo recto, lo justo, “que es lo suyo”. El derecho se manifiesta entonces: en la conducta recta; en la norma, que indica lo que es lo justo, ya que la virtud de la justicia es la esencia del derecho.

El “derecho a ser hombre”, a existir como tal, a la propia personalidad, es el primero de los derechos, le siguen el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a trabajar. Los demás derechos son una derivación de estos. Dichos derechos tienen que ver con el desarrollo que el hombre hace de sus propios bienes y facultades para alcanzar el destino temporal y espiritual, su propia felicidad, para el que ha sido creado, y la confrontación y necesaria armonización con los derechos de los demás hombres, que persiguen iguales propósitos.

Los derechos naturales tienen su raíz en la eminente dignidad del hombre, como una realidad ontológica, que es “un orden ideal relativo a las acciones humanas, una división entre lo conveniente y lo inconveniente, lo adecuado e inadecuado,(…)” pero también como una realidad gnoseológica, que significa el progresivo conocimiento de las normas de derecho natural que el hombre viene haciendo, desde que existe la humanidad, guiándose, según Santo Tomás, por las inclinaciones y no sólo por la racionalidad de la naturaleza humana. Esto es lo que nos permite hablar de un derecho natural de contenido progresivo, que alude al modo con que la razón ha llegado a conocer las reglas del derecho natural a través de los tiempos y nos impide referirnos a los derecho como “nuevos” o “viejos”, según las palabras de Maritain o de los derecho de primera (civiles y políticos), segunda (sociales) y tercera generación (los de nuestra época como los al ambiente, a la información, de los consumidores y usuarios, de las minorías, etcétera).

Maritain dice que “el derecho natural implica esencialmente un desarrollo dinámico, y por qué la conciencia moral, o el conocimiento del derecho natural, ha progresado desde la era de las cavernas de una doble manera: primero, con respecto al modo con que la razón humana ha llegado a conocer de una manera cada vez menos crepuscular, tosca y confusa, las reglas primordiales del derecho natural; segundo, con respecto al modo con que alcanzó a conocer –siempre por el conocimiento a través de la inclinación- sus normas ulteriores y más elevadas. Y ese conocimiento sigue progresando todavía y continuará progresando mientras dure la historia de la humanidad. Ese desarrollo de la conciencia moral es, sin discusión, la mejor prueba del progreso humano.(…) el derecho natural es un código no escrito: ley no escrita, en el más profundo sentido de la palabra, porque nuestro conocimiento no es el fruto del libre concepto, sino resultado de una ideación limitada a las inclinaciones esenciales del ser, de la naturaleza viviente y de la razón, que actúan en el hombre, y porque se desarrolla proporcionalmente al grado de experiencia moral y autocrítica, así como de experiencia social, de que ha sido y es capaz el hombre a lo largo de las diversas edades históricas.”

Malik, bajo la influencia de las encíclicas sociales insistió, cuando se debatía la redacción de la DUDH, que se usara el termino “persona” y no “individuo”, de allí que la misma afirma que la persona está “dotada de razón y de conciencia”, se habla de “derechos iguales e imprescriptibles”, se reconocen no sólo los derechos personales sino también los de los grupos sociales. En su preámbulo, en su proclama y sus 30 artículos se usa 28 veces la expresión “persona”, y “personalidad” en 3 oportunidades.

INFLUENCIAS Y CRÍTICAS

Las ideas que contiene la DUDH tuvieron influencia en las Constituciones y leyes de muchos países también, y en otras declaraciones, tratados y normas internacionales. No sólo fue una declaración de principios, sino como lo expresó más tarde la señora Roosevelt, tuvo “un inmenso caudal educativo”, como bien indica también la Proclama de la Declaración.

Las Convenciones de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario, del 12 de Agosto de 1949, que protegen los derechos de las personas que no toman parte en las hostilidades, y la Convención Europea de Derechos Humanos, celebrada en Roma en 4 de Noviembre de 1950, fueron los primeros ecos de la Declaración. Pero hubo que esperar hasta el 16 de diciembre de 1966, para que sus principios fueran explicitados en tratados internacionales aprobados por la Asamblea de la ONU, como fueron el “Pacto para los Derechos Civiles y Políticos” y al “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, y donde se repitieron las diferencias entre los dos tipos de derechos. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966, que entra en vigor: 23 de marzo de 1976. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte fue aprobado y proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/128 15 44/128 15 de diciembre de 1989. En 1969 se firmó el Pacto de San José de Costa Rica que lleva el nombre de Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Declaración, y estos tratados, tienen en nuestro país jerarquía constitucional por lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, desde que fue reformada en 1994. La Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 23 de junio de 1993 amplió el alcance de la declaración de 1948.

Las críticas que se hicieron sobre el Documento de 1948 prolongaron el debate que hubo durante su gestación, principalmente entre quienes privilegiaban los derechos civiles y políticos, y quienes hacían hincapié en los derechos sociales. La Declaración Universal, a pesar de sus limitaciones, la primera de las cuales fue acentuar la responsabilidad sólo de los Estados en relación con las violaciones de los derechos, fue una síntesis adecuada, al menos para aquella época, de los dos enfoques.

En los últimos años se atiende más a los “nuevos” derechos culturales y ambientales y la ONU ha contribuido al desarrollo de estos temas, especialmente desde la Conferencia de Río sobre el ambiente en 1982, y a la de Beijing sobre la mujer en 1995. Después de la descolonización y a partir de los años setenta, los derechos culturales que tienen que ver con la protección de las lenguas y de las tradiciones, se han vuelto muy actuales, tanto por la exigencia de una representación adecuada de minorías en estados cada vez más multiculturales, cuanto por el surgimiento de conflictos de identidad.

La tradición iusnaturalista, que muestra la DUDH, los Pactos de 1966 y el de San José de Costa Rica, reconoce los derechos como personales y no los considera concesiones del poder público o de cualquier autoridad patriarcal o familiar, lo que puede hallarse en controversia con las tradiciones confucianas, hindúes, islámicas y africanas, en las cuales se privilegian las instancias colectivas sobre las individuales, y los deberes sobre los derechos. En China se acuñó un vocablo nuevo para traducir el término “derecho subjetivo”. De aquí la crítica a la visión “occidental” de estos documentos.

Como bien recuerda Papini, el mundo musulmán elaboró Declaraciones alternativas a la de 1948, considerando los derechos humanos en el Islam: la de Dacca en 1981 y la de El Cairo en 1990 donde, por ejemplo, se mantienen las diferencias entre hombre y mujer. También la “Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos” de 2003. En el sudeste asiático, se insiste en los “valores asiáticos” en antítesis a los occidentales y en 1993, se llega a la Declaración de Bangkok, que da prioridad de los derechos sociales con respecto a los políticos y se antepone el “derecho al desarrollo” sobre los derechos individuales, con una percepción diferente con respecto a la tradicional-occidental entre derechos individuales y colectivos, con el riesgo de someter a la discrecionalidad del poder político el goce de los derechos de libertad de los individuos. En la Conferencia de Viena de 1993, junto a una toma de conciencia positiva sobre la situación de la pobreza en el mundo, se notaba ampliamente la diversidad de lenguajes sobre los derechos.

En el mundo cristiano ortodoxo señaló también distanciamientos con la Declaración de 1948. En 2006, se celebró en Moscú una sesión del Congreso Mundial Ruso, en la cual la Iglesia Ortodoxa tenía una influencia decisiva, y donde se aprobó una Declaración sobre los derechos y la dignidad del hombre; documento muy crítico con respecto a los “principios liberales y anglosajones” consagrados en la Declaración Universal. Dicho documento declara inadmisible que la libertad de elección de un individuo tenga como único límite la libertad de elección de los otros: existen valores superiores de carácter ético, religioso y también patriótico, que, cuando están arraigados en una sociedad, tienen preeminencia sobre la libertad individual.

También, se observa cierta politización del tema de los derechos humanos en occidente, como ocurre con el “nuevo” derecho de “ingerencia humanitaria” invocado en varios casos para justificar las intervenciones en Somalía, en la ex Yugoslavia o en Irak en los años noventa.

Un ulterior problema se refiere a la relación entre el requerimiento de seguridad colectiva, sobre todo debido al terrorismo, y la limitación creciente y peligrosa de los derechos de privacidad sin un suficiente control a las administraciones públicas establecidas a ese fin.

Los derechos económicos, sociales y los culturales son a menudo amenazados también por el sistema económico y financiero globalizado, que es dominante a nivel transnacional, y que no está regulado debidamente por los organismos internacionales, ni por tratados internacionales y que está fuera del alcance y la competencia de las autoridades y la regulaciones de los estados.

Pablo Luís Manili ha dicho, y ha dicho bien, que: “Sin duda, la DUDH fue el punto de partida y la piedra basal del derecho internacional de los derechos humanos, que hoy, a sesenta años de la adopción de ésta, se presenta como una rama del derecho frondosa y desarrollada, con autonomía científica y académica, con un cúmulo de doctrina de autores, de opiniones de órganos no jurisdiccionales y de jurisprudencia de órganos jurisdiccionales que, en el ámbito internacional, han ido edificando un nuevo corpus iuris. Ya no se puede cuestionar, en el siglo XXI, la obligatoriedad de la DUDH. Sea que se adopte la postura de su incorporación al “derecho de la carta” o que se sostenga la doctrina del consenso, su fuerza vinculante está asegurada. Pero la DUDH ha dado un paso más en las últimas tres décadas: su incorporación al derecho constitucional, especialmente en iberoamérica. Seguramente habrá otras constituciones que en el futuro se remitan a ella como fuente de sabiduría y como herramienta para completar el sistema de derechos fundamentales de la persona humana.”

RETROCESOS EN EL MUNDO

Como bien afirma Norberto Bobbio “el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no era el de fundamentarlos, sino el de protegerlos.”

Durante su discusión y aprobación, y después de la DUDH hubo graves atentados a los derechos humanos por causa de los siguientes conflictos bélicos como el árabe-israelí, que es permanente, pero en el que tubo picos del mayor conflictividad: como fueron los quince meses después de la partición en 1947 y la creación del Estado de Israel en 1948 cuando cinco países árabes invadieron el territorio de Israel, la guerra de Suez en 1956, la de los Seis Días en junio de 1967, en 1973 la de Yom Kipur, la del Líbano de 1978, la primera (1987) y segunda intifada (2000) y la ocurrida en la franja de Gaza, entre 2008 al 2009.

A ello hay que sumarle la guerra en Corea (entre la del Norte y la del Sur desde 1950 hasta 1953). La invasión del Canal de Suez por tropas de Francia, Gran Bretaña e Israel, ocurrida el 29 de octubre de 1956, con motivo de su nacionalización decidida el 26 de julio por el Presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, para financiar en parte la construcción de la presa de Asuán, en respuesta a la negativa financiamiento dispuesta por Estados Unidos y Gran Bretaña. A principios de 1957, con la intervención de la ONU, se retiraron las potencias europeas e Israel y el canal se reabrió. La guerra de Vietnam, entre 1958 y 1975, en la que se enfrentaron la República de Vietnam del Sur, apoyada principalmente por los Estados Unidos, y Vietnam del Norte, ayudada por el bloque comunista. Las guerras Indo-Pakistaní de 1965 y de 1971; las de Afganistán (primero por la invasión soviética entre 1979 a 1988, y desde 2001 por la ofensiva internacional encabezada por Estados Unidos); la de Malvinas, al disponer el presidente General Leopoldo Fortunato Galtieri su invasión en 1982 y la réplica del Reino Unido, la del Golfo Pérsico, entre Irak y una coalición internacional de 31 países entre los que se encontraba Argentina, liderada por Estados Unidos y con mandato de la ONU, como respuesta a la invasión y anexión del emirato de Kuwait, entre 1990 a 1992; la intervención de Etiopía en la Guerra Civil Somalí iniciada en diciembre de 2006 y donde en el año siguiente intervino Estados Unidos, para citar los conflictos más importantes; y la guerra civil de Laos, que fue un conflicto armado que se dio en ese país del Sureste de Asia entre 1962-1975.

Los derechos fundamentales fueron gravemente conculcados en los países comunistas, concretamente en la Unión Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), hasta la caída del muro de Berlín en 1989. La invasión de la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia a Hungría en 1956 y a Checoslovaquia en 1968, que interrumpió la Primavera de Praga, que fue el período de liberalización política que duró desde el 5 de enero hasta el 20 de agosto de ese año. Los ocurridos en la República Popular China durante el Gran Salto Adelante (1957 1960), que fracasó y produjo una gran hambruna, y la revolución cultural (1966-1969), con la actuación de los guardias rojos que produjeron innumerables desmanes, ambas impulsada por Mao Tse-Tung que gobernó hasta su muerte en 1976. La masacre de la Plaza Tian’anmen donde hubo también una gran cantidad de muertos, heridos y personas privadas de su libertad sucedió en Pekín en 1989. Actualmente en dicho país hay un régimen comunista, con una economía capitalista muy desarrollada, donde la libertad de los mil trescientos millones de chinos se encuentra por demás conculcadas. Este país es el que mayor cantidad de personas condena a muerte por año en el mundo, aunque no haya estadísticas que respalden dicha afirmación.

En 1949 el Ejército Popular de Liberación chino invadió el Tíbet. Las facciones de tibetanos leales al Dalai Lama, iniciaron en Lhasa el 10 de marzo de 1959, el Levantamiento Nacional Tibetano para exigir la independencia. El ejército de China aplastó el movimiento y el Dalai Lama huyó del Tíbet con sus allegados. En los años siguientes, el Dalai Lama buscó el apoyo de la ONU, cuya Asamblea emitió declaraciones en 1959, 1961 y 1965, solicitando a China que respetara los derechos humanos del pueblo tibetano y su autodeterminación. Desde 1988, el Dalai Lama intenta llegar a un acuerdo y propuso la creación de un Tíbet democrático y con gobierno autónomo, en asociación con la República Popular de China. En 2010 fue recibido por el presidente Barack Obama, de Estados Unidos, con este propósito.

