El Vínculo entre Religión y la Paz

religion y paz

Emmanuel Macron ha dicho y ha dicho bien que “los que más atesora una nación, lo que le da vida, lo que la hace grande y lo que es esencial para ella son sus valores morales”, esto bien lo podríamos ampliar afirmando que toda sociedad política atesora valores, principios, reglas e ideas fuerza, de carácter moral o de derecho natural, que encuentran su fundamentos en sus constituciones y en las creencias y principios religiosos de los que la integran.

La Constitución de un país, como la nuestra, aparte de ser el acta fundacional y organizacional de una sociedad política y de su estado, declara y garantiza derechos de los que la integran, y fija deberes a qué atenerse. Los objetivos, los principios, los valores y las ideas fuerza que hicieron posible su fundación y organización, también declaradas por la Norma fundamental, son básicas para orientar su posterior reglamentación y aplicación.

La religión o las religiones que profesan los que viven en estas sociedades políticas crean, al exteriorizarse, relaciones jurídicas que merecen ser reguladas. La paz es una idea fuerza y un valor que los ciudadanos y las autoridades del estado deben tratar de realizar y de hacer posible para una mejor convivencia social.

Si queremos determinar qué vinculo hay entre la religión y la paz, tenemos que precisar su significado.

Religión, según el Diccionario de la Real Academia Española es el: “Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.” Se entiende, también, que hay religiones no teístas, como el budismo, el confucianismo, el taoísmo, etcétera.

La Paz, para dicho Diccionario, es la: “(…) 2. f. Pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la guerra o a la turbulencia. (…) 4. f. Sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en contraposición a las disensiones, riñas y pleitos.5. f. Reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia. 6. f. Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y las pasiones.”

 

Religión y Paz en la Constitución Argentina

Nuestra Constitución utiliza la palabra paz en cuatro oportunidades: en el preámbulo, cuando declara como objetivo “consolidar la paz interior”; en el artículo 27, al señalar que “El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras (…)”; en el art. 75 inc. 25, cuando dispone que el Congreso debe “Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz”; y en el inc. 27 cuando dice: “Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y de guerra (…)”.

La religión es mencionada desde el preámbulo, cuando expresa “invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”, y en el artículo 19, al referirse a “Las acciones privadas de los hombres que (…) están sólo reservadas a Dios (…)”.

El término culto está en el art. 2 cuando habla del sostenimiento del “culto católico, apostólico romano”, y en el art. 14, cuando enumera y declara como derecho de los habitantes el “de profesar libremente su culto”. El art. 75 inciso 22 menciona que el Congreso puede “Aprobar o desechar (…) los concordatos con la Santa Sede (…)”. El art. 73 declara que “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)”.

Desde 1994, el artículo 93, único que se refiere a la religión, no exige, como lo hacía antes, que el presidente y el vicepresidente juren por Dios, sino por “sus creencias religiosas”. Los tratados internacionales, que ahora tienen jerarquía internacional, han invocan reiteradamente a la paz.

 

La religión y la paz en la sociedad política y con el estado.

Jesús dijo:

“Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21); y

“Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37).

No siempre se ha interpretado con claridad estas expresiones, que no solamente establecen una diferencia o separación del poder político con el de la autoridad religiosa, sino que, por el contexto en que fueron dichas, significan también que la autoridad Divina es superior a las autoridades humanas.

Hay sociedades políticas que ubican a la religión y lo religioso en un lugar preponderante. Esto lo hacen no solamente por la fe que profesan los que la componen, sino, y muy especialmente, porque comparten las normas morales y reglas del derecho natural que son esenciales en sus creencias, sus conductas, su modo de vida y su prédica. Pero hay otras que no respetan la libertad religiosa, sea porque adoptan alguna y discriminan a otras, o porque las reconocen solo como una creencia aprisionada en la conciencia de las personas, o porque directamente la niegan, la prohíben y muchas veces la combaten.

Hay constituciones que diferencian la autoridad del estado con el de las religiones, como la nuestra, donde la “autonomía y la cooperación”, como bien lo expresa la Constitución de Córdoba (Art. 6), son la regla principal. Sin embargo, existen otras donde ambas se identifican y confunden, o que adoptan o declaran a alguna como religión oficial. Hay, también, constituciones que omiten o desconocen a ciertas religiones, y estados que persiguen a quienes las profesan.

 

Las religiones y la Paz del mundo

Las dos guerras mundiales fueron sepultadas por dos bombas atómicas. La guerra fría con la caída del muro de Berlín, y sus últimos atisbos por el acuerdo de EEUU y Cuba en época de Obama. Pero las guerras religiosas o antirreligiosas parecen no terminar, aunque emergen nuevas modalidades.

En este siglo, Al Qaeda destruyó las Torres Gemelas; el Estado Islámico (ISIS en inglés) desde Irak propuso una guerra santa (yihad) para imponer un califato. Hubo atentados en París en la revista Charlie Hebdo y muchos más; en Nigeria, por Boko Haram; en Kenia, por Al Shabab; en Sudán del sur; y entre palestinos y judíos. Esta violencia nos muestra que hay conflictos políticos o étnicos que usan o instrumentan la religión para imponerse, atraer adeptos o vencer al enemigo. Usan la religión y lo religioso como pretexto para conseguir objetivos políticos, pisoteando la dignidad de la persona humana y violando las normas morales y del derecho natural.

En este mundo globalizado, la violencia (política-religiosa-étnica) no tiene frontera, y puede ocurrir en cualquier parte. Argentina lo padeció con el atentado a la embajada de Israel en 1992 y en 1994 contra la AMIA, y en 2015 con la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Judíos, cristianos, musulmanes y quienes profesan otros credos muchas veces son perseguidos, denostados o castigados por su fe, por practicar su culto o cambiarlo; por lo que es imprescindible reforzar las garantías a estos derechos injustamente vulnerados.

Por ello, el Consejo Argentino de la Libertad Religiosa (CALIR) impulsa la aprobación de una ley interna y de un tratado internacional de libertad religiosa, que no solo declare derechos – como hacen ya algunas normas internacionales-, sino también que cree un órgano internacional que encueste, supervise, aconseje y medie para el mejor ejercicio de estos derechos, y denuncie e impulse el juzgamiento de las graves violaciones de los mismos. Que aliente, además, la secularización de los estados, el respeto de la autonomía de las iglesias o confesiones religiosas, y vele por el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de conciencia, religiosa y de culto. Que periódicamente informe, como lo hace en la actualidad el Relator de Libertad Religiosa de la ONU, los avances y retrocesos que ocurren en esta materia.

 

La buena noticia de la Paz

Las ideas fuerza que declaran las constituciones al igual que las religiones muchas veces han sido mejor explicadas, ponderadas y fundamentadas por los libros sagrados que por las constituciones, los tratados y las leyes positivas, como ocurre por ejemplo con la idea de la paz, lo que es claro apreciar en la tradición judeo-cristiana.

La paz, en el Antiguo Testamento, es fruto de una vida entregada a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir la alianza. Es el regalo que Dios hace al justo (cfr. Sal 119, 164-168). La paz auténtica, por tanto, se da cuando Dios reina realmente en medio del pueblo de Dios. Es lo que anuncia el segundo Isaías (en 52, 7): “Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: “Ya reina tu Dios”.

Un Salmo exclama: “Oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo del rey tu justicia: que con justicia gobierne a tu pueblo, con equidad a los humildes. Traigan los montes paz al pueblo y justicia los collados (colinas). Él hará justicia a los humildes del pueblo, salvará a los hijos de los pobres, y aplastará al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad; caerá como la lluvia en el retoño, como el rocío que humedece la tierra. En sus días florecerá la justicia, y dilatada paz hasta que no haya luna” (Salmo 72, 1-7).

El Nuevo Testamento proclama: “Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará sus hijos” (Mateo 5, 9).

Esta Buena Noticia de la Paz, que Dios regala al mundo por medio de Jesús, resuena específicamente en el canto de los ángeles, cuando estos anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace” (Lucas 2, 14).

San Pablo explica: “Porque él (Cristo) es nuestra paz: él que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca”. Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo Espíritu” (Éfeso 2, 14-18).

“Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de la justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz.” (Santiago 3,16-18).

San Óscar Arnulfo Romero nos recordaba: “Hermanos, si de veras lo somos: ¡hermanos!, trabajemos por construir un amor y una paz – pero no una paz y un amor superficiales, de sentimientos, de apariencias-, sino un amor y una paz que tiene sus realces profundas en la justicia. Sin justicia no hay amor verdadero, sin justicia no hay la verdadera paz. He aquí, pues, que si queremos seguir la vertiente del bien que nos hace solidarios con Cristo, tratemos de matar en el corazón los malos instintos que llevan a estas violencias y a estos crímenes y tratemos de sembrar en nuestro propio corazón, y en el corazón de todos aquellos con quienes compartimos la vida, el amor, la paz, pero una paz y un amor en la base de la justicia”.

SS Francisco ha dicho: “¡Cómo quisiera que por un momento todos los hombres y las mujeres de buena voluntad mirasen la Cruz!”, haciendo hincapié en que en la Cruz “se puede leer la respuesta de Dios: allí, a la violencia no se ha respondido con violencia, a la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la Cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor que nosotros cristianos y los hermanos de las otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad gritasen con fuerza: ¡La violencia y la guerra nunca son el camino para la paz!” (“La palabra Paz atraviesa todo el Evangelio” Jornada Internacional de intercesión por la paz en Tierra Santa; Domingo, 26 enero 2014).

 

Conclusión

La fuerza de la idea de la paz, si la analizamos desde la óptica de la Constitución y de la religión, adquiere una importancia mayor, tanto cuando se refiere a la dimensión interior de las personas, al interior de la sociedad política, o a las relaciones internacionales, como cuando bregamos para conseguirla a partir de las creencias y las convicciones religiosas.

La paz, vista desde esta perspectiva, y que no siempre coincide con la idea de felicidad, no solamente debe entenderse como contraria al opresor, a la muerte, a la guerra, al atentado, a la violencia, al secuestro, al escrache, al crimen, a la intolerancia, a los malos instintos o directamente al mal; sino que debemos asociarla con el amor, la hermandad, la amistad, la justicia, la equidad, la compasión, la reconciliación, el perdón, la concordia, la tranquilidad, el sosiego, la quietud y la buena correspondencia.

Demoler muros, eludir barreras, suprimir grietas; evitar disensiones, riñas y pleitos; construir puentes y caminos; hacer posible el diálogo, la conversación y la negociación. Todo ello es indispensable para lograr consensos y hacer posible la paz.

Córdoba, noviembre de 2018.

Educar en valores desde la Enseñanza religiosa

Jorge Horacio Gentile

En la audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó en un juicio en el que se pretende suprimir la Enseñanza Religiosa que se imparte en la provincia de Salta desde antes de 1886, fui el primer Amigo del Tribunal, en exponer defendiendo esa práctica, que reciben los alumnos de 6 a 12 años, de 1° a 7° grado, en las escuelas primarias públicas de gestión estatal, dos veces por semana (40 minutos). La imparten docentes especializados, que anualmente reciben la opción de los padres de qué religión quieren que sus hijos profundicen; y que trabajan en las aulas con los grupos de alumnos de distintas orientaciones religiosas, pero que comparten contenidos comunes.

A los alumnos cuyos padres optan para que a sus hijos no reciban ninguna educación religiosa se les ofrece enseñarles valores universales u otras materias dentro de aula. Trabajan con los demás, salvo que los padres soliciten que el niño salga fuera del aula y, en ese caso, quedan siempre a cargo de algún docente, nunca solos. Ni a los padres ni a los alumnos se les exige declarar la religión que profesan.

Lo religioso es parte de la cultura por lo que no puede la escuela dejar de enseñar el significado del crucifijo, con el que juran la mayoría de los funcionarios o magistrados; ni la estrella de David, de los judíos; o la media Luna, de los musulmanes. Por qué son días feriados el de la Navidad o de la Semana Santa; o por qué hay provincias que se llaman San Juan o Santa Cruz, o por qué hay iglesias, sinagogas o mezquitas. Prohibir enseñar religión en las escuelas es discriminar.

Cuando la Constitución invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia” afirma que los derecho humanos que ella garantiza; en defensa de la libertad, la vida, el trabajo, la justicia, la paz, la igualdad y el bienestar general; tienen por fuente a Dios. Entonces, cuando se enseña que los hombres deben ser iguales y actuar fraternalmente, que mejor que explicar que debemos “amarnos los unos a los otros”, o recordar que el prójimo es hijo de Dios como lo somos todos. La fuerza de estos argumentos no es igual si se prescinde de lo religioso.

Lo que hoy se enseña en Salta no es igual que la Educación Católica o Moral que se impartía entre 1943 y 1955 en todo el país. El contenido de la materia es Religión, en sus distintas versiones, sin adoctrinar a los niños para ninguna, con objetividad y acentuando la que optaron los padres. No hay monopolio de la religión católica, no se enseña el catecismo, incluso hay escuelas donde la totalidad de los alumnos son evangélicos o testigos de Jehová, y así está orientada su enseñanza.

La Constitución salteña, al igual que la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Art. 12.4), dispone que: “Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”(Art. 49). Además la Nacional exige a las provincias reglar la educación primaria (Art. 5), lo que bien ha hecho Salta y la Nación no puede cambiar.

