Lo Religioso en lo Público

Jacques Maritain

La dialéctica de la relación entre lo público y lo privado ha tenido un papel fundamental en la historia de las ideas políticas hasta tal punto de poder explicar la filosofía social en función de ella. En la actualidad, la dura confrontación entre las ideologías y las teorías políticas responde en gran medida al rol que se le asigna respectivamente a lo público y lo privado dentro de la sociedad política, y al lugar que ocupa el Estado en esta dicotomía.

Lo privado se define más fácilmente por la  negativa, es lo que no es público. El territorio de lo privado es aquel donde el hombre trata de alcanzar algunos objetivos que no podría conseguir en el ámbito público. No puede reducirse a lo individual, ya que hay colectivos como la familia que sin duda se inscriben en el ámbito de lo privado.

Lo público existe dentro de una sociedad política, cuando la misma tenga constitución, o sea un organización, por más rudimentaria que ella sea.

En la tensión entre lo público y lo privado nacen un conjunto de ideas fundadas en las creencias, en los pareceres, en los recuerdos, en las tradiciones, en los mitos, en las ideologías o doctrinas políticas que forjan su pensamiento, sus consensos, su animus societatis y su voluntad sobre un porvenir compartido.

Las teorías liberales han acentuado el movimiento de las privatizaciones, provocando la inversión de la valoración colectiva al entrar en la Modernidad, con ello se acentuó el declive del hombre público y se sobredimensionó el mercado.

Pero desde comienzos del siglo XX se ha generalizado un interés desmedido por lo público y por limitar el espacio privado. Este nuevo interés se explica por la necesidad de reivindicar la política en respuesta a la interpretación cientificista del mundo. La reivindicación de espacios públicos participativos, en la filosofía práctica de finales del siglo XX, se ha empeñado en profundizar sobre los fundamentos de la democracia, toda vez que los ciudadanos han cambiado la apatía liberal por la intervención en los núcleos decisorios del poder.

En la actualidad, lo público y lo privado tienen un nuevo conflicto a atender que es el del fenómeno y las creencias religiosas.

Algunos interrogantes a responder

Pero para saber en que lugar ubicamos lo religioso nos parece necesario coemnzar a responder a estas preguntas:

¿Para qué el hombre (varón o mujer) está en este mundo, en este universo, rodeado de seres y de bienes del reino animal, vegetal o mineral de los que puede disponer porque están a su servicio?

¿Para qué el hombre, a diferencia de los otros seres de la creación, tiene una dignidad, que le permite tener conciencia de su propio ser, de lo que le rodea, y una libertad para decidir alcanzar lo que es bueno o lo que le es mejor para sus proyectos y aspiraciones?

¿Cuáles son esas legítimas aspiraciones o proyectos que los hombres se proponen o debe proponerse, y que dan o darán pie a la esperanza que mueve sus existencias?

¿Sus propósito, metas, objetivos y fines son sólo temporales, porque estamos convencidos que la vida no termina con la muerte; o tiene un destino y una vocación que la trasciende?

¿Si el destino final del hombre es Dios su relacionamiento o ligazón con Él se da sólo en el hermético ámbito de su intimidad o ello trasciende al interactuar con otros hombres?

¿El relacionamiento con Dios, la religiosidad del hombre y de los hombres, se expresa en la sociedad sólo en el ámbito privado o también penetra en lo público?

¿Es posible y válido trazar una frontera entre lo privado y lo público?

¿Cómo se conjuga, distingue y complementa lo religioso en el ámbito público dentro de una sociedad pluralista y con un estado laico?

Persona humana

El hombre, se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser consiente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.” (Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956).

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios –lo que determina su religiosidad-, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar.

Lo absoluto del fin perseguido, Dios, y la transcendencia del ejercicio de este derecho  nos permite afirmar que el derecho a la libertad religiosa, es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes, como por la institucionales que ellas crean, frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan infringir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide:

  • creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos;
  • rendirle culto;
  • rezar;
  • reunirse o asociarse con otras personas para orar o celebrar su culto;
  • incorporarse, cambiar o abandonar una iglesia o confesión religiosa;
  • adoptar las creencias, dogmas, y aceptar las reglas y ritos de su religión;
  • expresar, transmitir o recibir información religiosa;
  • prestar juramento o hacer promesa en base de sus creencias religiosas;
  • ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad;
  • conmemorar las festividades de su comunidad religiosa;
  • contraer matrimonio según los ritos de su religión;
  • recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan;
  • organizar o participar en instituciones donde se estudien, investiguen, o enseñen  temas religiosos;
  • participar, con su comunidad religiosa, en la construcción y mantenimiento de templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación;
  • participar de la vida social, cultural y política siguiendo sus convicciones morales y políticas.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

1. Religión: Persona, Sociedad y Estado

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común.

La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

2. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa

La persona, consciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

3. Lo privado y lo público

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas iglesias o confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

El ejercicio del derecho a la libertad religiosa trasciende el ámbito de la conciencia, de lo íntimo, de lo que es privado y se proyecta también al ámbito público, lo que no implica renegar del pluralismo social y político y de la laicidad o secularidad del estado.

El neutralismo en materia religiosa, que muchas veces se pretende para lo público, parte del supuesto que desconoce la religiosidad de las persona y de la sociedad, de sus expresiones en la cultura y en la vida comunitaria, y pretende que ello debe ser herméticamente encerrado en el ámbito de los privado, cuando no de lo íntimo o de la conciencia de las personas, como existe en muchos sociedades dominadas por regímenes totalitarios o autocráticos o donde prevalecen los fundamentalismos religiosos o políticos.

Como bien  nos recuerda José María Carabante Muntada “el mercado ha colonizado la vida social y las estructuras del mercado y las categorías políticas no son compatibles. El desmoronamiento de la solidaridad social, es decir, la incompetencia para la integración de los individuos en proyectos comunes de largo alcance se ha evidenciado en primer lugar a nivel nacional, pero con más virulencia en la esfera internacional, donde poco a poco se va consolidando una globalización parcial, exclusivamente económica. A ello se refiere Habermas cuando afirma que las fuentes de la solidaridad se han secado y hay que revitalizarlas. Una manera distinta pero que no se aleja de la conocida afirmación del descarrilamiento de la modernidad: hay que superar la racionalización funcional, parcial, superficial, entendida en términos económicos y no político-discursivos.” (La religión, entre lo público y lo privado. Reflexiones en torno a la Filosofía de la Religión de J. Habermas, Universidad Complutense de Madrid)

Las razones que el Estado de Derecho -continúa el profesor español- trata de proveer a sus ciudadanos no son suficientes para consolidar la solidaridad entre ellos. Por ello es que Jürgen Habermas –desde una visión laica- es partidario de apelar a las tradiciones “prepolíticas”. Entre ellas, la conciencia y las grandes culturas religiosas son de enorme importancia. Este pensamiento reivindica un nuevo espacio para las categorías religiosas, aunque está muy lejos de abonar el confesionalismo, ya que su propuesta no es un reclamo para extender los principios religiosos más allá de lo que resultaría tolerable en las sociedades actuales.

Lo religioso, en el ámbito público, contribuye, entonces, a enriquecer las creencias y pensamientos que alimentan la solidaridad, la fraternidad y la amistad cívica que dan coherencia a la vida dentro de la sociedad política.

Buenos Aires, julio de 2012.

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San Pablo, el Apóstol de los Gentiles

 “Pero el Señor me dijo: Ve, porque yo te tengo que enviar lejos, a los gentiles”  (Hechos, XXII: 17-21)

  “Pues de las misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mi el apóstol de los paganos,” (Carta a los Gálatas, 2 – 8)

San Pablo Apóstol

El mejor libro que he leído de Jacques Maritain, o el que más me ha llegado personalmente, es San Pablo (editado en Argentina en 1996 por Club de Lectores), donde describe las ideas de este apóstol tardío, judío de la diáspora, fariseo de formación, que hablaba griego, que había perseguido a los primeros cristianos, que presenció la muerte del primer mártir, Esteban. Que, además, era ciudadano romano, y que camino a Damasco fue iluminado por Dios y se convirtió al cristianismo.

En su nueva vida el Señor lo envió lejos, a predicarles a los gentiles. Su prédica se hizo sentir incluso en el Areópago de Atenas a donde encontró, entre los monumentos sagrados, un altar con la inscripción “Al Dios desconocido”  y referido a esto le dijo a los sabios griegos que sobre “lo que ustedes adoran sin conocer, es lo que yo vengo a anunciarles” (Hechos, XVII 22). Las raíces del pensamiento y de la personalidad del gran filósofo dela Democracia -otro converso- se encuentran no sólo en Tomás de Aquino, sino también, en prédica paulina.

La propuesta mariteneana, de un “humanismo integral”, de una “nueva cristiandad” abierta a todos los hombres, a todas las culturas, a todos los pueblos y a todos los creyentes en Dios, no fue en vano y ha dejado su huella dentro y fuera dela Iglesia, en su Europa y en los demás continentes, entre los que creemos en la dignidad del hombre -como persona humana-, en su libertad, en el sentido de su vida, en la justicia, la igualdad, la democracia, en la universalidad de los derechos humanos, en el bien común, en la necesaria amistad cívica y en la necesidad de construir –en un momento histórico en que la globalización parece imparable-  un gobierno mundial -en el marco de una sociedad política, también, mundial-.

Saulo o Pablo

En este Libro Maritain describe a “Saúl que es también Pablo”, que como judío en la dispersión tenía dos nombres el de Saúl o Saulo, su nombre judío, y Pablo, el nombre latino, que usará después de su conversión –dejando de lado el de Saulo-, “quizá para poner de relieve que era en adelante un hombre nuevo.”

Hebreo hijo de Hebreos”, “nació durante la diáspora en Tarso de Cilicia –en Asia Menor (actualmente ubicada en Turquía)-, su padre era ciudadano romano”, y por ello él, también, lo era. El griego será para él una lengua viva. Fue enviado a Jerusalén a donde hizo sus estudios superiores.

Era fariseo como su padre. “Educado en el judaísmo más estricto, alumno del gran doctor fariseo (Rabban) Gamaliel (discípulo de Hilel), persiguió al principio a la Iglesia naciente y aprobó el asesinato de Esteban (que murió apedreado en el año 36, el tercero después de la crucifixión de Jesús).Saulo guardó los vestidos de los que lo apedrearon”, y habiendo estado presente le escuchó decir antes de morir. “Vosotros que habéis recibido la Ley y no habéis guardado la Ley.” Estas palabras serán un tema central de la futura predicación paulina.

“Después de su conversión en el camino de Damasco –ocurrida el mismo año del martirio de Esteban-  ya no vivió más que para predicar a Cristo y para sufrir con Él. ¡Ay de mi si no evangelizo!” Su destino será de allí en más seguir a aquel que contestó la pregunta que formuló cuando cayó en tierra cerca de Damasco: “¿Quién eres Señor? y la respuesta fue Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tu persigues.”. Saulo preguntó entonces “¿Que haré Señor?”Su misión será llevar ese nombre a todas las gentes.

Sus viajes apostólicos están relatados en los Hechos de los Apóstoles y en sus epístolas a las comunidades cristianas y a sus compañeros de apostolado, que fueron escritas en los últimos diez y siete (17) años de un ministerio, que duró treinta (30). Las mismas son “el testimonio más ardiente de su amor evangélico y el tesoro más precioso de doctrina”, cuya luz se proyectó luego en los padres y doctores dela Iglesia, especialmente en San Juan Crisóstomo, San Agustín y Santo Tomás de Aquino y del cual no ha dejado de alimentarse el pensamiento cristiano.

Aprisionado dos veces en Roma, el Apóstol de los Gentiles fue condenado a muerte bajo el reinado de Nerón –un 29 de junio– verosímilmente en el año 67”

El Israel de Jesús

La salvación viene de los judíos” (Juan, IV: 22). De Israel nació el Salvador, de madre judía, “tomó carne humana el Verbo por quién todo ha sido hecho; acogido inmediatamente por el primer programo de la era cristiana, las matanza de los pequeños inocentes judíos en quién el rey Herodes trataba de herir a su Rey”.

Con José y María perteneció a “una familia indigente de pequeños artesanos sin dinero, sin medios de vida y sin pasaportes, los primero refugiados judíos de la era cristiana, con su pobre asno fatigado.” La Segunda Persona de la Trinidad “debe comenzar siempre por ocultarse entre aquellos que no pueden reconocerla.”

Moisés y Pablo

Los apóstoles eran judíos y “Los dos conductores de almas más grande que ha conocido la humanidad, Moisés y Pablo, eran judíos. Uno y otro entrevieron a Dios. Eran hombres rodeados de debilidad, enfermos y temblorosos bajo su terrible misión. Moisés tartamudeaba, Pablo se sentía `abofeteado´ por un mal que lo humillaba (…) ambos eran vagabundos de los caminos (…) Uno y otro fueron perseguidos y abandonados” Moisés transmitió al pueblo de Israel las Tablas de la Ley y Pablo predicó, mediante la “espada de la palabra”, ala Iglesia Universal, de judíos y gentiles.

La esencia de la misión de Pablo fue que “el cristianismo adquirió conciencia de su libertad con respecto al judaísmo y de su pura universalidad.” El “Hijo del Hombre no había venido solamente para el judío, sino para el Hombre, para el género humano(…)era preciso comprender que el salvar con su sangre a los hombres de todas las naciones del mundo no les pedía que se hicieran judíos o judaizantes para ser cristianos, sino que por el contrario hacía de ellos sus verdades israelitas en espíritu y en verdad, su pueblo, circunciso en el corazón, no en la carne, al cual eran llamados a pertenecer igualmente los que venían de la circuncisión y los que venían de la incircuncisión (…) El Reino de la redención continuada de generación en generación, no era ni una secta judía ni una extensión religiosa de la teocracia de Israel sobre todos los pueblos de la tierra, sino, por el contrario, un Cuerpo Universal recientemente engendrado en su realidad visible por la virtud invisible de la sangre de cristo y del Espíritu de Dios

Era necesario comprender la “ruptura extraordinaria -por la cual el Templo roto, desposeído, caído en tierra iba a surgir y a separarse el Israel espiritual, el Templo místico del Cuerpo de Cristo- estaba ella misma condicionada por el traspié de Israel y la gran prevaricación de sus sacerdotes. Era preciso comprender que si la salvación era para todos los hombres y si en Cristo no hay ni judío ni gentil, es porque el poder que opera la salvación no es la Ley de los judíos, sino la Fe en quien ha sido crucificado en nombre de esta misma Ley.”

Intuiciones paulinas

La primera gran intuición de Pablo es la “universalidad del Reino de Dios”.

La segunda es “la primacía de lo interior sobre lo exterior, del espíritu sobre la letra, de la vida de la gracia sobre las observancias externas” Pablo tuvo conciencia de la “inmensa revolución espiritual realizada por Jesús” “En adelante la pureza de corazón importa más que las purificaciones legales, la misericordia más que el Sábado”.