En Estados Unidos la lucha por los derechos civiles y en contra de la segregación racial, aunque continúa todavía con otras características, tuvo un período muy importante entre el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 y el asesinato del líder afroamericano Martin Luther King en 1968. El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Brown v. Board of Education (1954), que rechaza la doctrina de “separados pero iguales” en las escuelas pública fue un paso muy importante para el inicio en esta lucha. En1955 por el racismo se produjeron la muerte de tres personas de color Emmett Till, un adolescente de 14 años; el pastor activista George W. Lee; y el militante de los derechos civiles Lamar Smith. El 1º de diciembre de 1955, Rosa Parks rehusó a levantarse de su asiento en un autobús para dejárselo a un pasajero blanco. Rosa fue arrestada, enjuiciada y sentenciada por conducta desordenada y por violar una ley local. Cuando esto se conoció en la comunidad negra, se organizó el Boicot de Autobuses de Montgomery para protestar por la segregación racial. El boicot duró 382 días, y fue encabezado por el pastor Martin Luther King, hasta que la ley local de segregación entre negros y blancos fue levantada. El liderazgo de King fue creciendo hasta lograr la aprobación de la Civil Rights Act el 2 de julio, y el 14 de octubre de 1964, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, por su resistencia no violenta en contra de los prejuicios raciales. En los últimos años predicó en contra de la guerra de Vietnam y a favor de los pobres. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis (Tennessee).

La guerra de independencia de Argelia tuvo lugar entre 1954 y 1962 y fue un período de lucha del Frente Nacional de Liberación de Argelia (FLN) apoyado por habitantes originales del país en contra de la colonización francesa establecida en Argelia desde 1830. En esta guerra perdieron la vida decena de miles de personas, y se utilizó la tortura y técnicas terroristas, desde y contra el FLN, como de la organización pro francesa OAS, mucha de esas técnicas perversas se utilizarán luego en Latinoamérica.

Las violaciones a los derechos humanos han sido notables en los conflictos multiétnicos y tribales de África, con en Ruanda, que después de independizarse de Bélgica en 1961 padeció el conflicto entre los hutus y los tutsis que culminó con el genocidio de 1994. La Guerra del Congo —que involucró a Angola, Zimbabwe, Uganda, Ruanda y Namibia— fueron las más tremendas. Más de tres millones de personas murieron entre 1998 y 2002 en la selva congoleña por actos violentos, hambre y enfermedades en el más mortífero conflicto surgido en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. En este siglo el genocidio de Darfur, en el oeste de Sudán. Todas estas disputas costaron la vida y el desplazamiento gran cantidad de personas.

El apartheid en Sudáfrica significó un sistema de separación étnica favorable a la minoría blanca, que hizo que el líder negro Nelson Mandela estuviera 27 años en prisión antes de llegar a ser presidente democrático de ese país entre 1994 y 1999.

Igualmente en los conflictos que se sucedieron entre 1993 y 1995 en Bosnia y Herzegovina, Repúblicas que habían pertenecido a la antigua Yugoslavia. A principio de la última década del siglo pasado se dio también el genocidio de Ruanda, y ya en este siglo el de Darfur, en el oeste de Sudán. Todas estas disputas costaron la vida y el desplazamiento de centenares de miles de personas.

Los grupos terroristas como ETA en España y Francia, la Organización de Liberación de Palestina (OLP), las Brigadas Rojas en Italia entre 1970 a 1973 que secuestraron y mataron al líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro, Jihad Islámica Palestina que actuó en la década del setenta, Hamas en la Franja de Gaza desde 1987, Al-Jihad fundada en 1970 en Egipto, el Ejército Rojo Japonés creado en 1970, Hezbollah grupo chiíta fundado en 1982 en el Líbano, Al-Qaeda creado por Osama Bin Laden en 1980 para unir a los árabes que lucharon en Afganistán contra la URSS, la banda Baader-Meinhof, liderada por Andreas Baader que desde 1969 actuó en Alemania Federal, y otros que actuaron en distintos países o regiones como fracciones políticas violentas atentaron también seriamente contra los derechos invocados en la DUDH.

Luego de la disolución de la URSS Chechenia declaró su independencia en noviembre de 1991, pero Boris Yeltsin en 1994 envió tropas para restaurar la autoridad de Moscú. La primera guerra terminó en 1996, con una derrota humillante del ejército ruso. En octubre de 1999, el primer ministro ruso Vladimir Putin reanudó la ofensiva, lanzando una “operación antiterrorista”, luego de que se produjeran varios atentados en Moscú que se le atribuyeron a los chechenos. Estos conflictos bélicos en la pequeña república caucásica musulmana han costado muchas vidas.

El 9 de abril de 1991, poco después del colapso de la URSS, Georgia declaró su independencia, pero en 1992 se vio envuelto en una guerra civil que duró casi hasta 1995. Este año, dos regiones del país, Abjasia y Osetia del Sur, se vieron en disputa con otros separatistas locales, lo cual desembocó en guerras y violencia interétnica, apoyadas por Rusia, Abjasia y Osetia del Sur mantienen de facto independencia de Georgia. Muchas personas murieron, la mayor parte de ellos civiles asesinados en operaciones de limpieza étnica, otros fueron desplazados o expulsados. El 7 de agosto de 2008 las fuerzas armadas de Georgia comenzaron la operación Campo Limpio con el fin de “restaurar el orden constitucional” en Osetia del Sur. Los combates se iniciaron en los alrededores de la capital de Osetia del Sur, con la batalla de Tsjinval. Poco después esta operación se convirtió en una guerra entre Georgia de un lado y las repúblicas separatistas pro-rusas de Osetia del Sur y Abjasia y la misma Rusia de otro.

RETROCESOS EN LATINOAMÉRICA

Sería muy largo detallar los atentados a los derechos humanos habidos en estas seis décadas en los países latinoamericano con motivos de las dictaduras, las guerrillas, las organizaciones paramilitares, y últimamente por los carteles del narcotráfico, con sus secuelas de muertes, desaparición de personas, torturas, exilios y pérdida de hijos por quienes fueron víctimas de la represión.

En el marco de la guerra fría se creó el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), llamada de 1963 a 2001 Escuela de las Américas (School of the Americas), que es una organización para la instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos situada actualmente en Fort Benning, en la localidad estadounidense de Columbus (Georgia). Dicha escuela estuvo situada desde 1946 a 1984 en Fort Amador y luego en Fort Gulick, Panamá. Se graduaron gran cantidad de militares y policías de hasta 23 países de América Latina, algunos de ellos de especial relevancia por sus crímenes contra la humanidad. En la misma se difundió lo que se conoció como la Doctrina de la Seguridad Nacional y se instruyó a militares, policías y personal de inteligencia en técnicas de contrainsurgencia operaciones de comando, tiro franco, guerra psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio, lo que tanto daño hizo a los derechos humanos en nuestro país y en Latinoamérica.

La revolución cubana encabezada por Fidel Castro en 1959 con la gran cantidad de fusilados, exiliados, confiscaciones de bienes y las privaciones de la libertad que se dieron y subsisten todavía en la isla. Un millón de exiliados hay en Estados Unidos, en países latinoamericanos y europeos.. Durante muchos años desde Cuba y bajo este régimen se impulsó la lucha armada y se entrenaron guerrilleros que operaron luego en distintos países de América Latina y de África. La figura del Ernesto “Che“ Guevara representa este modo de rebeldía que entusiasmó a muchos jóvenes antes de la caída del muro de Berlín. El régimen mantiene en prisión desde el año 2003 a 75 disidentes. Durante el año 2010 murió en prisión –mientras protestaba con una huelga de hambre- uno de ellos, Orlando Zapata Tamaño, lo ha hecho que el mundo proteste por esta afrenta contra los derechos humanos. Las Damas de Blanco y grupos de opositores ejercen cada vez mayor resistencia dentro de la isla. Actualmente, con la presidencia de Raúl Castro, sigue sin haber elecciones libres y existe monopolio del gobierno en los medios de comunicación, incluido en Internet. El bloqueo dispuesto por Estados Unidos – al que se oponen los demás países de Latinoamérica- es la razón principal que invoca el régimen para mantenerse. El 12 de abril de 2003 fueron fusilados, luego de un juicio sumario de pocos días, los jóvenes Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luís Martínez Isaac por haber secuestrado una lancha para huir a Estados Unidos.

Al atardecer del 2 de octubre de 1968, pocos días antes de los Juegos Olímpicos, en ciudad de México miles de estudiantes y residentes llenaron la plaza de las Tres Culturas de la unidad habitacional Tlatelolco. Al amparo de la oscuridad, el ejército y la policía rodearon a la multitud en un movimiento de tenazas y lo reprimieron usando helicópteros, tanquetas y abrieron fuego. Esa noche infernal, conocida hoy como la masacre de Tlatelolco, dejó un gran número de muertos, que algunas estiman en 300, y miles de heridos y presos.

Los derechos humanos fueron gravemente afectados por el accionar de las guerrillas, rurales y urbanas, en distintos países de Latinoamérica como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional, en Colombia, las más antiguas del continente; en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, convertido actualmente en el partido de gobierno del presidente Mauricio Funes; en Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; en Honduras, la Unificación Democrática; en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente convertido en partido político en el gobierno del presidente Daniel Ortega; en Perú, Sendero Luminoso; en Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros, uno de cuyos líderes José Mujica, es el actual presidente de ese país; a los que se podría agregar en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esta enumeración recordamos sólo los más importantes y por el accionar de estos grupos se perdieron muchas vidas.

La Operación Cóndor o Plan Cóndor fue la coordinación de las acciones contra la guerrilla y el terrorismo de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur de América -Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- entre sí y con la CIA llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. Por la misma se hicieron seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios ilegales, traslados entre países y desaparición o muerte de subversivos y opositores a las dictaduras militares de la región.

Entre los hechos que se le atribuyen está el asesinato del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires, junto a su cónyuge Sofía Esther Cuthbert Chiarleoni, el 30 de septiembre de 1974; del ex ministro del gobierno de Salvador Allende, Marcos Orlando Letelier en Washington D.C. Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1976; y la tentativa de atentado sufrido en Roma por, el ex ministro del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, ocurrido el 6 de octubre de 1975, que por suerte salvaron sus vidas. En los últimos tiempos se ha podido comprobar que el presidente Frei Montalva fue asesinado cuando se encontraba internado en un centro de salud en 1982 por personeros del régimen pinochetista. El 18 de mayo de 1976 fue secuestrado en Buenos Aires el político uruguayo del Partido Colorado, ex legislador y ministro, Zelmar Raúl Michelini, hallándose su cuerpo sin vida, asesinado, el 21 de mayo, junto con el del ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, que también había sido secuestrado, y los de los ex militantes guerrilleros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo Metropolitano de El Salvador fue asesinado el día 24 de marzo de 1980, que en sus homilías dominicales había denunciado violaciones de los derechos humanos. Se sospecha que un represor argentino del Batallón 601 llamado o apodado Emilio Antonio Mendoza habría sido uno de los que lo asesinaron. En 1994, su sucesor Arturo Rivera y Damasse, abrió la causa para su canonización y Monseñor Romero recibió el título de Siervo de Dios.

La vuelta a la democracia constitucional en los distintos países de la región, con la excepción de Cuba, mejoró sustancialmente la situación de los derechos humanos, aunque respecto a la forma que se trató la cuestión de lo que sucedió en el período predemocrático, con Horacio Verbitsky podemos decir que: “Chile y la Argentina constituyen un modelo, si bien hay diferencias: en el caso de la Argentina, el establishment militar se derrumbó después de la guerra de Malvinas; en Chile, en cambio, Pinochet se retiró con todo los honores y se mantuvo con las leyes de amarre, los senadores vitalicios y la comandancia en jefe. Por eso, creo que la lucha fue más difícil en Chile que en la Argentina y no porque aquí haya sido fácil, por cierto. El otro modelo en el mundo, es el de Sudáfrica, donde se plantea el canje de impunidad por confesión de la verdad. (…) Los modelos del Cono Sur están teniendo repercusiones en Uruguay y en Colombia, y han tenido repercusiones en Perú (como los casos de Barrios Alto y el Grupo Colina), donde en función de decisiones del Sistema Interamericano han comenzado los procesos contra perpetradores de las violaciones de los derecho humanos. Tanto en Chile y Argentina como en Sudáfrica los procesos de justicia son posteriores a los hechos. En Colombia, en cambio, el proceso de justicia es contemporáneo con el conflicto, lo cual es una condición totalmente distinta. El presidente Álvaro Uribe abre una negociación con los paramilitares sobre un modelo a la sudafricana, de canje de impunidad por confesión.”

En la primera década de este siglo han aparecido nuevas formas de autoritarismo en Latinoamérica, con perfil populista, y donde se intenta partir la sociedad en dos fracciones en conflicto permanente, como se observa en la Venezuela de Hugo Chávez Frías, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Rafael Correa Delgado y en la Nicaragua de Daniel Ortega, donde se ha concentrado el poder en la fracción dominante -aunque todavía hay elecciones-; se ha permitido la reelección de los presidentes; se ha limitado el funcionamiento y competencia de los órganos legislativos; la Justicia es adicta al régimen y sigue sus pautas; los estados y municipios han visto cercenada su autonomía; se persigue, encarcela y excluye a los opositores; hay clientelismo político; se ha limitado el uso de los medios de comunicación masivos y, en general, se cercenan en forma creciente los derechos humanos. Este modelo, o algunos rasgos de los mismos, son o intentan se imitados por políticos en otros países (verbigracia: el ex presidente Manuel Zelaya de Honduras protagonista principal del golpe de estado del año 2009 por el que fue derrocado; y el político y militar retirado peruano Ollanta Moisés Humala Tasso, fundador del Partido Nacionalista Peruano y ex candidato a presidente), y por gobiernos, como en nuestro país durante las presidencias a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El terrorismo se expresó brutalmente en los atentados perpetrados en Buenos Aires: contra de la embajada de Israel el 17 de marzo de 1992 cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha, causando la destrucción de la embajada, daños a una iglesia católica y a una escuela ubicada en un edificio cercano, en el que murieron 29 personas, e hirió otras 242; y el 18 de julio de 1994 a la mañana una bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA-, en calle Pasteur 633, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Ambos atentados se encuentran impunes todavía aunque se sospecha como responsables a terroristas de Hizbollah e Irán.

