¿Cambiar o “parchar”?

Mauricio Macri

El presidente Mauricio Macri ha convocado a un amplio acuerdo nacional para hacer grandes cambios, a lo que nadie debería honestamente negarse, aunque algunos deban ceder algunas aspiraciones. Pero como cambiar no es lo mismo que “parchar”, el gobierno debería contestar algunas preguntas referidas a los posibles cambios institucionales, que en el discurso oficial aparecen relegados después de los económicos, tributarios o laborales, pero que para que a mí, al menos, me parecen prioritarios.

Las preguntas serían:

En lo político

  • ¿Se modificará el número de diputados que corresponden a cada uno de los 24 distritos, de acuerdo al último censo de población, como exige la Constitución (Art. 45)? Para hacer justicia, entre otros, con Córdoba, que solo elige 18; mucho menos que los 25 de la Capital Federal, y los 19 de Santa Fe, a pesar de que tienen menos habitantes.
  • ¿Se adoptará el voto de preferencia? Por este sistema los que sufragan puede marcar a alguno/s de los candidatos, con el objeto de cambiar el orden de la listas, para que así suban, según la cantidad de preferencias que obtengan, y puedan acceder los mejores al reparto proporcional. Esto se hace en Brasil, está previsto en la Constitución de Córdoba -aunque nunca se reglamentó- y en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba -pero la reglamentación exige un mínimo absurdamente alto de preferencias para cambiar el orden de los candidatos, lo que ha impedido que los ciudadanos lo usen. Esta modalidad le daría más poder a los que votan y se los disminuiría a los que hacen las listas de candidatos, que muchas veces priorizan a sus incondicionales.
  • ¿Se adoptará el voto electrónico, como existe en Brasil, la India y mucho de los condados de EEUU, y se judicializará el manejo de las elecciones? Con ello se dejaría de privatizar y tercerizar con la empresa INDRA el escrutinio provisorio, como ocurre desde 1997; y con MSA, de Sergio Angelini, que implementó la Boleta Única Electrónica en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires y de Salta.
  • ¿Se reformará el sistema de elecciones primarias abiertas y obligatorias (PASO) para que dejen de ser una encuesta y participen sólo los partidos o alianzas que postulan más de un precandidato?

En la Justicia

  • ¿Se transferirá al gobierno de la ciudad de Buenos Aires toda la Justicia “Nacional”, equivalente a los tribunales provinciales de ese distrito, y que son más de la mitad de las magistraturas del Poder Judicial de la Nación, que pagan todos los argentinos? De este modo estos tribunales serán sostenidos sólo por sus únicos beneficiarios: los porteños.
  • ¿Se cubrirá el tercio de vacantes de jueces que hoy tiene el Poder Judicial de la Nación?
  • ¿Pagarán impuesto a las ganancias los integrantes del Poder Judicial y del ministerio público, nacional y de las provincias, como lo hacen los abogados y demás contribuyentes? La excepción debe limitarse a los jueces que juraron antes de 2017, como estableció la ley 27.346, porque la Constitución (Art.110) prohíbe disminuirle sus haberes.
  • ¿Se reemplazará el recurso de casación en contra de los fallos de los tribunales orales penales federales del interior del país, que resuelve la Cámara Nacional de Casación Penal de Buenos Aires, por otro de apelación ante las Cámaras Federales con sede en las provincias? Con ello se revisarían los fundamentos legales y de hecho, y no solo los primeros, con ocurre con la casación, porque así lo exige la Corte Suprema desde el caso “Casal” de 2005. Y porque la Constitución dispone que los juicios criminales deben hacerse en las provincias donde se cometió el delito (Art. 118).

En la educación

  • ¿Se implementará un examen a los alumnos que terminan el segundario?, como existe en muchos países actualmente, y evaluar así la calidad y defectos de la educación secundaria, para diagnosticar las causas del alto porcentaje de deserción escolar que hay a nivel segundario y universitario.

Las respuestas dirán si los cambios resolverán los grandes problemas que nos afectan.

Córdoba, noviembre de 2017.

 

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Educación Religiosa en Salta

Corte Suprema

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sr. SECRETARIO (Dr. Font).- A continuación hará su exposición el doctor Jorge Horacio Gentile.

Dr. GENTILE.- Señor Presidente, Excelentísima Corte Suprema de Justicia: me ha parecido muy acertada la decisión de este Alto Tribunal de establecer una audiencia pública para tratar un tema tan trascendente como este, pero además, me pareció muy oportuno. A tres días de una elección primaria, que muchos han dicho que es una encuesta, nos permite ver qué quiere el pueblo argentino a través de lo que ha ocurrido durante esta campaña electoral. Y nos vamos a encontrar con algo que tiene que ver con el tema en examen.

Fíjense, por ejemplo, que el principal candidato que ha puesto el gobierno para las elecciones en el distrito más grande del país es un ministro de Educación, y un ministro Educación que no es un hombre carismático. Ayer, en La Nación, el periodista Fernández Díaz decía que tiene cara de suplente y apellido de avenida.

Parecería ser que el ser ministro de Educación y el poner la educación en primer término es muy importante. Esto confirma lo que yo creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos que revisar los argentinos.

Pero además, en la campaña electoral se han tomado muchos temas que también tienen que ver con esto, porque se denuncia, se protesta y se hace una serie de reflexiones sobre distintos temas como, por ejemplo, el tema de la grieta. No es solamente la grieta política; también es la grieta entre los ricos y los pobres, la grieta entre el interior y la Capital, entre los que viven en la zona urbana y los que están en los sectores marginales. Acabo de ver gente durmiendo acá a unas cuadras.

Entonces, ¿qué significa esa denuncia? Denuncia que quizás tenemos que volver al primer objetivo de la Constitución Nacional, que es constituir la unión nacional, diríamos, reconstituir la unión nacional. Hemos planteado, se ha planteado y se ha discutido el tema de la corrupción y que tenemos una Justicia que no es oportuna, que es lerda y que no resuelve los problemas. Estamos pidiendo que se afiance la Justicia. Estamos planteando el tema de la seguridad, que viene desde el bullying en los colegios hasta la desaparición de Maldonado, pasando por el tema del narcotráfico. Quizás estamos refiriéndonos a la paz interior de la que habla el Preámbulo de la Constitución.

