¿Los Magistrados deben pagar impuesto a las ganancias?

magistrado

Para responder a este pregunta tenemos que comenzar analizando el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la causa Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN – Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar” (27/11/18), por el que hizo lugar una queja interpuesta por la demandada y dejó sin efecto una medida cautelar para que a los jueces designados a partir del años 2017 no se les descuente de sus haberes el impuesto a las ganancias.

El fallo

El mismo expresa que la actora“1°) (…) inició una acción declarativa de certeza con el objeto de que se “despeje la incertidumbre provocada por la mención contenida en el artículo 5° de la ley 27.346, que sustituye el inciso a) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) incorporando al gravamen a las rentas derivadas: ‘a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y dé las Provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive'” (fs. 2 vta.). La acción fue promovida contra el Estado Nacional —Poder Ejecutivo Nacional—, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

La actora solicitó que se declarara que el concepto “nombramiento” debía ser entendido como “ingreso”, es decir, que la norma comprendiera solo a los funcionarios y magistrados que al 1° de enero de 2017 no pertenecían a los escalafones del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación. Para ello, pidió que se tomara como fecha de ingreso la correspondiente a la designación en tales organismos y, para quienes estuvieran concursando sin pertenecer al Poder Judicial o al Ministerio Público, la fecha de la presentación en el concurso. Como medida cautelar de no innovar requirió que el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público se abstuvieran de retener suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias “…hasta tanto se dicte la reglamentación que expida las instrucciones necesarias para comprender exactamente los términos utilizados en el instrumento legal, que deberán coincidir con el criterio expuesto más arriba, bajo riesgo de convertirse en una reglamentación que vulnera el espíritu de la (fs. 3).”

Más adelante la Corte dice: “2°) Que el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar y dispuso que se encontraban alcanzados por el impuesto a las ganancias los magistrados, funcionarios y empleados que fueran designados en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación a partir del 1° de enero de 2017, salvo que hubieren ingresado con anterioridad a dicha fecha o que proviniesen de los poderes judiciales y ministerios públicos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y siempre que sus retribuciones no hubiesen estado alcanzadas por el pago o retención del tributo en cuestión (fs. 179/198 vta.). 3°) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, mantuvo la medida cautelar pero modificó sus alcances, limitándola a los sujetos representados por la asociación actora (fs. 301/311 vta. del incidente de medida cautelar). 4°) Que contra esta decisión, la Defensoría General de la Nación (fs. 319/340) y el Estado Nacional (fs. 342/360) interpusieron sendos recursos extraordinarios federales, los que fueron rechazados por el a quo por no dirigirse contra una sentencia definitiva (fs. 396/ 396 vta.). El Estado Nacional dedujo recurso de queja.”

El fallo concluye: “13. (…) que no existen razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que exima del cumplimiento de lo ordenado por la ley a los sujetos representados por la actora. De ello se deriva que la vigente ley 27.346, sancionada tras una amplia discusión de los poderes del Estado y cuya constitucionalidad —como se dijo— no ha sido cuestionada, resulta plenamente aplicable a los beneficiarios de la medida cautelar que por medio de la presente se revoca (…), sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto debatido.”

De este fallo se infiere que lo que se ha revocado es solamente una medida cautelar de no innovar para que los deban abonar el impuesto a las ganancias, lo que no significa resolver sobre si es legítima la personería de los accionantes, ni si, en definitiva, deberán oblar el impuesto a las ganancias, lo que deberá ser resuelto cuando se dicte sentencia.

Mi opinión es que lo allí resuelto es correcto, ya que no hay razón alguna para que se resuelva vía una medida cautelar lo que en definitiva se debe resolver en la sentencia. Además, sostengo que, en principio los jueces, y demás funcionarios de los poderes judiciales y ministerios públicos federales o provinciales deben pagar impuestos, tasas, aportar para sus jubilaciones y la seguridad social, y hacer todas las contribuciones que les corresponden a todos los ciudadanos por aplicación del principio de igualdad ante la ley (Art. 16 de la CN). Lo que no se puede es rebajarle los haberes a los jueces, federales y provinciales, como bien establece la Constitución y la ley.

Sin embargo, no se entiende porque las distintas leyes y Acordadas que impiden que se les disminuya sus haberes a los jueces (llamados por la ley “magistrados”), cuya “compensación (…) no podrá ser disminuida en manera alguna” (Art. 110 de la CN), se les agrega a los: “Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y dé las Provincias y del Ministerio Público de la Nación” cuando ellos no están alcanzado por la limitación que fija el artículo 110 de la Constitución.

