El Vínculo entre Religión y la Paz

religion y paz

Emmanuel Macron ha dicho y ha dicho bien que “los que más atesora una nación, lo que le da vida, lo que la hace grande y lo que es esencial para ella son sus valores morales”, esto bien lo podríamos ampliar afirmando que toda sociedad política atesora valores, principios, reglas e ideas fuerza, de carácter moral o de derecho natural, que encuentran su fundamentos en sus constituciones y en las creencias y principios religiosos de los que la integran.

La Constitución de un país, como la nuestra, aparte de ser el acta fundacional y organizacional de una sociedad política y de su estado, declara y garantiza derechos de los que la integran, y fija deberes a qué atenerse. Los objetivos, los principios, los valores y las ideas fuerza que hicieron posible su fundación y organización, también declaradas por la Norma fundamental, son básicas para orientar su posterior reglamentación y aplicación.

La religión o las religiones que profesan los que viven en estas sociedades políticas crean, al exteriorizarse, relaciones jurídicas que merecen ser reguladas. La paz es una idea fuerza y un valor que los ciudadanos y las autoridades del estado deben tratar de realizar y de hacer posible para una mejor convivencia social.

Si queremos determinar qué vinculo hay entre la religión y la paz, tenemos que precisar su significado.

Religión, según el Diccionario de la Real Academia Española es el: “Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.” Se entiende, también, que hay religiones no teístas, como el budismo, el confucianismo, el taoísmo, etcétera.

La Paz, para dicho Diccionario, es la: “(…) 2. f. Pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la guerra o a la turbulencia. (…) 4. f. Sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en contraposición a las disensiones, riñas y pleitos.5. f. Reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia. 6. f. Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y las pasiones.”

 

Religión y Paz en la Constitución Argentina

Nuestra Constitución utiliza la palabra paz en cuatro oportunidades: en el preámbulo, cuando declara como objetivo “consolidar la paz interior”; en el artículo 27, al señalar que “El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras (…)”; en el art. 75 inc. 25, cuando dispone que el Congreso debe “Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz”; y en el inc. 27 cuando dice: “Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y de guerra (…)”.

La religión es mencionada desde el preámbulo, cuando expresa “invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”, y en el artículo 19, al referirse a “Las acciones privadas de los hombres que (…) están sólo reservadas a Dios (…)”.

El término culto está en el art. 2 cuando habla del sostenimiento del “culto católico, apostólico romano”, y en el art. 14, cuando enumera y declara como derecho de los habitantes el “de profesar libremente su culto”. El art. 75 inciso 22 menciona que el Congreso puede “Aprobar o desechar (…) los concordatos con la Santa Sede (…)”. El art. 73 declara que “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)”.

Desde 1994, el artículo 93, único que se refiere a la religión, no exige, como lo hacía antes, que el presidente y el vicepresidente juren por Dios, sino por “sus creencias religiosas”. Los tratados internacionales, que ahora tienen jerarquía internacional, han invocan reiteradamente a la paz.

 

La religión y la paz en la sociedad política y con el estado.

Jesús dijo:

“Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21); y

“Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37).

No siempre se ha interpretado con claridad estas expresiones, que no solamente establecen una diferencia o separación del poder político con el de la autoridad religiosa, sino que, por el contexto en que fueron dichas, significan también que la autoridad Divina es superior a las autoridades humanas.

Hay sociedades políticas que ubican a la religión y lo religioso en un lugar preponderante. Esto lo hacen no solamente por la fe que profesan los que la componen, sino, y muy especialmente, porque comparten las normas morales y reglas del derecho natural que son esenciales en sus creencias, sus conductas, su modo de vida y su prédica. Pero hay otras que no respetan la libertad religiosa, sea porque adoptan alguna y discriminan a otras, o porque las reconocen solo como una creencia aprisionada en la conciencia de las personas, o porque directamente la niegan, la prohíben y muchas veces la combaten.

Hay constituciones que diferencian la autoridad del estado con el de las religiones, como la nuestra, donde la “autonomía y la cooperación”, como bien lo expresa la Constitución de Córdoba (Art. 6), son la regla principal. Sin embargo, existen otras donde ambas se identifican y confunden, o que adoptan o declaran a alguna como religión oficial. Hay, también, constituciones que omiten o desconocen a ciertas religiones, y estados que persiguen a quienes las profesan.

 

Las religiones y la Paz del mundo

Las dos guerras mundiales fueron sepultadas por dos bombas atómicas. La guerra fría con la caída del muro de Berlín, y sus últimos atisbos por el acuerdo de EEUU y Cuba en época de Obama. Pero las guerras religiosas o antirreligiosas parecen no terminar, aunque emergen nuevas modalidades.

En este siglo, Al Qaeda destruyó las Torres Gemelas; el Estado Islámico (ISIS en inglés) desde Irak propuso una guerra santa (yihad) para imponer un califato. Hubo atentados en París en la revista Charlie Hebdo y muchos más; en Nigeria, por Boko Haram; en Kenia, por Al Shabab; en Sudán del sur; y entre palestinos y judíos. Esta violencia nos muestra que hay conflictos políticos o étnicos que usan o instrumentan la religión para imponerse, atraer adeptos o vencer al enemigo. Usan la religión y lo religioso como pretexto para conseguir objetivos políticos, pisoteando la dignidad de la persona humana y violando las normas morales y del derecho natural.

En este mundo globalizado, la violencia (política-religiosa-étnica) no tiene frontera, y puede ocurrir en cualquier parte. Argentina lo padeció con el atentado a la embajada de Israel en 1992 y en 1994 contra la AMIA, y en 2015 con la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Judíos, cristianos, musulmanes y quienes profesan otros credos muchas veces son perseguidos, denostados o castigados por su fe, por practicar su culto o cambiarlo; por lo que es imprescindible reforzar las garantías a estos derechos injustamente vulnerados.

Por ello, el Consejo Argentino de la Libertad Religiosa (CALIR) impulsa la aprobación de una ley interna y de un tratado internacional de libertad religiosa, que no solo declare derechos – como hacen ya algunas normas internacionales-, sino también que cree un órgano internacional que encueste, supervise, aconseje y medie para el mejor ejercicio de estos derechos, y denuncie e impulse el juzgamiento de las graves violaciones de los mismos. Que aliente, además, la secularización de los estados, el respeto de la autonomía de las iglesias o confesiones religiosas, y vele por el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de conciencia, religiosa y de culto. Que periódicamente informe, como lo hace en la actualidad el Relator de Libertad Religiosa de la ONU, los avances y retrocesos que ocurren en esta materia.

 

La buena noticia de la Paz

Las ideas fuerza que declaran las constituciones al igual que las religiones muchas veces han sido mejor explicadas, ponderadas y fundamentadas por los libros sagrados que por las constituciones, los tratados y las leyes positivas, como ocurre por ejemplo con la idea de la paz, lo que es claro apreciar en la tradición judeo-cristiana.

La paz, en el Antiguo Testamento, es fruto de una vida entregada a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir la alianza. Es el regalo que Dios hace al justo (cfr. Sal 119, 164-168). La paz auténtica, por tanto, se da cuando Dios reina realmente en medio del pueblo de Dios. Es lo que anuncia el segundo Isaías (en 52, 7): “Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: “Ya reina tu Dios”.

Un Salmo exclama: “Oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo del rey tu justicia: que con justicia gobierne a tu pueblo, con equidad a los humildes. Traigan los montes paz al pueblo y justicia los collados (colinas). Él hará justicia a los humildes del pueblo, salvará a los hijos de los pobres, y aplastará al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad; caerá como la lluvia en el retoño, como el rocío que humedece la tierra. En sus días florecerá la justicia, y dilatada paz hasta que no haya luna” (Salmo 72, 1-7).

El Nuevo Testamento proclama: “Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará sus hijos” (Mateo 5, 9).

Esta Buena Noticia de la Paz, que Dios regala al mundo por medio de Jesús, resuena específicamente en el canto de los ángeles, cuando estos anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace” (Lucas 2, 14).

San Pablo explica: “Porque él (Cristo) es nuestra paz: él que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca”. Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo Espíritu” (Éfeso 2, 14-18).

“Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de la justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz.” (Santiago 3,16-18).