Pero cuando hablamos de todos estos principios, educación y principios supremos, principios morales o del derecho natural, que han sido positivizados en la primera parte de la Constitución y desarrollados luego en su texto, ¿qué significa esto? Que en definitiva, la última parte del Preámbulo nos dice que debemos recurrir a la fuente, que es el Dios protector que se invoca en el mismo Preámbulo de la Constitución.

Entonces volvemos al tema religioso. Si queremos realmente solucionar todos estos problemas que se han discutido en estos tiempos, seguramente vamos a tener que tratar de afianzar estos principios, y el colegio no puede prescindir de explicar estos principios que nacen y que tienen su fuente en el aspecto religioso.

Fíjense que puede haber alumnos de Salta o de otra parte del país que están viendo esta audiencia. ¿Qué significa ese crucifijo? ¡Ah, no! Como esta es una escuela laica no se puede dar una explicación sobre ese particular.

Estamos en Buenos Aires, una ciudad que cuando se fundó se la llamó ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos-Ayres. ¿Qué significa Santísima Trinidad? No se puede explicar en el colegio porque es una cuestión de carácter religioso. No podemos explicar por qué aparte de la cruz existe la estrella de David o existe la media luna. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significan los templos, las iglesias, las capillas, las sinagogas, las mezquitas? ¿Qué significan? ¿No les podemos explicar a los niños todo esto? Esto no es solamente un problema religioso, es un problema cultural. Y la educación no puede discriminar y retirar del ámbito de la educación todo esto.

Acá se habló de Estado laico. ¿Qué es Estado laico? ¿Quién ha dicho que es laico? Bueno, la palabra laico tiene dos acepciones: los que no son ministros, que son laicos dentro de una religión, o los que niegan directamente la religión. Bueno, parecería ser que a los que se quiere discriminar en definitiva es a los que tienen alguna creencia religiosa. Y acá no estamos hablando de mayoría y minoría, estamos hablando de discriminación. Si queremos –evidentemente- que haya igualdad, no solamente tenemos que predicar la igualdad y la fraternidad. Podríamos, si somos religiosos, decir “tenemos que amarnos los unos a los otros, y mi prójimo es hijo de Dios como yo soy hijo de Dios”. Fíjense qué fuerza tiene educativamente plantear la cosa desde el punto de vista religioso.

Entonces, creo que todo lo que se ha planteado para poner obstáculos a que esta parte de la cultura -y esta parte de la religión- no se exprese a los niños de primero a séptimo grado, como ocurre en la provincia de Salta, no tiene sentido.

Incluso en esto de distinguir entre escuela pública de gestión estatal o de gestión privada vamos a encontrarnos con muchos pueblos del interior de Salta donde la totalidad de los alumnos, o muchas veces sesenta o cien alumnos, pertenecen a otro culto que no es el católico. Son evangélicos, por ejemplo, o son testigos de Jehová. Eso está en las estadísticas que tienen ustedes en el expediente.

En consecuencia, acá no se trata de imponer una religión. Ya pasó esa etapa. Alguna vez la tuvimos. Fíjense que cuando se sancionó la Constitución se apartaron los constituyentes del proyecto de Alberdi y de los ensayos constitucionales que había habido en 1819 y 1826. No se estableció una religión oficial.

Un convencional, sacerdote católico, Benjamín Lavaisse, dijo: no hace falta más protección para la religión que la que da Dios, no es necesario establecer una religión oficial en el Estado.

Y bueno, señor Presidente, como ustedes pueden ver no hay motivo alguno para que una provincia autónoma no ponga en práctica lo que dice el artículo 5º de la Constitución Nacional, que establece entre las facultades propias de las provincias reglamentar la educación primaria.

Esto es lo que hace la provincia de Salta desde hace 131 años, con muchas variantes, porque ha pasado mucho tiempo. Ha habido otros ensayos, incluso nacionales, como lo de la enseñanza religiosa obligatoria que hubo entre los años 43 y 55, de enseñanza católica. Eso está superado.

Hoy en día las Constituciones, no solamente de Salta, sino por ejemplo la de Córdoba -que fue votada por el doctor Maqueda-, y la mía, establecen una disposición similar a la del Pacto de San José de Costa Rica, y que es lo que en definitiva establece la Constitución de Salta, la Constitución de Córdoba, y muchas Constituciones provinciales: que los padres tienen derecho, sean o no religiosos, a optar porque la enseñanza religiosa tenga una orientación determinada.

Yo puedo ser laico o puedo ser ateo y querer que mi hijo tenga un conocimiento de lo religioso. Eso no significa que yo le esté preguntando a qué religión pertenece. No, simplemente estoy orientándolo, porque quiero que mi hijo tenga un conocimiento de todas estas cosas que hemos estado hablando, de por qué la provincia de San Juan se llama San Juan, de por qué la provincia de Santa Cruz se llama Santa Cruz. Por lo menos esa explicación, que es una explicación de tipo cultural y religiosa, es importante que la sepan los niños.

Sr. SECRETARIO (Dr. Font).- Queda un minuto, doctor.

Dr. GENTILE.- La ley 1.420 había establecido algunos límites a la educación religiosa. La ley 1.420 en ningún momento habla de la enseñanza laica. Dice que la enseñanza religiosa la deben hacer los ministros del culto antes o después de las horas de clase. Bueno, en la provincia de Salta más de la mitad de los colegios tiene jornada extendida, de seis o de ocho horas. ¿Qué quieren, que la educación religiosa la den a las 12 de la noche? Creo que esto ya es el límite. Perdió sentido con la forma en que se educa en este momento.

Además, en todos los niveles de educación hay también educación optativa. En consecuencia, puede haber materias en que así como unos practican fútbol y otros practican hockey en los colegios, bueno, acá también unos pueden ser evangélicos, otros pueden ser cristianos, otros pueden ser judíos.

Señor Presidente: creo que lo que el Tribunal debe hacer es ratificar lo que ocurre en la provincia de Salta, rechazar el recurso, y exhortar al resto del país a tener en cuenta esta importante experiencia que ha tenido la provincia de Salta en los últimos 131 años. Nada más.