La tercera intuición es “la libertad de los hijos de Dios”. “Los que son conducidos por el Espíritu no están ya bajo la ley. No están ya tampoco por encima de la ley; han pasado al otro lado de las cosas, están en la sustancia interior de la ley, donde la ley no se ve ya desde fuera como ley, sino desde dentro como amor.”

“San Pablo es inseparable de su experiencia. No solamente fue llamado como los demás apóstoles, sino que fue convertido; es el primer gran converso elegido para llevar lejos el nombre de Cristo.”

El Hombre nuevo

Dice en una de sus cartas el Apóstol: “Más ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabra de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó; donde no hay Griego ni Judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre; más Cristo es el Todo, en todos.” (Colosenses, III, 9)

Cuando hablamos del hombre nuevo debemos aclarar que la no exigencia de la circuncisión para ser cristiano pone, con el bautismo, en igualdad de condiciones a todos los hombres, sean ellos varón o mujer, con lo que se continúa una tradición que las enaltece, desde que María fue la Madre de Jesús y que María Magdalena, fue la primera en enterarse de que Cristo había Resucitado y la primera en hacer conocer esta Buena Nueva a los apóstoles y al resto de la humanidad.

El Mensaje

Este libro, con su antiguo y sabio mensaje, recreado para nuestra época por Maritain, es un himno a la esperanza, una convocatoria a creer, a dar sentido a nuestras vidas, a las de quienes nos rodean, a quienes debemos servir y a amar, aunque no piensen como nosotros, aunque respondan a distintas tradiciones religiosas, especialmente a los que sufren, a los pobres de corazón, a quienes quieren descubrir y alcanzar en esta tierra el destino trascendente que, ejerciendo su libertad, el Señor puso al alcance de todos los hombres de buena voluntad.

Los que hemos abordado el pensamiento del gran pensador francés desde el ángulo de la política, después de leer este libro, debemos reconocer que el mensaje que nos legó el campesino del Garona, tiene sus raíces profundas en las enseñanzas de Pablo, el apóstol de los gentiles.

Buenos Aires, Junio de 2012.

La Libertad Religiosa en la Educación de Córdoba

Juan Bautista Alberdi

El tema de hoy lo elegí luego de leer un graffiti, escrito en la pared del frente del Arzobispado de Córdoba cuando se debatía la última ley de educación –y que todavía está-, que dice: “No educarás. Fuera la Iglesia de nuestros colegios”, y que me recordó una frase que escuché en la época del gobierno militar de boca de un guardia de la Cárcel de Sierra Chica -una especie de campo de concentración que había al sur de la provincia de Buenos Aires- mientras hacía cola para ingresar y visitar a un preso político que defendía entonces, y que se lo dijo a una señora que estaba adelante mío en la fila: “La Biblia (que tenía en sus manos) no entra”; y, en esta exposición, me voy a circunscribir a lo que tiene que ver con la Educación religiosa en los colegios de gestión estatal en nuestra provincia, especialmente a partir del debate que hubo en la Convención Constituyente que en 1987 que dictó la quinta Constitución de la provincia de Córdoba, y que tuve el honor de integrar.

La Libertad Religiosa

Pero antes de llegar a este hecho histórico me parece importante significar lo que entiendo por el derecho humano a la libertad religiosa, para lo cual es bueno recordar las palabras que Jesús de Nazaret dijo en respuesta a una pregunta capciosa que le hicieron algunos fariseos y herodianos, a quienes les respondió: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21), ó aquella otra en la que expresó que: “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37). Siempre me ha parecido que estas frases deben haber impactado fuertemente en los judíos de entonces –entre los cuales estaban los primeros cristianos-; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regulaban sus conductas fue, para muchos de ellos, un obstáculo para entender el mensaje liberador y de alcance universal del Hijo de Dios.

Pero me animaría a afirmar, también, que esas palabras todavía no han sido bien entendidas por la humanidad de hoy, en el que incluyo a nosotros los cristianos, que durante estos veinte siglos y en estos tiempos les hemos dado las más diversas interpretaciones. De allí la dificultad que tenemos todavía para ubicar la religión o lo religioso en la sociedad política, y la relación que ello tiene con el Estado, que la gobierna, y las normas que lo rigen; especialmente en aquellas áreas de la sociedad civil, donde confluyen intereses y normas civiles y religiosas, y que podríamos denominar de carácter mixto, como son las referidas a: la preservación de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural; al matrimonio; a la familia; a la educación pública; a los medios de comunicación y a todo lo que tiene que ver con la cultura.

Acabo de participar en dos Simposios Internacionales sobre Libertad Religiosa; en Santiago de Chile, y en Provo, Utah, Estados Unidos de América; donde se revisó el estado de la Libertad Religiosa en el mundo y podemos afirmar que vivimos en la zona del planeta donde menos ataques hay al derecho humano a la libertad religiosa, aunque todavía falta mucho para que podamos afirmar que este derecho está debidamente reconocido y garantizado en el mundo y en nuestro país, a pesar de que hay normas constitucionales, tratados internacionales y leyes que los reconocen. En muchas partes del mundo judíos, cristiano, musulmanes o creyentes de otras religiones, padecen persecución, cárceles, exilios o son condenados a muerte por ser creyentes o practicar su fe.

Libertad de Conciencia, Religiosa y de Culto

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puedan hacerle otras personas o la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las leyes.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando reza; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o se asocia con otras personas para orar o celebrar su culto; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe entonces ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, son parte de la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros. Entendiendo por culto no solamente el conjunto de actos y ceremonias que expresan “veneración y respeto a un ser divino o sagrado”, como definen los diccionarios, sino también a lo que se relaciona con la cultura de un pueblo, de una nación, de un continente o de la humanidad en general.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política o civil y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puedan desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

La confesionalidad del Estado, en nuestro país, se abandonó cuando se dictó la Constitución de 1853, y no se aceptó que el Estado adoptara la Religión Católica como oficial, y quién fundamentó esta posición con más claridad fue un sacerdote católico, el convencional Benjamín Lavaysse, quién en aquella oportunidad expresó que: “(…) la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar el culto exterior (…).Que la religión, como creencia no necesitaba más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva. (…)”.

El bien entendido Estado laico -no laicista-, o secular, donde lo religioso está separado de la estructura estatal –sin que ello signifique ruptura-, no debe entendérselo como una Estado ateo, agnóstico o indiferente ante la religiosidad del pueblo y de la sociedad a la que sirve, y debe mantener con la Iglesias Católica, que es la más arraigada y que mayor número de fieles tiene en nuestro país, y con las demás  confesiones religiosas una relación regida por los principios de autonomía y cooperación. Lamentablemente nuestra Carta Fundamental de 1853 mantuvo, a pesar de la oposición de la Iglesia, el instituto del patronato para que el Estado siguiera interviniendo en la designación de los obispos de la Iglesias catedrales lo que fue dejado sin efecto en el Acuerdo con la Santa Sede de 1966, cuyos principios fueron incorporados al texto de la Constitución en la reforma de 1994.

Educación

En el caso de la educación si bien ya no se discute el derecho a enseñar y a aprender, ni el de la libertad religiosa; su ejercicio, algunas veces, es cuestionado en nombre de un laicismo trasnochado que todavía desconfía, con alguna razón, y teme de que lo que se quiere con ello es volver a usar la educación pública, de gestión estatal, con el propósito de “adoctrinar” a los educandos a favor de algún credo o confesión religiosa; cuando en realidad de lo que se trata es de cumplir con la finalidad de la educación que es contribuir al desarrollo integral de la persona humana, especialmente en lo que tiene que ver con su dimensión trascendente. Para ello es necesario trasmitir a los educandos la experiencia religiosa que la historia, la tradición y los textos sagrados nos han legado.

Las dificultades y problemas que enfrenta el hombre, en estos tiempos, como consecuencia del debilitamiento de la familia; la crisis moral; la desigualdad de oportunidades -especialmente en el plano educacional, laboral, y de ingresos-; la falta de conciencia y participación cívica, la desconfianza en los dirigentes, la inseguridad, la criminalidad, las adicciones, y la distancia entre religión y la vida, etcétera; nos obligan a volver sobre la necesidad de una mejor educación. Con hacer más severo el Código Penal no vamos a corregir la conducta desviadas de las personas.

Para lograr una mejor educación es necesario apelar no sólo a los conocimientos científicos y técnicos, sino también a los principios y valores universales de la moral y ética, que sólo la sabiduría práctica, estudiada por la filosofía y la teología, nos la pueden proporcionar. Ello nos plantea la necesidad de revisar nuestra educación pública, donde es necesario enfatizar los estudios sobre moral, ética, filosofía y teología, conocimientos en los que confluyen la razón y la fe religiosa.

Un  reciente estudio sobre la formación de los docentes -de nivel primario- en nuestra provincia nos dice que: la sociedad cordobesa prioriza la valoración de las competencias axiológicas de los maestros  –es decir la asunción de valores y la conducta ética–  las  que son señaladas como importantes en la formación por el 55, 5 % de los entrevistados. En este último aspecto,  debe destacarse que,  entre la población con mayor nivel de instrucción,  el  83.0% demanda a los maestros que transmitan y sean ejemplo de valores, mientras que,  entre aquéllos que no concluyeron el nivel medio,  la frecuencia de respuestas  es del 42.3%.  Más específicamente se reclama a los maestros que sean capaces de fomentar la solidaridad, la amistad (…)” (Centro de Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba  realizado por Susana Carena, Livio Grasso, Ángel Robledo y otros).

Los estudios sobre moral y religión no pueden estar ausentes de los planes de estudios de los establecimientos educaciones, sean ellos de gestión estatal o privados. Esto no significa que proponemos volver a la experiencia que a nivel nacional se dio entre los años 1943 y 1955[1], o que se viene dando en algunas provincias, como Salta, Tucumán y Catamarca donde se enseñó y enseña educación católica, para los católicos y moral para los que no lo eran o son, sino que se trata de hacer conocer lo religioso a través y según la interpretación de las distintas tradiciones y confesiones religiosas, permitiendo así un mejor desarrollo de la faz trascendente que tiene el educando como persona, y permitir que se enriquezca en los valores que adopte para sustentar su vida como persona y como integrante de la sociedad a la que pertenece. Ello le servirá también para decidir mejor y con ello cimentar los proyectos de vida que decida emprender.

No se trata de alimentar o de difundir la fe entre los educando, ya que ello se debe hacer en el hogar, en los templos o en las instituciones religiosas -como ocurre por ejemplo con los cursos de catecismo-, pero en las escuelas no se puede omitir el trasmitir a los alumnos el significado que tiene para las personas lo religioso, según las distintas tradiciones, con sus libros sagrados, sus ritos y la incidencia que ello ha tenido y tiene en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra legislación y en nuestro modo de vida. Esta omisión implica también una discriminación para aquellos que no pueden acceder a la educación pública de gestión privada donde esta enseñanza es impartida. Que respuesta le debe dar un docente a un alumno que pregunta por qué nuestra Constitución invoca a Dios, como lo hacen más de la mitad de la constituciones de los países que integran las Naciones Unidas. No hay justificativo para negarse a responder en nombre de una falsa neutralidad.

La ley 1420; dictada en 1884 y que se conoce como la que implantó “la enseñanza laica”, en realidad no prohibió la educación religiosa en los colegios del Estado sino que dispuso que: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases” (Artículo 8).

Con la “jornada extendida” o la “doble escolaridad”, que se impone en la actualidad cada día con mayor fuerza, ya no hay pretexto para que la educación religiosa se deje de hacer en las escuelas, al menos en el horario extendido y no con un criterio catequístico sino verdaderamente de educación religiosa. Lo que dispone la nueva ley provincial de educación (ley 9870 artículo 11 A) e) de que la misma debe estar; a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos” tampoco tiene sentido, por el tipo de educación religiosa que se propone, sino también  porque en la actualidad la educación religiosa en las universidades y escuelas confesionales, en casi todos los casos, está a cargo de laicos. No es indispensable que los maestros y profesores que les toque enseñar religión tengan que pertenecer a la misma religión que profesen sus alumnos, lo importa es que conozcan lo que tienen que trasmitir y que lo hagan objetivamente, como les toca hacer a los profesores que enseñan las distintas ideas o doctrinas políticas.

Si de valores y educación se trata el punto de partida tiene que ser la persona humana y el desarrollo de la personalidad dentro de una sociedad encaminada al bien común.

“La primera finalidad de la educación – como bien indica Jacques Maritain- es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre.”  

La educación, que se desarrolla en la familia, la escuela o en la universidad; no puede desentenderse del plan de vida que deberán adoptar los educandos. Una educación preocupada sólo por los medios, los métodos o por el destino laboral del alumno, pero desentendida del fin trascendente del hombre no es una educación integral; como no lo es la que se ocupa sólo de la ciencias, que indaga sobre las causas segundas, y no atiende a lo ontológico, en donde se interroga respecto de las causas primeras; o del destino trascendente de la persona, de lo que se ocupa la teología.

Declaraciones y normas internacionales

Estos propósitos están previstos en normas que en Córdoba no se cumplen, como la que disponen la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (Artículo 12,4) [2] y que se reitera casi textualmente en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales  (Artículo 13, 3); y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 18, 4) de 1966. [3] Dichos tratados de derecho humanos tienen, en nuestro país, jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución).

El Acuerdo firmado por el presidente Inacio Lula da Silva entre Brasil y la Santa Sede en el año 2008 admite la enseñanza religiosa la que se imparte en los horarios normales de las escuelas del Estado, como ocurre en otros países.[4]

Constitución de la Provincia

El rol que le cabe a lo religioso en la Constitución de la provincia de Córdoba, dictada en 1987, es bastante claro, por la influencia de la inspiración de la filosofía “personalista” de alguno de los convencionales que la integrabamos, lo que se muestra en el uso reiterado de la palabra persona (30 veces), que comienza en el preámbulo donde se indica como primera finalidad de la Constitución el: “exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos” y a donde, como en la Nacional, se invoca a “Dios, fuente de toda razón y justicia

En una de sus cláusulas declara que Son inviolables en el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.” (Artículo 5) Y en otra “reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.

Respecto de los derechos personales, es importante resaltar, que, entre otros, reconoce el de “la vida desde la concepción (…)” (Inciso 1) y “A la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica. (…)” (Artículo 19 Inciso 5)

Cuando se refiere a la Educación declara que su finalidad “es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria.(Artículo 61), y como principio de la política educativa dispone que debeAsegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. (…)” (Artículo 62 inciso 5)

Debate sobre educación religiosa en la Convención de 1987

En el debate de ésta dos últimas disposiciones está la esencia de lo que hoy queremos remarcar, ya que para su aprobación fue necesario acordar posiciones que históricamente había sido conflictivas, entre quienes habíamos sido protagonistas de posturas encontradas y que parecían imposible de conciliar, aunque después de sancionada la Constitución estas cláusulas quedaron como letra muerta ya que nunca se implementaron las políticas allí acordadas.