La ley 1420, que hoy no está vigente nunca declaró “la enseñanza laica”, dispuso que la enseñanza religiosa solo podrá ser dada por los ministros autorizados de los distintos cultos antes o después de las horas de clase. En Salta más de la mitad de los colegios tiene jornada extendida, de 6 u 8 horas, y en poco tiempo la tendrán todas; lo que torna hoy absurdo este límite. Además, en todos los niveles de educación hay materias optativas, ¿por qué no en la Enseñanza Religiosa?

La reforma política más importante que espera el país es en educación, donde la prioridad es trasmitir valores y principios éticos, que nos ayuden a superar las grietas, la inseguridad, la violencia y la corrupción. La experiencia salteña, es digna de ser imitada.

Córdoba, septiembre de 2017.

 

Religión y drogas 

 

Papa Francisco

Papa Francisco

La “autonomía y la cooperación”, deben regir las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y las demás confesiones religiosas, ya que los ciudadanos, en su gran mayoría, son también sus fieles.

Históricamente la “cooperación” de los religiosos suplió las falencias del Estado al ocuparse de los indigenas, presos, pobres, enfermos, ancianos, de las villas de emergencia, de la educación y, en los albores de la Patria, hasta de la política (la mayoría de los que declararon la Independencia en Tucumán hace 200 años fueron clérigos).

Ahora, el presidente Mauricio Macri nos propuso 3 objetivos: “pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a la Argentina”; y no lo logrará sin la “cooperación” de los ciudadanos, de la Iglesia y demás cultos. Pero en la reciente y breve audiencia en el Vaticano en que Macri fue recibido por SS Francisco -que al finalizar mostró un rostro adusto-, nos dejó con la duda si estos objetivos fueron conversados.

El vínculo de lo religioso con las drogas abarca:

  • Compartir valores éticos, cívicos y religiosos, que garanticen la dignidad de la persona humana, puesta en riesgo con el consumo de drogas y con las adicciones;
  • Las cooperación de las confesiones religiosas con el Estado, para terminar con la oferta y la demanda del tráfico de estupefacientes;
  • Que el Estado y las organizaciones religiosas trabajen juntas en la educación y la prevención, para evitar el consumo de drogas, y en la rehabilitación de los adictos.

Valores éticos 

Los principios éticos que declara la Constitución, desde que invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia”, y, al reconocer los “derechos (naturales) no enumerados”, protegen a ciudadanos y fieles.

SS Francisco dijo que:

La droga es un mal y ante el mal no se puede ceder ni tener compromisos”, y agregó que la droga no se vence con la droga. La droga es un mal, y con el mal no se puede ceder ni tener compromisos. Pensar que se puede reducir el daño permitiendo el uso de sustancias psicotrópicas a las personas que siguen usando drogas, no resuelve el problema”.

Y, añade, que “la legalización, incluso parcial, de las llamadas ‘drogas blandas’, además de ser discutible en términos legislativos, no produce los efectos esperados. Las drogas sustitutivas, por otra parte, no constituyen una terapia suficiente, sino una forma velada de entrega al fenómeno”.

Quiero reiterar lo que dije en otra ocasión: No a cualquier tipo de droga(…)Pero para decir este ‘no’, hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de trabajo”, afirmó.

Dijo, además, que el “azote de la droga sigue haciendo estragos con formas y extensión impresionantes, alimentado por un mercado turbio que traspasa las fronteras nacionales y continentales. Así, crece cada vez más el peligro para los jóvenes y adolescentes.

Las oportunidades de trabajo, la educación, el deporte, la vida sana; este es el camino que lleva a la prevención de la droga. Sí esto se hacen verdades no hay espacio para las drogas, para el abuso de alcohol, para otras adicciones”, aseguró.

Una política de Estado contra el narcotráfico debe dirigirse a la oferta y la demanda de las drogas ilegales.

Oferta

El combate contra la oferta debe estar a cargo de una agencia federal, con personal especializado y recursos suficientes, que coordine el accionar de las policías: federal, aeroportuaria y de las provincias; de la gendarmería, la Prefectura, los Servicio de Inteligencia, la Aduana, las Fuerzas Armadas, la Unidad de Información Financiera; y colaborará con los tribunales federales y provinciales y la Cancillería, que deberá acordar con otros países.

Esta agencia controlará fronteras, rutas –terrestres, aéreas y fluviales-, pistas de aterrizaje -donde transitan drogas y los insumos que la tratan; cocinas; kioscos y los recursos financieros que genera este vil negocio.

Las organizaciones religiosas poco harán al respecto, salvo distanciarse de los traficantes y disputarle los liderazgo en los lugares en donde actúan.

Demanda

El día que no haya más demanda, o sea consumidores, se termina el narcotráfico, de allí que la “guerra a las drogas” tiene sentido si la política  seguida respecto de la demanda es eficaz.

El aumento del consumo de drogas se da cuando:

  • crece la pobreza y la marginalidad; 
  • hay jóvenes que no trabajan, ni estudian;
  • se pierde la cultura del trabajo;
  • la calidad educativa está en crisis, 
  • hay inestabilidad en los empleos y en los estudios;
  • se debilitan los lazos familiares, y
  • realizar un plan de vida se torna difícil.

El Sedronar, en nuestro país, es la agencia que se ocupa de la demanda, y debe coordinar, descentralizadamente, la educación, prevención y asistencia de los consumidores y adictos a las drogas; que llevarán a cabo  municipios, comunas, provincias, parroquias, templos, capillas, sinagogas, mezquitas y ONG. Así se cubrirán los déficit estructurales del Estado en barrios, pueblos y en sectores sociales donde opera el narcotráfico y residen consumidores y adictos.

El Papa Francisco dijo, también, que:

”La Iglesia, fiel al mandato de Jesús de ir allí donde hay un ser humano que sufre, que tiene sed, hambre, que está en la cárcel, no ha abandonado a los que han caído en la espiral de la droga, sino que con su amor creativo ha salido a su encuentro. Los ha tomado de la mano, a través del trabajo de muchos trabajadores y voluntarios para que pudieran volver a descubrir su dignidad, ayudándolos a resucitar esos recursos, esos talentos personales que la droga había enterrado, pero que no pudo cancelar porque cada hombre está creado a imagen y semejanza de Dios”.

El Estado sin la ayuda de las religiones difícilmente vencerá a las drogas.

Córdoba, mayo de 2016.

Tratado de Libertad Religiosa: Un sendero hacia la paz

Logo_CALIR2Las guerras mundiales fueron sepultadas por dos bombas atómicas, la guerra fría con la caída del muro de Berlín, y sus últimos atisbos por el acuerdo de EEUU y Cuba; pero las guerras religiosas parecen no terminar, aunque con nuevas modalidades.

En este siglo Al Qaeda destruyó las Torres Gemelas; Estado Islámico (ISIS en inglés) desde Irak propone una guerra santa (yihad) para imponer un califato. Hubo atentados en París en Charlie Hebdo; en Nigeria por Boko Haram; en Kenia por Al Shabab; más los que se dieron en Sudán del sur; y entre palestinos y judíos. Esta violencia nos muestra que hay conflictos políticos o étnicos que usan o instrumentan la religión para imponerse, atraer adeptos y vencer al enemigo.

En el mundo globalizado este tipo de violencia no tiene frontera, y puede ocurrir en cualquier parte. Argentina lo padeció en la embajada del Israel y en la AMIA, y la muerte del fiscal Nisman parece relacionarse con ello.

Judíos, cristianos, musulmanes y quienes profesan otros credos muchas veces son perseguidos, denostados o castigados por su fe, por practicar su culto o cambiarlo; por lo que es imprescindible reforzar las garantías a estos derechos injustamente vulnerados. Por ello el Consejo Argentino de la Libertad Religiosa (CALIR) dispuso impulsar la firma de un tratado internacional de libertad religiosa, que no solo declare derechos – como hacen ya algunas normas internacionales-, sino también con el propósito de crear un órgano internacional que encueste, supervise, aconseje y medie para el mejor ejercicio de estos derecho, y denuncie e impulse el juzgamiento o juzgue las graves violación de los mismos. Que aliente, además, la secularización de los estados, el respeto de la autonomía de las iglesias o confesiones religiosas, y vele por el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de conciencia, religiosa y de culto. Que periódicamente informe, como lo hace en la actualidad el Relator de Libertad Religiosa de la ONU, los avances y retrocesos en esta materia,

CALIR acaba de presentar esta propuesta al SS Francisco y trabaja en difundirla ante gobiernos e instituciones internacionales. Años atrás se la intentó sin éxito, pero hoy parece por demás necesaria, y aunque más no sea desde el fin del mundo, merece que sea impulsada para que, algún día, se pueda hacer realidad la proclama de Martin Luther King:

Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: ¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipotente, ¡somos libres al fin!

Córdoba, agosto de 2015.

Un gesto de confraternidad ínter religiosa

Papa Francisco

Papa Francisco


Cuando a un grupo de personas se nos encomendó organizar este Congreso nos propusimos que el mismo, además de significar un aporte a una causa que no tiene fronteras en el mundo de hoy, se pudiera mostrar, ante los ojos de quién lo quiera ver, como un gesto que refleje que la libertad religiosa es posible ejercitarla, incluso, entre quienes siguen distintas tradiciones religiosas, y hasta con aquellos que no pertenecen a ninguna confesión religiosa, pero con los que compartimos principios y valores que respetan la dignidad de la persona humana.

Judíos, cristiano y musulmanes recordamos un gesto que nos han marcado como fueron las palabras del Altísimo pronunciadas, según las Sagradas Escrituras, ante la decisión obediente de nuestro padre común, Abraham, cuando estaba por sacrificar a Isaac (para judíos y cristiano) o Ismael (para musulmanes), cuando le ordenó: “no pongas tu mano sobre tu hijo ni le hagas daños”(…)“te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar”(…) “por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra”. Según lo dicho nos sentimos bendecido por esta inmensa herencia.

Los Evangelios recuerdan palabras, que sirve para alimentar la esperanza de todos los hombre de buena voluntad, pronunciadas por Jesucristo ante Lázaro, luego de haber sido resucitado a pedido de su hermana Marta, que afirmaban que: “El que crea en mi aunque muera vivirá”. La promesa de vida eterna sólo la puede hacer Dios y es un gesto que nos reconforta a todos.
Otro gesto histórico es aquel que nos relata la tradición oral musulmana por el que el ángel Gabriel despertó al último profeta del Islam y le hizo cabalgar de La Meca a Jerusalén pasando por Medina y Belén. Lo que nos hace pensar que hoy es también posible sentirnos unidos en el trayecto recorrido por el profeta Mahoma entre estas ciudades tan queridas y significativas para los que somos creyentes.

En nuestros días, en este año 2014, el viaje de Su Santidad Francisco, acompañado de Abraham Skorka y Omar Aboud, a Tierra Santa, como la posterior oración del Papa Francisco con los presidentes Shimón Pérez, de Israel, y Mohamud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, en Roma, son otros gestos fraternales que en este Congreso hemos querido imitar, quizás para que los que nos vean puedan decir, algo que se parezca, a lo que se decía de los primeros cristianos: “Mira (…) cómo se aman unos a otros”.
Si esta idea se ha logrado en las aulas de la Universidad Nacional de Córdoba, a donde se reunió este Congreso, seguramente podremos decir que lo que nos propusimos lo hemos conseguido, y que este gesto merece ser difundido como indica el lema del escudo de esta cuatricentenaria Casa de Altos Estudio, cuando dice: “Ut Portem Nomen Meum (Coran Gentibus)”: “para que lleven mi nombre a las gentes”.

Discurso del Profesor Doctor Jorge Horacio Gentile en el Acto de Clausura Congreso Internacional “La Libertad religiosa en el Siglo XXI: Religión, sociedad y estado” realizado en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba el 5 septiembre de 2014.

Libertad de Conciencia y libertad religiosa en la Argentina

Simbolos Religiosos

Simbolos Religiosos

Las Normas

•                La Constitución Nacional dispone en su Artículo 2. El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano. El artículo 14 dice que: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: (…) profesar libremente su culto (…). Y el artículo 73 dispone: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.”

•                La Declaración Universal de los Derecho Humanos de la ONU dice en su Artículo 18. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”

•                La Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 12, 4 titulado “Libertad de conciencia y de religión” expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”;

•                El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

•                El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 18. (…) 4. Que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

•                La Constitución de la provincia de Córdoba declara en su: Artículo 5. “Son inviolables en el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.”  Cultos Artículo 6. “La Provincia de Córdoba, reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.” Política Educativa Artículo 62. “La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos: (…)5. (…)Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. (…)”

•                La Ley: 9891 del año 2001 de la provincia de Córdoba dispone: Artículo 1º.-   Créase el “Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica”.

Artículo 2º.-  El Programa Provincial de Prevención y Asistencia a  las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica tiene por objetivos:

a)  Promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación de acciones tendientes a lograr la detección temprana y prevención de cualquier situación de manipulación psicológica, y

b)  Brindar asistencia interdisciplinaria a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica.

Artículo 3º.-   A los fines de la presente Ley entiéndese por:

a)    Grupos que usan técnicas de manipulación psicológica: todas aquellas organizaciones, asociaciones o movimientos que exhiben una gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa y que emplean en su dinámica de captación o adoctrinamiento técnicas de persuasión coercitivas que propicien:

1)    La destrucción de la personalidad previa del adepto o la dañen severamente, y

2)    La destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva del adepto con su entorno social habitual y consigo mismo, y el que por su dinámica funcionamiento le lleve a destruir o conculcar derechos jurídicos inalienables en un estado de derecho.

b)    Víctimas:

1)        Todas las personas directamente ofendidas por el grupo;

2)        Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o la persona que convivía con ella ligada por vínculos especiales de afecto;

3)        El último tutor, curador o guardador;

4)        Los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o por adopción, o segundo de afinidad;

5)        El representante legal, y

6)        El heredero testamentario.