San Óscar Arnulfo Romero nos recordaba: “Hermanos, si de veras lo somos: ¡hermanos!, trabajemos por construir un amor y una paz – pero no una paz y un amor superficiales, de sentimientos, de apariencias-, sino un amor y una paz que tiene sus realces profundas en la justicia. Sin justicia no hay amor verdadero, sin justicia no hay la verdadera paz. He aquí, pues, que si queremos seguir la vertiente del bien que nos hace solidarios con Cristo, tratemos de matar en el corazón los malos instintos que llevan a estas violencias y a estos crímenes y tratemos de sembrar en nuestro propio corazón, y en el corazón de todos aquellos con quienes compartimos la vida, el amor, la paz, pero una paz y un amor en la base de la justicia”.

SS Francisco ha dicho: “¡Cómo quisiera que por un momento todos los hombres y las mujeres de buena voluntad mirasen la Cruz!”, haciendo hincapié en que en la Cruz “se puede leer la respuesta de Dios: allí, a la violencia no se ha respondido con violencia, a la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la Cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor que nosotros cristianos y los hermanos de las otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad gritasen con fuerza: ¡La violencia y la guerra nunca son el camino para la paz!” (“La palabra Paz atraviesa todo el Evangelio” Jornada Internacional de intercesión por la paz en Tierra Santa; Domingo, 26 enero 2014).

 

Conclusión

La fuerza de la idea de la paz, si la analizamos desde la óptica de la Constitución y de la religión, adquiere una importancia mayor, tanto cuando se refiere a la dimensión interior de las personas, al interior de la sociedad política, o a las relaciones internacionales, como cuando bregamos para conseguirla a partir de las creencias y las convicciones religiosas.

La paz, vista desde esta perspectiva, y que no siempre coincide con la idea de felicidad, no solamente debe entenderse como contraria al opresor, a la muerte, a la guerra, al atentado, a la violencia, al secuestro, al escrache, al crimen, a la intolerancia, a los malos instintos o directamente al mal; sino que debemos asociarla con el amor, la hermandad, la amistad, la justicia, la equidad, la compasión, la reconciliación, el perdón, la concordia, la tranquilidad, el sosiego, la quietud y la buena correspondencia.

Demoler muros, eludir barreras, suprimir grietas; evitar disensiones, riñas y pleitos; construir puentes y caminos; hacer posible el diálogo, la conversación y la negociación. Todo ello es indispensable para lograr consensos y hacer posible la paz.

Córdoba, noviembre de 2018.

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Educar en valores desde la Enseñanza religiosa

Jorge Horacio Gentile

En la audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó en un juicio en el que se pretende suprimir la Enseñanza Religiosa que se imparte en la provincia de Salta desde antes de 1886, fui el primer Amigo del Tribunal, en exponer defendiendo esa práctica, que reciben los alumnos de 6 a 12 años, de 1° a 7° grado, en las escuelas primarias públicas de gestión estatal, dos veces por semana (40 minutos). La imparten docentes especializados, que anualmente reciben la opción de los padres de qué religión quieren que sus hijos profundicen; y que trabajan en las aulas con los grupos de alumnos de distintas orientaciones religiosas, pero que comparten contenidos comunes.

A los alumnos cuyos padres optan para que a sus hijos no reciban ninguna educación religiosa se les ofrece enseñarles valores universales u otras materias dentro de aula. Trabajan con los demás, salvo que los padres soliciten que el niño salga fuera del aula y, en ese caso, quedan siempre a cargo de algún docente, nunca solos. Ni a los padres ni a los alumnos se les exige declarar la religión que profesan.

Lo religioso es parte de la cultura por lo que no puede la escuela dejar de enseñar el significado del crucifijo, con el que juran la mayoría de los funcionarios o magistrados; ni la estrella de David, de los judíos; o la media Luna, de los musulmanes. Por qué son días feriados el de la Navidad o de la Semana Santa; o por qué hay provincias que se llaman San Juan o Santa Cruz, o por qué hay iglesias, sinagogas o mezquitas. Prohibir enseñar religión en las escuelas es discriminar.

Cuando la Constitución invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia” afirma que los derecho humanos que ella garantiza; en defensa de la libertad, la vida, el trabajo, la justicia, la paz, la igualdad y el bienestar general; tienen por fuente a Dios. Entonces, cuando se enseña que los hombres deben ser iguales y actuar fraternalmente, que mejor que explicar que debemos “amarnos los unos a los otros”, o recordar que el prójimo es hijo de Dios como lo somos todos. La fuerza de estos argumentos no es igual si se prescinde de lo religioso.

Lo que hoy se enseña en Salta no es igual que la Educación Católica o Moral que se impartía entre 1943 y 1955 en todo el país. El contenido de la materia es Religión, en sus distintas versiones, sin adoctrinar a los niños para ninguna, con objetividad y acentuando la que optaron los padres. No hay monopolio de la religión católica, no se enseña el catecismo, incluso hay escuelas donde la totalidad de los alumnos son evangélicos o testigos de Jehová, y así está orientada su enseñanza.

La Constitución salteña, al igual que la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Art. 12.4), dispone que: “Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”(Art. 49). Además la Nacional exige a las provincias reglar la educación primaria (Art. 5), lo que bien ha hecho Salta y la Nación no puede cambiar.

La ley 1420, que hoy no está vigente nunca declaró “la enseñanza laica”, dispuso que la enseñanza religiosa solo podrá ser dada por los ministros autorizados de los distintos cultos antes o después de las horas de clase. En Salta más de la mitad de los colegios tiene jornada extendida, de 6 u 8 horas, y en poco tiempo la tendrán todas; lo que torna hoy absurdo este límite. Además, en todos los niveles de educación hay materias optativas, ¿por qué no en la Enseñanza Religiosa?

La reforma política más importante que espera el país es en educación, donde la prioridad es trasmitir valores y principios éticos, que nos ayuden a superar las grietas, la inseguridad, la violencia y la corrupción. La experiencia salteña, es digna de ser imitada.

Córdoba, septiembre de 2017.

 

Religión y drogas 

 

Papa Francisco

Papa Francisco

La “autonomía y la cooperación”, deben regir las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y las demás confesiones religiosas, ya que los ciudadanos, en su gran mayoría, son también sus fieles.

Históricamente la “cooperación” de los religiosos suplió las falencias del Estado al ocuparse de los indigenas, presos, pobres, enfermos, ancianos, de las villas de emergencia, de la educación y, en los albores de la Patria, hasta de la política (la mayoría de los que declararon la Independencia en Tucumán hace 200 años fueron clérigos).

Ahora, el presidente Mauricio Macri nos propuso 3 objetivos: “pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a la Argentina”; y no lo logrará sin la “cooperación” de los ciudadanos, de la Iglesia y demás cultos. Pero en la reciente y breve audiencia en el Vaticano en que Macri fue recibido por SS Francisco -que al finalizar mostró un rostro adusto-, nos dejó con la duda si estos objetivos fueron conversados.

El vínculo de lo religioso con las drogas abarca:

  • Compartir valores éticos, cívicos y religiosos, que garanticen la dignidad de la persona humana, puesta en riesgo con el consumo de drogas y con las adicciones;
  • Las cooperación de las confesiones religiosas con el Estado, para terminar con la oferta y la demanda del tráfico de estupefacientes;
  • Que el Estado y las organizaciones religiosas trabajen juntas en la educación y la prevención, para evitar el consumo de drogas, y en la rehabilitación de los adictos.

Valores éticos 

Los principios éticos que declara la Constitución, desde que invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia”, y, al reconocer los “derechos (naturales) no enumerados”, protegen a ciudadanos y fieles.

SS Francisco dijo que:

La droga es un mal y ante el mal no se puede ceder ni tener compromisos”, y agregó que la droga no se vence con la droga. La droga es un mal, y con el mal no se puede ceder ni tener compromisos. Pensar que se puede reducir el daño permitiendo el uso de sustancias psicotrópicas a las personas que siguen usando drogas, no resuelve el problema”.

Y, añade, que “la legalización, incluso parcial, de las llamadas ‘drogas blandas’, además de ser discutible en términos legislativos, no produce los efectos esperados. Las drogas sustitutivas, por otra parte, no constituyen una terapia suficiente, sino una forma velada de entrega al fenómeno”.

Quiero reiterar lo que dije en otra ocasión: No a cualquier tipo de droga(…)Pero para decir este ‘no’, hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de trabajo”, afirmó.