En la cocina de la Asamblea los que postulaban los principios de la “enseñanza laica”, y que seguía la tradición de la ley 1420 y de la reforma universitaria, consiguieron imponer aquella vieja consigna que decía que la educación debía ser libre de dogmatismos”, aunque renunciando al texto de la misma, y colocando en la Constitución sólo el concepto, que no era otro de que la educación pública estatal debía ser “exento de dogmatismo”, expresión que no ofrecía reparo. Como contrapartida aceptaron, de quienes habíamos luchado a favor de la “enseñanza libre” y por lo que declaraba el Pacto de San José de Costa Rica, aquello de que los “padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones”

Luego en el plenario el convencional Ricardo del Barco (Demócrata Cristiano) citando a Eduardo Sánchez Martínez, dijo: “Esto no significa imponer una enseñanza confesional lo cual violentaría manifiestamente la libertad de conciencia de cada uno; significa en cambio que a través de la enseñanza se ayude al que se educa a plantearse problemas de la trascendencia, a plantearse la cuestión de si detrás del más allá de este mundo, no hay algo que le dé sentido. Y después, de las distintas respuestas que cada uno tenga o se dé, no sólo se respeten y toleren, sino que, además, se encuentren en el medio educativo cauces adecuados para su desarrollo y su profundización. (…)”. Y agregó: “Nosotros creemos que en el escuela pública hay que promover un diálogo, también, entre la fe y la cultura, entre la cultura y la vida. Queremos que las distintas expresiones religiosas tengan su ámbito, eso contribuye al pluralismo. No creemos que los católicos que asisten a las escuelas públicas teman no encontrar en ella la expresión de su fe en un encuentro a través de la educación, del diálogo y de la reflexión. No queremos que aquellos que tienen otras confesiones religiosas, cristianas no católicas u otras confesiones, o los que no tienen ninguna no puedan encontrar su expresión en el seno de la escuela pública, según el modo, manera y circunstancia que la propia práctica educativa encuentre y que desde la legislación se oriente para que no se esconda el tema. Que nadie se avergüence de tener una fe o de no tenerla.  Lo que se intenta aquí es que la educación no omita esta dimensión humana, no que le impongamos fe alguna o que utilicemos los recursos del Estado para imponer una fe determinada, aunque sea la fe católica, que es la de la mayoría de este pueblo; tienen tanto derecho las mayorías como las minorías a expresar su disenso y buscar su verdad por otro camino. No teman los señores convencionales: no se intenta con estas cláusulas revivir polémicas del pasado. Hoy queremos transitar nuevos y distintos caminos. Deseamos ante todo que en la escuela estatal se dé un ámbito de encuentro, de búsqueda y diálogo.”

El convencional Jorge de la Rúa (UCR), oponiéndose a lo acordado por la mayoría, pero con la altura que siempre lo ha caracterizado, anticipó las dificultades que habría más tarde en su aplicación, al expresar que: “la norma estaría estableciendo una regla en virtud de la cual, fundado en el derecho de los padres a que se les proporcione a sus hijos educación religiosa en las escuelas estatales, el Estado tienen el deber de proveer esa enseñanza religiosa.(…)La Nación tiene reconocido centenares de cultos y sino hay ánimo de discriminación –como descuento que no lo hay en los miembros de la Comisión- el Estado tendrá que proveer centenares, o miles, de maestros o maestras de religión o de moral, para cubrir todo el espectro religioso e ideológico de los alumnos. Porque de lo contrario, reitero, estaríamos en un plano de discriminación. (…) Creo realmente que estamos frente de una norma que en su amplitud puede generar severos problemas de aplicación práctica, y puede generar reales y concretas situaciones de discriminación. (…)Todas estas razones(…)hacen que anticipe mi voto negativo a este precepto.”

El convencional Juan Carlos Maqueda (Peronismo Renovador) dijo: “No creemos que ese inciso del artículo que está en tratamiento lleve en sí mismo una discriminación, sino que por el contrario lleva un sentido de apertura; lleva la posibilidad que la ley máxima por vía reglamentaria, que será la ley de la Legislatura, valga la redundancia, podrá determinar las formas y los modos en que habrá de impartirse la enseñanza moral o religiosa que prevé este precepto.(…) Damos el voto favorable de la bancada del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana.”

El convencional Abelardo Rahal (UCR), a su vez manifestó: “Creo en el hombre total. Creo en el respeto profundo entre los hombres, Creo en la educación para la libertad. Por eso es que evidentemente no puedo sectorizar al hombre y remitirlo solamente a las expresiones de su razón en la vinculación solidaria. Creo que la dimensión religiosa está totalmente compenetrada dentro de la naturaleza humana.(…)Por eso –reitero- mi voto positivo va a ser por convicción y no sólo por disciplina de bloque.”

La convencional Ileana Sabattini (UCR), cuya actuación fue fundamental para acordar la cláusula que en definitiva se aprobó, dijo: “Si a un radical se le dice que se va aplicar la ley 1420, se pone contento, si a un católico se le dice que se va a aplicar la ley 1420, que está tildada de laicista, se horroriza. Pues bien, señores convencionales: hoy como no se ha mencionado la ley 1420, nos hemos dividido por el mismo tema y con los argumentos expuestos, de manera opuesta. Es decir, estamos preconizando la posibilidad de que los padres organicen fuera de la hora de clase, sin pago por parte del Estado, la educación religiosa. Se está contemplando a la persona como una integridad, no solamente educar a todos los ciudadanos, sino a todos el ciudadano; se está reiterando lo que hemos firmado en los pactos internacionales (…).”

La Nueva Ley de Educación

El 15 de diciembre de 2010 la Legislatura de Córdoba aprobó la ley 9870, luego de un largo debate donde grupos de activistas hicieron distintas manifestaciones y tomas de colegios secundarios en contra de su sanción; la que días después fue promulgada por el Poder Ejecutivo, y en la misma se declaró que: “Se reconoce a la familia como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones; (…) (artículo 3º b) y queLos padres, o quienes los sustituyeren legalmente, tienen sobre la educación de sus hijos los siguientes derechos(…) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, una enseñanza general exenta de dogmatismos que pudiera afectar las convicciones personales y familiares; y: A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado, como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos; (…) (Artículo 11).

No advertimos que tampoco, luego del ríspido debate que hizo posible esta ley, haya una voluntad política clara para hacer efectiva la educación religiosa en las escuelas públicas del Estado provincial..

Programa Valores Comunes

Sin embargo, en el marco del convenio firmado por el Ministerio de Educación de la provincia y el COMIPAZ (Comité Interreligioso por la Paz) se realiza desde el año 2007 el Programa de Educación en Valores Comunes, con el objetivo de crear espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones, respetando la diversidad cultural y religiosa, la libertad y la convivencia. El programa está dirigido a alumnos/as de 4° año del nivel medio y desde su implementación han participado más de 6000 alumnos/as de escuelas de gestión pública y privada de capital e interior, dichas escuelas son elegidas por las supervisiones del Ministerio.

El programa tiene como Objetivos: Favorecer espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones que buscan una sociedad más fraterna. Fortalecer el respeto de la Libertad y la Convivencia por parte de los y las jóvenes. Dicho Programa tiene tres etapas: Una primera etapa en la que alumnos/as y docentes visitan los templos de las religiones que conforman el COMIPAZ. La segunda etapa se desarrolla en  la escuela, en cada curso, donde los y las docentes a cargo de esta experiencia, abordan con los alumnos y las alumnas la lectura y reflexión de la “Convención de los Derechos Humanos”, donde se les sugiere desde el Área de Educación en Derechos Humanos e Interculturalidad pautas abiertas orientadoras del trabajo. Por último se desarrolla un Festival por la Paz, para conmemorar el día de la libertad religiosa, donde se presentan las producciones realizadas por los alumnos/as y se realizan actividades recreativas de integración.

Por otro lado, la ley nacional 25.878 de 2003 declaró el día 29 de julio como “el Día de los Valores Humanos” (Art. 1º) y dispone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrará los medios necesarios para que se desarrollen clases alusivas a esta conmemoración en los establecimientos educativos de todo el país.” (Art. 2º). Esto nos ratifica en la necesidad de que los “valores humanos” declarados en la Constitución, como los que tienen que ver con la religiosidad de nuestro pueblo, no pueden estar ausentes de la educación.

Reflexión Final

No somos ingenuos y conocemos las dificultades políticas que acarrea poner nuevamente en el debate político esta cuestión, pero ello no nos exime de hacer presente, una vez más, que la calidad educativa es un propósito, que va a la par de la necesidad y del reclamo por una “educación inclusiva”, porque no solamente debemos tratar de que todos los niños y jóvenes tengan un  lugar en el sistema educativo, sino también que la misma incluya en su currícula  aquello que tiene que ver con el destino trascendente del hombre..

Si en los programas de estudio están ausente los valores morales y religiosos y dejamos que ello se trasmitan sólo en la familia, en el templo o en la educación de gestión privada, estamos cometiendo una grave omisión, y en muchos casos una discriminación a quienes aspiran a que sus hijos tengan una educación integral que abarque también la educación religiosa y no están en condiciones de pagar una educación privada donde no haya esa carencia.

Por ello es que me animo a afirmar que la provincia de Córdoba tiene esta deuda pendiente con sus niños, con sus jóvenes y con sus ciudadanos, y que el implementar la educación religiosa en los colegios no es sólo una obligación del gobierno, sino también de la sociedad civil y de las instituciones que velan por una mejor educación.

Agradezco a la Academia del Plata que me haya dado la oportunidad para replantear este debate y de reiterar esta propuesta inexplicablemente postergada.

Quisiera terminar recordando las sabias palabra de Alberdi cuando afirmaba, refiriéndose a los fines de la Constitución Argentina, que El hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras. La religión debe ser hoy, como en el siglo XVI el primer objeto de nuestras leyes fundamentales.”

Agregaba, además, que “nuestra política moderna americana (…) debe  mantener y proteger la religión de nuestros padres, como la primera necesidad de nuestro orden social y político; pero debe protegerla por la libertad, por la tolerancia y por todos los medios que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal (…)”

“La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión  católica, y hoy me atrevería a agregar: “los demás credos religiosos”, el medio de educar esas poblaciones.”

Córdoba, Octubre de 2011.


[1] Decreto 18.411 de 1943 del Presidente de facto Pedro Pablo Ramírez: “En las escuelas públicas de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio. Quedan excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral.” (Art. 1) “Los docentes que tengan a su cargo la enseñanza de la Religión Católica serán designados por el Gobierno debiendo recaer sus nombramientos en personas autorizadas por la Autoridad Eclesiástica”. (art. 2) Los programas y los textos destinados a la enseñanza religiosa será aprobados por el gobierno, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica.” (Art. 3) Este decreto fue ratificado por la ley 12.978 de 1947 y fue derogado por la  ley 14.401 del 13 de mayo de 1955.

[2] Este tratado fue aprobado en la Provincia de Córdoba por ley 7098 de 1984 y una disposición complementaria de su Constitución de 1987 dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derecho Humanos” (Preámbulo y Parte I) (…).”

[3] El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Y el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Art. 18, 4).

[4] Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativa al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil firmado el 13 de noviembre de 2008. Artigo 11º A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. §1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação.

Un Tratado Internacional de los Derechos a la Libertad Religiosa

Brigham Young University

Eighteenth Annual International Law and Religion Symposium on October 2-5, 2011 at Brigham Young University Provo, Utah, U. S. A. sobre el tema: “Libertad Religiosa en una Era Pluralista: Tendencias, Desafíos, y Practicas.”

Report:

UN TRATADO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD RELIGIOSA

                                                      Jorge Horacio Gentile *

En algunas partes del mundo los judíos, los cristianos, los musulmanes y quienes profesan otras religiones son perseguidos, denostados o castigados por sus creencias, por practicar su culto o por pertenecer a algunas iglesias o confesiones religiosa; por lo que se torna imprescindible reforzar las garantías a estos derechos injustamente vulnerados, para lo cual proponemos que se apruebe un tratado internacional que los reconozca, los declare y mejor los proteja y garantice.

Alguno de estos derechos, que están estrechamente vinculados con el derecho a la libertad de conciencia, de creencia, de culto y de pensamiento, han sido reconocidos, declarados y garantizados en distintas disposiciones contenidas en declaraciones, tratados, convenios, acuerdos, concordatos, protocolos y normas internacionales, como en la mayoría de la Constituciones y leyes de los Estados, pero no hay un tratado internacional específico que declare y garantice estos derechos, ni hay órganos, comités, comisiones o consejos internacionales especializado que se ocupen hacer el soft Law, de interpretar el alcance de dichas normas, resolver conflictos y denuncias cuando estos derechos son cuestionados, no son respetados, son cuestionados o directamente son limitados o suprimidos.

En lo que hace a las normas internas de los Estados Iván C. Ibán nos recuerda que “Dios aparece expresamente citado en más de un centenar de constituciones” de distintos países del mundo[1], afirma que actualmente excepto en la República Checa, “en el resto de los textos constitucionales aparecen alusiones a la religión, a una religión en concreto, etc.” Además hay estados que declaran en sus leyes fundamentales la estatidad de una religión como es el caso de los que se declaran budistas[2], o los que proclaman el catolicismo como religión oficial [3]; o los países europeos que declaran como del Estado iglesias protestantes[4]; o la estatidad del Islam que declaran algunos países árabes.[5] Otros Estados declaran que no tienen religión oficial[6]; algunos niegan que el Estado tenga identificación con cultos, iglesias, confesiones u organizaciones religiosas[7], lo que no significa que necesariamente se encuentran en conflicto con todas o alguna de ellas.[8]

En un mundo política y religiosamente plural no siempre es fácil acordar en un tema tan espinoso como éste, como seguramente no lo fue tampoco en 1948; al finalizar la segunda guerra mundial, después de los holocaustos armenio y judío, del estallido de dos bombas atómicas, y al comienzo de la guerra fría; conseguir el voto de la mayoría de los países integrantes de la Asamblea de las Naciones Unidas, para aprobar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Para lograr este difícil consenso fue decisivo el consejo del filósofo y diplomático francés Jacques Maritain, quién propuso que sólo se declararan “principios prácticos” y que el acuerdo se limitara a una “finalidad práctica”, “a un mismo conjunto de convicciones que guiaban la acción”, y advertía que “con el por qué comienza la disputa” que no valía la pena discutir los fundamentos, porque en ese momento en los hechos “los espíritus no han sido nunca tan cruelmente divididos”.[9] Este consejo es bueno tomarlo en cuenta también ahora para cristalizar un acuerdo como el que proponemos.

