Hacia un Tratado Internacional de Libertad Religiosa

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Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires

Leyes y autoridades para un mundo globalizado

El ideal histórico de una “autoridad de todo el orbe”, sostenida por Francisco de Vitoria en el siglo XVI[1], fue actualizada en 1795 por  Immanuel Kant, cuando escribió “Sobre la paz perpetua” afirmando que: “Los estados con relaciones recíprocas entre sí no tienen otro medio, según la razón, para salir de la situación sin leyes, que conduce a la guerra, que el de consentir leyes públicas coactivas, de la misma manera que los individuos entregan su libertad salvaje (sin leyes), y forman un Estado de pueblos (civitas gentium) que (siempre, por supuesto, en aumento) abarcaría finalmente a todos los pueblo de la tierra.” [2]

En el siglo XX Jacques Maritain, lo reiteraba al decir que: “El objetivo final se halla claramente determinado. Una vez que haya nacido la sociedad perfecta requerida por nuestra época histórica, o sea la sociedad política mundial, estará obligada en justicia a respetar en la mayor medida posible las libertades –esenciales para el bien común mundial de la vida política, moral y cultural, que serán sus partes más valiosas; pero los estados particulares tendrán que renunciar a su independencia plena(…)y el estado mundial disfrutará(…)los poderes requeridos por una sociedad perfecta: poder legislativo, ejecutivo y judicial, con la fuerza coactiva necesaria para imponer la ley. Quisiera añadir que la Constitución en la cual quizás definan algún día los derechos y deberes, así como las estructuras gubernamentales de tal estado mundial, serán únicamente el fruto de los esfuerzos comunes, experiencias y duras pruebas porque habrá pasado la historia presente y futura.”[3]

Arnold Toynbee, a su vez enfatizaba: “Sostengo que los Estados locales deberían quedar privados de su soberanía y subordinados a la soberanía de un gobierno mundial. Aún en ese caso, los Estados locales continuarán desempeñando un papel municipal útil y en realidad indispensable como unidades de administración local, es decir, el papel que desempeñan en un Estado federal los diferentes Estados que lo constituyen.”[4] Y Juan XXIII, en la “Pacem in terris”, declaraba: “Y como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, resulta, en consecuencia, que, por imposición del mismo orden moral, es preciso constituir una autoridad pública general.” (137)

La concreción de este ideal histórico sería bueno que se concretara en este siglo, signado por grandes y veloces cambios, para lo cual se hace necesario aprobar normas internacionales y establecer organismos que las hagan cumplir, que garantice los derechos humanos que hoy no son respetados y que con frecuencias son vulnerados en distintas partes del mundo.

Libertad Religiosa

En algunas partes del mundo los judíos, los cristianos, los musulmanes y quienes profesan otras religiones, teístas o no (como el Budismo, el Confusionismo, el Taoístas o el Jainismo) son perseguidos, denostados o castigados por sus creencias, por practicar su culto o por pertenecer a algunas iglesias o confesiones religiosa; por lo que se torna imprescindible reforzar las garantías a estos derechos injustamente vulnerados, para lo cual proponemos que se apruebe un tratado internacional que los reconozca, los declare y mejor los proteja y garantice.

El derecho a la libertad religiosa abarca también la defensa de la libertad de conciencia, de creencia, de culto y de pensamiento; que se encuentran, en muchos casos, ya reconocidos, declarados y garantizados en distintas disposiciones contenidas en declaraciones, tratados, convenios, acuerdos, concordatos, protocolos y normas internacionales; como también en la mayoría de la constituciones y las leyes de los Estados; pero no hay todavía un tratado internacional específico, que rija en todo el mundo o en alguno de sus continentes, que además de que declare y garantice estos derechos, cree algún órgano, comité, comisión o consejo internacional especializado, que se ocupen hacer el soft Law, de interpretar el alcance de sus normas, recepte denuncias, medie y resuelva conflictos cuando estos derechos son cuestionados, no respetados o son directamente vulnerados.

En lo que hace a las normas internas de los Estados Iván C. Ibán nos recuerda que “Dios aparece expresamente citado en más de un centenar de constituciones” de distintos países del mundo[5], afirma que actualmente excepto en la República Checa, “en el resto de los textos constitucionales aparecen alusiones a la religión, a una religión en concreto, etc.” Además hay estados que declaran en sus leyes fundamentales la estatidad de una religión como es el caso de los que se declaran budistas[6], o los que proclaman el catolicismo como religión oficial [7]; o los países europeos que declaran como del Estado iglesias protestantes[8]; o la estatidad del Islam que se declaran en algunos países árabes.[9] Otros países se declara que no tienen religión oficial[10]; algunos niegan que el Estado tenga identificación con cultos, iglesias, confesiones u organizaciones religiosas[11], lo que no significa que necesariamente se encuentran en conflicto con todas o alguna de ellas.[12]

En un mundo política y religiosamente plural no siempre es fácil acordar en un tema tan espinoso como éste, como seguramente no lo fue tampoco en 1948; al finalizar la segunda guerra mundial, después de los holocaustos armenio y judío, del estallido de dos bombas atómicas en Japón, y al comienzo de la guerra fría; conseguir el voto de la mayoría de los países integrantes de la Asamblea de las Naciones Unidas, para aprobar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Para lograr este difícil consenso fue decisivo el consejo del filósofo y diplomático francés Jacques Maritain, quién propuso que sólo se debían declarar “principios prácticos” y que el acuerdo se tenía que limitar a una “finalidad práctica”, “a un mismo conjunto de convicciones que guiaban la acción”, y advertía que “con el por qué comienza la disputa” que no valía la pena discutir los fundamentos, porque en ese momento en los hechos “los espíritus no han sido nunca tan cruelmente divididos”.[13] Este consejo es bueno tomarlo en cuenta también ahora para cristalizar un acuerdo como el que proponemos.

Las relaciones entre los estados y las religiones, y el papel que juegan las mismas dentro de las distintas sociedades políticas, no siempre respetan la autonomía que merecen, ni se les reconocen el importante papel que desempeñan en las mismas. Incluso, hasta en la que predominan las de raíces cristianas, no se ha logrado interpretar e implementar aquella savia afirmación de Jesús: “Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21) o, aquella otra, de que “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37). Hay países donde la autoridad política estatal y la de alguna religión están unidas o confundidas, y, en otras, la secularidad no ha sido adoptada o están a mitad de camino.

En muchas partes del mundo hay actualmente intolerancia con algunos cultos y con quienes lo practican, o hay limitaciones o atentados a la libertad religiosa que se manifiestan en desconfianzas, disputas, conflictos, cuando no ejerciendo violencias, o cometiendo atentados.

Guerras santas y terrorismo

Cómo en otros momentos de la historia y con distintos argumentos religiosos se plantearon guerras denominadas “santas”, en este siglo han aparecido grupos terroristas que justifican su accionar criminal en “razones” religiosas. En este siglo, los más notables invocan su fidelidad al Islam, y en la mayoría de los casos atentan contra personas inocentes que nada tienen que ver con lo que pretende imponer. Distanciados de la gran mayoría de los musulmanes que practica u religión en paz, estos terroristas se embarcan en una guerra santa (yihad) con el propósito de imponer como ley suprema la Sharia y establecer un califato. Ejemplo de ello es el caso de:

  • Al Qaeda, al que se le atribuyen los graves atentados ocurridos en los edificios del World Trade Center (incluidas las Torres Gemelas) en Nueva York y en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el estado de Virginia, el 11 de septiembre de 2011, donde hubo 3016 muertos (9 terroristas y 24 desaparecidos) y 6 mil heridos; y el de la estación de trenes Atocha, cerca de Madrid, el 11 de marzo de 2004, donde hubo 190 muertos y 2 mil heridos.
  • Estado Islámico -EI o ISIS en inglés- (originario de Irak y Siria), autor de distintos atentados desde 2014 entre los cuales se destacan el de la Revista Charlie Hebdo, en París, el 7 de enero de 2015, donde murieron 12 personas y hubo 11 heridos; y el del 7 de agosto de 2017 en el Paseo de La Rambla de Barcelona, cuando una furgoneta embistió a varias personas, dejando un centenar de heridos y 16 muertos.
  • Boko Haram (que actúa en Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Malí), que el 14 de abril de 2014 consumó un atentado en Abuya, Nigeria, donde murieron 88 personas de la escuela de Chibok, y se secuestraron a 200 chicas en una escuela de Jibik, en la campaña contra la educación occidental, 53 escaparon; y el 19 febrero de 2018 secuestró a 110 estudiantes en el instituto femenino de Dapchi en el estado de Yobe, en Nigeria, que un mes después liberó a 105 niñas, 5 murieron. El 21 de marzo de 2018 murieron 18 personas y 84 fueron heridos en un ataque de éste grupo terrorista en Maiduguri, al noroeste de Nigeria.
  • Y Al Shabab (de Somalía), que produjo el atentado del 2 de abril de 2015 en la Universidad de Kenia, donde hubo 152 muertos y 4 terroristas. El 15 de octubre de 2017 se produjo en Mogadiscio un doble atentado con camiones bomba, primero contra el Hotel Safari y una zona de oficinas y restaurantes en la intersección K5, y, dos horas más tarde, en un concurrido mercado, provocaron más de 300 muertos y más de 300 heridos.

Para superar esto también es necesario un tratado internacional que garantice los derechos a la libertad religiosa y que haga posible la erradicación de la violencia en los estados que lo firmen, y el respeto de todos los credos e instituciones religiosas, para que prime la comprensión, el diálogo, el respeto entre los que creen y piensan distinto. No parece fácil, pero tampoco imposible.