Historia

Sin embargo, desde 1701 en la Ley inglesa de Establecimiento (Act of Settlement), que pretendía corregir los abusos durante el período de los reyes Estuardos, se dispuso que “las comisiones de los jueces durarían mientras dure su buena conducta y sus salarios serían ciertos y establecidos.” En 1760, durante el reinado de Jorge III, el Parlamento aprobó un estatuto que establecía que los salarios de los jueces no podrían se disminuidos “mientras se mantuviera en alguna de sus comisiones”. Blackstone señala que el precepto se dirigía a “mantener tanto la dignidad como la independencia de los jueces.” Esto se aplicó en las colonias norteamericanas hasta 1761, en que comenzaron las injerencias de la corona sobre la Justicia mediante la alteración de los períodos de los jueces. Por ello en la Declaración de la Independencia de 1776, entre los agravios atribuidos al Rey, estaba el que “Él ha hecho de los jueces dependientes de su única voluntad, por su designio en el período de las funciones y en el monto de sus salarios.” En la Constitución de Filadelfia de 1787 se estableció que “Los jueces, tanto los supremos como los de las Cortes inferiores, retienen sus funciones mientras dure su buena conducta y reciben por sus servicios una compensación que no puede ser disminuida mientras continúen en el cargo.” (Art. III, sección 1ª)

Nuestra Constitución de 1853, con igual criterio, declaró que “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.” (Art. 96 hoy 110) No se discutió nunca que los jueces oblen impuestos indirectos que gravan sus inmuebles o el valor agregado a los bienes que adquieren, como los demás ciudadanos. Sin embargo, la jurisprudencia tanto, en Estados Unidos como en Argentina, cuestionó el pago del impuesto a la renta o a las ganancias de los jueces.

La Corte Suprema de Estados Unidos en “Evans vs. Gore” (1920) invalidó el gravamen al ingreso de los jueces diciendo que “la prohibición es general, no contiene excepciones y se dirige contra cualquier disminución” y se agregó “que los constituyentes quisieron prohibir todo tipo de disminución, sea por vía impositiva o directa, puesto que la independencia de los jueces es más importante que cualquier otro interés que justifica gravar sus salarios.” En “Miles vs. Gaham” (1925) extendió la garantía a los jueces designados con posterioridad a la creación del tributo. Criticada la Corte por esta doctrina cambia de criterio en “O’ Malley vs. Woodrought” (1939) afirmando que los nuevos jueces debían pagar el impuesto a los ingresos. En “Hatter v. U.S.” (1994) declaró, por lo dicho en “Evans”, inconstitucional las retenciones de las compensaciones por el Programa de Seguridad Social a los jueces, ya que la “reducción es concreta mientras el beneficio es potencial y enteramente especulativo”.

La Corte argentina en “Fisco c/ Medina” (1936), citando al caso “Evans”, sostiene que el impuesto a las rentas es inaplicable a los jueces, lo que es ratificado en “Poviña” y “Jauregui” (1940). En estos y en otros casos posteriores a “O’Malley” señala la singularidad de la Constitución argentina cuando prescribe que la compensación no podrá ser disminuida “en manera alguna” (esta expresión no está en la Constitución de Estados Unidos). En “Bonorino Peró” (1985) agregó que “si se produce el envilecimiento del signo monetario el no disminuir obliga a indexar las remuneraciones judiciales.”

Acordada 20/1996

La Corte por Acordada 20 de 1996, firmada por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’ Connor, Santiago Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo Bossert, declaró inaplicable el art. 1º de la ley 24.631, que dispuso la derogación de la exención del impuesto a las ganancias a los magistrados y funcionarios federales establecida en la ley 20.628, citando la doctrina “Medina” y afirmando que la reforma constitucional de 1994 ratificó el texto del artículo 110 de la Constitución. Esta Acordada no fue recurrida ni cuestionada por los otros poderes del Estado, y su doctrina se aplica también a nivel provincial.

La misma es objetable, ya que: 1. No era una sentencia que resolvía un “caso” como exige la Constitución para habilitar su competencia (Arts. 116 y 117), ni mucho menos una ley que derogaba la dictada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, sino de un acto administrativo de superintendencia donde los jueces no deben derogar ni declarar la inconstitucionalidad de leyes (aunque lo hayan hecho en otros casos); 2. Los jueces debieron apartarse ya que decidían sobre sus propios haberes; 3. Porque no se siguió la buena doctrina de “O’Malley”, que hace aplicable el gravamen a los jueces designados después de la ley que crea el tributo y no a los anteriores, a los que sí se les vulneraría la intangibilidad de sus compensaciones; y 4. El hecho que nuestra Constitución use la expresión “en manera alguna” (Art. 110), a diferencia de la norteamericana, no cambia los principios de igualdad ni de intangibilidad que lo justifican, que tienen por objeto garantizar la independencia judicial y no acordar un privilegio a los magistrados.

Por todo lo expuesto este fallo de la Corte Suprema, que anula una medida cautelar, no resuelve definitivamente el problema, y su alcance es muy limitado, ya que son muy pocos los jueces y funcionarios que junto a los abogados deberán, con el resto de los habitantes de este país pagar este tributo, lo que atenta contra el principio de igualdad ante ley (Art. 16 CN).

Córdoba, noviembre de 2018.

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¿Se designan de jueces idóneos e independientes?

poder judicial

Las recientes denuncias de juicio político contra el juez federal Luis Rodríguez, que se tramita el Consejo de la Magistratura de la Nación, basadas en la declaración de la arrepentida Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz – secretario privado de Néstor Kirchner ya fallecido-, sobre un supuesto soborno a este magistrado, trae el recuerdo que fue designado en 2012 por un acuerdo entre el Kirchnerismo y el Pro, a pesar de que se sospechaba que en el concurso que rindió en el Consejo fue tramposo, por lo que hubo una causa penal de la que luego fue sobreseído.