Dijo, además, que el “azote de la droga sigue haciendo estragos con formas y extensión impresionantes, alimentado por un mercado turbio que traspasa las fronteras nacionales y continentales. Así, crece cada vez más el peligro para los jóvenes y adolescentes.

Las oportunidades de trabajo, la educación, el deporte, la vida sana; este es el camino que lleva a la prevención de la droga. Sí esto se hacen verdades no hay espacio para las drogas, para el abuso de alcohol, para otras adicciones”, aseguró.

Una política de Estado contra el narcotráfico debe dirigirse a la oferta y la demanda de las drogas ilegales.

Oferta

El combate contra la oferta debe estar a cargo de una agencia federal, con personal especializado y recursos suficientes, que coordine el accionar de las policías: federal, aeroportuaria y de las provincias; de la gendarmería, la Prefectura, los Servicio de Inteligencia, la Aduana, las Fuerzas Armadas, la Unidad de Información Financiera; y colaborará con los tribunales federales y provinciales y la Cancillería, que deberá acordar con otros países.

Esta agencia controlará fronteras, rutas –terrestres, aéreas y fluviales-, pistas de aterrizaje -donde transitan drogas y los insumos que la tratan; cocinas; kioscos y los recursos financieros que genera este vil negocio.

Las organizaciones religiosas poco harán al respecto, salvo distanciarse de los traficantes y disputarle los liderazgo en los lugares en donde actúan.

Demanda

El día que no haya más demanda, o sea consumidores, se termina el narcotráfico, de allí que la “guerra a las drogas” tiene sentido si la política  seguida respecto de la demanda es eficaz.

El aumento del consumo de drogas se da cuando:

  • crece la pobreza y la marginalidad; 
  • hay jóvenes que no trabajan, ni estudian;
  • se pierde la cultura del trabajo;
  • la calidad educativa está en crisis, 
  • hay inestabilidad en los empleos y en los estudios;
  • se debilitan los lazos familiares, y
  • realizar un plan de vida se torna difícil.

El Sedronar, en nuestro país, es la agencia que se ocupa de la demanda, y debe coordinar, descentralizadamente, la educación, prevención y asistencia de los consumidores y adictos a las drogas; que llevarán a cabo  municipios, comunas, provincias, parroquias, templos, capillas, sinagogas, mezquitas y ONG. Así se cubrirán los déficit estructurales del Estado en barrios, pueblos y en sectores sociales donde opera el narcotráfico y residen consumidores y adictos.

El Papa Francisco dijo, también, que:

”La Iglesia, fiel al mandato de Jesús de ir allí donde hay un ser humano que sufre, que tiene sed, hambre, que está en la cárcel, no ha abandonado a los que han caído en la espiral de la droga, sino que con su amor creativo ha salido a su encuentro. Los ha tomado de la mano, a través del trabajo de muchos trabajadores y voluntarios para que pudieran volver a descubrir su dignidad, ayudándolos a resucitar esos recursos, esos talentos personales que la droga había enterrado, pero que no pudo cancelar porque cada hombre está creado a imagen y semejanza de Dios”.

El Estado sin la ayuda de las religiones difícilmente vencerá a las drogas.

Córdoba, mayo de 2016.

Tratado de Libertad Religiosa: Un sendero hacia la paz

Logo_CALIR2Las guerras mundiales fueron sepultadas por dos bombas atómicas, la guerra fría con la caída del muro de Berlín, y sus últimos atisbos por el acuerdo de EEUU y Cuba; pero las guerras religiosas parecen no terminar, aunque con nuevas modalidades.

En este siglo Al Qaeda destruyó las Torres Gemelas; Estado Islámico (ISIS en inglés) desde Irak propone una guerra santa (yihad) para imponer un califato. Hubo atentados en París en Charlie Hebdo; en Nigeria por Boko Haram; en Kenia por Al Shabab; más los que se dieron en Sudán del sur; y entre palestinos y judíos. Esta violencia nos muestra que hay conflictos políticos o étnicos que usan o instrumentan la religión para imponerse, atraer adeptos y vencer al enemigo.

En el mundo globalizado este tipo de violencia no tiene frontera, y puede ocurrir en cualquier parte. Argentina lo padeció en la embajada del Israel y en la AMIA, y la muerte del fiscal Nisman parece relacionarse con ello.

Judíos, cristianos, musulmanes y quienes profesan otros credos muchas veces son perseguidos, denostados o castigados por su fe, por practicar su culto o cambiarlo; por lo que es imprescindible reforzar las garantías a estos derechos injustamente vulnerados. Por ello el Consejo Argentino de la Libertad Religiosa (CALIR) dispuso impulsar la firma de un tratado internacional de libertad religiosa, que no solo declare derechos – como hacen ya algunas normas internacionales-, sino también con el propósito de crear un órgano internacional que encueste, supervise, aconseje y medie para el mejor ejercicio de estos derecho, y denuncie e impulse el juzgamiento o juzgue las graves violación de los mismos. Que aliente, además, la secularización de los estados, el respeto de la autonomía de las iglesias o confesiones religiosas, y vele por el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de conciencia, religiosa y de culto. Que periódicamente informe, como lo hace en la actualidad el Relator de Libertad Religiosa de la ONU, los avances y retrocesos en esta materia,

CALIR acaba de presentar esta propuesta al SS Francisco y trabaja en difundirla ante gobiernos e instituciones internacionales. Años atrás se la intentó sin éxito, pero hoy parece por demás necesaria, y aunque más no sea desde el fin del mundo, merece que sea impulsada para que, algún día, se pueda hacer realidad la proclama de Martin Luther King:

Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: ¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipotente, ¡somos libres al fin!

Córdoba, agosto de 2015.

Un gesto de confraternidad ínter religiosa

Papa Francisco

Papa Francisco


Cuando a un grupo de personas se nos encomendó organizar este Congreso nos propusimos que el mismo, además de significar un aporte a una causa que no tiene fronteras en el mundo de hoy, se pudiera mostrar, ante los ojos de quién lo quiera ver, como un gesto que refleje que la libertad religiosa es posible ejercitarla, incluso, entre quienes siguen distintas tradiciones religiosas, y hasta con aquellos que no pertenecen a ninguna confesión religiosa, pero con los que compartimos principios y valores que respetan la dignidad de la persona humana.

Judíos, cristiano y musulmanes recordamos un gesto que nos han marcado como fueron las palabras del Altísimo pronunciadas, según las Sagradas Escrituras, ante la decisión obediente de nuestro padre común, Abraham, cuando estaba por sacrificar a Isaac (para judíos y cristiano) o Ismael (para musulmanes), cuando le ordenó: “no pongas tu mano sobre tu hijo ni le hagas daños”(…)“te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar”(…) “por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra”. Según lo dicho nos sentimos bendecido por esta inmensa herencia.

Los Evangelios recuerdan palabras, que sirve para alimentar la esperanza de todos los hombre de buena voluntad, pronunciadas por Jesucristo ante Lázaro, luego de haber sido resucitado a pedido de su hermana Marta, que afirmaban que: “El que crea en mi aunque muera vivirá”. La promesa de vida eterna sólo la puede hacer Dios y es un gesto que nos reconforta a todos.
Otro gesto histórico es aquel que nos relata la tradición oral musulmana por el que el ángel Gabriel despertó al último profeta del Islam y le hizo cabalgar de La Meca a Jerusalén pasando por Medina y Belén. Lo que nos hace pensar que hoy es también posible sentirnos unidos en el trayecto recorrido por el profeta Mahoma entre estas ciudades tan queridas y significativas para los que somos creyentes.

En nuestros días, en este año 2014, el viaje de Su Santidad Francisco, acompañado de Abraham Skorka y Omar Aboud, a Tierra Santa, como la posterior oración del Papa Francisco con los presidentes Shimón Pérez, de Israel, y Mohamud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, en Roma, son otros gestos fraternales que en este Congreso hemos querido imitar, quizás para que los que nos vean puedan decir, algo que se parezca, a lo que se decía de los primeros cristianos: “Mira (…) cómo se aman unos a otros”.
Si esta idea se ha logrado en las aulas de la Universidad Nacional de Córdoba, a donde se reunió este Congreso, seguramente podremos decir que lo que nos propusimos lo hemos conseguido, y que este gesto merece ser difundido como indica el lema del escudo de esta cuatricentenaria Casa de Altos Estudio, cuando dice: “Ut Portem Nomen Meum (Coran Gentibus)”: “para que lleven mi nombre a las gentes”.

