¿Cambiar o “parchar”?

Mauricio Macri

El presidente Mauricio Macri ha convocado a un amplio acuerdo nacional para hacer grandes cambios, a lo que nadie debería honestamente negarse, aunque algunos deban ceder algunas aspiraciones. Pero como cambiar no es lo mismo que “parchar”, el gobierno debería contestar algunas preguntas referidas a los posibles cambios institucionales, que en el discurso oficial aparecen relegados después de los económicos, tributarios o laborales, pero que para que a mí, al menos, me parecen prioritarios.

Las preguntas serían:

En lo político

  • ¿Se modificará el número de diputados que corresponden a cada uno de los 24 distritos, de acuerdo al último censo de población, como exige la Constitución (Art. 45)? Para hacer justicia, entre otros, con Córdoba, que solo elige 18; mucho menos que los 25 de la Capital Federal, y los 19 de Santa Fe, a pesar de que tienen menos habitantes.
  • ¿Se adoptará el voto de preferencia? Por este sistema los que sufragan puede marcar a alguno/s de los candidatos, con el objeto de cambiar el orden de la listas, para que así suban, según la cantidad de preferencias que obtengan, y puedan acceder los mejores al reparto proporcional. Esto se hace en Brasil, está previsto en la Constitución de Córdoba -aunque nunca se reglamentó- y en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba -pero la reglamentación exige un mínimo absurdamente alto de preferencias para cambiar el orden de los candidatos, lo que ha impedido que los ciudadanos lo usen. Esta modalidad le daría más poder a los que votan y se los disminuiría a los que hacen las listas de candidatos, que muchas veces priorizan a sus incondicionales.
  • ¿Se adoptará el voto electrónico, como existe en Brasil, la India y mucho de los condados de EEUU, y se judicializará el manejo de las elecciones? Con ello se dejaría de privatizar y tercerizar con la empresa INDRA el escrutinio provisorio, como ocurre desde 1997; y con MSA, de Sergio Angelini, que implementó la Boleta Única Electrónica en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires y de Salta.
  • ¿Se reformará el sistema de elecciones primarias abiertas y obligatorias (PASO) para que dejen de ser una encuesta y participen sólo los partidos o alianzas que postulan más de un precandidato?

En la Justicia

  • ¿Se transferirá al gobierno de la ciudad de Buenos Aires toda la Justicia “Nacional”, equivalente a los tribunales provinciales de ese distrito, y que son más de la mitad de las magistraturas del Poder Judicial de la Nación, que pagan todos los argentinos? De este modo estos tribunales serán sostenidos sólo por sus únicos beneficiarios: los porteños.
  • ¿Se cubrirá el tercio de vacantes de jueces que hoy tiene el Poder Judicial de la Nación?
  • ¿Pagarán impuesto a las ganancias los integrantes del Poder Judicial y del ministerio público, nacional y de las provincias, como lo hacen los abogados y demás contribuyentes? La excepción debe limitarse a los jueces que juraron antes de 2017, como estableció la ley 27.346, porque la Constitución (Art.110) prohíbe disminuirle sus haberes.
  • ¿Se reemplazará el recurso de casación en contra de los fallos de los tribunales orales penales federales del interior del país, que resuelve la Cámara Nacional de Casación Penal de Buenos Aires, por otro de apelación ante las Cámaras Federales con sede en las provincias? Con ello se revisarían los fundamentos legales y de hecho, y no solo los primeros, con ocurre con la casación, porque así lo exige la Corte Suprema desde el caso “Casal” de 2005. Y porque la Constitución dispone que los juicios criminales deben hacerse en las provincias donde se cometió el delito (Art. 118).

En la educación

  • ¿Se implementará un examen a los alumnos que terminan el segundario?, como existe en muchos países actualmente, y evaluar así la calidad y defectos de la educación secundaria, para diagnosticar las causas del alto porcentaje de deserción escolar que hay a nivel segundario y universitario.

Las respuestas dirán si los cambios resolverán los grandes problemas que nos afectan.

Córdoba, noviembre de 2017.

 

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El abogado del siglo XXI

Estudio Gentile-Saravia

Opciones

  • Abogacía
  • Incorporarse al poder legislativo, ejecutivo, judicial, ministerio público o sus dependencias
  • En la Nación, provincias, municipios o comunas
  • En organismos internacionales
  • Empresa, sindicatos, ONG, instituciones privadas
  • Medios de comunicación
  • Docencia segundaria, terciaria, universitaria, de grado y posgrado.

 

 

Ejercicio profesional

  • Legislar
  • Litigar en materia civil, familia, comercial, laboral, previsional, penal, contravencional, faltas, agrario, minero, contencioso administrativo, tributario, canónico, procedimientos constitucionales -individuales o colectivos-, y recursos a tribunales superiores provinciales, federales, Corte Suprema, o en tribunales u organismos internacionales.
  • Asesorar
  • Administración Nacional, provincial, municipal, entes autárquicos, descentralizados o regionales.
  • Policía judicial
  • Marcas y señales
  • Empresa, sindicatos, ONG, instituciones privadas
  • Mediaciones
  • Negociaciones
  • Arbitrajes
  • Investigar.
  • Comunicar

Formación

  • Gestión de Estudios Jurídicos.
  • Práctica.
  • Tecnológica
  • Comunicación.

Estudio jurídico

  • Matrículas
  • Jurisdicción que abarca
  • Sede/s
  • Ejercicio personal o con otros colegas
  • Especialidades
  • Empleados
  • Materiales de trabajo
  • Tributos
  • Actualización jurídica e información
  • Archivos en papel y digital
  • Biblioteca: libros, revistas, etc. en papel y digital.
  • Tecnología: software y hardware, computadoras.
  • Comunicación: Página web, Blog, WhatsApp, Skype, teléfonos, redes sociales, prensa, teleconferencias, etc.
  • Código de ética y de estilo

Reforma de la Legislación y de la Justicia

  • Matrícula federal y para la Corte Suprema a cargo de colegios y Federación Nacional de Abogados.
  • Ley de sociedad de profesionales o de abogados
  • Código de Procedimiento Constitucional (Parte general, Acción de inconstitucionalidad, habeas corpus, amparos, habeas data, acceso a la información –individuales, individuales homogéneas o colectivas-, recursos extraordinario y de queja ante la Corte Suprema, audiencias públicas, amigos del tribunal, registro de juicios colectivos)
  • Unificar y completar la digitalización de los trámites, notificaciones, escritos, expedientes y archivos de las administraciones, de los tribunales federales y provinciales y de los Estudios Jurídicos.
  • Código de Estilo
  • Convertir al Tribunal Superior en tribunal constitucional y no de casación y apelación.
  • Las dos instancias en materia civil, comercial, laboral, penal, contravencional, familia, contencioso administrativo, tributario deben hacerse en los tribunales inferiores provinciales.
  • Mejorar las jubilaciones y pensiones de los abogados.
  • Traspasar la Justicia Nacional a la CABA
  • Suprimir los recursos de casación provinciales y federales.