Más allá del resultado de estas causas lo que preocupa es que la independencia de la Justicia comienza con la designación de los magistrados, que hace el Presidente con acuerdo del Senado en base a una terna que eleva el Consejo, decidida luego de una prueba de oposición que rinden los que aspiran a ese cargo.

La creación del Consejo se hizo en la reforma de la Constitución Nacional (CN) en 1994, para que la designación de jueces no se hiciera por acomodo político, como había ocurrido muchas veces.

Pero el proceder del Consejo, ni el de los presidentes, ni el del Senado han servido para que las designaciones de magistrados se hagan en tiempo y forma, por las siguientes razones:

* La ley que rige el Consejo establece como se integra, lo que cambió varias veces; y la composición actual es inconstitucional porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación no está representada como exige la CN (Art. 144). Es decir, que esté integrado con “jueces de todas las instancias”, y, la Corte, que es la última, no lo está.

* En los concursos que hace el Consejo se les exige a los postulantes responder, en una entrevista personal, las preguntas referidas a su “idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática” (Art. 13 Ley 24.937), lo que hace que muchas veces se modifique el orden obtenido en los exámenes rendidos para conocer su idoneidad jurídica. Entiendo que el Consejo solo debe hacer examinar a los aspirantes, y puede modificar su resultado solo si hubo alguna irregularidad. Valorar la “aptitud funcional y la vocación democrática” es competencia exclusiva del Presidente y del Senado, que antes de prestar acuerdo debe examinar esto siguiendo el procedimiento y las audiencias públicas que fija el Decreto 222/03.

* Actualmente hay 248 vacantes sobre 995 cargos de jueces que hay en el Poder Judicial de la Nación -cifra similar a la había en 2015. En el Consejo hay 103 en trámite, 42 ternas están en la presidencia para que Macri elija a quién propondrá al Senado, y 103 ya están en esa Cámara para prestarle acuerdo; sin que se haya convocado a sesiones extraordinarias para acelerar ese trámite, lo que demuestra que cubrir dichas vacantes no tiene prioridad.

* La terna elevada por el Consejo para que el presidente designe al vocal de la Cámara Nacional Electoral la discuten, desde hace un año, distintos sectores del gobierno, lo que pone en duda si los intereses políticos superan al requisito de idoneidad.

* La discutida reciente designación del fiscal de Estado, Daniel Leiva, como juez de la Corte Suprema de Tucumán, demuestra que esta falta de independencia judicial también existe en las provincias.

* En Córdoba, acaba de renunciar el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, por “cuestiones personales”. Pero trascendió que este letrado – con quien nada personal tengo-, que también acompañó al gobernador Juan Schiaretti cuando fue interventor en Santiago del Estero ocupando el cargo de ministro y miembro del Tribunal Superior de esa provincia, sería nombrado, dentro de seis meses, vocal del Tribunal Superior de Córdoba. Esto es algo que espero que sea solo una versión periodística, ya que los cordobeses no creen que una persona tan allegada al gobernador pueda ser un juez independiente.

La tan cacareada Reforma de la Justicia sigue siendo un anhelo que ni el gobierno nacional, ni los provinciales quieren encarar; por lo que habrá que esperar, como bien decía mi profesor Helio Olmos, que “la Justicia, (se concrete) en el juicio final”.

Córdoba, febrero de 2019.

El Tribunal Superior le dijo Amén a la Reducción de las Jubilaciones

edificio imagen

Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

El fallo del 7/05/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, dictado en autos “Pepino y otros c. Provincia de Córdoba”, rechazó una demanda iniciada por 15 jubilados bancarios que pedía se declarara inconstitucional la ley 10.333, que el 23 de diciembre de 2015, entre gallos y medianoche, se sancionó reduciendo todas las jubilaciones, pensiones y retiros provinciales, del 82 al 72,95%.

Para avalar la reducción salarial de quienes ya estaban jubilados, prohibida por el artículo 57 de la Constitución provincial, el Tribunal argumentó que para determinar el 82% del haber jubilatorio no debe calculárselo sobre el sueldo bruto que cobran los activos, como lo hizo la Caja desde que fue creada hasta ley 10.333, sino que debe hacérselo sobre el sueldo “líquido”. Esto lo pretenden justificar al afirmar que los aportes de los empleados en actividad no componen su remuneración. Pero aclaran, que sólo consideran aporte jubilatorio el 11%, que es el que fija ANSeS; y no el 18 % que se efectúa en Córdoba; ni los demás descuentos como: el de la obra social, cuota sindical, impuestos a las ganancias, etc. que efectivamente son aportes que se retienen del haber del personal activo. El arbitrario descuento del 11% se hizo para que sea menos drástica la confiscatoria reducción de los haberes jubilatorios.

El Tribunal Superior omitió, además, citar el artículo 10 de la ley 24.018, que rige también para jubilación de los jueces de la provincia por el Convenio de Armonización, cuando dispone: “El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%), de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al interesado por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio”; lo que es contradictorio con lo afirmado en el fallo, de que el aporte no es parte de la remuneración.