Artículo 4º.-  A los efectos de la ejecución del presente Programa se determina como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 5º.- En el marco del Programa Provincial de Prevención y Asistencia  a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica, la Autoridad de Aplicación tiene las siguientes funciones:

a)  Investigar y estudiar las principales directrices de los grupos definidos en el artículo 3º de la presente Ley;

b)  Realizar campañas de información en la población sobre las características de estos grupos, de modo que cada uno pueda prevenirse contra las consecuencias negativas, así como facilitar el debate abierto en el seno de la sociedad y de la comunidad y velar para que cada ciudadano no sea privado de su derecho de libre decisión;

c)   Canalizar las presentaciones receptadas sobre estos grupos que impliquen algún tipo de violación de derechos, denunciando los hechos ante las autoridades correspondientes;

d)  Promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la ayuda a los adeptos deseosos de salirse del grupo, así como de los ex-adeptos en su reinserción social y la solidaridad correspondiente con sus familiares;

e)   Sensibilizar a la opinión pública, desde la información y la educación tolerante, ante la peligrosidad que supone la existencia de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica o de la  personalidad;

f)    Coordinar acciones con organismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial, y

g)  Proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de manipulación mental y de condicionamiento psíquico o intelectual que, bajo cualquier máscara filosófica, religiosa o comercial pueden disimular sus prácticas.

Artículo 6º.-       A los fines del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de esta Ley se constituirá un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos y abogados especializados en la temática, para el estudio y abordaje integral de la asistencia a las víctimas, que tendrá a su cargo:

(…)

La Libertad Religiosa como Derecho Humano

Las palabras de Jesucristo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21) y “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37) no solamente impactaron en el pueblo judío; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido; sino que hoy todavía no ha podido asimilarse el alcance y el profundo contenido que nos trasmitió. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regían las conductas de los judíos para muchos de ellos fue un obstáculo para entender el mensaje liberador y universal del Hijo de Dios. Pero la incomprensión o las dificultades para entender la palabra de Jesús no fueron solamente del pueblo judío o de los primeros cristianos; me animo a afirmar que todavía hoy no hemos podido, pasado veinte siglos, darle el verdadero alcance que tuvieron las palabras, las frases y las parábolas que nos relata el Evangelio, como las que acabamos de recordar, y que tienen que ver con el tema que hoy trataremos que analizar y de interpretar.

Persona humana

El hombre, se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser conciente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.” (Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956).

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

La libertad de conciencia no se refiere solo a las opciones que el hombre hace, desde su conciencia y de sus intimas convicciones, y que  luego las exterioriza respecto de su fe religiosa; sino también a aquellas otras decisiones por la cual, por ejemplo, se niega a: a usar de armas o prestar el servicio militar, a reverenciar símbolos patrios, a que se le hagan o a practicar ciertos tratamientos médicos como las transfusión de sangre, etcétera.

El ejercicio de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa debe ser reconocido y garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

1. Religión: Persona, Sociedad y Estado

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

2. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa

La persona, consciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

3. El Derecho Humano a la Libertad Religiosa.

El derecho que toda persona tiene al ejercicio de la libertad religiosa debe ser respetado y garantizado por las normas que reglamentan su ejercicio y la misma alcanzan, entre otros, a los siguientes derechos:

1.1. A profesar sus creencias religiosas;

1.2. A cambiar o abandonar dichas creencias;

1.3. A manifestarlas;

1.4. A no estar obligado a expresarlas;

1.5. A recibir y trasmitir información religiosa;

1.6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;

1.7. A rezar y practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;

1.8. A no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;

1.9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas o actos religiosos en lugares públicos,

1.10. A asociarse con fines religiosos;

1.11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales,

asilos, cárceles, comisarías, cuarteles o en el campo de batalla;

1.12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;

1.13. A educar y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimiento de educación pública estatal;

1.14. A conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;

1.15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.

1.16. A que se respete el secreto de confesión.

A la Iglesia y los demás confesiones religiosas se le debe garantizar también, vía reglamentación al menos, los siguientes derechos:

1.1. A que les reconozca su personería jurídica, su organización en base a las normas que ellas mismas se dicten, y las autoridades que designen.

1.2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.

1.3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;

1.4. A tener cementerios;

1.5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial;

1.6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o las de otras comunidades religiosas, dentro y fuera del país;

1.7. A admitir o excluir fieles;

1.8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, enviar – dentro y fuera del país – o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual y económicamente;

1.9. A reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas dentro y fuera del país.

1.10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.

1.11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.

1.12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a la Iglesia o a la confesión religiosa que indiquen, para el sostenimiento de las mismas.

1.13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

La mayoría de estos derechos, cuya enumeración no es taxativa, están reconocidos por la Constitución Nacional, la de las provincias, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, y por leyes nacionales y provinciales.

4. Sociedad Política, Estado, Iglesia, Autoridades Eclesiástica y otras Confesiones Religiosas.

De lo antes expresado queda claro que quien es religioso es la persona y que la expresión social del fenómeno religioso se da en las sociedades intermedias; como la familia, en las comunidades religiosas y en la sociedad política; y no en el Estado, que no profesa ninguna religión, por lo que podemos afirmar que es laico, aunque no sea indiferente ante la religiosidad de los ciudadanos, ni a las instituciones religiosas que viven y se desarrollan en el seno de la sociedad política a la que sirve, ni a la religiosidad de quienes ocupan cargos de gobierno o en la administración.

La Iglesia Católica como institución universal tiene reconocimiento como persona jurídica desde hace siglos por los usos y costumbres del derecho de gente o derecho internacional, y como así tácitamente lo reconoce la Constitución Nacional (Art. 2 y 75 inc. 22), y expresamente lo hace el Código Civil (Arts. 33 y 2345), en nuestro país.

La autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que tiene su Sede en el Vaticano, puede celebrar concordatos con el gobierno argentino (Art. 75 inciso 22), lo que no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse también acuerdos con las autoridades locales de la Iglesia, sus institutos de vida consagrada, y con las demás confesiones religiosas.

Las demás confesiones religiosas tienen también el derecho al reconocimiento de su personería jurídica aunque actualmente ello no se encuentra debidamente legislado en la Argentina y sólo consiguen su reconocimiento como tales a través de la adopción de formas sociales o asociacionales, civiles o comerciales, que no se ajustan a su naturaleza religiosa, y con la previa inscripción en un registro de cultos, que funciona en la Secretaria de Cultos de la Nación.

5. Separación, Autonomía y Cooperación.

De ello se desprende la necesaria autonomía que tienen la Iglesia y las demás confesiones religiosas respecto del Estado, fundamentadas jurídicamente en las personalidades jurídicas distintas que invisten el Estado, la Iglesia y las demás confesiones religiosas.

Podemos válidamente afirmar, entonces, que existe separación entre el Estado y la Iglesia, como también respecto de las demás confesiones religiosas. Pero ello no debe interpretarse como ruptura, sino, todo por el contrario, implica también cooperación.

La cooperación entre Iglesia y Estado es fundamental en el campo mixto; como en el de la bioética, el matrimonio, la familia, la cultura, la educación, lo social, los medios de comunicación, el patrimonio cultural, etcétera; en cuyas relaciones humanas se hace necesario armonizar las normas morales y canónicas con la legislación positiva.

6. Estado Laico y Limitado.

El Estado no adopta ni tiene una religión, como todavía rezan algunas constituciones provinciales (Santa Fe, Art. 3º, y Catamarca, Art. 2º) que declaran a la Católica como la Religión de la provincia, y como bien quedó aclarado en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 cuando se discutió el artículo 2º de la Constitución Nacional, en la sesión del 21 de abril de ese año, cuando el convencional y prelado Benjamín J. Lavaysse sostuvo “(…)que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva (…)” lo que implicaba que el Estado no debía adoptar religión alguna y que debía declararse la libertad de culto. A la expresión “adopta y sostiene el culto católico” del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (Art. 3º) los constituyente le suprimieron el “adopta” al incorporarlo a nuestra Carta Fundamental (Art. 2), por las razones esgrimidas por el padre Lavaysse y José Benjamín Gorostiaga.

7. La Igualdad de Derechos y la Libertad Religiosa.

Las personas físicas y jurídicas, titulares del derecho a la libertad religiosa, son iguales ante la ley. Esta igualdad debe interpretarse, como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, como lo ha hecho en distintos pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a distintas cuestiones (Fallos: 16:118, sentencia del 1º de mayo de 1875). El número de files que integran las distintas confesiones religiosas, su expansión en el mundo y en nuestro país, y su significación histórica, cultural y social deben ser tenidas en cuenta a los efectos de hacer esta interpretación.

La invocación del derecho a la libertad religiosa no justifica actos de discriminación ni admite privilegios o supremacía para el acceso a cargos públicos, como ocurre por ejemplo cuando la Constitución Nacional dispone que: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)” (Art.73). La ley 23.592 tipifica y castiga los actos discriminatorios.

8. Cuestiones controvertidas

Hay algunas cuestiones importantes que necesitarían ser resueltas normativamente para que los argentinos podamos ejercitar más plenamente la libertad religiosa, a saber:

1.1. El Gobierno Federal debe propiciar ante la comunidad internacional la firma de un tratado de derechos humanos sobre libertad religiosa.

1.2. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que hoy actualmente sólo tienen un simbólico sentido reparatorio por la confiscación de bienes que se le hicieron en el siglo XIX, ya que en modo alguno alcanzan para el sosteniendo que manda el texto constitucional.

1.3. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito. Debe suprimirse el artículo 73 que prohíbe ingresar al Congreso a los eclesiásticos regulares.

1.4. Debe reglamentarse el derecho a profesar y ejercer libremente su culto (Arts. 14 y 20 de la Constitución) y dictarse una ley de libertad religiosa, que derogue la ley de facto 21.745, y que declarare y garantice los derechos de los habitantes y de las confesiones religiosas, que hay actualmente en el país, y reconozca la personaría jurídica y de las que en el futuro puedan ser solicitadas. El convencional José Benjamín Gorostiaga así lo expresó en la sesión del 24 de abril de 1853 de la Convención Constituyente.

1.5. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

1.6. Debe modificarse el Código Civil para que se reconozca el matrimonio religioso, y se establezca la forma en que los mismos sean inscriptos en el Registro General de las Personas, como lo tiene establecido la legislación de Brasil y Chile.

1.7. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), que ser reitera en otros tratados internacionales y constitucionales provinciales. Actualmente se cumple con ello en las provincia de Salta, Tucumán y Catamarca.

1.8. Modificar el Código Penal a los efectos de preservar mejor el bien jurídico protegido: libertad religiosa y sancionar las conductas discriminatorias, fraudulentas, agresivas y contrarias a los derechos humanos ejercidas por personas o por quienes creen o intervengan en falsas confesiones religiosas, comúnmente denominadas “sectas”, y que invocan su condición religiosa con fines ilícitos.

ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA

A pesar que la Constitución de 1853 declaró que todos los habitantes de la

Nación gozan del derecho a “profesar libremente su culto” (art. 14), desde su mismo texto y luego en su aplicación hubo normas y conductas que atentaron contra la libertad religiosa:

1. La Constitución de 1853 restringió el derecho a la libertad religiosa al mantener el privilegio del Patronato (art. 64 inc. 19 y 86 inc. 8), y establecer que el Presidente “ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de los obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado.”, institución del derecho canónico que el Papa, que lo otorga, nunca se lo concedió ni se lo reconoció a los gobierno patrios, que se lo atribuyeron desde la Revolución de Mayo, a pesar que el mismo sí le había sido concedido a los monarcas españoles que lo precedieron. Estas normas sobre patronato frustraron las primeras misiones para lograr la firma de un concordato con la Silla Apostólica de Juan Bautista Alberdi en 1856 y de Juan del Campillo de 1858.

También se afectó la libertad religiosa cuando estableció el llamado exequátur por el que el Presidente “concede el pase o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves, Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo de la Suprema Corte, requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes.” (art. 86 inc.9), lo que implicaba una inaceptable censura.

Se le prohibió, además, ser miembros del Congreso a los religiosos regulares (art. 62) y se exigió que el Congreso autorice la introducción de nuevas órdenes religiosas (art. 64 inc. 20), lo que limitaban aún más la libertad.

Estas disposiciones, excepción hecha de la prohibición a los religiosos regulares de ser miembros del Congreso -que todavía existe-, tuvieron vigencia hasta el Acuerdo entre el Gobierno Argentino y la Santa Sede de 1966 y fueron eliminadas del Texto Fundamental en la reforma de 1994.

2. El Breve de Pío IX por el que se dispuso que el distrito de Tarija, dependiente de la diócesis de Salta, pasó a depender del de La Plata (Sucre, en Bolivia) motivó una nota de reclamo del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Confederación al delegado apostólico Marino Marini, quién había llegado al país en 1858 designado por el Papa, por afectar el derecho de Patronato y por las consecuencias negativas que esa medida podía tener para los derechos que nuestro país detentaba en esos territorios, cuya delimitación todavía no estaba fijada. Sin embargo, el gobierno otorgó el pase a dicho Breve.