En muchas partes del mundo hay actualmente intolerancia y la falta de libertad religiosa es todavía motivo de desconfianzas, disputas, conflictos, cuando no de violencias, o conflictos bélicos; y para superar esto es necesario comprensión, diálogo, debate, negociación, mediación, consenso y amistad cívica. No parece fácil, pero tampoco imposible.

Declaraciones o tratados

A favor de la idea del tratado que proponemos está el reconocer que hay disposiciones dispersas en el texto de distintas declaraciones, tratados y otras normas u órganos internacionales que reconocen y  protegen los derechos a la libertad  religiosa, de conciencia, de creencias y de culto, como son los que a continuación se indican:

1. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [10] en
su artículo 3 cuando dice que: “Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado”; y en el 22 “Toda persona tiene derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden (…) religioso (…);”

2. La Declaración Universal de Derechos Humanos [11] que expresa en su artículo 2,1 que: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de(…)religión(…)o cualquier otra condición.“; el 18 que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.“; y en el 26,2 dice que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos(…)”.

3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica) [12] en su artículo 1,1 cuando dispone: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de(…) religión (…)o cualquier otra condición social”; el 12 titulado “Libertad de conciencia y de religión” que expresa: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o su creencia, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o derechos y libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”; en el 13,5 se declara que “Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra o toda apología del odio (…) religioso que constituyan incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por cualquier motivo, inclusive los de(…) religión (…)”; el 16,1 expresa que “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines(…)religiosos(…)o de cualquiera otra índole”; el 22.8 reza: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de(…) religión(…)”; y el 27,1 cuando admite la “Suspensión de garantías“: “1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones (…)no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de (…) religión (…)” y en el punto 2 “no autoriza la suspensión de los derecho determinados en los siguientes artículos: (…) 12 (libertad de conciencia y religión)”.

4. El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales [13]
que en su artículo 2,2 expresa: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de (…) religión. O de otra índole(…)”; en el 13, 1 expresa que: “(…)la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos(….”; y en el 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas (…) y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [14] que el artículo
2,1 dispone: “Cada Estado Parte en este Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de (…) religión(…) o de otra índole (….)”; el 4,1 declara que: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto siempre que tales disposiciones(…)no entrañen discriminación alguna fundada únicamente por motivos de (…) religión (…)”; en el 18 dice: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sea necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”; el 20,2 dice que: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia está prohibida por ley.”; el 24,1 manifiesta: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de (…) religión (…) a las medidas de protección que se condición de menores requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.”; el 26 expresa: “(…) la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas la personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de (…) religión (…) o de cualquier índole (…)”; y el 27 dispone: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”

6. El artículo 2,1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio [15]
al reglar que se “(…) entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimientos intencional del grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

7. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial
[16] que en sus considerando dice: “(…) para realizar uno de los propósitos de las Nacionales Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del todos, sin distinción por motivos de raza, sexo idioma o religión(…)” Se acuerda en esta Convención, en el Artículo 5 que toda persona tiene el goce de: “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” [d), vii)].
8. El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño [17] al decir:
que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos (Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos), sin distinción alguna, por motivos de (…) religión (…) o de otra índole (…)”; y el artículo 2,1 cuando expresa: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de (…) la religión (…) o cualquiera otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.”; el 14 al disponer que: “1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a al evolución de sus facultades. 3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a la limitaciones prescriptas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades fundamentales de los demás.”; el 20,3 dispone: “Entre esos cuidados figurará, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesaria la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.”; el 29, 1, d) dice: “Preparar al niño para asegurar una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistades entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena…“; y en el 30 se dice: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o persona de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.”

9. La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos también conocida como Carta de Banjul [18]  al declarar en su Artículo 2: “Todo individuo tendrá derecho al disfrute de los derechos y libertades reconocidos y garantizados en la presente Carta sin distinción de ningún tipo como raza, grupo étnico, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra índole, origen social y nacional, fortuna, nacimiento u otro status.” El Artículo 8 reza: “La libertad de conciencia y profesión, y la libre práctica de la religión estarán garantizadas. Nadie que respete la ley y el orden puede ser sometido a medidas que restrinjan el ejercicio de esas libertades.”

10.  En la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones de la Asamblea de las Naciones Unidas de 1981 [19] que en su  Artículo 1 dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.”

Artículo 2: 1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares.

2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por “intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones” toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”

Artículo 3: “La discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados detalladamente en los Pactos internacionales de derechos humanos, y como un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones.”

Artículo 4: 1. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural.

2. Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes, según el caso, a fin de prohibir toda discriminación de ese tipo y por tomar las medidas adecuadas para combatir la intolerancia por motivos de religión o convicciones en la materia.”

Artículo 5: “1. Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse al niño.

2. Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.

3. El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o convicciones. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones de los demás y en la plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad.

4. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, se tomarán debidamente en consideración los deseos expresados por aquéllos o cualquier otra prueba que se haya obtenido de sus deseos en materia de religión o de convicciones, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.

5. La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral teniendo en cuenta el párrafo 3 del artículo 1 de la presente Declaración.”

Artículo 6: De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones comprenderá, en particular, las libertades siguientes:

a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las convicciones, y de fundar y mantener lugares para esos fines;

b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas;

c) La de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción;

d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas;

e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines;

f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de particulares e instituciones;

g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción;

h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción;

i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional y en el internacional.”

Jorge Precht Pizarro ha señalado que esta Declaración “tiene algunos defectos como el no referirse a las iglesias, confesiones y entidades religiosas. El Artículo 4 es claramente programático. En todo caso, la libertad religiosa –primera de las libertades- es un principio general del derecho internacional sin ninguna duda.”[20] Este documento no ha declarado el derecho a cambiar de religión o de creencias.

11. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [21]  al establecer  en su Artículo 9: que regla sobre la Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que: “1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2 La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.” En el Artículo 14: donde se refiere a la Prohibición de discriminación, y donde expresa que: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.”

12. El Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [22] al establecer en el Artículo 2 sobre el Derecho a la instrucción que: “A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.”

13. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos en su Declaración y Programa de Acción de Viena [23] declaró en el punto A que trata sobre el Aumento de la coordinación en la esfera de los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas” lo siguiente:

“22. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a todos los gobiernos que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y teniendo debidamente en cuenta sus respectivos sistemas jurídicos, adopten las medidas apropiadas para hacer frente a la intolerancia y otras formas análogas de violencia fundadas en la religión o las convicciones, en particular las prácticas de discriminación contra la mujer y la profanación de lugares religiosos, reconociendo que todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de religión. La Conferencia invita asimismo a todos los Estados a que pongan en práctica las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.”

25. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a la Comisión de Derechos Humanos que examine los medios de promover y proteger eficazmente los derechos de las personas pertenecientes a minorías enunciadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En este contexto, la Conferencia pide al Centro de Derechos Humanos que, como parte de su programa de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, proporcione a los gobiernos que lo soliciten servicios de expertos en cuestiones relativas a las minorías y los derechos humanos, así como a la prevención y solución de controversias, para ayudarlos a resolver las situaciones relativas a las minorías que existan o que puedan surgir.”

14. En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas [24] en el punto 4. “Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad soberana de todos los Estados, (…); el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.”

15. En la Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas del 8 de marzo de 2010, entre otros conceptos, se: “2. Expresa profunda preocupación por los estereotipos negativos de las religiones y las manifestaciones de intolerancia y discriminación en materia de religión o creencias que existen todavía en el mundo; 3. Deplora profundamente todos los actos de violencia psicológica y física y los ataques contra las personas basados en su religión o sus creencias, así como la incitación a cometerlos, y los actos de ese tipo dirigidos contra sus empresas, bienes, centros culturales y lugares de culto, así como los ataques contra los lugares santos y los símbolos religiosos de todas las religiones; 4. Expresa profunda preocupación por los programas e idearios de organizaciones y grupos extremistas dirigidos a crear y perpetuar estereotipos sobre determinadas religiones, especialmente cuando estos son tolerados por los gobiernos; 5. Observa con gran preocupación la intensificación de la campana general de difamación de las religiones, y la incitación al odio religioso en general, incluida la caracterización negativa de que han sido objeto las minorías musulmanas en razón de su origen étnico y su religión a consecuencia de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001; 6. Reconoce que, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, la difamación de las religiones y la incitación al odio religioso en general se convierten en factores agravantes que contribuyen a la negación de los derechos y las libertades fundamentales de los miembros de los grupos destinatarios, así como a su exclusión económica y social; 7. Expresa profunda preocupación, a este respecto, por el hecho de que con frecuencia y sin razón se asocie al Islam con violaciones de los derechos humanos y el terrorismo; (…)”

Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Resolución 1986/20, nombró a un “Relator Especial sobre la intolerancia religiosa”. En 2000, la Comisión decidió modificar el título del mandato por el de “Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias”, el cual fue posteriormente confirmado mediante la decisión 2000/261 del Consejo Económico y Social y acogido favorablemente por la Asamblea General en su Resolución 55/97. El 18 de junio de 2010, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 14/11 mediante la que, entre otras cosas, prorrogó el mandato del Relator Especial por un período adicional de tres años.

El Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias es un experto independiente al que se le ha pedido que identifique los obstáculos existentes e incipientes que impiden el goce del derecho a la libertad de religión o de creencias, y formule recomendaciones sobre los medios de superar tales obstáculos

En la resolución 6/37 del Consejo de Derechos Humanos se le encomienda a dicho Relator Especial:

– Promover en los planos nacional, regional e internacional la adopción de medidas para asegurar la promoción y protección del derecho a la libertad de religión o de creencias;

– Determinar los obstáculos actuales e incipientes que impiden el disfrute del derecho a la libertad de religión o de creencias y formular recomendaciones sobre los medios de superar tales obstáculos;

– Proseguir sus esfuerzos encaminados a examinar los incidentes y las medidas de carácter gubernamental que sean incompatibles con las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones y recomendar medidas correctivas, según proceda, y

– Continuar aplicando una perspectiva de género, entre otras cosas señalando qué abusos se cometen específicamente contra la mujer, en el proceso de preparación de informes, especialmente en lo que respecta a la reunión de información y las recomendaciones.

En el desempeño de su mandato, el Relator Especial:

a)   Transmite llamamientos urgentes y cartas de denuncia a los Estados con relación a aquellos casos que suponen violaciones del derecho a la libertad de religión y de creencias o que representan un impedimento para su ejercicio;

b)   Realiza misiones de investigación a los países, y

c)   Presenta informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General sobre sus actividades, tendencias identificadas y métodos de trabajo.

Han sido Relatores Especiales Heiner Bielefeldt (Alemania), desde el 1 de agosto de 2010; la señora Asma Jahangir (Pakistán), desde 2004;  Abdelfattah Amor (Túnez) 1993-2004; Ángelo d’Almeida Ribeiro (Portugal), 1986-1993.

La Iglesia Católica y la Libertad Religiosa

El Papa,  que es el obispo de Roma y por ello su Santa Sede está en el Estado del Vaticano, y que es máxima autoridad de la Iglesia Católica -cuya personería jurídica esta reconocida por los usos y costumbre del derecho de gentes o derecho internacional- ha firmado, en el último siglo, distintos concordatos, acuerdos o convenios con distintos Estados, donde se han reconocido derechos a la libertad religiosa y de culto.[25]

La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa. En la declaración “Dignitatis humanae”, [26] “(…)ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana” y, agrega, “para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano se requiere que en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad.” A esto añade que: “Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(…)Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil.”

Afirma luego que: “La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.”

Continúa este documento sosteniendo que: “A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.” Agrega a ello que: “Las comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser impedidas en la enseñanza y en la profesión pública de palabra y por escrito, de su fe (…)”. Y que:“Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.” Declara, además, que: “Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas.”

Recuerda, también, que: “La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes; y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad.”

El Concilio Vaticano II en la declaración “Nostra aetate”[27], sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, expresó que: “La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, “observando en medio de las naciones una conducta ejemplar” (1Pe 2,12) si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres (Cfr. Rom. 12,18), para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos (Cfr. Mt.5, 45).”

Contenido para un  Tratado Internacional sobre libertad religiosa y de Culto

El Tratado que proponemos para garantizar mejor los derechos humanos a la libertad religiosa y de culto, y que asegure también la libertad de conciencia, de creencias y de pensamiento, debería declarar, hacer respetar y garantizar los siguientes derechos:

A las personas:
1. A profesar sus creencias religiosas y a no ser penado o expulsado del país, cuando se es extranjero, por ello;
2. A cambiar o abandonar dichas creencias;
3. A manifestarlas;
4. A no estar obligado a expresarlas;
5. A recibir y trasmitir información religiosa;
6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;
7. A rezar y practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;
8. A no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;
9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas, peregrinaciones o actos religiosos en lugares públicos,
10. A asociarse con fines religiosos;
11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, establecimientos policiales y militares o en el campo de batalla o en conflictos bélicos;
12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;
13. A educarse y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimientos de educación pública de los estados, o a negarse a recibir educación religiosa o moral;
14. A conmemorar y no tener obligación de trabajar los feriados o festividades religiosas, y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;
15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión o interreligiosos, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.
16. A que se respete el secreto de confesión.

17.  A usar hábitos, velos o hiyab, insignias o símbolos religiosos en lugares públicos.

18.  A invocar a Dios o a su palabra expresada en documentos o libros sagrados, o cuando se presta juramento o promesa de decir verdad o de cumplir con los deberes en el ejercicio de un cargo o magistratura.

19  A admitir las objeciones de conciencias, fundadas en razones religiosas (verbigracia: para eximirse de la obligación de usar armas en el servicio militar, de practicar abortos, etcétera).

20. A que se respete a quién no profesa creencia, religión ni culto alguno y que es indiferente, agnóstico o ateo.

A las Iglesias y Confesiones religiosas:

1. A que se les reconozca su personería jurídica, y su organización en base a las normas que por las que ellas se dicten, y con las autoridades que designen de acuerdo a dichas disposiciones.
2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.
3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;
4. A tener cementerios;
5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial.
6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o con representantes de otras comunidades religiosas.
7. A admitir o excluir fieles.
8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, o enviar o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual y económicamente.
9. A reunirse, asociarse, federarse o confederarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas.
10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.
11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.
12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a las iglesias o a la confesión religiosa que indiquen.
13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

14.  A que se respeten en los lugares públicos las expresiones culturales religiosas.

15. A que se respete el principio de la igualdad en el trato de las distintas iglesias y confesiones religiosas, sin perjuicio de las diferencias en sus historias, trayectorias, número de fieles e influencias que ellas hayan tenido en la cultura de cada pueblo.

16.  A no ser discriminados por pertenecer a una religión, y a que no se les prohíba a los ministros o fieles de una iglesia o confesión religiosa a ser designados o a ejercer algún cargos públicos o políticos.

17. A que las autoridades políticas, administrativas o judiciales de los estados no puedan decidir sobre la interpretación de doctrinas religiosas o sobre las normas internas de cada iglesia o confesión religiosa.