          Estudio Gentile Saravia

  • Fundación 1964
  • Abogados
  • Sedes
  • Materias que atiende
  • Territorio en el que se desenvuelve
  • Tribunales y órganos en los que actúa
  • Tecnología
  • Empleados
  • Página Web
  • Código de Ética y de Estilo
  • Biblioteca
  • Archivos
  • Publicaciones

Educar en valores desde la Enseñanza religiosa

Jorge Horacio Gentile

En la audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó en un juicio en el que se pretende suprimir la Enseñanza Religiosa que se imparte en la provincia de Salta desde antes de 1886, fui el primer Amigo del Tribunal, en exponer defendiendo esa práctica, que reciben los alumnos de 6 a 12 años, de 1° a 7° grado, en las escuelas primarias públicas de gestión estatal, dos veces por semana (40 minutos). La imparten docentes especializados, que anualmente reciben la opción de los padres de qué religión quieren que sus hijos profundicen; y que trabajan en las aulas con los grupos de alumnos de distintas orientaciones religiosas, pero que comparten contenidos comunes.

A los alumnos cuyos padres optan para que a sus hijos no reciban ninguna educación religiosa se les ofrece enseñarles valores universales u otras materias dentro de aula. Trabajan con los demás, salvo que los padres soliciten que el niño salga fuera del aula y, en ese caso, quedan siempre a cargo de algún docente, nunca solos. Ni a los padres ni a los alumnos se les exige declarar la religión que profesan.

Lo religioso es parte de la cultura por lo que no puede la escuela dejar de enseñar el significado del crucifijo, con el que juran la mayoría de los funcionarios o magistrados; ni la estrella de David, de los judíos; o la media Luna, de los musulmanes. Por qué son días feriados el de la Navidad o de la Semana Santa; o por qué hay provincias que se llaman San Juan o Santa Cruz, o por qué hay iglesias, sinagogas o mezquitas. Prohibir enseñar religión en las escuelas es discriminar.

Cuando la Constitución invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia” afirma que los derecho humanos que ella garantiza; en defensa de la libertad, la vida, el trabajo, la justicia, la paz, la igualdad y el bienestar general; tienen por fuente a Dios. Entonces, cuando se enseña que los hombres deben ser iguales y actuar fraternalmente, que mejor que explicar que debemos “amarnos los unos a los otros”, o recordar que el prójimo es hijo de Dios como lo somos todos. La fuerza de estos argumentos no es igual si se prescinde de lo religioso.

Lo que hoy se enseña en Salta no es igual que la Educación Católica o Moral que se impartía entre 1943 y 1955 en todo el país. El contenido de la materia es Religión, en sus distintas versiones, sin adoctrinar a los niños para ninguna, con objetividad y acentuando la que optaron los padres. No hay monopolio de la religión católica, no se enseña el catecismo, incluso hay escuelas donde la totalidad de los alumnos son evangélicos o testigos de Jehová, y así está orientada su enseñanza.

La Constitución salteña, al igual que la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Art. 12.4), dispone que: “Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”(Art. 49). Además la Nacional exige a las provincias reglar la educación primaria (Art. 5), lo que bien ha hecho Salta y la Nación no puede cambiar.

La ley 1420, que hoy no está vigente nunca declaró “la enseñanza laica”, dispuso que la enseñanza religiosa solo podrá ser dada por los ministros autorizados de los distintos cultos antes o después de las horas de clase. En Salta más de la mitad de los colegios tiene jornada extendida, de 6 u 8 horas, y en poco tiempo la tendrán todas; lo que torna hoy absurdo este límite. Además, en todos los niveles de educación hay materias optativas, ¿por qué no en la Enseñanza Religiosa?

La reforma política más importante que espera el país es en educación, donde la prioridad es trasmitir valores y principios éticos, que nos ayuden a superar las grietas, la inseguridad, la violencia y la corrupción. La experiencia salteña, es digna de ser imitada.

Córdoba, septiembre de 2017.

 

La Corte Suprema y la reforma de la Justicia

Ricardo Lorenzetti – Presidente de la Corte Suprema Argentina

Sumario o abstract: Este trabajo propone reformas que atañen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un primer paso para poner en marcha una reforma integral de la organización judicial en la República Argentina, dentro del marco que establece la Constitución Nacional.

Una reforma judicial integral – que se proponga hacer más eficiente el servicio de justicia en nuestro país, incorporando nuevas y mejores tecnologías y que se pongan a los tribunales a tono con los tiempos que se viven, se puede hacer a partir de una reforma de la Constitución; o con el dictado o modificación de normas sub-constitucionales, como se proponemos en este trabajo.

Reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)

La reforma debe comenzar por el más alto tribunal, que es la CSJN, la que habría que reubicarla en el lugar que la Constitución y la sociedad argentina de hoy exigen. Ello deberá completarse luego con las reformas de los tribunales inferiores federales, los de las provincias y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de las normas orgánicas y procesales correspondientes y las que organizan y regulan los organismos que lo complementan, como son los ministerios públicos, los consejos de la magistratura, las policías judiciales y demás reparticiones complementarias o auxiliares.

Antes de discutir cuantos jueces debe tener la CSJN; como se hizo cuando se dictó la ley nacional 26.183, que redujo su número de siete (7) a cinco (5), tema más político que técnico, y sobre el me incliné por los siete (siete); sería conveniente tener en claro cuál es la tarea que les corresponderá realizar a estos magistrados después que se haga la Reforma de la Justicia. En esta discusión también hay que tener en cuenta que los juristas que se designen de aquí en adelante deberían tener el título máximo, y en lo posible que provengan de distintas provincias y de la capital federal; y que haya un equilibrio entre varones y mujeres.

Para ello parece razonable comenzar por disminuir la gran cantidad de causas que se tramitan y resuelven en este Alto Tribunal, lo que exigiría hacer algunas reformas estructurales, procesales y técnicas para conseguir la buscada mayor eficiencia y determinar así cuántos jueces deberían integrarlo. Para disminuir así la enorme cantidad de causas que se tramitan y resuelven en esa instancia2 es imprescindible que:

· el Estado, nacional y las provincias y municipio, dejen de generar y recurrir juicios, como ocurrió, por ejemplo, con el “corralito”, y con los juicios previsionales;

· los tribunales superiores de provincia y de la CABA deberán convertirse en tribunales constitucionales, y dejar de serlo de casación o de apelación ordinaria, para atender las acciones individuales y colectivas y de los recursos de inconstitucionalidad, provincial y federal, especialmente en lo referido a las causales de arbitrariedad;