Esta decisión se funda en una sentencia anterior de ese Tribunal (“Bossio” del año 2009), pero omite citar el criterio que en sentido contrario fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Iglesia” y “Hernández”, por los que los actores seguramente lo recurrirán ante este alto tribunal.

El Tribunal Superior se equivoca cuando dice que el aporte jubilatorio de los activos no es parte de su remuneración, ya que ello no se entiende así en las normas reglamentarias, cuando se refiere a ello usando expresiones como: “descuento”, “retenciones” o “aportes”, que solo pueden entenderse si ellos componen el haber de los activos.

ANSeS y las demás cajas provinciales, desde siempre, liquidan los haberes previsionales sobre el salario bruto de los activos, y lo mismo dispone la ley de contrato de trabajo para las indemnizaciones.

Otro grave error del Tribunal Superior es afirmar que calcular sobre el haber bruto el porcentaje que corresponde a la jubilación hace que los mismos resulten superiores a la remuneración de los activos, lo que no está prohibido por ninguna norma, y es casi imposible que se dé en la práctica, ya que al calcular no se tiene en cuenta el último haber, sino el promedio de los últimos 4 años; y porque los posteriores ajustes de actualización se hacen tomando el promedio de los sueldos de distintas categoría que cobran los activos, lo que hace casi imposible que los sueldos de los pasivos superen a los de los activos.

El juicio “Acosta c. Provincia”, donde también se pidió la inconstitucionalidad de la ley 10.333; iniciado por Miguel Acosta, los Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, el de Empleados Judiciales, el de Músicos, el SUOEM y el Centro de Jubilados y Pensionados del Banco de Córdoba -que patrocinamos-; está desde hace un año y medio paralizado, y si fuera fallado de igual modo será apelado a la Corte Suprema.

Esta reducción de los haberes que afecta a 100 mil pasivos de la Caja Provincial, afectó también a sus 300 mil parientes, es para muchos la causa de la catastrófica derrota electoral que sufrió el gobierno provincial en las elecciones del año pasado.

El Amén (así sea) que el Tribunal Superior le dio a este recorte también compromete la independencia de la Justicia.

Córdoba, mayo de 2018.

¿Cambiar o “parchar”?

Mauricio Macri

El presidente Mauricio Macri ha convocado a un amplio acuerdo nacional para hacer grandes cambios, a lo que nadie debería honestamente negarse, aunque algunos deban ceder algunas aspiraciones. Pero como cambiar no es lo mismo que “parchar”, el gobierno debería contestar algunas preguntas referidas a los posibles cambios institucionales, que en el discurso oficial aparecen relegados después de los económicos, tributarios o laborales, pero que para que a mí, al menos, me parecen prioritarios.

Las preguntas serían:

En lo político

  • ¿Se modificará el número de diputados que corresponden a cada uno de los 24 distritos, de acuerdo al último censo de población, como exige la Constitución (Art. 45)? Para hacer justicia, entre otros, con Córdoba, que solo elige 18; mucho menos que los 25 de la Capital Federal, y los 19 de Santa Fe, a pesar de que tienen menos habitantes.
  • ¿Se adoptará el voto de preferencia? Por este sistema los que sufragan puede marcar a alguno/s de los candidatos, con el objeto de cambiar el orden de la listas, para que así suban, según la cantidad de preferencias que obtengan, y puedan acceder los mejores al reparto proporcional. Esto se hace en Brasil, está previsto en la Constitución de Córdoba -aunque nunca se reglamentó- y en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba -pero la reglamentación exige un mínimo absurdamente alto de preferencias para cambiar el orden de los candidatos, lo que ha impedido que los ciudadanos lo usen. Esta modalidad le daría más poder a los que votan y se los disminuiría a los que hacen las listas de candidatos, que muchas veces priorizan a sus incondicionales.
  • ¿Se adoptará el voto electrónico, como existe en Brasil, la India y mucho de los condados de EEUU, y se judicializará el manejo de las elecciones? Con ello se dejaría de privatizar y tercerizar con la empresa INDRA el escrutinio provisorio, como ocurre desde 1997; y con MSA, de Sergio Angelini, que implementó la Boleta Única Electrónica en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires y de Salta.
  • ¿Se reformará el sistema de elecciones primarias abiertas y obligatorias (PASO) para que dejen de ser una encuesta y participen sólo los partidos o alianzas que postulan más de un precandidato?

En la Justicia

  • ¿Se transferirá al gobierno de la ciudad de Buenos Aires toda la Justicia “Nacional”, equivalente a los tribunales provinciales de ese distrito, y que son más de la mitad de las magistraturas del Poder Judicial de la Nación, que pagan todos los argentinos? De este modo estos tribunales serán sostenidos sólo por sus únicos beneficiarios: los porteños.
  • ¿Se cubrirá el tercio de vacantes de jueces que hoy tiene el Poder Judicial de la Nación?
  • ¿Pagarán impuesto a las ganancias los integrantes del Poder Judicial y del ministerio público, nacional y de las provincias, como lo hacen los abogados y demás contribuyentes? La excepción debe limitarse a los jueces que juraron antes de 2017, como estableció la ley 27.346, porque la Constitución (Art.110) prohíbe disminuirle sus haberes.
  • ¿Se reemplazará el recurso de casación en contra de los fallos de los tribunales orales penales federales del interior del país, que resuelve la Cámara Nacional de Casación Penal de Buenos Aires, por otro de apelación ante las Cámaras Federales con sede en las provincias? Con ello se revisarían los fundamentos legales y de hecho, y no solo los primeros, con ocurre con la casación, porque así lo exige la Corte Suprema desde el caso “Casal” de 2005. Y porque la Constitución dispone que los juicios criminales deben hacerse en las provincias donde se cometió el delito (Art. 118).