A que se cree un Comité, Consejo o Comisión, integrado por personalidades de distintos estados, credos y religiones, que tenga por atribuciones.

1. Estimular la conciencia de los derechos humanos que se declaran en este tratado.

2. Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos declarados dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el respeto a los derechos declarados en el tratado.

3. Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones.

4. Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros, o a las distintas iglesias o confesiones religiosas que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de los derechos a que se refiere el tratado.

5. Atender las consultas que,  le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos a los referidos derechos y prestará el asesoramiento que éstos le soliciten.

6. Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en esta Convención, y

7. Rendir un informe anual.

Conclusión

No es fácil ni simple conseguir lo que proponemos, los derechos reconocidos en las declaraciones y tratados internacionales vigentes, antes citados, ha sido un paso fundamental, pero estoy convencido que la necesidad de que en la comunidad internacional se establezca una tutela más sólida que garantice los derechos a la libertad religiosa y de culto, y que con ello se logre una paz duradera; es indiscutida y entendemos que el intentarlo no admite más postergación. Conseguir la aprobación de la Declaración Universal de los Derecho Humanos en 1948 no fue más fácil de lo que ahora queremos concretar.

El tratado podría ser universal o regional, o circunscribirse a ser un protocolo de otro tratado, aunque indudablemente lo más conveniente sería que sea aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas y ratificado luego por los Estados. La Declaración de 1981, y la creación del Relator Especial para el monitoreo de los derechos a la libertad religiosa y de creencia (todavía no reconocidos en una tratado específico), podriamos tomarlo como un primer paso para la concreción de un tratado que declare los derechos personales a tener creencias religiosas, a manifestarlas y rendir culto, a reunirse y asociarse en iglesias o confesiones o asociaciones religiosas, a las que se les reconozca autonomía, y a no ser discriminado por razones religiosas. A ello hay que agregarle la necesidad de crear un comité o consejo de composición religiosa y políticamente plural que pueda hacer un Soft Law en esta materia.

El que haya finalizado la guerra fría significó remover un serio obstáculo para este propósito, aunque los mismos persisten por la existencia de gobiernos autoritarios en algunos estados que no reconocen el pluralismo religioso; por que hay en distintas partes del mundo conflictos religiosos o étnicos-religiosos o políticos-religiosos, y por las posturas fundamentalistas de algunos sectores religiosos o de gobiernos de estados confesionales, que se resisten a la secularización.

A favor del tratado, se puede argumentar, que, en el último siglo, muchos Estados se han desconfensionalizado y secularizado, muchos de ellos se han declarado laicos, con lo que la autoridad política se han separado de la autoridad eclesiásticas, o de las iglesias o comunidades religiosas que predominaban en las sociedades civiles a las que sirven; lo que no ha significado, en la mayoría de los casos, ruptura, ni desconocimiento de la religiosidad de los ciudadanos, ni de las comunidades religiosas de las que son fieles. Por el contrario, los principios de autonomía y de cooperación han sido los que han prevalecidos en las relaciones de las iglesias o confesiones religiosa con dichos Estados.

Este esfuerzo que reclamamos a la comunidad internacional podría acercarnos al anhelado momento que anunció Martin Luther King al proclamar:

“Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: “¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipotente, ¡somos libres al fin!”. [28]

 

International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University, Provo, Utah, USA, October 2011.


* Es  vocal del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de las Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba y es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política de Buenos Aires, fue diputado de la Nación Argentina. Está asociado a International Consortium for Law and Religion Studies.

[1] Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belice, Bolivia, Brunei, Canadá, Colombia, Comoras, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Islas Marshall, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesoth, Líbano, Liberia, Lieshtnetein, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Namibia, Nauru, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Panamá, Papua, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santa Lucia, San Vicente, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia (Ley de Sucesión), Suiza, Suriname, Swazilandia, Timor, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zimbabwe (“God, religion and laïcité in the constitutions”, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 9 de septiembre de 2011).

[2] Camboya, Sri Lanka y Tailandia.

[3] Costa Rica, Liechtenstein, Malta y Mónaco.

[4] Dinamarca, Islandia y Noruega.

[5] Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Egipto, Irán, Iraq, Libia, Jordania, Kuwait, Malasia, Maldivas, Marruecos, Mauritania,. Omán, Pakistán, Qatar, Somalia, Túnez y Yemen.

[6] Albania, Australia, Eslovaquia, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Kenya, Kirguistán, Liberia, Lituania, México, Micronesia, Nicaragua, Nigeria, Palau, Corea del Sur, Seychelles, Tayikistán, Ucrania y Uruguay.

[7] Alemania, Brasil, España, Estonia, Japón, Paraguay y Rumania.

[8] God, religion and laïcité in the constitutions, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 9 de septiembre de 2011.

[9] Gentile, Jorge Horacio “Balance a los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, página 12, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2010.

[10] Aprobada por Resolución XXX de la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, entre el 30 de marzo al 10 de mayo de 1948.

[11] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948.

[12]  Aprobada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Humanos en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, y entró en vigor el 18 de julio de 1978.

[13] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.

[14] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.

[15] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 260 A (III), del 9 de diciembre de 1948 y entró en vigencia el 12 de enero de 1951.

[16] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2106 A (XX), el 21 de diciembre de 1965.

[17] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989.

[18] Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya y que entró en vigor: 21 de octubre de 1986.

[19] Resolución 36/55 del 25 de noviembre de 1981.

[20] “Constitutional reception of internacional law provisions on religious freedom”, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 10 de septiembre de 2011.

[21]  Aprobada en Roma, el 4 de noviembre de.1950 y revisado de conformidad con los Protocolos números 11 y 14 y completado por el Protocolo adicional y los Protocolos nos 4, 6, 7, 12 y 13.

[22]  Aprobado en Paris, el 20 de marzo de.1952.

[23] Conferencia Mundial de Derechos Humanos, A/CONF.157/23, 12 de junio de 1993.

[24] Asamblea General de la ONU, A/Resolución 55/2,  del 13 de septiembre de 2000.

[25] Algunos de los celebrados en los últimos tiempos son: Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativa al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil (13 de noviembre de 2008). Acuerdo entre la Santa Sede y  República de Paraguay sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional (24 de diciembre de 2002). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre la asistencia religiosa a los fieles católicos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de la República de Croacia (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre la colaboración en materia de educación y cultura (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre cuestiones jurídicas (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Libre de Sajonia (2 de julio de 1996). Convención entre la Santa Sede y la República Austriaca (21 de diciembre de 1995). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Venezuela para la creación de un Ordinariato Militar (31 de octubre de 1994).Acuerdo entre la Santa Sede y la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, el Land Meclemburgo-Pomerania Anterior y el Land Schleswig-Holstein (22 de septiembre de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Libre de Turingia sobre al erección de la Diócesis de Erfurt (14 de junio de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Brandeburgo así como con el Estado Libre de Sajonia (4 de mayo de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Sajonia-Anhalt así como con el Land Brandeburgo y el Estado Libre de Sajonia (13 de abril de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y la Republica de Hungría sobre la asistencia religiosa a las fuerzas armadas y policía de frontera (10 de enero de 1994). Acuerdo Fundamental entre la Santa Sede y el Estado de Israel (30 de diciembre de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Niedersachsen con el que se modifica el Concordato del 26 de febrero de 1965 (29 de octubre de 1993). Concordato entre la Santa Sede y la República de Polonia (28 de julio de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre los bienes temporales de la Iglesia (18 de febrero de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre los institutos de enseñanza de la Iglesia (18 de febrero de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre el reconocimiento de los efectos civiles a los matrimonios canónicos y a las decisiones de las autoridades y de los Tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios (3 de febrero de 1993). Convención entre la Santa Sede y la República de Costa de Marfil relativa a la «Fondation Internationale Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro » (20 de mayo de 1992). Concordato entre la Santa Sede y la República de San Marino (2 de abril de 1992). Convención monetaria entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la República Italiana (3 de diciembre de 1991). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Austriaca (26 de enero de 1990). Acuerdo entre la República de Malta y la Santa Sede con el fin de ordenar mejor la enseñanza y la educación religiosa católica en las escuelas estatales (16 noviembre 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Brasil sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas (23 de octubre de 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Niedersachsen (8 de mayo de 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno de la República de Malta sobre la incorporación de la Facultad de Teología en la Universidad de Malta (26 de septiembre de 1988). Acuerdo entra la Santa Sede y el Estado libre de Baviera (8 de junio de 1988). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Bolivia sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de la Policía Nacional (1 de diciembre de 1986). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Italiana que modifica el Concordato Lateranense (3 de junio de 1985). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Sarre (12 de febrero de 1985). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Renania del Norte-Westfalia (21 de diciembre de 1984).Convención entre la Santa Sede y la República de Haití (8 de agosto de 1984). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Austria (21 de enero de 1982). Convenio entre la Santa Sede y el Principado de Mónaco (25 de julio de 1981). Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú (26 de julio de 1980). Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español (3 de enero de 1979). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca del Departamento de Teología católica de la Universidad de Augusta (17 de septiembre de 1970). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Sarre sobre la formación de los maestros (12 de noviembre de 1969). Acuerdo adicional entre la Santa Sede y la República de Austria, al Convenio para regular las relaciones patrimoniales firmado por los dos Estados el 23 de junio de 1960 (29 de septiembre de 1969). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land de Renania-Palatinato, con el que se introducen añadidos y modificaciones a las disposiciones concordatarias vigentes en Renania-Palatinato (29 de abril de 1969). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Baviera, con el que se introducen modificaciones y  añadidos a los artículos 5 y 6 del Concordato del 29 de marzo de 1924 (7 de octubre de 1968). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para erigir la diócesis de Feldkirch (7 de octubre de 1968). Acuerdo entre la Santa Sede y Saarland acerca de la creación de una Cátedra de Teología católica en la Universidad de Saarland (9 de abril de 1968). Convenio entre la Santa Sede y la República de El Salvador acerca del Vicariato Castrense (11 de marzo de 1968). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina (10 de octubre de 1966). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca de la supresión de la Alta Escuela filosófico-teológica de Frisinga (2 de septiembre de 1966). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca de la Facultad de Teología católica de la Universidad de Ratisbona (2 de septiembre de 1966). Concordato entre la Santa Sede y el Land de Niedersachsen (26 de febrero de 1965). Convenio entre la Santa Sede y la República del Paraguay (26 de noviembre de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para la reglamentación de las relaciones patrimoniales (23 de junio de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para la erección en diócesis de la administración apostólica del Burgenland (23 de junio de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Bolivia sobre las Misiones (4 de diciembre de 1957). Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana (16 de junio de 1954). Concordato entre la Santa Sede y España (27 de agosto de 1953). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas (5 de agosto de 1950). Convenio entre la Santa Sede y la República de Portugal sobre las Misiones (7 de mayo de 1940). Concordato entre la Santa Sede y la República de Portugal (7 de mayo de 1940). Concordato entre la Santa Sede y el Tercer Reich (20 de julio de 1933). Concordato entre la Santa Sede y la República de Baden (12 de octubre de 1932). Pactos Lateranenses entre la Santa Sede e Italia (11 de febrero de 1929). Ver otros en: “Acuerdos y Concordatos entre la Santa Sede y Los Países Americanos” Juan G. Navarro Floria (Coordinador) Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, Buenos Aires, 2011.

[26] Concilio Vaticano II, del 7 de diciembre de 1965.

[27]  Concilio Vaticano II, del 28 de octubre de 1965.

[28]“Yo tengo un sueño” en el Lincoln Memorial en Washington D.C. del 28 de agosto de 1963.


La Libertad Religiosa como Derecho Humano

Jacques Maritain

“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21)
“Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37)

El mensaje de Cristo no solamente impactó en el pueblo judío; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido; sino que hoy todavía no ha podido asimilarse el alcance y el profundo contenido que nos trasmitió. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regían las conductas de los judíos para muchos de ellos fue un obstáculo para entender el mensaje liberador y universal del Hijo de Dios. Pero la incomprensión o las dificultades para entender la palabra de Jesús no fueron solamente del pueblo judío o de los primeros cristianos; me animo a afirmar que todavía hoy no hemos podido, pasado veinte siglos, darle el verdadero alcance que tuvieron las palabras, las frases y las parábolas que nos relata el Evangelio, como las que acabamos de recordar, y que tienen que ver con el tema que hoy trataremos que analizar y de interpretar.

Para qué el hombre (varón o mujer) está en este mundo, en este universo, rodeado de seres y de bienes del reino animal, vegetal o mineral de los que puede disponer porque están a su servicio. Para qué el hombre, a diferencia de los otros seres de la creación, tiene una dignidad, que le permite tener conciencia de su propio ser, de lo que le rodea, y una libertad para decidir alcanzar lo que es bueno o lo que le es mejor para sus proyectos y aspiraciones. Cuales son esas legítimas aspiraciones o proyectos que el hombre se propone o debe proponerse, y que dan o darán pie a la esperanza que mueve sus existencias. Sus propósito, metas, objetivos y fines, no son sólo temporales, si estamos convencidos que la vida no termina con la muerte; y que, también, tenemos un destino y una vocación que la trasciende.

Persona humana

El hombre, se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser consiente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.” (Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956).

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando reza; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o asocia con otras personas para orar o celebrar su culto; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

1. Religión: Persona, Sociedad y Estado

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes dela Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

2. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa
La persona, consciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hacela Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

3. El Derecho Humano a la Libertad Religiosa.

El derecho que toda persona tiene al ejercicio de la libertad religiosa debe ser respetado y garantizado por las normas que reglamentan su ejercicio y la misma alcanzan, entre otros, a los siguientes derechos:

1.1. A profesar sus creencias religiosas;

1.2. A cambiar o abandonar dichas creencias;

1.3. A manifestarlas;

1.4. A no estar obligado a expresarlas;

1.5. A recibir y trasmitir información religiosa;

1.6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;

1.7. A rezar y practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;

1.8. A no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;

1.9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas o actos religiosos en lugares públicos,

1.10. A asociarse con fines religiosos;

1.11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, comisarías, cuarteles o en el campo de batalla;

1.12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;

1.13. A educar y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimiento de educación pública estatal;

1.14. A conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;

1.15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.

1.16. A que se respete el secreto de confesión.

A la Iglesia y los demás confesiones religiosas se le debe garantizar también vía reglamentación, al menos, los siguientes derechos:

1.1. A que les reconozca su personería jurídica, su organización en base a las normas que ellas mismas se dicten, y las autoridades que designen.

1.2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.

1.3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;

1.4. A tener cementerios;

1.5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial;

1.6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o las de otras comunidades religiosas, dentro y fuera del país;

1.7. A admitir o excluir fieles;

1.8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, enviar – dentro y fuera del país – o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual y económicamente;

1.9. A reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas dentro y fuera del país.

1.10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.

1.11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.

1.12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a la Iglesia o a la confesión religiosa que indiquen, para el sostenimiento de las mismas.