En los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 el terrorismo atentó contra las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono, cuando dos aviones de American Airlines y de United Airlines, se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, y un tercer avión de American Airlines impactó contra la esquina del Pentágono en Virginia; en ambos atentado murieron unas tres mil personas.

En España, en la Estación Atocha – cerca de Madrid- el 11 de marzo de 2004 explotó una bomba, una segunda en la estación de El Pozo y otra en Santa Eugenia, y, minutos más tarde, cuatro explosiones más destruyen otro tren a 500 metros de Atocha. En estos atentados murieron 192 personas y 1.500 resultaron heridas.

Estos hechos además de afectar a los derechos humanos provocaron que se iniciara una nueva forma de guerra, contra el terrorismo, sin un enemigo determinado -que no era otro estado como hasta ese momento de entendía la guerra-. Ello motivó la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak en el año 2003 –invocando razones que luego se demostraron falsas-, los actuales conflictos que se desarrollan en Afganistán y Paquistán, e hizo que se produjera la sanción en el Congreso de los Estados Unidos del Acta Patriótica (2001), que admite restringir los derechos personales hasta límites por demás discutibles y que se instalaran cárceles como la de Guantánamo, donde el trato a los internos es inhumano y donde alguno de ellos no tienen procesos. Por ella se ha llegado a justificar los interrogatorios haciendo uso de la técnica de tortura que en nuestro país se conoció con el nombre del “submarino”.

RETROCESOS EN ARGENTINA

La DUDH se produce cuando en Argentina vivía una etapa en que se alternaban gobierno civiles y militares, que comenzó el 6 de septiembre de 1930 y que concluyó el 10 de diciembre de 1983, en la que se sucedieron seis golpes de estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) producidos por militares que derrocaban a gobiernos constitucionales. Durante este tiempo los gobiernos –civiles y militares- se arrogaban atribuciones de emergencia – previstos o no en la Ley Fundamental-, que limitaban o desconocían derechos de las personas. Se gobernaba bajo estado de sitio, estado de guerra interno, ley marcial, o plan CONINTES, la regla era la emergencia y la excepción (los días que había elecciones) el pleno ejercicio de los derecho ciudadanos. Antes de 1983 hubo muchas personas privadas de su libertad física sin orden escrita de autoridad competente, algunas que pasaron más ocho años en esa situación. La detención con incomunicación era frecuente y muchas veces llegó a durar más de un año. Las órdenes judiciales emanada de los jueces en los hábeas corpus o en las mismas causas penales eran desoídas o incumplida por las autoridades administrativas, policiales o militares, y los pedidos de los arrestados de salir fuera del país, fundados en el estado de sitio vigente (artículo 23 de la Constitución), eran también incumplidas. Se cesantearon sin causa ni indemnización muchos empleados públicos. Se torturaron y vejaron a detenidos y se obligaron a exiliarse a muchos argentinos. Los medios de comunicación eran censurados. En los allanamientos de viviendas se sustraían o destruían bienes.

1. LA PRIMERA DÉCADA

En 1948, cuando se aprueba la DUDH, era presidente constitucional el general Juan Domingo Perón, en su primer mandato, y durante el mismo se persiguió muchos de los que se le oponían, como ocurrió con Cipriano Reyes, un dirigente sindical de la carne que fue uno de los que lideró la gran manifestación popular del 17 de octubre de 1945 que hizo posible que ganara la elección presidencial, el año siguiente, el entonces coronel Perón. Pero Reyes pronto cayó en desgracia con el peronismo y en 1946 le asaltaron el sindicato, porque Perón quería que todos los gremios dependieran de la CGT y Reyes no esta de acuerdo. En 1946 fundó el Partido Laborista y al año siguiente, ya diputado nacional, salvó su vida cuando lo ametrallaron a la salida de su casa. En 1948 fue acusado de complot contra el presidente y contra Eva Perón. Fue torturado casi hasta morir y estuvo preso entre 1948 y 1955.

En 1949 fue detenido torturado y muerto en Tucumán el dirigente sindical azucarero Carlos Aguirre, del Partido Comunista. Sufrieron tortura los militantes universitarios Ernesto Mario Bravo y Luis Vila Ayres, comunista el primero y socialista el segundo, y el abogado radical Juan Ovidio Zavala.

Ricardo Balbín, líder de la opositora Unión Cívica Radical, en 1946 fue electo diputado nacional y presidió el llamado “Bloque de los 44”, el único opositor en la Cámara de Diputados, ya que el Senado era enteramente oficialista. Por su oposición parlamentaria el gobierno lo persiguió política y judicialmente, hasta que fue expulsado del Congreso en 1949 y encarcelado en el penal de Olmos en La Plata. En 1950 es candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires y vuelve a ser encarcelado el mismo día de los comicios. A fines de ese año, el presidente Perón lo indulta, y en 1954 vuelve a ser encarcelado.

Durante los dos primeros gobierno de Perón iniciados en 1946 actuó un grupo político violento llamada Alianza Libertadora Nacionalista, y en su segundo gobierno, iniciado en 1952, el conflicto con los opositores se agravó y extendió a la Iglesia, a los profesores de las universidades que fueron cesanteados, y a una fracción de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de Perón en 1950 clausuró 40 medios de comunicación, expropió todo el papel de diario y avanzó sobre el control y censura a los medios de comunicación.

En enero de 1951, el Gobierno de Perón expropió el diario La Prensa, que luego reapareció como medio de las centrales obreras. el levantamiento del 28 de septiembre de 1951, encabezado por un general retirado -Benjamín Menéndez-, rápidamente sofocado. Su única víctima fue un cabo leal. Como consecuencias de ello se dictó una ley que imponía la pena de muerte para hechos similares y fueron arrestados los militares Alejandro Agustín Lanusse, Julio Alsogaray, Tomás Sánchez de Bustamante, Luís M. Prémoli, Alcidez López Aufranc, entre otros.

El 15 de abril de 1953, durante el primer acto televisado por Canal 7, en que Perón hablaba a trabajadores de la CGT en Plaza de Mayo, un grupo antiperonista hizo estallar dos bombas, que mataron a 5 trabajadores y dejó más de 90 heridos. Fueron detenidos como responsables del atentado y sufrieron torturas el radical Roque Carranza –que luego será Ministro de Defensa del presidente Raúl Alfonsín- y el demócrata progresista Carlos Alberto González Dogliotti, así como Yolanda J. V. de Uzal y los hermanos María Teresa y Jorge Alfredo González Dogliotti.

Al finalizar dicho acto, grupos de la Alianza Libertadora Nacionalista se encaminaron por la avenida Rivadavia hasta el 2100, donde estaba la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista y donde funcionaba el diario La Vanguardia, a la que asaltaron y prendieron fuego, con gente adentro que huyó por los fondos. Luego siguieron la sede capitalina del radicalismo bonaerense, en Moreno al 2400, la del Partido Demócrata, que estaba en las cercanías, y el edificio del Comité Nacional de la UCR, en Tucumán al 1600. Finalmente, el edificio del Jockey Club, en la calle Florida, entre otros intentos que la Policía evitó.

En el conflicto con la Iglesia Católica que se planteó el gobierno dispuso la expulsión de monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Ramón Novoa, después de la procesión de Corpus Cristi del 11 de junio de 1955 que congregó a 200 mil personas. El 16 de junio de ese año aviones militares, en su mayoría de la Armada, bombardearon Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la avenida Paseo Colón, la Avenida de Mayo, el Congreso, y la residencia presidencial (donde ahora está la Biblioteca Nacional), de lo que resultó la muerte de 364 civiles y más de 800 heridos; esa noche grupos afines al gobierno, y con su complicidad, saquearon e incendiaron en Buenos Aires la Curia Metropolitana y las iglesias: Catedral, de San Francisco, San Ignacio, Santo Domingo, San Miguel, San Nicolás, San Juan, la Merced, la Piedad y el Socorro. El 17 de junio de 1955 en Rosario fue detenido y torturado hasta morir el médico Juan Ingalinella del Partido Comunista, del cual nunca se encontró su cadáver.

La Revolución Libertadora del 16 de septiembre de ese año derrocó a Perón y lo reemplazó por un gobierno de facto cuya presidencia recayó primero en el General Eduardo Lonardi y desde el 13 de noviembre por el general Pedro Eugenio Aramburu; en el mismo se proscribió al peronismo, se intervinieron sindicatos y universidades, en las que se expulsaron a profesores. El 12 de junio de 1956, fue fusilado el general Juan José Valle, líder del frustrado levantamiento cívico-militar producido el 9 de junio de ese mismo año, que encabezó junto con el general Raúl Tanco. El saldo de muertos fusilados fue de 18 militares y 13 civiles.

En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se perpetró un atentado terrorista en el que murieron 15 personas y hubo 20 heridos, mediante bombas que hicieron volar los depósitos de nafta que la empresa Shell tenía en barrio San Fernando, en Córdoba, lo que motivó la intervención federal y la caída del gobernador Arturo Zanichelli. Entre los autores, que nunca fueron condenados, estaban los dirigentes de la Alianza Libertadora Nacionalista, Carlos “Coco” Pedrotti y Oscar “Perro” Moyano.

Felipe Vallese, obrero metalúrgico, fue secuestrado el 23 de agosto de 1962 y luego de ser torturado en una comisaria de Villa Adelina desapareció.

2. LA GUERRILLA

El primer grupo guerrillero en Argentina fue el de los Uturuncos, que tuvo una efímera vida entre mediados de 1959 y febrero del 60 en la zona boscosa del sur de la provincia de Tucumán, en el departamento de Chicligasta. El nombre del grupo guerrillero fue Ejército de Liberación Nacional-Movimiento Peronista de Liberación, aunque pasó a la historia como: Uturuncos. El asesinato de un obrero azucarero en Tucumán encendió la chispa. Enrique Manuel Mena, líder peronista de izquierda que tomó el alias de “Comandante Uturunco” fue el jefe del grupo. Hicieron ataques a comisarías, cuarteles de bomberos y comercios. En la Nochebuena de 1959 tomaron la comisaría de Frías, en Santiago del Estero. Pero por falta de apoyo entre la población, fue desbaratado en poco tiempo por las fuerzas de seguridad del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) del presidente Arturo Frondizi. El comandante Uturunco fue arrestado en 1960.

El segundo intento guerrillero rural fue liderado por Jorge Ricardo Masetti, alias “Comandante Segundo”, periodista de Radio El Mundo que, mientras cubría la revolución en la Sierra Maestra, Cuba, se incorporó a la lucha armada. En febrero de 1964 fundó el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) para actuar en la región de Orán Salta, durante la zafra azucarera. Massetti, ingresó con sus hombres por la frontera con Bolivia para afianzar la guerrilla en el norte argentino, que luego quedaría en manos del “Comandante Primero”, el Che. El campamento fue descubierto por Gendarmería y destruido poco después, y el cuerpo de Massetti jamás apareció.

En septiembre de 1968 en un paraje llamado La Caña, a 120 kilómetros de Taco Ralo, en el sudeste de Tucumán, la policía recibió informaciones: sobre movimientos de grupos armados presumiblemente guerrilleros. Desde San Miguel del Tucumán, a unos cien kilómetros de Taco Ralo, partieron sesenta efectivos de la policía local al mando del comisario Hugo Tamagnini. Llegaron al campamento, que los guerrilleros llamaban “El Plumerillo”, la noche del 18, y atacaron y redujeron a los rebeldes, deteniendo a 9 personas, incluida una mujer, pero 4 escaparon y luego fueron encontrados el jueves 19 y, junto con las restantes, fueron trasladados a Tucumán. El grupo se denominaba Comando Montonero 17 de Octubre, de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), y fue fundado en abril de 1968 por los integrantes de la Juventud Peronista: Envar El Kadr, Carlos Caride y los ex seminaristas Gerardo Ferrari y Arturo Ferré Gadea. Las Fuerzas Armadas Peronistas no se desmantelaron tras el fracaso. Los guerrilleros de Taco Ralo reconocían el líderazgo de Perón. Las FAP reaparecieron en 1969 y 1970 con varias acciones de guerrilla urbana y en 1971 un sector de las FAP se integró a Montoneros. El 22 de mayo de 1973 las FAP ejecutaron al dirigente sindical Dirk Kloosterman secretario general del sindicato de trabajadores mecánicos (SMATA).

La guerrilla argentina que actuó después tuvo dos vertientes: el peronismo y el marxismo. Entre las primeras actuaron tres grupos principales: las referidas FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), Descamisados y Montoneros. Esta última organización sería la más importante y terminaría incluyendo en su seno a todas las expresiones de la guerrilla peronista, desprendimientos de grupos marxistas y a las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) una organización que se había originado en fracciones de partidos de izquierda, especialmente el Partido Comunista y el Partido Socialista de Vanguardia, para integrarse con grupos provenientes de la Juventud Peronista. Por el contrario, el núcleo fundador de Montoneros, provenía de grupos de la extrema derecha católica, y fue evolucionando junto con algunos sectores de la Iglesia, conocidos como sacerdotes del Tercer Mundo, hacia posiciones más progresistas hasta situarse a comienzos de los 70 a la izquierda del peronismo.

2.1. MONTONEROS

Montoneros fue un grupo guerrillero, cuyos principales dirigentes fueron Mario Firmenich, un hombre de formación nacionalista católica, Fernando Abal Medina, su pareja Norma Esther Arrostito, y Gustavo Ramus, y que se presentó en sociedad el 1º de junio de 1970 mediante un comunicado referido al secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu. El secuestro había sido el 29 de mayo, cuando un grupo de montoneros, vestidos como oficiales del Ejército, lo sacaron en su departamento y lo llevaron a una chacra de Timote, provincia de Buenos Aires, y luego de un “juicio revolucionario” fue asesinado por Fernando Abal Medina en el sótano de la mencionada chacra. El 1º de julio de 1970, coparon la localidad cordobesa de La Calera. En la retirada, fue herido el montoneros Ignacio Vélez; detenidos Luís Lozada, José Breganti, Felipe Defrancesco, Cristina Liprandi, José Fierro, Juan Conte Grand, Juan Sorati Martínez y Heber Albornoz, y murió en el enfrentamiento Emilio Maza.