· la Corte Suprema deberá dejar de ser el tribunal superior de la CABA, por lo que la llamada Justicia “Nacional”, o sea los tribunales ordinarios de la capital federal, deberá ser transferidos a esa jurisdicción (Art. 129 CN), para lo cual debe modificarse el artículo 8 de la ley 24.588.3 Además, deberán transferirse los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos, (Art. 129 y Disposición transitoria decimoquinta “infra” CN); al igual que el Registro de Propiedades, la Inspección de Justicia y la Policía judicial. Esto está en línea con lo dicho por la CSJN en “Corrales, Guillermo, s/ Habeas Corpus” (9/12/2015); y con el “Convenio interjurisdiccional de transferencia progresiva de la Justicia Nacional ordinario penal” del 17/1/2017 entre el presidente de la Nación y el jefe de gobierno de la CABA, que está en el Congreso para su ratificación, y que es sólo una transferencia de unos pocos tribunales ordinarios penales de la Capital Federal. Junto a este convenio, y el mismo dia, se firmaron otros tres, uno que fija la competencia de los tribunales penales que se transfieren por el convenio anterior,

otro que transfiere el Registro de Propiedades y un cuarto que hace lo propio con la Inspección General de Justicia, en los temas que son competencia de la CABA. Los fundamentos de estas transferencias han sido bien desarrollados por Marcela Basterra en su artículo “El traspaso de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a veinte años de la Constitución de la Ciudad”.4

El resto de las reformas que deberán hacerse en el Alto Tribunal, como tribunal de Justicia, además de las administrativas y financieras que este trabajo no incluye, serían las siguientes:

· Que uno de sus miembros vuelva a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, para que dicho órgano sea integrado por los “jueces de todas las instancias” (Art. 114 CN).

· Derogar los artículos 24 inciso 6° apartado a del Decreto ley 1285/58 que establece el recurso de apelación ordinario (distinto al recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48) ante la CSJN en contra de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones cuando el Estado Nacional es parte y el monto en disputa supera la suma de $ 10.890.000; por ser esa norma inconstitucional como lo declaró la CSJN cuando sostuvo que, de acuerdo con el principio republicano de la división del poder, su tarea principal consiste en asegurar la vigencia de los derechos y garantías que reconoce la Constitución en favor de los individuos, y también la vigencia de las normas que ordenan y limitan el ejercicio del poder por parte de las Autoridades de la Nación.5 El recurso ordinario en este caso es un

privilegio que atenta contra el principio de igualdad (Art. 16 de la Constitución).6

· Incorporar a las causales del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 la de sentencias arbitrarias, según fueron elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

· Reformar el artículo 257 del CPCCN, para modificar plazos y requisitos en los recursos que resuelve la CSJN, el que quedará redactado de la siguiente manera: “El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito y electrónicamente, fundado con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48, ante el juez, tribunal u organismo administrativo o legislativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de Quince (15) días contados a partir de la notificación. De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por quince (15) días a las partes interesadas, notificándolas personalmente, por cédula o electrónicamente. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso en el plazo de treinta (30) días. Si lo concediere expresa o tácitamente, o sea cuando venciere el plazo para hacerlo, previa notificación personal, por cédula o electrónicamente de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de diez (10) días contados desde la última notificación. Si el tribunal superior de la causa tuviera su asiento fuera de la Capital Federal, la remisión se efectuará por correo y electrónicamente. La parte que no hubiera constituido domicilio electrónico quedará notificada de las providencias de la Corte Suprema por ministerio de la ley. Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252.”

· Incorporar en el CPCCN el recurso extraordinario in forma pauperis, ya admitido, en algunos casos, por la jurisprudencia de la Corte.7

· Suprimir la expresión “de competencia federal” y “No procederá el recurso en causas de materia penal” del art. 257 bis del CPCCN (según ley 26.790) a los efectos que el recurso per saltum pueda, también, ser interpuesto en contra de las sentencias de los tribunales provinciales y penales de primera instancia, y hacer efectivo también en estos casos el principio de igualdad (art. 16 de la CN).

· Ampliar los plazos a quince (15) días para interponer la aclaratoria prevista en el artículo 272 y del recurso de reposición, y el traslado correspondiente a la contraria, del artículo 238 del CPCCN cuando se trate sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

· El Estado Nacional si fuere condenado por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) por lo que resolvió una sentencia dictada por la CSJN la parte afectada podrá plantear ante dicho tribunal, en el plazo de ciento veinte días desde que fue notificado, un recurso de revisión de dicha sentencia en base de los argumentos de la CIDH. Este recurso deberá ser reglado por el CPCC.8

· Disponer que la constitución de domicilio, cuando se trate de causas que se tramitan ante la CSJN, se deberá hacer en forma electrónica, consignando, además el teléfono y el e-mail del letrado que actúa, y no

en el domicilio de la ciudad de residencia del tribunal, como exige actualmente el artículo 40 del CPCC de la Nación; y que, además, las notificaciones se hagan en forma electrónica, como lo dispone el Acuerdo No. 31 de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, según lo autoriza la ley 26.685, y hacer extensiva la modalidad electrónica en la presentación de escritos en juicios y recursos que se tramitan en la Cámara Nacional Electoral, la Cámara de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones, los Tribunales Orales y los Juzgados Federales; y permitir que los recursos y traslados ante estos tribunales, como los oficios que se libren para los organismos nacionales, se puedan hacer por vía electrónica. Las notificaciones electrónicas deberán contener el texto íntegro del decreto, resolución o sentencia que se hacen conocer.

· Disponer por ley la realización de Audiencias Públicas: informativas, conciliatorias y ordenatorias, y la participación de “Amigo del tribunal”, cuando se tramiten recursos y acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como este Alto Tribunal ya lo reglamentó mediante la Acordada No. 30 del 2007 y las Acordadas Nos. 28 del 2004, Nº 14 de 2006 y Nº 7 de 2013. Autorizar, también, a la Corte a delegar en alguno de sus miembros o en el tribunal que haya dictado la sentencia recurrida el tomar las audiencias conciliatorias.

· Autorizar a la Corte Suprema para que apruebe y publique un Código de Estilo, para uniformar y mejorar la elaboración y comunicación de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción – en soporte papel o digital- de sentencias, fallos, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas, informes, memorandos, circulares, certificados, pliegos de interrogatorios, declaraciones, pases, oficios, notificaciones, citaciones, órdenes de arresto o allanamiento, exhortos, correspondencias, notas, esquelas, invitaciones, partes de prensa, tarjetas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado,

márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, las forma en que se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados. Los escrito que se presenten ante la CSJN deberán tener una portada de colores diferentes, según que sea el del recurso extraordinario, la contestación del traslado, al queja, el del Amigo del tribunal, la petición de audiencia, la presentación de la Procurador Fiscal o del Defensor Público, o los recursos de aclaratoria o reposición; y los que se presentan cuando la CSJN actúa como tribunal ordinario. Deberá incorporarse a este código las normas reglamentarias para los escritos de los recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN, establecidos por este Tribunal en la Acordada No. 7 de 2007. Deberá preverse el caso de los escritos, o párrafos de los mismos, o citas en idioma extranjero para que se presenten con la correspondiente traducción.9