Sr. PRESIDENTE (Dr. Lorenzetti).- Muchas gracias.

Recuerdos y significado de aquel 9 de julio de 1816

Congreso de Tucumán

Congreso de Tucumán

En la soleada tarde de invierno de un martes 9 de julio, hace 200 años, en la casa de los descendientes de doña Francisca Bazán de Laguna, ubicada en la “calle del Rey” (ahora “del Congreso”), en San Miguel de Tucumán –una pequeña ciudad donde cuatro mil personas vivían en 80 manzanas-; 29 diputados -representantes de las Provincias Unidas de América del Sur, 17 de los cuales eran abogados, 9 sacerdotes y 2 frailes-, que integraban el Congreso; puestos de pie e “invocando al Eterno que preside al universo”, y “protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia, que regla nuestros votos” declararon solemnemente: que, “es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”.

Como no había hoteles los diputados que llegaron representando a distintos cabildos se alojaban en los conventos de San Francisco y Santo Domingo. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda o la Provincia Oriental no estuvieron representadas. Tampoco había diputados de Paraguay y del Alto Perú, con excepción de Chichas (hoy dentro del departamento Potosí), Charcas y Mizque (hoy dentro de Cochabamba). La Patagonia, habitada por pueblos originarios, era tierra de nadie.

La presidencia del Congreso, que había iniciado sus sesiones en el 24 de marzo, rotaba todos los meses y en la histórica sesión del 9 de julio la ejercía el sanjuanino Francisco Narciso Laprida, de 29 años de edad y que era bachiller en leyes, egresado de la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile.

Para difundir esta grata noticia de la Independencia, el Congreso envió por medio de chasquis, en carreta y a caballo, copias del Acta, de la cual se había impreso 1500 ejemplares en español y 1500, en quechua y aymara. El diputado y poeta Fray Cayetano Rodríguez, de la orden franciscana, que había sido profesor de la Universidad de Córdoba, tomó a su cargo redactar un diario de los hechos del Congreso, para enviar a los periódicos, llamado “El Redactor del Congreso”.

Diez días más tarde, a propuesta del diputado porteño Pedro Medrano, el Congreso, en sesión secreta, agregó a la declaración que nos liberaba de España la referente a “toda dominación extranjera”, pues “de este modo se sofocaría el rumor esparcido por ciertos hombres malignos de que el director del Estado, el general Belgrano y aun algunos individuos del Soberano Congreso alimentaban ideas de entregar el país a los portugueses”.

El 21 de julio fue jurada la Independencia en la sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante la presencia del general Manuel Belgrano, el clero, comunidades religiosas y demás corporaciones. El 25 se adoptó oficialmente “la bandera celeste y blanca de que se ha usado hasta el presente, y se usará en lo sucesivo exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas, en clase de bandera menor, ínterin, decretada al término de las presentes discusiones la forma de gobierno más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la bandera nacional mayor.”

Esta Declaración significó dar un paso más, después de aquel que se concretó seis años antes, en un lluvioso día 25 de Mayo, en el Cabildo de Buenos Aires, cuando, luego de que una “representación que han hecho a este Excmo. Cabildo un considerable número de vecinos, los Comandantes y varios Oficiales de los Cuerpos voluntarios de esta Capital”, se decidiera elegir la primera Junta de Gobierno patrio, presidida por Cornelio de Saavedra – el mismo que tres días antes, en la Asamblea del 22 de mayo, había dicho: “(…) y no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando” -, para cubrir la vacancia producida por haber caducado la autoridad del Virrey y de quienes representaban en el Río de la Plata al Rey de España, Fernando VII -prisionero del gobierno francés-.

Juan José Paso, que había sido alumno del Monserrat, Doctor en Leyes de la Universidad de Córdoba y secretario de aquella primera Junta, a los 58 años le tocó serlo, también, desde la primera sesión del Congreso de Tucumán; junto al joven de 27, José Mariano Serrano, quién redactó el Acta de la Independencia en español, quechua y en aymara, y que representaba a Charcas y era abogado egresado de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, fundada por los jesuitas el 27 de marzo de 1624, dos años después que la Compañía de Jesús se hicieren cargo de la de Córdoba, que era la otra Universidad que había entonces en las Provincias Unidas -la de Buenos Aires recién se fundó el 26 de agosto de 1821 y su primer rector fue el sacerdote Antonio Sáenz después de ser congresista en Tucumán-. Los jesuitas fueron expulsados en 1767.

¿Por qué independientes?

Las razones que influyeron para declarar la independencia fueron que:

· el rey Borbón Fernando VII había regresado al trono de España, después de haber estado prisionero desde 1808 de Napoleón en Valençay, en el centro de Francia, a unos 300 kilómetros de París, hasta que por el tratado del 11 de diciembre de 1813, Napoleón lo reconoció como Rey, recuperando así su trono y todos los territorios y propiedades de la Corona y sus súbditos, tanto en la península como en el extranjero;

· Napoleón Bonaparte había sido derrotado en Waterloo (Bélgica), el 18 de junio de 1815;

· los reclamos que José de San Martín, gobernador de Cuyo y que organizaba el Ejército de los Andes para iniciar la campaña libertadora a Chile, le hacía por cartas al joven diputado mendocino, de apenas 25 años, y bachiller en leyes de la Universidad San Felipe de Chile, Tomás Godoy Cruz;

· la amenaza de la invasión portuguesa- brasileña, que se concretará en el mes de agosto de ese año sobre la Banda Oriental, con la resistencia de José Gervasio Artigas; y

· los consejos de Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes que tenían a su cargo la difícil defensa en el norte del antiguo virreinato que llegaban hasta el Alto Perú.

La situación era crítica ya que la reacción realista triunfaba desde México hasta Chile, pasando por el Alto Perú (nuestros ejércitos había sufrido derrotas en Huaqui en 1811, Vilcapugio y Ayohuma en 1813 y Sipe Sipe en 1815). Sólo permanecían libres del dominio español las Provincias Unidas, la Liga Federal —liderada por Artigas y que abarcaba la Banda Oriental, que se declarará independiente en 1828, y las provincias del litoral -, y el Paraguay, gobernado por el Dictador Supremo José Gaspar Rodríguez de Francia, que se llevaba mal con Buenos Aires, y se declarará independiente en 1842. Bolivia, que antes fue el Alto Perú, lo hizo en 1825.