En la educación

  • ¿Se implementará un examen a los alumnos que terminan el segundario?, como existe en muchos países actualmente, y evaluar así la calidad y defectos de la educación secundaria, para diagnosticar las causas del alto porcentaje de deserción escolar que hay a nivel segundario y universitario.

Las respuestas dirán si los cambios resolverán los grandes problemas que nos afectan.

Córdoba, noviembre de 2017.

 

El abogado del siglo XXI

Estudio Gentile-Saravia

Opciones

  • Abogacía
  • Incorporarse al poder legislativo, ejecutivo, judicial, ministerio público o sus dependencias
  • En la Nación, provincias, municipios o comunas
  • En organismos internacionales
  • Empresa, sindicatos, ONG, instituciones privadas
  • Medios de comunicación
  • Docencia segundaria, terciaria, universitaria, de grado y posgrado.

 

 

Ejercicio profesional

  • Legislar
  • Litigar en materia civil, familia, comercial, laboral, previsional, penal, contravencional, faltas, agrario, minero, contencioso administrativo, tributario, canónico, procedimientos constitucionales -individuales o colectivos-, y recursos a tribunales superiores provinciales, federales, Corte Suprema, o en tribunales u organismos internacionales.
  • Asesorar
  • Administración Nacional, provincial, municipal, entes autárquicos, descentralizados o regionales.
  • Policía judicial
  • Marcas y señales
  • Empresa, sindicatos, ONG, instituciones privadas
  • Mediaciones
  • Negociaciones
  • Arbitrajes
  • Investigar.
  • Comunicar

Formación

  • Gestión de Estudios Jurídicos.
  • Práctica.
  • Tecnológica
  • Comunicación.

Estudio jurídico

  • Matrículas
  • Jurisdicción que abarca
  • Sede/s
  • Ejercicio personal o con otros colegas
  • Especialidades
  • Empleados
  • Materiales de trabajo
  • Tributos
  • Actualización jurídica e información
  • Archivos en papel y digital
  • Biblioteca: libros, revistas, etc. en papel y digital.
  • Tecnología: software y hardware, computadoras.
  • Comunicación: Página web, Blog, WhatsApp, Skype, teléfonos, redes sociales, prensa, teleconferencias, etc.
  • Código de ética y de estilo

Reforma de la Legislación y de la Justicia

  • Matrícula federal y para la Corte Suprema a cargo de colegios y Federación Nacional de Abogados.
  • Ley de sociedad de profesionales o de abogados
  • Código de Procedimiento Constitucional (Parte general, Acción de inconstitucionalidad, habeas corpus, amparos, habeas data, acceso a la información –individuales, individuales homogéneas o colectivas-, recursos extraordinario y de queja ante la Corte Suprema, audiencias públicas, amigos del tribunal, registro de juicios colectivos)
  • Unificar y completar la digitalización de los trámites, notificaciones, escritos, expedientes y archivos de las administraciones, de los tribunales federales y provinciales y de los Estudios Jurídicos.
  • Código de Estilo
  • Convertir al Tribunal Superior en tribunal constitucional y no de casación y apelación.
  • Las dos instancias en materia civil, comercial, laboral, penal, contravencional, familia, contencioso administrativo, tributario deben hacerse en los tribunales inferiores provinciales.
  • Mejorar las jubilaciones y pensiones de los abogados.
  • Traspasar la Justicia Nacional a la CABA
  • Suprimir los recursos de casación provinciales y federales.

          Estudio Gentile Saravia

  • Fundación 1964
  • Abogados
  • Sedes
  • Materias que atiende
  • Territorio en el que se desenvuelve
  • Tribunales y órganos en los que actúa
  • Tecnología
  • Empleados
  • Página Web
  • Código de Ética y de Estilo
  • Biblioteca
  • Archivos
  • Publicaciones

Educar en valores desde la Enseñanza religiosa

Jorge Horacio Gentile

En la audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó en un juicio en el que se pretende suprimir la Enseñanza Religiosa que se imparte en la provincia de Salta desde antes de 1886, fui el primer Amigo del Tribunal, en exponer defendiendo esa práctica, que reciben los alumnos de 6 a 12 años, de 1° a 7° grado, en las escuelas primarias públicas de gestión estatal, dos veces por semana (40 minutos). La imparten docentes especializados, que anualmente reciben la opción de los padres de qué religión quieren que sus hijos profundicen; y que trabajan en las aulas con los grupos de alumnos de distintas orientaciones religiosas, pero que comparten contenidos comunes.