Declaraciones o tratados vigentes

A favor de la idea del tratado que proponemos está el reconocer que hay disposiciones dispersas en el texto de distintas declaraciones, tratados y otras normas internacionales y órganos internacionales que reconocen y protegen los derechos a la libertad  religiosa, de conciencia, de creencias y de culto, como son los que a continuación se indican:

  1. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [14] en
    su artículo 3 cuando dice que: “Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado”; y en el 22 “Toda persona tiene derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden (…) religioso (…);”
  2. La Declaración Universal de Derechos Humanos [15] que expresa en su artículo 2,1 que: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de(…)religión(…)o cualquier otra condición.“; el 18 que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.“; y en el 26, 2 dice que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos(…)”.
  3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
    de Costa Rica) [16] en su artículo 1,1 cuando dispone: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de(…) religión (…)o cualquier otra condición social”; el 12 titulado “Libertad de conciencia y de religión” que expresa: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o su creencia, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o derechos y libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”; en el 13,5 se declara que “Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra o toda apología del odio (…) religioso que constituyan incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por cualquier motivo, inclusive los de(…) religión (…)”; el 16,1 expresa que “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines(…)religiosos(…)o de cualquiera otra índole”; el 22.8 reza: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de(…) religión(…)”; y el 27,1 cuando admite la “Suspensión de garantías“: “1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones (…)no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de (…) religión (…)” y en el punto 2 “no autoriza la suspensión de los derecho determinados en los siguientes artículos: (…) 12 (libertad de conciencia y religión)”.
  4. El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales[17]
    que en su artículo 2,2 expresa: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de (…) religión. O de otra índole(…)”; en el 13, 1 expresa que: “(…)la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos(….”; y en el 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas (…) y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

  5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [18] que el artículo
    2,1 dispone: “Cada Estado Parte en este Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de (…) religión(…) o de otra índole (….)”; el 4,1 declara que: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto siempre que tales disposiciones(…)no entrañen discriminación alguna fundada únicamente por motivos de (…) religión (…)”; en el 18 dice: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sea necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”; el 20,2 dice que: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia está prohibida por ley.”; el 24,1 manifiesta: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de (…) religión (…) a las medidas de protección que se condición de menores requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.”; el 26 expresa: “(…) la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas la personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de (…) religión (…) o de cualquier índole (…)”; y el 27 dispone: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”
  6. El artículo 2,1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del
    Delito de Genocidio [19]
    al reglar que se “(…) entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimientos intencional del grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

  7. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
    de Discriminación Racial
    [20] que en sus considerando dice: “(…) para realizar uno de los propósitos de las Nacionales Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del todos, sin distinción por motivos de raza, sexo idioma o religión(…)” Se acuerda en esta Convención, en el Artículo 5 que toda persona tiene el goce de: “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” [d), vii)].
  8. El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño [21] al decir:
    que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos (Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos), sin distinción alguna, por motivos de (…) religión (…) o de otra índole (…)”; y el artículo 2,1 cuando expresa: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de (…) la religión (…) o cualquiera otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.”; el 14 al disponer que: “1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a al evolución de sus facultades. 3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a la limitaciones prescriptas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades fundamentales de los demás.”; el 20,3 dispone: “Entre esos cuidados figurará, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesaria la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.”; el 29, 1, d) dice: “Preparar al niño para asegurar una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistades entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena…“; y en el 30 se dice: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o persona de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.”
  9. La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos también conocida como Carta de Banjul [22] al declarar en su Artículo 2: “Todo individuo tendrá derecho al disfrute de los derechos y libertades reconocidos y garantizados en la presente Carta sin distinción de ningún tipo como raza, grupo étnico, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra índole, origen social y nacional, fortuna, nacimiento u otro status.” El Artículo 8 reza: “La libertad de conciencia y profesión, y la libre práctica de la religión estarán garantizadas. Nadie que respete la ley y el orden puede ser sometido a medidas que restrinjan el ejercicio de esas libertades.”
  10. 10. En la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones de la Asamblea de las Naciones Unidas de 1981 [23] que en su Artículo 1 dispone que: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.
  11. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección.
  12. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.”

Artículo 2: 1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares.

  1. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por “intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones” toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”

Artículo 3: “La discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados detalladamente en los Pactos internacionales de derechos humanos, y como un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones.”

Artículo 4: 1. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural.

  1. Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes, según el caso, a fin de prohibir toda discriminación de ese tipo y por tomar las medidas adecuadas para combatir la intolerancia por motivos de religión o convicciones en la materia.”

Artículo 5: “1. Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse al niño.

  1. Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.
  2. El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o convicciones. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones de los demás y en la plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad.
  3. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, se tomarán debidamente en consideración los deseos expresados por aquéllos o cualquier otra prueba que se haya obtenido de sus deseos en materia de religión o de convicciones, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.
  4. La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral teniendo en cuenta el párrafo 3 del artículo 1 de la presente Declaración.”

Artículo 6: De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones comprenderá, en particular, las libertades siguientes:

  1. a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las convicciones, y de fundar y mantener lugares para esos fines;
  2. b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas;
  3. c) La de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción;
  4. d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas;
  5. e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines;
  6. f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de particulares e instituciones;
  7. g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción;
  8. h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción;
  9. i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional y en el internacional.”

Jorge Precht Pizarro ha señalado que esta Declaración “tiene algunos defectos como el no referirse a las iglesias, confesiones y entidades religiosas. El Artículo 4 es claramente programático. En todo caso, la libertad religiosa –primera de las libertades- es un principio general del derecho internacional sin ninguna duda.”[24] Este documento no ha declarado el derecho a cambiar de religión o de creencias.

  1. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [25] al establecer en su Artículo 9: que regla sobre la Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que: “1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2 La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.” En el Artículo 14: donde se refiere a la Prohibición de discriminación, y donde expresa que: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.”
  2. El Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [26] al establecer en el Artículo 2 sobre el Derecho a la instrucción que: “A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.”
  3. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos en su Declaración y Programa de Acción de Viena [27] declaró en el punto A que trata sobre el Aumento de la coordinación en la esfera de los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas” lo siguiente:

“22. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a todos los gobiernos que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y teniendo debidamente en cuenta sus respectivos sistemas jurídicos, adopten las medidas apropiadas para hacer frente a la intolerancia y otras formas análogas de violencia fundadas en la religión o las convicciones, en particular las prácticas de discriminación contra la mujer y la profanación de lugares religiosos, reconociendo que todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de religión. La Conferencia invita asimismo a todos los Estados a que pongan en práctica las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.”

25. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a la Comisión de Derechos Humanos que examine los medios de promover y proteger eficazmente los derechos de las personas pertenecientes a minorías enunciadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En este contexto, la Conferencia pide al Centro de Derechos Humanos que, como parte de su programa de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, proporcione a los gobiernos que lo soliciten servicios de expertos en cuestiones relativas a las minorías y los derechos humanos, así como a la prevención y solución de controversias, para ayudarlos a resolver las situaciones relativas a las minorías que existan o que puedan surgir.”

  1. En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas [28] en el punto 4. “Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad soberana de todos los Estados, (…); el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.”

 

  1. En la Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas del 8 de marzo de 2010 [29] , entre otros conceptos, se: “2. Expresa profunda preocupación por los estereotipos negativos de las religiones y las manifestaciones de intolerancia y discriminación en materia de religión o creencias que existen todavía en el mundo; 3. Deplora profundamente todos los actos de violencia psicológica y física y los ataques contra las personas basados en su religión o sus creencias, así como la incitación a cometerlos, y los actos de ese tipo dirigidos contra sus empresas, bienes, centros culturales y lugares de culto, así como los ataques contra los lugares santos y los símbolos religiosos de todas las religiones; 4. Expresa profunda preocupación por los programas e idearios de organizaciones y grupos extremistas dirigidos a crear y perpetuar estereotipos sobre determinadas religiones, especialmente cuando estos son tolerados por los gobiernos; 5. Observa con gran preocupación la intensificación de la campana general de difamación de las religiones, y la incitación al odio religioso en general, incluida la caracterización negativa de que han sido objeto las minorías musulmanas en razón de su origen étnico y su religión a consecuencia de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001; 6. Reconoce que, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, la difamación de las religiones y la incitación al odio religioso en general se convierten en factores agravantes que contribuyen a la negación de los derechos y las libertades fundamentales de los miembros de los grupos destinatarios, así como a su exclusión económica y social; 7. Expresa profunda preocupación, a este respecto, por el hecho de que con frecuencia y sin razón se asocie al Islam con violaciones de los derechos humanos y el terrorismo; (…)”

Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Resolución 1986/20, nombró a un “Relator Especial sobre la intolerancia religiosa”. En 2000, la Comisión decidió modificar el título del mandato por el de “Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias”, el cual fue posteriormente confirmado mediante la decisión 2000/261 del Consejo Económico y Social y acogido favorablemente por la Asamblea General en su Resolución 55/97. El 18 de junio de 2010, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 14/11 mediante la que, entre otras cosas, prorrogó el mandato del Relator Especial por un período adicional de tres años.

El Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias es un experto independiente al que se le ha pedido que identifique los obstáculos existentes e incipientes que impiden el goce del derecho a la libertad de religión o de creencias, y formule recomendaciones sobre los medios de superar tales obstáculos

En la resolución 6/37 del Consejo de Derechos Humanos se le encomienda a dicho Relator Especial:

– Promover en los planos nacional, regional e internacional la adopción de medidas para asegurar la promoción y protección del derecho a la libertad de religión o de creencias;

– Determinar los obstáculos actuales e incipientes que impiden el disfrute del derecho a la libertad de religión o de creencias y formular recomendaciones sobre los medios de superar tales obstáculos;

– Proseguir sus esfuerzos encaminados a examinar los incidentes y las medidas de carácter gubernamental que sean incompatibles con las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones y recomendar medidas correctivas, según proceda, y

– Continuar aplicando una perspectiva de género, entre otras cosas señalando qué abusos se cometen específicamente contra la mujer, en el proceso de preparación de informes, especialmente en lo que respecta a la reunión de información y las recomendaciones.

En el desempeño de su mandato, el Relator Especial:

  1. a) Transmite llamamientos urgentes y cartas de denuncia a los Estados con relación a aquellos casos que suponen violaciones del derecho a la libertad de religión y de creencias o que representan un impedimento para su ejercicio;
  2. b) Realiza misiones de investigación a los países, y
  3. c) Presenta informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General sobre sus actividades, tendencias identificadas y métodos de trabajo.

El 1 de noviembre de 2016, Ahmed Shaheed asumió como Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, quién fue Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Maldivas. Han sido Relatores Especiales Heiner Bielefeldt (Alemania), desde el 1 de agosto de 2010; la señora Asma Jahangir (Pakistán), desde 2004;  Abdelfattah Amor (Túnez) 1993-2004; Ángelo d’Almeida Ribeiro (Portugal),1986-1993.

La Iglesia Católica y la Libertad Religiosa

El Papa,  que es el obispo de Roma y por ello su Santa Sede está en el Estado del Vaticano, y que es máxima autoridad de la Iglesia Católica -cuya personería jurídica esta reconocida por los usos y costumbre del derecho de gentes o derecho internacional- ha firmado, en el último siglo, distintos concordatos, acuerdos o convenios con distintos Estados, donde se han reconocido derechos a la libertad religiosa y de culto.[30]

La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa. En la declaración “Dignitatis humanae”, [31] “(…)ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana” y, agrega, “para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano se requiere que en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad.” A esto añade que: “Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(…)Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil.”