3. La Corte Suprema en 1863 decidió restringir las atribuciones al Delegado Apostólico Marino Marini por lo que se le exigiría el pase a las cédulas o decretos que expida como delegado del Pontífice, que no podía ejercer funciones episcopales atribuida a los obispos, debía abstenerse de levantar información respecto de los candidatos a obispos u arzobispos y a no ejercer funciones judiciales eclesiásticas. (Fallos, 1:180)

4. La ley 49 de 1863 tipificó delito federal, castigado con pena de uno a cuatro años de extrañamiento, “al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos de la Corte Pontificia de aquellos que, para su ejecución, necesitaren del pase del Gobierno, sin haberlo obtenido”. Al que lo ejecutare o mandare a ejecutar cuando el pase fuere negado se le aplicaría de cuatro a ocho años de extrañamiento. Estas disposiciones pasaron al Código Penal de 1921, en art. 228, todavía no derogado expresamente, aunque por el Acuerdo de 1966 y la reforma Constitucional de 1994 no existe más el pase.

5. El 28 de febrero de 1875 grupos anticlericales ataca el edificio del Arzobispado de Buenos Aires e incendian del Colegio El Salvador, con motivo de la decisión del arzobispo de Buenos Aires Monseñor Aneiros de confiar la Iglesia de San Ignacio a los jesuitas.

6. En junio de 1883 el Poder Ejecutivo deja cesante al rector del Colegio Nacional de Buenos Aires José Manuel Estrada por haberse manifestado en contra de la sanción de la que iba a ser ley 1420 de Educación Común.

7. El 6 de junio de 1884 el presidente Julio Argentino Roca destituyó al

Vicario el canónigo Gerónimo Clara, a cargo de la diócesis vacante de Córdoba por fallecimiento de Fray Mamerto Esquiú, por haber prohibido en una carta pastoral a sus fieles enviar a sus hijas a la Escuela Normal dirigida por una maestra protestantes. El obispo de Salta Fray Risso y Patrón y los vicarios de Jujuy, Demetrio Cau, y de Santiago del Estero, Rayniero Lugones, emitieron cartas similares y por otro decreto del 13 de noviembre de 1884 fueron suspendidos y se les iniciaron procesos penales por rebelión y conspirar para alterar la forma de gobierno.

8. Por decreto del 14 de octubre de 1884 se expulsa del país del Nuncio Apostólico de Monseñor Luis Mattera, por haberse reunido con Francisca Amstromg, directora norteamericana de la Escuela Normal de Córdoba cuando viajó a esa ciudad para la asunción del nuevo obispo Juan Capistrano Tissera, y se interrumpen las relaciones con la Santa Sede por quince años.

9. Por las leyes 1144 de 1881 y la 1893 de 1886 se establecieron los recursos de fuerza para que los tribunales de la Capital Federal conocieran en grado de apelación las decisiones de los tribunales eclesiásticos, esto motivó reclamos de las autoridades eclesiásticas, pero nunca fueron planteados dicho recursos.

10. Otro conflicto entre el gobierno argentino y Roma se produjo cuando el Papa Pío XI no designó al presbítero Miguel de Andrea como Arzobispo de Buenos Aires a pesar hacer hecho la presentación por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear en 1923: En el año siguiente el Papa designó como administrador apostólico a Monseñor Juan Agustín Boneo, obispo de San Fe, resolución que fue desconocida por el Poder Ejecutivo y por la Corte Suprema que no concedió el pase, en 1925, a la Bula que nombró a Boneo (Fallos 142:342). Con la renuncia de Miguel de Andrea el gobierno presentó para la vacante a Fray José María Botaro quién fue designado por el Papa en 1926 arzobispo de Buenos Aires, con lo que se zanjaron las diferencias.

11. El 26 de abril de 1946 por Decreto 11.576 del Presidente Edelmiro Farrell se creó el Fichero Oficial del Culto Católico Apostólico y Romano para llevar los datos de sacerdotes del clero secular y de las órdenes y congregaciones religiosas que había en el país para ejercer las atribuciones del Patronato Nacional.

12. El mismo presidente el 31 de mayo de 1946 por el Decreto Nº 15.829, dispuso la inscripción obligatoria de los cultos distintos al Católico en un Registro Nacional de Cultos en el que prohibía el proselitismo de los mismos entre los indios, en virtud del artículo 67 inciso 15 de la Constitución que decía que los indios debía ser convertidos al catolicismo.

Pero antes que se implementara y por el Decreto Nº 16.160, del 29 de octubre de ese año, del presidente Juan Domingo Perón , a pedido de la Confederación de Iglesias Evangélicas y de la Convención Evangélica Bautista se archivaron las actuaciones relacionadas con el anterior decreto.

El Decreto Nº 31.814 de 1948 creó el Fichero de Cultos, que el Decreto 1.127, del 6 de febrero de 1959, del Presidente Arturo Frondizi, derogó y dispuso reorganizarlo.

En el Registro Nacional de Cultos, que reemplazó al Fichero de Cultos, está regulado desde 1979 por la ley, de facto, 21.745, reglamentada por Decreto 2.037, del 23 de agosto de 1979, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de las instituciones religiosas en el mismo.

En 2000 había inscriptas unas 2.300 “instituciones” religiosas (templos, iglesias, pero también escuelas, bibliotecas y ateneos deportivos), 100 de las cuales eran judías, 10 islámicas, 20 iglesias ortodoxas, 1.800 evangélicas, 230 espiritistas y 200 umbandistas o africanistas.

13. Los conflictos de Perón con la Iglesia en 1955 llevó a que el 11 de junio se produjera una multitudinaria procesión de Corpus Cristi -cuatro días antes del bombardeo de la Casa Rosada-, que derivó en una marcha al Congreso y a la asistieron unas 150 mil personas.

El conflicto creció cuando la Policía Federal dijo que había sido quemada una bandera argentina durante dicha procesión. Un grupo de jóvenes católicos que custodiaba la Catedral de Buenos Aires fueron atacados a pedradas y palazos por manifestantes peronistas. Dentro del templo, donde también estaban Tomás Casares, miembro de la Corte Suprema, y el obispo Manuel Tato, trabaron las puertas con los bancos. A la noche llegó el juez Carlos Gentile con la policía y se llevó 356 detenidos a la cárcel de Devoto, que fueron liberados la semana siguiente.

Por este conflicto el Poder Ejecutivo exoneró y expulsó del país a monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Manuel Novoa, lo que sería dejado sin efecto por el decreto 505 del 7 de octubre de 1955, por el gobierno del General Eduardo Lonardi.

La noche del 16 de junio de 1955, después de los bombardeos a Plaza de Mayo y la residencia presidencial, donde fallecieron más de trescientas personas, fueron incendiadas la Curia Eclesiástica -situada al lado de la Catedral- y las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, La Piedad, La Merced, San Miguel, San Juan, San Nicolás de Bari, el Socorro y Nuestra Señora de las Victorias.

Durante este conflicto con la Iglesia fueron detenidos sesenta y siete clérigos.

El Congreso, por su parte, sancionó la ley 14.400 que exigió que las reuniones públicas debieran hacerse en lugares cerrados y con previa autorización policial, con lo que quería evitar otra procesión como la de Corpus Cristi.

La ley 14.404, del 20 de mayo de 1955, declaró necesaria la reforma constitucional “en todo cuanto se vincule a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”.; y la ley 14.424, del 18 de agosto de 1955, prorrogó por 180 días el plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria, la que nunca se realizó.

Por ley 14.405, del 20 de mayo de 1955, se derogaron todas las disposiciones que acordaba exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, templos, conventos, etc.; lo que fue derogado por el Decreto Nº 317 del 4 de octubre de 1955.

El Decreto 3991 de ese año suprimió cinco feriados por festividades católicas.

14. A los Testigos de Jehová se les canceló la inscripción en el Registro de Cultos en 1948 y la recuperaron recién en 1984, y han sufrido actos discriminatorios por su negativa a hacer el servicio militar obligatorio y por no honrar los símbolos patrios, y muchos de sus fieles fueron condenados por los Tribunales Militares y padecieron prisión, especialmente durante el gobierno del proceso (1976-1983).

15. Durante dicho gobierno militar se produjeron graves atentados contra la libertad religiosa y la persona de ministros y fieles de distintos cultos. Sólo recordaremos los más resonantes.

En lo que se dio en llamar “la masacre de San Patricio”, fueron asesinados por grupo de tareas los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976.

El 4 de agosto de 1976 fue asesinado Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, hecho que no ha sido esclarecido todavía, encontrándose actualmente en marcha una investigación judicial.

Las monjas francesas, Léonie Duquet y Alice Domon, fueron secuestradas y asesinadas a fines de 1977.

Las otras confesiones religiosas, sus ministros y fieles han padecido, en este luctuoso período, restricciones contra la libertad religiosa como las prohibiciones a practicar sus cultos, censuras, discriminaciones, persecuciones, detenciones y desapariciones; como atentados a personas, por su condición de religiosos; a templos; a cementerios; a mezquitas; sinagogas y demás lugares sagrados.

16. Los judíos, muchas veces, fueron discriminados y perseguidos. El antisemitismo hizo que a principio del siglo veinte la policía les sellara con la estrella de David los documentos de identidad. Mención especial merece por su gravedad el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, donde funcionaba un rabinato, en el que fallecieron 85 personas; que se sucedió al que se perpetuó el 17 de marzo de 1992 contra la sede de la Embajada de Israel en la que murieron 29 personas y fueron heridas 242.

17. Durante el gobierno de presidente Néstor Kirchner hubo conflicto con la Iglesia Católica por distintos motivos.

Por Decreto 220, del 18 de marzo de 2005, se dejó sin efecto el acuerdo para la designación como Obispo Castrense a Monseñor Antonio Juan Baseotto, un ministro de posturas conservadoras que había sido nombrado en el año 2002; porque criticó la posición abortista del Ministro de Salud Ginés González García, con una cita que contenía una metáfora que al Poder Ejecutivo ofendió.

El presidente Kirchner nunca simpatizó y mantuvo distancia con el entonces cardenal primado Jorge Bergoglio, hoy el papa Francisco, y no asistió a los tedeum que se celebran en las fiestas patrias, actitud que mantuvo su esposa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta que el arzobispo fue designado papa.

En la provincia de Misiones ante la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, se erigió en líder de la oposición al obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, de perfil progresista, que fue candidato a constituyente en 2006 y triunfó en aquellas elecciones, abortando así la reforma reeleccionista de la Constitución.

18. En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la falta de respuesta al placet del Estado del Vaticano al embajador Alberto Iribarne, publicitado por el gobierno argentino, tensó las relaciones entre el actual gobierno y la Santa Sede, situación que se superó con la renuncia de Iribarne y la designación del nuevo embajador Juan Pablo Cafiero, quién en poco tiempo obtuvo el placet de la Santa Sede.

La Iglesia Católica y la Libertad Religiosa

La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa.

En la declaración “Dignitatis humanae”, del 7 de diciembre de 1965, del Concilio Vaticano II  “Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(…)Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil.”(…)

“La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.”(…)

“A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.” (…)

“Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.” (…)

“Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas.” (…)

En la declaración “Nostra aetate”, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas del 28 de octubre de 1965, dice: “La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, “observando en medio de las naciones una conducta ejemplar” (1Pe 2,12) si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres (Cfr. Rom. 12,18), para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos (Cfr. Mt.5, 45).” (…)

Reflexión Final

El derecho humano a la libertad de conciencia y religiosa debe ser mejor protegido por la legislación argentina y cultivada en la cultura ciudadana por la educación. En la comunidad internacional los argentinos debemos proponer un tratado internacional sobre libertad religiosa.

Los mejores deseos para que estos propósitos se hagan posibles encuentran su mejor síntesis en estas palabras de Benedicto XVI:

“Que los miembros de todas las religiones estén unidos en la defensa y promoción de la vida y la libertad religiosa en todo el mundo. Y que, dedicándonos generosamente a este sagrado deber -a través del diálogo y de tantos pequeños actos de amor, de comprensión y de compasión – seamos instrumentos de paz para toda la familia humana.” (17 de abril de 2008 en Washington D. C.)

Córdoba, abril de 2013.

Cómo garantizar la libertad religiosa en Argentina

Jorge Bergoglio

Un paso importante para deslindar definitivamente los ámbitos de competencia entre el Estado Argentino y la Iglesia Católica Apostólica y Romana; que estuvieron unidos y confundidos mientras fuimos parte de la Corona Española; fue el Acuerdo de la Santa Sede y la República Argentina, celebrado el 10 de octubre de 1966, en el que bajo la fórmula “autonomía y la cooperación”, la Iglesia Católica se liberó de la ingerencia del Estado, establecida por la Constitución, en lo referente a: la designación de los obispos residenciales (patronato), en el pase (o exequátur) de las normas dictadas dictadas en Roma y de la necesaria autorización del Congreso para el ingreso de nuevas órdenes religiosas, lo que se ratificó en la Reforma Constitucional de 1994, donde, además, se suprimió el requisito exigido para ser presidente y vicepresidente de la Nación de pertenecer a la comunión Católica, exigencia canónica para el ejercicio del patronato, que implícitamente el Acuerdo había dejado sin efecto y que la Convención de Santa Fe Paraná eliminó del Texto Fundamental.