Discurso del Profesor Doctor Jorge Horacio Gentile en el Acto de Clausura Congreso Internacional “La Libertad religiosa en el Siglo XXI: Religión, sociedad y estado” realizado en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba el 5 septiembre de 2014.

Libertad de Conciencia y libertad religiosa en la Argentina

Simbolos Religiosos

Simbolos Religiosos

Las Normas

•                La Constitución Nacional dispone en su Artículo 2. El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano. El artículo 14 dice que: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: (…) profesar libremente su culto (…). Y el artículo 73 dispone: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.”

•                La Declaración Universal de los Derecho Humanos de la ONU dice en su Artículo 18. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”

•                La Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 12, 4 titulado “Libertad de conciencia y de religión” expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”;

•                El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

•                El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 18. (…) 4. Que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

•                La Constitución de la provincia de Córdoba declara en su: Artículo 5. “Son inviolables en el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.”  Cultos Artículo 6. “La Provincia de Córdoba, reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.” Política Educativa Artículo 62. “La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos: (…)5. (…)Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. (…)”

•                La Ley: 9891 del año 2001 de la provincia de Córdoba dispone: Artículo 1º.-   Créase el “Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica”.

Artículo 2º.-  El Programa Provincial de Prevención y Asistencia a  las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica tiene por objetivos:

a)  Promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación de acciones tendientes a lograr la detección temprana y prevención de cualquier situación de manipulación psicológica, y

b)  Brindar asistencia interdisciplinaria a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica.

Artículo 3º.-   A los fines de la presente Ley entiéndese por:

a)    Grupos que usan técnicas de manipulación psicológica: todas aquellas organizaciones, asociaciones o movimientos que exhiben una gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa y que emplean en su dinámica de captación o adoctrinamiento técnicas de persuasión coercitivas que propicien:

1)    La destrucción de la personalidad previa del adepto o la dañen severamente, y

2)    La destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva del adepto con su entorno social habitual y consigo mismo, y el que por su dinámica funcionamiento le lleve a destruir o conculcar derechos jurídicos inalienables en un estado de derecho.

b)    Víctimas:

1)        Todas las personas directamente ofendidas por el grupo;

2)        Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o la persona que convivía con ella ligada por vínculos especiales de afecto;

3)        El último tutor, curador o guardador;

4)        Los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o por adopción, o segundo de afinidad;

5)        El representante legal, y

6)        El heredero testamentario.

Artículo 4º.-  A los efectos de la ejecución del presente Programa se determina como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 5º.- En el marco del Programa Provincial de Prevención y Asistencia  a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica, la Autoridad de Aplicación tiene las siguientes funciones:

a)  Investigar y estudiar las principales directrices de los grupos definidos en el artículo 3º de la presente Ley;

b)  Realizar campañas de información en la población sobre las características de estos grupos, de modo que cada uno pueda prevenirse contra las consecuencias negativas, así como facilitar el debate abierto en el seno de la sociedad y de la comunidad y velar para que cada ciudadano no sea privado de su derecho de libre decisión;

c)   Canalizar las presentaciones receptadas sobre estos grupos que impliquen algún tipo de violación de derechos, denunciando los hechos ante las autoridades correspondientes;

d)  Promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la ayuda a los adeptos deseosos de salirse del grupo, así como de los ex-adeptos en su reinserción social y la solidaridad correspondiente con sus familiares;

e)   Sensibilizar a la opinión pública, desde la información y la educación tolerante, ante la peligrosidad que supone la existencia de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica o de la  personalidad;

f)    Coordinar acciones con organismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial, y

g)  Proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de manipulación mental y de condicionamiento psíquico o intelectual que, bajo cualquier máscara filosófica, religiosa o comercial pueden disimular sus prácticas.

Artículo 6º.-       A los fines del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de esta Ley se constituirá un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos y abogados especializados en la temática, para el estudio y abordaje integral de la asistencia a las víctimas, que tendrá a su cargo:

(…)

La Libertad Religiosa como Derecho Humano

Las palabras de Jesucristo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21) y “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37) no solamente impactaron en el pueblo judío; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido; sino que hoy todavía no ha podido asimilarse el alcance y el profundo contenido que nos trasmitió. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regían las conductas de los judíos para muchos de ellos fue un obstáculo para entender el mensaje liberador y universal del Hijo de Dios. Pero la incomprensión o las dificultades para entender la palabra de Jesús no fueron solamente del pueblo judío o de los primeros cristianos; me animo a afirmar que todavía hoy no hemos podido, pasado veinte siglos, darle el verdadero alcance que tuvieron las palabras, las frases y las parábolas que nos relata el Evangelio, como las que acabamos de recordar, y que tienen que ver con el tema que hoy trataremos que analizar y de interpretar.

Persona humana

El hombre, se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser conciente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.” (Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956).

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

La libertad de conciencia no se refiere solo a las opciones que el hombre hace, desde su conciencia y de sus intimas convicciones, y que  luego las exterioriza respecto de su fe religiosa; sino también a aquellas otras decisiones por la cual, por ejemplo, se niega a: a usar de armas o prestar el servicio militar, a reverenciar símbolos patrios, a que se le hagan o a practicar ciertos tratamientos médicos como las transfusión de sangre, etcétera.

El ejercicio de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa debe ser reconocido y garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

1. Religión: Persona, Sociedad y Estado

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

2. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa

La persona, consciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

3. El Derecho Humano a la Libertad Religiosa.

El derecho que toda persona tiene al ejercicio de la libertad religiosa debe ser respetado y garantizado por las normas que reglamentan su ejercicio y la misma alcanzan, entre otros, a los siguientes derechos:

1.1. A profesar sus creencias religiosas;

1.2. A cambiar o abandonar dichas creencias;

1.3. A manifestarlas;

1.4. A no estar obligado a expresarlas;

1.5. A recibir y trasmitir información religiosa;

1.6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;

1.7. A rezar y practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;

1.8. A no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;

1.9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas o actos religiosos en lugares públicos,

1.10. A asociarse con fines religiosos;

1.11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales,

asilos, cárceles, comisarías, cuarteles o en el campo de batalla;

1.12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;

1.13. A educar y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimiento de educación pública estatal;

1.14. A conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;

1.15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.

1.16. A que se respete el secreto de confesión.

A la Iglesia y los demás confesiones religiosas se le debe garantizar también, vía reglamentación al menos, los siguientes derechos:

1.1. A que les reconozca su personería jurídica, su organización en base a las normas que ellas mismas se dicten, y las autoridades que designen.

1.2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.

1.3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;

1.4. A tener cementerios;

1.5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial;

1.6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o las de otras comunidades religiosas, dentro y fuera del país;

1.7. A admitir o excluir fieles;

1.8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, enviar – dentro y fuera del país – o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual y económicamente;

1.9. A reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas dentro y fuera del país.

1.10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.

1.11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.

1.12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a la Iglesia o a la confesión religiosa que indiquen, para el sostenimiento de las mismas.

1.13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

La mayoría de estos derechos, cuya enumeración no es taxativa, están reconocidos por la Constitución Nacional, la de las provincias, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, y por leyes nacionales y provinciales.

4. Sociedad Política, Estado, Iglesia, Autoridades Eclesiástica y otras Confesiones Religiosas.

De lo antes expresado queda claro que quien es religioso es la persona y que la expresión social del fenómeno religioso se da en las sociedades intermedias; como la familia, en las comunidades religiosas y en la sociedad política; y no en el Estado, que no profesa ninguna religión, por lo que podemos afirmar que es laico, aunque no sea indiferente ante la religiosidad de los ciudadanos, ni a las instituciones religiosas que viven y se desarrollan en el seno de la sociedad política a la que sirve, ni a la religiosidad de quienes ocupan cargos de gobierno o en la administración.

La Iglesia Católica como institución universal tiene reconocimiento como persona jurídica desde hace siglos por los usos y costumbres del derecho de gente o derecho internacional, y como así tácitamente lo reconoce la Constitución Nacional (Art. 2 y 75 inc. 22), y expresamente lo hace el Código Civil (Arts. 33 y 2345), en nuestro país.

La autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que tiene su Sede en el Vaticano, puede celebrar concordatos con el gobierno argentino (Art. 75 inciso 22), lo que no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse también acuerdos con las autoridades locales de la Iglesia, sus institutos de vida consagrada, y con las demás confesiones religiosas.

Las demás confesiones religiosas tienen también el derecho al reconocimiento de su personería jurídica aunque actualmente ello no se encuentra debidamente legislado en la Argentina y sólo consiguen su reconocimiento como tales a través de la adopción de formas sociales o asociacionales, civiles o comerciales, que no se ajustan a su naturaleza religiosa, y con la previa inscripción en un registro de cultos, que funciona en la Secretaria de Cultos de la Nación.

5. Separación, Autonomía y Cooperación.

De ello se desprende la necesaria autonomía que tienen la Iglesia y las demás confesiones religiosas respecto del Estado, fundamentadas jurídicamente en las personalidades jurídicas distintas que invisten el Estado, la Iglesia y las demás confesiones religiosas.

Podemos válidamente afirmar, entonces, que existe separación entre el Estado y la Iglesia, como también respecto de las demás confesiones religiosas. Pero ello no debe interpretarse como ruptura, sino, todo por el contrario, implica también cooperación.

La cooperación entre Iglesia y Estado es fundamental en el campo mixto; como en el de la bioética, el matrimonio, la familia, la cultura, la educación, lo social, los medios de comunicación, el patrimonio cultural, etcétera; en cuyas relaciones humanas se hace necesario armonizar las normas morales y canónicas con la legislación positiva.

6. Estado Laico y Limitado.

El Estado no adopta ni tiene una religión, como todavía rezan algunas constituciones provinciales (Santa Fe, Art. 3º, y Catamarca, Art. 2º) que declaran a la Católica como la Religión de la provincia, y como bien quedó aclarado en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 cuando se discutió el artículo 2º de la Constitución Nacional, en la sesión del 21 de abril de ese año, cuando el convencional y prelado Benjamín J. Lavaysse sostuvo “(…)que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva (…)” lo que implicaba que el Estado no debía adoptar religión alguna y que debía declararse la libertad de culto. A la expresión “adopta y sostiene el culto católico” del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (Art. 3º) los constituyente le suprimieron el “adopta” al incorporarlo a nuestra Carta Fundamental (Art. 2), por las razones esgrimidas por el padre Lavaysse y José Benjamín Gorostiaga.

7. La Igualdad de Derechos y la Libertad Religiosa.

Las personas físicas y jurídicas, titulares del derecho a la libertad religiosa, son iguales ante la ley. Esta igualdad debe interpretarse, como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, como lo ha hecho en distintos pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a distintas cuestiones (Fallos: 16:118, sentencia del 1º de mayo de 1875). El número de files que integran las distintas confesiones religiosas, su expansión en el mundo y en nuestro país, y su significación histórica, cultural y social deben ser tenidas en cuenta a los efectos de hacer esta interpretación.

La invocación del derecho a la libertad religiosa no justifica actos de discriminación ni admite privilegios o supremacía para el acceso a cargos públicos, como ocurre por ejemplo cuando la Constitución Nacional dispone que: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)” (Art.73). La ley 23.592 tipifica y castiga los actos discriminatorios.

8. Cuestiones controvertidas

Hay algunas cuestiones importantes que necesitarían ser resueltas normativamente para que los argentinos podamos ejercitar más plenamente la libertad religiosa, a saber:

1.1. El Gobierno Federal debe propiciar ante la comunidad internacional la firma de un tratado de derechos humanos sobre libertad religiosa.

1.2. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que hoy actualmente sólo tienen un simbólico sentido reparatorio por la confiscación de bienes que se le hicieron en el siglo XIX, ya que en modo alguno alcanzan para el sosteniendo que manda el texto constitucional.

1.3. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito. Debe suprimirse el artículo 73 que prohíbe ingresar al Congreso a los eclesiásticos regulares.

1.4. Debe reglamentarse el derecho a profesar y ejercer libremente su culto (Arts. 14 y 20 de la Constitución) y dictarse una ley de libertad religiosa, que derogue la ley de facto 21.745, y que declarare y garantice los derechos de los habitantes y de las confesiones religiosas, que hay actualmente en el país, y reconozca la personaría jurídica y de las que en el futuro puedan ser solicitadas. El convencional José Benjamín Gorostiaga así lo expresó en la sesión del 24 de abril de 1853 de la Convención Constituyente.

1.5. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

1.6. Debe modificarse el Código Civil para que se reconozca el matrimonio religioso, y se establezca la forma en que los mismos sean inscriptos en el Registro General de las Personas, como lo tiene establecido la legislación de Brasil y Chile.

1.7. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), que ser reitera en otros tratados internacionales y constitucionales provinciales. Actualmente se cumple con ello en las provincia de Salta, Tucumán y Catamarca.

1.8. Modificar el Código Penal a los efectos de preservar mejor el bien jurídico protegido: libertad religiosa y sancionar las conductas discriminatorias, fraudulentas, agresivas y contrarias a los derechos humanos ejercidas por personas o por quienes creen o intervengan en falsas confesiones religiosas, comúnmente denominadas “sectas”, y que invocan su condición religiosa con fines ilícitos.

ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA

A pesar que la Constitución de 1853 declaró que todos los habitantes de la

Nación gozan del derecho a “profesar libremente su culto” (art. 14), desde su mismo texto y luego en su aplicación hubo normas y conductas que atentaron contra la libertad religiosa:

1. La Constitución de 1853 restringió el derecho a la libertad religiosa al mantener el privilegio del Patronato (art. 64 inc. 19 y 86 inc. 8), y establecer que el Presidente “ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de los obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado.”, institución del derecho canónico que el Papa, que lo otorga, nunca se lo concedió ni se lo reconoció a los gobierno patrios, que se lo atribuyeron desde la Revolución de Mayo, a pesar que el mismo sí le había sido concedido a los monarcas españoles que lo precedieron. Estas normas sobre patronato frustraron las primeras misiones para lograr la firma de un concordato con la Silla Apostólica de Juan Bautista Alberdi en 1856 y de Juan del Campillo de 1858.

También se afectó la libertad religiosa cuando estableció el llamado exequátur por el que el Presidente “concede el pase o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves, Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo de la Suprema Corte, requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes.” (art. 86 inc.9), lo que implicaba una inaceptable censura.

Se le prohibió, además, ser miembros del Congreso a los religiosos regulares (art. 62) y se exigió que el Congreso autorice la introducción de nuevas órdenes religiosas (art. 64 inc. 20), lo que limitaban aún más la libertad.

Estas disposiciones, excepción hecha de la prohibición a los religiosos regulares de ser miembros del Congreso -que todavía existe-, tuvieron vigencia hasta el Acuerdo entre el Gobierno Argentino y la Santa Sede de 1966 y fueron eliminadas del Texto Fundamental en la reforma de 1994.

2. El Breve de Pío IX por el que se dispuso que el distrito de Tarija, dependiente de la diócesis de Salta, pasó a depender del de La Plata (Sucre, en Bolivia) motivó una nota de reclamo del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Confederación al delegado apostólico Marino Marini, quién había llegado al país en 1858 designado por el Papa, por afectar el derecho de Patronato y por las consecuencias negativas que esa medida podía tener para los derechos que nuestro país detentaba en esos territorios, cuya delimitación todavía no estaba fijada. Sin embargo, el gobierno otorgó el pase a dicho Breve.

3. La Corte Suprema en 1863 decidió restringir las atribuciones al Delegado Apostólico Marino Marini por lo que se le exigiría el pase a las cédulas o decretos que expida como delegado del Pontífice, que no podía ejercer funciones episcopales atribuida a los obispos, debía abstenerse de levantar información respecto de los candidatos a obispos u arzobispos y a no ejercer funciones judiciales eclesiásticas. (Fallos, 1:180)

4. La ley 49 de 1863 tipificó delito federal, castigado con pena de uno a cuatro años de extrañamiento, “al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos de la Corte Pontificia de aquellos que, para su ejecución, necesitaren del pase del Gobierno, sin haberlo obtenido”. Al que lo ejecutare o mandare a ejecutar cuando el pase fuere negado se le aplicaría de cuatro a ocho años de extrañamiento. Estas disposiciones pasaron al Código Penal de 1921, en art. 228, todavía no derogado expresamente, aunque por el Acuerdo de 1966 y la reforma Constitucional de 1994 no existe más el pase.