Afirma luego que: “La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.”

Continúa este documento sosteniendo que: “A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.” Agrega a ello que: “Las comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser impedidas en la enseñanza y en la profesión pública de palabra y por escrito, de su fe (…)”. Y que:“Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.” Declara, además, que: “Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas.”

Recuerda, también, que: “La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes; y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad.”

El Concilio Vaticano II en la declaración “Nostra aetate”[32], sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, expresó que: “La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, “observando en medio de las naciones una conducta ejemplar” (1Pe 2,12) si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres (Cfr. Rom. 12,18), para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos (Cfr. Mt.5, 45).”

  1. S. Francisco en Evangelii gaudium nos exhorta al: “(…) respeto a la libertad religiosa, considerada como un derecho humano fundamental” Que: “Incluye «la libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia». Un sano pluralismo, que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales, no implica una privatización de las religiones, con la pretensión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Se trataría, en definitiva, de una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Eso a la larga fomentaría más el resentimiento que la tolerancia y la paz” (250).

Contenido para un  Tratado Internacional sobre libertad religiosa y de Culto

El Tratado que proponemos para garantizar mejor los derechos humanos a la libertad religiosa y de culto, y que asegure también la libertad de conciencia, de creencias y de pensamiento, debería declarar, hacer respetar y garantizar los siguientes derechos:
A las personas:
1. A profesar sus creencias religiosas y a no ser penado o expulsado del país, cuando se es extranjero, por ello;
2. A cambiar o abandonar dichas creencias;
3. A manifestarlas;
4. A no estar obligado a expresarlas;
5. A recibir y trasmitir información religiosa;
6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;
7. A rezar y practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;
8. A no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;
9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas, peregrinaciones o actos religiosos en lugares públicos,
10. A asociarse con fines religiosos;
11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, establecimientos policiales y militares o en el campo de batalla o en conflictos bélicos;
12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;
13. A educarse y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimientos de educación pública de los estados, o a negarse a recibir educación religiosa o moral;
14. A conmemorar y no tener obligación de trabajar los feriados o festividades religiosas, y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;
15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión o interreligiosos, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.
16. A que se respete el secreto de confesión.

  1. A usar hábitos, velos o hiyab, insignias o símbolos religiosos en lugares públicos.
  2. A invocar a Dios o a su palabra expresada en documentos o libros sagrados, o cuando se presta juramento o promesa de decir verdad o de cumplir con los deberes en el ejercicio de un cargo o magistratura.

19  A admitir las objeciones de conciencias, fundadas en razones religiosas (verbigracia: para eximirse de la obligación de usar armas en el servicio militar, de practicar abortos, etcétera).

  1. A que se respete a quién no profesa creencia, religión ni culto alguno y que es indiferente, agnóstico o ateo.

A las Iglesias y Confesiones religiosas:

1. A que se les reconozca su personería jurídica, y su organización en base a las normas que por las que ellas se dicten, y con las autoridades que designen de acuerdo a dichas disposiciones.
2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.
3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;
4. A tener cementerios;
5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial.
6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o con representantes de otras comunidades religiosas.
7. A admitir o excluir fieles.
8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, o enviar o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual y económicamente.
9. A reunirse, asociarse, federarse o confederarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas.
10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.
11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.
12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a las iglesias o a la confesión religiosa que indiquen.
13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

  1. A que se respeten en los lugares públicos las expresiones culturales religiosas.
  2. A que se respete el principio de la igualdad en el trato de las distintas iglesias y confesiones religiosas, sin perjuicio de las diferencias en sus historias, trayectorias, número de fieles e influencias que ellas hayan tenido en la cultura de cada pueblo.
  3. A no ser discriminados por pertenecer a una religión, y a que no se les prohíba a los ministros o fieles de una iglesia o confesión religiosa a ser designados o a ejercer algún cargos públicos o políticos.
  4. A que las autoridades políticas, administrativas o judiciales de los estados no puedan decidir sobre la interpretación de doctrinas religiosas o sobre las normas internas de cada iglesia o confesión religiosa.

A que se cree un Comité, Consejo o Comisión, integrado por personalidades de distintos estados, credos y religiones, que tenga por atribuciones.

  1. Estimular la conciencia de los derechos humanos que se declaran en este tratado.
  2. Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos declarados dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el respeto a los derechos declarados en el tratado.
  3. Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones.
  4. Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros, o a las distintas iglesias o confesiones religiosas que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de los derechos a que se refiere el tratado.
  5. Atender las consultas que, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos a los referidos derechos y prestará el asesoramiento que éstos le soliciten.
  6. Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en esta Convención, y
  7. Rendir un informe anual.

LA INICIATIVA SOBRE EL TRATADO

En marzo de 2017 la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra; el Secretario de Culto de la Nación, Santiago de Estrada; y el Subsecretario Alfredo Abriani, recibieron en la cancillería a las autoridades del Consejo Argentino de Libertad Religiosa (CALIR), quienes le presentaron y explicaron un proyecto de Convención Americana sobre Libertad Religiosa elaborado por esta institución.

La señora canciller prometió conversar con el Presidente de la Nación la posibilidad que sea tomado por el gobierno nacional para impulsarlo en los países del continente americano.

El secretario de Estado de los Estados Unidos de América Mike Pompeo se reunirá el 25 y 26 de julio de 2018 en Washington con sus homólogos de varios países para defender la libertad religiosa en el mundo. Esta primera reunión ministerial del género la convocó cuando presentó el informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de la religión en 2017, que, como siempre, pinta un panorama sombrío. Entre los invitados se contarán representantes de organizaciones internacionales religiosas y de la sociedad civil.

Conclusión

No es fácil ni simple conseguir lo que proponemos, los derechos reconocidos en las declaraciones y tratados internacionales vigentes, antes citados, ha sido un paso fundamental, pero estoy convencido que la necesidad de que en la comunidad internacional se establezca una tutela más sólida que garantice los derechos a la libertad religiosa y de culto, y que con ello se logre una paz duradera; es indiscutida y entendemos que el intentarlo no admite más postergación. Conseguir la aprobación de la Declaración Universal de los Derecho Humanos en 1948 no fue más fácil de lo que ahora queremos concretar.

El tratado podría ser universal o regional, o circunscribirse a ser un protocolo de otro tratado, aunque indudablemente lo más conveniente sería que sea aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas y ratificado luego por los Estados. La Declaración de 1981, y la creación del Relator Especial para el monitoreo de los derechos a la libertad religiosa y de creencia (todavía no reconocidos en una tratado específico), podriamos tomarlo como un primer paso para la concreción de un tratado que declare los derechos personales a tener creencias religiosas, a manifestarlas y rendir culto, a reunirse y asociarse en iglesias o confesiones o asociaciones religiosas, a las que se les reconozca autonomía, y a no ser discriminado por razones religiosas. A ello hay que agregarle la necesidad de crear un comité o consejo de composición religiosa y políticamente plural que pueda hacer un Soft Law en esta materia.

El que haya finalizado la guerra fría significó remover un serio obstáculo para este propósito, aunque los mismos persisten por la existencia de gobiernos autoritarios en algunos estados que no reconocen el pluralismo religioso; por que hay en distintas partes del mundo conflictos religiosos o étnicos-religiosos o políticos-religiosos, y por las posturas fundamentalistas de algunos sectores religiosos o de gobiernos de estados confesionales, que se resisten a la secularización.

A favor del tratado, se puede argumentar, que, en el último siglo, muchos Estados se han desconfensionalizado y secularizado, muchos de ellos se han declarado laicos, con lo que la autoridad política se han separado de la autoridad eclesiásticas, o de las iglesias o comunidades religiosas que predominaban en las sociedades civiles a las que sirven; lo que no ha significado, en la mayoría de los casos, ruptura, ni desconocimiento de la religiosidad de los ciudadanos, ni de las comunidades religiosas de las que son fieles. Por el contrario, los principios de autonomía y de cooperación han sido los que han prevalecidos en las relaciones de las iglesias o confesiones religiosa con dichos Estados.

Este esfuerzo que reclamamos a la comunidad internacional podría acercarnos al anhelado momento que anunció Martin Luther King al proclamar:

“Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: “¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipotente, ¡somos libres al fin!”. [33]

                                    Buenos Aires, junio de 2018.

[1] “Reelecciones y conferencias”, páginas 23 y 234, puntos 78 y 1129, en “El pensamiento político hispanoamericano”, Depalma, 1967.

[2] “Sobre la paz perpetua”, página 25 y siguiente, Editorial Tecnos SA, 4ta. Edición, 1994.

[3] El Hombre y el Estado”, páginas 222 al 227, Editorial Guillermo Kraft. Ltda., 1952.

[4] Arnold J. Toynbee y Daisaku Ikeda “Escoge la vida”, página 186 y 187, Emece, 1980.

* Es  vocal del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de las Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba y es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política de Buenos Aires, fue diputado de la Nación Argentina. Está asociado a International Consortium for Law and Religion Studies.

[5] Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belice, Bolivia, Brunei, Canadá, Colombia, Comoras, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Islas Marshall, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesoth, Líbano, Liberia, Lieshtnetein, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Namibia, Nauru, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Panamá, Papua, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santa Lucia, San Vicente, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia (Ley de Sucesión), Suiza, Suriname, Swazilandia, Timor, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zimbabwe (“God, religion and laïcité in the constitutions”, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 9 de septiembre de 2011).

[6] Camboya, Sri Lanka y Tailandia.

[7] Costa Rica, Liechtenstein, Malta y Mónaco.

[8] Dinamarca, Islandia y Noruega.

[9] Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Egipto, Irán, Iraq, Libia, Jordania, Kuwait, Malasia, Maldivas, Marruecos, Mauritania,. Omán, Pakistán, Qatar, Somalia, Túnez y Yemen.

[10] Albania, Australia, Eslovaquia, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Kenya, Kirguistán, Liberia, Lituania, México, Micronesia, Nicaragua, Nigeria, Palau, Corea del Sur, Seychelles, Tayikistán, Ucrania y Uruguay.

[11] Alemania, Brasil, España, Estonia, Japón, Paraguay y Rumania.

[12] God, religion and laïcité in the constitutions, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 9 de septiembre de 2011.

 

[13] Gentile, Jorge Horacio “Balance a los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, página 12, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2010.

[14] Aprobada por Resolución XXX de la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, entre el 30 de marzo al 10 de mayo de 1948.

[15] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948.

[16]  Aprobada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Humanos en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, y entró en vigor el 18 de julio de 1978.