El 18 de marzo de 1972 tres hombres y una mujer que dijeron pertenecer a Montoneros ingresaron a la casa del dirigente político Roberto Mario Uzal, miembro del partido Nueva Fuerza, e intentaron secuestrarlo. Uzal se resistió y en el tiroteo resultó gravemente herido, falleciendo dos días más tarde, el 20 de marzo. Mataron, también, al dirigente sindical José Ignacio Rucci, por entonces Secretario General de la CGT, hecho que acaeció el 25 de septiembre de 1973 en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires.

El 14 de febrero de 1974 asesinaron al dirigente político y diputado nacional radical Hipólito Acuña. El 22 de marzo de ese año al retirado dirigente sindical peronista Rogelio Coria. Arturo Mor Roig, dirigente radical que había sido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en el gobierno de Íllia y Ministro del Interior durante la dictadura presidida por el general Alejandro Lanusse y que se había retirado de la política, fue asesinado por Montoneros el 15 de julio de 1974 mientras almorzaba en un restaurante de San Justo. El 1º de noviembre de ese año, el comisario Carlos Villar, uno de los organizadores de la Triple A, y su esposa Elsa Marina Pérez, mientras hacía un paseo por el delta del Tigre en una lancha, en la misma se produjo una explosión por la que murieron ambos.

El 19 de septiembre de 1974 un comando Montonero secuestró y obtuvo el cobro del mayor rescate de la historia argentina ya que la organización recibió 60 millones de dólares, por la entrega con vida de los hermanos Juan y Jorge Born, principales accionistas Bunge & Born –la principal empresa cerealera del país-, a los seis y nueve meses respectivamente. Durante este hecho fueron asesinados un empresario de apellido Bosch y al conductor del vehículo apellidado Pérez en que viajaban los secuestrados.

El 5 de octubre de 1975 Montoneros atacó el Regimiento de Infantería 29, en la provincia de Formosa. En la operación participaron más de cincuenta guerrilleros. Para llevar a cabo la ofensiva, se robaron más de 20 vehículos y secuestraron un Boeing 739 de Aerolíneas Argentinas en pleno vuelo. El enfrentamiento dejó un saldo de 13 muertos y 19 heridos del Ejército y un número similar o mayor de bajas, de montoneros.

El 28 de diciembre de 1975 Roberto Quieto, de la conducción de Montoneros, concurrió a la playa “La Grande”, en Martínez, junto a familiares suyos, donde fue detenido por personal policial, se lo torturó y pasó a integrar la lista de desaparecido. Un comunicado de Montoneros del 14 de febrero de 1976 informó que el “Tribunal Revolucionario” encontró a Quieto “culpable de los delitos de deserción en operación y delación, y propuesto las penas de degradación y muerte a ser aplicadas en el modo y oportunidad a determinar”.

A mediados de 1975, Montoneros formó la “Compañía Montoneros de Monte” que operaría en el noroeste de Tucumán. El 13 de febrero de 1976 mientras los montoneros penetraban por la zona de El Cadillal se produjo un encuentro con el Ejército Argentino, donde resultaron muertos varios integrantes de “Fuerza de Monte del Ejército Montonero”, entre ellos Juan Carlos Alsogaray, hijo del Teniente General Julio Alzogaray, quien, hacía un tiempo, había sufrido un intento de secuestro fallido en la vía pública a manos de Montoneros, donde militaban sus hijos.

El 2 de julio de 1976 se atentó, colocando una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, que causó la muerte de 18 personas y fueron heridas a otras 66. El 19 de agosto, los Montoneros interceptaron el auto particular del general Omar Carlos Actis a cargo de la organización del Mundial 78 de fútbol, y cuatro guerrilleros lo asesinaron. El 12 de septiembre Montoneros destruyó un ómnibus policial en Rosario con un coche bomba, matando a 9 policías y dos civiles, e hiriendo gravemente a por lo menos 50. Durante el 8 de octubre fueron atacados con bombas las oficinas de las compañías Fiat, Mercedes Benz y Chevrolet. El 16 de octubre otra bomba detonó en el club de cine del Círculo Militar, que no causó muertos pero hirió a 60 personas. Durante los primeros tres días de noviembre cinco casas de cinco ejecutivos empleados por Laboratorios Lazar fueron atacados con bombas y Carlos Roberto Souto, ejecutivo de Chrysler fue asesinado por miembros de los Montoneros. El 15 de diciembre del mismo año, fue el atentado con explosivos que produjo 14 muertos y 20 heridos, en el micro cine de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa, durante una reunión de trabajo. En la llamada Masacre de Margarita Belén militares y policías ultimaron a 22 Montoneros la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, cerca de la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco.

2. 2. E.R.P.

La vertiente marxista la expresó el grupo guerrillero “foquista” llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), liderado por Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo, durante los años setenta. Hacia finales de 1975 fue desarticulado por las Fuerzas Armadas como consecuencia del Operativo Independencia.

El ERP formó la “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez” en Tucumán, y las Compañías urbanas “Decididos” de Córdoba, “Combate de San Lorenzo”, en Paraná, “Héroes de Trelew”, “José Luis Castrogiovanni” y “Guillermo Pérez”, estas tres últimas constituyeron el “Batallón urbano José de San Martín”, de Buenos Aires, cuyo bautismo de fuego fue el asalto al cuartel militar de Monte Chingolo.

A principio de 1969 Santucho asaltó el Banco Provincia de Escobar llevándose unos 213 mil dólares; en septiembre de 1970 asaltaron una comisaría de Rosario y mataron a dos policías; el 17 de marzo de 1972 mataron en su casa del Comandante de Gendarmería Pedro Agarotti; y en febrero de 1973 asaltaron y tomaron el Batallón 141 de Comunicaciones del ejército, en Córdoba, y sustrajeron armamento y municiones. Luego asaltaron al Comando de Sanidad del Ejército en la Capital Federal pero cinco horas más tarde los militares abren fuego y se libra un combate hasta que los guerrilleros se rinden. El 19 de enero de 1974 asaltaron y coparon la guarnición militar de Azul, en la provincia de Buenos Aires, pero fueron resistidos lo que obligó a que Gorriarán Merlo –su líder- decidiera la retirada. En este operativo murieron el coronel Arturo Gay, su esposa, Nilda Cazaux de Gay; el coronel Ibarzábal, este último luego de un prolongado cautiverio en una de cárcel del pueblo, y 5 guerrilleros.

El domingo 28 de abril de 1974, fue asesinado en la calle -cuando iba a ver un partido de fútbol- quién había sido juez de la Nación, Jorge Vicente Quiroga, que había integrado la Cámara Federal en lo Penal, disuelta por ley en 1973, y que durante el gobierno militar juzgaba a los “subversivos”, que luego habían sido beneficiados por una ley de amnistía de ese mismo año.

En mayo de 1974 en Tucumán asaltaron y coparon la localidad de Acheral. En agosto de 1974 atacaron en simultáneo la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, donde fue capturado el Coronel del Ejército, Argentino del Valle Larrabure y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca, la que fracasó. El 13 de abril de 1975 el ERP hizo una operación contra el Batallón de Arsenales 121, en la localidad de Fray Luis Beltrán al norte de Rosario. En los enfrentamientos resultaron muertos dos guerrilleros y el coronel Carpani Acosta. El 11 de mayo de 1975 se produjo un intenso tiroteo en la ruta 301 en Tucumán, en donde fue muerto el subteniente Raúl Ernesto García. Manipulando material explosivo, el 5 de agosto pierde la vida el teniente José Conrado Mundani. Y el 16 de agosto mueren en un enfrentamiento en la localidad Las Mesadas de Tucumán, el cabo primero Miguel Dardo Juárez y seis guerrilleros. En Septiembre de 1975, tras 8 meses de lucha, el ERP, pone fin a la guerrilla rural. Su última gran acción fue el fallido asalto al Batallón Depósitos de Arsenales 601 Domingo Viejobueno, ubicado en la localidad de Monte Chingolo.

Los atentados y muertes recordados fueron desde nuestro punto de vista los más resonantes y significativos, pero hubo muchos otros que costaron vidas y dañaron seriamente a los derechos humanos.

3. LA “REVOLUCIÓN ARGENTINA”

Durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, que derrocó en 1966 al presidente Arturo Humberto Íllia, se intervinieron las universidades nacionales, y se produjo lo que se llamó la “Noche de los Bastones Largos”, cuando la policía el 29 de julio de ese año desalojó cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por sus autoridades, profesores y alumnos que resistían la intervención.

Durante el gobierno de la llamada “Revolución Argentina” que se prolongó hasta 1973 hubo muchas y grandes protestas populares, En una manifestación en Córdoba fue asesinado por la policía el obrero y estudiante Santiago Pampillón el 7 de septiembre de 1966. En el “Cordobazo”, ocurrido el 29 de mayo de 1969, un trabajador del sindicato de mecánicos – Máximo Mena- fue asesinado por la policía. Luego vino el “Rosarinazo” que se prolongó desde el 13 de mayo hasta el 17 de septiembre de ese año. El 15 de mayo la policía reprimió una manifestación de estudiantes en Corrientes en la que murió el estudiante Juan José Cabral. Dos días después, en Rosario, estudiantes que se movilizaban para repudiar el crimen de Cabral fueron enfrentados por la policía y murió el estudiante Adolfo Bello. En esta ciudad, en una marcha del silencio del 21 de mayo, la policía volvió reprimir y murió el aprendiz metalúrgico Luis Norberto Blanco, de 15 años. El 30 de junio de 1969 fue asesinado por un comando el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Timoteo Vandor en su despacho y de cinco balazos.

El “Viborazo”, que fue un segundo “Cordobazo”, se produjo el 15 de marzo de 1970. El l7 de agosto de ese año fue asesinato del dirigente gremial peronista y Secretario de la CGT José Alonso y el 14 de octubre el Subcomisario de la Policía Federal D. Osvaldo Sandoval, quien había encabezado la investigación del crimen de Aramburu.

El 22 de agosto de 1972, 16 guerrilleros fueron muertos cuando intentaron fugarse del penal de Trelew.

El 20 de junio de 1973, en un multitudinario acto en el que se celebraba el regreso de Perón después de 18 años de exilio, ocurrió la masacre de Ezeiza, cerca del aeropuerto. Por directivas de Perón, la seguridad del operativo se delegó en el Coronel (RE) Jorge Osinde, a quién fue el responsable de la represión. El 22 de mayo de 1973 es asesinato del sindicalista peronista Dirk Kloosterman, Secretario General de S.M.A.T.A., en la Provincia de Buenos Aires.

4. LA TRIPLE A Y EL COMANDO LIBERTADORES DE AMÉRICA

La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), Triple A, fue un grupo paramilitar de ultraderecha, que hizo numerosos atentados y asesinatos en la década de 1970. Fue organizado y dirigido por José López Rega; ex comisario de la policía, secretario Juan Domingo Perón y miembro de la logia masónica Propaganda Due, dirigida por Licio Gelli. En la organización colaboró el entonces comisario general de la Policía Federal, Alberto Villar. En el gobierno Raúl Lastiri, en 1973. López Rega fue designado Ministro de Bienestar Social –cargo que mantuvo en las presidencias de Perón e Isabel Martínez-.

El primer atentado de la Triple A fue el 21 de noviembre de 1973, cuando colocó una bomba en el automóvil del senador radical del Chubut Hipólito Solari Yrigoyen, que al explotar mutiló al senador, pero no lo mató; dos años más tarde otra bomba estalló en su casa en Puerto Madryn.

El 23 de Enero de 1974 son asesinados en Río Segundo cinco dirigentes cooperativistas provenientes de la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, a un costado de la ruta 9; por miembros de la Policía de Córdoba, luego argumentarían que se equivocaron pensando que era un grupo subversivo.

La Triple A llevó a cabo múltiples atentados. El 11 de mayo de 1974 fue baleado, en la puerta de la iglesia de San Francisco Solano en el barrio porteño de Villa Luro el sacerdote Carlos Mugica. El 16 de septiembre siempre en 1974 fueron asesinados el ex Vicegobernador de Córdoba y sindicalista Atilio López, sindicalista, junto al contador Juan Varas. El 13 de septiembre mataron al defensor de presos políticos Alfredo “Cuqui” Curutchet. El 20 de septiembre fue asesinado el subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler. El 27 de septiembre de 1974 fue asesinado el abogado e intelectual marxista, Silvio Frondizi, fundador de Praxis y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Praxis), que era hermano del presidente Arturo Frondizi. El 3 de octubre de 1974 fue asesinado el ex-Secretario General Sindicato de la Madera de la Provincia de Buenos Aires, Juan Mario Russo.

En Córdoba atentaron contra el diario La Voz del Interior en la madrugada del 23 de enero de 1975, durante el gobierno del interventor federal Oscar Lacabanne, con la voladura de la rotativa que se le atribuye al denominado Comando Libertadores de América, un equivalente de la Triple A en la provincia de Córdoba.

Los padres y dos hermanos de Mariano Pujadas, uno de los muertos en Trelew, fueron secuestrados y asesinados el 14 de agosto de 1975 en Córdoba, por el Comando Libertadores de América.

El abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), que fue mi compañero de clase en el Colegio Normal Alejandro Carbó, fue detenido el 10 de marzo de 1975 y mientras estaba alojado en la Cárcel Penitenciaria de barrio San Martín en la ciudad de Córdoba el 12 de agosto de 1976 una patrulla militar que lo retiró del penal (UP1) junto a Eduardo De Breuil, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Arnaldo Toranzo y Gustavo Adolfo De Breuil. Luego de un trecho, los hicieron bajar de la camioneta en que los trasladaron a los tres últimos y fueron fusilados. Eduardo de Breuil salvó su vida y formuló la denuncia ante la Justicia, que no investigó este crimen. Miguel Hugo Vaca Narvaja en agosto de 1976 había logrado la autorización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ser liberado y exiliarse en Francia, país que ya había aceptado recibirlo. Cinco días más tarde que el gobierno militar recibiera de la Corte la orden de liberarlo, fue fusilado.