Con la Declaración de Tucumán nace una nueva Nación independiente, que rompía definitivamente los lazos que la unían al monarca español y a toda otra dominación, pero que todavía carecía de nombre (1810 la Primera Junta utilizó en algunos documentos la expresión “Provincias del Río de la Plata”, pero en la actas del Congreso de Tucumán se les denomina: “Provincias Unidas en Sud América”), su población y extensión territorial era indefinida, y su organización política e institucional se discutirá durante largos 37 años, a partir de ese mismo Congreso, mientras siguió sesionando en Tucumán, y, cuando, al año siguiente, se trasladó a Buenos Aires, sin haberlo lograrlo definir, a pesar que el 22 de abril 1819 dictó una “Constitución de las Provincias Unidas de Sud América”, aristocrática, por cómo se componía el senado, y unitaria; que nunca rigió por haber sido rechazada por los pueblos.

La discusión y los ensayos se sucedieron en este y otros congresos, pactos y constituciones, alternadas con batallas, asesinatos, prisiones y exilios. Primero lo fueron entre los que querían una república o los que preferían un rey -que podría haber sido un príncipe europeo, como Francisco de Paula, como gestionaron algunos en Europa; o un Inca, como les propuso Belgrano a los congresistas, en la sesión secreta del 6 de julio, en la persona de Juan Bautista Túpac Amaru, hermano menor de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, asesinado junto a toda su familia en 1781, lo que escandalizó al diputado porteño Tomás Manuel de Anchorena –abogado egresado de Charcas y que había firmado el acta del 25 de mayo de 1810 que eligió la primera Junta, y que en esa sesión manifestó que no le molestaba la idea de la monarquía constitucional, pero sí en cambio que se pusiese “la mira en un monarca de la casta de los chocolates, cuya persona si existía, probablemente tendríamos que sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería para colocarla en el elevado trono de un monarca”. Fray Justo Santa María de Oro, el dominico que era el otro representante de San Juan, terció afirmando que había que consultar antes la voluntad de las provincias, y que si el debate seguía “precediéndose sin aquel requisito a adoptar el sistema monárquico constitucional a que veía inclinados los votos de los representantes, se le permitiese retirarse del Congreso”.

Después de 1820 la disputa sería entre unitarios y federales, y, más tarde, entre los que querían más autoridad, recordemos lo de las “facultades extraordinarias y la suma del poder público”, o los que preferían más libertad, como Esteban Echeverría que nos enseñó que la: “Democracia no es una forma de gobierno, sino la esencia misma de todos los gobiernos republicanos o instituidos para el bien de la comunidad (…). La democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases.”

Principios y valores

El 1º de mayo de año 1853, en el Congreso reunido en Santa Fe de la Veracruz, concluirá este largo proceso fundacional con la sanción y jura de la “Constitución de la Confederación Argentina”, que al reformarse en 1860 para que se incorpore Buenos Aires, cambiará esta expresión por “de la Nación Argentina”, y se le agregará un artículo 35 que dispone que: “Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata (omite de “Sud América”, como se las llamó en el Congreso de Tucumán); República Argentina, Confederación Argentina serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras “Nación Argentina” en la formación y sanción de las leyes”. Esta Constitución, que nos honra todavía con su vigencia, es después de la norteamericana, la más antigua de América.

25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816 y 1° de Mayo de 1853, son tres fechas en las que se va concretando la fundación y organización de nuestra República y del Estado Federal, bajo la vigencia de una Constitución que garantiza nuestros derechos y los de “todos los hombre del mundo que quieran habitar el suelo argentino”; y que nos incorporó al concierto de las naciones libres, siguiendo las nuevas ideas que en el mundo se difundieron desde fines del siglo XVIII y que aclamaron las revoluciones norteamericana de 1776, la francesa de 1789 y por las que bregaron las Cortes española cuando se oponían a José I Napoleón, y que declararon en la Constitución de Cádiz en 1812.

Los norteamericanos al declararse independientes, el 4 de julio de 1776, afirmaron: “que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”.

En la Revolución Francesa, inmortalizada con el lema: “Libertad, igualdad y fraternidad”, aprobó el 26 de agosto de 1789 la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, en la que, “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano: Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. (…)” y que proclama en su “Artículo dieciséis.- Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”. En el resto de los artículos se completa el reconocimiento de derechos que resaltan la dignidad de la persona humana.

Las Corte españolas, que desde 1810 luchaban contra la invasión francesa y el reinado de José I Napoleón, dictaron la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, por eso mejor conocida como la Pepa, y que proclamaba la soberanía de la Nación, limitaba el poder de la monarquía, abolía el feudalismo, declaraba la igualdad entre peninsulares y americanos, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad, abolía los señoríos y finalizó con la inquisición. Con el regreso de Fernando VII[ sería derogada en Valencia el 4 de mayo de 1814.

Estos principios y derechos son los mismos que los constituyentes de 1853 volcaron en nuestra Carta Fundamental, en el preámbulo y en el título “Declaraciones, derechos y garantías”, y al establecer una forma de gobierno republicana, con división y equilibrio de los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y federal, y descentralizada, de Estado, siguiendo el modelo de la Constitución Norteamericana de 1787, que luego se completó, con la declaración de derechos, que se hicieron en las 10 primeras enmiendas, aprobadas en 1791.

Significado

¿Qué significa el 9 de julio y la Declaración de la Independencia para nosotros, ciudadanos del Siglo XXI?

– Que ese día nació nuestra patria; que hace 200 años somos ciudadanos de una Nación libre y soberana; que nuestros próceres y soldados -que declararon la independencia y lucharon en los campos de batalla para defenderla- merecen nuestro reconocimiento y homenaje; y que, en este Siglo XXI, donde muchas cosas se revisan, en nuestro país –donde un nuevo gobierno no desafía para salir del aislamiento-; en la región donde el Mercosur está en crisis y se hace necesario retomar el camino de la integración; y en el mundo –conmovido por el “Brexit” votado por los británicos para romper con la Unión Europea-, para iniciar de una buena vez el camino a un gobierno mundial, como alguna vez propuso Jacques Maritain y otros visionarios.