[17] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.

[18] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.

[19] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 260 A (III), del 9 de diciembre de 1948 y entró en vigencia el 12 de enero de 1951.

[20] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2106 A (XX), el 21 de diciembre de 1965.

[21] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989.

[22] Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya y que entró en vigor: 21 de octubre de 1986.

[23] Resolución 36/55 del 25 de noviembre de 1981.

[24] “Constitutional reception of internacional law provisions on religious freedom”, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 10 de septiembre de 2011.

[25]  Aprobada en Roma, el 4 de noviembre de.1950 y revisado de conformidad con los Protocolos números 11 y 14 y completado por el Protocolo adicional y los Protocolos nos 4, 6, 7, 12 y 13.

[26]  Aprobado en Paris, el 20 de marzo de.1952.

[27] Conferencia Mundial de Derechos Humanos, A/CONF.157/23, 12 de junio de 1993.

[28] Asamblea General de la ONU, A/Resolución 55/2,  del 13 de septiembre de 2000.

 

[29] A/RES/64/156, 64º Período de sesiones, Tema 69 b) del programa.
[30] Algunos de los celebrados en los últimos tiempos son: Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativa al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil (13 de noviembre de 2008). Acuerdo entre la Santa Sede y  República de Paraguay sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional (24 de diciembre de 2002). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre la asistencia religiosa a los fieles católicos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de la República de Croacia (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre la colaboración en materia de educación y cultura (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre cuestiones jurídicas (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Libre de Sajonia (2 de julio de 1996). Convención entre la Santa Sede y la República Austriaca (21 de diciembre de 1995). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Venezuela para la creación de un Ordinariato Militar (31 de octubre de 1994).Acuerdo entre la Santa Sede y la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, el Land Meclemburgo-Pomerania Anterior y el Land Schleswig-Holstein (22 de septiembre de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Libre de Turingia sobre al erección de la Diócesis de Erfurt (14 de junio de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Brandeburgo así como con el Estado Libre de Sajonia (4 de mayo de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Sajonia-Anhalt así como con el Land Brandeburgo y el Estado Libre de Sajonia (13 de abril de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y la Republica de Hungría sobre la asistencia religiosa a las fuerzas armadas y policía de frontera (10 de enero de 1994). Acuerdo Fundamental entre la Santa Sede y el Estado de Israel (30 de diciembre de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Niedersachsen con el que se modifica el Concordato del 26 de febrero de 1965 (29 de octubre de 1993). Concordato entre la Santa Sede y la República de Polonia (28 de julio de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre los bienes temporales de la Iglesia (18 de febrero de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre los institutos de enseñanza de la Iglesia (18 de febrero de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre el reconocimiento de los efectos civiles a los matrimonios canónicos y a las decisiones de las autoridades y de los Tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios (3 de febrero de 1993). Convención entre la Santa Sede y la República de Costa de Marfil relativa a la «Fondation Internationale Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro » (20 de mayo de 1992). Concordato entre la Santa Sede y la República de San Marino (2 de abril de 1992). Convención monetaria entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la República Italiana (3 de diciembre de 1991). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Austriaca (26 de enero de 1990). Acuerdo entre la República de Malta y la Santa Sede con el fin de ordenar mejor la enseñanza y la educación religiosa católica en las escuelas estatales (16 noviembre 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Brasil sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas (23 de octubre de 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Niedersachsen (8 de mayo de 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno de la República de Malta sobre la incorporación de la Facultad de Teología en la Universidad de Malta (26 de septiembre de 1988). Acuerdo entra la Santa Sede y el Estado libre de Baviera (8 de junio de 1988). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Bolivia sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de la Policía Nacional (1 de diciembre de 1986). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Italiana que modifica el Concordato Lateranense (3 de junio de 1985). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Sarre (12 de febrero de 1985). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Renania del Norte-Westfalia (21 de diciembre de 1984).Convención entre la Santa Sede y la República de Haití (8 de agosto de 1984). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Austria (21 de enero de 1982). Convenio entre la Santa Sede y el Principado de Mónaco (25 de julio de 1981). Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú (26 de julio de 1980). Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español (3 de enero de 1979). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca del Departamento de Teología católica de la Universidad de Augusta (17 de septiembre de 1970). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Sarre sobre la formación de los maestros (12 de noviembre de 1969). Acuerdo adicional entre la Santa Sede y la República de Austria, al Convenio para regular las relaciones patrimoniales firmado por los dos Estados el 23 de junio de 1960 (29 de septiembre de 1969). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land de Renania-Palatinato, con el que se introducen añadidos y modificaciones a las disposiciones concordatarias vigentes en Renania-Palatinato (29 de abril de 1969). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Baviera, con el que se introducen modificaciones y  añadidos a los artículos 5 y 6 del Concordato del 29 de marzo de 1924 (7 de octubre de 1968). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para erigir la diócesis de Feldkirch (7 de octubre de 1968). Acuerdo entre la Santa Sede y Saarland acerca de la creación de una Cátedra de Teología católica en la Universidad de Saarland (9 de abril de 1968). Convenio entre la Santa Sede y la República de El Salvador acerca del Vicariato Castrense (11 de marzo de 1968). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina (10 de octubre de 1966). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca de la supresión de la Alta Escuela filosófico-teológica de Frisinga (2 de septiembre de 1966). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca de la Facultad de Teología católica de la Universidad de Ratisbona (2 de septiembre de 1966). Concordato entre la Santa Sede y el Land de Niedersachsen (26 de febrero de 1965). Convenio entre la Santa Sede y la República del Paraguay (26 de noviembre de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para la reglamentación de las relaciones patrimoniales (23 de junio de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para la erección en diócesis de la administración apostólica del Burgenland (23 de junio de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Bolivia sobre las Misiones (4 de diciembre de 1957). Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana (16 de junio de 1954). Concordato entre la Santa Sede y España (27 de agosto de 1953). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas (5 de agosto de 1950). Convenio entre la Santa Sede y la República de Portugal sobre las Misiones (7 de mayo de 1940). Concordato entre la Santa Sede y la República de Portugal (7 de mayo de 1940). Concordato entre la Santa Sede y el Tercer Reich (20 de julio de 1933). Concordato entre la Santa Sede y la República de Baden (12 de octubre de 1932). Pactos Lateranenses entre la Santa Sede e Italia (11 de febrero de 1929). Ver otros en: “Acuerdos y Concordatos entre la Santa Sede y Los Países Americanos” Juan G. Navarro Floria (Coordinador) Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, Buenos Aires, 2011.

[31] Concilio Vaticano II, del 7 de diciembre de 1965.

[32]  Concilio Vaticano II, del 28 de octubre de 1965.

[33] “Yo tengo un sueño” en el Lincoln Memorial en Washington D.C. del 28 de agosto de 1963. 

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¿Cambiar o “parchar”?

Mauricio Macri

El presidente Mauricio Macri ha convocado a un amplio acuerdo nacional para hacer grandes cambios, a lo que nadie debería honestamente negarse, aunque algunos deban ceder algunas aspiraciones. Pero como cambiar no es lo mismo que “parchar”, el gobierno debería contestar algunas preguntas referidas a los posibles cambios institucionales, que en el discurso oficial aparecen relegados después de los económicos, tributarios o laborales, pero que para que a mí, al menos, me parecen prioritarios.

Las preguntas serían:

En lo político

  • ¿Se modificará el número de diputados que corresponden a cada uno de los 24 distritos, de acuerdo al último censo de población, como exige la Constitución (Art. 45)? Para hacer justicia, entre otros, con Córdoba, que solo elige 18; mucho menos que los 25 de la Capital Federal, y los 19 de Santa Fe, a pesar de que tienen menos habitantes.
  • ¿Se adoptará el voto de preferencia? Por este sistema los que sufragan puede marcar a alguno/s de los candidatos, con el objeto de cambiar el orden de la listas, para que así suban, según la cantidad de preferencias que obtengan, y puedan acceder los mejores al reparto proporcional. Esto se hace en Brasil, está previsto en la Constitución de Córdoba -aunque nunca se reglamentó- y en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba -pero la reglamentación exige un mínimo absurdamente alto de preferencias para cambiar el orden de los candidatos, lo que ha impedido que los ciudadanos lo usen. Esta modalidad le daría más poder a los que votan y se los disminuiría a los que hacen las listas de candidatos, que muchas veces priorizan a sus incondicionales.
  • ¿Se adoptará el voto electrónico, como existe en Brasil, la India y mucho de los condados de EEUU, y se judicializará el manejo de las elecciones? Con ello se dejaría de privatizar y tercerizar con la empresa INDRA el escrutinio provisorio, como ocurre desde 1997; y con MSA, de Sergio Angelini, que implementó la Boleta Única Electrónica en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires y de Salta.
  • ¿Se reformará el sistema de elecciones primarias abiertas y obligatorias (PASO) para que dejen de ser una encuesta y participen sólo los partidos o alianzas que postulan más de un precandidato?

En la Justicia

  • ¿Se transferirá al gobierno de la ciudad de Buenos Aires toda la Justicia “Nacional”, equivalente a los tribunales provinciales de ese distrito, y que son más de la mitad de las magistraturas del Poder Judicial de la Nación, que pagan todos los argentinos? De este modo estos tribunales serán sostenidos sólo por sus únicos beneficiarios: los porteños.
  • ¿Se cubrirá el tercio de vacantes de jueces que hoy tiene el Poder Judicial de la Nación?
  • ¿Pagarán impuesto a las ganancias los integrantes del Poder Judicial y del ministerio público, nacional y de las provincias, como lo hacen los abogados y demás contribuyentes? La excepción debe limitarse a los jueces que juraron antes de 2017, como estableció la ley 27.346, porque la Constitución (Art.110) prohíbe disminuirle sus haberes.
  • ¿Se reemplazará el recurso de casación en contra de los fallos de los tribunales orales penales federales del interior del país, que resuelve la Cámara Nacional de Casación Penal de Buenos Aires, por otro de apelación ante las Cámaras Federales con sede en las provincias? Con ello se revisarían los fundamentos legales y de hecho, y no solo los primeros, con ocurre con la casación, porque así lo exige la Corte Suprema desde el caso “Casal” de 2005. Y porque la Constitución dispone que los juicios criminales deben hacerse en las provincias donde se cometió el delito (Art. 118).

En la educación

  • ¿Se implementará un examen a los alumnos que terminan el segundario?, como existe en muchos países actualmente, y evaluar así la calidad y defectos de la educación secundaria, para diagnosticar las causas del alto porcentaje de deserción escolar que hay a nivel segundario y universitario.