El 10 de marzo de 1976 personal policial detuvo al también abogado Hugo Vaca Narvaja, padre del fusilado Miguel Hugo y de Fernando -dirigente montonero- y el último ministro del interior del presidente Arturo Frondizi, del que no se tuvo más noticias y hasta ahora es considerado desaparecido. El 23 de ese mes, Susana Yofre, su esposa y madre de doce hijos, se fue con toda su familia a Buenos Aires –en total eran 27 personas– y pidió refugio en el consulado mexicano. El 23 entraron en la embajada y el 24, el mismo día que se produjo el golpe militar que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón, salieron en avión desde Ezeiza donde permanecieron varios años. El 14 de octubre de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló el caso “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c. Ministerio del Interior” y otros 6 expedientes más, en los que ordenó indemnizar a la familia Vaca Narvaja por los daños y perjuicios sufridos durante su forzado exilio.

La CONADEP probó la intervención de la Triple A en 19 homicidios en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975; se sospecha además de su participación en centenares de otros. Además, las amenazas de muerte que hicieron llevaron al exilio, a científicos como Manuel Sadosky, artistas como Héctor Alterio y políticos como José Ber Gelbard. Entre los meses de julio, agosto y septiembre de 1974 la Triple A realizó 220 atentados, de los que resultarían 60 víctimas mortales y 44 heridas de gravedad, además de 20 secuestros. La estimación indica que cometieron unos 1500 crímenes.

5. “EL PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL”

El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla y en la madrugada de ese día fue detenido y desapareció René Salamanca, secretario general del SMATA de Córdoba y dirigente del Partido Comunista Revolucionario. El 14 de abril desapareció quién acababa de ser senador nacional justicialista por Córdoba, Luís Agustín Carnevale. Mónica María Mignone; hija de Emilio Mignone, que perteneció a la Acción Católica, que había sido ministro de Educación en el gobierno peronista bonaerense del coronel Domingo Alfredo Mercante y luego viceministro de la Nación en el gobierno del general Juan Carlos Onganía; catequista y misionera católica, fue secuestrada y desaparecida el 14 de mayo. El 18 de junio fue asesinado el Jefe de la Policía Federal General D. Cesáreo Cardozo, mediante una bomba colocada debajo de su cama en su domicilio, atribuido a una montonera amiga de su hija. El 2 de julio un atentado con explosivos asesinó a 16 personas e hirió a 65, en el comedor de Seguridad Federal. El 4 de julio fueron asesinados en la Iglesia de San Patricio en Buenos Aires los sacerdotes palotinos Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly y Pedro Eduardo Dufau, y los seminaristas de la misma orden Salvador Barbito Doval y Emilio José Barletti.

El 18 de julio fueron asesinados en Chamical, La Rioja, el sacerdote Gabriel Longuevillet y Fray Carlos de Dios Murias. El 4 de agosto muere Monseñor Enrique Ángel Angelelli, obispo de la Rioja, asesinado en un extraño accidente de tránsito cerca de Chamical. El 17 de agosto fue detenido el ex diputado nacional Mario Abel Amaya, que el 19 de octubre fallece, presumiblemente en la cárcel de Devoto por una crisis asmática, sin medicación y con evidente muestras de maltrato físico. El 20 de agosto aparecieron 30 cuerpos, 20 de varones y 10 de mujeres, que fueron dinamitados en la localidad de Fátima, Provincia de Buenos Aires, masacre que fue perpetrada por personal policial. El 16 de septiembre, fueron secuestrados y desaparecieron estudiantes secundarios en lo que se llamó la “Noche de los Lápices”. Y el 27 de noviembre, siempre en 1976, Pablo Gazzarri, sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, fue detenido por policías y torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada, quién enero de 1977 fue subido a un “vuelo de la muerte”.

Un grupo de madres de desaparecidos reunidas en la iglesia Stella Maris resuelven ir a Plaza de Mayo a pedir una audiencia al presidente Jorge Rafael Videla lo que hicieron el 30 de abril de 1977, así nace esta Asociación que en 1986 va a sufrir el desprendimiento de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora. Desde entonces, todos los jueves repetirían una caminata, porque las fuerzas de seguridad les exigieron “circular” por causa del estado de sitio, alrededor de la pirámide central de la plaza. En diciembre de ese año fueron secuestradas y desaparecieron tres de las fundadoras: Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco.

El 11 julio de 1977 fue asesinado Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás de los Arroyos en otro misterioso accidente automovilístico cerca de Ramallo. Las religiosas francesas Léonie Duquet y Alice Domon fueron secuestradas junto a otras ocho personas en diciembre de 1977 en la Iglesia Santa Cruz de Buenos Aires, cuando participaban de reuniones del grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo. Los restos de Duquet y cuatro madres de Plaza de Mayo fueron arrojados al mar desde un avión en uno de los llamados “vuelos de la muerte”’. Arrastrados los restos por la marea hasta una playa desde donde fueron enterrados clandestinamente en un cementerio de la provincia de Buenos Aires, en donde fueron hallados en 2005. Alice Domon sigue desaparecida.

Otros religiosos que perdieron la vida fueron: Carlos Dorniak, asesinado en Bahía Blanca el 21 de marzo de 1975; Nelio Rougier, detenido en Córdoba en septiembre de 1975, desaparecido; Miguel Angel Urusa Nicolau, detenido en Rosario el 1º de enero de 1976, desaparecido; José Tedeschi, salesiano reducido al estado laical, detenido el 2 de febrero de 1976 en la Villa Itatí, en Bernal. Su cadáver apareció días más tarde con señas de haber sido torturado; el hermano Julio San Cristóbal, de la Congregación de las Escuelas Cristianas de La Salle, detenido y desaparecido el 5 de febrero de 1976; Francisco Soares, asesinado en Tigre, al igual que un inválido a su cargo, el 13 de febrero de 1976; Pedro Fourcade, detenido el 8 de marzo de 1976, desaparecido; Héctor Federico Baccini, detenido en La Plata el 25 de noviembre de 1976, desaparecido, estaba en trámite su reducción al estado laical; Carlos Armando Bustos, detenido en Buenos Aires, el 8 de abril de 1977, desaparecido; Mauricio Silva Iribarnegaray, detenido en Buenos Aires el 14 de junio de 1977, desaparecido; y Jorge Adur, detenido el 7 de enero de 1980, desaparecido.

El 1° de agosto de 1978, al Almirante Armando Lambruschini -que un mes después sucedió al almirante Emilio Eduardo Massera en la jefatura de la Armada- le colocaron una bomba que le destruyó su vivienda, en la calle Pacheco de Melo al 1900, en Buenos Aires. Por la explosión murió su hija Paula, de 15 años, y dos vecinos del edificio de departamentos contiguo.

El 6 de septiembre de 1979 llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que durante dos semanas entrevistó con personalidades de la política, la cultura y miembros del gobierno, visitó cárceles y recibió numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Patricia Derian, secretaria de Derechos Humanos del gobierno de James Carter, fue quién impulsó la visita de la Comisión.

No quiero terminar esta descripción, de los más notorios atentados contra los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país, sin recordar y rendir un sentido homenaje a Augusto Conte MacDonald; quién fuera diputado de la Nación, dirigente del Partido Demócrata Cristiano -al que pertenezco desde mi juventud- y uno de los fundadores, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); que perdió para siempre a su desaparecido hijo, Augusto María, mientras hacía el servicio militar durante el último gobierno militar, a pesar de las gestiones que hizo ante militares que conocía para que ello no ocurriera, circunstancia que lo marcó hasta su muerte en 1992.

6. LA VUELTA A LA DEMOCRACIA

La derrota de Malvinas en 1982 precipitó la caída del último gobierno militar y los argentinos logramos en 1983 la recuperación de la democracia y la vuelta al orden constitucional. A este gran logro, hay que sumarle el apartamiento de la política de los militares, y el juzgamiento de los responsables de la represión, primero a través de la investigación que hizo la CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas), presidida por el escritor Ernesto Sábato, donde se comprobaron que hubo cerca de 9 mil desaparecidos, y después en el juicio a las Juntas Militares que presidieron el último gobierno de facto, luego que se anulara una ley de facto que amnistiaba a los represores. En Córdoba la CONADEP fue integrada por destacadas personalidades como Luís Rébora, Angel Manzur, Rodolfo Barraco Aguirre, Albino Serafín y Rubén Arroyo. Se discute todavía el número de personas desaparecidas, que algunos estiman en 30 mil, aunque los que comprobó la CONADEP fueron los antes indicados.

Tiempo después se descubrieron centros clandestinos en los que se interrogaba y torturaba a personas durante el gobierno militar como lo fueron la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el Vesubio, Campos “Atlético, Banco y Olimpo de los dioses”, el Garaje Olimpo y el Pozo de Bánfield en Buenos Aires, y La Perla, el Campo de la Ribera y el Departamento de Inteligencia de la Policía de la provincia, el D2, en Córdoba. La Cacha en La Plata. Se calcula que hubo más de 300 centros en todo el país.

Los que dirigieron el gobierno militar, fueron juzgados en 1984 por la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional y la sentencia se dictó el 9 de diciembre de 1985. Los acusados fueron los integrantes de las tres juntas militares: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti que integraron la primera junta militar (1976 – 1980); Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna, que formaron parte de la segunda junta (1980-1981); y Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, que integraron la tercera (1981-1982). La pena de prisión perpetua fue para los integrantes de la primera Junta Militar, mientras que los de la tercera fueron absueltos. También se les aplicó, inhabilitación absoluta perpetua y destitución del grado militar, por hallarlos culpables de los delitos de homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad calificada, tormentos, robos agravados, falsedades ideológicas de documento público, usurpaciones, reducciones a servidumbre, extorsión, secuestros extorsivos, supresión de documento, sustracciones de menores, y tormentos seguidos de muerte. El fallo lo confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986.

Las leyes de punto final, 23.492, y de obediencia debida, 23.521, sancionadas bajo presión militar, fueron un retroceso ya 1e pusieron límites a los responsables de delitos que podían ser juzgados. Estas leyes fueron anuladas por la ley 25.779 -de cuestionable constitucionalidad ya que el Poder Legislativo puede derogar pero no anular leyes- y, luego, por sentencias judiciales, que las declararon inconstitucionales, lo que permitió continuar con muchos juicios para castigar a los represores. La demora en la tramitación de alguna de estas causas ha sido denunciada como violación a los derechos humanos.

Se ha excluido del alcance de estas leyes que terminaron con las amnistía a quienes cometieron delitos, atentando también contra los derechos humanos, desde los grupos guerrilleros u opositores durante la violenta década del setenta. Esto no es justo, aunque esta calificación no implica aceptar la “Teoría de los dos demonios” que pretendía equiparar la gravedad de los crímenes de la represión, hechos desde el Estado en nombre de una “guerra sucia” ordenada por un Decreto que ordenaba “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país” (Decreto 2772, 6/10/75), del presidente provisional de la Nación Ítalo Argentino Luder; con la acción de guerrilleros y terroristas. Entiendo que todos fueron delitos y merecieron ser sometidos a la Justicia, aunque algunos hayan sido más graves que otros.

Igual discusión se ha dado respecto si los delitos de “lesa humanidad” son sólo los cometidos desde la represión desde el Estado o grupos para-estatales, y si en los mismos hay que incluir el terrorismo y las acciones guerrilleras. Esto importa para saber si son imprescriptibles o no. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró el concepto de delito de “lesa humanidad” a través de la adhesión al dictamen fiscal presentado por Esteban Righi, quién sostuvo que el delito de lesa humanidad consiste en uno de los actos descriptos en el Estatuto de Roma, según el cual “debe ser desarrollado por el propio Estado, a través de una política que atenta sistemáticamente contra los derechos fundamentales de una sociedad civil o un grupo determinado de esta.”(En el caso “Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal” del 11 de julio del 2007). Righi en esa oportunidad cita a David Luban quien afirma que: “El alto grado de depravación por sí mismo, no distingue a los crímenes de lesa humanidad de los hechos más crueles que los sistemas locales criminalizan. Más bien, lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi-gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control”. La discusión sobre el alcance de los delitos de “lesa humanidad” no se agotó con esta decisión del Alto Tribunal.

El presidente Carlos Saúl Menem dicto los decretos de indulto 1002, 1003, 1004 y 1005, de fecha 7 de octubre de 1989, y los de los decretos 2741, 2742 y 2743 del 30 de diciembre de 1990, para incluir a quienes no estaban alcanzados por las leyes de punto final y de obediencia debida, que eran unas 1200 personas. En el 1002 abarcó a Guillermo Suárez Mason, Juan Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferraro y otros, que, también, fue el primer indulto en ser declarado inconstitucional. Incluyó —entre otros— a Ramón Genaro Díaz Bessone, del Segundo Cuerpo. El decreto 1.003 indultó a represores uruguayos, como José Nino Gavazzo y Jorge Silveira, a los montoneros Mario Firmenich y Rodolfo Galimberti y gente que había estado desaparecida y que —como Graciela Daleo— se negó a recibir el perdón presidencial. El decreto 1.004 perdonó a los responsables del levantamiento de Semana Santa y Monte Caseros, en 1987, y Villa Martelli, un año después. El decreto 1005 indultó a Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, que había sido los responsables de Malvinas. El Decreto 2.741 perdonó a Jorge Videla, Emilio Massera y otros de los condenados. Firmenich fue indultado mediante el decreto 2.742. Los decretos 2.743 al 2.746 indultaron a los dirigentes peronistas Norma Kennedy y Duilio Brunello –que fuera interventor federal en Córdoba- ; el ex ministro José Martínez de Hoz, y Carlos Suárez Mason, y a presos comunes. Los decretos fueron luego declarados inconstitucionales por los tribunales.