5. El 28 de febrero de 1875 grupos anticlericales ataca el edificio del Arzobispado de Buenos Aires e incendian del Colegio El Salvador, con motivo de la decisión del arzobispo de Buenos Aires Monseñor Aneiros de confiar la Iglesia de San Ignacio a los jesuitas.

6. En junio de 1883 el Poder Ejecutivo deja cesante al rector del Colegio Nacional de Buenos Aires José Manuel Estrada por haberse manifestado en contra de la sanción de la que iba a ser ley 1420 de Educación Común.

7. El 6 de junio de 1884 el presidente Julio Argentino Roca destituyó al

Vicario el canónigo Gerónimo Clara, a cargo de la diócesis vacante de Córdoba por fallecimiento de Fray Mamerto Esquiú, por haber prohibido en una carta pastoral a sus fieles enviar a sus hijas a la Escuela Normal dirigida por una maestra protestantes. El obispo de Salta Fray Risso y Patrón y los vicarios de Jujuy, Demetrio Cau, y de Santiago del Estero, Rayniero Lugones, emitieron cartas similares y por otro decreto del 13 de noviembre de 1884 fueron suspendidos y se les iniciaron procesos penales por rebelión y conspirar para alterar la forma de gobierno.

8. Por decreto del 14 de octubre de 1884 se expulsa del país del Nuncio Apostólico de Monseñor Luis Mattera, por haberse reunido con Francisca Amstromg, directora norteamericana de la Escuela Normal de Córdoba cuando viajó a esa ciudad para la asunción del nuevo obispo Juan Capistrano Tissera, y se interrumpen las relaciones con la Santa Sede por quince años.

9. Por las leyes 1144 de 1881 y la 1893 de 1886 se establecieron los recursos de fuerza para que los tribunales de la Capital Federal conocieran en grado de apelación las decisiones de los tribunales eclesiásticos, esto motivó reclamos de las autoridades eclesiásticas, pero nunca fueron planteados dicho recursos.

10. Otro conflicto entre el gobierno argentino y Roma se produjo cuando el Papa Pío XI no designó al presbítero Miguel de Andrea como Arzobispo de Buenos Aires a pesar hacer hecho la presentación por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear en 1923: En el año siguiente el Papa designó como administrador apostólico a Monseñor Juan Agustín Boneo, obispo de San Fe, resolución que fue desconocida por el Poder Ejecutivo y por la Corte Suprema que no concedió el pase, en 1925, a la Bula que nombró a Boneo (Fallos 142:342). Con la renuncia de Miguel de Andrea el gobierno presentó para la vacante a Fray José María Botaro quién fue designado por el Papa en 1926 arzobispo de Buenos Aires, con lo que se zanjaron las diferencias.

11. El 26 de abril de 1946 por Decreto 11.576 del Presidente Edelmiro Farrell se creó el Fichero Oficial del Culto Católico Apostólico y Romano para llevar los datos de sacerdotes del clero secular y de las órdenes y congregaciones religiosas que había en el país para ejercer las atribuciones del Patronato Nacional.

12. El mismo presidente el 31 de mayo de 1946 por el Decreto Nº 15.829, dispuso la inscripción obligatoria de los cultos distintos al Católico en un Registro Nacional de Cultos en el que prohibía el proselitismo de los mismos entre los indios, en virtud del artículo 67 inciso 15 de la Constitución que decía que los indios debía ser convertidos al catolicismo.

Pero antes que se implementara y por el Decreto Nº 16.160, del 29 de octubre de ese año, del presidente Juan Domingo Perón , a pedido de la Confederación de Iglesias Evangélicas y de la Convención Evangélica Bautista se archivaron las actuaciones relacionadas con el anterior decreto.

El Decreto Nº 31.814 de 1948 creó el Fichero de Cultos, que el Decreto 1.127, del 6 de febrero de 1959, del Presidente Arturo Frondizi, derogó y dispuso reorganizarlo.

En el Registro Nacional de Cultos, que reemplazó al Fichero de Cultos, está regulado desde 1979 por la ley, de facto, 21.745, reglamentada por Decreto 2.037, del 23 de agosto de 1979, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de las instituciones religiosas en el mismo.

En 2000 había inscriptas unas 2.300 “instituciones” religiosas (templos, iglesias, pero también escuelas, bibliotecas y ateneos deportivos), 100 de las cuales eran judías, 10 islámicas, 20 iglesias ortodoxas, 1.800 evangélicas, 230 espiritistas y 200 umbandistas o africanistas.

13. Los conflictos de Perón con la Iglesia en 1955 llevó a que el 11 de junio se produjera una multitudinaria procesión de Corpus Cristi -cuatro días antes del bombardeo de la Casa Rosada-, que derivó en una marcha al Congreso y a la asistieron unas 150 mil personas.

El conflicto creció cuando la Policía Federal dijo que había sido quemada una bandera argentina durante dicha procesión. Un grupo de jóvenes católicos que custodiaba la Catedral de Buenos Aires fueron atacados a pedradas y palazos por manifestantes peronistas. Dentro del templo, donde también estaban Tomás Casares, miembro de la Corte Suprema, y el obispo Manuel Tato, trabaron las puertas con los bancos. A la noche llegó el juez Carlos Gentile con la policía y se llevó 356 detenidos a la cárcel de Devoto, que fueron liberados la semana siguiente.

Por este conflicto el Poder Ejecutivo exoneró y expulsó del país a monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Manuel Novoa, lo que sería dejado sin efecto por el decreto 505 del 7 de octubre de 1955, por el gobierno del General Eduardo Lonardi.

La noche del 16 de junio de 1955, después de los bombardeos a Plaza de Mayo y la residencia presidencial, donde fallecieron más de trescientas personas, fueron incendiadas la Curia Eclesiástica -situada al lado de la Catedral- y las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, La Piedad, La Merced, San Miguel, San Juan, San Nicolás de Bari, el Socorro y Nuestra Señora de las Victorias.

Durante este conflicto con la Iglesia fueron detenidos sesenta y siete clérigos.

El Congreso, por su parte, sancionó la ley 14.400 que exigió que las reuniones públicas debieran hacerse en lugares cerrados y con previa autorización policial, con lo que quería evitar otra procesión como la de Corpus Cristi.

La ley 14.404, del 20 de mayo de 1955, declaró necesaria la reforma constitucional “en todo cuanto se vincule a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”.; y la ley 14.424, del 18 de agosto de 1955, prorrogó por 180 días el plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria, la que nunca se realizó.

Por ley 14.405, del 20 de mayo de 1955, se derogaron todas las disposiciones que acordaba exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, templos, conventos, etc.; lo que fue derogado por el Decreto Nº 317 del 4 de octubre de 1955.

El Decreto 3991 de ese año suprimió cinco feriados por festividades católicas.

14. A los Testigos de Jehová se les canceló la inscripción en el Registro de Cultos en 1948 y la recuperaron recién en 1984, y han sufrido actos discriminatorios por su negativa a hacer el servicio militar obligatorio y por no honrar los símbolos patrios, y muchos de sus fieles fueron condenados por los Tribunales Militares y padecieron prisión, especialmente durante el gobierno del proceso (1976-1983).

15. Durante dicho gobierno militar se produjeron graves atentados contra la libertad religiosa y la persona de ministros y fieles de distintos cultos. Sólo recordaremos los más resonantes.

En lo que se dio en llamar “la masacre de San Patricio”, fueron asesinados por grupo de tareas los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976.

El 4 de agosto de 1976 fue asesinado Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, hecho que no ha sido esclarecido todavía, encontrándose actualmente en marcha una investigación judicial.

Las monjas francesas, Léonie Duquet y Alice Domon, fueron secuestradas y asesinadas a fines de 1977.

Las otras confesiones religiosas, sus ministros y fieles han padecido, en este luctuoso período, restricciones contra la libertad religiosa como las prohibiciones a practicar sus cultos, censuras, discriminaciones, persecuciones, detenciones y desapariciones; como atentados a personas, por su condición de religiosos; a templos; a cementerios; a mezquitas; sinagogas y demás lugares sagrados.