Las respuestas dirán si los cambios resolverán los grandes problemas que nos afectan.

Córdoba, noviembre de 2017.

 

Educación Religiosa en Salta

Corte Suprema

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sr. SECRETARIO (Dr. Font).- A continuación hará su exposición el doctor Jorge Horacio Gentile.

Dr. GENTILE.- Señor Presidente, Excelentísima Corte Suprema de Justicia: me ha parecido muy acertada la decisión de este Alto Tribunal de establecer una audiencia pública para tratar un tema tan trascendente como este, pero además, me pareció muy oportuno. A tres días de una elección primaria, que muchos han dicho que es una encuesta, nos permite ver qué quiere el pueblo argentino a través de lo que ha ocurrido durante esta campaña electoral. Y nos vamos a encontrar con algo que tiene que ver con el tema en examen.

Fíjense, por ejemplo, que el principal candidato que ha puesto el gobierno para las elecciones en el distrito más grande del país es un ministro de Educación, y un ministro Educación que no es un hombre carismático. Ayer, en La Nación, el periodista Fernández Díaz decía que tiene cara de suplente y apellido de avenida.

Parecería ser que el ser ministro de Educación y el poner la educación en primer término es muy importante. Esto confirma lo que yo creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos que revisar los argentinos.

Pero además, en la campaña electoral se han tomado muchos temas que también tienen que ver con esto, porque se denuncia, se protesta y se hace una serie de reflexiones sobre distintos temas como, por ejemplo, el tema de la grieta. No es solamente la grieta política; también es la grieta entre los ricos y los pobres, la grieta entre el interior y la Capital, entre los que viven en la zona urbana y los que están en los sectores marginales. Acabo de ver gente durmiendo acá a unas cuadras.

Entonces, ¿qué significa esa denuncia? Denuncia que quizás tenemos que volver al primer objetivo de la Constitución Nacional, que es constituir la unión nacional, diríamos, reconstituir la unión nacional. Hemos planteado, se ha planteado y se ha discutido el tema de la corrupción y que tenemos una Justicia que no es oportuna, que es lerda y que no resuelve los problemas. Estamos pidiendo que se afiance la Justicia. Estamos planteando el tema de la seguridad, que viene desde el bullying en los colegios hasta la desaparición de Maldonado, pasando por el tema del narcotráfico. Quizás estamos refiriéndonos a la paz interior de la que habla el Preámbulo de la Constitución.

Pero cuando hablamos de todos estos principios, educación y principios supremos, principios morales o del derecho natural, que han sido positivizados en la primera parte de la Constitución y desarrollados luego en su texto, ¿qué significa esto? Que en definitiva, la última parte del Preámbulo nos dice que debemos recurrir a la fuente, que es el Dios protector que se invoca en el mismo Preámbulo de la Constitución.

Entonces volvemos al tema religioso. Si queremos realmente solucionar todos estos problemas que se han discutido en estos tiempos, seguramente vamos a tener que tratar de afianzar estos principios, y el colegio no puede prescindir de explicar estos principios que nacen y que tienen su fuente en el aspecto religioso.

Fíjense que puede haber alumnos de Salta o de otra parte del país que están viendo esta audiencia. ¿Qué significa ese crucifijo? ¡Ah, no! Como esta es una escuela laica no se puede dar una explicación sobre ese particular.

Estamos en Buenos Aires, una ciudad que cuando se fundó se la llamó ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos-Ayres. ¿Qué significa Santísima Trinidad? No se puede explicar en el colegio porque es una cuestión de carácter religioso. No podemos explicar por qué aparte de la cruz existe la estrella de David o existe la media luna. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significan los templos, las iglesias, las capillas, las sinagogas, las mezquitas? ¿Qué significan? ¿No les podemos explicar a los niños todo esto? Esto no es solamente un problema religioso, es un problema cultural. Y la educación no puede discriminar y retirar del ámbito de la educación todo esto.

Acá se habló de Estado laico. ¿Qué es Estado laico? ¿Quién ha dicho que es laico? Bueno, la palabra laico tiene dos acepciones: los que no son ministros, que son laicos dentro de una religión, o los que niegan directamente la religión. Bueno, parecería ser que a los que se quiere discriminar en definitiva es a los que tienen alguna creencia religiosa. Y acá no estamos hablando de mayoría y minoría, estamos hablando de discriminación. Si queremos –evidentemente- que haya igualdad, no solamente tenemos que predicar la igualdad y la fraternidad. Podríamos, si somos religiosos, decir “tenemos que amarnos los unos a los otros, y mi prójimo es hijo de Dios como yo soy hijo de Dios”. Fíjense qué fuerza tiene educativamente plantear la cosa desde el punto de vista religioso.

Entonces, creo que todo lo que se ha planteado para poner obstáculos a que esta parte de la cultura -y esta parte de la religión- no se exprese a los niños de primero a séptimo grado, como ocurre en la provincia de Salta, no tiene sentido.

Incluso en esto de distinguir entre escuela pública de gestión estatal o de gestión privada vamos a encontrarnos con muchos pueblos del interior de Salta donde la totalidad de los alumnos, o muchas veces sesenta o cien alumnos, pertenecen a otro culto que no es el católico. Son evangélicos, por ejemplo, o son testigos de Jehová. Eso está en las estadísticas que tienen ustedes en el expediente.

En consecuencia, acá no se trata de imponer una religión. Ya pasó esa etapa. Alguna vez la tuvimos. Fíjense que cuando se sancionó la Constitución se apartaron los constituyentes del proyecto de Alberdi y de los ensayos constitucionales que había habido en 1819 y 1826. No se estableció una religión oficial.

Un convencional, sacerdote católico, Benjamín Lavaisse, dijo: no hace falta más protección para la religión que la que da Dios, no es necesario establecer una religión oficial en el Estado.

Y bueno, señor Presidente, como ustedes pueden ver no hay motivo alguno para que una provincia autónoma no ponga en práctica lo que dice el artículo 5º de la Constitución Nacional, que establece entre las facultades propias de las provincias reglamentar la educación primaria.

Esto es lo que hace la provincia de Salta desde hace 131 años, con muchas variantes, porque ha pasado mucho tiempo. Ha habido otros ensayos, incluso nacionales, como lo de la enseñanza religiosa obligatoria que hubo entre los años 43 y 55, de enseñanza católica. Eso está superado.

Hoy en día las Constituciones, no solamente de Salta, sino por ejemplo la de Córdoba -que fue votada por el doctor Maqueda-, y la mía, establecen una disposición similar a la del Pacto de San José de Costa Rica, y que es lo que en definitiva establece la Constitución de Salta, la Constitución de Córdoba, y muchas Constituciones provinciales: que los padres tienen derecho, sean o no religiosos, a optar porque la enseñanza religiosa tenga una orientación determinada.

Yo puedo ser laico o puedo ser ateo y querer que mi hijo tenga un conocimiento de lo religioso. Eso no significa que yo le esté preguntando a qué religión pertenece. No, simplemente estoy orientándolo, porque quiero que mi hijo tenga un conocimiento de todas estas cosas que hemos estado hablando, de por qué la provincia de San Juan se llama San Juan, de por qué la provincia de Santa Cruz se llama Santa Cruz. Por lo menos esa explicación, que es una explicación de tipo cultural y religiosa, es importante que la sepan los niños.

Sr. SECRETARIO (Dr. Font).- Queda un minuto, doctor.

Dr. GENTILE.- La ley 1.420 había establecido algunos límites a la educación religiosa. La ley 1.420 en ningún momento habla de la enseñanza laica. Dice que la enseñanza religiosa la deben hacer los ministros del culto antes o después de las horas de clase. Bueno, en la provincia de Salta más de la mitad de los colegios tiene jornada extendida, de seis o de ocho horas. ¿Qué quieren, que la educación religiosa la den a las 12 de la noche? Creo que esto ya es el límite. Perdió sentido con la forma en que se educa en este momento.

Además, en todos los niveles de educación hay también educación optativa. En consecuencia, puede haber materias en que así como unos practican fútbol y otros practican hockey en los colegios, bueno, acá también unos pueden ser evangélicos, otros pueden ser cristianos, otros pueden ser judíos.

Señor Presidente: creo que lo que el Tribunal debe hacer es ratificar lo que ocurre en la provincia de Salta, rechazar el recurso, y exhortar al resto del país a tener en cuenta esta importante experiencia que ha tenido la provincia de Salta en los últimos 131 años. Nada más.

Sr. PRESIDENTE (Dr. Lorenzetti).- Muchas gracias.

Recuerdos y significado de aquel 9 de julio de 1816

Congreso de Tucumán

Congreso de Tucumán

En la soleada tarde de invierno de un martes 9 de julio, hace 200 años, en la casa de los descendientes de doña Francisca Bazán de Laguna, ubicada en la “calle del Rey” (ahora “del Congreso”), en San Miguel de Tucumán –una pequeña ciudad donde cuatro mil personas vivían en 80 manzanas-; 29 diputados -representantes de las Provincias Unidas de América del Sur, 17 de los cuales eran abogados, 9 sacerdotes y 2 frailes-, que integraban el Congreso; puestos de pie e “invocando al Eterno que preside al universo”, y “protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia, que regla nuestros votos” declararon solemnemente: que, “es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”.

Como no había hoteles los diputados que llegaron representando a distintos cabildos se alojaban en los conventos de San Francisco y Santo Domingo. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda o la Provincia Oriental no estuvieron representadas. Tampoco había diputados de Paraguay y del Alto Perú, con excepción de Chichas (hoy dentro del departamento Potosí), Charcas y Mizque (hoy dentro de Cochabamba). La Patagonia, habitada por pueblos originarios, era tierra de nadie.

La presidencia del Congreso, que había iniciado sus sesiones en el 24 de marzo, rotaba todos los meses y en la histórica sesión del 9 de julio la ejercía el sanjuanino Francisco Narciso Laprida, de 29 años de edad y que era bachiller en leyes, egresado de la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile.

Para difundir esta grata noticia de la Independencia, el Congreso envió por medio de chasquis, en carreta y a caballo, copias del Acta, de la cual se había impreso 1500 ejemplares en español y 1500, en quechua y aymara. El diputado y poeta Fray Cayetano Rodríguez, de la orden franciscana, que había sido profesor de la Universidad de Córdoba, tomó a su cargo redactar un diario de los hechos del Congreso, para enviar a los periódicos, llamado “El Redactor del Congreso”.