Algunas cuestiones que perturban la libertad religiosa

Se dice, muchas veces, que en nuestro país hay plena libertad religiosa y que no hay conflictos como en otros países, lo que es una verdad a media, porque se olvidan los siguientes hechos históricos:

  • Que existe todavía el Registro Nacional de Cultos: que tiene por antecedente una política dirigida a controlar los cultos que no sean el Católico y que se implementó por primera vez mediante el Decreto Nº 15.829, del 31 de mayo de 1946, que dispuso la inscripción obligatoria de los cultos -que no sea el Católico- en un Registro Nacional de Cultos, pero por Decreto Nº 16.160, del 29 de octubre de ese año, se archivaron las actuaciones relacionadas con el anterior decreto. El Decreto Nº 31.814 de 1948 creó el Fichero de Cultos, que el Decreto 1.127, del 6 de febrero de 1959, del Presidente Arturo Frondizi, dispuso reorganizarlo. En el Registro Nacional de Cultos, que reemplazó al Fichero de Cultos, esta regulado desde 1979 por la ley, de facto, 21.745, reglamentada por Decreto 2.037, del 23 de agosto de 1979, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de las instituciones religiosas en el mismo.
  •    A los Testigos de Jehová se les canceló la inscripción en el Registro de Cultos en 1948 y la recuperaron recién en 1984, y han sufrido actos discriminatorios por su negativa a hacer el servicio militar obligatorio y por no honrar los símbolos patrios, y muchos de sus fieles fueron condenados por los Tribunales Militares y padecieron prisión, especialmente durante el último gobierno militar (1976-1983).
  •   Los conflictos de Perón con la Iglesia en 1955, con la expulsión de monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Monseñor Manuel Novoa, después de la procesión de Corpus Cristi del 11 de junio de ese año -cuatro días antes del bombardeo de la Casa Rosada-, que derivó en una marcha al Congreso.  Además del incendio de las iglesias en Buenos Aires. Ello motivó, también, que se dictara la ley 14.404, del 20 de mayo de 1955, por la que se declaró necesaria la reforma constitucional en todo cuanto se vincule a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”; más tarde, por ley 14.424, del 18 de agosto de 1955, se prorrogó por 180 días el plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria, lo que nunca se realizó. Por ley 14.405, del 20  de mayo de 1955, se derogó todas las disposiciones que acordaba exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, templos, conventos, etc.; lo que fue derogado por el Decreto Nº 317 del 4 de octubre de 1955.
  •   El asesinado del obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, y la desaparición, muerte y encarcelamiento de muchos sacerdotes, monjas –alguna arrojada desde un avión al Río de la Plata- y fieles durante la represión durante el último Gobierno Militar.
  •   Los atropellos padecidos por otras confesiones religiosas como las prohibiciones a practicar cultos que no sea el Católico, las censuras, discriminación; las persecuciones, detenciones y desapariciones durante el último gobierno militar; los atentados a personas por su condición de religiosas, a templos, a cementerios, a mezquitas y demás lugares sagrados.
  •   Los actos discriminatorios contra los judíos que al principio del siglo XX, muchas veces, se les sellaba con la estrella de David los documentos de identidad, o las frecuentes inscripción de leyendas o grafitis ofensivos en cementerios o instituciones judías. El atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, donde funcionaba un rabinato, en el que fallecieron 85 personas; que se sucedió al que se perpetuó el 17 de marzo de 1992 contra la sede de la Embajada de Israel.  Marcos Aguinis nos recuerda que la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina) se fundó en 1935 “para enfrentar la campaña antisemita, que fogoneaba la embajada de Alemania nazi con apoyo de los fascistas locales” afirmó que en 2007 se hubo 348 actos antisemitas en Argentina, según fuentes periodísticas, de los departamentos de asistencia comunitaria y jurídica de la DAIA y los datos del INADI.” Durante 2006 llegaron a 586. (La Nación  “Contra el odio a los judíos” del 3 de octubre de 2008)
  •    En el gobierno de Néstor Kirchner hubo conflicto con la Iglesia Católica por distintos motivos.
  •   En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner los conflictos se sucedieron por:
    1. El presidente Néstor Kirchner por Decreto 220, del 18 de marzo de 2005, dejó sin efecto el acuerdo para de designación como Obispo Castrense a Monseñor Antonio Juan Baseotto, que había sido designado en el año 2002; un obispo conservador, porque criticó la posición abortista del Ministro de Salud Ginés González García, con una cita que contenía una metáfora que al Poder Ejecutivo ofendió. En 2007 Monseñor Baseotto presentó la renuncia por haber cumplido 75 años pero no se le designó obispo reemplazante hasta ahora.
    2. Este primer mandatario nunca simpatizó y mantuvo distancia con el cardenal primado Jorge Bergoglio, un arzobispo moderado, y no asistió a los tedeum que se celebran en las fiestas patrias en la Catedral de Buenos Aires, actitud que mantiene su esposa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
    3. En Misiones ante la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, se erigió en líder de la oposición el obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, de perfil progresista, que fue candidato a constituyente en 2006 y triunfó en aquellas elecciones, abortando así la reforma reeleccionista de la Constitución.
    4. Otro motivo de conflicto fue la sanción de la ley 26.130 sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria del año 2006 en el que se autoriza la “ligadura de trompas” y otras prácticas que son contrarias a la  moral natural y según las enseñanzas de las doctrinas religiosas más acendradas.
    5. Aprobación del 2006 del “Protocolo facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las forma de discriminación de la ONU de 1999 contra la mujer” en el que se le reconoce  a un Comité  internacional a hacer recomendaciones sobre aplicación de dicha Convención favorables al aborto.
  1. la falta de respuesta al placet del Estado del Vaticano al embajador Alberto Iribarne, publicitado por el gobierno argentino, tensó las relaciones entre el actual gobierno y la Santa Sede, situación que se superó con la renuncia de Iribarne y la designación del nuevo embajador Juan Pablo Cafiero, quién en poco tiempo obtuvo el placet de la Santa Sede.
  2. La forma en que se acaba de legislar sobre  el aborto en caso de violación a través de una sentencia de la Corte Suprema, donde la muerte del niño por nacer (de 8 meses de gestación) se había producido, y a donde (en abstracto) el Tribunal fija normas generales, procedimientos, protocolos y cuestiones de conciencia para casos posteriores; a sabiendas que el derecho humano a la vida desde la concepción es una de las convicciones éticas más arraigadas por un sector muy importante de la sociedad que profesamos convicciones religiosas en nuestro país
  3. La forma en que se debatió y sancionó en el Congreso de la Nación la ley de matrimonio de las personas del mismo sexo, tema  que no había sido discutido antes en una campaña electoral, ni había sido incluido en la plataforma de ningún candidato y que había sido consultado al pueblo, a sabiendas de que este era un tema muy sensible a quienes tenemos sentimientos religiosos.

Cuestiones pendientes

Pero, más allá de estos conflictos, hay hoy algunos problemas que son necesarios enfrentar para tener una mejor libertad religiosa:

A nivel constitucional:

1. Sostenimiento de los cultos: Actualmente el principal sosteniendo de todos los cultos que hace el Estado Argentino es a través de las exenciones impositiva. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que actualmente sólo tienen valor un simbólico por su insignificancia. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito.

2. Los eclesiásticos regulares (de órdenes o congregaciones religiosas): no pueden ser miembros del Congreso de la Nación (Art. 73 CN), ni de las Legislaturas de Santiago del Estero, Chaco, La Pampa y San Luis, por disposiciones constitucional, que deberán derogarse, por discriminatorias.

A nivel de normas internacionales

3. Propiciar un tratado internacional sobre libertad religiosa.

A nivel de normas nacionales:

4. Matrimonio religioso y civil: Debe reconocerse el matrimonio religioso, y sus consecuencias jurídicas, sin perjuicio de su registración civil, como lo ha hecho, últimamente, la legislación brasilera y chilena.

5. Proyecto de Código Civil y Comercial: No se ha incorporado como persona jurídica las iglesias o confesiones religiosas que no sea la Iglesia Católica. El vertiginoso tratamiento que se le ha impreso al necesario debate que debe haber sobre el mismo, especialmente en cuestiones que afectan a derechos humanos que defendemos quienes tenemos arraigadas convicciones éticas y religiosas, como son las referidas al matrimonio, a la gestación asistida, a la relación de padres e hijos, y a la adopción, para señalar las más importantes, nos hacen temer que, como ocurrió con el aborto y el matrimonio de las personas del mismo sexo, no se haga un verdadero debate, ni se consulte al pueblo respecto de lo que opina sobre estos temas.

6. Educación religiosa: Sin volver a la enseñanza obligatoria de religión o moral, de los años 40 y 50, es necesario incorporar a la educación los contenidos religiosos en los planes de estudio, especialmente ahora donde se trata de extender la jornada escolar. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o  pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), Actualmente se cumple sólo en algunas provincias de Salta y Tucumán.

7. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

8. Políticas sociales: La contribución de las confesiones religiosas a las políticas sociales, decisiva en la crisis del 2001, debe continuar concertada con el Estado, sin descuidar la promoción humana, destino final de ellas.

9. Bienes artísticos y culturales: El estado lamentable de muchos de ellos, especialmente en el interior, hace necesario también concertar políticas, en las que participen el Estado Federal, las provincias y los municipios.

10. Vicariato castrense: La cuestión debe resolverse con diálogo y madurez, algo que no hubo en este desgraciado asunto.

11. Capellanías: Deberá acordarse la asistencia espiritual de los que la necesiten con los ministros de las confesiones que los mismos profesen.

12. Registro de culto. Deberá terminarse con el actual Registro y con la política de fichar o registrar organizaciones religiosas para controlarlas. La Secretaría de Culto debería reconocer la personería jurídica a las confesiones que lo pidan, con su propia organización, sin que tengan que disfrazarse –como ocurre ahora- de asociaciones civiles o sociedades. Pero para ello es necesario definir que es un confesión religiosa, o, al menos, que no es.

13. Personería jurídica de otras organizaciones sociales con fines religiosos. Diferenciar las personería de las confesiones religiosas de las demás organizaciones sociales en las que participan integrantes de ellas o que tienen también fines religiosos, como editoriales, clubes, mutuales, etcétera. Deberán establecerse normas específicas de procedimiento referidas al otorgamiento y cancelación de estas personerías jurídicas religiosas.

14. Consejo federal y consejos provinciales de libertad religiosa: Deberán crearse estos ámbitos de diálogo y debate sobre cuestiones ínter-religiosa a nivel federal y provincial.

15. Ley nacional sobre libertad religiosa: Varias de estas cuestiones deberían ser materia de una ley de libertad religiosa, donde se declaren, además, lo derechos personales y colectivos que lo comprenden. Algunas disposiciones podrían incorporarse al Código Civil, especialmente las que reconocen la personería jurídica de las distintas confesiones religiosas.

16. Código Penal: Deberán penarse conductas contrarias a la libertad religiosa, como los que simulen ser ministros religiosos o atenten contra los que lo sean; y las profanación de lugares destinados al culto o el hurto o robo de objetos sagrados..

17. Acuerdos con los cultos históricos: La Constitución prevé concordatos con la Santa Sede, pero no prohíbe al Estado acordar con otros cultos, lo que podría hacerse como España lo ha hecho con los arraigados.

A nivel Provincial y Municipal:

18. Constituciones provinciales: Las de Catamarca y Santa Fe dicen que la Religión Católica es la de la provincia, contrariando a la Nacional que no adopta religión alguna. La de Corrientes, Mendoza y Santa Cruz nada dicen respecto de la libertad religiosa. La de San Juan, en cambio, declara que: “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, lo que contraría la libertad de culto que, muchas veces, se expresa públicamente.

19. Leyes provinciales y ordenanzas municipales sobre cultos. San Luis ha dictado hace poco una ley creando un registro de cultos, lo que es competencia federal. El Municipio de Rosario tiene una ordenanza sobre libertad religiosa

20. Día de la libertad religiosa. En las Legislaturas de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires se ha declarado por ley al 25 de noviembre como el Día de la Libertad Religiosa, pero sería bueno que ello sea dispuesto por el Congreso de la Nación.

Si alguien quiere averiguar si una sociedad es libre, la respuesta la encontrará si indaga acerca de libertad religiosa que hay en la misma. Los argentinos no debemos descuidar esto que toca la dimensión trascendente del hombre.

Buenos Aires, julio de 2012.

Lo Religioso en lo Público

Jacques Maritain

La dialéctica de la relación entre lo público y lo privado ha tenido un papel fundamental en la historia de las ideas políticas hasta tal punto de poder explicar la filosofía social en función de ella. En la actualidad, la dura confrontación entre las ideologías y las teorías políticas responde en gran medida al rol que se le asigna respectivamente a lo público y lo privado dentro de la sociedad política, y al lugar que ocupa el Estado en esta dicotomía.

Lo privado se define más fácilmente por la  negativa, es lo que no es público. El territorio de lo privado es aquel donde el hombre trata de alcanzar algunos objetivos que no podría conseguir en el ámbito público. No puede reducirse a lo individual, ya que hay colectivos como la familia que sin duda se inscriben en el ámbito de lo privado.

Lo público existe dentro de una sociedad política, cuando la misma tenga constitución, o sea un organización, por más rudimentaria que ella sea.