Las crisis política y económicas de los años 1989 y 2001, que obligaron a renunciar a los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, si bien no trajeron como consecuencia la intervención militar como ocurría antes de 1983, originaron protestas populares, con “cacerolazos” y asaltos a supermercados y tiendas, y generaron la creación de “piquetes”, que hacen marchas (algunas veces exhibiendo palos o portando piedras), cortan calles y rutas, hacen escraches, participan en la distribución y administración de planes sociales, y bregan por que los mismos se mantengan e incrementen. Desde el gobierno y de distintos sectores políticos, muchas veces se hace clientelismo político con estos grupos.

El 3 de noviembre de 1995, en la ciudad cordobesa de Río Tercero, a partir del incendio de un tambor de trotyl, que se propago a otros tambores de igual contenido, se produjo una serie de explosiones en la Fábrica Militar de esta ciudad, que dejaron un saldo 13 muertos y 335 heridos, la Justicia investiga si esto fue un atentado, las razones que lo motivaron y las indemnizaciones para los damnificados.

A comienzo del año 2002, siendo presidente Eduardo Duhalde se implantó el “Corralón”, complemento del “Corralito” dispuesto poco antes por el presidente De la Rúa y el Ministro Domingo Cavallo, por el que se confiscaron los depósitos bancarios de miles de ahorristas lo que produjo manifestaciones, protestas, juicios y algunas muertes entre los damnificados. La Corte le puso fin con el dictado de un fallo en el caso “Bustos”, con una fundamentación por demás confusa.

Las protestas que se suscitaron después de la renuncia del presidente De la Rúa en diciembre de 2001 dejaron muertos y heridos. Durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde fueron asesinados por policías los jóvenes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hecho ocurrido en la estación de trenes de Avellaneda el 26 de junio de 2002. Esto obligó a Duhalde a adelantar las elecciones presidenciales.

El 18 de septiembre de 2006 desapareció Julio López de 77 años de edad, testigo en el juicio al represor Miguel Etchecolatz.

Otro grave problema que nos aqueja, al mundo y a nosotros los argentinos, es la persistencia de la esclavitud a través de lo que se denomina ahora: la “Trata de personas”; sean con el objeto de prostituir, de adoptar niños, de migrar, de explotar laboralmente o para conseguir transplantes de órganos; es uno de los tres delitos más graves y extendidos en el mundo, junto con el tráfico de armas y de drogas. En nuestro país no hay todavía una política ni órganos adecuados para combatir ese flagelo. La reciente modificación al Código Penal, ley 26.364, en esta materia no es suficiente para terminar con este mal.

El narcotráfico ha avanzado en forma alarmante en el mundo, en los países latinoamericanos y en nuestro país, y el Estado ha retrocedido en sus posibilidades de combatirlo con eficacia, los titulares de derechos humanos afectados por ello reclaman una mayor y mejor intervención estatal, y una mejor cooperación internacional para combatirlo, para rehabilitar a consumidores y adictos, y para prevenir el uso de estupefacientes. Ciertas drogas, como el “paco”, causan graves daños en la salud, en la conducta y cobran valiosas vidas de niños y jóvenes que lo consumen.

Para nada ha sido un avance que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Arriola”, del 25 de agosto de 2009, haya declarado inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737, de estupefacientes –que castiga con un mes a dos años de prisión la tenencia para consumo personal–, porque consideró que la tenencia de escasas cantidades de marihuana en el ámbito privado no debe ser castigada si es para consumo personal y no hay peligro o daños para terceros. Dicha ley ya había despenalizado la tenencia de estupefacientes cuando el que iba a ser condenado se disponía a tratarse de su adicción (artículo 17). Así como las políticas del Estado siempre fue ambigua en esta materia, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha sido cambiante: en el año 1978, en el fallo “Colavini” declaró la constitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo personal. En 1986, en “Bazterrica”, declaró su inconstitucionalidad. Luego, en 1990, con el fallo “Montalvo”, se volvió al criterio de “Colavini”. Ahora, con “Arriola”, se regresa, al criterio de “Bazterrica”.

Los hechos descriptos son los más relevante que conservo en mi frágil memoria, pero no fueron todos, y hubo otros que costaron vida y en los que se atentó seriamente contra la libertad de muchos argentinos.

7. AVANCES

Sin embargo, el tema derechos humanos cobró una importancia fundamental con la vuelta a la democracia constitucional, no sólo para una mejor valoración y juzgamiento de los ocurridos en los años setenta, sino que se avanzó en forma considerable en materia de los derechos políticos y sociales, y en derechos humanos concretos, como los de la mujer, de los derechos ambientales, de los usuarios de servicios públicos, de los consumidores y de la información, especialmente después de los avances tecnológicos en materia electrónica e informática.

La estabilidad constitucional y democrática se mantuvo a pesar de algunos alzamiento militares y de las crisis políticas, como fueron la terminación anticipada del gobierno del presidente Raúl Alfonsín en 1989 por la crisis hiperinflación, y la del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a estos derechos, amplió las garantías y dio jerarquía constitucional a declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales estaba la Declaración de la ONU de 1948 (artículo 75 inciso 22). En su primera parte se agregó un capítulo segundo dedicado a los “Nuevos derechos y garantías” (artículos 36 al 43).

La aprobación de otros tratados internacionales de derechos humanos hecha por la Asamblea de la ONU, que en Argentina tienen también jerarquía constitucional, fueron un importante avance: como lo fue la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobado también el 9 de diciembre de 1948 por Resolución 260, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación Racial aprobada en 1965, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer de 1979, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, la Convención sobre los Derecho del Niño de 1989, a los que debe agregarse la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos de 1994.

La Ley 26.171, de 2006 aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, que fue ratificado el año siguiente. El 23 de octubre de 2003 fue ratificado por el gobierno de nuestro país el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” (Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de OEA) que tuvo entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999. El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte fue aprobado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. El 19 de abril de 2005 se firmó Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR.

Se dictaron importantes leyes para garantizar mejor los derechos humanos como fueron las leyes de Hábeas Corpus 23.098, de Actos Discriminatorios 23.592, de Cupo (para facilitar la candidatura de mujeres a cargos legislativos) 24.012, del Defensor del Pueblo 24.284 y 24379, de Protección de Datos Personales 25.326 y General del Ambiente 25.675. La sanción en 1990 del Código de Procedimiento Penal federal, ley 23.984; que implantó el juicio oral y público, como lo hicieron antes todas las provincias a partir de Córdoba en la década del cuarenta, con la sola excepción de Santa Fe que continúa rigiéndose por el procedimiento escrito; fue un gran avance para la mejor tutela de la garantía del debido proceso legal adjetivo, como lo afirmé siendo diputado de la Nación en el debate que precedió su aprobación. La ley de ejecución penal, 24.600, fue un avance para mejorar la situación de las cárceles y los internados en las mismas, y la ley del arrepentido en delitos cometido por terroristas, 25.241, agrega una modalidad que puede facilitar el esclarecimiento de los mismos.

Sólo está vigente en la Provincia de Tucumán, con el nombre de Código de Procedimiento Constitucional y, con algunas variantes para adaptarlo al nivel provincial, el proyecto de Código de la Seguridad Personal que presenté en la Cámara de Diputados de la Nación cuando la integré en el año 1991, en el que se unifican y sistematizan los distintos procedimientos judiciales que garantizan derechos humanos.

El Decreto 70/91, que dictó el presidente Carlos Saúl Menem, y en el que tuve oportunidad de impulsar para su sanción y en el que participé en su redacción cuando fui diputado de la Nación, dispuso otorgar una indemnización de $27 por cada día de detención a las personas que hubieren estados arrestadas en virtud del estado de sitio antes del 10 de diciembre de 1983. Luego la ley 24.043 extendió el beneficio a aquellos civiles que fueron detenidos por decisión de tribunales militares, con o sin sentencia. En 1994 se sancionó la ley 24.411 que otorgó indemnización a las víctimas de desaparición forzada y a los sucesores de personas asesinadas por los militares, miembros de las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares. Las leyes 24.823 y 25.814 fueron complementarias de aquella.

La ley 25.914 de 2004, dispuso repara a las personas nacidas durante la privación de la libertad de sus madres; a los menores detenidos debido a la detención o desaparición de sus padres por razones políticas -ya sea a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, de tribunales militares o de áreas militares-; y a las personas víctimas de sustitución de identidad. Este último supuesto, se refiere a aquellos casos de niños o niñas que fueron robados a sus padres detenidos-desaparecidos, e inscriptos como hijos legítimos de otras familias.

La jurisprudencia de nuestros tribunales, especialmente la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permitió –con su activismo- hacer importantes progresos en materia de derecho humanos, siendo significativo lo que se avanzó en lo que respecta al control de constitucionalidad, y en los procedimientos de hábeas corpus, amparos -especialmente los colectivos-, y en las medidas autosatisfactivas y cautelares autónomas, con lo que se ha suplido la falta de normas adecuadas que reglamenten mejor estos institutos.

El 3 de mayo de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: “Recurso de hecho deducido por el C.E.L.S. en la causa: Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo a favor de los detenidos en la provincia de Buenos Aires y dispuso que la Corte y los Jueces de dicha provincia debía hacer cesar en 60 día la detención en comisarías de menores y enfermos, y con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante. Ordenó al Poder Ejecutivo Provincial que, remita a los jueces respectivos, en el término de 30 días, un informe pormenorizado, en el que consten las condiciones concretas en que se cumple la detención (características de la celda, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), a fin de que éstos puedan ponderar la necesidad de mantener la detención, o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas. Exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales.

En materia de amparos colectivos es importante citar el caso. “Mendoza, Beatriz Silvia y Otros C/ Estado Nacional y Otros S/ Daños y Perjuicios” del 20 de junio de 2006 donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria con respecto a las pretensiones concernientes a la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño colectivo causado de la contaminación ambiental de las aguas del Río Matanzas – Riachuelo. También es importante recordar el caso: “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986” del 24 de febrero de 2009 declaró inconstitucional la llamada “Ley Espía” impidiendo al Estado hacer escuchas telefónicas o vigilar correos electrónicos sin orden judicial, con lo que se protege la privacidad en Internet y Telefonía e insinúa la creación de una “Acción de clase”, y los efectos del fallo adquieren una dimensión colectiva aplicable a toda la ciudadanía.

El control de convencionalidad ha sido bien receptado en nuestros tribunales a partir de la doctrina y el positivo accionar de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También ha sido positivo el que se pudiera determinar la paternidad de más de un centenar de hijos de personas desaparecidas o muertas por la represión a través de la labor de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.

FUTURO Y REFLEXIÓN FINAL

Somos conciente que este balance de los avances y retrocesos habido en materia de derechos humanos en el mundo y en nuestro país, desde que la ONU aprobó la DUDH, es incompleto, y contiene muchas e importantes omisiones, pero sirve para señalar, a grandes rasgos, que el camino a recorrer, que es todavía largo y por demás difícil.

El relato de los retrocesos nos muestra lo inútil e inservibles que han sido los argumentos, explicaciones, ideologías, doctrinas y credos que permitieron que estos hechos sucedieran o pretendieran ser justificados. Cuantas vidas perdidas; cuanta tortura; cuantas libertades suprimidas o limitadas, cuantos exiliados o desplazados; cuantos padres sin hijos y cuantos hijos sin padres; cuantas personas privadas de trabajo, de vivienda, de alimentos, de bienes y servicios; cuantos dineros y recursos dilapidados; sin razón valedera que lo explique. Visto hoy en perspectiva todo esto parece un gran disparate.

Los crímenes y daños producidos por la violencia política en el mundo, y en nuestro país, principalmente, durante la década de los 70 no han sido debidamente procesados por nuestras sociedades políticas. La moral y el derecho exigen que sobre los mismos debe haber: verdad, justicia, arrepentimiento, y perdón para que nos podamos reconciliar. En España todavía se están procesando los crímenes de su guerra civil, sucedida hace más de setenta años. En nuestro país desde 1984 hemos iniciado la etapa de la verdad y la justicia pero no han concluido aún. Todavía no conocemos, no tenemos memoria, de mucho de los crímenes que se cometieron, ni quienes fueron sus autores, que pasó con los desaparecidos, si murieron no sabemos a donde están sus restos, hay hijos de desaparecidos o muertos que no conocen su verdadera identidad; hay juicios que no han comenzado y otros que no han concluido aún; hay sentencia que no están firmen y penas impuestas que no han sido cumplidas. De arrepentimiento, salvo por parte de la Iglesia Católica, hay poco y nada, por lo que estamos lejos del perdón y la reconciliación.

En la primera década del nuevo milenio, hemos tomado conciencia de la necesidad de tutelar también derechos que aparecen como “nuevos”, pero que no son otra cosa que una derivación de los derechos a la personalidad, y a la defensa de la vida, de la libertad y del trabajo, como son: el derecho a la vida desde la concepción, a la muerte digna, a la alimentación, al agua, a la salud, al ambiente, a la información, a la educación, a la cultura, al de los consumidores, al de los usuarios de los servicios públicos, de los inmigrantes, de las minorías, en general, y de los pueblos originarios o de los que están radicados en provincias, ciudades o regiones alejadas de los centros de poder, en particular, y todos los que son necesario preservar para terminar con la pobreza, la indigencia y la marginalidad; para citar sólo algunos. Un derecho esencial como el de la libertad religiosa no está todavía garantizado en muchos países, ni por tratados internacionales. Los nuevos roles que ha asumido la mujer en la sociedad requieren una mayor y mejor tutela, para ellas, para los varones con la que comparten su vida, y para las familias de la que son parte.