· Derogar los artículos 286 y 287 del CPCCN 10 y las Acordadas que lo actualizan y obligan a quienes interpongan recurso de queja ante la CSJN, por denegación del recurso extraordinario, a depositar la suma de $ 26.000, que será devuelto, sin la correspondiente actualización ni intereses, en caso que la queja fuere acogida; y no será devuelto si el recurso de hecho fuere desestimado o se produjera la caducidad de instancia y, cuyo caso, se destinará a las bibliotecas de los tribunales nacionales. La razón de la derogación es que el depósito fue establecido con el objeto de “restringir el uso indebido” del recurso de queja (Ver fallo de la Corte en “Baner c/ Rossi” 7/8/1980) y su no devolución significa una sanción, lo que atenta contra la garantía del debido

proceso legal (art. 18 de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Además, como bien lo sostuvo el juez Carlos Santiago Fayt en su disidencia a la Acordada 77 de 1990, dicho depósito “reviste naturaleza similar a la tasa judicial… Excede, en consecuencia, el concepto de arancel…” por lo la Corte carece de facultades para actualizarla, como lo viene haciendo, porque ello es competencia del Congreso.11

· Modificase el CPCCN en su Artículo 281, para que quede redactado de la siguiente manera: “Las sentencias de la Corte Suprema se redactarán en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado, en el que se limitarán a señalar sus discrepancias o diferencias. (…)”

· Autorizar a la Corte Suprema y demás tribunales inferiores a dictar una única sentencia para distintas causas de contenido idéntico o similar que se encuentren en condiciones de ser resuelta, y una copia de dicho fallo deberá ser incorporada en cada uno de los expedientes. Esta modalidad, cuando se trata de casos idénticos, ha sido empleada muchas veces por la CSJN. La Suprema Corte de EEUU lo hace también en casos similares, como ocurrió en el del 26 de junio de 2015 referido al resonante caso de los Matrimonios de personas del mismo sexo.12 Esto podría también hacerlo nuestro Alto Tribunal.

· Autorizar por ley a la Federación Argentina de Colegios de Abogados para que conceda y administre la matrícula de los abogados que litigan en la CSJN, que deberá ser distinta de los abogados que lo hacen en la Justicia Federal y de las provincias. El 26 de octubre de

2016 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que delega en los colegios públicos de abogados de las distintas provincias, el otorgamiento, gobierno y control de la matrícula federal.

Se ha dicho, y se lo ha dicho bien, que el Siglo XXI será el siglo del Poder Judicial, como el XIX fue el del Poder Legislativo y el XX del Ejecutivo. Si ello fuere así en nuestro país se impone hacer una reforma integral de la Justicia, que comience por su más alto tribunal. Alguna de las ideas expuestas en este trabajo puede servir para alcanzar este loable propósito.

Córdoba, Agosto de 2017.

La invasión digital al Poder Judicial

La invasión digital al Poder Judicial

La invasión digital al Poder Judicial

No hay un código de estilo que obligue a los tribunales y a los abogados a escribir con pautas que los hagan más claros. En nuestros tribunales, la electrónica ya no se limita al uso de computadoras, sino que también se emplea para varias tareas procesales.

La tecnología digital ha revolucionado el mundo y acelerado la globalización, al simplificar las comunicaciones y los trámites, ahorrar papeles y combustibles y suprimir el uso de medios de transporte, oficinas y empleos. Las ventajas que ella nos depara y los problemas que resuelve no nos relevan de afrontar los nuevos desafíos que ella crea.

Los gobiernos, la administración y el funcionamiento de los tribunales de justicia no han podido sustraerse a este fenómeno.

La despapelización

En nuestros tribunales, la electrónica ya no se limita al uso de computadoras e impresoras, sino que también se emplea para notificar, tomar vista de las actuaciones en los escritos y recursos que se presentan, en la producción de las pruebas, en las resoluciones y sentencias que se dictan, y hasta en los expedientes, judiciales o administrativos, que se tramitan o archivan. La despapelización es irreversible, con el correspondiente beneficio ecológico.

Pero esta invasión de tecnología se produjo de manera desordenada, ya que los sitios web que tienen la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores, federales y nacionales (www.pjn.gov.ar), no son los mismos y están programados en forma diferente de los que tienen los tribunales provinciales (en Córdoba: www.justiciacordoba.gob.ar) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.tsjbaires.gov.ar).

Diferentes y limitados

Los archivos y las estadísticas que se necesita disponer, con base en la información que contienen, son de alcances diferentes y por demás limitados. Las páginas de los abogados, de los estudios jurídicos y del Ministerio Público Fiscal (https://www.mpf.gob.ar) y de la Defensa (www.mpd.gov.ar) federal, como las de los ministerios públicos provinciales, también son distintas de las de los tribunales. Las nubes adonde van a parar las informaciones son diferentes en cada página.

Los escritos se presentan en papel y digitalmente en los Tribunales federales, y en los de la provincia de Córdoba sólo en papel. En las notificaciones federales y provinciales que se hacen en las respectivas páginas web, se indica el expediente y el texto de resolución que se comunica.

Los abogados pueden inscribirse en los tribunales, federales o provinciales, para que les comuniquen digitalmente, por una “cortesía”, si se ha dictado una resolución o fallo. En este caso, sólo se indica la carátula y el número de expediente, pero no el texto de la resolución, la que hay que buscar en el sitio web correspondiente.

En la Justicia federal, los plazos procesales corren desde el día en el cual la resolución notificada es subida a la página.

En la provincia de Córdoba, tres días después, según una acordada del Tribunal Superior, lo que crea desconcierto cuando se tramitan en este tribunal los recursos extraordinarios y de queja de la ley 48, que finalmente resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que esta no admite esta demora de tres días para comenzar a contar el plazo.

En la página de los Tribunales federales, se pueden ver los escritos y resoluciones de cada expediente; en la de la provincia de Córdoba, sólo las resoluciones o fallos, pero no los escritos.

Los recursos, reclamos y pedidos de vista en la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba sólo se pueden presentar, y se notifican, en formato digital; pero los que se presentan en la administración nacional, en la provincial y en los municipios de Córdoba, deben hacerse en papel. Anses, para los casos de la reparación histórica (ley 27.260), digitalizó los trámites.

Código de estilo

No hay un código de estilo que obligue los Tribunales federales y provinciales y a los fiscales y letrados a escribir y subir los escritos, resoluciones, sentencias y peritajes con pautas que los hagan más claros, sintéticos y de fácil comprensión, como exige la Corte Suprema para los recursos que se le presentan (resolución 4/2007), siguiendo las reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

La torre de Babel, donde todos hablaban distintas lenguas, se parece mucho a todo esto. Si no se pone orden mediante leyes y no por acordadas –como viene sucediendo– que algunas veces reforman los códigos de procedimiento, en esta revolucionaria invasión digital no faltarán los que reclamen volver al papel y a la máquina de escribir.

Los números de la Justicia

Dama de la justicia

Dama de la justicia

La Justicia, como virtud y esencia del derecho, es “dar a cada uno lo suyo”; y para afianzarla, como exige la Constitución, se necesita que la conducta de todos nosotros sea recta, y se rija por lo que establecen las leyes, que son las que nos indican que es “lo suyo” , o que es lo justo. Para que ello ocurra es imprescindible educar.