En la tensión entre lo público y lo privado nacen un conjunto de ideas fundadas en las creencias, en los pareceres, en los recuerdos, en las tradiciones, en los mitos, en las ideologías o doctrinas políticas que forjan su pensamiento, sus consensos, su animus societatis y su voluntad sobre un porvenir compartido.

Las teorías liberales han acentuado el movimiento de las privatizaciones, provocando la inversión de la valoración colectiva al entrar en la Modernidad, con ello se acentuó el declive del hombre público y se sobredimensionó el mercado.

Pero desde comienzos del siglo XX se ha generalizado un interés desmedido por lo público y por limitar el espacio privado. Este nuevo interés se explica por la necesidad de reivindicar la política en respuesta a la interpretación cientificista del mundo. La reivindicación de espacios públicos participativos, en la filosofía práctica de finales del siglo XX, se ha empeñado en profundizar sobre los fundamentos de la democracia, toda vez que los ciudadanos han cambiado la apatía liberal por la intervención en los núcleos decisorios del poder.

En la actualidad, lo público y lo privado tienen un nuevo conflicto a atender que es el del fenómeno y las creencias religiosas.

Algunos interrogantes a responder

Pero para saber en que lugar ubicamos lo religioso nos parece necesario coemnzar a responder a estas preguntas:

¿Para qué el hombre (varón o mujer) está en este mundo, en este universo, rodeado de seres y de bienes del reino animal, vegetal o mineral de los que puede disponer porque están a su servicio?

¿Para qué el hombre, a diferencia de los otros seres de la creación, tiene una dignidad, que le permite tener conciencia de su propio ser, de lo que le rodea, y una libertad para decidir alcanzar lo que es bueno o lo que le es mejor para sus proyectos y aspiraciones?

¿Cuáles son esas legítimas aspiraciones o proyectos que los hombres se proponen o debe proponerse, y que dan o darán pie a la esperanza que mueve sus existencias?

¿Sus propósito, metas, objetivos y fines son sólo temporales, porque estamos convencidos que la vida no termina con la muerte; o tiene un destino y una vocación que la trasciende?

¿Si el destino final del hombre es Dios su relacionamiento o ligazón con Él se da sólo en el hermético ámbito de su intimidad o ello trasciende al interactuar con otros hombres?

¿El relacionamiento con Dios, la religiosidad del hombre y de los hombres, se expresa en la sociedad sólo en el ámbito privado o también penetra en lo público?

¿Es posible y válido trazar una frontera entre lo privado y lo público?

¿Cómo se conjuga, distingue y complementa lo religioso en el ámbito público dentro de una sociedad pluralista y con un estado laico?

Persona humana

El hombre, se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser consiente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.” (Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956).

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios –lo que determina su religiosidad-, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar.

Lo absoluto del fin perseguido, Dios, y la transcendencia del ejercicio de este derecho  nos permite afirmar que el derecho a la libertad religiosa, es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes, como por la institucionales que ellas crean, frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan infringir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide:

  • creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos;
  • rendirle culto;
  • rezar;
  • reunirse o asociarse con otras personas para orar o celebrar su culto;
  • incorporarse, cambiar o abandonar una iglesia o confesión religiosa;
  • adoptar las creencias, dogmas, y aceptar las reglas y ritos de su religión;
  • expresar, transmitir o recibir información religiosa;
  • prestar juramento o hacer promesa en base de sus creencias religiosas;
  • ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad;
  • conmemorar las festividades de su comunidad religiosa;
  • contraer matrimonio según los ritos de su religión;
  • recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan;
  • organizar o participar en instituciones donde se estudien, investiguen, o enseñen  temas religiosos;
  • participar, con su comunidad religiosa, en la construcción y mantenimiento de templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación;
  • participar de la vida social, cultural y política siguiendo sus convicciones morales y políticas.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

1. Religión: Persona, Sociedad y Estado

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común.

La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

2. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa

La persona, consciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

3. Lo privado y lo público

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas iglesias o confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

El ejercicio del derecho a la libertad religiosa trasciende el ámbito de la conciencia, de lo íntimo, de lo que es privado y se proyecta también al ámbito público, lo que no implica renegar del pluralismo social y político y de la laicidad o secularidad del estado.

El neutralismo en materia religiosa, que muchas veces se pretende para lo público, parte del supuesto que desconoce la religiosidad de las persona y de la sociedad, de sus expresiones en la cultura y en la vida comunitaria, y pretende que ello debe ser herméticamente encerrado en el ámbito de los privado, cuando no de lo íntimo o de la conciencia de las personas, como existe en muchos sociedades dominadas por regímenes totalitarios o autocráticos o donde prevalecen los fundamentalismos religiosos o políticos.

Como bien  nos recuerda José María Carabante Muntada “el mercado ha colonizado la vida social y las estructuras del mercado y las categorías políticas no son compatibles. El desmoronamiento de la solidaridad social, es decir, la incompetencia para la integración de los individuos en proyectos comunes de largo alcance se ha evidenciado en primer lugar a nivel nacional, pero con más virulencia en la esfera internacional, donde poco a poco se va consolidando una globalización parcial, exclusivamente económica. A ello se refiere Habermas cuando afirma que las fuentes de la solidaridad se han secado y hay que revitalizarlas. Una manera distinta pero que no se aleja de la conocida afirmación del descarrilamiento de la modernidad: hay que superar la racionalización funcional, parcial, superficial, entendida en términos económicos y no político-discursivos.” (La religión, entre lo público y lo privado. Reflexiones en torno a la Filosofía de la Religión de J. Habermas, Universidad Complutense de Madrid)

Las razones que el Estado de Derecho -continúa el profesor español- trata de proveer a sus ciudadanos no son suficientes para consolidar la solidaridad entre ellos. Por ello es que Jürgen Habermas –desde una visión laica- es partidario de apelar a las tradiciones “prepolíticas”. Entre ellas, la conciencia y las grandes culturas religiosas son de enorme importancia. Este pensamiento reivindica un nuevo espacio para las categorías religiosas, aunque está muy lejos de abonar el confesionalismo, ya que su propuesta no es un reclamo para extender los principios religiosos más allá de lo que resultaría tolerable en las sociedades actuales.

Lo religioso, en el ámbito público, contribuye, entonces, a enriquecer las creencias y pensamientos que alimentan la solidaridad, la fraternidad y la amistad cívica que dan coherencia a la vida dentro de la sociedad política.

Buenos Aires, julio de 2012.

San Pablo, el Apóstol de los Gentiles

 “Pero el Señor me dijo: Ve, porque yo te tengo que enviar lejos, a los gentiles”  (Hechos, XXII: 17-21)

  “Pues de las misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mi el apóstol de los paganos,” (Carta a los Gálatas, 2 – 8)

San Pablo Apóstol

El mejor libro que he leído de Jacques Maritain, o el que más me ha llegado personalmente, es San Pablo (editado en Argentina en 1996 por Club de Lectores), donde describe las ideas de este apóstol tardío, judío de la diáspora, fariseo de formación, que hablaba griego, que había perseguido a los primeros cristianos, que presenció la muerte del primer mártir, Esteban. Que, además, era ciudadano romano, y que camino a Damasco fue iluminado por Dios y se convirtió al cristianismo.

En su nueva vida el Señor lo envió lejos, a predicarles a los gentiles. Su prédica se hizo sentir incluso en el Areópago de Atenas a donde encontró, entre los monumentos sagrados, un altar con la inscripción “Al Dios desconocido”  y referido a esto le dijo a los sabios griegos que sobre “lo que ustedes adoran sin conocer, es lo que yo vengo a anunciarles” (Hechos, XVII 22). Las raíces del pensamiento y de la personalidad del gran filósofo dela Democracia -otro converso- se encuentran no sólo en Tomás de Aquino, sino también, en prédica paulina.

La propuesta mariteneana, de un “humanismo integral”, de una “nueva cristiandad” abierta a todos los hombres, a todas las culturas, a todos los pueblos y a todos los creyentes en Dios, no fue en vano y ha dejado su huella dentro y fuera dela Iglesia, en su Europa y en los demás continentes, entre los que creemos en la dignidad del hombre -como persona humana-, en su libertad, en el sentido de su vida, en la justicia, la igualdad, la democracia, en la universalidad de los derechos humanos, en el bien común, en la necesaria amistad cívica y en la necesidad de construir –en un momento histórico en que la globalización parece imparable-  un gobierno mundial -en el marco de una sociedad política, también, mundial-.

Saulo o Pablo

En este Libro Maritain describe a “Saúl que es también Pablo”, que como judío en la dispersión tenía dos nombres el de Saúl o Saulo, su nombre judío, y Pablo, el nombre latino, que usará después de su conversión –dejando de lado el de Saulo-, “quizá para poner de relieve que era en adelante un hombre nuevo.”

Hebreo hijo de Hebreos”, “nació durante la diáspora en Tarso de Cilicia –en Asia Menor (actualmente ubicada en Turquía)-, su padre era ciudadano romano”, y por ello él, también, lo era. El griego será para él una lengua viva. Fue enviado a Jerusalén a donde hizo sus estudios superiores.

Era fariseo como su padre. “Educado en el judaísmo más estricto, alumno del gran doctor fariseo (Rabban) Gamaliel (discípulo de Hilel), persiguió al principio a la Iglesia naciente y aprobó el asesinato de Esteban (que murió apedreado en el año 36, el tercero después de la crucifixión de Jesús).Saulo guardó los vestidos de los que lo apedrearon”, y habiendo estado presente le escuchó decir antes de morir. “Vosotros que habéis recibido la Ley y no habéis guardado la Ley.” Estas palabras serán un tema central de la futura predicación paulina.

“Después de su conversión en el camino de Damasco –ocurrida el mismo año del martirio de Esteban-  ya no vivió más que para predicar a Cristo y para sufrir con Él. ¡Ay de mi si no evangelizo!” Su destino será de allí en más seguir a aquel que contestó la pregunta que formuló cuando cayó en tierra cerca de Damasco: “¿Quién eres Señor? y la respuesta fue Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tu persigues.”. Saulo preguntó entonces “¿Que haré Señor?”Su misión será llevar ese nombre a todas las gentes.

Sus viajes apostólicos están relatados en los Hechos de los Apóstoles y en sus epístolas a las comunidades cristianas y a sus compañeros de apostolado, que fueron escritas en los últimos diez y siete (17) años de un ministerio, que duró treinta (30). Las mismas son “el testimonio más ardiente de su amor evangélico y el tesoro más precioso de doctrina”, cuya luz se proyectó luego en los padres y doctores dela Iglesia, especialmente en San Juan Crisóstomo, San Agustín y Santo Tomás de Aquino y del cual no ha dejado de alimentarse el pensamiento cristiano.

Aprisionado dos veces en Roma, el Apóstol de los Gentiles fue condenado a muerte bajo el reinado de Nerón –un 29 de junio– verosímilmente en el año 67”

El Israel de Jesús

La salvación viene de los judíos” (Juan, IV: 22). De Israel nació el Salvador, de madre judía, “tomó carne humana el Verbo por quién todo ha sido hecho; acogido inmediatamente por el primer programo de la era cristiana, las matanza de los pequeños inocentes judíos en quién el rey Herodes trataba de herir a su Rey”.

Con José y María perteneció a “una familia indigente de pequeños artesanos sin dinero, sin medios de vida y sin pasaportes, los primero refugiados judíos de la era cristiana, con su pobre asno fatigado.” La Segunda Persona de la Trinidad “debe comenzar siempre por ocultarse entre aquellos que no pueden reconocerla.”

Moisés y Pablo

Los apóstoles eran judíos y “Los dos conductores de almas más grande que ha conocido la humanidad, Moisés y Pablo, eran judíos. Uno y otro entrevieron a Dios. Eran hombres rodeados de debilidad, enfermos y temblorosos bajo su terrible misión. Moisés tartamudeaba, Pablo se sentía `abofeteado´ por un mal que lo humillaba (…) ambos eran vagabundos de los caminos (…) Uno y otro fueron perseguidos y abandonados” Moisés transmitió al pueblo de Israel las Tablas de la Ley y Pablo predicó, mediante la “espada de la palabra”, ala Iglesia Universal, de judíos y gentiles.

La esencia de la misión de Pablo fue que “el cristianismo adquirió conciencia de su libertad con respecto al judaísmo y de su pura universalidad.” El “Hijo del Hombre no había venido solamente para el judío, sino para el Hombre, para el género humano(…)era preciso comprender que el salvar con su sangre a los hombres de todas las naciones del mundo no les pedía que se hicieran judíos o judaizantes para ser cristianos, sino que por el contrario hacía de ellos sus verdades israelitas en espíritu y en verdad, su pueblo, circunciso en el corazón, no en la carne, al cual eran llamados a pertenecer igualmente los que venían de la circuncisión y los que venían de la incircuncisión (…) El Reino de la redención continuada de generación en generación, no era ni una secta judía ni una extensión religiosa de la teocracia de Israel sobre todos los pueblos de la tierra, sino, por el contrario, un Cuerpo Universal recientemente engendrado en su realidad visible por la virtud invisible de la sangre de cristo y del Espíritu de Dios

Era necesario comprender la “ruptura extraordinaria -por la cual el Templo roto, desposeído, caído en tierra iba a surgir y a separarse el Israel espiritual, el Templo místico del Cuerpo de Cristo- estaba ella misma condicionada por el traspié de Israel y la gran prevaricación de sus sacerdotes. Era preciso comprender que si la salvación era para todos los hombres y si en Cristo no hay ni judío ni gentil, es porque el poder que opera la salvación no es la Ley de los judíos, sino la Fe en quien ha sido crucificado en nombre de esta misma Ley.”