Diez días más tarde, a propuesta del diputado porteño Pedro Medrano, el Congreso, en sesión secreta, agregó a la declaración que nos liberaba de España la referente a “toda dominación extranjera”, pues “de este modo se sofocaría el rumor esparcido por ciertos hombres malignos de que el director del Estado, el general Belgrano y aun algunos individuos del Soberano Congreso alimentaban ideas de entregar el país a los portugueses”.

El 21 de julio fue jurada la Independencia en la sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante la presencia del general Manuel Belgrano, el clero, comunidades religiosas y demás corporaciones. El 25 se adoptó oficialmente “la bandera celeste y blanca de que se ha usado hasta el presente, y se usará en lo sucesivo exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas, en clase de bandera menor, ínterin, decretada al término de las presentes discusiones la forma de gobierno más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la bandera nacional mayor.”

Esta Declaración significó dar un paso más, después de aquel que se concretó seis años antes, en un lluvioso día 25 de Mayo, en el Cabildo de Buenos Aires, cuando, luego de que una “representación que han hecho a este Excmo. Cabildo un considerable número de vecinos, los Comandantes y varios Oficiales de los Cuerpos voluntarios de esta Capital”, se decidiera elegir la primera Junta de Gobierno patrio, presidida por Cornelio de Saavedra – el mismo que tres días antes, en la Asamblea del 22 de mayo, había dicho: “(…) y no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando” -, para cubrir la vacancia producida por haber caducado la autoridad del Virrey y de quienes representaban en el Río de la Plata al Rey de España, Fernando VII -prisionero del gobierno francés-.

Juan José Paso, que había sido alumno del Monserrat, Doctor en Leyes de la Universidad de Córdoba y secretario de aquella primera Junta, a los 58 años le tocó serlo, también, desde la primera sesión del Congreso de Tucumán; junto al joven de 27, José Mariano Serrano, quién redactó el Acta de la Independencia en español, quechua y en aymara, y que representaba a Charcas y era abogado egresado de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, fundada por los jesuitas el 27 de marzo de 1624, dos años después que la Compañía de Jesús se hicieren cargo de la de Córdoba, que era la otra Universidad que había entonces en las Provincias Unidas -la de Buenos Aires recién se fundó el 26 de agosto de 1821 y su primer rector fue el sacerdote Antonio Sáenz después de ser congresista en Tucumán-. Los jesuitas fueron expulsados en 1767.

¿Por qué independientes?

Las razones que influyeron para declarar la independencia fueron que:

· el rey Borbón Fernando VII había regresado al trono de España, después de haber estado prisionero desde 1808 de Napoleón en Valençay, en el centro de Francia, a unos 300 kilómetros de París, hasta que por el tratado del 11 de diciembre de 1813, Napoleón lo reconoció como Rey, recuperando así su trono y todos los territorios y propiedades de la Corona y sus súbditos, tanto en la península como en el extranjero;

· Napoleón Bonaparte había sido derrotado en Waterloo (Bélgica), el 18 de junio de 1815;

· los reclamos que José de San Martín, gobernador de Cuyo y que organizaba el Ejército de los Andes para iniciar la campaña libertadora a Chile, le hacía por cartas al joven diputado mendocino, de apenas 25 años, y bachiller en leyes de la Universidad San Felipe de Chile, Tomás Godoy Cruz;

· la amenaza de la invasión portuguesa- brasileña, que se concretará en el mes de agosto de ese año sobre la Banda Oriental, con la resistencia de José Gervasio Artigas; y

· los consejos de Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes que tenían a su cargo la difícil defensa en el norte del antiguo virreinato que llegaban hasta el Alto Perú.

La situación era crítica ya que la reacción realista triunfaba desde México hasta Chile, pasando por el Alto Perú (nuestros ejércitos había sufrido derrotas en Huaqui en 1811, Vilcapugio y Ayohuma en 1813 y Sipe Sipe en 1815). Sólo permanecían libres del dominio español las Provincias Unidas, la Liga Federal —liderada por Artigas y que abarcaba la Banda Oriental, que se declarará independiente en 1828, y las provincias del litoral -, y el Paraguay, gobernado por el Dictador Supremo José Gaspar Rodríguez de Francia, que se llevaba mal con Buenos Aires, y se declarará independiente en 1842. Bolivia, que antes fue el Alto Perú, lo hizo en 1825.

Con la Declaración de Tucumán nace una nueva Nación independiente, que rompía definitivamente los lazos que la unían al monarca español y a toda otra dominación, pero que todavía carecía de nombre (1810 la Primera Junta utilizó en algunos documentos la expresión “Provincias del Río de la Plata”, pero en la actas del Congreso de Tucumán se les denomina: “Provincias Unidas en Sud América”), su población y extensión territorial era indefinida, y su organización política e institucional se discutirá durante largos 37 años, a partir de ese mismo Congreso, mientras siguió sesionando en Tucumán, y, cuando, al año siguiente, se trasladó a Buenos Aires, sin haberlo lograrlo definir, a pesar que el 22 de abril 1819 dictó una “Constitución de las Provincias Unidas de Sud América”, aristocrática, por cómo se componía el senado, y unitaria; que nunca rigió por haber sido rechazada por los pueblos.

La discusión y los ensayos se sucedieron en este y otros congresos, pactos y constituciones, alternadas con batallas, asesinatos, prisiones y exilios. Primero lo fueron entre los que querían una república o los que preferían un rey -que podría haber sido un príncipe europeo, como Francisco de Paula, como gestionaron algunos en Europa; o un Inca, como les propuso Belgrano a los congresistas, en la sesión secreta del 6 de julio, en la persona de Juan Bautista Túpac Amaru, hermano menor de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, asesinado junto a toda su familia en 1781, lo que escandalizó al diputado porteño Tomás Manuel de Anchorena –abogado egresado de Charcas y que había firmado el acta del 25 de mayo de 1810 que eligió la primera Junta, y que en esa sesión manifestó que no le molestaba la idea de la monarquía constitucional, pero sí en cambio que se pusiese “la mira en un monarca de la casta de los chocolates, cuya persona si existía, probablemente tendríamos que sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería para colocarla en el elevado trono de un monarca”. Fray Justo Santa María de Oro, el dominico que era el otro representante de San Juan, terció afirmando que había que consultar antes la voluntad de las provincias, y que si el debate seguía “precediéndose sin aquel requisito a adoptar el sistema monárquico constitucional a que veía inclinados los votos de los representantes, se le permitiese retirarse del Congreso”.

Después de 1820 la disputa sería entre unitarios y federales, y, más tarde, entre los que querían más autoridad, recordemos lo de las “facultades extraordinarias y la suma del poder público”, o los que preferían más libertad, como Esteban Echeverría que nos enseñó que la: “Democracia no es una forma de gobierno, sino la esencia misma de todos los gobiernos republicanos o instituidos para el bien de la comunidad (…). La democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases.”

Principios y valores

El 1º de mayo de año 1853, en el Congreso reunido en Santa Fe de la Veracruz, concluirá este largo proceso fundacional con la sanción y jura de la “Constitución de la Confederación Argentina”, que al reformarse en 1860 para que se incorpore Buenos Aires, cambiará esta expresión por “de la Nación Argentina”, y se le agregará un artículo 35 que dispone que: “Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata (omite de “Sud América”, como se las llamó en el Congreso de Tucumán); República Argentina, Confederación Argentina serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras “Nación Argentina” en la formación y sanción de las leyes”. Esta Constitución, que nos honra todavía con su vigencia, es después de la norteamericana, la más antigua de América.

25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816 y 1° de Mayo de 1853, son tres fechas en las que se va concretando la fundación y organización de nuestra República y del Estado Federal, bajo la vigencia de una Constitución que garantiza nuestros derechos y los de “todos los hombre del mundo que quieran habitar el suelo argentino”; y que nos incorporó al concierto de las naciones libres, siguiendo las nuevas ideas que en el mundo se difundieron desde fines del siglo XVIII y que aclamaron las revoluciones norteamericana de 1776, la francesa de 1789 y por las que bregaron las Cortes española cuando se oponían a José I Napoleón, y que declararon en la Constitución de Cádiz en 1812.

Los norteamericanos al declararse independientes, el 4 de julio de 1776, afirmaron: “que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”.

En la Revolución Francesa, inmortalizada con el lema: “Libertad, igualdad y fraternidad”, aprobó el 26 de agosto de 1789 la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, en la que, “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano: Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. (…)” y que proclama en su “Artículo dieciséis.- Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”. En el resto de los artículos se completa el reconocimiento de derechos que resaltan la dignidad de la persona humana.

Las Corte españolas, que desde 1810 luchaban contra la invasión francesa y el reinado de José I Napoleón, dictaron la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, por eso mejor conocida como la Pepa, y que proclamaba la soberanía de la Nación, limitaba el poder de la monarquía, abolía el feudalismo, declaraba la igualdad entre peninsulares y americanos, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad, abolía los señoríos y finalizó con la inquisición. Con el regreso de Fernando VII[ sería derogada en Valencia el 4 de mayo de 1814.

Estos principios y derechos son los mismos que los constituyentes de 1853 volcaron en nuestra Carta Fundamental, en el preámbulo y en el título “Declaraciones, derechos y garantías”, y al establecer una forma de gobierno republicana, con división y equilibrio de los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y federal, y descentralizada, de Estado, siguiendo el modelo de la Constitución Norteamericana de 1787, que luego se completó, con la declaración de derechos, que se hicieron en las 10 primeras enmiendas, aprobadas en 1791.

Significado

¿Qué significa el 9 de julio y la Declaración de la Independencia para nosotros, ciudadanos del Siglo XXI?

– Que ese día nació nuestra patria; que hace 200 años somos ciudadanos de una Nación libre y soberana; que nuestros próceres y soldados -que declararon la independencia y lucharon en los campos de batalla para defenderla- merecen nuestro reconocimiento y homenaje; y que, en este Siglo XXI, donde muchas cosas se revisan, en nuestro país –donde un nuevo gobierno no desafía para salir del aislamiento-; en la región donde el Mercosur está en crisis y se hace necesario retomar el camino de la integración; y en el mundo –conmovido por el “Brexit” votado por los británicos para romper con la Unión Europea-, para iniciar de una buena vez el camino a un gobierno mundial, como alguna vez propuso Jacques Maritain y otros visionarios.

Ante estos desafíos parece oportuno reafirmar los principios y valores fundacionales, sin renunciar a los ideales sudamericanitas que hoy, en un mundo globalizado, cobran la actualidad que no siempre supimos defender.