Ante estos desafíos parece oportuno reafirmar los principios y valores fundacionales, sin renunciar a los ideales sudamericanitas que hoy, en un mundo globalizado, cobran la actualidad que no siempre supimos defender.

Este Bicentenario es, también, un momento propicio para recordar y renovar el juramento que hicieron los congresistas de Tucumán, en aquella sesión pública del 19 de julio, cuando se les preguntó: “¿Juráis por Dios Nuestro Señor y esta señal de cruz, promover y defender la libertad de las provincias unidas en Sud América, y su independencia del Rey de España, Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y toda otra dominación extranjera? ¿Juráis a Dios Nuestro Señor y prometéis a la patria, el sostén de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama?”. Contestaron. Sí JURO, lo que nosotros nos animamos hoy a reafirmar después de 200 años en ésta la Casa más antigua de Córdoba, para escuchar luego, como decía el Acta de aquella histórica sesión: “Si así lo hiciereis Dios os ayude, y si no, El y la Patria os hagan cargo”

Córdoba, junio de 2016.

La religiosidad y las adicciones

Papa Francisco

Papa Francisco

Los conceptos de “autonomía y cooperación”, proclamados en el Concilio Vaticano II, son los deben regir las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y las demás confesiones religiosas, ya que los ciudadanos, en su gran mayoría, son al mismo tiempo fieles religiosos, y como personas tienen y ejercen el derecho humano a la libertad religiosa, que abarca el de conciencia, de pensamiento y de culto.

Estos conceptos, en la historia nacional, no siempre han sido asumidos y ejercidos por los gobiernos y las autoridades religiosas en su plenitud, especialmente en lo referido a la “cooperación” que desde siempre ha sido imprescindible para suplir las falencias e impotencia del Estado en sus distintos niveles y servicios que presta.

Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el actual gobierno que para alcanzar los tres objetivos que se ha propuesto –“pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a la Argentina”- necesita, además del apoyo de los ciudadanos y de la sociedad civil, de la “cooperación” de la Iglesia y de las demás confesiones religiosas. Sin embargo la breve audiencia protocolar entre el presidente Mauricio Macri con el SS Francisco en el Vaticano, que al finalizar lo mostró con rostro serio y frío, nos deja la duda si la cooperación para gestionar estos propósitos es posible con la Iglesia Católica,

La vinculación de lo religioso con las adicciones se puede considerar desde:

  • Los valores éticos, compartidos por las instituciones cívicas y religiosas, que garantizan el pleno respeto a la dignidad de la persona humana, y que entran en riesgo cuando se consumen drogas y se cae en adicciones,
  • Las acciones del Estado y de la Iglesia, y demás confesiones religiosas, para evitar y combatir las ofertas y la demanda del tráfico de drogas y estupefacientes.  Si de adicciones se trata también habría que agregar el juego, últimamente muy difundido con autorización del estado,
  • Lo institucional donde el Estado y las iglesias o confesiones religiosas trabajan y colaboran en la educación y la prevención respecto del consumo de drogas, y la rehabilitación de los adictosincluido los que padecen ludopatía.

Valores éticos 

Los principios éticos que se declaran en la Constitución y que parten de la invocación a “Dios fuente de toda razón y justicia” y del reconocimiento de los “derechos (“naturales” según Dalmacio Vélez Sarsfield al proponerlo) no enumerados” son compartidos por los ciudadanos y a la vez fieles de las distintas religiones que se profesan en nuestro sociedad.

SS Francisco ha dicho al respecto que:

La droga es un mal y ante el mal no se puede ceder ni tener compromisos”, y agregó que ”Quisiera decirlo claramente: la droga no se vence con la droga. La droga es un mal, y con el mal no se puede ceder ni tener compromisos. Pensar que se puede reducir el daño permitiendo el uso de sustancias psicotrópicas a las personas que siguen usando drogas, no resuelve el problema”.

Además añadió que “la legalización, incluso parcial, de las llamadas ‘drogas blandas’, además de ser discutible en términos legislativos, no produce los efectos esperados. Las drogas sustitutivas, por otra parte, no constituyen una terapia suficiente, sino una forma velada de entrega al fenómeno”.

Quiero reiterar lo que dije en otra ocasión: No a cualquier tipo de droga. Simplemente. No a cualquier tipo de droga. Pero para decir este ‘no’, hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de trabajo”, afirmó.

Expresó, además, que el “azote de la droga sigue haciendo estragos con formas y extensión impresionantes, alimentado por un mercado turbio que traspasa las fronteras nacionales y continentales. Así, crece cada vez más el peligro para los jóvenes y adolescentes. Frente a este fenómeno siento la necesidad de expresar mi dolor y mi preocupación”.

En ese sentido, exhortó a enfrentar al desempleo juvenil, porque, al no poder estudiar ni trabajar, entran “en esta falta de horizonte, de esperanza y la primera oferta son las dependencias, entre las cuales, está la droga”.

Las oportunidades de trabajo, la educación, el deporte, la vida sana; este es el camino que lleva a la prevención de la droga. Sí esto se hacen verdades no hay espacio para las drogas, para el abuso de alcohol, para otras adicciones”, aseguró.

(31° Conferencia Internacional contra el Narcotráfico reunida en Roma (Italia), del 17 al 19 de junio de 2014)

Oferta y demanda

Una política de estado para enfrentar al narcotráfico debe distinguir las medidas a tomar frente a la oferta y la demanda de las drogas ilegales.

La oferta

El combate contra quienes ofertan drogas ilegales debería ser coordinado por una agencia federal, con personal especializado y recursos suficientes, que ejecute y coordine el accionar de las policías: federal, aeroportuaria y de las provincias; de la gendarmería, la Prefectura, los Servicio de Inteligencia, la Aduana, las Fuerzas Armadas, la Unidad de Información Financiera (UIF); y que colabore con los tribunales federales y provinciales, y con la Cancillería, para concertar con otros países, una política de la lucha contra el narcotráfico.

Esta agencia deberá hacer un mejor control: de las fronteras, de las rutas –terrestres, aéreas y fluviales- donde transitan las drogas y los insumos con las que se la trata, de las pistas de aterrizaje, con los radares –que hay y que deberán instalarse-, de las cocinas; de los puestos de venta y, muy especialmente, de los recursos financieros que genera este vil negocio. No me convence lo de autorizar el derribo de aviones.

En los Estados Unidos, ante una situación parecida y en la presidencia de Richard Nixon (1/7/73), se creó la DEA (Drug Enforcement Administration, o sea la: “Administración del cumplimiento de leyes sobre las drogas”), que es una agencia del Departamento de Justicia dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas. De este modo se quería que una agencia federal única asumiera las competencias federales en esta materia, coordinara las actividades gubernamentales en el control de estupefacientes, y en ella se fusionaban todas las reparticiones dedicadas a las drogas.

Para juzgar a los delitos que comete el crimen organizado deberá autorizarse; que haya testigos reservados, que se confisquen bienes usados para delinquir, que pueda haber jueces “sin rostro”, que se invierta la carga de la prueba para que los imputados tengan que demostrar su inocencia, etcétera.

En este aspecto las iglesias y organizaciones religiosas poco es lo que puedan hacer, salvo el tomar distancia de los traficantes y en los sectores sociales en donde actúan ésta organizaciones es importante apoyar e instruir a los líderes sociales para que no se plieguen a estar organizaciones y colaboren con la prevención, educación y rehabilitación

La demanda

El día que no haya más demanda, o sea consumidores, se termina el narcotráfico, de allí que la “guerra a las drogas” tiene sentido si la política que se siga respecto de la demanda es eficaz.

El Sedronar, en nuestro país, debería ser la otra agencia que se ocupe de coordinar a quienes se ocupan de la demanda. Deberá coordinar la acción de los organismos dedicados a la educación, la prevención y la asistencia de la población en general, de los consumidores y de los adictos a las drogas; y que coordine el accionar de los municipios, comunas, provincias, universidades, ONG y las iglesias y demás comunidades religiosas que se ocupan del tema.

El caldo de cultivo para el aumento del consumo y el tráfico de drogas está en crecimiento de la pobreza y la marginalidad, la existencia de muchos jóvenes que no trabajan y estudian, que hay sectores donde se ha perdido la cultura del trabajo, que la calidad educativa está en crisis, que crece la inestabilidad en los empleos y en los estudios, que los lazos familiares se han debilitado, y que trazar y hacer posible la realización de un plan de vida no es hoy fácil de lograr.

Si tomamos la propuesta hecha en 2014 por la Confederación de la Sociedad Civil en el Salón Azul del Congreso de la Nación sería bueno que el “Enfoques de políticas públicas” siguiera las siguientes pautas:

  • “Transparentar, regularizar y garantizar de modo integral el correcto funcionamiento del Sedronar como principal organismo del Estado a cargo del tema.”
  • “Cumplimiento de lo establecido en la ley 26.586 que promueve la creación del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.”
  • “Desde del Foro de Habitantes a Ciudadanos se presentó un proyecto de ley que contiene los siguientes objetivos: Creación del Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones.

“a) Desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional, que contemple diferentes modelos de intervención profesional sobre la base de la diversidad, los variados contextos donde se presentan las problemáticas, las características de la adicción y la singularidad de las personas. Se incluyen el alcoholismo, abuso de sustancias psicoactivas, tabaquismo, ludopatía y toda otra forma de relación con los objetos de carácter compulsivo.”

“b) Fortalecer y capacitar a los servicios de salud mental y centros de salud de carácter público, existentes en los ámbitos nacional, provincial y municipal, con el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas que demandan asistencia por padecer problemas de adicción.”

“c) Respetar la autonomía individual y la singularidad de las personas que demandan asistencia para el tratamiento de las adicciones, observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías constitucionales, evitando la estigmatización.”

“d) Promover la investigación y la docencia en materia de   adicciones.

“e) Garantizar la calidad de las prestaciones.”

“f) Incluir en el presente Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones, promoviendo acciones organizadas, a las áreas de Desarrollo Social, Trabajo, Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Derechos Humanos y otras áreas relevantes, como partes integrantes del sistema.”

“g) Incorporar el modelo de Reducción de Daños.” Para aplicarlo adictos que no van a dejar de consumir, y así reducirle los riesgos

“h) Asistir financieramente a las jurisdicciones que adhieran al presente Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones.” Principalmente comunas, municipios y provincias, y organizaciones religiosas y privadas que cooperan.

Educación, prevención y rehabilitación

El Estado debe descentralizar en todos los servicios educativos públicos, estatales y privados; en los municipios y comunas; en las ONG especializadas en esta temática; y con la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas, en especial en sus parroquias, iglesias, mezquitas, sinagogas, templos, capillas, etcétera la tarea de educación y prevención respecto del consumo de drogas y a la rehabilitación de los adictos. La insuficiencia de las estructuras estatales, barriales y en sectores sociales o poblacionales donde opera el narcotráfico y se promueve el consumo de estupefacientes o donde residen los adictos; hace necesario, y en algunos casos imprescindible, coordinar una tarea de cooperación y complementación con las estructuras locales de la Iglesia y demás confesiones religiosas, y con las ONG que puedan llegar a atender y ejecutar las tareas de educación, prevención y rehabilitación,

El Papa Francisco dijo también que:

”La Iglesia, fiel al mandato de Jesús de ir allí donde hay un ser humano que sufre, que tiene sed, hambre, que está en la cárcel no ha abandonado a los que han caído en la espiral de la droga, sino que con su amor creativo ha salido a su encuentro. Los ha tomado de la mano, a través del trabajo de muchos trabajadores y voluntarios para que pudieran volver a descubrir su dignidad, ayudándolos a resucitar esos recursos, esos talentos personales que la droga había enterrado, pero que no pudo cancelar porque cada hombre está creado a imagen y semejanza de Dios”.

El Estado argentino podría compartir con la Iglesia y las demás confesiones religiosas este mandato.

Córdoba, abril de 2016.

 

Derecho a Protestar y a Circular – Represión o Protocolo

Patricia Bulrich

Patricia Bulrich

Los que hemos participando, desde la adolescencia, en manifestaciones estudiantiles, sindicales y políticas no queremos que sean las fuerzas de seguridad las que pongan los límites a este sagrado derecho a expresarse reconocido por la Constitución, los tratados de derechos humanos y las leyes.

No es justo, tampoco, que manifestantes afecten derechos de terceros, como ensuciar fachadas, como ocurrió con las de la Iglesia del Pilar de Córdoba, la que nos tocó pintar (7/1/07) junto a fieles de distintos credos (Comipaz) a modo de reparación.

En la actualidad la vía pública se ha tornado caótica por la gran cantidad de vehículos que circulan, estacionan y trasportan a muchas más personas y mercaderías que antes (en 10 años se duplicó el parque vehicular); y por los cortes, piquetes y movilizaciones en los que se reclama, protesta o adhiere: a huelgas o consignas, o por temas vecinales o de seguridad; lo que atenta, cada vez más, contra los derechos de los que circulan, que van o vienen de trabajar o de estudiar, de recibir atención médica, de tomar un avión, etcétera.

Ante ello las fuerzas de seguridad necesitan un protocolo que regle su proceder, eviten la represión y hagan respetar, por un lado, los derechos constitucionales a reunirse, a peticionar, a protestar y a manifestarse; y, por el otro, a que el resto de los ciudadanos puedan circular, trabajar, estudiar, hacerse curar, etc.; de la misma manera que cuando a vía o lugares públicos se utilizan para hacer un acto patriótico, celebrar un acontecimiento deportivo o realizar una procesión o peregrinación religiosa.

El Código Penal castiga al que: “(…) impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire (…) con prisión de tres meses a dos años.” (Art. 194) Y esta pena se agravaría si, además, se produjeren daños en las cosas (Art. 183) o se atentare contra la vida o la integridad de las personas, recordemos el homicidio de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (26/6/2002). Estas normas, de aplicarse (lo que no es frecuente) sin protocolo, serían suficiente para liquidar los cortes y piquetes, pero ello afectaría el derecho a reunirse, a peticionar a las autoridades, a manifestarse; y podría impedir, incluso, la realización de actos patrióticos, religiosos e, incluso, deportivos.

Por eso, si las fuerzas de seguridad en vez de reprimir facilitan y compatibilizan los derechos a participar de estas concentraciones con el de circular; sin que los policías usen balas de goma o arrojen hidrantes y los manifestantes no hagan uso de la fuerza, de armas, machetes, piedras, ni se cubran el rostro; los derechos de todos quedarán a salvo.

Lo protocolos de la Ministra de Seguridad Nilda Garré (Res. 210/11) y, ahora, el de la Secretaria de Seguridad Patricia Bullrich, de parecido tenor, han sido y son –más allá que se pueda mejorar su redacción (v.gr.: prohibir, en este último, el uso de armas de fuego)- un paso positivo para que las fuerzas de seguridad actúen con prudencia y eficacia para que los derechos de todos puedan ejercerse y cuando haya colisión se negocie y se evite que a los que nos movilizamos se nos reprima o se nos aplique alguna de las penas del Código Penal.

Córdoba, febrero de 2016.

Traspaso de policías y tribunales a la ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

A cada jurisdicción lo suyo 

Es una buena noticia la firma del convenio, entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de gobierno de la ciudad de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, que traspasa la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, con sus 15 mil efectivos desplegados en 54 comisarías, la policía montada, bomberos, y la guardia de infantería, que hasta ahora integran la Policía Federal, al gobierno de la ciudad que actualmente es la capital federal, y donde ya existe la Policía Metropolitana, que cuenta con 6.300 efectivos. Igualmente es auspicioso, el anuncio, que hizo Rodríguez Larreta, de que se estudia junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, hacer lo propio con los tribunales penales de la Justicia llamada “Nacional”.

Con ello el gobierno de la ciudad contará con una fuerza de seguridad de 21 mil policías que coordinados podrán enfrentar los graves problemas que causa la inseguridad ciudadana y, de este modo, se avanza en aquello de que la ciudad se rige por “un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción” (Art. 129 Constitución Nacional), al asignarle funciones, servicios y recursos que, hasta ahora, ejerce inapropiadamente el gobierno federal, y que sostenemos injustamente todos los argentinos, para beneficio exclusivo de los que habitan en la Capital (Art. 75, 2 CN).

El traspaso de la policía federal será gradual y progresiva, ordenada en dos etapas: etapa de transición y etapa de consolidación, la primera de un año, y que podrá ser prorrogada de común acuerdo, y la segunda en que la Nación continuará apoyando a la ciudad en todo lo que tiene que ver con la transferencia. Ello significa que la fusión de los policias federales trasferidos y la metropolitana, como la de sus respectivas jefaturas será gradual, y que lo que no fue transferido de la Policía Federal se ocupará de los delitos federales y muy especialmente del narcotráfico, según los anuncios del gobierno. Aunque siguiendo el modelo norteamericano no estaría mal pensar en especializarla, organizando, por una parte, algo parecido al FBI (Federal Bureau of Investigation), una suerte de Policía Judicial –como la tiene la provincia de Córdoba desde que dictó su nueva Constitución en 1987-, y, por la otra, una especie de DEA (Drug Enforcement Administration), para ocuparse del narcotráfico, algo parecido a lo que recientemente se creó también en la provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que se dedica a combatir el narcomenudeo y asistir a la justicia provincial en esa materia –que es de su competencia-.

También tribunales, fiscales, defensores y reparticiones administrativas afines

 Esto debería completarse con traspasar toda la Justicia llamada “Nacional”, que en la actualidad, junto con la federal –con sede en la Capital y que no debe transferirse-, integra el Poder Judicial de la Nación, y que no solo comprende los tribunales en lo Criminal -que son los que se estudia transferir-, sino también los civiles, comerciales, laborales y de menores, que junto a fiscales y defensores del Ministerio Publico Nacional –que se desempeñan en dichos tribunales- también deberían ser incorporados al Poder Judicial de la CABA.