Pero, además, uno de los tres poderes de nuestro gobierno lo conforman los tribunales de Justicia, que tienen por función hacer aplicar la Constitución y las leyes, para que haya justicia.

Respecto de la virtud, la estadística lamentablemente nos demuestran que convivimos con un alto porcentaje de anomia, cuando se pregunta en una encuesta por el “nivel de respuesta del Poder Judicial” el 73% responde que es regular o mal.

El deficitario funcionamiento del Poder Judicial de la Nación lo demuestra, en la actualidad, el hecho que de los 993 cargos de jueces que lo integran -de los cuales 544 corresponden a la Justicia Nacional- hay, nada menos, que 259 vacantes -147 corresponden a la Justicia Nacional-. En 10 de las cuales ni siquiera se ha convocado a concurso, en otros 233 está en trámite; en el despacho del Presidente de la República hay 19 ternas para que se designe el magistrado, y le pida al Senado que les preste acuerdo; y 7 designados esperan que esta Cámara les preste acuerdo.

En el Poder Judicial de la Nación, además de los jueces federal lo componen también los mal llamados tribunales Nacionales, que tienen 55% de los cargos de jueces, y que son los equivalentes a los provinciales y que atienden los juicios de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); que todavía no fueron transferido a dicha ciudad como lo exige desde 1994 la Constitución (Art. 129); y que sostenemos todos los argentinos.

Además del 26% de vacantes que tiene el Poder Judicial, la distribución de los tribunales no es equitativa, si observamos que en la CABA hay 12 jueces federales, para 2.890.151 de habitantes; y solo 7 en la provincia de Córdoba, que tiene 3.308.876 y un territorio de 165.321 km² contra 203,3 km² que posee la CABA. Santa Fe lo atienden 9 juzgados federales, con 3.194.537 habitantes. Las ciudades de Rosario y Mendoza tienen 4 juzgados federales y en la de Córdoba hay solo 3, a pesar que el gran Córdoba tiene 1.330.023 habitantes, el gran Rosario 1.198.528 y el gran Mendoza 1.086.066 (Censo de 2010).

La Corte

Si la reforma de la Justicia comienza por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy tiene 5 jueces (en otras época tuvo 7 y 9), su mayor problema es la gran cantidad de causas que atiende. En 1998 resolvió en 46.435 expedientes -la mayor cifra de su historia-; 9886 en 2012 -año en que su presidente, Ricardo Lorenzetti, y su vice, Elena Highton, redactaron con Aída Kemelmajer de Carlucci el anteproyecto de Código Civil Comercial-; 25.150 en 2014 y en 2015 lo hizo en 18.918 expedientes (185 fallos fundados –algunos deciden varios expedientes-, 1.174 remiten a otros precedentes, desestimó 5.050, y dictó 2668 autos sobre competencias, honorarios, aclaratorias, etcétera). La Suprema Corte de los EEUU, que tiene 9 jueces (igual que el Tribunal Superior de Jujuy), cada año falla solo un centenar de causas.

Estos números son más que suficiente para demostrar que estamos lejos de tener la Justicia que nuestro país necesita.

Buenos Aires, septiembre de 2016.

No matar al niño o a la niña por nacer

"El derecho a la vida, desde la concepción, es esencial a la dignidad de la persona humana"

“El derecho a la vida, desde la concepción, es esencial a la dignidad de la persona humana”

SUMARIO: I. Introducción. II. Normas positivas. III. Proyectos de leyes. IV. Violencia de género. V. La Corte convalida aborto en un embarazo de 19 semanas.VI. Críticas al fallo. VII. Argumentos que merecen ser escuchados. VIII. El Protocolo de las Provincias. IX. Objeción de conciencia. X. Conclusión.  

I. Introducción

El derecho a la vida, desde la concepción, es esencial a la dignidad de la persona humana, de allí el “No matarás” del Decálogo del Antiguo Testamento (Génesis 9,5, Éxodo 20, 13 y Deuteronomio 5:17), y que se repite en el Nuevo (Mateo 19:18, Marcos 10:19 y Lucas 18:20), que no hace otra cosa que declarar el derecho natural que tiene todo ser humano, varón o mujer, a vivir.

II. Las normas positivas

La Constitución Nacional (CN) señala que “la vida, el honor o las fortunas de los argentinosno puede quedar a merced de gobiernos o persona alguna” (art. 29) y cuando fue reformada en 1994, se le agregó que “Corresponde al Congreso: (…) Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.” (Art. 75 inc.23) Ello no deja dudas de que el niño o la niña, sujetos de derecho, existen desde que son concebidos en el seno materno.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos regla que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” (Art. 4) 

La Constitución de Córdoba dice que: “Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: 1. A la vida desde la concepción (…).” (19 inc. 1)

El Código Civil y Comercial (CCC) expresa que: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción.” (Art. 19)

El Código Civil (CC) ya decía: “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre.” (Art. 70).

El Código Penal castiga con reclusión o prisión a los abortos practicados con y sin el consentimiento de la mujer, sean ellos dolosos (art. 85) o culposos (Art. 87), pero admite dos excusas absolutorias: “1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios.” (Aborto terapéutico) y “2. Si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.” (Art. 86). Exime de pena, además, la tentativa de aborto. (arts. 88).

Pero el CC decía también que: “El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código delito.” (Art. 1072). Y en la Nota de este artículo dice que: “La palabra delito tiene en derecho civil una significación diferente de la que tiene en el derecho criminal. El derecho civil designa toda acción ilícita por la cual una persona a sabiendas e intencionalmente perjudica los derecho de otra. En el derecho criminal, designa toda infracción definida y castigada por la ley penal. No todos los delitos civiles constituyen delitos del derecho criminal, porque la ley penal no castiga todos los actos que atacan los derechos de otros (…).” lo que nos permite afirmar que si no hubiere delito ni pena en el Código Penal, como es el caso de las excusas absolutorias, los sigue habiendo como delito civil, por lo que el abortar, aunque no tenga pena en el Código Penal, nunca se lo puede calificar como un “derecho”.

III. Proyectos de leyes

En la Cámara de Diputados hay actualmente un proyecto de ley, que lo firman 53 diputados, para Respetar y proteger la vida de todos los seres humanos desde su concepción, a partir de la fecundación del óvulo, hasta su fin natural”, para los casos de violaciones, el proyecto de la Red Federal de Familias prevé que se le pague a la mujer una asignación del Estado hasta el momento del alumbramiento. Si decide hacerse cargo de la crianza, seguirá entonces cobrándolas hasta que su hijo cumpla los 18 años. En caso de que no decida criarlo, el Estado garantizará la adopción del chico y quien cobrará la asignación será la familia adoptante.

Hay dos proyectos de ley que en consonancia con la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito pretenden legalizarlo, entre las 12 o las 14 semanas del embarazo, tiempo en el cual las mujeres podrán decidir voluntariamente la interrupción del embarazo, sin necesidad de que intervenga la Justicia. La iniciativa que tiene mayor adhesión la firman 40 diputados[1], un número alto pero menor al apoyo que tuvo la iniciativa en 2014, cuando cosechó más de 70 rúbricas.