Este Bicentenario es, también, un momento propicio para recordar y renovar el juramento que hicieron los congresistas de Tucumán, en aquella sesión pública del 19 de julio, cuando se les preguntó: “¿Juráis por Dios Nuestro Señor y esta señal de cruz, promover y defender la libertad de las provincias unidas en Sud América, y su independencia del Rey de España, Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y toda otra dominación extranjera? ¿Juráis a Dios Nuestro Señor y prometéis a la patria, el sostén de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama?”. Contestaron. Sí JURO, lo que nosotros nos animamos hoy a reafirmar después de 200 años en ésta la Casa más antigua de Córdoba, para escuchar luego, como decía el Acta de aquella histórica sesión: “Si así lo hiciereis Dios os ayude, y si no, El y la Patria os hagan cargo”

Córdoba, junio de 2016.

La religiosidad y las adicciones

Papa Francisco

Papa Francisco

Los conceptos de “autonomía y cooperación”, proclamados en el Concilio Vaticano II, son los deben regir las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y las demás confesiones religiosas, ya que los ciudadanos, en su gran mayoría, son al mismo tiempo fieles religiosos, y como personas tienen y ejercen el derecho humano a la libertad religiosa, que abarca el de conciencia, de pensamiento y de culto.

Estos conceptos, en la historia nacional, no siempre han sido asumidos y ejercidos por los gobiernos y las autoridades religiosas en su plenitud, especialmente en lo referido a la “cooperación” que desde siempre ha sido imprescindible para suplir las falencias e impotencia del Estado en sus distintos niveles y servicios que presta.

Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el actual gobierno que para alcanzar los tres objetivos que se ha propuesto –“pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a la Argentina”- necesita, además del apoyo de los ciudadanos y de la sociedad civil, de la “cooperación” de la Iglesia y de las demás confesiones religiosas. Sin embargo la breve audiencia protocolar entre el presidente Mauricio Macri con el SS Francisco en el Vaticano, que al finalizar lo mostró con rostro serio y frío, nos deja la duda si la cooperación para gestionar estos propósitos es posible con la Iglesia Católica,

La vinculación de lo religioso con las adicciones se puede considerar desde:

  • Los valores éticos, compartidos por las instituciones cívicas y religiosas, que garantizan el pleno respeto a la dignidad de la persona humana, y que entran en riesgo cuando se consumen drogas y se cae en adicciones,
  • Las acciones del Estado y de la Iglesia, y demás confesiones religiosas, para evitar y combatir las ofertas y la demanda del tráfico de drogas y estupefacientes.  Si de adicciones se trata también habría que agregar el juego, últimamente muy difundido con autorización del estado,
  • Lo institucional donde el Estado y las iglesias o confesiones religiosas trabajan y colaboran en la educación y la prevención respecto del consumo de drogas, y la rehabilitación de los adictosincluido los que padecen ludopatía.

Valores éticos 

Los principios éticos que se declaran en la Constitución y que parten de la invocación a “Dios fuente de toda razón y justicia” y del reconocimiento de los “derechos (“naturales” según Dalmacio Vélez Sarsfield al proponerlo) no enumerados” son compartidos por los ciudadanos y a la vez fieles de las distintas religiones que se profesan en nuestro sociedad.

SS Francisco ha dicho al respecto que:

La droga es un mal y ante el mal no se puede ceder ni tener compromisos”, y agregó que ”Quisiera decirlo claramente: la droga no se vence con la droga. La droga es un mal, y con el mal no se puede ceder ni tener compromisos. Pensar que se puede reducir el daño permitiendo el uso de sustancias psicotrópicas a las personas que siguen usando drogas, no resuelve el problema”.

Además añadió que “la legalización, incluso parcial, de las llamadas ‘drogas blandas’, además de ser discutible en términos legislativos, no produce los efectos esperados. Las drogas sustitutivas, por otra parte, no constituyen una terapia suficiente, sino una forma velada de entrega al fenómeno”.

Quiero reiterar lo que dije en otra ocasión: No a cualquier tipo de droga. Simplemente. No a cualquier tipo de droga. Pero para decir este ‘no’, hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de trabajo”, afirmó.

Expresó, además, que el “azote de la droga sigue haciendo estragos con formas y extensión impresionantes, alimentado por un mercado turbio que traspasa las fronteras nacionales y continentales. Así, crece cada vez más el peligro para los jóvenes y adolescentes. Frente a este fenómeno siento la necesidad de expresar mi dolor y mi preocupación”.

En ese sentido, exhortó a enfrentar al desempleo juvenil, porque, al no poder estudiar ni trabajar, entran “en esta falta de horizonte, de esperanza y la primera oferta son las dependencias, entre las cuales, está la droga”.

Las oportunidades de trabajo, la educación, el deporte, la vida sana; este es el camino que lleva a la prevención de la droga. Sí esto se hacen verdades no hay espacio para las drogas, para el abuso de alcohol, para otras adicciones”, aseguró.

(31° Conferencia Internacional contra el Narcotráfico reunida en Roma (Italia), del 17 al 19 de junio de 2014)

Oferta y demanda

Una política de estado para enfrentar al narcotráfico debe distinguir las medidas a tomar frente a la oferta y la demanda de las drogas ilegales.

La oferta

El combate contra quienes ofertan drogas ilegales debería ser coordinado por una agencia federal, con personal especializado y recursos suficientes, que ejecute y coordine el accionar de las policías: federal, aeroportuaria y de las provincias; de la gendarmería, la Prefectura, los Servicio de Inteligencia, la Aduana, las Fuerzas Armadas, la Unidad de Información Financiera (UIF); y que colabore con los tribunales federales y provinciales, y con la Cancillería, para concertar con otros países, una política de la lucha contra el narcotráfico.

Esta agencia deberá hacer un mejor control: de las fronteras, de las rutas –terrestres, aéreas y fluviales- donde transitan las drogas y los insumos con las que se la trata, de las pistas de aterrizaje, con los radares –que hay y que deberán instalarse-, de las cocinas; de los puestos de venta y, muy especialmente, de los recursos financieros que genera este vil negocio. No me convence lo de autorizar el derribo de aviones.

En los Estados Unidos, ante una situación parecida y en la presidencia de Richard Nixon (1/7/73), se creó la DEA (Drug Enforcement Administration, o sea la: “Administración del cumplimiento de leyes sobre las drogas”), que es una agencia del Departamento de Justicia dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas. De este modo se quería que una agencia federal única asumiera las competencias federales en esta materia, coordinara las actividades gubernamentales en el control de estupefacientes, y en ella se fusionaban todas las reparticiones dedicadas a las drogas.

Para juzgar a los delitos que comete el crimen organizado deberá autorizarse; que haya testigos reservados, que se confisquen bienes usados para delinquir, que pueda haber jueces “sin rostro”, que se invierta la carga de la prueba para que los imputados tengan que demostrar su inocencia, etcétera.

En este aspecto las iglesias y organizaciones religiosas poco es lo que puedan hacer, salvo el tomar distancia de los traficantes y en los sectores sociales en donde actúan ésta organizaciones es importante apoyar e instruir a los líderes sociales para que no se plieguen a estar organizaciones y colaboren con la prevención, educación y rehabilitación

La demanda

El día que no haya más demanda, o sea consumidores, se termina el narcotráfico, de allí que la “guerra a las drogas” tiene sentido si la política que se siga respecto de la demanda es eficaz.

El Sedronar, en nuestro país, debería ser la otra agencia que se ocupe de coordinar a quienes se ocupan de la demanda. Deberá coordinar la acción de los organismos dedicados a la educación, la prevención y la asistencia de la población en general, de los consumidores y de los adictos a las drogas; y que coordine el accionar de los municipios, comunas, provincias, universidades, ONG y las iglesias y demás comunidades religiosas que se ocupan del tema.

El caldo de cultivo para el aumento del consumo y el tráfico de drogas está en crecimiento de la pobreza y la marginalidad, la existencia de muchos jóvenes que no trabajan y estudian, que hay sectores donde se ha perdido la cultura del trabajo, que la calidad educativa está en crisis, que crece la inestabilidad en los empleos y en los estudios, que los lazos familiares se han debilitado, y que trazar y hacer posible la realización de un plan de vida no es hoy fácil de lograr.

Si tomamos la propuesta hecha en 2014 por la Confederación de la Sociedad Civil en el Salón Azul del Congreso de la Nación sería bueno que el “Enfoques de políticas públicas” siguiera las siguientes pautas:

  • “Transparentar, regularizar y garantizar de modo integral el correcto funcionamiento del Sedronar como principal organismo del Estado a cargo del tema.”
  • “Cumplimiento de lo establecido en la ley 26.586 que promueve la creación del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.”
  • “Desde del Foro de Habitantes a Ciudadanos se presentó un proyecto de ley que contiene los siguientes objetivos: Creación del Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones.

“a) Desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional, que contemple diferentes modelos de intervención profesional sobre la base de la diversidad, los variados contextos donde se presentan las problemáticas, las características de la adicción y la singularidad de las personas. Se incluyen el alcoholismo, abuso de sustancias psicoactivas, tabaquismo, ludopatía y toda otra forma de relación con los objetos de carácter compulsivo.”

“b) Fortalecer y capacitar a los servicios de salud mental y centros de salud de carácter público, existentes en los ámbitos nacional, provincial y municipal, con el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas que demandan asistencia por padecer problemas de adicción.”

“c) Respetar la autonomía individual y la singularidad de las personas que demandan asistencia para el tratamiento de las adicciones, observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías constitucionales, evitando la estigmatización.”

“d) Promover la investigación y la docencia en materia de   adicciones.

“e) Garantizar la calidad de las prestaciones.”

“f) Incluir en el presente Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones, promoviendo acciones organizadas, a las áreas de Desarrollo Social, Trabajo, Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Derechos Humanos y otras áreas relevantes, como partes integrantes del sistema.”

“g) Incorporar el modelo de Reducción de Daños.” Para aplicarlo adictos que no van a dejar de consumir, y así reducirle los riesgos

“h) Asistir financieramente a las jurisdicciones que adhieran al presente Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones.” Principalmente comunas, municipios y provincias, y organizaciones religiosas y privadas que cooperan.