Intuiciones paulinas

La primera gran intuición de Pablo es la “universalidad del Reino de Dios”.

La segunda es “la primacía de lo interior sobre lo exterior, del espíritu sobre la letra, de la vida de la gracia sobre las observancias externas” Pablo tuvo conciencia de la “inmensa revolución espiritual realizada por Jesús” “En adelante la pureza de corazón importa más que las purificaciones legales, la misericordia más que el Sábado”.

La tercera intuición es “la libertad de los hijos de Dios”. “Los que son conducidos por el Espíritu no están ya bajo la ley. No están ya tampoco por encima de la ley; han pasado al otro lado de las cosas, están en la sustancia interior de la ley, donde la ley no se ve ya desde fuera como ley, sino desde dentro como amor.”

“San Pablo es inseparable de su experiencia. No solamente fue llamado como los demás apóstoles, sino que fue convertido; es el primer gran converso elegido para llevar lejos el nombre de Cristo.”

El Hombre nuevo

Dice en una de sus cartas el Apóstol: “Más ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabra de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó; donde no hay Griego ni Judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre; más Cristo es el Todo, en todos.” (Colosenses, III, 9)

Cuando hablamos del hombre nuevo debemos aclarar que la no exigencia de la circuncisión para ser cristiano pone, con el bautismo, en igualdad de condiciones a todos los hombres, sean ellos varón o mujer, con lo que se continúa una tradición que las enaltece, desde que María fue la Madre de Jesús y que María Magdalena, fue la primera en enterarse de que Cristo había Resucitado y la primera en hacer conocer esta Buena Nueva a los apóstoles y al resto de la humanidad.

El Mensaje

Este libro, con su antiguo y sabio mensaje, recreado para nuestra época por Maritain, es un himno a la esperanza, una convocatoria a creer, a dar sentido a nuestras vidas, a las de quienes nos rodean, a quienes debemos servir y a amar, aunque no piensen como nosotros, aunque respondan a distintas tradiciones religiosas, especialmente a los que sufren, a los pobres de corazón, a quienes quieren descubrir y alcanzar en esta tierra el destino trascendente que, ejerciendo su libertad, el Señor puso al alcance de todos los hombres de buena voluntad.

Los que hemos abordado el pensamiento del gran pensador francés desde el ángulo de la política, después de leer este libro, debemos reconocer que el mensaje que nos legó el campesino del Garona, tiene sus raíces profundas en las enseñanzas de Pablo, el apóstol de los gentiles.

Buenos Aires, Junio de 2012.

La Libertad Religiosa en la Educación de Córdoba

Juan Bautista Alberdi

El tema de hoy lo elegí luego de leer un graffiti, escrito en la pared del frente del Arzobispado de Córdoba cuando se debatía la última ley de educación –y que todavía está-, que dice: “No educarás. Fuera la Iglesia de nuestros colegios”, y que me recordó una frase que escuché en la época del gobierno militar de boca de un guardia de la Cárcel de Sierra Chica -una especie de campo de concentración que había al sur de la provincia de Buenos Aires- mientras hacía cola para ingresar y visitar a un preso político que defendía entonces, y que se lo dijo a una señora que estaba adelante mío en la fila: “La Biblia (que tenía en sus manos) no entra”; y, en esta exposición, me voy a circunscribir a lo que tiene que ver con la Educación religiosa en los colegios de gestión estatal en nuestra provincia, especialmente a partir del debate que hubo en la Convención Constituyente que en 1987 que dictó la quinta Constitución de la provincia de Córdoba, y que tuve el honor de integrar.

La Libertad Religiosa

Pero antes de llegar a este hecho histórico me parece importante significar lo que entiendo por el derecho humano a la libertad religiosa, para lo cual es bueno recordar las palabras que Jesús de Nazaret dijo en respuesta a una pregunta capciosa que le hicieron algunos fariseos y herodianos, a quienes les respondió: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21), ó aquella otra en la que expresó que: “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37). Siempre me ha parecido que estas frases deben haber impactado fuertemente en los judíos de entonces –entre los cuales estaban los primeros cristianos-; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regulaban sus conductas fue, para muchos de ellos, un obstáculo para entender el mensaje liberador y de alcance universal del Hijo de Dios.

Pero me animaría a afirmar, también, que esas palabras todavía no han sido bien entendidas por la humanidad de hoy, en el que incluyo a nosotros los cristianos, que durante estos veinte siglos y en estos tiempos les hemos dado las más diversas interpretaciones. De allí la dificultad que tenemos todavía para ubicar la religión o lo religioso en la sociedad política, y la relación que ello tiene con el Estado, que la gobierna, y las normas que lo rigen; especialmente en aquellas áreas de la sociedad civil, donde confluyen intereses y normas civiles y religiosas, y que podríamos denominar de carácter mixto, como son las referidas a: la preservación de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural; al matrimonio; a la familia; a la educación pública; a los medios de comunicación y a todo lo que tiene que ver con la cultura.

Acabo de participar en dos Simposios Internacionales sobre Libertad Religiosa; en Santiago de Chile, y en Provo, Utah, Estados Unidos de América; donde se revisó el estado de la Libertad Religiosa en el mundo y podemos afirmar que vivimos en la zona del planeta donde menos ataques hay al derecho humano a la libertad religiosa, aunque todavía falta mucho para que podamos afirmar que este derecho está debidamente reconocido y garantizado en el mundo y en nuestro país, a pesar de que hay normas constitucionales, tratados internacionales y leyes que los reconocen. En muchas partes del mundo judíos, cristiano, musulmanes o creyentes de otras religiones, padecen persecución, cárceles, exilios o son condenados a muerte por ser creyentes o practicar su fe.

Libertad de Conciencia, Religiosa y de Culto

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puedan hacerle otras personas o la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las leyes.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando reza; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o se asocia con otras personas para orar o celebrar su culto; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe entonces ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, son parte de la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros. Entendiendo por culto no solamente el conjunto de actos y ceremonias que expresan “veneración y respeto a un ser divino o sagrado”, como definen los diccionarios, sino también a lo que se relaciona con la cultura de un pueblo, de una nación, de un continente o de la humanidad en general.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política o civil y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puedan desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

La confesionalidad del Estado, en nuestro país, se abandonó cuando se dictó la Constitución de 1853, y no se aceptó que el Estado adoptara la Religión Católica como oficial, y quién fundamentó esta posición con más claridad fue un sacerdote católico, el convencional Benjamín Lavaysse, quién en aquella oportunidad expresó que: “(…) la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar el culto exterior (…).Que la religión, como creencia no necesitaba más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva. (…)”.

El bien entendido Estado laico -no laicista-, o secular, donde lo religioso está separado de la estructura estatal –sin que ello signifique ruptura-, no debe entendérselo como una Estado ateo, agnóstico o indiferente ante la religiosidad del pueblo y de la sociedad a la que sirve, y debe mantener con la Iglesias Católica, que es la más arraigada y que mayor número de fieles tiene en nuestro país, y con las demás  confesiones religiosas una relación regida por los principios de autonomía y cooperación. Lamentablemente nuestra Carta Fundamental de 1853 mantuvo, a pesar de la oposición de la Iglesia, el instituto del patronato para que el Estado siguiera interviniendo en la designación de los obispos de la Iglesias catedrales lo que fue dejado sin efecto en el Acuerdo con la Santa Sede de 1966, cuyos principios fueron incorporados al texto de la Constitución en la reforma de 1994.

Educación

En el caso de la educación si bien ya no se discute el derecho a enseñar y a aprender, ni el de la libertad religiosa; su ejercicio, algunas veces, es cuestionado en nombre de un laicismo trasnochado que todavía desconfía, con alguna razón, y teme de que lo que se quiere con ello es volver a usar la educación pública, de gestión estatal, con el propósito de “adoctrinar” a los educandos a favor de algún credo o confesión religiosa; cuando en realidad de lo que se trata es de cumplir con la finalidad de la educación que es contribuir al desarrollo integral de la persona humana, especialmente en lo que tiene que ver con su dimensión trascendente. Para ello es necesario trasmitir a los educandos la experiencia religiosa que la historia, la tradición y los textos sagrados nos han legado.

Las dificultades y problemas que enfrenta el hombre, en estos tiempos, como consecuencia del debilitamiento de la familia; la crisis moral; la desigualdad de oportunidades -especialmente en el plano educacional, laboral, y de ingresos-; la falta de conciencia y participación cívica, la desconfianza en los dirigentes, la inseguridad, la criminalidad, las adicciones, y la distancia entre religión y la vida, etcétera; nos obligan a volver sobre la necesidad de una mejor educación. Con hacer más severo el Código Penal no vamos a corregir la conducta desviadas de las personas.

Para lograr una mejor educación es necesario apelar no sólo a los conocimientos científicos y técnicos, sino también a los principios y valores universales de la moral y ética, que sólo la sabiduría práctica, estudiada por la filosofía y la teología, nos la pueden proporcionar. Ello nos plantea la necesidad de revisar nuestra educación pública, donde es necesario enfatizar los estudios sobre moral, ética, filosofía y teología, conocimientos en los que confluyen la razón y la fe religiosa.

Un  reciente estudio sobre la formación de los docentes -de nivel primario- en nuestra provincia nos dice que: la sociedad cordobesa prioriza la valoración de las competencias axiológicas de los maestros  –es decir la asunción de valores y la conducta ética–  las  que son señaladas como importantes en la formación por el 55, 5 % de los entrevistados. En este último aspecto,  debe destacarse que,  entre la población con mayor nivel de instrucción,  el  83.0% demanda a los maestros que transmitan y sean ejemplo de valores, mientras que,  entre aquéllos que no concluyeron el nivel medio,  la frecuencia de respuestas  es del 42.3%.  Más específicamente se reclama a los maestros que sean capaces de fomentar la solidaridad, la amistad (…)” (Centro de Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba  realizado por Susana Carena, Livio Grasso, Ángel Robledo y otros).

Los estudios sobre moral y religión no pueden estar ausentes de los planes de estudios de los establecimientos educaciones, sean ellos de gestión estatal o privados. Esto no significa que proponemos volver a la experiencia que a nivel nacional se dio entre los años 1943 y 1955[1], o que se viene dando en algunas provincias, como Salta, Tucumán y Catamarca donde se enseñó y enseña educación católica, para los católicos y moral para los que no lo eran o son, sino que se trata de hacer conocer lo religioso a través y según la interpretación de las distintas tradiciones y confesiones religiosas, permitiendo así un mejor desarrollo de la faz trascendente que tiene el educando como persona, y permitir que se enriquezca en los valores que adopte para sustentar su vida como persona y como integrante de la sociedad a la que pertenece. Ello le servirá también para decidir mejor y con ello cimentar los proyectos de vida que decida emprender.

No se trata de alimentar o de difundir la fe entre los educando, ya que ello se debe hacer en el hogar, en los templos o en las instituciones religiosas -como ocurre por ejemplo con los cursos de catecismo-, pero en las escuelas no se puede omitir el trasmitir a los alumnos el significado que tiene para las personas lo religioso, según las distintas tradiciones, con sus libros sagrados, sus ritos y la incidencia que ello ha tenido y tiene en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra legislación y en nuestro modo de vida. Esta omisión implica también una discriminación para aquellos que no pueden acceder a la educación pública de gestión privada donde esta enseñanza es impartida. Que respuesta le debe dar un docente a un alumno que pregunta por qué nuestra Constitución invoca a Dios, como lo hacen más de la mitad de la constituciones de los países que integran las Naciones Unidas. No hay justificativo para negarse a responder en nombre de una falsa neutralidad.

La ley 1420; dictada en 1884 y que se conoce como la que implantó “la enseñanza laica”, en realidad no prohibió la educación religiosa en los colegios del Estado sino que dispuso que: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases” (Artículo 8).

Con la “jornada extendida” o la “doble escolaridad”, que se impone en la actualidad cada día con mayor fuerza, ya no hay pretexto para que la educación religiosa se deje de hacer en las escuelas, al menos en el horario extendido y no con un criterio catequístico sino verdaderamente de educación religiosa. Lo que dispone la nueva ley provincial de educación (ley 9870 artículo 11 A) e) de que la misma debe estar; a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos” tampoco tiene sentido, por el tipo de educación religiosa que se propone, sino también  porque en la actualidad la educación religiosa en las universidades y escuelas confesionales, en casi todos los casos, está a cargo de laicos. No es indispensable que los maestros y profesores que les toque enseñar religión tengan que pertenecer a la misma religión que profesen sus alumnos, lo importa es que conozcan lo que tienen que trasmitir y que lo hagan objetivamente, como les toca hacer a los profesores que enseñan las distintas ideas o doctrinas políticas.

Si de valores y educación se trata el punto de partida tiene que ser la persona humana y el desarrollo de la personalidad dentro de una sociedad encaminada al bien común.

“La primera finalidad de la educación – como bien indica Jacques Maritain- es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre.”  

La educación, que se desarrolla en la familia, la escuela o en la universidad; no puede desentenderse del plan de vida que deberán adoptar los educandos. Una educación preocupada sólo por los medios, los métodos o por el destino laboral del alumno, pero desentendida del fin trascendente del hombre no es una educación integral; como no lo es la que se ocupa sólo de la ciencias, que indaga sobre las causas segundas, y no atiende a lo ontológico, en donde se interroga respecto de las causas primeras; o del destino trascendente de la persona, de lo que se ocupa la teología.