IV. Violencia de Género

Enfatizamos lo de la “niña por nacer” ya que en los últimos tiempos se han difundido teorías que sostienen que abortar es una suerte de “derecho” que tienen las mujeres embarazadas de poderle quitar la vida al ser que llevan en su seno (usando la expresión: “interrumpir el embarazo”) y que, además, en el país más poblado de la tierra, la República Popular China, donde está autorizado el aborto y está prohibido tener más de un hijo –lo que en los últimos tiempos se anuncia flexibilizar-, el mismo se practica con frecuencia en forma selectiva y en perjuicio de las mujeres por nacer, en razón que en esa cultura se entiende que los varones son la continuidad de la familia, y son los que mantendrán a los padres y abuelos cuando estén impedidos de trabajar y de tener ingresos, ya que el sistema previsional es muy precario. Se estima que entre las 8 y las 10 semanas del embarazo se puede saber si la persona que está en el seno materno es varón o mejer. Esta discriminación en el país más poblado de la tierra atenta contra el derecho a la vida de las mujeres y a la igualdad de género.

Por otro lado, los graves daños personales que le acarrea una madre el embarazo producido por una violación no se reparan ni justifican quitándole la vida a la persona por nacer. Como bien indica Alberto B. Bianchi “(…) el aborto borra de la violación únicamente al ser en gestación. No restaura ni el daño físico ni el psíquico que la mujer haya sufrido. Al contrario, agrega un sufrimiento más: el de haber abortado. Sabemos perfectamente que toda mujer al abortar, aun cuando lo haga por estricta conveniencia y bajo el mejor de los controles sanitarios, sufre psíquicamente. ¿Tiene sentido entonces el aborto?”[2]

 V. La Corte convalida aborto en un embarazo de 19 semanas

En nuestro país donde el que aborta comete un delito, según el Código Penal, la Corte Suprema en el caso: “F., A.L. s/ medida autosatisfactiva” del 13/3/2012 convalidó un aborto ya consumado en Trelew a una adolescente de 15 años, que tenía 19 meses de gestación (casi a los 5 meses), luego que su madre el 14 de enero de 2010, le solicitara a la justicia penal de la Provincia del Chubut —donde se instruía una causa contra su esposo por la violación de esta hija— que se dispusiera el aborto del embarazo de su hija, en base a lo previsto en el art. 86, incisos 1º y 2º, del Código Penal, señalando que el 3 de diciembre de 2009 había denunciado la violación ante el Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut y que, el 23 del mismo mes y año, un certificado médico dio cuenta de que la adolescente cursaba la 8ª semana de gestación. El juez penal, y un fiscal luego, dijeron que carecían de facultades para adoptar la medida solicitada.

La madre, entonces, demandó solicitando una medida autosatisfactiva con fecha 22 de enero de 2010, que reeditó ante la justicia de familia. Tales peticiones fueron rechazadas tanto en la primera instancia, como en la cámara.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut, el 8 de marzo de 2010, revocó la decisión de la Cámara y admitió la solicitud, por tratarse de un “aborto no punible” previsto en el inciso 2º, primera parte del art. 86 del Código Penal; porque el aborto era compatible con el plexo constitucional y convencional y que, pese a la innecesaridad de la autorización judicial de esta práctica, se la otorgaba para concluir el caso. El aborto se produjo el 11 de marzo de 2010 en el Centro Materno Infantil del Hospital Zonal de Trelew.

La Corte Suprema de Justicia en fallo del 13/3/12 rechazó del recurso extraordinario por unanimidad; y además dispuso: “2) Exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y a hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual.” 3) Exhortar al Poder Judicial nacional, y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente.”

VI. Críticas al fallo

En el caso “F., A. L.” la Corte no resolvió una “causa” (Art. 116 C. N.) ya que el aborto se había practicado, por lo que el objeto de esa medida autosatisfactiva, se había tornado abstracto.

Tampoco se trató lo de la inconstitucionalidad del inciso 2º del artículo 86 del Código Penal, ya que en el voto de la mayoría solo se hace una interpretación de su alcance, sin mencionar los fundamentos racistas que la inspiraron, ni se analizó lo de la colisión del intereses entre el interés de la madre y el niño o la niña por nacer, que sí indican los votos de Argibay y Petracchi, sin dar razones del por qué se hace prevalecer el interés de la madre sobre de la vida del ser que se le quitó la vida a los 19 meses de su gestación, el más débil de este conflicto. En que norma se declara o reconoce: ¿el “derecho” a abortar?

La Convención sobre los Derechos del Niño declara que: “todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” (Art. 6.1). La ley 23.849 que lo aprobó declaró que: “debe interpretarse que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción” (Art. 1). Pero la Corte en el fallo F,.A.L. en el considerando 13 del voto de la mayoría, señaló que: “el artículo 2º de la ley 23.849, en cuanto estipula que el artículo 1º de la Convención “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción”, no constituye una reserva que, en los términos del artículo 2º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, altere el alcance con que la Convención sobre los Derechos del Niño rige en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Esto porque, como surge del texto mismo de la ley, mientras que el Estado Argentino efectuó una reserva con relación a la aplicación del artículo 21 de la Convención, respecto del artículo 1º se limitó a plasmar una declaración interpretativa”. Nosotros entendemos que esta declaración interpretativa obliga a los tribunales argentinos porque es una definición legislativa que no puede ser desoída por los jueces de la Corte que cuando juraron lo hicieron de “desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente” (Art. 112 CN). Además, esta interpretación es coherente con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de derecho humanos que tienen jerarquía constitucional, que reconocen el derecho a la vida de la persona desde la concepción. Este criterio no puede ser desplazado invocando opiniones de organismos o tribunales internacionales.

Lo expresado por la Corte nos mueve a preguntarnos si esa interpretación no obliga a las autoridades y a los habitantes de nuestro país, ¿para qué la ley ordenó que se hiciera? ¿Por qué al declararlo de jerarquía constitucional, al reformarse la Constitución en 1994, se agregó que se lo hacía “en las condiciones de su vigencia” (Art. 75 inc.22)

Horacio Rosatti, que fue convencional constituyente de esa Convención y ahora juez de la Corte, al explicar la razón de la incorporación de la expresión “en las condiciones de su vigencia” en el inciso 22, dijo: “puedo afirmar, como convencional constituyente e integrante de la Comisión de Redacción de la Reforma de 1994, que el fundamento histórico de la incorporación de esta expresión en la Convención –más allá de que una vez inserta en el texto constitucional tal expresión cobra vigencia generalizada– no fue otro que reforzar (indirectamente) la posición de un sector de convencionales que aspiraba a consagrar constitucionalmente el criterio de que la vida humana comienza al momento de la concepción.[3]

VII.  Argumentos que merecen ser escuchados

Alfonso Santiago ha dicho, y ha dicho bien, respecto de la sentencia del caso “F., A.L.” que: “La Corte Suprema dictó este fallo sin estricta necesidad jurídica ya que el caso se había tornado abstracto. Es más, a través del dictado de esta sentencia pretendió establecer toda una política pública en esta materia desbordando por completo su función institucional.

Nuestro máximo tribunal no sólo no protegió los derechos constitucionales de las personas por nacer, sino que fijó positiva y abiertamente un sistema que los lesiona grave y arbitrariamente e impide su defensa en sede judicial. Pretende imponer dicho sistema arbitrario al Congreso y a las legislaturas provinciales, impidiendo ilegítimamente la misma posibilidad del debate legislativo en esta cuestión. Sin base constitucional ni legal alguna, fundándose únicamente en dictámenes y opiniones de organismos internacionales de cuestionable entidad, precisión y obligatoriedad jurídicas (soft law), pone en cabeza del Estado una prestación médica obligatoria consistente en el aborto o exterminio de la persona por nacer cuando ella haya sido concebida como fruto de una violación y cuando así sea solicitado por su madre.”

En un dictamen de noviembre de 2010 la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas nos recuerda que: “Las excusas absolutorias previstas en el art. 86 del Código Penal, que se intenta ampliar en el proyecto de “aborto no punible” que se encuentra en trámite (…), fueron incorporadas al mencionado ordenamiento punitivo a propuesta de la Comisión de Códigos del H. Senado de la Nación, formulada en el dictamen expedido el 26 de septiembre de 1919.”

En dicho dictamen, la Comisión fundó su propuesta en doctrinas eugenésicas y racistas que se encontraban en boga, sin advertir sus adherentes que las mismas conducirían y servirían de sustento al régimen nacional socialista instaurado en Alemania a partir de 1933. Al auspiciar la no punibilidad de la interrupción provocada de la gestación practicada en una mujer “idiota o demente” que hubiera sido violada, la Comisión expresó que “era la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada…, nazca un ser anormal o degenerado”. Argumentó seguidamente sobre “el interés de la raza”, y se preguntó, citando doctrina española, “¿qué puede resultar de bueno de una mujer cretina o demente?”. En definitiva, la Comisión consideró que “es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con intervención facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza”[4][5]

Con esos argumentos racistas, que pocos años después contribuyeron al establecimiento de un régimen demencial que empujó al mundo a la segunda guerra mundial, que no vaciló en inmolar a minusválidos, judíos, cristianos y gitanos, y que persiguió a todos los que se opusieron a sus designios totalitarios, se introdujeron en el Código Penal las excusas absolutorias que ahora se intenta ampliar en el Congreso de la Nación.”

Las excusas absolutorias del art. 86 del Código Penal resultan manifiestamente inconstitucionales ante textos explícitos que amparan de modo irrestricto al niño por nacer desde el instante de su concepción. Por eso, en un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado que “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional (…), derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional” (C.S.J.N. “Sánchez, Elvira Berta c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, dictamen de la Procuración General del 28/02/2006 y votos de los Ministros Higthon de Nolasco y Eugenio Zaffaroni).”

El médico Tabaré Vázquez, presidente socialista de Uruguay, al vetar en noviembre de 2008 la ley que autorizaba el aborto en las doce primeras semanas de gestación afirmó que: “Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España.

La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos –incluido el nuestro– el ADN se ha transformado en la ‘prueba reina’ para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, incluso en hipótesis de devastación, o sea cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano, aun luego de mucho tiempo. El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia. (…)

“Por otra parte, al regular la objeción de conciencia de manera deficiente, el proyecto aprobado genera una fuente de discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos, y tampoco permite ejercer la libertad de conciencia de quien cambia de opinión y decide no realizarlos más. Nuestra Constitución sólo reconoce desigualdades ante la ley cuando se fundan en los talentos y virtudes de las personas. Aquí, además, no se respeta la libertad de pensamiento de un ámbito por demás profundo e íntimo. Este texto también afecta la libertad de empresa y de asociación, cuando impone a instituciones médicas con estatutos aprobados según nuestra legislación, y que vienen funcionando desde hace más de cien años en algún caso, a realizar abortos, contrariando expresamente sus principios fundacionales.”

“El proyecto, además, califica erróneamente y de manera forzada, contra el sentido común, el aborto como acto médico, desconociendo declaraciones internacionales como las de Helsinki y Tokio, que han sido asumidas en el ámbito del Mercosur, que vienen siendo objeto de internalización expresa en nuestro país desde 1996 y que son reflejo de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física.”

“De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar sola. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto.”

VIII.- El Protocolo de las Provincias

La Corte en “F., A.L.” exhortaa implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”, y “a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente” ; lo que para el niño o la niña por nacer sería “criminalizar” la cuestión. El dictar normas para que en el futuro se pueda abortar, con la sola declaración jurada de la madre o su representante legal, es legalizar el aborto y arrogarse una atribución propia del Congreso, desconociendo lo que dispone la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos antes citados.

En consecuencia, las provincias no tienen por qué seguir el criterio que pretende imponer la Corte Suprema respecto de los protocolos de actuación del personal médico de los hospitales, aunque a ellos se les reconozca el derecho a la libertad de conciencia, ya que ello es facilitar el accionar que atenta contra el derecho a la vida del niño durante el embarazo.

Algunas provincias, como la de Córdoba, aprobaron un protocolo para hacer efectivo el juramento de la madre que quiere justificar la práctica abortiva fundada en que ha sido violada, siguiendo la exhortación hecha por la Corte Suprema en el fallo antes comentado.

Ello fue judicializado en el caso “Portal de Belén Asociación Civil c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/amparo” donde el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, Federico Ossola, rechazó el amparo que pedía la inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal y la Resolución 93/12 del Ministerio de Salud, regulatoria de las practicas que debía seguir la mujer que quiera abortar afirmando que fue violada. Además declaró inaplicable por inconstitucional la clausula de la Resolución impugnada que preveía como único requisito para que se le practique un aborto a la solicitante sea la presentación de una declaración jurada.

El 21 de mayo de 2013 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación revocó parcialmente el fallo de primera instancia     y ordenó a la demandada que “se abstenga de aplicar las disposiciones de la Resolución del Ministerio de Salud N° 93 del 30 de marzo de 2012 y su anexo I denominado “Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, según lo establecido en el artículo 86 incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación” que se declara inconstitucional.

En el voto del doctor Guillermo Barrera Buteler se afirma que: “El hecho de que el legislador penal haya eximido de pena a determinada conducta no necesariamente la transforma a ésta en una conducta lícita y, menos aún, en un derecho exigible“. Que ” (…) existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla”. Que además la Resolución ministerial y su Anexo (…),”según lo establecido en el artículo 86 incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación” es claramente inconstitucional porque el Poder Ejecutivo local se ha excedido en sus atribuciones ya que, aún con el propósito de ajustarse estrictamente a los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso F.A.L., no podía dictar una norma reglamentaria que abiertamente contradice, no sólo el espíritu, sino la letra explícita de los arts. 5 inc. b) y 7 inc. d) de la Ley 6222.” Continua el voto afirmando que “Ha quedado de manifiesto entonces que la resolución ministerial de que se trata es inconstitucional, no sólo porque al contradecir la ley provincial 6222, violenta el reparto de atribuciones entre los poderes del Estado Provincial, sino además y sobre todo, porque en su contenido se aparta abiertamente del mandato de los arts. 4, 19 inc. 1° y 59 de la Constitución Provincial de respetar y proteger la vida de los niños por nacer.