Concluyo repitiendo lo que bien expresara Eva Martínez Sampere: “defiendo la universalidad de los derechos humanos reconocidos en la Declaración del mismo nombre -ampliables y mejorables por otras normas jurídicas internacionales, comunitarias y constitucionales- como el mínimo ético común para toda la especie humana. Comparto pues la invención filosófica, pactada políticamente e implantada jurídicamente en la citada norma, de que cada persona tiene igual dignidad e iguales derechos para expresar su diferente individualidad y ha de contar con voz y voluntad propia a la hora de organizar la convivencia humana, quedando prohibidas, por tanto, todas las relaciones de dominación interpersonales basadas en una supuesta desigualdad social que acepte la pobreza o la subordinación por razón de nacimiento, sexo, etnia, religión, etc. Como estarán pensando, para llevar a cabo esta ingente tarea hace falta poner fin al modelo social dominador e implantar un modelo solidario, que haga posible el desarrollo sostenible en todo el planeta. Las normas jurídicas de Naciones Unidas, las comunitarias y las Constituciones democráticas son condición necesaria, aunque no suficiente, en esa dirección. Hace falta el convencimiento de la ciudadanía, de la sociedad civil -lo cual se consigue con la educación en esos valores, objetivos y derechos- para conseguir hacer realidad una vida humana digna y el respeto a los demás seres vivos.”

Córdoba, abril de 2010

Recordar, ¿Para Qué?

El Aniversario del 24 de marzo de 1976

José López Rega e Isabel Martínez de Perón

Fue el día más doloroso de mi vida política. La noche anterior Oscar Alende, a quién voté para presidente, peroraba por televisión un discurso, como si no conociera lo que todos sabían, que los militares derrocarían a “Isabelita” Martínez de Perón. Pero nadie calculó jamás la violencia política que se desataría.

Ese 24 de marzo tenía que ir a Buenos Aires para ver a un amigo, pero el viaje se frustró cuando supe que mi nombre lucía en una lista negra, de los que iban a ser detenidos. Suspendí el viaje, y me guardé un tiempo. Con este amigo hablé por teléfono desde Córdoba, y me comentó que le llamó la atención, ver aquel día, caminar sólo, en una despoblada vereda porteña, al ex presidente Arturo Íllia.

La violencia, en realidad, comenzó en los años 50, en la disputa entre peronistas y antiperonistas, con la decadencia del gobierno de Perón, después la muerte de Evita. El laborista Cipriano Reyes y Ricardo Balbín (UCR) padecieron cárcel; en 1953 un atentado terrorista en Plaza de Mayo dejó 5 muertos y 90 heridos, su autor principal, Roque Carranza (el que fuera Ministro de Defensa en 1983), estuvo preso por ello. En 1955 desapareció el médico comunista Juan Ingalinella; el 16 de junio aviones de la Armada bombardearon Plaza de Mayo dejando 364 muertos y un millar de heridos; esa noche, en represalia, se incendiaron la curia y diez iglesias en el centro de Buenos Aires, se clausuraron sedes de partidos, diarios y del Jockey Club.

La “Revolución Libertadora”, que derrocó a Perón el 16 de septiembre, proscribió al peronismo, encarceló dirigentes e intervino a gremios. En 1956 fusilaron al general Juan José Valle, por levantarse contra el gobierno militar, con un saldo de 18 militares y 13 civiles muertos. En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, un atentado hizo estallar en Córdoba los tanques de Shell, lo que provocó la intervención y puso fin del gobierno de Arturo Zanichelli.

Durante los años 60 hubo dos golpes de estado, el que derrocó a Frondizi y a Íllia. Los hechos luctuosos -más graves- que le sucedieron fueron: la “Noche de los bastones largos” en la UBA, el “Cordobazo” y el “Viborazo” en Córdoba, el “Rosariazo” y el asesinato del sindicalista Augusto Timoteo Vandor.

La década de los 70 mal comienzan con el asesinado de Pedro Eugenio Aramburu, que además fue el debut de Montoneros, un grupo guerrillero peronista liderado por Mario Firmenich, que luego tomaría La Calera, asesinaría a los políticos Arturo Mor Roig (UCR) y Roberto Uzal (Nueva Fuerza); a los sindicalistas José Ignacio Rucci, Rogelio Coria, José Alonso; al comisario Alberto Villar; al general Omar Carlos Actis; y a uno de sus integrantes Roberto Quieto, por traidor. Secuestraron a Jorge y Juan Born, de los que obtuvieron 60 millones de dólares; atentaron contra la Superintendencia de la Policía Federal; y provocaron la Masacre de Margarita Belén en Chaco.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), liderado por Mario Roberto Santucho, fue la guerrilla marxista que en 1969 asaltó un Banco en Escobar llevándose 213 mil dólares; en 1970 una comisaría de Rosario, donde mataron a 2 policías; en 1972 asesinaron al Gendarme Pedro Agarotti; y en 1973 asaltaron el Batallón 141, en Córdoba, y el Comando de Sanidad del Ejército en la Capital Federal. El 1974 coparon la Guarnición de Azul, donde murió el coronel Arturo Gay, su esposa, el coronel Ibarzábal, y 5 guerrilleros. En 1974, asesinaron al juez, Jorge V. Quiroga. En Tucumán coparon la localidad de Acheral. Atacaron simultáneamente: la Fábrica Militar de Villa María, donde capturaron al Coronel Argentino Larrabure, y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. En 1975 atacaron al Batallón de Arsenales 121, en Fray Luis Beltrán cerca de Rosario, donde murieron 2 guerrilleros y el coronel Carpani Acosta. En 1975 en la ruta 301 de Tucumán, murió en un tiroteo el subteniente Raúl García. Ese año el ERP es derrotado por el Operativo Independencia comandado por el general Antonio Bussi. Su última acción fue el fallido asalto al Batallón 601 en Monte Chingolo.

La Triple A fue un grupo para-policial; organizado y dirigido por José López Rega, ministro y secretario de Perón, y Alberto Villar, después de la Masacre de Ezeiza; que en 1974 mató al sacerdote Carlos Mugica; al ex Vicegobernador de Córdoba Atilio López y a Juan Varas; al abogado Alfredo Curutchet; al subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler; a Silvio Frondizi, y al sindicalista Juan M. Russo. En 1975 en Córdoba atentaron contra La Voz del Interior; secuestraron y asesinaron a la familia Pujadas; mataron en la cárcel, al abogado Hugo Vaca Narvaja (h). Luego secuestraron y hicieron desaparecer a su padre, que había sido ministro de Frondizi.

El 24 de marzo de 1976 general Jorge Rafael Videla se proclamó presidente y desapareció René Salamanca, dirigente de SMATA Córdoba; en abril desapareció el senador por Córdoba, Luís Carnevale (PJ); en mayo la catequista Mónica Mignone; en junio fue asesinado el Jefe de la Policía Federal Cesáreo Cardozo; en julio por un atentado con explosivos muren 16 personas e hieren a 65, en Seguridad Federal; en Buenos Aires asesinaron a 3 sacerdotes palotinos y 2 seminaristas; en Chamical La Rioja, asesinaron a los religiosos Gabriel Longuevillet y Carlos de Dios Murias; en agosto matan el obispo de la Rioja, Enrique Angelelli, en un extraño accidente automovilístico; fue detenido y muere preso el ex diputado nacional Mario Abel Amaya (UCR); también en agosto aparecieron 20 cuerpos de varones y 10 de mujeres, dinamitados por policías en Fátima, Provincia de Buenos Aires. En septiembre, desaparecen varios estudiantes secundarios en la “Noche de los Lápices”. En diciembre desaparecen tres de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. En 1977 asesinaron, en otro misterioso accidente de tránsito, al obispo Carlos Ponce de León, de San Nicolás. Dos religiosas francesas desaparecieron, junto a otras 8 personas en diciembre. En 1978 en un atentado con explosivos mataron en su casa a la hija, del Almirante Lambruschini, y a 2 vecinos.

Este relato incompleto de lo sucedido; antes, durante y después de aquel fatídico día; muestra lo inútil e inservibles que fueron y son los argumentos, las doctrinas, las ideologías, los credos y las consignas que llevaron a cometer estos desatinos, y que, luego, pretendieran o pretenden ser justificados. Cuantas vidas perdidas; desapariciones (¿9 ó 30 mil?); torturas; exilios; libertades arrasadas; hijos sin padres y padres sin hijos; cuantas energías y recursos dilapidados; sin razón alguna. Visto hoy fue todo un gran disparate.

Mi respuesta, sin dudar, a la pregunta inicial es: Recuerdo, para que no vuelva a ocurrir. No a la violencia política y sí a la democracia, por imperfecta que hoy la vea.

Córdoba, marzo de 2010.

El Autoritarismo en Latinoamérica

Hugo Chavez

Hugo Chavez

Casi todos los países de Latinoamérica al comenzar el siglo XXI cuentan con gobiernos democráticos sometidos a sus respectivas constituciones; donde la participación femenina es significativa, ya que las mujeres han equiparado su rol social con el de los varones, lo que se puede observar incluso en el campo de la política donde encontramos incluso presidentas de repúblicas, como ocurre ahora en Chile y Argentina.

Los derechos humanos han cobrado un papel muy importante en la región y su protección es cada vez más una preocupación prioritaria en nuestras sociedades y gobiernos,  los derecho de las minorías (verbigracia: de los pueblos originarios, de los inmigrantes, de las regiones postergadas, etcétera) han adquirido una importancia fundamental y ello se puede comprobar con la presencia de aborígenes en algunos parlamentos y en la vida política. La necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales se ha tornado en otro de los propósitos significativos que caracterizan a nuestras sociedades en el siglo que comienza.

Los gobiernos autocráticos surgidos de golpes de estado y presididos por militares, que quebrantaban el orden constitucional, que descreían de los órganos legislativos, de los partidos políticos, de la prensa libre, de la Democracia Constitucional y de los derechos humanos son sólo un recuerdo, o, mejor, un mal recuerdo del pasado que nadie o muy pocos quieren repetir, y que en muchos países hay condenados y procesos judiciales para castigar a los responsables y culpables de estos quebrantos, que atentaron seriamente contra los derechos muchas personas.

Como herencia de ese pasado nos queda: Cuba con un régimen político comunista, que no encontró nunca como aggiornarse después del derrumbe de la Unión Sovietica, ni como contruir una Democracia respetuosa de los derechos de los que viven y de los que se tuvieron que irse de la isla, y una economía que conjuge las necesidades de un postergado desarrollo, con los progresos alcanzados en educación y en salud; Colombia, con una guerrillera cincuentenaria, violenta, que tiene secuestrada a muchas personas, con vínculos con el narcotráfico y que no encuentra el camino para insertarse en un  proceso democrático, que no necesite de la ayuda norteamericana para sostenerse y defenderse de los cárteles de la droga; y Haití un país que no termina de organizarse como sociedad política con un Estado y un gobierno que sea respetado por quienes lo habitan y desean que se les respeten sus derechos políticos y civiles.

Pero la Democracia Constitucional, como convicción muy arraigada en nuestras sociedades, no ha tenido el desarrollo que los que la soñamos mucho tiempo pretendíamos. La globalización, que priorizó el mercado de capitales, y las políticas neoliberales, que se difundieron a partir del “Consenso de Washington”, acentuaron las desigualdades entre los que tienen mayores y menores ingresos, aumentaron la pobreza y la indigencia, lo que permitió que las ayudas estatales se convirtieran, muchas veces, en instrumentos de políticas clientelísticas y populistas; que se privara de recursos y de eficacia a los servicios educacionales, de salud y de seguridad; y que no se promoviera y difundiera el empleo genuino.

La corrupción ha sido una de las enfermedades de los sistemas democráticos y la causante de colapsos en su continuidad como el sufrido por Venezuela respecto del esquema pergeñado en el Pacto de Punto Fijo.

En lo político, luego de la ola neoliberal, que caracterizó la década de los noventa, apareció una tendencia izquierdista liderada por Hugo Chávez Frías en Venezuela, que apoyado en los petrodólares, y en una estructura política militarizada, que dividió a la sociedad de sus país en dos bandos hostiles e irreconciliables, que desafía al gobierno norteamericano, que  ha iniciado una preocupante carrera armamentísta y que pretende exportar su experiencia a otros países de la región.

La Bolivia de Evo Morales, ha seguido igual camino y la división política se ha tensado, en ese país, de tal forma que hasta se llegó a hablar de la secesión de los departamentos de la “media luna”, que claman por su autonomía y que se oponen a la política centralista de quién fuera el jefe de los cocaleros y quién reivindica los derechos de los pueblos originarios.

Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, siguen esta corriente y, en alguna medida, los Kirchner (Néstor y Cristina Fernández) en Argentina emulan esa tendencia.

Mientras tanto: Chile, desde 1990 cuando recuperó la democracia; Brasil, con Lula da Silva; Uruguay con Tabaré Vázquez; y, en gran medida, Perú con Alan García, han adoptado políticas inspiradas en los principios de la social-democracia y la democracia cristiana, que han fortalecido el funcionamiento de sus democracias, sus sistemas institucionales y de partidos; y han trazado una línea de política económica que le viene dado buenos resultados, además de tener buenas relaciones con Estados Unidos, Europa y las nuevas potencias asiáticas, China y la India.

En la centro derecha lucen los gobiernos de países como México,  que después de 70 años de gobiernos del PRI tuvo por presidentes a Vicente Fox Quezada, primero, y, ahora, a Felipe Calderón; Colombia, con la presidencia del popular Alvaro Uribe Vélez, que ha sido reelegido, para lo cual se tuvo que hacer reformar la Constitución; y Elías Antonio Sanca de El Salvador, cuarto presidente del partido ARENA.

Los propósitos de integración parecen ser una preocupación de todos los gobiernos, al menos si tomamos cuentas las eficaces intervenciones de los presidentes de la región para solucionar las dos crisis más graves este año, como fueron las que tuvieron lugar entre Ecuador y Colombia, por la intervención de las fuerzas armadas de este país en territorio fronterizo del primero en el que murió el jefe de las FARC Manuel Reyes, y que se resolvió en la reunión de los Presidentes de los paises del Grupo de Río en Santo Domingo en el mes marzo; y en Santiago de Chile, el mes pasado, cuando se reunieron la cumbre de los presidentes del UNASUR (Unión de Naciones del Sur) ,convocados por la presidenta Michelle Bachelet, donde se superó el conflicto producido en los enfrentamientos entre oficialismo y oposición en Bolivia, que tuvieron un saldo de 30 muertos y muchos heridos.

Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se rompieron por decisión de los gobiernos de Venezuela y Bolivia.

El golpe de estado ocurrido en Honduras, por el que fue detenido y trasladado por fuerzas militares a Costa Rica el presidente constitucional Manuel Zalaya, quién fue y está respaldado por Chavez y los gobiernos de los países del ALBA; y el apoyo militar recibido de Estados Unidos por Colombiapara la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico han enrrarecido un poco mas las relaciones entre los gobiernos de los países del Contiente americano y las permanentes reuniones cumbres de presidentes no han servido para encontrar la forma de revertir esta situación.

La coyuntura económica ha sido, al menos hasta el crack de los créditos hipotecarios en lo Estados Unidos, por demás favorable a las economías de la región, especialmente por los precios internacionales de los comodities, y por la necesidades de consumo de los grandes mercados, como son los de Estados Unidos y China.

Sin embargo, los caminos de la integración están muy lejos de alcanzar el rumbo lineal ni la dinámica que tuvo en la integración Europa después de la segunda gran guerra.

LAS NUEVAS TENDENCIA AUTORITARIAS

VENEZUELA

El teniente coronel Chávez, que estuvo preso dos años y medio por ser golpista en 1992, arrasó en las elecciones presidenciales y de constituyentes (donde su Polo Patriótico obtuvo el 92 por ciento de las bancas) e hizo aprobar una extensa Constitución (de 350 artículos y 20 transitorios) ratificada en el plebiscito del 15 de diciembre del 1999 por el 72 por ciento de los votos con una abstención del 50 por ciento de los electores.

De este modo se reemplazó al régimen político democrático, inaugurado en el Pacto de Punto Fijo de 1959 y que se plasmó en la Constitución de 1961 (que tenía 252 artículos), y que tuvo por principales protagonistas a los presidentes surgidos de los partidos Acción Democrática y el social cristiano COPEI, lo que produjo un cambio político muy importante en ese país.

La nueva Constitución dispuso “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”(preámbulo) y que “Venezuela se declara República Bolivariana” (art. 1), que mantiene la organización federal de estado.

La Constitución divide al Gobierno en cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Extiende de cinco a seis años el mandato del presidente, con una reelección (que antes estaba prohibida por 10 años) y amplía las atribuciones del Poder Ejecutivo, al permitirle: nombrar y remover al vicepresidente (cargo nuevo) y a los ministros; presidir y disolver la Asamblea Nacional; convocar a Asamblea Constituyente, para dictar una nueva Constitución, y a referendo para abrogar leyes; declarar el estado de emergencia y restringir las garantías personales; dictar decretos con fuerza de ley y designar a cinco de los nueve miembros del Consejo de Estado que lo asesora.

En la Asamblea Nacional -el Poder Legislativo- se suprimió al Senado (es el único Estado federal americano unicameral), y es integrada por diputados de los Estados, con mandatos de cinco años, elegidos en forma proporcional, con mandatos revocables popularmente, reelegibles sólo por dos períodos y con el deber de rendir cuentas.

El Tribunal Supremo -cabeza del Poder Judicial- está dividido en salas, entre las cuales está la Constitucional, que puede anular leyes nacionales, Constituciones y leyes de los Estados. La Justicia militar integra el Poder Judicial y se reconoce la Justicia indígena.

El Poder Ciudadano lo ejerce el Consejo Moral Ciudadano, que vela por la ética pública y la moral administrativa, y lo integran el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República, con mandatos de siete años.

El Consejo Nacional de Elecciones -que ya existía- de cinco miembros, nombrados por la Asamblea, es el Poder Electoral.

La iniciativa, el referendo popular y la revocatoria de los mandatos de los funcionarios están previstos en la Constitución.

Los Estados tienen gobernador y legislaturas –de siete a quince miembros- elegidos cada cuatro años y con posibilidad de una reelección, y se garantiza la autonomía municipal.

Tiene una larga declaración de derechos humanos pero ataca la libertad de expresión, al declarar el derecho a la información “veraz e imparcial” y limitar la informática (Internet) en garantía del honor y la intimidad, y abre la posibilidad de legalizar el aborto.

Hay cláusulas curiosas como las que invocan los tratados y laudos arbitrales de límites territoriales “no viciados de nulidad” (¿quién lo decide?); declara que la nacionalidad no se pierde al optar o adquirir otra; la objeción de conciencia no puede invocarse para eludir la ley; los sindicalistas deben hacer declaración jurada de bienes y serán sancionados cuando abusen en su provecho de la libertad sindical. La televisión debe subtitular y traducir a la lengua de señas para los sordos; no prescriben las acciones por delitos contra los derechos humanos, el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes.

En ésta, que es la vigésimoséptima Constitución venezolana, evocativa de Bolívar y empeñada en afirmar la democracia y los derechos humanos, hay un diseño de poder, nacionalista y populista, hecho a la medida del presidente Chávez, que cuenta, actualmente, con una Asamblea Nacional donde no hay opositores; que, además, sus diputados le han delegado poderes para dictar las leyes que crea conveniente dictar.

El 2 de diciembre de 2007 se hizo un referendum para reformar 69 artículo de la Constitución, entre los cuales estaba el que extendía el período presidencial de 6 a 7 años y establecía que la reelección era ilimitada (art. 230); al Presidente se le daba el control sobre las reservas internacionales y se eliminaba la autonomía del Banco Central de Venezuela. Se facultaba al poder estatal  tomar activos de empresas privadas sin órdenes judiciales. Se facultaba la remoción de los miembros del Tribunal Supremo por simple mayoría de la Asamblea Nacional y no con los dos tercios como lo exige en la Constitición de 1999. Se retiran los plazos máximos para los estados de alerta, de emergencia, de emergencia económica y de conmoción interior y exterior, siendo reemplazado por “durarán mientras se mantengan las causas que los motivaron”. Los estados de excepción deberían ser aprobados sólo por la Asamblea Nacional. Sólo el Presidente de la República puede dejarlos sin efecto.

En dicho referendum Chavez fue derrotado, el No a la reforma triunfó, en los dos bloques en que se había dividido la votación, por escaso margen y en comicios en que hubo un 44,11 por ciento de abstención.

El presidente Chavez, después de la derrota, declaró: “No retiro ni una sola coma de esta propuesta, esta propuesta sigue viva…” ya que anunció que segurían trabajando en favor del Proyecto de Reforma Constitucional para “construir la democracia socialista”. Luego agregó “Quizás no estamos maduros para empezar un proyecto socialista, sin temores. No estamos listos todavía para emprender un Gobierno abiertamente socialista”. También declaró que “la abstención nos derrotó”.

ECUADOR

En esta misma línea el 28 de septiembre pasado se votó la vigésima constitución de Ecuador en un referendum donde la aprobación obtuvo más del 66 por ciento de los votos, pese al rechazo de la debilitada oposición encabezada por el alcalde de Guayaquil, de Iglesia Católica y los gremios empresariales.

La misma abre la puerta a la reelección de Correa, que tiene un mandato de cuatro años, por dos nuevos períodos consecutivos, aunque la Constitución prevee sólo uno. Con esa victoria, Correa se afianza frente a un país, que ha visto caer a tres presidentes en la última década en medio de violentas protestas populares.

La nueva Constitución, una de las más extensas del mundo; ya que tiene 444 artículos, 30 disposiciones transitorias, una derogatoria de la Carta Constitucional de 1998 y una disposición final, supera a la de la India de 1950 que tiene 397 artículos, en nueve capítulos y ahora tiene 80 enmiendas, y que se consideró, por mucho tiempo, como la más larga del mundo.

El preámbulo, de la ecuatoriana, tiene la originalidad de declarar: “Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos partes” y proponer: “Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar un buen vivir.”

El presidente, que se elige de la misma forma que establece la Constitución Argentina, en forma directa y en doble vuelta si no obtiene el 45 por ciento de los votos o con más del 40 no obtiene una diferencia del 10 por ciento con el segundo, puede disolver la Asamblea Nacional, y puede declarar por sí los estados de emergencia previstos en la Constitución, lo que ha merecido la crítica de considerarla “hiperpresidencialista”.

Las uniones monogámicas estables de dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho se equiparan al matrimonio. La adopción corresponderá sólo a las parejas de distinto sexo.

El Estado es unitario y el gobierno esta dividido, como en la Constitución Venezolana, en cinco funciones: la legislativa, la ejecutiva, la judicial, la de transparencia y control social y la electoral.

La función legislativa la ejerce una Asamblea Nacional unicameral, electiva ejercida por diputados que duran en su mandato cuatro años.

La función ejecutiva está a cargo de un Presidente de la República, que se elige junto al vicepresidente.

En la función judicial hay una Administración de justicia y la Justicia indígena.

La función de Transparencia y Control Social la tiene un Consejo de Participación y Control Social, una Contraloría General del Estado, Superintendencias y el Defensor del Pueblo.

La Función Electoral está a cargo de un Consejo General Electoral y un Tribunal en la Contencioso Electoral.

La Constitución crea una Corte Constitucional.

También, como en la de Constitución de Venezuela están previstos los mecanismos de democracia semidirecta como la iniciativa, la consulta popular y la revocatoria.

BOLIVIA

La Asamblea Constituyente de Bolivia aprobó en la ciudad de Oruro el 9 de Diciembre de 2007 un proyecto para de nueva Constitución, que ahora debe pasar al trámite de referendum público para entrar en vigor.

El nuevo texto constitucional tiene 411 artículos, que han sido divididos en cinco bloques temáticos, cuyo objetivo es transformar a Bolivia en “un Estado, muchas naciones.”

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural.” (art. 1) “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, y al reconocimiento y consolidación de sus instituciones y entidades territoriales, conforme a esta Constitución.” (art. 2)

Principalmente se destacan los derechos de los indígenas, entre los que están el poder elegir a sus dirigentes a sus maneras tradicionales, el reconocimiento de lengua oficial a una serie de dialectos, sus derechos de propiedad, etc. Reconoce la propiedad colectiva, expresamente queda prohibido el latifundio y señala que “las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos” ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propio, y que la jurisdicción indígena respetará los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, interpretados interculturalmente.

Tres puntos son motivo de arduo debate: el artículo referente a la definición de latifundio que será el único que se consultará a la población en un referendo anterior al que está previsto para el proyecto constitucional; la nueva sede capital, contemplada en el artículo sexto en el que se establece que Sucre es “capital oficial de Bolivia” y no recoge la propuesta de trasladar el Gobierno y el Parlamento desde La Paz a esa ciudad, un asunto que mantuvo paralizada a la Asamblea durante más de tres meses y estuvo a punto de provocar su fracaso; y el artículo 125 donde se señala que se considerará “traidores a la patria” a quienes promuevan acciones de desintegración territorial o de cualquier manera atenten contra la unidad del país.

El gobierno tiene tres órganos el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional; además de la Función Electoral, de Contraloría y de Defensa de la Sociedad y la de Participación y Control Social, siguiendo el esquema de los cinco poderes o funciones de las Constituciones de Venezuela y Ecuador.

La Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá 157 miembros elegidos en base a criterios territoriales y poblacionales. Los elegidos en circunscripciones departamentales se determinarán por sufragio universal y a través de un sistema proporcional para la asignación de los escaños. Los elegidos en circunscripciones uninominales se determinarán por sufragio universal y a través de un sistema de mayoría relativa para la asignación de los escaños. En la elección de asambleístas se garantizará la participación proporcional de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas. En la elección se garantizará la igual participación de hombres y mujeres. Entre los requisitos para postularse está el de tener 18 años cumplido.

La ley hará la distribución del número de circunscripciones uninominales, así como la delimitación territorial de éstas, y determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, donde no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, los límites departamentales, ni la continuidad geográfica. La ley establecerá la elección directa de estos representantes por formas propias.

El Presidente y el Vicepresidente del Estado serán elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Resultará electa la fórmula que haya reunido el 50 por ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del 40 por ciento de los votos válidos, con una diferencia del 10 por ciento en relación a la segunda candidatura. Si ello no se da se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas más votadas, en el plazo de sesenta días computables a partir de la votación anterior. El mandato es de cinco años, y pueden ser reelegidos consecutivamente.

En el orden judicial habrá Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. La jurisdicción indígena originaria campesina respetará los derechos fundamentales establecidos en la presente Constitución, interpretados interculturalmente y sus decisiones no serán revisadas por la Justicia ordinaria.

El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistrados que hayan ejercido su profesión en el marco de la jurisdicción ordinaria, y Magistrados que hayan pertenecido a la jurisdicción indígena originario campesina, en número igual de miembros y elegidos de acuerdo con criterios de plurinacionalidad. Establece las autonomías departamentales, regionales y municipales con órganos deliberativos integrado por concejales departamentales y municipales y asambleístas regionales; y otro ejecutivo a cargo de un Prefecto, un Gobernador, y un Alcalde.

También se preveen las entidades territoriales indígena originario campesinas autónomas, los territorios indígena originario campesinos, los municipios indígena originario campesinos, y las regiones territoriales indígena originario campesinas. Cada entidad territorial indígena originario campesina autónoma elaborará su Estatuto autónomo, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la Constitución y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

SÍNTESIS

Este nuevo esquema político institucional que nos muestran las realidades políticas e institucionales de estos tres país, y que tienen influencia en otros de Latinoamérica, como antes hemos señalado, se puede resumir en los siguientes puntos:

Un líder carismático elegido por el pueblo.

Una sociedad política dividida y en permanente conflicto.

Una oposición debilitadas y sin líderes.

Una notable concentración de poderes en el Presidente.

Una pretensión reelecionista del Presidente.

Debilitamientos de los parlamentos, de los órganos judiciales y de control.

Debilitamiento de los poderes regionales, estatales, departamentales o municipales.

Inexistendia de un sistema de partidos.

Un esquema democrático populista y con clientelismo político.

Fuerte intevención del Estado en la economía y en el manejo de los recursos naturales.

Relaciones tensas o ruptura de relaciones con el gobierno norteamericano.

Pretensión de influir en la política Latimoamericana invocando el anhelo común de la integración regional