1.13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

La mayoría de estos derechos, cuya enumeración no es taxativa, están reconocidos porla Constitución Nacional, la de las provincias, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, y por leyes nacionales y provinciales.

4. Sociedad Política, Estado, Iglesia, Autoridades Eclesiástica y otras Confesiones Religiosas.

De lo antes expresado queda claro que quien es religioso es la persona y que la expresión social del fenómeno religioso se da en las sociedades intermedias; como la familia, en las comunidades religiosas y en la sociedad política; y no en el Estado, que no profesa ninguna religión, por lo que podemos afirmar que es laico, aunque no sea indiferente ante la religiosidad de los ciudadanos, ni a las instituciones religiosas que viven y se desarrollan en el seno de la sociedad política a la que sirve, ni a la religiosidad de quienes ocupan cargos de gobierno o en la administración.

La Iglesia Católica como institución universal tiene reconocimiento como persona jurídica desde hace siglos por los usos y costumbres del derecho de gente o derecho internacional, y como así tácitamente lo reconocela Constitución Nacional (Art. 2 y 75 inc. 22), y expresamente lo hace el Código Civil (Arts. 33 y 2345), en nuestro país.

La autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que tiene su Sede en el Vaticano, puede celebrar concordatos con el gobierno argentino (Art. 75 inciso 22), lo que no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse también acuerdos con las autoridades locales de la Iglesia, sus institutos de vida consagrada, y con las demás confesiones religiosas.

Las demás confesiones religiosas tienen también el derecho al reconocimiento de su personería jurídica aunque actualmente ello no se encuentra debidamente legislado enla Argentina y sólo consiguen su reconocimiento como tales a través de la adopción de formas sociales o asociacionales, civiles o comerciales, que no se ajustan a su naturaleza religiosa, y con la previa inscripción en un registro de cultos, que funciona enla Secretaria de Cultos dela Nación.

5. Separación, Autonomía y Cooperación.

De ello se desprende la necesaria autonomía que tienenla Iglesia y las demás confesiones religiosas respecto del Estado, fundamentadas jurídicamente en las personalidades jurídicas distintas que invisten el Estado,la Iglesia y las demás confesiones religiosas.

Podemos válidamente afirmar, entonces, que existe separación entre el Estado y la Iglesia, como también respecto de las demás confesiones religiosas. Pero ello no debe interpretarse como ruptura, sino, todo por el contrario, implica también cooperación.

La cooperación entre Iglesia y Estado es fundamental en el campo mixto; como en el de la bioética, el matrimonio, la familia, la cultura, la educación, lo social, los medios de comunicación, el patrimonio cultural, etcétera; en cuyas relaciones humanas se hace necesario armonizar las normas morales y canónicas con la legislación positiva.

6. Estado Laico y Limitado.

El Estado no adopta ni tiene una religión, como todavía rezan algunas constituciones provinciales (Santa Fe, Art. 3º, y Catamarca, Art. 2º) que declaran a la Católica como la Religión de la provincia, y como bien quedó aclarado en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 cuando se discutió el artículo 2º de la Constitución Nacional, en la sesión del 21 de abril de ese año, cuando el convencional y prelado Benjamín J. Lavaysse sostuvo “(…)que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva (…)” lo que implicaba que el Estado no debía adoptar religión alguna y que debía declararse la libertad de culto. A la expresión “adopta y sostiene el culto católico” del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (Art. 3º) los constituyente le suprimieron el “adopta” al incorporarlo a nuestra Carta Fundamental (Art. 2), por las razones esgrimidas por el padre Lavaysse y José Benjamín Gorostiaga.

7. La Igualdad de Derechos y la Libertad Religiosa.

Las personas físicas y jurídicas, titulares del derecho a la libertad religiosa, son iguales ante la ley. Esta igualdad debe interpretarse, como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, como lo ha hecho en distintos pronunciamientosla Corte Suprema de Justicia dela Nación al referirse a distintas cuestiones (Fallos: 16:118, sentencia del 1º de mayo de 1875). El número de files que integran las distintas confesiones religiosas, su expansión en el mundo y en nuestro país, y su significación histórica, cultural y social deben ser tenidas en cuenta a los efectos de hacer esta interpretación.

La invocación del derecho a la libertad religiosa no justifica actos de discriminación ni admite privilegios o supremacía para el acceso a cargos públicos, como ocurre por ejemplo cuandola Constitución Nacional dispone que: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)” (Art.73). La ley 23.592 tipifica y castiga los actos discriminatorios.

8. Cuestiones controvertidas

Hay algunas cuestiones importantes que necesitarían ser resueltas normativamente para que los argentinos podamos ejercitar más plenamente la libertad religiosa, a saber:

1.1. El Gobierno Federal debe propiciar ante la comunidad internacional la firma de un tratado de derechos humanos sobre libertad religiosa.

1.2. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, ala Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas ala Iglesia Católica, que hoy actualmente sólo tienen un simbólico sentido reparatorio por la confiscación de bienes que se le hicieron en el siglo XIX, ya que en modo alguno alcanzan para el sosteniendo que manda el texto constitucional.

1.3. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito. Debe suprimirse el artículo 73 que prohíbe ingresar al Congreso a los eclesiásticos regulares.

1.4. Debe reglamentarse el derecho a profesar y ejercer libremente su culto (Arts. 14 y 20 de la Constitución) y dictarse una ley de libertad religiosa, que derogue la ley de facto 21.745, y que declarare y garantice los derechos de los habitantes y de las confesiones religiosas, que hay actualmente en el país, y reconozca la personaría jurídica y de las que en el futuro puedan ser solicitadas. El convencional José Benjamín Gorostiaga así lo expresó en la sesión del 24 de abril de 1853 dela Convención Constituyente.

1.5. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

1.6. Debe modificarse el Código Civil para que se reconozca el matrimonio religioso, y se establezca la forma en que los mismos sean inscriptos en el Registro General de las Personas, como lo tiene establecido la legislación de Brasil y Chile.

1.7. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 dela Convención Americana sobre Derechos humanos), que ser reitera en otros tratados internacionales y constitucionales provinciales. Actualmente se cumple con ello en las provincia de Salta, Tucumán y Catamarca.

1.8. Modificar el Código Penal a los efectos de preservar mejor el bien jurídico protegido: libertad religiosa y sancionar las conductas discriminatorias, fraudulentas, agresivas y contrarias a los derechos humanos ejercidas por personas o por quienes creen o intervengan en falsas confesiones religiosas, comúnmente denominadas “sectas”, y que invocan su condición religiosa con fines ilícitos.

ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA

A pesar que la Constitución de 1853 declaró que todos los habitantes de la
Nación gozan del derecho a “profesar libremente su culto” (art. 14), desde su mismo texto y luego en su aplicación hubo normas y conductas que atentaron contra la libertad religiosa:

1. La Constitución de 1853 restringió el derecho a la libertad religiosa al mantener el privilegio del Patronato (art. 64 inc. 19 y 86 inc. 8), y establecer que el Presidente “ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de los obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado.”, institución del derecho canónico que el Papa, que lo otorga, nunca se lo concedió ni se lo reconoció a los gobierno patrios, que se lo atribuyeron desdela Revolución de Mayo, a pesar que el mismo sí le había sido concedido a los monarcas españoles que lo precedieron. Estas normas sobre patronato frustraron las primeras misiones para lograr la firma de un concordato conla Silla Apostólica de Juan Bautista Alberdi en 1856 y de Juan del Campillo de 1858.

También se afectó la libertad religiosa cuando estableció el llamado exequátur por el que el Presidente “concede el pase o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves, Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo dela Suprema Corte, requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes.” (art. 86 inc.9), lo que implicaba una inaceptable censura.

Se le prohibió, además, ser miembros del Congreso a los religiosos regulares (art. 62) y se exigió que el Congreso autorice la introducción de nuevas órdenes religiosas (art. 64 inc. 20), lo que limitaban aún más la libertad.

Estas disposiciones, excepción hecha de la prohibición a los religiosos regulares de ser miembros del Congreso -que todavía existe-, tuvieron vigencia hasta el Acuerdo entre el Gobierno Argentino yla Santa Sede de 1966 y fueron eliminadas del Texto Fundamental en la reforma de 1994.

2. El Breve de Pío IX por el que se dispuso que el distrito de Tarija, dependiente de la diócesis de Salta, pasó a depender del de La Plata (Sucre, en Bolivia) motivó una nota de reclamo del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública dela Confederación al delegado apostólico Marino Marini, quién había llegado al país en 1858 designado por el Papa, por afectar el derecho de Patronato y por las consecuencias negativas que esa medida podía tener para los derechos que nuestro país detentaba en esos territorios, cuya delimitación todavía no estaba fijada. Sin embargo, el gobierno otorgó el pase a dicho Breve.

3. La Corte Suprema en 1863 decidió restringir las atribuciones al Delegado Apostólico Marino Marini por lo que se le exigiría el pase a las cédulas o decretos que expida como delegado del Pontífice, que no podía ejercer funciones episcopales atribuida a los obispos, debía abstenerse de levantar información respecto de los candidatos a obispos u arzobispos y a no ejercer funciones judiciales eclesiásticas. (Fallos, 1:180)

4. La ley 49 de 1863 tipificó delito federal, castigado con pena de uno a cuatro años de extrañamiento, “al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos dela Corte Pontificia de aquellos que, para su ejecución, necesitaren del pase del Gobierno, sin haberlo obtenido”. Al que lo ejecutare o mandare a ejecutar cuando el pase fuere negado se le aplicaría de cuatro a ocho años de extrañamiento. Estas disposiciones pasaron al Código Penal de 1921, en art. 228, todavía no derogado expresamente, aunque por el Acuerdo de 1966 y la reforma Constitucional de 1994 no existe más el pase.

5. El 28 de febrero de 1875 grupos anticlericales ataca el edificio del Arzobispado de Buenos Aires e incendian del Colegio El Salvador, con motivo de la decisión del arzobispo de Buenos Aires Monseñor Aneiros de confiarla Iglesia de San Ignacio a los jesuitas.

6. En junio de 1883 el Poder Ejecutivo deja cesante al rector del Colegio Nacional de Buenos Aires José Manuel Estrada por haberse manifestado en contra de la sanción de la que iba a ser ley 1420 de Educación Común.

7. El 6 de junio de 1884 el presidente Julio Argentino Roca destituyó al Vicario el canónigo Gerónimo Clara, a cargo de la diócesis vacante de Córdoba por fallecimiento de Fray Mamerto Esquiú, por haber prohibido en una carta pastoral a sus fieles enviar a sus hijas ala Escuela Normal dirigida por una maestra protestantes. El obispo de Salta Fray Risso y Patrón y los vicarios de Jujuy, Demetrio Cau, y de Santiago del Estero, Rayniero Lugones, emitieron cartas similares y por otro decreto del 13 de noviembre de 1884 fueron suspendidos y se les iniciaron procesos penales por rebelión y conspirar para alterar la forma de gobierno.

8. Por decreto del 14 de octubre de 1884 se expulsa del país del Nuncio Apostólico de Monseñor Luis Mattera, por haberse reunido con Francisca Amstromg, directora norteamericana dela Escuela Normal de Córdoba cuando viajó a esa ciudad para la asunción del nuevo obispo Juan Capistrano Tissera, y se interrumpen las relaciones conla Santa Sede por quince años.

9. Por las leyes 1144 de 1881 y la 1893 de 1886 se establecieron los recursos de fuerza para que los tribunales de la Capital Federal conocieran en grado de apelación las decisiones de los tribunales eclesiásticos, esto motivó reclamos de las autoridades eclesiásticas, pero nunca fueron planteados dicho recursos.

10. Otro conflicto entre el gobierno argentino y Roma se produjo cuando el Papa Pío XI no designó al presbítero Miguel de Andrea como Arzobispo de Buenos Aires a pesar hacer hecho la presentación por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear en 1923: En el año siguiente el Papa designó como administrador apostólico a Monseñor Juan Agustín Boneo, obispo de San Fe, resolución que fue desconocida por el Poder Ejecutivo y porla Corte Suprema que no concedió el pase, en1925, ala Bula que nombró a Boneo (Fallos 142:342). Con la renuncia de Miguel de Andrea el gobierno presentó para la vacante a Fray José María Botaro quién fue designado por el Papa en 1926 arzobispo de Buenos Aires, con lo que se zanjaron las diferencias.

11. El 26 de abril de 1946 por Decreto 11.576 del Presidente Edelmiro Farrell se creó el Fichero Oficial del Culto Católico Apostólico y Romano para llevar los datos de sacerdotes del clero secular y de las órdenes y congregaciones religiosas que había en el país para ejercer las atribuciones del Patronato Nacional.

12. El mismo presidente el 31 de mayo de 1946 por el Decreto Nº 15.829, dispuso la inscripción obligatoria de los cultos distintos al Católico en un Registro Nacional de Cultos en el que prohibía el proselitismo de los mismos entre los indios, en virtud del artículo 67 inciso 15 dela Constitución que decía que los indios debía ser convertidos al catolicismo.

Pero antes que se implementara y por el Decreto Nº 16.160, del 29 de octubre de ese año, del presidente Juan Domingo Perón , a pedido dela Confederaciónde Iglesias Evangélicas y dela Convención EvangélicaBautista se archivaron las actuaciones relacionadas con el anterior decreto.

El Decreto Nº 31.814 de 1948 creó el Fichero de Cultos, que el Decreto 1.127, del 6 de febrero de 1959, del Presidente Arturo Frondizi, derogó y dispuso reorganizarlo.

En el Registro Nacional de Cultos, que reemplazó al Fichero de Cultos, está regulado desde 1979 por la ley, de facto, 21.745, reglamentada por Decreto 2.037, del 23 de agosto de 1979, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de las instituciones religiosas en el mismo.

En 2000 había inscriptas unas 2.300 “instituciones” religiosas (templos, iglesias, pero también escuelas, bibliotecas y ateneos deportivos), 100 de las cuales eran judías, 10 islámicas, 20 iglesias ortodoxas, 1.800 evangélicas, 230 espiritistas y 200 umbandistas o africanistas.

13. Los conflictos de Perón con la Iglesia en 1955 llevó a que el 11 de junio se produjera una multitudinaria procesión de Corpus Cristi -cuatro días antes del bombardeo dela Casa Rosada-, que derivó en una marcha al Congreso y a la asistieron unas 150 mil personas.

El conflicto creció cuandola Policía Federaldijo que había sido quemada una bandera argentina durante dicha procesión. Un grupo de jóvenes católicos que custodiabala Catedralde Buenos Aires fueron atacados a pedradas y palazos por manifestantes peronistas. Dentro del templo, donde también estaban Tomás Casares, miembro dela Corte Suprema, y el obispo Manuel Tato, trabaron las puertas con los bancos. A la noche llegó el juez Carlos Gentile con la policía y se llevó 356 detenidos a la cárcel de Devoto, que fueron liberados la semana siguiente.