Otro de los párrafos del fallo dice que “Si el Congreso de la Nación tiene potestades delegadas para legislar en materia penal, sólo él puede determinar cuándo una conducta es merecedora de sanción penal y cuándo no lo es. Ahora bien, el hecho de que el legislador penal haya eximido de pena a determinada conducta no necesariamente la transforma a ésta en una conducta lícita y, menos aún, en un derecho exigible.” Y agrega: “De ahí que es innegable que existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla, pero la distancia es todavía mayor si lo comparamos con reconocer el derecho a que se proporcionen los medios materiales para ejecutarla.” Dice también que: “(…) el Código Penal no otorga una autorización para abortar en los casos de los incisos del art. 86 ni, menos aún, confiere un derecho a hacerlo; se limita a disponer que en esos casos no habrá sanción penal, pero eso no obsta a la plena vigencia de las normas civiles y de Derecho Público local que siguen regulando las consecuencias no penales de esos abortos como actos antijurídicos que continúan siendo, aunque se los haya eximido de pena.

El voto dice además que: “No porque el legislador nacional haya dispuesto que, en ciertas condiciones, no es punible el aborto, éste deja de ser la privación de la vida de un niño.” Y, agrega, que: “(…) el Gobierno Federal puede decidir si desincrimina o no el aborto en determinadas circunstancias, pero de ahí a imponerle a la Provincia que, a través de sus instituciones sanitarias, deba acudir en auxilio material y positivo de quien desee cometer el aborto, hay una inmensa distancia, máxime cuando esto es clara y manifiestamente reñido con disposiciones explícitas de la Constitución local.” Para decir también: “De ahí que se verifica con toda claridad que la vigencia de dicha reglamentación administrativa constituye una amenaza inminente y grave para el derecho a la vida de los niños por nacer y, como la incompatibilidad con la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales salta a la vista sin necesidad de mayor debate o prueba, estamos frente a un supuesto de ilegitimidad manifiesta del acto lesivo, que torna procedente sustancialmente la acción de amparo intentada”.

XI.- La Objeción de conciencia

Norberto Padilla ha dicho, además, que “La Corte no omitió mencionar el serio tema de la objeción de conciencia. A la manera de proyectos legislativos en danza, supedita su procedencia a que sea ejercida “en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades del establecimiento de salud correspondiente”. Curiosa forma de inmovilizar la conciencia, ya que si con el correr del tiempo, quizás después de practicar varios abortos, quizás tras una nueva reflexión ética o religiosa, el profesional replantease sus pautas morales, se vería imposibilitado de ser atendido y respetado. Esta restrictiva visión de lo que es la objeción de conciencia “impropia” (en tanto determinada anticipadamente por una norma o se haya, como aquí, “judicializado”) ciertamente no invalida la que es “propia”, cuando la persona tiene la necesidad de conformar su actuar a imperativos de conciencia aunque sea “contra legem”, que es el supuesto más analizado por la doctrina y jurisprudencia”. Un médico o una enfermera, entonces, que no haya invocado la objeción de conciencia “al inicio de la actividad del establecimiento” estaría obligado a practicar un aborto de una madre con un embarazo de 8 meses y medio con solo solicitarlo con una declaración jurada; algo que se parece mucho a matar a un recién nacido. En su comentario Padilla agrega que: “Dado que “todos” los establecimientos que atienden embarazos y partos están obligados a contar con los medios humanos y técnicos, la llamada “objeción de conciencia institucional” no está contemplada. El argumento que suele utilizarse es que la conciencia es de las personas físicas, no de las jurídicas.”

El Papa Francisco le dijo a los médicos:La fidelidad al Evangelio de la vida y al respeto de la misma como don de Dios requiere a veces opciones valientes y contracorriente que, en particulares circunstancias, pueden llegar a la objeción de conciencia“, a les agregó que: “el aborto no es un problema religioso, ni filosófico, sino científico” porque “es una vida humana y no es lícito liquidar, matar una vida humana para resolver un problema“.[6][7]

X.- Conclusión

Las razones expresadas en defensa de la vida del niño o de la niña por nacer me parecen que son más que suficientes para que las personas y los gobiernos la respeten y faciliten su nacimiento, incluso cuando la madre haya sido violada. Igualmente el dolor que sufre la madre por un embarazo no querido o fruto de una violación debe ser atendido por los que la rodean y por instituciones dependientes del Estado, sin atentar contra la vida del ser que va a nacer.

Córdoba, septiembre de 2016.

[1] Diputados: Victoria Donda Pérez, Carolina Gaillard, Alcira Argumedo, Myriam Bregman, Alicia Ciciliani, Margarita Stolbizer, Carla Carrizo, Soledad Sosa, Cecilia Moreau, Juan Villalonga, Carlos Heller, Julio Raffo, Samanta Acerenza, Brenda Austin, Karina Banfi, Miguel Bazze, Graciela Cousinet, Lucila De Ponti, Edgardo Depetri, Alejandro Echegaray, Gabriela Estévez, Araceli Ferreyra, Leonardo Grosso, Andrés Guzmán, Silvia Horne, Pablo López, Federico Masso, Raúl Pérez, Néstor Pitrola, Héctor Recalde, Olga Rista, Gabriela Troiano, Marcelo Wechsler, Sergio Wisky.

[2] Bianchi, Alberto B., En contra del aborto. Un genocidio cotidiano, silencioso y protegido, Ábaco, Buenos Aires, 1998, pp. 120 y 121.

[3] Rosatti, Horacio D., “El Llamado ‘Control de Convencionalidad’ y el ‘Control de Constitucionalidad’ en la Argentina”, en La Ley, Suplemento Constitucional, N° 1, 13 de febrero de 2012, p. 4. Rosatti concluye de modo categórico que “no es históricamente cierto que la expresión ‘en las condiciones de su vigencia’ –en referencia a la incorporación al orden jurídico argentino de los tratados internacionales sobre derechos humanos– haya sido considerada en la Convención Constituyente como un equivalente a ‘con la interpretación que de tales instrumentos realicen los tribunales internacionales competentes’” (ob. cit., p. 5).

[4] Alfonso Santiago “El desconocimiento de la igual e inviolable dignidad de la persona humana en un reciente fallo de la Corte Suprema argentina” .

[5] Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.719, Edición Oficial, págs. 268/269, Buenos Aires, 1922.

[6] Norberto Padilla “Objeción de conciencia frente al aborto”, FORUM. Anuario del Centro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, 04, año 2016. EDUCA. Pág. 29.

[7] Discurso de SS Francisco a los profesionales de la Asociación de Médicos Católicos italianos que se reunieron en el Vaticano.(15/11/14)