A los alumnos cuyos padres optan para que a sus hijos no reciban ninguna educación religiosa se les ofrece enseñarles valores universales u otras materias dentro de aula. Trabajan con los demás, salvo que los padres soliciten que el niño salga fuera del aula y, en ese caso, quedan siempre a cargo de algún docente, nunca solos. Ni a los padres ni a los alumnos se les exige declarar la religión que profesan.

Lo religioso es parte de la cultura por lo que no puede la escuela dejar de enseñar el significado del crucifijo, con el que juran la mayoría de los funcionarios o magistrados; ni la estrella de David, de los judíos; o la media Luna, de los musulmanes. Por qué son días feriados el de la Navidad o de la Semana Santa; o por qué hay provincias que se llaman San Juan o Santa Cruz, o por qué hay iglesias, sinagogas o mezquitas. Prohibir enseñar religión en las escuelas es discriminar.

Cuando la Constitución invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia” afirma que los derecho humanos que ella garantiza; en defensa de la libertad, la vida, el trabajo, la justicia, la paz, la igualdad y el bienestar general; tienen por fuente a Dios. Entonces, cuando se enseña que los hombres deben ser iguales y actuar fraternalmente, que mejor que explicar que debemos “amarnos los unos a los otros”, o recordar que el prójimo es hijo de Dios como lo somos todos. La fuerza de estos argumentos no es igual si se prescinde de lo religioso.

Lo que hoy se enseña en Salta no es igual que la Educación Católica o Moral que se impartía entre 1943 y 1955 en todo el país. El contenido de la materia es Religión, en sus distintas versiones, sin adoctrinar a los niños para ninguna, con objetividad y acentuando la que optaron los padres. No hay monopolio de la religión católica, no se enseña el catecismo, incluso hay escuelas donde la totalidad de los alumnos son evangélicos o testigos de Jehová, y así está orientada su enseñanza.

La Constitución salteña, al igual que la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Art. 12.4), dispone que: “Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”(Art. 49). Además la Nacional exige a las provincias reglar la educación primaria (Art. 5), lo que bien ha hecho Salta y la Nación no puede cambiar.

La ley 1420, que hoy no está vigente nunca declaró “la enseñanza laica”, dispuso que la enseñanza religiosa solo podrá ser dada por los ministros autorizados de los distintos cultos antes o después de las horas de clase. En Salta más de la mitad de los colegios tiene jornada extendida, de 6 u 8 horas, y en poco tiempo la tendrán todas; lo que torna hoy absurdo este límite. Además, en todos los niveles de educación hay materias optativas, ¿por qué no en la Enseñanza Religiosa?

La reforma política más importante que espera el país es en educación, donde la prioridad es trasmitir valores y principios éticos, que nos ayuden a superar las grietas, la inseguridad, la violencia y la corrupción. La experiencia salteña, es digna de ser imitada.

Córdoba, septiembre de 2017.

 

La Corte Suprema y la reforma de la Justicia

Ricardo Lorenzetti – Presidente de la Corte Suprema Argentina

Sumario o abstract: Este trabajo propone reformas que atañen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un primer paso para poner en marcha una reforma integral de la organización judicial en la República Argentina, dentro del marco que establece la Constitución Nacional.

Una reforma judicial integral – que se proponga hacer más eficiente el servicio de justicia en nuestro país, incorporando nuevas y mejores tecnologías y que se pongan a los tribunales a tono con los tiempos que se viven, se puede hacer a partir de una reforma de la Constitución; o con el dictado o modificación de normas sub-constitucionales, como se proponemos en este trabajo.

Reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)

La reforma debe comenzar por el más alto tribunal, que es la CSJN, la que habría que reubicarla en el lugar que la Constitución y la sociedad argentina de hoy exigen. Ello deberá completarse luego con las reformas de los tribunales inferiores federales, los de las provincias y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de las normas orgánicas y procesales correspondientes y las que organizan y regulan los organismos que lo complementan, como son los ministerios públicos, los consejos de la magistratura, las policías judiciales y demás reparticiones complementarias o auxiliares.

Antes de discutir cuantos jueces debe tener la CSJN; como se hizo cuando se dictó la ley nacional 26.183, que redujo su número de siete (7) a cinco (5), tema más político que técnico, y sobre el me incliné por los siete (siete); sería conveniente tener en claro cuál es la tarea que les corresponderá realizar a estos magistrados después que se haga la Reforma de la Justicia. En esta discusión también hay que tener en cuenta que los juristas que se designen de aquí en adelante deberían tener el título máximo, y en lo posible que provengan de distintas provincias y de la capital federal; y que haya un equilibrio entre varones y mujeres.

Para ello parece razonable comenzar por disminuir la gran cantidad de causas que se tramitan y resuelven en este Alto Tribunal, lo que exigiría hacer algunas reformas estructurales, procesales y técnicas para conseguir la buscada mayor eficiencia y determinar así cuántos jueces deberían integrarlo. Para disminuir así la enorme cantidad de causas que se tramitan y resuelven en esa instancia2 es imprescindible que:

· el Estado, nacional y las provincias y municipio, dejen de generar y recurrir juicios, como ocurrió, por ejemplo, con el “corralito”, y con los juicios previsionales;

· los tribunales superiores de provincia y de la CABA deberán convertirse en tribunales constitucionales, y dejar de serlo de casación o de apelación ordinaria, para atender las acciones individuales y colectivas y de los recursos de inconstitucionalidad, provincial y federal, especialmente en lo referido a las causales de arbitrariedad;

· la Corte Suprema deberá dejar de ser el tribunal superior de la CABA, por lo que la llamada Justicia “Nacional”, o sea los tribunales ordinarios de la capital federal, deberá ser transferidos a esa jurisdicción (Art. 129 CN), para lo cual debe modificarse el artículo 8 de la ley 24.588.3 Además, deberán transferirse los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos, (Art. 129 y Disposición transitoria decimoquinta “infra” CN); al igual que el Registro de Propiedades, la Inspección de Justicia y la Policía judicial. Esto está en línea con lo dicho por la CSJN en “Corrales, Guillermo, s/ Habeas Corpus” (9/12/2015); y con el “Convenio interjurisdiccional de transferencia progresiva de la Justicia Nacional ordinario penal” del 17/1/2017 entre el presidente de la Nación y el jefe de gobierno de la CABA, que está en el Congreso para su ratificación, y que es sólo una transferencia de unos pocos tribunales ordinarios penales de la Capital Federal. Junto a este convenio, y el mismo dia, se firmaron otros tres, uno que fija la competencia de los tribunales penales que se transfieren por el convenio anterior,

otro que transfiere el Registro de Propiedades y un cuarto que hace lo propio con la Inspección General de Justicia, en los temas que son competencia de la CABA. Los fundamentos de estas transferencias han sido bien desarrollados por Marcela Basterra en su artículo “El traspaso de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a veinte años de la Constitución de la Ciudad”.4

El resto de las reformas que deberán hacerse en el Alto Tribunal, como tribunal de Justicia, además de las administrativas y financieras que este trabajo no incluye, serían las siguientes:

· Que uno de sus miembros vuelva a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, para que dicho órgano sea integrado por los “jueces de todas las instancias” (Art. 114 CN).

· Derogar los artículos 24 inciso 6° apartado a del Decreto ley 1285/58 que establece el recurso de apelación ordinario (distinto al recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48) ante la CSJN en contra de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones cuando el Estado Nacional es parte y el monto en disputa supera la suma de $ 10.890.000; por ser esa norma inconstitucional como lo declaró la CSJN cuando sostuvo que, de acuerdo con el principio republicano de la división del poder, su tarea principal consiste en asegurar la vigencia de los derechos y garantías que reconoce la Constitución en favor de los individuos, y también la vigencia de las normas que ordenan y limitan el ejercicio del poder por parte de las Autoridades de la Nación.5 El recurso ordinario en este caso es un

privilegio que atenta contra el principio de igualdad (Art. 16 de la Constitución).6

· Incorporar a las causales del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 la de sentencias arbitrarias, según fueron elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

· Reformar el artículo 257 del CPCCN, para modificar plazos y requisitos en los recursos que resuelve la CSJN, el que quedará redactado de la siguiente manera: “El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito y electrónicamente, fundado con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48, ante el juez, tribunal u organismo administrativo o legislativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de Quince (15) días contados a partir de la notificación. De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por quince (15) días a las partes interesadas, notificándolas personalmente, por cédula o electrónicamente. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso en el plazo de treinta (30) días. Si lo concediere expresa o tácitamente, o sea cuando venciere el plazo para hacerlo, previa notificación personal, por cédula o electrónicamente de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de diez (10) días contados desde la última notificación. Si el tribunal superior de la causa tuviera su asiento fuera de la Capital Federal, la remisión se efectuará por correo y electrónicamente. La parte que no hubiera constituido domicilio electrónico quedará notificada de las providencias de la Corte Suprema por ministerio de la ley. Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252.”

· Incorporar en el CPCCN el recurso extraordinario in forma pauperis, ya admitido, en algunos casos, por la jurisprudencia de la Corte.7

· Suprimir la expresión “de competencia federal” y “No procederá el recurso en causas de materia penal” del art. 257 bis del CPCCN (según ley 26.790) a los efectos que el recurso per saltum pueda, también, ser interpuesto en contra de las sentencias de los tribunales provinciales y penales de primera instancia, y hacer efectivo también en estos casos el principio de igualdad (art. 16 de la CN).

· Ampliar los plazos a quince (15) días para interponer la aclaratoria prevista en el artículo 272 y del recurso de reposición, y el traslado correspondiente a la contraria, del artículo 238 del CPCCN cuando se trate sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

· El Estado Nacional si fuere condenado por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) por lo que resolvió una sentencia dictada por la CSJN la parte afectada podrá plantear ante dicho tribunal, en el plazo de ciento veinte días desde que fue notificado, un recurso de revisión de dicha sentencia en base de los argumentos de la CIDH. Este recurso deberá ser reglado por el CPCC.8

· Disponer que la constitución de domicilio, cuando se trate de causas que se tramitan ante la CSJN, se deberá hacer en forma electrónica, consignando, además el teléfono y el e-mail del letrado que actúa, y no

en el domicilio de la ciudad de residencia del tribunal, como exige actualmente el artículo 40 del CPCC de la Nación; y que, además, las notificaciones se hagan en forma electrónica, como lo dispone el Acuerdo No. 31 de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, según lo autoriza la ley 26.685, y hacer extensiva la modalidad electrónica en la presentación de escritos en juicios y recursos que se tramitan en la Cámara Nacional Electoral, la Cámara de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones, los Tribunales Orales y los Juzgados Federales; y permitir que los recursos y traslados ante estos tribunales, como los oficios que se libren para los organismos nacionales, se puedan hacer por vía electrónica. Las notificaciones electrónicas deberán contener el texto íntegro del decreto, resolución o sentencia que se hacen conocer.