Por este conflicto el Poder Ejecutivo exoneró y expulsó del país a monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Manuel Novoa, lo que sería dejado sin efecto por el decreto 505 del 7 de octubre de 1955, por el gobierno del General Eduardo Lonardi.

La noche del 16 de junio de 1955, después de los bombardeos a Plaza de Mayo y la residencia presidencial, donde fallecieron más de trescientas personas, fueron incendiadas la Curia Eclesiástica -situada al lado de la Catedral- y las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, La Piedad, La Merced, San Miguel, San Juan, San Nicolás de Bari, el Socorro y Nuestra Señora de las Victorias.

Durante este conflicto con la Iglesia fueron detenidos sesenta y siete clérigos.

El Congreso, por su parte, sancionó la ley 14.400 que exigió que las reuniones públicas debieran hacerse en lugares cerrados y con previa autorización policial, con lo que quería evitar otra procesión como la de Corpus Cristi.

La ley 14.404, del 20 de mayo de 1955, declaró necesaria la reforma constitucional “en todo cuanto se vincule a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”.; y la ley 14.424, del 18 de agosto de 1955, prorrogó por 180 días el plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria, la que nunca se realizó.
Por ley 14.405, del 20 de mayo de 1955, se derogaron todas las disposiciones que acordaba exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, templos, conventos, etc.; lo que fue derogado por el Decreto Nº 317 del 4 de octubre de 1955.

El Decreto 3991 de ese año suprimió cinco feriados por festividades católicas.

14. A los Testigos de Jehová se les canceló la inscripción en el Registro de Cultos en 1948 y la recuperaron recién en 1984, y han sufrido actos discriminatorios por su negativa a hacer el servicio militar obligatorio y por no honrar los símbolos patrios, y muchos de sus fieles fueron condenados por los Tribunales Militares y padecieron prisión, especialmente durante el gobierno del proceso (1976-1983).

15. Durante dicho gobierno militar se produjeron graves atentados contra la libertad religiosa y la persona de ministros y fieles de distintos cultos. Sólo recordaremos los más resonantes.

En lo que se dio en llamar “la masacre de San Patricio”, fueron asesinados por grupo de tareas los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976.

El 4 de agosto de 1976 fue asesinado Monseñor Enrique Angelelli, obispo deLa Rioja, hecho que no ha sido esclarecido todavía, encontrándose actualmente en marcha una investigación judicial.

Las monjas francesas, Léonie Duquet y Alice Domon, fueron secuestradas y asesinadas a fines de 1977.

Las otras confesiones religiosas, sus ministros y fieles han padecido, en este luctuoso período, restricciones contra la libertad religiosa como las prohibiciones a practicar sus cultos, censuras, discriminaciones, persecuciones, detenciones y desapariciones; como atentados a personas, por su condición de religiosos; a templos; a cementerios; a mezquitas; sinagogas y demás lugares sagrados.

16. Los judíos, muchas veces, fueron discriminados y perseguidos. El antisemitismo hizo que a principio del siglo veinte la policía les sellara con la estrella de David los documentos de identidad. Mención especial merece por su gravedad el atentado terrorista contra la sede de la Asociación MutualIsraelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, donde funcionaba un rabinato, en el que fallecieron 85 personas; que se sucedió al que se perpetuó el 17 de marzo de 1992 contra la sede dela Embajada de Israel en la que murieron 29 personas y fueron heridas 242. El 21 de noviembre de 2006 en un partido de futbol hinchas de Defensores de Belgrano insultaron a jugadores e hinchas de Atlanta profiriendo consignas antisemitas, el partido no fue suspendido y se labraron actuaciones judiciales.

17. Durante el gobierno de presidente Néstor Kirchner hubo conflicto con la Iglesia Católica por distintos motivos.

Por Decreto 220, del 18 de marzo de 2005, se dejó sin efecto el acuerdo para la designación como Obispo Castrense a Monseñor Antonio Juan Baseotto, un ministro de posturas conservadoras que había sido nombrado en el año 2002; porque criticó la posición abortista del Ministro de Salud Ginés González García, con una cita que contenía una metáfora que al Poder Ejecutivo ofendió.

El presidente Kirchner nunca simpatizó y mantuvo distancia con el cardenal primado Jorge Bergoglio, un arzobispo moderado, y no asistió a los tedeum que se celebran en las fiestas patrias, actitud que mantiene su esposa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la provincia de Misiones ante la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constituciónpara permitir la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, se erigió en líder de la oposición al obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, de perfil progresista, que fue candidato a constituyente en 2006 y triunfó en aquellas elecciones, abortando así la reforma reeleccionista dela Constitución.

18. El 24 de marzo de 2007, en una manifestación que hubo en la ciudad de Córdoba repudiando el golpe de estado ocurrido hacía 31 años, algunas personas atentaron contra la Catedral, varias iglesias y otros edificios que sufrieron pintadas con distintas inscripciones. El Consejo Interreligioso por la Paz (COMINPAZ), integrado por ministros de distintos cultos, borró las inscripciones y repintó las paredes de la antigua Iglesia del Pilar, ubicada entre las avenidas Olmos y Maipú de la ciudad de Córdoba, en un acto de defensa de la libertad religiosa.

19. El 6 de septiembre de 2007 se atentó contra la Catedral Metropolitana, apareciendo -al amanecer- inscripciones que decían “La única iglesia que ilumina es la que arde”, “aborto libre y gratuito” y “genocida” lo que reiteró los frecuentes atentados que en los últimos tiempos se produjeron en ese Templo.

20. En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la falta de respuesta al placet del Estado del Vaticano al embajador Alberto Iribarne, publicitado por el gobierno argentino, tensó las relaciones entre el actual gobierno yla Santa Sede, situación que se superó con la renuncia de Iribarne y la designación del nuevo embajador Juan Pablo Cafiero, quién en poco tiempo obtuvo el placet dela Santa Sede.

21. El 20 de abril de 2008 hubo un atentado contra el Cementerio Judío de Ubaja y, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, que afectó a unos 30 monumentos y sepulturas; y el 23 de abril de 2008 contra del antiguo Cementerio Judío de Algarrobo, cerca de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, afectando a diez sepulturas, algunas que datan de 1891.

22. Marcos Aguinis luego de contar que la DAIA(Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina) se fundó en 1935 “para enfrentar la campaña antisemita, que fogoneaba la embajada de Alemania nazi con apoyo de los fascistas localesafirmó que en 2007 hubo 348 actos antisemitas en Argentina, según fuentes periodísticas, de los departamentos de asistencia comunitaria y jurídica dela DAIA y los datos del INADI.” Durante 2006 llegaron a 586. (La Nación “Contra el odio a los judíos” del 3 de octubre de 2008).

23. En el colegio técnico religioso Cristo Obrero de la ciudad de Villa Carlos Paz apareció en el año 2008 con pintadas nazis y la leyenda “Say No More“, muy popular entre los fans del músico Charly García, lo que generó sorpresa en la comunidad local. Las esvásticas se encontraban en el salón de actos del establecimiento junto al mástil de la bandera y al lado de la pared en la que había una cruz católica. Las marcas se registraron en medio del receso escolar de invierno.

24. El domingo 17 de mayo de 2009 un acto de homenaje al 61 aniversario de la fundación del Estado de Israel, organizado por el Gobierno de la ciudad Buenos Aires y que tuvo lugar en la intersección de Avenida de Mayo y Perú, al que asistieron unas cuatrocientas personas, fue violentamente interrumpido por un grupo de personas, que salieron de la boca del subte, armados con garrotes y que comenzaron a golpear a los pacíficos concurrentes y a tirar panfletos con la inscripción “Israel genocida”, identificándose como integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez y del Frente de Acción Revolucionaria. Cinco personas fueron detenidas y están sido procesadas como responsable de estos hechos.

25. Afines del año 2010 en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén, un grupo de alumnos evangélicos bautistas del Centro de Enseñanza Media 8, escuela pública de gestión estatal, fue sancionado por reunirse a orar en el tiempo de recreo. La situación tuvo gran repercusión en la comunidad y motivó la suspensión primero y la reincorporación después, del director dela Escuela que había sancionado a los alumnos.

El Observatorio del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR)
El monitorea lo que se refiere a la libertad religiosa en Argentina y puede ser consultado para ampliar esta enumeración.

La Iglesia Católica y la Libertad Religiosa

La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa.

En la declaración “Dignitatis humanae“, del 7 de diciembre de 1965, del Concilio Vaticano II “(…)ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana” y, agrega, “para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano se requiere que en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad.“(…)

Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(…)Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil.”(…)

La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.”(…)

“A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.” (…)

La comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser impedidas en la enseñanza y en la profesión pública de palabra y por escrito, de su fe (…)”

Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.” (…)

“Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas.” (…)

“La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes; y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad.” (…)

En la declaración “Nostra aetate“, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas del 28 de octubre de 1965, dice: “La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, “observando en medio de las naciones una conducta ejemplar” (1Pe 2,12) si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres (Cfr. Rom. 12,18), para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos (Cfr. Mt.5, 45).” (…)

Reflexión Final

El derecho humano a la libertad religiosa debe ser mejor protegido por la legislación argentina y cultivada en la cultura ciudadana por la educación. En la comunidad internacional los argentinos debemos proponer una tratado internacional sobre libertad religiosa.

Los mejores deseos para que estos propósitos se hagan posibles encuentran su mejor síntesis en estas palabras de Benedicto XVI:

“Que los miembros de todas las religiones estén unidos en la defensa y promoción de la vida y la libertad religiosa en todo el mundo. Y que, dedicándonos generosamente a este sagrado deber -a través del diálogo y de tantos pequeños actos de amor, de comprensión y de compasión – seamos instrumentos de paz para toda la familia humana.” (17 de abril de 2008 en Washington D. C.)
Córdoba, julio de 2011.

Bicentenario en la Casita de los Niños “Augusto Conte”

El dia del Bicentenario Argentino, 25 de Mayo de 2010, Jorge Horacio Gentile visitó y almorzó en la Casita de los Niños “Augusto Comte” con el Padre Pepe, presbístero José María Di Paola, párroco de la Villa 21 – 24 de Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires, donde está ubicada dicha Casita y parroquia, donde viven 40 mil personas, muchas de ellas de origen paraguayo. Dicho sacerdote católico había sido amenazado por narcotraficantes, en los pasillos de dicha Villa, por la ayuda que el mismo hace a los niños que consumen “paco” y a sus familias. En febrero de 2011 el Padre Pepe al ser nuevamente amenazado, esta vez junto con las personas que colaboraban con él, dejó dicha parroquia y la autoridad eclesiástica lo destinó a la ciudad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero, a donde continúa con su ministerio sacerdotal.

La Educación Religiosa en la Provincia de Córdoba

Colegio Nacional de Monserrat

Grafiti en la pared del Arzobispado de Córdoba: “No educarás¡! Fuera Iglesia de nuestros colegios” Esto me recuerda el “La Biblia no entra”, que escuché a un guardia de la muy dura Cárcel de Sierra Chica durante el Gobierno Militar cuando hacía la cola para visitar a uno de mis defendidos, preso político de entonces.

Apartándose de este clima de agravios me parece importante reabrir el debate sobre la Educación Religiosa que se hizo hace 23 años sobre la educación religiosa que tuvo lugar en la Convención Constituyente de 1987.

El Proyecto

El proyecto de ley de Educación para la provincia de Córdoba, debatido y acordado por el Consejo Provincial de Políticas Educativas, y que el Gobernador envió a la Legislatura, contiene las siguientes disposiciones sobre la educación religiosa:

Artículo 11:Derechos y deberes de los Padres. Los Padres, o quien los sustituyeren legalmente tienen, sobre la educación de sus hijos, los siguientes: Derechos:

(…)

e) A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado.”

 Artículo 12: Derechos y deberes de los alumnos. Los/as alumnos/as de las Instituciones educativas de la Provincia tienen los siguientes Derechos:

a) A que se respeten su integridad y dignidad personales, su libertad intelectual, religiosa y de conciencia. (…)”

Artículo 79: “El Estado  Provincial reconocerá dentro de los principios de la Constitución y de la Ley, la libertad de la iniciativa privada para crear y gestionar institutos de enseñanza en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, los que estarán sujetos al reconocimiento, autorización y supervisión del Ministerio de Educación.

Tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, las sociedades cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y otras personas físicas y jurídicas.”

 La Ley Vigente

Dichas disposiciones reiteran lo que dispone la ley de educación provincial vigente 8113 de 1991, que dispone lo siguiente

Derecho de los Padres

Artículo 7:Los padres, o quien los sustituyere legalmente, tienen, sobre la educación de sus hijos, los siguientes derechos:

(…)

c) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública estatal, educación religiosa que les permita aprender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado.

(…)”

Criterios de Orientación Pedagógica

Artículo 20: “Los centros educativos de la Provincia desarrollarán el proceso de enseñanza- aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del sistema, según los siguientes criterios generales:

(…)

c) Los docentes orientan los aprendizajes con criterio científico en un ambiente propicio para la participación activa y creadora, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico y la responsabilidad cívica y la formación ética y moral de los educando, en un marco democrático y solidario”.

La Comisión Representativa Honoraria

Artículo 62: “El Consejo General de Educación podrá ser asistido en sus funciones por una Comisión Representativa, convocada para el análisis y estudio de los temas específicos que aquel le solicite, a fin de ampliar las consultas con la opinión de entidades sociales representativas.”

Integración de la Comisión Representativa Honoraria

Artículo 63:La Comisión Representativa honoraria estará integrada por los representantes invitados de cada y una de las siguientes entidades:

(…)Organizaciones confesionales y laicas que sostienen instituciones educativas.

(…)”

La Constitución de la Provincia

La quinta Constitución de la provincia de Córdoba dictada en abril de 1987 y  reformada en el año 2001, que está plenamente vigente, establece al respecto:

Educación

Artículo 61.La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria.