16. Los judíos, muchas veces, fueron discriminados y perseguidos. El antisemitismo hizo que a principio del siglo veinte la policía les sellara con la estrella de David los documentos de identidad. Mención especial merece por su gravedad el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, donde funcionaba un rabinato, en el que fallecieron 85 personas; que se sucedió al que se perpetuó el 17 de marzo de 1992 contra la sede de la Embajada de Israel en la que murieron 29 personas y fueron heridas 242.

17. Durante el gobierno de presidente Néstor Kirchner hubo conflicto con la Iglesia Católica por distintos motivos.

Por Decreto 220, del 18 de marzo de 2005, se dejó sin efecto el acuerdo para la designación como Obispo Castrense a Monseñor Antonio Juan Baseotto, un ministro de posturas conservadoras que había sido nombrado en el año 2002; porque criticó la posición abortista del Ministro de Salud Ginés González García, con una cita que contenía una metáfora que al Poder Ejecutivo ofendió.

El presidente Kirchner nunca simpatizó y mantuvo distancia con el entonces cardenal primado Jorge Bergoglio, hoy el papa Francisco, y no asistió a los tedeum que se celebran en las fiestas patrias, actitud que mantuvo su esposa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta que el arzobispo fue designado papa.

En la provincia de Misiones ante la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, se erigió en líder de la oposición al obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, de perfil progresista, que fue candidato a constituyente en 2006 y triunfó en aquellas elecciones, abortando así la reforma reeleccionista de la Constitución.

18. En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la falta de respuesta al placet del Estado del Vaticano al embajador Alberto Iribarne, publicitado por el gobierno argentino, tensó las relaciones entre el actual gobierno y la Santa Sede, situación que se superó con la renuncia de Iribarne y la designación del nuevo embajador Juan Pablo Cafiero, quién en poco tiempo obtuvo el placet de la Santa Sede.

La Iglesia Católica y la Libertad Religiosa

La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa.

En la declaración “Dignitatis humanae”, del 7 de diciembre de 1965, del Concilio Vaticano II  “Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(…)Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil.”(…)

“La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.”(…)

“A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.” (…)

“Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.” (…)

“Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas.” (…)

En la declaración “Nostra aetate”, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas del 28 de octubre de 1965, dice: “La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, “observando en medio de las naciones una conducta ejemplar” (1Pe 2,12) si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres (Cfr. Rom. 12,18), para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos (Cfr. Mt.5, 45).” (…)

Reflexión Final

El derecho humano a la libertad de conciencia y religiosa debe ser mejor protegido por la legislación argentina y cultivada en la cultura ciudadana por la educación. En la comunidad internacional los argentinos debemos proponer un tratado internacional sobre libertad religiosa.

Los mejores deseos para que estos propósitos se hagan posibles encuentran su mejor síntesis en estas palabras de Benedicto XVI:

“Que los miembros de todas las religiones estén unidos en la defensa y promoción de la vida y la libertad religiosa en todo el mundo. Y que, dedicándonos generosamente a este sagrado deber -a través del diálogo y de tantos pequeños actos de amor, de comprensión y de compasión – seamos instrumentos de paz para toda la familia humana.” (17 de abril de 2008 en Washington D. C.)

Córdoba, abril de 2013.

Cómo garantizar la libertad religiosa en Argentina

Jorge Bergoglio

Un paso importante para deslindar definitivamente los ámbitos de competencia entre el Estado Argentino y la Iglesia Católica Apostólica y Romana; que estuvieron unidos y confundidos mientras fuimos parte de la Corona Española; fue el Acuerdo de la Santa Sede y la República Argentina, celebrado el 10 de octubre de 1966, en el que bajo la fórmula “autonomía y la cooperación”, la Iglesia Católica se liberó de la ingerencia del Estado, establecida por la Constitución, en lo referente a: la designación de los obispos residenciales (patronato), en el pase (o exequátur) de las normas dictadas dictadas en Roma y de la necesaria autorización del Congreso para el ingreso de nuevas órdenes religiosas, lo que se ratificó en la Reforma Constitucional de 1994, donde, además, se suprimió el requisito exigido para ser presidente y vicepresidente de la Nación de pertenecer a la comunión Católica, exigencia canónica para el ejercicio del patronato, que implícitamente el Acuerdo había dejado sin efecto y que la Convención de Santa Fe Paraná eliminó del Texto Fundamental.

Algunas cuestiones que perturban la libertad religiosa

Se dice, muchas veces, que en nuestro país hay plena libertad religiosa y que no hay conflictos como en otros países, lo que es una verdad a media, porque se olvidan los siguientes hechos históricos:

  • Que existe todavía el Registro Nacional de Cultos: que tiene por antecedente una política dirigida a controlar los cultos que no sean el Católico y que se implementó por primera vez mediante el Decreto Nº 15.829, del 31 de mayo de 1946, que dispuso la inscripción obligatoria de los cultos -que no sea el Católico- en un Registro Nacional de Cultos, pero por Decreto Nº 16.160, del 29 de octubre de ese año, se archivaron las actuaciones relacionadas con el anterior decreto. El Decreto Nº 31.814 de 1948 creó el Fichero de Cultos, que el Decreto 1.127, del 6 de febrero de 1959, del Presidente Arturo Frondizi, dispuso reorganizarlo. En el Registro Nacional de Cultos, que reemplazó al Fichero de Cultos, esta regulado desde 1979 por la ley, de facto, 21.745, reglamentada por Decreto 2.037, del 23 de agosto de 1979, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de las instituciones religiosas en el mismo.
  •    A los Testigos de Jehová se les canceló la inscripción en el Registro de Cultos en 1948 y la recuperaron recién en 1984, y han sufrido actos discriminatorios por su negativa a hacer el servicio militar obligatorio y por no honrar los símbolos patrios, y muchos de sus fieles fueron condenados por los Tribunales Militares y padecieron prisión, especialmente durante el último gobierno militar (1976-1983).
  •   Los conflictos de Perón con la Iglesia en 1955, con la expulsión de monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Monseñor Manuel Novoa, después de la procesión de Corpus Cristi del 11 de junio de ese año -cuatro días antes del bombardeo de la Casa Rosada-, que derivó en una marcha al Congreso.  Además del incendio de las iglesias en Buenos Aires. Ello motivó, también, que se dictara la ley 14.404, del 20 de mayo de 1955, por la que se declaró necesaria la reforma constitucional en todo cuanto se vincule a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”; más tarde, por ley 14.424, del 18 de agosto de 1955, se prorrogó por 180 días el plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria, lo que nunca se realizó. Por ley 14.405, del 20  de mayo de 1955, se derogó todas las disposiciones que acordaba exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, templos, conventos, etc.; lo que fue derogado por el Decreto Nº 317 del 4 de octubre de 1955.
  •   El asesinado del obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, y la desaparición, muerte y encarcelamiento de muchos sacerdotes, monjas –alguna arrojada desde un avión al Río de la Plata- y fieles durante la represión durante el último Gobierno Militar.
  •   Los atropellos padecidos por otras confesiones religiosas como las prohibiciones a practicar cultos que no sea el Católico, las censuras, discriminación; las persecuciones, detenciones y desapariciones durante el último gobierno militar; los atentados a personas por su condición de religiosas, a templos, a cementerios, a mezquitas y demás lugares sagrados.
  •   Los actos discriminatorios contra los judíos que al principio del siglo XX, muchas veces, se les sellaba con la estrella de David los documentos de identidad, o las frecuentes inscripción de leyendas o grafitis ofensivos en cementerios o instituciones judías. El atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, donde funcionaba un rabinato, en el que fallecieron 85 personas; que se sucedió al que se perpetuó el 17 de marzo de 1992 contra la sede de la Embajada de Israel.  Marcos Aguinis nos recuerda que la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina) se fundó en 1935 “para enfrentar la campaña antisemita, que fogoneaba la embajada de Alemania nazi con apoyo de los fascistas locales” afirmó que en 2007 se hubo 348 actos antisemitas en Argentina, según fuentes periodísticas, de los departamentos de asistencia comunitaria y jurídica de la DAIA y los datos del INADI.” Durante 2006 llegaron a 586. (La Nación  “Contra el odio a los judíos” del 3 de octubre de 2008)
  •    En el gobierno de Néstor Kirchner hubo conflicto con la Iglesia Católica por distintos motivos.
  •   En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner los conflictos se sucedieron por:
    1. El presidente Néstor Kirchner por Decreto 220, del 18 de marzo de 2005, dejó sin efecto el acuerdo para de designación como Obispo Castrense a Monseñor Antonio Juan Baseotto, que había sido designado en el año 2002; un obispo conservador, porque criticó la posición abortista del Ministro de Salud Ginés González García, con una cita que contenía una metáfora que al Poder Ejecutivo ofendió. En 2007 Monseñor Baseotto presentó la renuncia por haber cumplido 75 años pero no se le designó obispo reemplazante hasta ahora.
    2. Este primer mandatario nunca simpatizó y mantuvo distancia con el cardenal primado Jorge Bergoglio, un arzobispo moderado, y no asistió a los tedeum que se celebran en las fiestas patrias en la Catedral de Buenos Aires, actitud que mantiene su esposa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
    3. En Misiones ante la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, se erigió en líder de la oposición el obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, de perfil progresista, que fue candidato a constituyente en 2006 y triunfó en aquellas elecciones, abortando así la reforma reeleccionista de la Constitución.
    4. Otro motivo de conflicto fue la sanción de la ley 26.130 sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria del año 2006 en el que se autoriza la “ligadura de trompas” y otras prácticas que son contrarias a la  moral natural y según las enseñanzas de las doctrinas religiosas más acendradas.
    5. Aprobación del 2006 del “Protocolo facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las forma de discriminación de la ONU de 1999 contra la mujer” en el que se le reconoce  a un Comité  internacional a hacer recomendaciones sobre aplicación de dicha Convención favorables al aborto.
  1. la falta de respuesta al placet del Estado del Vaticano al embajador Alberto Iribarne, publicitado por el gobierno argentino, tensó las relaciones entre el actual gobierno y la Santa Sede, situación que se superó con la renuncia de Iribarne y la designación del nuevo embajador Juan Pablo Cafiero, quién en poco tiempo obtuvo el placet de la Santa Sede.
  2. La forma en que se acaba de legislar sobre  el aborto en caso de violación a través de una sentencia de la Corte Suprema, donde la muerte del niño por nacer (de 8 meses de gestación) se había producido, y a donde (en abstracto) el Tribunal fija normas generales, procedimientos, protocolos y cuestiones de conciencia para casos posteriores; a sabiendas que el derecho humano a la vida desde la concepción es una de las convicciones éticas más arraigadas por un sector muy importante de la sociedad que profesamos convicciones religiosas en nuestro país
  3. La forma en que se debatió y sancionó en el Congreso de la Nación la ley de matrimonio de las personas del mismo sexo, tema  que no había sido discutido antes en una campaña electoral, ni había sido incluido en la plataforma de ningún candidato y que había sido consultado al pueblo, a sabiendas de que este era un tema muy sensible a quienes tenemos sentimientos religiosos.