Los tribunales que pasen a la ciudad dejaran de ser inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y, en adelante, lo serán del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, lo que los acercará más a los usuarios.

Ello permitirá disminuir la cantidad impresionante de causas que atiende y falla la Corte Suprema de Justicia e la Nación, que en gran medida provienen de recursos interpuestos en contra de fallos que dictan los tribunales “Nacionales” con asiento en la ciudad de Buenos Aires. A título de ejemplo, en el año 2010 la Corte Suprema nacional resolvió 11.783 causas, en 2011 lo hizo 9.886 veces, y en cada uno de estos dos años le ingresaron más de 15.000 expedientes, en el año 1998 batió todos los record al fallar 46.435 causas, la mayor cifra de su historia (40.423 previsionales y 6.012 de otras materias); en cambio la Suprema Corte de EEUU falla por año solo un centenar de causas.

Estas transferencias son indispensables para iniciar la reclamada reforma judicial, que la haga más cercana a la gente, más eficaz y acorde las necesidades actuales. No faltarán jueces que resistan la transferencia, e invoque el que “conservarán sus empleos mientras dura su buena conducta” (Art. 112 CN) –como si este cambio afectara su grado, sede, remuneración o imparcialidad-; o que con ello “perderían jerarquía”; o, el otro, que si se dispusiera la intervención federal del gobierno de la CABA (Art. 99, 20 CN) podrían ser removidos.

A estos traspasos habría que sumar los de servicios administrativos complementarios que la Nación presta en y para Buenos Aires exclusivamente, como el Registro de Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia, que también deberían ser cedidos a la Ciudad.

Los provincianos contribuimos, además de para sostener al gobierno de la Nación, al de la provincia y de la municipalidad donde vivimos; los porteños, en cambio, solo tributan al gobierno federal y al de la CABA, y, hasta ahora, utilizan policías federales, tribunales, fiscales y defensores oficiales, que equivalen a los de las provincias, que financiamos todos los argentinos, lo que no se compadece con el principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas (Art. 16 CN).

Por ello, en la “asignación de recursos” que deberá hacerse (Art. 75, 2 CN) en el convenio de estos traspasos, la Nación debería aportar, sin cargo, junto al personal: inmuebles, vehículos, uniformes, materiales e instrumentos de trabajo, armamento, expedientes, archivos, etcétera, y la CABA deberá incluir en su presupuesto, y sostener con sus tributos, los gastos que demande el funcionamiento futuro de los tribunales, policías y organismos trasferidos.

Con estas transferencias no se agota la cuestión, ya que hay otros servicios que la Nación presta, por si o por concesionarios, en la Capital Federal que deberían también ser pasado al gobierno de la ciudad y ser financiado por los habitantes de esta gran ciudad, para así equipararse al resto de las provincias y honrar el nombre de “autónoma” con el que se la denomina desde que se dictó su “Estatuto Organizativo de sus instituciones” (Art. 129 CN) al que se le dio en llamar constitución.

Para que Argentina sea un país normal y confiable es necesario que haya Justicia, lo que propone el preámbulo de nuestra Constitución: “afianzar la Justicia”, o sea, darle a cada uno, a cada persona y a cada nivel del Estado, lo suyo, en derechos y obligaciones, para lo cual hay que reasignar y delegar competencias, funciones, tributos, servicios y recursos, como en el caso analizado. Para que el ciudadano esté más cerca de quienes lo gobiernan, lo juzgan y lo protegen.

Designación en comisión de dos jueces para la Corte Suprema

Mauricio Macri

Mauricio Macri

El Decreto 83 del 14 de diciembre de 2015 del Presidente de la República dispone:

“Artículo 1° — Desígnanse como Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores Carlos Fernando ROSENKRANTZ (Documento Nacional de Identidad N° 13.031.536) y Horacio Daniel ROSATTI (Documento Nacional de Identidad N° 12.696.450), en los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. Art. 2° — Encomiéndase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la inmediata implementación del procedimiento previsto en el Decreto N° 222/03, a los fines de la oportuna designación de los Doctores Carlos Fernando ROSENKRANTZ y Horacio Daniel ROSATTI en calidad de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a las previsiones del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —

MACRI. — Marcos Peña. — Germán C. Garavano”.

Mi opinión es que:

1.     El Decreto de funda en el artículo 99 inciso 4 y 19 de la Constitución Nacional, por lo que es constitucional.

2.     Cuando el inc. 19 del art. 99 habla de que puede “llenar vacante de los empleos”; se refiere a jueces – de todas las instancias-; embajadores, ministros plenipotenciarios, encargados de negocios y a oficiales superiores de las fuerzas Armadas.

3.     La designación en comisión dura hasta que terminan las sesiones ordinarias del Congreso, el 30 de noviembre de 2016; y si hubiere prórroga hasta la fecha que ella termine. El Congreso puede no prestar el acuerdo a esgtos jueces o, incluso, rechazar las designaciones hechas en el decreto.

4.     El uso de esta facultad presidencial no ha sido utilizada para la designación de integrantes de la Corte Suprema, salvo cuando en 1862 se designó la primera Corte, y para nombrar jueces inferiores.

5.     No se trata de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), porque no dispone sobre “ disposiciones de carácter legislativo”, no fue aprobado en reunión de gabinete y no está firmado por todos los ministros del Poder Ejecutivo (Art. 99 inc. 3 CN).

6.     La constitucionalidad de las designaciones, será ratificada cuando el presidente de la Corte Suprema le tome juramento a los designado en comisión (artículo 112 CN).

7.     El decreto pone en marcha el procedimiento para que se designe definitivamente, con el correspondiente acuerdo del Senado, a los que por ahora son designados en comisión.

8.     Recordando que el gobierno no tiene mayoría en el Senado, con esta iniciativa, el presidente pone en marcha una negociación para la integración definitiva de la Corte, que por ahora tiene cinco miembros, y que, según se desarrolle en la misma, no habría que descartar que se pueda aumentar ese número por una ley, lo que ampliaría el margen de la negociación.

9.     Sería bueno que la Corte se componga de siete miembros.