Política Educativa

Artículo 62.La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos:

(…)

5. Asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. (…)”

Tratados Internacionales de Derecho Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 Constitución Nacional)

La Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 12, 4 titulado “Libertad de conciencia y de religión” expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.; Este tratado internacional ha sido aprobado en la Provincia por ley 7098 de 1984 y una disposición complementaria de la Constitución dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derecho Humanos” (Preámbulo y Parte I)(…)”

El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales
en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 18. (…) 4. Que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Debate de la Convención Constituyente de 1987

En la Convención Constituyente que en 1987, entre los días 23 y 24 de abril de ese año, se debatió la cláusula -que luego de aprobó- que dice que “(…) Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la  escuela estatal, educación religiosa o moral según sus convicciones.” (Art. 61 Inc. 5). En el mismo se argumentó de la siguiente manera:

El convencional Ricardo del Barco (Demócrata Cristiano) dijo: “Pero, insisto,(…)Eduardo Sánchez Martínez,(…) decía: “Esto no significa imponer una enseñanza confesional lo cual violentaría manifiestamente la libertad de conciencia de cada uno; significa en cambio que a través de la enseñanza se ayude al que se educa a plantearse problemas de la trascendencia, a plantearse la cuestión de si detrás del más allá de este mundo, no hay algo que le dé sentido. Y después, de las distintas respuestas que cada uno tenga o se dé, no sólo se respeten y toleren, sino que, además, se encuentren en el medio educativo cauces adecuados para su desarrollo y su profundización. (…) Nosotros creemos que en el escuela pública hay que promover un diálogo, también, entre la fe y la cultura, entre la cultura y la vida. Queremos que las distintas expresiones religiosas tengan su ámbito, eso contribuye al pluralismo. No creemos que los católicos que asisten a las escuelas públicas teman no encontrar en ella la expresión de su fe en un encuentro a través de la educación, del diálogo y de la reflexión. No queremos que aquellos que tienen otras confesiones religiosas, cristianas no católicas u otras confesiones, o los que no tienen ninguna no puedan encontrar su expresión en el seno de la escuela pública, según el modo, manera y circunstancia que la propia práctica educativa encuentre y que desde la legislación se oriente para que no se esconda el tema. Que nadie se avergüence de tener una fe o de no tenerla.  Lo que se intenta aquí es que la educación no omita esta dimensión humana, no que le impongamos fe alguna o que utilicemos los recursos del Estado para imponer una fe determinada, aunque sea la fe católica, que es la de la mayoría de este pueblo; tienen tanto derecho las mayorías como las minorías a expresar su disenso y buscar su verdad por otro camino. No teman los señores convencionales: no se intenta con estas cláusulas revivir polémicas del pasado. Hoy queremos transitar nuevos y distintos caminos. Deseamos ante todo que en la escuela estatal se dé un ámbito de encuentro, de búsqueda y diálogo.”

El convencional Jorge de la Rúa (UCR) expresó: “la norma estaría estableciendo una regla en virtud de la cual, fundado en el derecho de los padres a que se les proporcione a sus hijos educación religiosa en las escuelas estatales, el Estado tienen el deber de proveer esa enseñanza religiosa.(…)La Nación tiene reconocido centenares de cultos y sino hay ánimo de discriminación –como descuento que no lo hay en los miembros de la Comisión- el Estado tendrá que proveer centenares, o miles, de maestros o maestras de religión o de moral, para cubrir todo el espectro religioso e ideológico de los alumnos. Porque de lo contrario, reitero, estaríamos en un plano de discriminación. (…)Creo realmente que estamos frente de una norma que en su amplitud puede generar severos problemas de aplicación práctica, y puede generar reales y concretas situaciones de discriminación.(…)Todas estas razones(…)hacen que anticipe mi voto negativo a este precepto.”

El convencional Juan Carlos Maqueda (Peronismo Renovador): “No creemos que ese inciso del artículo que está en tratamiento lleve en sí mismo una discriminación, sino que por el contrario lleva un sentido de apertura; lleva la posibilidad que la ley máxima por vía reglamentaria, que será la ley de la Legislatura, valga la redundancia, podrá determinar las formas y los modos en que habrá de impartirse la enseñanza moral o religiosa que prevé este precepto.(…) Damos el voto favorable de la bancada del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana.”

El convencional Abelardo Rahal (UCR): “Creo en el hombre total. Creo en el respeto profundo entre los hombres, Creo en la educación para la libertad. Por eso es que evidentemente no puedo sectorizar al hombre y remitirlo solamente a las expresiones de su razón en la vinculación solidaria. Creo que la dimensión religiosa está totalmente compenetrada dentro de la naturaleza humana.(…)Por eso –reitero- mi voto positivo va a ser por convicción y no sólo por disciplina de bloque.”

La convencional Ileana Sabattini (UCR): “Si a un radical se le dice que se va aplicar la ley 1420, se pone contento, si a un católico se le dice que se va a aplicar la ley 1420, que está tildada de laicista, se horroriza. Pues bien, señores convencionales: hoy como no se ha mencionado la ley 1420, nos hemos dividido por el mismo tema y con los argumentos expuestos, de manera opuesta. Es decir, estamos preconizando la posibilidad de que los padres organicen fuera de la hora de clase, sin pago por parte del Estado, la educación religiosa. Se está contemplando a la persona como una integridad, no solamente educar a todos los ciudadanos, sino a todos el ciudadano; se está reiterando lo que hemos firmado en los pactos internacionales (…).”

Educación

En el caso de la educación si bien ya no se discute el derecho a enseñar y a aprender, ni el de la libertad religiosa; su ejercicio, algunas veces, es cuestionado en nombre de un laicismo trasnochado que todavía desconfía, con alguna razón, y teme de que lo que se quiere con ello es volver a usar la educación pública, de gestión estatal, con el propósito de “adoctrinar” a los educandos a favor de algún credo o confesión religiosa; cuando en realidad de lo que se trata es de cumplir con la finalidad de la educación que es contribuir al desarrollo integral de la persona humana, especialmente en lo que tiene que ver con su dimensión trascendente. Para ello es necesario trasmitir a los educandos la experiencia religiosa que la historia, la tradición y los textos sagrados nos han legado.

Las dificultades y problemas que enfrenta el hombre, en estos tiempos, como consecuencia del debilitamiento de la familia; la crisis moral; la desigualdad de oportunidades -especialmente en el plano educacional, laboral, y de ingresos-; la falta de conciencia y participación cívica, la desconfianza en los dirigentes, la inseguridad, las adicciones, y la distancia entre religión y la vida, etcétera; no encuentra en las distintas propuestas, proyectos o modelos de soluciones que se le presentan sólidos fundamentos que lo sustenten.

Para superar esto se hace necesario apelar no solo a los conocimientos científicos y técnicos, sino también a los principios y valores universales de la moral y ética, que sólo la sabiduría práctica, estudiada por la filosofía y la teología, nos la puede proporcionar. Ello nos plantea la necesidad de revisar nuestra educación pública, donde es necesario enfatizar los estudios sobre moral, ética, filosofía y teología, conocimientos en los que confluyen la razón y la fe religiosa.

Los estudios sobre moral y religión no pueden estar ausentes de los planes de estudios de los establecimientos educaciones, sean ellos de gestión estatal o privados. Esto no significa que proponemos volver a la experiencia que a nivel nacional se dio entre los años 1943 y 1955, o que se viene dando en algunas provincias, como Salta, Tucumán y Catamarca donde se enseñó y enseña educación católica, para los católicos y moral para los que no lo eran o son, sino que se trata de hacer conocer lo religioso a través y según la interpretación de las distintas tradiciones y confesiones religiosas, permitiendo así un mejor desarrollo de la faz trascendente que tiene el educando como persona, y permitir que se enriquezca en los valores que adopte para sustentar su vida como persona y como integrante de la sociedad política a la que pertenece. Ello le servirá también para mejor elegir y luego cimentar los proyectos de vida que decida emprender.

Los devotos de la ley 1420 deben recordar que la misma no prohibía la educación religiosa en los colegios, ni se proclamaba laicista, sino que la misma debía hacerse fuera de las horas de clases. Por ello no es acertado lo que se expresa en los fundamentos del mensaje que acompaña al proyecto de ley enviado por el Gobernador cuando dice que la educación religiosa: se entiende que será en un espacio extracurricular y a contraturno del horario de clases”. Con la doble escolaridad que se impone en la actualidad cada día con mayor fuerza ya no hay pretexto para que la educación religiosa se haga en la escuela, al menos en el horario extendido, y no con un criterio catequístico sino verdaderamente de educación religiosa. Los que impartirán esta educación, a diferencia de la época en que se aprobó la ley 1420, serán seguramente maestros y profesores laicos, que no necesariamente profesarán el o los conocimientos religiosos que se trasmitirán a los alumno, pero que a los mismos no se los podrá privar de ellos, sin atentar seriamente contra el derecho humano a la libertad religiosa.

La Persona y la Educación

Si de valores y educación se trata el punto de partida tiene que ser la persona humana y el desarrollo de su personalidad dentro de una sociedad encaminada al bien común.

“La primera finalidad de la educación – para Jacques Maritain es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre.” En cuanto ser personal el hombre es una realidad hipostática, de espíritu y materia,  que se diferencia de los demás individuos de la creación por ser conciente y libre, por ser un todo en sí mismo. Está dotado de un alma espiritual, donde la inteligencia supramaterial, dirigida hacia la verdad, se nutre del conocimiento racional, que surge de la experiencia; pero que para los cristianos está enriquecido por la revelación, que conoce a través de la fe. La libertad, otro atributo espiritual de su voluntad, lo impulsa hacia el bien; y los sentimientos lo encaminan hacia la belleza. La Verdad, el Bien y la Belleza, como absolutos, se identifican con Dios.

Maritain entiende que  “la idea griega, judía y cristiana del hombre:(…) es un animal dotado de razón cuya suprema dignidad está en la inteligencia; el hombre es un individuo libre en relación personal con Dios, y cuya suprema ‘justicia’ o rectitud consiste en obedecer voluntariamente a la ley de Dios; el hombre es una criatura pecadora y herida, llamada a la vida divina y a la libertad de la gracia, y cuya suprema perfección consiste en el amor.”

El hombre, entonces, es una animal de naturaleza, pero también de cultura y su desenvolvimiento se da en la sociedad y en la civilización, por lo que también es un animal histórico, todo lo cual demuestra la necesidad de la educación, que es el arte moral, o sea una sabiduría práctica, por el que la persona es auxiliada por las experiencias colectivas, que las generaciones pasadas han acumulado, y por una transmisión regular de conocimientos adquiridos.

Para conseguir la libertad en la que se determina a sí mismo y para la cual fue hecha tiene el hombre necesidad de una disciplina y de una tradición de la que no puede desentenderse aunque deba luchar, muchas veces, contra ella para enriquecerla y hacerla apta para nuevos combates.

La educación, que es un arte moral y una sabiduría práctica, se desarrolla en la familia, la escuela o universidad, el Estado y en la Iglesia y no puede desentenderse de sus fines, que no son distintos de los que tiene la persona humana. Una educación preocupada por los medios o los métodos pero desentendida de los fines no es, como no lo es la que se ocupa solo de la ciencias, que indaga sobre las causas segundas, y no atiende a lo ontológico, cuando se interroga respecto de las causas primeras, que estudia la filosofía, o del destino trascendente de la persona, si tenemos en cuenta que está hecho a imagen y semejanza de Dios, de lo que se ocupa la teología.

Bien decía Juan Bautista Alberdi, que “Casi todas (las constituciones) empiezan declarando que son dadas en nombre de Dios, legislador supremo de las naciones. Esta palabra grande y hermosa debe ser tomada, no en su sentido místico, sino en su profundo sentido político. Dios, en efecto, da cada pueblo su constitución o manera de ser normal, como la da a cada hombre. El hombre no elige discrecionalmente su constitución gruesa o delgada, nerviosa o sanguínea; así tampoco el pueblo se da por su voluntad una constitución monárquica o republicana, federal o unitaria.”

Refiriéndose a los fines de la Constitución Argentina, expresaba que “El hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras. La religión debe ser hoy, como en el siglo XVI el primer objeto de nuestras leyes fundamentales.”

Agregaba que “nuestra política moderna americana (…) debe  mantener y proteger la religión de nuestros padres, como la primera necesidad de nuestro orden social y político; pero debe protegerla por la libertad, por la tolerancia y por todos los medios que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal (…)”

“La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión  católica el medio de educar esas poblaciones.”

La ley 25.878 de 2003 ha declarado el día 29 de julio como “el Día de los Valores Humanos” (Art. 1º) y dispone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrará los medios necesarios para que se desarrollen clases alusivas a esta conmemoración en los establecimientos educativos de todo el país.” (Art. 2º). Esto nos ratifica en la necesidad de que los “valores humanos” declarados en la Constitución, como los que tienen que ver con la religiosidad de nuestro pueblo, no pueden estar ausentes de la educación.

En la provincia de Córdoba esta reconocido el derecho que tienen los padres o los tutores de que sus hijos o pupilos reciban educación religiosa y moral, ello surge de los tratados internacionales, de la Constitución provincial y de la ley de educación, aunque en el sistema de educación de gestión publica ello no se cumple.

Sin embargo la provincia de Córdoba tiene una deuda pendiente con sus niños, con sus jóvenes y con sus ciudadanos, que es el implementar la educación religiosa, como disponen su Constitución, los tratados internacionales de derecho humanos y las leyes de educación que la rigen, y no hay razones que justifiquen esta mora de la gestión política educativa.

Programa de Educación de Valores Comunes

En el marco del convenio firmado por el Ministerio de Educación de la provincia y el COMIPAZ (Comité Interreligioso por la Paz) se realiza desde el año 2007 el Programa de Educación en Valores Comunes, con el objetivo de crear espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones, respetando la diversidad cultural y religiosa, la libertad y la convivencia. El programa está dirigido a alumnos/as de 4° año del nivel medio y desde su implementación han participado más de 6000 alumnos/as de escuelas de gestión pública y privada de capital e interior, dichas escuelas son elegidas por las supervisiones del Ministerio.

El programa tiene como Objetivos: Favorecer espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones que buscan una sociedad más fraterna. Fortalecer el respeto de la Libertad y la Convivencia por parte de los y las jóvenes. Dicho Programa tiene tres etapas: Una primera etapa en la que alumnos/as y docentes visitan los templos de las religiones que conforman el COMIPAZ. La segunda etapa se desarrolla en  la escuela, en cada curso, donde los y las docentes a cargo de esta experiencia, abordan con los alumnos y las alumnas la lectura y reflexión de la “Convención de los Derechos Humanos”, donde se les sugiere desde el Área de Educación en Derechos Humanos e Interculturalidad pautas abiertas orientadoras del trabajo. Por último se desarrolla un Festival por la Paz, para conmemorar el día de la libertad religiosa, donde se presentan las producciones realizadas por los alumnos/as y se realizan actividades recreativas de integración.

Conclusión

Queremos debate y no crispación respecto de la Educación, y más concretamente sobre el derecho humano a la Educación Religiosa.

Queremos mayor inclusión, pero al mismo tiempo mejor calidad educativa, reforzando la educación en valores morales y también religiosos.

Hoy con la extensión de la jornada escolar no cabe hablar de la enseñanza religiosa fuera de las horas de clase, ni que la enseñanza religiosas sea extracurricular o fuera del turno escolar; ni que la misma sea impartida por ministros de las distintas confesiones religiosas como en el siglo XIX; ello lo pueden hacer en estos tiempo maestros y profesores laicos, que profesen o no los credos religiosos que se enseñan.

Si una consigna habría que proclamar en este momento en Córdoba, sería:

Educarás¡! En las familias, en las escuelas, en las universidades, en la política; sin proscribir a “Dios, fuente de toda razón y justicia”, ni a la Biblia, la Torá ni a el Corán.

Córdoba, Noviembre de 2010.