Cuestiones pendientes

Pero, más allá de estos conflictos, hay hoy algunos problemas que son necesarios enfrentar para tener una mejor libertad religiosa:

A nivel constitucional:

1. Sostenimiento de los cultos: Actualmente el principal sosteniendo de todos los cultos que hace el Estado Argentino es a través de las exenciones impositiva. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que actualmente sólo tienen valor un simbólico por su insignificancia. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito.

2. Los eclesiásticos regulares (de órdenes o congregaciones religiosas): no pueden ser miembros del Congreso de la Nación (Art. 73 CN), ni de las Legislaturas de Santiago del Estero, Chaco, La Pampa y San Luis, por disposiciones constitucional, que deberán derogarse, por discriminatorias.

A nivel de normas internacionales

3. Propiciar un tratado internacional sobre libertad religiosa.

A nivel de normas nacionales:

4. Matrimonio religioso y civil: Debe reconocerse el matrimonio religioso, y sus consecuencias jurídicas, sin perjuicio de su registración civil, como lo ha hecho, últimamente, la legislación brasilera y chilena.

5. Proyecto de Código Civil y Comercial: No se ha incorporado como persona jurídica las iglesias o confesiones religiosas que no sea la Iglesia Católica. El vertiginoso tratamiento que se le ha impreso al necesario debate que debe haber sobre el mismo, especialmente en cuestiones que afectan a derechos humanos que defendemos quienes tenemos arraigadas convicciones éticas y religiosas, como son las referidas al matrimonio, a la gestación asistida, a la relación de padres e hijos, y a la adopción, para señalar las más importantes, nos hacen temer que, como ocurrió con el aborto y el matrimonio de las personas del mismo sexo, no se haga un verdadero debate, ni se consulte al pueblo respecto de lo que opina sobre estos temas.

6. Educación religiosa: Sin volver a la enseñanza obligatoria de religión o moral, de los años 40 y 50, es necesario incorporar a la educación los contenidos religiosos en los planes de estudio, especialmente ahora donde se trata de extender la jornada escolar. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o  pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), Actualmente se cumple sólo en algunas provincias de Salta y Tucumán.

7. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

8. Políticas sociales: La contribución de las confesiones religiosas a las políticas sociales, decisiva en la crisis del 2001, debe continuar concertada con el Estado, sin descuidar la promoción humana, destino final de ellas.

9. Bienes artísticos y culturales: El estado lamentable de muchos de ellos, especialmente en el interior, hace necesario también concertar políticas, en las que participen el Estado Federal, las provincias y los municipios.

10. Vicariato castrense: La cuestión debe resolverse con diálogo y madurez, algo que no hubo en este desgraciado asunto.

11. Capellanías: Deberá acordarse la asistencia espiritual de los que la necesiten con los ministros de las confesiones que los mismos profesen.

12. Registro de culto. Deberá terminarse con el actual Registro y con la política de fichar o registrar organizaciones religiosas para controlarlas. La Secretaría de Culto debería reconocer la personería jurídica a las confesiones que lo pidan, con su propia organización, sin que tengan que disfrazarse –como ocurre ahora- de asociaciones civiles o sociedades. Pero para ello es necesario definir que es un confesión religiosa, o, al menos, que no es.

13. Personería jurídica de otras organizaciones sociales con fines religiosos. Diferenciar las personería de las confesiones religiosas de las demás organizaciones sociales en las que participan integrantes de ellas o que tienen también fines religiosos, como editoriales, clubes, mutuales, etcétera. Deberán establecerse normas específicas de procedimiento referidas al otorgamiento y cancelación de estas personerías jurídicas religiosas.

14. Consejo federal y consejos provinciales de libertad religiosa: Deberán crearse estos ámbitos de diálogo y debate sobre cuestiones ínter-religiosa a nivel federal y provincial.

15. Ley nacional sobre libertad religiosa: Varias de estas cuestiones deberían ser materia de una ley de libertad religiosa, donde se declaren, además, lo derechos personales y colectivos que lo comprenden. Algunas disposiciones podrían incorporarse al Código Civil, especialmente las que reconocen la personería jurídica de las distintas confesiones religiosas.

16. Código Penal: Deberán penarse conductas contrarias a la libertad religiosa, como los que simulen ser ministros religiosos o atenten contra los que lo sean; y las profanación de lugares destinados al culto o el hurto o robo de objetos sagrados..

17. Acuerdos con los cultos históricos: La Constitución prevé concordatos con la Santa Sede, pero no prohíbe al Estado acordar con otros cultos, lo que podría hacerse como España lo ha hecho con los arraigados.

A nivel Provincial y Municipal:

18. Constituciones provinciales: Las de Catamarca y Santa Fe dicen que la Religión Católica es la de la provincia, contrariando a la Nacional que no adopta religión alguna. La de Corrientes, Mendoza y Santa Cruz nada dicen respecto de la libertad religiosa. La de San Juan, en cambio, declara que: “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, lo que contraría la libertad de culto que, muchas veces, se expresa públicamente.

19. Leyes provinciales y ordenanzas municipales sobre cultos. San Luis ha dictado hace poco una ley creando un registro de cultos, lo que es competencia federal. El Municipio de Rosario tiene una ordenanza sobre libertad religiosa

20. Día de la libertad religiosa. En las Legislaturas de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires se ha declarado por ley al 25 de noviembre como el Día de la Libertad Religiosa, pero sería bueno que ello sea dispuesto por el Congreso de la Nación.

Si alguien quiere averiguar si una sociedad es libre, la respuesta la encontrará si indaga acerca de libertad religiosa que hay en la misma. Los argentinos no debemos descuidar esto que toca la dimensión trascendente del hombre.

Buenos Aires, julio de 2012.