Educación, prevención y rehabilitación

El Estado debe descentralizar en todos los servicios educativos públicos, estatales y privados; en los municipios y comunas; en las ONG especializadas en esta temática; y con la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas, en especial en sus parroquias, iglesias, mezquitas, sinagogas, templos, capillas, etcétera la tarea de educación y prevención respecto del consumo de drogas y a la rehabilitación de los adictos. La insuficiencia de las estructuras estatales, barriales y en sectores sociales o poblacionales donde opera el narcotráfico y se promueve el consumo de estupefacientes o donde residen los adictos; hace necesario, y en algunos casos imprescindible, coordinar una tarea de cooperación y complementación con las estructuras locales de la Iglesia y demás confesiones religiosas, y con las ONG que puedan llegar a atender y ejecutar las tareas de educación, prevención y rehabilitación,

El Papa Francisco dijo también que:

”La Iglesia, fiel al mandato de Jesús de ir allí donde hay un ser humano que sufre, que tiene sed, hambre, que está en la cárcel no ha abandonado a los que han caído en la espiral de la droga, sino que con su amor creativo ha salido a su encuentro. Los ha tomado de la mano, a través del trabajo de muchos trabajadores y voluntarios para que pudieran volver a descubrir su dignidad, ayudándolos a resucitar esos recursos, esos talentos personales que la droga había enterrado, pero que no pudo cancelar porque cada hombre está creado a imagen y semejanza de Dios”.

El Estado argentino podría compartir con la Iglesia y las demás confesiones religiosas este mandato.

Córdoba, abril de 2016.

 

Derecho a Protestar y a Circular – Represión o Protocolo

Patricia Bulrich

Patricia Bulrich

Los que hemos participando, desde la adolescencia, en manifestaciones estudiantiles, sindicales y políticas no queremos que sean las fuerzas de seguridad las que pongan los límites a este sagrado derecho a expresarse reconocido por la Constitución, los tratados de derechos humanos y las leyes.

No es justo, tampoco, que manifestantes afecten derechos de terceros, como ensuciar fachadas, como ocurrió con las de la Iglesia del Pilar de Córdoba, la que nos tocó pintar (7/1/07) junto a fieles de distintos credos (Comipaz) a modo de reparación.

En la actualidad la vía pública se ha tornado caótica por la gran cantidad de vehículos que circulan, estacionan y trasportan a muchas más personas y mercaderías que antes (en 10 años se duplicó el parque vehicular); y por los cortes, piquetes y movilizaciones en los que se reclama, protesta o adhiere: a huelgas o consignas, o por temas vecinales o de seguridad; lo que atenta, cada vez más, contra los derechos de los que circulan, que van o vienen de trabajar o de estudiar, de recibir atención médica, de tomar un avión, etcétera.

Ante ello las fuerzas de seguridad necesitan un protocolo que regle su proceder, eviten la represión y hagan respetar, por un lado, los derechos constitucionales a reunirse, a peticionar, a protestar y a manifestarse; y, por el otro, a que el resto de los ciudadanos puedan circular, trabajar, estudiar, hacerse curar, etc.; de la misma manera que cuando a vía o lugares públicos se utilizan para hacer un acto patriótico, celebrar un acontecimiento deportivo o realizar una procesión o peregrinación religiosa.

El Código Penal castiga al que: “(…) impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire (…) con prisión de tres meses a dos años.” (Art. 194) Y esta pena se agravaría si, además, se produjeren daños en las cosas (Art. 183) o se atentare contra la vida o la integridad de las personas, recordemos el homicidio de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (26/6/2002). Estas normas, de aplicarse (lo que no es frecuente) sin protocolo, serían suficiente para liquidar los cortes y piquetes, pero ello afectaría el derecho a reunirse, a peticionar a las autoridades, a manifestarse; y podría impedir, incluso, la realización de actos patrióticos, religiosos e, incluso, deportivos.

Por eso, si las fuerzas de seguridad en vez de reprimir facilitan y compatibilizan los derechos a participar de estas concentraciones con el de circular; sin que los policías usen balas de goma o arrojen hidrantes y los manifestantes no hagan uso de la fuerza, de armas, machetes, piedras, ni se cubran el rostro; los derechos de todos quedarán a salvo.

Lo protocolos de la Ministra de Seguridad Nilda Garré (Res. 210/11) y, ahora, el de la Secretaria de Seguridad Patricia Bullrich, de parecido tenor, han sido y son –más allá que se pueda mejorar su redacción (v.gr.: prohibir, en este último, el uso de armas de fuego)- un paso positivo para que las fuerzas de seguridad actúen con prudencia y eficacia para que los derechos de todos puedan ejercerse y cuando haya colisión se negocie y se evite que a los que nos movilizamos se nos reprima o se nos aplique alguna de las penas del Código Penal.

Córdoba, febrero de 2016.

Traspaso de policías y tribunales a la ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

A cada jurisdicción lo suyo 

Es una buena noticia la firma del convenio, entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de gobierno de la ciudad de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, que traspasa la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, con sus 15 mil efectivos desplegados en 54 comisarías, la policía montada, bomberos, y la guardia de infantería, que hasta ahora integran la Policía Federal, al gobierno de la ciudad que actualmente es la capital federal, y donde ya existe la Policía Metropolitana, que cuenta con 6.300 efectivos. Igualmente es auspicioso, el anuncio, que hizo Rodríguez Larreta, de que se estudia junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, hacer lo propio con los tribunales penales de la Justicia llamada “Nacional”.

Con ello el gobierno de la ciudad contará con una fuerza de seguridad de 21 mil policías que coordinados podrán enfrentar los graves problemas que causa la inseguridad ciudadana y, de este modo, se avanza en aquello de que la ciudad se rige por “un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción” (Art. 129 Constitución Nacional), al asignarle funciones, servicios y recursos que, hasta ahora, ejerce inapropiadamente el gobierno federal, y que sostenemos injustamente todos los argentinos, para beneficio exclusivo de los que habitan en la Capital (Art. 75, 2 CN).

El traspaso de la policía federal será gradual y progresiva, ordenada en dos etapas: etapa de transición y etapa de consolidación, la primera de un año, y que podrá ser prorrogada de común acuerdo, y la segunda en que la Nación continuará apoyando a la ciudad en todo lo que tiene que ver con la transferencia. Ello significa que la fusión de los policias federales trasferidos y la metropolitana, como la de sus respectivas jefaturas será gradual, y que lo que no fue transferido de la Policía Federal se ocupará de los delitos federales y muy especialmente del narcotráfico, según los anuncios del gobierno. Aunque siguiendo el modelo norteamericano no estaría mal pensar en especializarla, organizando, por una parte, algo parecido al FBI (Federal Bureau of Investigation), una suerte de Policía Judicial –como la tiene la provincia de Córdoba desde que dictó su nueva Constitución en 1987-, y, por la otra, una especie de DEA (Drug Enforcement Administration), para ocuparse del narcotráfico, algo parecido a lo que recientemente se creó también en la provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que se dedica a combatir el narcomenudeo y asistir a la justicia provincial en esa materia –que es de su competencia-.

También tribunales, fiscales, defensores y reparticiones administrativas afines

 Esto debería completarse con traspasar toda la Justicia llamada “Nacional”, que en la actualidad, junto con la federal –con sede en la Capital y que no debe transferirse-, integra el Poder Judicial de la Nación, y que no solo comprende los tribunales en lo Criminal -que son los que se estudia transferir-, sino también los civiles, comerciales, laborales y de menores, que junto a fiscales y defensores del Ministerio Publico Nacional –que se desempeñan en dichos tribunales- también deberían ser incorporados al Poder Judicial de la CABA.

Los tribunales que pasen a la ciudad dejaran de ser inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y, en adelante, lo serán del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, lo que los acercará más a los usuarios.

Ello permitirá disminuir la cantidad impresionante de causas que atiende y falla la Corte Suprema de Justicia e la Nación, que en gran medida provienen de recursos interpuestos en contra de fallos que dictan los tribunales “Nacionales” con asiento en la ciudad de Buenos Aires. A título de ejemplo, en el año 2010 la Corte Suprema nacional resolvió 11.783 causas, en 2011 lo hizo 9.886 veces, y en cada uno de estos dos años le ingresaron más de 15.000 expedientes, en el año 1998 batió todos los record al fallar 46.435 causas, la mayor cifra de su historia (40.423 previsionales y 6.012 de otras materias); en cambio la Suprema Corte de EEUU falla por año solo un centenar de causas.

Estas transferencias son indispensables para iniciar la reclamada reforma judicial, que la haga más cercana a la gente, más eficaz y acorde las necesidades actuales. No faltarán jueces que resistan la transferencia, e invoque el que “conservarán sus empleos mientras dura su buena conducta” (Art. 112 CN) –como si este cambio afectara su grado, sede, remuneración o imparcialidad-; o que con ello “perderían jerarquía”; o, el otro, que si se dispusiera la intervención federal del gobierno de la CABA (Art. 99, 20 CN) podrían ser removidos.

A estos traspasos habría que sumar los de servicios administrativos complementarios que la Nación presta en y para Buenos Aires exclusivamente, como el Registro de Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia, que también deberían ser cedidos a la Ciudad.

Los provincianos contribuimos, además de para sostener al gobierno de la Nación, al de la provincia y de la municipalidad donde vivimos; los porteños, en cambio, solo tributan al gobierno federal y al de la CABA, y, hasta ahora, utilizan policías federales, tribunales, fiscales y defensores oficiales, que equivalen a los de las provincias, que financiamos todos los argentinos, lo que no se compadece con el principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas (Art. 16 CN).

Por ello, en la “asignación de recursos” que deberá hacerse (Art. 75, 2 CN) en el convenio de estos traspasos, la Nación debería aportar, sin cargo, junto al personal: inmuebles, vehículos, uniformes, materiales e instrumentos de trabajo, armamento, expedientes, archivos, etcétera, y la CABA deberá incluir en su presupuesto, y sostener con sus tributos, los gastos que demande el funcionamiento futuro de los tribunales, policías y organismos trasferidos.

Con estas transferencias no se agota la cuestión, ya que hay otros servicios que la Nación presta, por si o por concesionarios, en la Capital Federal que deberían también ser pasado al gobierno de la ciudad y ser financiado por los habitantes de esta gran ciudad, para así equipararse al resto de las provincias y honrar el nombre de “autónoma” con el que se la denomina desde que se dictó su “Estatuto Organizativo de sus instituciones” (Art. 129 CN) al que se le dio en llamar constitución.

Para que Argentina sea un país normal y confiable es necesario que haya Justicia, lo que propone el preámbulo de nuestra Constitución: “afianzar la Justicia”, o sea, darle a cada uno, a cada persona y a cada nivel del Estado, lo suyo, en derechos y obligaciones, para lo cual hay que reasignar y delegar competencias, funciones, tributos, servicios y recursos, como en el caso analizado. Para que el ciudadano esté más cerca de quienes lo gobiernan, lo juzgan y lo protegen.