· Disponer por ley la realización de Audiencias Públicas: informativas, conciliatorias y ordenatorias, y la participación de “Amigo del tribunal”, cuando se tramiten recursos y acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como este Alto Tribunal ya lo reglamentó mediante la Acordada No. 30 del 2007 y las Acordadas Nos. 28 del 2004, Nº 14 de 2006 y Nº 7 de 2013. Autorizar, también, a la Corte a delegar en alguno de sus miembros o en el tribunal que haya dictado la sentencia recurrida el tomar las audiencias conciliatorias.

· Autorizar a la Corte Suprema para que apruebe y publique un Código de Estilo, para uniformar y mejorar la elaboración y comunicación de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción – en soporte papel o digital- de sentencias, fallos, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas, informes, memorandos, circulares, certificados, pliegos de interrogatorios, declaraciones, pases, oficios, notificaciones, citaciones, órdenes de arresto o allanamiento, exhortos, correspondencias, notas, esquelas, invitaciones, partes de prensa, tarjetas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado,

márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, las forma en que se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados. Los escrito que se presenten ante la CSJN deberán tener una portada de colores diferentes, según que sea el del recurso extraordinario, la contestación del traslado, al queja, el del Amigo del tribunal, la petición de audiencia, la presentación de la Procurador Fiscal o del Defensor Público, o los recursos de aclaratoria o reposición; y los que se presentan cuando la CSJN actúa como tribunal ordinario. Deberá incorporarse a este código las normas reglamentarias para los escritos de los recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN, establecidos por este Tribunal en la Acordada No. 7 de 2007. Deberá preverse el caso de los escritos, o párrafos de los mismos, o citas en idioma extranjero para que se presenten con la correspondiente traducción.9

· Derogar los artículos 286 y 287 del CPCCN 10 y las Acordadas que lo actualizan y obligan a quienes interpongan recurso de queja ante la CSJN, por denegación del recurso extraordinario, a depositar la suma de $ 26.000, que será devuelto, sin la correspondiente actualización ni intereses, en caso que la queja fuere acogida; y no será devuelto si el recurso de hecho fuere desestimado o se produjera la caducidad de instancia y, cuyo caso, se destinará a las bibliotecas de los tribunales nacionales. La razón de la derogación es que el depósito fue establecido con el objeto de “restringir el uso indebido” del recurso de queja (Ver fallo de la Corte en “Baner c/ Rossi” 7/8/1980) y su no devolución significa una sanción, lo que atenta contra la garantía del debido

proceso legal (art. 18 de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Además, como bien lo sostuvo el juez Carlos Santiago Fayt en su disidencia a la Acordada 77 de 1990, dicho depósito “reviste naturaleza similar a la tasa judicial… Excede, en consecuencia, el concepto de arancel…” por lo la Corte carece de facultades para actualizarla, como lo viene haciendo, porque ello es competencia del Congreso.11

· Modificase el CPCCN en su Artículo 281, para que quede redactado de la siguiente manera: “Las sentencias de la Corte Suprema se redactarán en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado, en el que se limitarán a señalar sus discrepancias o diferencias. (…)”

· Autorizar a la Corte Suprema y demás tribunales inferiores a dictar una única sentencia para distintas causas de contenido idéntico o similar que se encuentren en condiciones de ser resuelta, y una copia de dicho fallo deberá ser incorporada en cada uno de los expedientes. Esta modalidad, cuando se trata de casos idénticos, ha sido empleada muchas veces por la CSJN. La Suprema Corte de EEUU lo hace también en casos similares, como ocurrió en el del 26 de junio de 2015 referido al resonante caso de los Matrimonios de personas del mismo sexo.12 Esto podría también hacerlo nuestro Alto Tribunal.

· Autorizar por ley a la Federación Argentina de Colegios de Abogados para que conceda y administre la matrícula de los abogados que litigan en la CSJN, que deberá ser distinta de los abogados que lo hacen en la Justicia Federal y de las provincias. El 26 de octubre de

2016 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que delega en los colegios públicos de abogados de las distintas provincias, el otorgamiento, gobierno y control de la matrícula federal.

Se ha dicho, y se lo ha dicho bien, que el Siglo XXI será el siglo del Poder Judicial, como el XIX fue el del Poder Legislativo y el XX del Ejecutivo. Si ello fuere así en nuestro país se impone hacer una reforma integral de la Justicia, que comience por su más alto tribunal. Alguna de las ideas expuestas en este trabajo puede servir para alcanzar este loable propósito.

Córdoba, Agosto de 2017.