Declaraciones y normas internacionales

Estos propósitos están previstos en normas que en Córdoba no se cumplen, como la que disponen la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (Artículo 12,4) [2] y que se reitera casi textualmente en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales  (Artículo 13, 3); y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 18, 4) de 1966. [3] Dichos tratados de derecho humanos tienen, en nuestro país, jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución).

El Acuerdo firmado por el presidente Inacio Lula da Silva entre Brasil y la Santa Sede en el año 2008 admite la enseñanza religiosa la que se imparte en los horarios normales de las escuelas del Estado, como ocurre en otros países.[4]

Constitución de la Provincia

El rol que le cabe a lo religioso en la Constitución de la provincia de Córdoba, dictada en 1987, es bastante claro, por la influencia de la inspiración de la filosofía “personalista” de alguno de los convencionales que la integrabamos, lo que se muestra en el uso reiterado de la palabra persona (30 veces), que comienza en el preámbulo donde se indica como primera finalidad de la Constitución el: “exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos” y a donde, como en la Nacional, se invoca a “Dios, fuente de toda razón y justicia

En una de sus cláusulas declara que Son inviolables en el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.” (Artículo 5) Y en otra “reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.

Respecto de los derechos personales, es importante resaltar, que, entre otros, reconoce el de “la vida desde la concepción (…)” (Inciso 1) y “A la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica. (…)” (Artículo 19 Inciso 5)

Cuando se refiere a la Educación declara que su finalidad “es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria.(Artículo 61), y como principio de la política educativa dispone que debeAsegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. (…)” (Artículo 62 inciso 5)

Debate sobre educación religiosa en la Convención de 1987

En el debate de ésta dos últimas disposiciones está la esencia de lo que hoy queremos remarcar, ya que para su aprobación fue necesario acordar posiciones que históricamente había sido conflictivas, entre quienes habíamos sido protagonistas de posturas encontradas y que parecían imposible de conciliar, aunque después de sancionada la Constitución estas cláusulas quedaron como letra muerta ya que nunca se implementaron las políticas allí acordadas.

En la cocina de la Asamblea los que postulaban los principios de la “enseñanza laica”, y que seguía la tradición de la ley 1420 y de la reforma universitaria, consiguieron imponer aquella vieja consigna que decía que la educación debía ser libre de dogmatismos”, aunque renunciando al texto de la misma, y colocando en la Constitución sólo el concepto, que no era otro de que la educación pública estatal debía ser “exento de dogmatismo”, expresión que no ofrecía reparo. Como contrapartida aceptaron, de quienes habíamos luchado a favor de la “enseñanza libre” y por lo que declaraba el Pacto de San José de Costa Rica, aquello de que los “padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones”

Luego en el plenario el convencional Ricardo del Barco (Demócrata Cristiano) citando a Eduardo Sánchez Martínez, dijo: “Esto no significa imponer una enseñanza confesional lo cual violentaría manifiestamente la libertad de conciencia de cada uno; significa en cambio que a través de la enseñanza se ayude al que se educa a plantearse problemas de la trascendencia, a plantearse la cuestión de si detrás del más allá de este mundo, no hay algo que le dé sentido. Y después, de las distintas respuestas que cada uno tenga o se dé, no sólo se respeten y toleren, sino que, además, se encuentren en el medio educativo cauces adecuados para su desarrollo y su profundización. (…)”. Y agregó: “Nosotros creemos que en el escuela pública hay que promover un diálogo, también, entre la fe y la cultura, entre la cultura y la vida. Queremos que las distintas expresiones religiosas tengan su ámbito, eso contribuye al pluralismo. No creemos que los católicos que asisten a las escuelas públicas teman no encontrar en ella la expresión de su fe en un encuentro a través de la educación, del diálogo y de la reflexión. No queremos que aquellos que tienen otras confesiones religiosas, cristianas no católicas u otras confesiones, o los que no tienen ninguna no puedan encontrar su expresión en el seno de la escuela pública, según el modo, manera y circunstancia que la propia práctica educativa encuentre y que desde la legislación se oriente para que no se esconda el tema. Que nadie se avergüence de tener una fe o de no tenerla.  Lo que se intenta aquí es que la educación no omita esta dimensión humana, no que le impongamos fe alguna o que utilicemos los recursos del Estado para imponer una fe determinada, aunque sea la fe católica, que es la de la mayoría de este pueblo; tienen tanto derecho las mayorías como las minorías a expresar su disenso y buscar su verdad por otro camino. No teman los señores convencionales: no se intenta con estas cláusulas revivir polémicas del pasado. Hoy queremos transitar nuevos y distintos caminos. Deseamos ante todo que en la escuela estatal se dé un ámbito de encuentro, de búsqueda y diálogo.”

El convencional Jorge de la Rúa (UCR), oponiéndose a lo acordado por la mayoría, pero con la altura que siempre lo ha caracterizado, anticipó las dificultades que habría más tarde en su aplicación, al expresar que: “la norma estaría estableciendo una regla en virtud de la cual, fundado en el derecho de los padres a que se les proporcione a sus hijos educación religiosa en las escuelas estatales, el Estado tienen el deber de proveer esa enseñanza religiosa.(…)La Nación tiene reconocido centenares de cultos y sino hay ánimo de discriminación –como descuento que no lo hay en los miembros de la Comisión- el Estado tendrá que proveer centenares, o miles, de maestros o maestras de religión o de moral, para cubrir todo el espectro religioso e ideológico de los alumnos. Porque de lo contrario, reitero, estaríamos en un plano de discriminación. (…) Creo realmente que estamos frente de una norma que en su amplitud puede generar severos problemas de aplicación práctica, y puede generar reales y concretas situaciones de discriminación. (…)Todas estas razones(…)hacen que anticipe mi voto negativo a este precepto.”

El convencional Juan Carlos Maqueda (Peronismo Renovador) dijo: “No creemos que ese inciso del artículo que está en tratamiento lleve en sí mismo una discriminación, sino que por el contrario lleva un sentido de apertura; lleva la posibilidad que la ley máxima por vía reglamentaria, que será la ley de la Legislatura, valga la redundancia, podrá determinar las formas y los modos en que habrá de impartirse la enseñanza moral o religiosa que prevé este precepto.(…) Damos el voto favorable de la bancada del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana.”

El convencional Abelardo Rahal (UCR), a su vez manifestó: “Creo en el hombre total. Creo en el respeto profundo entre los hombres, Creo en la educación para la libertad. Por eso es que evidentemente no puedo sectorizar al hombre y remitirlo solamente a las expresiones de su razón en la vinculación solidaria. Creo que la dimensión religiosa está totalmente compenetrada dentro de la naturaleza humana.(…)Por eso –reitero- mi voto positivo va a ser por convicción y no sólo por disciplina de bloque.”

La convencional Ileana Sabattini (UCR), cuya actuación fue fundamental para acordar la cláusula que en definitiva se aprobó, dijo: “Si a un radical se le dice que se va aplicar la ley 1420, se pone contento, si a un católico se le dice que se va a aplicar la ley 1420, que está tildada de laicista, se horroriza. Pues bien, señores convencionales: hoy como no se ha mencionado la ley 1420, nos hemos dividido por el mismo tema y con los argumentos expuestos, de manera opuesta. Es decir, estamos preconizando la posibilidad de que los padres organicen fuera de la hora de clase, sin pago por parte del Estado, la educación religiosa. Se está contemplando a la persona como una integridad, no solamente educar a todos los ciudadanos, sino a todos el ciudadano; se está reiterando lo que hemos firmado en los pactos internacionales (…).”

La Nueva Ley de Educación

El 15 de diciembre de 2010 la Legislatura de Córdoba aprobó la ley 9870, luego de un largo debate donde grupos de activistas hicieron distintas manifestaciones y tomas de colegios secundarios en contra de su sanción; la que días después fue promulgada por el Poder Ejecutivo, y en la misma se declaró que: “Se reconoce a la familia como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones; (…) (artículo 3º b) y queLos padres, o quienes los sustituyeren legalmente, tienen sobre la educación de sus hijos los siguientes derechos(…) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, una enseñanza general exenta de dogmatismos que pudiera afectar las convicciones personales y familiares; y: A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado, como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos; (…) (Artículo 11).

No advertimos que tampoco, luego del ríspido debate que hizo posible esta ley, haya una voluntad política clara para hacer efectiva la educación religiosa en las escuelas públicas del Estado provincial..

Programa Valores Comunes

Sin embargo, en el marco del convenio firmado por el Ministerio de Educación de la provincia y el COMIPAZ (Comité Interreligioso por la Paz) se realiza desde el año 2007 el Programa de Educación en Valores Comunes, con el objetivo de crear espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones, respetando la diversidad cultural y religiosa, la libertad y la convivencia. El programa está dirigido a alumnos/as de 4° año del nivel medio y desde su implementación han participado más de 6000 alumnos/as de escuelas de gestión pública y privada de capital e interior, dichas escuelas son elegidas por las supervisiones del Ministerio.

El programa tiene como Objetivos: Favorecer espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones que buscan una sociedad más fraterna. Fortalecer el respeto de la Libertad y la Convivencia por parte de los y las jóvenes. Dicho Programa tiene tres etapas: Una primera etapa en la que alumnos/as y docentes visitan los templos de las religiones que conforman el COMIPAZ. La segunda etapa se desarrolla en  la escuela, en cada curso, donde los y las docentes a cargo de esta experiencia, abordan con los alumnos y las alumnas la lectura y reflexión de la “Convención de los Derechos Humanos”, donde se les sugiere desde el Área de Educación en Derechos Humanos e Interculturalidad pautas abiertas orientadoras del trabajo. Por último se desarrolla un Festival por la Paz, para conmemorar el día de la libertad religiosa, donde se presentan las producciones realizadas por los alumnos/as y se realizan actividades recreativas de integración.

Por otro lado, la ley nacional 25.878 de 2003 declaró el día 29 de julio como “el Día de los Valores Humanos” (Art. 1º) y dispone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrará los medios necesarios para que se desarrollen clases alusivas a esta conmemoración en los establecimientos educativos de todo el país.” (Art. 2º). Esto nos ratifica en la necesidad de que los “valores humanos” declarados en la Constitución, como los que tienen que ver con la religiosidad de nuestro pueblo, no pueden estar ausentes de la educación.

Reflexión Final

No somos ingenuos y conocemos las dificultades políticas que acarrea poner nuevamente en el debate político esta cuestión, pero ello no nos exime de hacer presente, una vez más, que la calidad educativa es un propósito, que va a la par de la necesidad y del reclamo por una “educación inclusiva”, porque no solamente debemos tratar de que todos los niños y jóvenes tengan un  lugar en el sistema educativo, sino también que la misma incluya en su currícula  aquello que tiene que ver con el destino trascendente del hombre..

Si en los programas de estudio están ausente los valores morales y religiosos y dejamos que ello se trasmitan sólo en la familia, en el templo o en la educación de gestión privada, estamos cometiendo una grave omisión, y en muchos casos una discriminación a quienes aspiran a que sus hijos tengan una educación integral que abarque también la educación religiosa y no están en condiciones de pagar una educación privada donde no haya esa carencia.

Por ello es que me animo a afirmar que la provincia de Córdoba tiene esta deuda pendiente con sus niños, con sus jóvenes y con sus ciudadanos, y que el implementar la educación religiosa en los colegios no es sólo una obligación del gobierno, sino también de la sociedad civil y de las instituciones que velan por una mejor educación.

Agradezco a la Academia del Plata que me haya dado la oportunidad para replantear este debate y de reiterar esta propuesta inexplicablemente postergada.

Quisiera terminar recordando las sabias palabra de Alberdi cuando afirmaba, refiriéndose a los fines de la Constitución Argentina, que El hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras. La religión debe ser hoy, como en el siglo XVI el primer objeto de nuestras leyes fundamentales.”

Agregaba, además, que “nuestra política moderna americana (…) debe  mantener y proteger la religión de nuestros padres, como la primera necesidad de nuestro orden social y político; pero debe protegerla por la libertad, por la tolerancia y por todos los medios que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal (…)”

“La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión  católica, y hoy me atrevería a agregar: “los demás credos religiosos”, el medio de educar esas poblaciones.”

Córdoba, Octubre de 2011.


[1] Decreto 18.411 de 1943 del Presidente de facto Pedro Pablo Ramírez: “En las escuelas públicas de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio. Quedan excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral.” (Art. 1) “Los docentes que tengan a su cargo la enseñanza de la Religión Católica serán designados por el Gobierno debiendo recaer sus nombramientos en personas autorizadas por la Autoridad Eclesiástica”. (art. 2) Los programas y los textos destinados a la enseñanza religiosa será aprobados por el gobierno, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica.” (Art. 3) Este decreto fue ratificado por la ley 12.978 de 1947 y fue derogado por la  ley 14.401 del 13 de mayo de 1955.

[2] Este tratado fue aprobado en la Provincia de Córdoba por ley 7098 de 1984 y una disposición complementaria de su Constitución de 1987 dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derecho Humanos” (Preámbulo y Parte I) (…).”

[3] El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Y el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Art. 18, 4).

[4] Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativa al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil firmado el 13 de noviembre de 2008. Artigo 11º A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. §1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação.