Los números de la Justicia

Dama de la justicia

Dama de la justicia

La Justicia, como virtud y esencia del derecho, es “dar a cada uno lo suyo”; y para afianzarla, como exige la Constitución, se necesita que la conducta de todos nosotros sea recta, y se rija por lo que establecen las leyes, que son las que nos indican que es “lo suyo” , o que es lo justo. Para que ello ocurra es imprescindible educar.

Pero, además, uno de los tres poderes de nuestro gobierno lo conforman los tribunales de Justicia, que tienen por función hacer aplicar la Constitución y las leyes, para que haya justicia.

Respecto de la virtud, la estadística lamentablemente nos demuestran que convivimos con un alto porcentaje de anomia, cuando se pregunta en una encuesta por el “nivel de respuesta del Poder Judicial” el 73% responde que es regular o mal.

El deficitario funcionamiento del Poder Judicial de la Nación lo demuestra, en la actualidad, el hecho que de los 993 cargos de jueces que lo integran -de los cuales 544 corresponden a la Justicia Nacional- hay, nada menos, que 259 vacantes -147 corresponden a la Justicia Nacional-. En 10 de las cuales ni siquiera se ha convocado a concurso, en otros 233 está en trámite; en el despacho del Presidente de la República hay 19 ternas para que se designe el magistrado, y le pida al Senado que les preste acuerdo; y 7 designados esperan que esta Cámara les preste acuerdo.

En el Poder Judicial de la Nación, además de los jueces federal lo componen también los mal llamados tribunales Nacionales, que tienen 55% de los cargos de jueces, y que son los equivalentes a los provinciales y que atienden los juicios de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); que todavía no fueron transferido a dicha ciudad como lo exige desde 1994 la Constitución (Art. 129); y que sostenemos todos los argentinos.

Además del 26% de vacantes que tiene el Poder Judicial, la distribución de los tribunales no es equitativa, si observamos que en la CABA hay 12 jueces federales, para 2.890.151 de habitantes; y solo 7 en la provincia de Córdoba, que tiene 3.308.876 y un territorio de 165.321 km² contra 203,3 km² que posee la CABA. Santa Fe lo atienden 9 juzgados federales, con 3.194.537 habitantes. Las ciudades de Rosario y Mendoza tienen 4 juzgados federales y en la de Córdoba hay solo 3, a pesar que el gran Córdoba tiene 1.330.023 habitantes, el gran Rosario 1.198.528 y el gran Mendoza 1.086.066 (Censo de 2010).

La Corte

Si la reforma de la Justicia comienza por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy tiene 5 jueces (en otras época tuvo 7 y 9), su mayor problema es la gran cantidad de causas que atiende. En 1998 resolvió en 46.435 expedientes -la mayor cifra de su historia-; 9886 en 2012 -año en que su presidente, Ricardo Lorenzetti, y su vice, Elena Highton, redactaron con Aída Kemelmajer de Carlucci el anteproyecto de Código Civil Comercial-; 25.150 en 2014 y en 2015 lo hizo en 18.918 expedientes (185 fallos fundados –algunos deciden varios expedientes-, 1.174 remiten a otros precedentes, desestimó 5.050, y dictó 2668 autos sobre competencias, honorarios, aclaratorias, etcétera). La Suprema Corte de los EEUU, que tiene 9 jueces (igual que el Tribunal Superior de Jujuy), cada año falla solo un centenar de causas.

Estos números son más que suficiente para demostrar que estamos lejos de tener la Justicia que nuestro país necesita.

Buenos Aires, septiembre de 2016.

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No matar al niño o a la niña por nacer

"El derecho a la vida, desde la concepción, es esencial a la dignidad de la persona humana"

“El derecho a la vida, desde la concepción, es esencial a la dignidad de la persona humana”

SUMARIO: I. Introducción. II. Normas positivas. III. Proyectos de leyes. IV. Violencia de género. V. La Corte convalida aborto en un embarazo de 19 semanas.VI. Críticas al fallo. VII. Argumentos que merecen ser escuchados. VIII. El Protocolo de las Provincias. IX. Objeción de conciencia. X. Conclusión.  

I. Introducción

El derecho a la vida, desde la concepción, es esencial a la dignidad de la persona humana, de allí el “No matarás” del Decálogo del Antiguo Testamento (Génesis 9,5, Éxodo 20, 13 y Deuteronomio 5:17), y que se repite en el Nuevo (Mateo 19:18, Marcos 10:19 y Lucas 18:20), que no hace otra cosa que declarar el derecho natural que tiene todo ser humano, varón o mujer, a vivir.

II. Las normas positivas

La Constitución Nacional (CN) señala que “la vida, el honor o las fortunas de los argentinosno puede quedar a merced de gobiernos o persona alguna” (art. 29) y cuando fue reformada en 1994, se le agregó que “Corresponde al Congreso: (…) Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.” (Art. 75 inc.23) Ello no deja dudas de que el niño o la niña, sujetos de derecho, existen desde que son concebidos en el seno materno.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos regla que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” (Art. 4) 

La Constitución de Córdoba dice que: “Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: 1. A la vida desde la concepción (…).” (19 inc. 1)

El Código Civil y Comercial (CCC) expresa que: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción.” (Art. 19)

El Código Civil (CC) ya decía: “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre.” (Art. 70).

El Código Penal castiga con reclusión o prisión a los abortos practicados con y sin el consentimiento de la mujer, sean ellos dolosos (art. 85) o culposos (Art. 87), pero admite dos excusas absolutorias: “1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios.” (Aborto terapéutico) y “2. Si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.” (Art. 86). Exime de pena, además, la tentativa de aborto. (arts. 88).

Pero el CC decía también que: “El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código delito.” (Art. 1072). Y en la Nota de este artículo dice que: “La palabra delito tiene en derecho civil una significación diferente de la que tiene en el derecho criminal. El derecho civil designa toda acción ilícita por la cual una persona a sabiendas e intencionalmente perjudica los derecho de otra. En el derecho criminal, designa toda infracción definida y castigada por la ley penal. No todos los delitos civiles constituyen delitos del derecho criminal, porque la ley penal no castiga todos los actos que atacan los derechos de otros (…).” lo que nos permite afirmar que si no hubiere delito ni pena en el Código Penal, como es el caso de las excusas absolutorias, los sigue habiendo como delito civil, por lo que el abortar, aunque no tenga pena en el Código Penal, nunca se lo puede calificar como un “derecho”.

III. Proyectos de leyes

En la Cámara de Diputados hay actualmente un proyecto de ley, que lo firman 53 diputados, para Respetar y proteger la vida de todos los seres humanos desde su concepción, a partir de la fecundación del óvulo, hasta su fin natural”, para los casos de violaciones, el proyecto de la Red Federal de Familias prevé que se le pague a la mujer una asignación del Estado hasta el momento del alumbramiento. Si decide hacerse cargo de la crianza, seguirá entonces cobrándolas hasta que su hijo cumpla los 18 años. En caso de que no decida criarlo, el Estado garantizará la adopción del chico y quien cobrará la asignación será la familia adoptante.

Hay dos proyectos de ley que en consonancia con la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito pretenden legalizarlo, entre las 12 o las 14 semanas del embarazo, tiempo en el cual las mujeres podrán decidir voluntariamente la interrupción del embarazo, sin necesidad de que intervenga la Justicia. La iniciativa que tiene mayor adhesión la firman 40 diputados[1], un número alto pero menor al apoyo que tuvo la iniciativa en 2014, cuando cosechó más de 70 rúbricas.

IV. Violencia de Género

Enfatizamos lo de la “niña por nacer” ya que en los últimos tiempos se han difundido teorías que sostienen que abortar es una suerte de “derecho” que tienen las mujeres embarazadas de poderle quitar la vida al ser que llevan en su seno (usando la expresión: “interrumpir el embarazo”) y que, además, en el país más poblado de la tierra, la República Popular China, donde está autorizado el aborto y está prohibido tener más de un hijo –lo que en los últimos tiempos se anuncia flexibilizar-, el mismo se practica con frecuencia en forma selectiva y en perjuicio de las mujeres por nacer, en razón que en esa cultura se entiende que los varones son la continuidad de la familia, y son los que mantendrán a los padres y abuelos cuando estén impedidos de trabajar y de tener ingresos, ya que el sistema previsional es muy precario. Se estima que entre las 8 y las 10 semanas del embarazo se puede saber si la persona que está en el seno materno es varón o mejer. Esta discriminación en el país más poblado de la tierra atenta contra el derecho a la vida de las mujeres y a la igualdad de género.

Por otro lado, los graves daños personales que le acarrea una madre el embarazo producido por una violación no se reparan ni justifican quitándole la vida a la persona por nacer. Como bien indica Alberto B. Bianchi “(…) el aborto borra de la violación únicamente al ser en gestación. No restaura ni el daño físico ni el psíquico que la mujer haya sufrido. Al contrario, agrega un sufrimiento más: el de haber abortado. Sabemos perfectamente que toda mujer al abortar, aun cuando lo haga por estricta conveniencia y bajo el mejor de los controles sanitarios, sufre psíquicamente. ¿Tiene sentido entonces el aborto?”[2]

 V. La Corte convalida aborto en un embarazo de 19 semanas

En nuestro país donde el que aborta comete un delito, según el Código Penal, la Corte Suprema en el caso: “F., A.L. s/ medida autosatisfactiva” del 13/3/2012 convalidó un aborto ya consumado en Trelew a una adolescente de 15 años, que tenía 19 meses de gestación (casi a los 5 meses), luego que su madre el 14 de enero de 2010, le solicitara a la justicia penal de la Provincia del Chubut —donde se instruía una causa contra su esposo por la violación de esta hija— que se dispusiera el aborto del embarazo de su hija, en base a lo previsto en el art. 86, incisos 1º y 2º, del Código Penal, señalando que el 3 de diciembre de 2009 había denunciado la violación ante el Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut y que, el 23 del mismo mes y año, un certificado médico dio cuenta de que la adolescente cursaba la 8ª semana de gestación. El juez penal, y un fiscal luego, dijeron que carecían de facultades para adoptar la medida solicitada.

La madre, entonces, demandó solicitando una medida autosatisfactiva con fecha 22 de enero de 2010, que reeditó ante la justicia de familia. Tales peticiones fueron rechazadas tanto en la primera instancia, como en la cámara.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut, el 8 de marzo de 2010, revocó la decisión de la Cámara y admitió la solicitud, por tratarse de un “aborto no punible” previsto en el inciso 2º, primera parte del art. 86 del Código Penal; porque el aborto era compatible con el plexo constitucional y convencional y que, pese a la innecesaridad de la autorización judicial de esta práctica, se la otorgaba para concluir el caso. El aborto se produjo el 11 de marzo de 2010 en el Centro Materno Infantil del Hospital Zonal de Trelew.

La Corte Suprema de Justicia en fallo del 13/3/12 rechazó del recurso extraordinario por unanimidad; y además dispuso: “2) Exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y a hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual.” 3) Exhortar al Poder Judicial nacional, y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente.”

VI. Críticas al fallo

En el caso “F., A. L.” la Corte no resolvió una “causa” (Art. 116 C. N.) ya que el aborto se había practicado, por lo que el objeto de esa medida autosatisfactiva, se había tornado abstracto.

Tampoco se trató lo de la inconstitucionalidad del inciso 2º del artículo 86 del Código Penal, ya que en el voto de la mayoría solo se hace una interpretación de su alcance, sin mencionar los fundamentos racistas que la inspiraron, ni se analizó lo de la colisión del intereses entre el interés de la madre y el niño o la niña por nacer, que sí indican los votos de Argibay y Petracchi, sin dar razones del por qué se hace prevalecer el interés de la madre sobre de la vida del ser que se le quitó la vida a los 19 meses de su gestación, el más débil de este conflicto. En que norma se declara o reconoce: ¿el “derecho” a abortar?

La Convención sobre los Derechos del Niño declara que: “todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” (Art. 6.1). La ley 23.849 que lo aprobó declaró que: “debe interpretarse que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción” (Art. 1). Pero la Corte en el fallo F,.A.L. en el considerando 13 del voto de la mayoría, señaló que: “el artículo 2º de la ley 23.849, en cuanto estipula que el artículo 1º de la Convención “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción”, no constituye una reserva que, en los términos del artículo 2º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, altere el alcance con que la Convención sobre los Derechos del Niño rige en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Esto porque, como surge del texto mismo de la ley, mientras que el Estado Argentino efectuó una reserva con relación a la aplicación del artículo 21 de la Convención, respecto del artículo 1º se limitó a plasmar una declaración interpretativa”. Nosotros entendemos que esta declaración interpretativa obliga a los tribunales argentinos porque es una definición legislativa que no puede ser desoída por los jueces de la Corte que cuando juraron lo hicieron de “desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente” (Art. 112 CN). Además, esta interpretación es coherente con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de derecho humanos que tienen jerarquía constitucional, que reconocen el derecho a la vida de la persona desde la concepción. Este criterio no puede ser desplazado invocando opiniones de organismos o tribunales internacionales.

Lo expresado por la Corte nos mueve a preguntarnos si esa interpretación no obliga a las autoridades y a los habitantes de nuestro país, ¿para qué la ley ordenó que se hiciera? ¿Por qué al declararlo de jerarquía constitucional, al reformarse la Constitución en 1994, se agregó que se lo hacía “en las condiciones de su vigencia” (Art. 75 inc.22)

Horacio Rosatti, que fue convencional constituyente de esa Convención y ahora juez de la Corte, al explicar la razón de la incorporación de la expresión “en las condiciones de su vigencia” en el inciso 22, dijo: “puedo afirmar, como convencional constituyente e integrante de la Comisión de Redacción de la Reforma de 1994, que el fundamento histórico de la incorporación de esta expresión en la Convención –más allá de que una vez inserta en el texto constitucional tal expresión cobra vigencia generalizada– no fue otro que reforzar (indirectamente) la posición de un sector de convencionales que aspiraba a consagrar constitucionalmente el criterio de que la vida humana comienza al momento de la concepción.[3]

VII.  Argumentos que merecen ser escuchados

Alfonso Santiago ha dicho, y ha dicho bien, respecto de la sentencia del caso “F., A.L.” que: “La Corte Suprema dictó este fallo sin estricta necesidad jurídica ya que el caso se había tornado abstracto. Es más, a través del dictado de esta sentencia pretendió establecer toda una política pública en esta materia desbordando por completo su función institucional.

Nuestro máximo tribunal no sólo no protegió los derechos constitucionales de las personas por nacer, sino que fijó positiva y abiertamente un sistema que los lesiona grave y arbitrariamente e impide su defensa en sede judicial. Pretende imponer dicho sistema arbitrario al Congreso y a las legislaturas provinciales, impidiendo ilegítimamente la misma posibilidad del debate legislativo en esta cuestión. Sin base constitucional ni legal alguna, fundándose únicamente en dictámenes y opiniones de organismos internacionales de cuestionable entidad, precisión y obligatoriedad jurídicas (soft law), pone en cabeza del Estado una prestación médica obligatoria consistente en el aborto o exterminio de la persona por nacer cuando ella haya sido concebida como fruto de una violación y cuando así sea solicitado por su madre.”

En un dictamen de noviembre de 2010 la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas nos recuerda que: “Las excusas absolutorias previstas en el art. 86 del Código Penal, que se intenta ampliar en el proyecto de “aborto no punible” que se encuentra en trámite (…), fueron incorporadas al mencionado ordenamiento punitivo a propuesta de la Comisión de Códigos del H. Senado de la Nación, formulada en el dictamen expedido el 26 de septiembre de 1919.”

En dicho dictamen, la Comisión fundó su propuesta en doctrinas eugenésicas y racistas que se encontraban en boga, sin advertir sus adherentes que las mismas conducirían y servirían de sustento al régimen nacional socialista instaurado en Alemania a partir de 1933. Al auspiciar la no punibilidad de la interrupción provocada de la gestación practicada en una mujer “idiota o demente” que hubiera sido violada, la Comisión expresó que “era la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada…, nazca un ser anormal o degenerado”. Argumentó seguidamente sobre “el interés de la raza”, y se preguntó, citando doctrina española, “¿qué puede resultar de bueno de una mujer cretina o demente?”. En definitiva, la Comisión consideró que “es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con intervención facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza”[4][5]

Con esos argumentos racistas, que pocos años después contribuyeron al establecimiento de un régimen demencial que empujó al mundo a la segunda guerra mundial, que no vaciló en inmolar a minusválidos, judíos, cristianos y gitanos, y que persiguió a todos los que se opusieron a sus designios totalitarios, se introdujeron en el Código Penal las excusas absolutorias que ahora se intenta ampliar en el Congreso de la Nación.”

Las excusas absolutorias del art. 86 del Código Penal resultan manifiestamente inconstitucionales ante textos explícitos que amparan de modo irrestricto al niño por nacer desde el instante de su concepción. Por eso, en un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado que “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional (…), derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional” (C.S.J.N. “Sánchez, Elvira Berta c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, dictamen de la Procuración General del 28/02/2006 y votos de los Ministros Higthon de Nolasco y Eugenio Zaffaroni).”

El médico Tabaré Vázquez, presidente socialista de Uruguay, al vetar en noviembre de 2008 la ley que autorizaba el aborto en las doce primeras semanas de gestación afirmó que: “Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España.

La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos –incluido el nuestro– el ADN se ha transformado en la ‘prueba reina’ para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, incluso en hipótesis de devastación, o sea cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano, aun luego de mucho tiempo. El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia. (…)

“Por otra parte, al regular la objeción de conciencia de manera deficiente, el proyecto aprobado genera una fuente de discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos, y tampoco permite ejercer la libertad de conciencia de quien cambia de opinión y decide no realizarlos más. Nuestra Constitución sólo reconoce desigualdades ante la ley cuando se fundan en los talentos y virtudes de las personas. Aquí, además, no se respeta la libertad de pensamiento de un ámbito por demás profundo e íntimo. Este texto también afecta la libertad de empresa y de asociación, cuando impone a instituciones médicas con estatutos aprobados según nuestra legislación, y que vienen funcionando desde hace más de cien años en algún caso, a realizar abortos, contrariando expresamente sus principios fundacionales.”

“El proyecto, además, califica erróneamente y de manera forzada, contra el sentido común, el aborto como acto médico, desconociendo declaraciones internacionales como las de Helsinki y Tokio, que han sido asumidas en el ámbito del Mercosur, que vienen siendo objeto de internalización expresa en nuestro país desde 1996 y que son reflejo de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física.”

“De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar sola. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto.”

VIII.- El Protocolo de las Provincias

La Corte en “F., A.L.” exhortaa implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”, y “a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente” ; lo que para el niño o la niña por nacer sería “criminalizar” la cuestión. El dictar normas para que en el futuro se pueda abortar, con la sola declaración jurada de la madre o su representante legal, es legalizar el aborto y arrogarse una atribución propia del Congreso, desconociendo lo que dispone la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos antes citados.

En consecuencia, las provincias no tienen por qué seguir el criterio que pretende imponer la Corte Suprema respecto de los protocolos de actuación del personal médico de los hospitales, aunque a ellos se les reconozca el derecho a la libertad de conciencia, ya que ello es facilitar el accionar que atenta contra el derecho a la vida del niño durante el embarazo.

Algunas provincias, como la de Córdoba, aprobaron un protocolo para hacer efectivo el juramento de la madre que quiere justificar la práctica abortiva fundada en que ha sido violada, siguiendo la exhortación hecha por la Corte Suprema en el fallo antes comentado.

Ello fue judicializado en el caso “Portal de Belén Asociación Civil c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/amparo” donde el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, Federico Ossola, rechazó el amparo que pedía la inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal y la Resolución 93/12 del Ministerio de Salud, regulatoria de las practicas que debía seguir la mujer que quiera abortar afirmando que fue violada. Además declaró inaplicable por inconstitucional la clausula de la Resolución impugnada que preveía como único requisito para que se le practique un aborto a la solicitante sea la presentación de una declaración jurada.

El 21 de mayo de 2013 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación revocó parcialmente el fallo de primera instancia     y ordenó a la demandada que “se abstenga de aplicar las disposiciones de la Resolución del Ministerio de Salud N° 93 del 30 de marzo de 2012 y su anexo I denominado “Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, según lo establecido en el artículo 86 incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación” que se declara inconstitucional.

En el voto del doctor Guillermo Barrera Buteler se afirma que: “El hecho de que el legislador penal haya eximido de pena a determinada conducta no necesariamente la transforma a ésta en una conducta lícita y, menos aún, en un derecho exigible“. Que ” (…) existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla”. Que además la Resolución ministerial y su Anexo (…),”según lo establecido en el artículo 86 incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación” es claramente inconstitucional porque el Poder Ejecutivo local se ha excedido en sus atribuciones ya que, aún con el propósito de ajustarse estrictamente a los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso F.A.L., no podía dictar una norma reglamentaria que abiertamente contradice, no sólo el espíritu, sino la letra explícita de los arts. 5 inc. b) y 7 inc. d) de la Ley 6222.” Continua el voto afirmando que “Ha quedado de manifiesto entonces que la resolución ministerial de que se trata es inconstitucional, no sólo porque al contradecir la ley provincial 6222, violenta el reparto de atribuciones entre los poderes del Estado Provincial, sino además y sobre todo, porque en su contenido se aparta abiertamente del mandato de los arts. 4, 19 inc. 1° y 59 de la Constitución Provincial de respetar y proteger la vida de los niños por nacer.

Otro de los párrafos del fallo dice que “Si el Congreso de la Nación tiene potestades delegadas para legislar en materia penal, sólo él puede determinar cuándo una conducta es merecedora de sanción penal y cuándo no lo es. Ahora bien, el hecho de que el legislador penal haya eximido de pena a determinada conducta no necesariamente la transforma a ésta en una conducta lícita y, menos aún, en un derecho exigible.” Y agrega: “De ahí que es innegable que existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla, pero la distancia es todavía mayor si lo comparamos con reconocer el derecho a que se proporcionen los medios materiales para ejecutarla.” Dice también que: “(…) el Código Penal no otorga una autorización para abortar en los casos de los incisos del art. 86 ni, menos aún, confiere un derecho a hacerlo; se limita a disponer que en esos casos no habrá sanción penal, pero eso no obsta a la plena vigencia de las normas civiles y de Derecho Público local que siguen regulando las consecuencias no penales de esos abortos como actos antijurídicos que continúan siendo, aunque se los haya eximido de pena.

El voto dice además que: “No porque el legislador nacional haya dispuesto que, en ciertas condiciones, no es punible el aborto, éste deja de ser la privación de la vida de un niño.” Y, agrega, que: “(…) el Gobierno Federal puede decidir si desincrimina o no el aborto en determinadas circunstancias, pero de ahí a imponerle a la Provincia que, a través de sus instituciones sanitarias, deba acudir en auxilio material y positivo de quien desee cometer el aborto, hay una inmensa distancia, máxime cuando esto es clara y manifiestamente reñido con disposiciones explícitas de la Constitución local.” Para decir también: “De ahí que se verifica con toda claridad que la vigencia de dicha reglamentación administrativa constituye una amenaza inminente y grave para el derecho a la vida de los niños por nacer y, como la incompatibilidad con la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales salta a la vista sin necesidad de mayor debate o prueba, estamos frente a un supuesto de ilegitimidad manifiesta del acto lesivo, que torna procedente sustancialmente la acción de amparo intentada”.

XI.- La Objeción de conciencia

Norberto Padilla ha dicho, además, que “La Corte no omitió mencionar el serio tema de la objeción de conciencia. A la manera de proyectos legislativos en danza, supedita su procedencia a que sea ejercida “en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades del establecimiento de salud correspondiente”. Curiosa forma de inmovilizar la conciencia, ya que si con el correr del tiempo, quizás después de practicar varios abortos, quizás tras una nueva reflexión ética o religiosa, el profesional replantease sus pautas morales, se vería imposibilitado de ser atendido y respetado. Esta restrictiva visión de lo que es la objeción de conciencia “impropia” (en tanto determinada anticipadamente por una norma o se haya, como aquí, “judicializado”) ciertamente no invalida la que es “propia”, cuando la persona tiene la necesidad de conformar su actuar a imperativos de conciencia aunque sea “contra legem”, que es el supuesto más analizado por la doctrina y jurisprudencia”. Un médico o una enfermera, entonces, que no haya invocado la objeción de conciencia “al inicio de la actividad del establecimiento” estaría obligado a practicar un aborto de una madre con un embarazo de 8 meses y medio con solo solicitarlo con una declaración jurada; algo que se parece mucho a matar a un recién nacido. En su comentario Padilla agrega que: “Dado que “todos” los establecimientos que atienden embarazos y partos están obligados a contar con los medios humanos y técnicos, la llamada “objeción de conciencia institucional” no está contemplada. El argumento que suele utilizarse es que la conciencia es de las personas físicas, no de las jurídicas.”

El Papa Francisco le dijo a los médicos:La fidelidad al Evangelio de la vida y al respeto de la misma como don de Dios requiere a veces opciones valientes y contracorriente que, en particulares circunstancias, pueden llegar a la objeción de conciencia“, a les agregó que: “el aborto no es un problema religioso, ni filosófico, sino científico” porque “es una vida humana y no es lícito liquidar, matar una vida humana para resolver un problema“.[6][7]

X.- Conclusión

Las razones expresadas en defensa de la vida del niño o de la niña por nacer me parecen que son más que suficientes para que las personas y los gobiernos la respeten y faciliten su nacimiento, incluso cuando la madre haya sido violada. Igualmente el dolor que sufre la madre por un embarazo no querido o fruto de una violación debe ser atendido por los que la rodean y por instituciones dependientes del Estado, sin atentar contra la vida del ser que va a nacer.

Córdoba, septiembre de 2016.

[1] Diputados: Victoria Donda Pérez, Carolina Gaillard, Alcira Argumedo, Myriam Bregman, Alicia Ciciliani, Margarita Stolbizer, Carla Carrizo, Soledad Sosa, Cecilia Moreau, Juan Villalonga, Carlos Heller, Julio Raffo, Samanta Acerenza, Brenda Austin, Karina Banfi, Miguel Bazze, Graciela Cousinet, Lucila De Ponti, Edgardo Depetri, Alejandro Echegaray, Gabriela Estévez, Araceli Ferreyra, Leonardo Grosso, Andrés Guzmán, Silvia Horne, Pablo López, Federico Masso, Raúl Pérez, Néstor Pitrola, Héctor Recalde, Olga Rista, Gabriela Troiano, Marcelo Wechsler, Sergio Wisky.

[2] Bianchi, Alberto B., En contra del aborto. Un genocidio cotidiano, silencioso y protegido, Ábaco, Buenos Aires, 1998, pp. 120 y 121.

[3] Rosatti, Horacio D., “El Llamado ‘Control de Convencionalidad’ y el ‘Control de Constitucionalidad’ en la Argentina”, en La Ley, Suplemento Constitucional, N° 1, 13 de febrero de 2012, p. 4. Rosatti concluye de modo categórico que “no es históricamente cierto que la expresión ‘en las condiciones de su vigencia’ –en referencia a la incorporación al orden jurídico argentino de los tratados internacionales sobre derechos humanos– haya sido considerada en la Convención Constituyente como un equivalente a ‘con la interpretación que de tales instrumentos realicen los tribunales internacionales competentes’” (ob. cit., p. 5).

[4] Alfonso Santiago “El desconocimiento de la igual e inviolable dignidad de la persona humana en un reciente fallo de la Corte Suprema argentina” .

[5] Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.719, Edición Oficial, págs. 268/269, Buenos Aires, 1922.

[6] Norberto Padilla “Objeción de conciencia frente al aborto”, FORUM. Anuario del Centro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, 04, año 2016. EDUCA. Pág. 29.

[7] Discurso de SS Francisco a los profesionales de la Asociación de Médicos Católicos italianos que se reunieron en el Vaticano.(15/11/14)

Como reformar la justicia en Córdoba

Edificio de tribunales de Córdoba

Edificio de tribunales de Córdoba

I.      Introducción

La palabra justicia expresa una virtud, que es la esencia del derecho; y, en el sentido institucional, alude a los tribunales de los poderes judiciales:

Federal, de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA).  No hay Justicia administrativa.

La reforma judicial podría iniciarse con una reforma de la Constitución, o a partir de normas sub-constitucionales, que es como intentaremos proponer nosotros en este trabajo.

Nuestra Constitución es presidencialista, federal y de control constitucional difuso, y no el posmonárquico o parlamentarista, y a ello debemos atenernos, Los cambios inspirado en este último no son siempre han sido acertados, como el de crear tribunales administrativos (v.gr.: el Fiscal de la Nación o los de falta municipales) o el de adoptar la casación, el contencioso administrativo y el Consejo de la Magistratura.

II.  La reforma del Poder Judicial de la Nación  

Las reformas de los tribunales debe comenzar por el de mayor jerarquía y  autoridad que en este caso es la Corte Suprema de Justicia Nación, por lo que hay que decidir cuál debe ser su composición -si es de cinco o de siete-, dejar de ser el tribunal superior de la justicia nacional, que debe ser transferirla a la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) y de limitar los que vienen de los tribunales superiores de provincia, para así disminuir la cantidad de causas que atiende.

·       Transferir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) mediante una ley convenio, los llamados tribunales Nacionales y los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos, con sede en Capital Federal, para que se integren al Poder Judicial y al Ministerio Público de dicha ciudad (Art. 129 y Disposición transitoria decimoquinta “infra” CN). Transferir también el Registro de Propiedad y la Inspección Nacional de Justicia.

·       Incorporar a las causales del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 la de sentencias arbitrarias, enumerando las causales elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y autorizar los recursos in forma pauperis.

·       Suprimir la expresión “de competencia federal” del art. 257 bis del CPCCN (según ley 26.790) a los efectos que el recurso per saltum pueda, también, ser interpuesto en contra de las sentencias de los tribunales provinciales de primera instancia, y hace efectivo también en estos casos el principio de igualdad (art. 16 de la CN).

·       Autorizar a la Corte Suprema para que apruebe y publique un Código de Estilo, para uniformar y mejorar la elaboración y comunicación de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción – en soporte papel o digital- de sentencias, fallos, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas, informes, memorandos, circulares, certificados, pliegos de interrogatorios, declaraciones, pases, oficios, notificaciones, citaciones, órdenes de arresto o allanamiento, exhortos, correspondencias, notas, esquelas, invitaciones, partes de prensa, tarjetas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado, márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, las forma en que se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados. Los escrito que se presenten ante la Corte deberán tener una portada de colores diferentes, según que sea el del recurso extraordinario, la contestación del traslado, al queja, el del Amigo del tribunal, la petición de audiencia, la presentación de la Procurador Fiscal o del Defensor Público, o los recursos de aclaratoria o reposición. Deberá incorporarse a este código las normas el reglamentaria para los escritos de los recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN, establecidos por este Tribunal en la Acordada No. 7 de 2007. Deberá preverse el caso de los escritos, o párrafos de los mismos, o citas en idioma extranjero para que se presenten con la correspondiente traducción. Para la confección de este Código habría que tomar alguna de las disposiciones de las Reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, especialmente las 21, 33 y 34. Deberá autorizar a los tribunales a dictar únicas sentencias, u ordenar trámites, para varios juicios idénticos o similares que se tramiten en un mismo tribunal.

·       Derogar el Acuerdo No. 20/96 de la CSJN que impide gravar con del impuesto a las ganancias a los jueces, y hacerlo aplicable a las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público federal, de las provincias y de la CABA, exceptuando a los jueces que se encuentren ya designados y en ejercicio de su cargo (Art. 110 Constitución Nacional), y aplicarlo solamente a los que sean designados en adelante. Antes de su aplicación deberá hacerse una recomposición de las remuneraciones que compense la disminución de los ingresos.

 

III.Provincia de Córdoba

Dentro del marco de la Constitución provincial la reforma al Poder Judicial de la provincia de Córdoba  haría necesarios que se dicten las siguientes leyes para:

·        Que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea realmente un tribunal constitucional, y no de casación como lo es casi exclusivamente hoy, que atienda losrecursos de inconstitucionalidad contra los fallos de las cámaras de apelaciones, y que ejerza las demás cuestiones que le asigna el artículo 165 de la Constitución Provincial. La primera de ellas (Inc. a), referida a las acciones declarativas de inconstitucionalidad –individuales y colectivas– que deberá ser reglamentada con un trámite sencillo, en un Código de Procedimiento Constitucional -como el que proyecté cuando fui diputado nacional y que rige ahora en Tucumán-, en el que no se exija que la norma o acto cuestionado no haya comenzado a ser aplicado, como interpreta en la actualidad el TSJ haciendo casi imposible su admisión. Cuando actúe como tribunal constitucional se evitará que muchos de sus fallos sean recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ocurre actualmente, lo que es otro motivo de dilación.

·        Autorizar por ley la realización de Audiencias Públicas: informativas, conciliatorias y ordenatorias, y la participación de “Amigo del tribunal”, cuando se tramiten recursos y acciones ante el Tribunal Superior de Justicia, como lo hace la Corte.

·        El Tribunal Superior deberá acordar con la Corte Suprema la creación del Registro de juicio colectivos, como ello lo tiene establecido en la Acordada N° 32/14.

·        El TSJ, además, no deberá participar de la discusión de las remuneraciones de los magistrados y empleados, ni de lo que tiene que ver con la infraestructura de los tribunales, tarea que debe quedar a cargo del Ministerio de Justicia.

·        Que las causas civiles, comerciales, de quiebra, de familia, de menores, criminales, criminales económicos, correccionales, laborales, contencioso administrativa, tributarios, electorales, de faltas y de paz se tramiten en doble instancia. La primera ante los jueces especializados o de competencia múltiple que la ley ha creado; y la segunda ante las cámaras de apelaciones que podrán revisar todos los agravios de hecho y de derecho que se le planteen. Para ello habrá una cámara única en cada circunscripción en que se divide la provincia, las que se dividirán en salas -de tres jueces- que atenderán las distintas materias (civil, comercial, criminal, laboral, etc. o de competencia múltiple). Con ello se garantizará el Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” como exige el artículo 8, 2, h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el inc. 22, del art. 75 de la Constitución  Nacional; y la doctrina de la Corte Suprema en “Casal, Matías Eugenio” del 20/9/05.

·        De esta manera los recursos de casación serán sustituidos por los de apelación en los que las salas de las Cámaras y no las del TSJ revisarán no sólo el derecho sino también los hechos que fundan los fallos de primera instancia.

·        Para las causas contencioso administrativo deberán crearse o habilitarse juzgados de primera instancia; con un procedimiento breves, que unifique las acciones de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad, en el que no tenga participación un fiscal y en el que se unifiquen los actuales recursos de apelación, cuando la provincia es parte, con el de casación, en los demás casos, en una única apelación, la que, al igual que el recurso de revisión, deberán tramitarse ante las respectivas salas de las cámaras, y no en el TSJ como ocurre ahora. El agotamiento de la vía administrativa deberá  ser limitado y en algunos casos suprimido.

·        En las causas criminales, criminales económicas y correccionales, seguirán  siendo atendidas por los jueces de instrucción, y las salas de las Cámaras que receptan los juicios orales y dictan las sentencias -en forma colegiada o unipersonales-, de acusación; y habrá que crear o habilitar otras de apelación, que sustituyan la sala penal del TSJ.

·        Deberán derogarse las leyes que admiten los juicios por jurados por: no haber sido establecidos por ley federal (Arts. 24 y 75 Inc. 12 de la C. N.); por no ser “populares” ya que no son elegidos por el pueblo, ni por sus representantes; por ignorar el derecho; por discriminar a los abogados y jueces que no pueden integrarlos; porque la experiencia indica que sus fallos no son mejores, y porque el jurado hace más engorroso, lento y costoso los juicios.

·        En materia laboral los jueces de conciliación pocas veces toman la audiencia de conciliación y en las cámaras las audiencias orales se hacen y fallan con un solo vocal, por lo que la doble instancia debería reorganizarse con juzgados de primera instancia en los que tramitan el juicio desde la demanda hasta la audiencia oral y la sentencia, y las apelaciones sean atendidas por las salas laborales de las Cámaras que haya en cada circunscripción. A solicitud de parte, en cualquier etapa del proceso, se puede hacer una audiencia de conciliación, que será atendida en una oficina especializada, como ya se ha creado como “experiencia piloto” a nivel de Cámara.

·        Las apelaciones de los fallos del Juzgado Electoral, deberán ser resueltos en una sala de la Cámara de la Capital y no ante el TSJ.

·        Las contravenciones o faltas que actualmente juzgan los tribunales de falta policiales o municipales, contrariando lo que dispone la Constitución provincial (Art. 153),  deberán se resuelto por los tribunales contravencionales o de falta de la justicia provincial.

·        Deberán designarse más jueces y reformarse las normas procesales  para simplificar y uniformar los trámites.

·        La digitalización y despapelización de los procesos servirá para acortar distancias entre el litigante y el tribunal, evitará la permanente concurrencia a los tribunales y no será necesario constituir domicilio en donde tenga asiento el tribunal, pudiendo presentarse escritos y hacerse notificaciones digitalmente. Uniformar y complementar el sistema digital entre los  tribunales federales y provinciales y con los que poseen los estudios jurídicos.

·        Deberá dictarse un Código de Procedimiento Constitucional

Reforma Constitucional

Como lo propusimos, sin éxito, cuando fui constituyente en 1987 con otros colegas, cuando se reforme la Constitución provincial debería dársele autonomía al Ministerio Fiscal e incorporar en su texto al Consejo de la Magistratura; integrado por legisladores, jueces y abogados, que tendrá a su cargo: la Escuela de la Magistratura, los concursos de los que aspiran a ser jueces o fiscales inferiores y el actuar como jurado de enjuiciamiento de los magistrados inferiores cuando sean acusados por la Legislatura con dos tercios de votos.

Estas ideas quieren ser un modesto aporte a un debate, en el que hoy son más frecuentes las quejas que las propuestas, para intentar alguna vez hacer realidad en Córdoba aquello de “afianzar la justicia”.

Córdoba, agosto de 2016.

Derecho a Protestar y a Circular – Represión o Protocolo

Patricia Bulrich

Patricia Bulrich

Los que hemos participando, desde la adolescencia, en manifestaciones estudiantiles, sindicales y políticas no queremos que sean las fuerzas de seguridad las que pongan los límites a este sagrado derecho a expresarse reconocido por la Constitución, los tratados de derechos humanos y las leyes.

No es justo, tampoco, que manifestantes afecten derechos de terceros, como ensuciar fachadas, como ocurrió con las de la Iglesia del Pilar de Córdoba, la que nos tocó pintar (7/1/07) junto a fieles de distintos credos (Comipaz) a modo de reparación.

En la actualidad la vía pública se ha tornado caótica por la gran cantidad de vehículos que circulan, estacionan y trasportan a muchas más personas y mercaderías que antes (en 10 años se duplicó el parque vehicular); y por los cortes, piquetes y movilizaciones en los que se reclama, protesta o adhiere: a huelgas o consignas, o por temas vecinales o de seguridad; lo que atenta, cada vez más, contra los derechos de los que circulan, que van o vienen de trabajar o de estudiar, de recibir atención médica, de tomar un avión, etcétera.

Ante ello las fuerzas de seguridad necesitan un protocolo que regle su proceder, eviten la represión y hagan respetar, por un lado, los derechos constitucionales a reunirse, a peticionar, a protestar y a manifestarse; y, por el otro, a que el resto de los ciudadanos puedan circular, trabajar, estudiar, hacerse curar, etc.; de la misma manera que cuando a vía o lugares públicos se utilizan para hacer un acto patriótico, celebrar un acontecimiento deportivo o realizar una procesión o peregrinación religiosa.

El Código Penal castiga al que: “(…) impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire (…) con prisión de tres meses a dos años.” (Art. 194) Y esta pena se agravaría si, además, se produjeren daños en las cosas (Art. 183) o se atentare contra la vida o la integridad de las personas, recordemos el homicidio de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (26/6/2002). Estas normas, de aplicarse (lo que no es frecuente) sin protocolo, serían suficiente para liquidar los cortes y piquetes, pero ello afectaría el derecho a reunirse, a peticionar a las autoridades, a manifestarse; y podría impedir, incluso, la realización de actos patrióticos, religiosos e, incluso, deportivos.

Por eso, si las fuerzas de seguridad en vez de reprimir facilitan y compatibilizan los derechos a participar de estas concentraciones con el de circular; sin que los policías usen balas de goma o arrojen hidrantes y los manifestantes no hagan uso de la fuerza, de armas, machetes, piedras, ni se cubran el rostro; los derechos de todos quedarán a salvo.

Lo protocolos de la Ministra de Seguridad Nilda Garré (Res. 210/11) y, ahora, el de la Secretaria de Seguridad Patricia Bullrich, de parecido tenor, han sido y son –más allá que se pueda mejorar su redacción (v.gr.: prohibir, en este último, el uso de armas de fuego)- un paso positivo para que las fuerzas de seguridad actúen con prudencia y eficacia para que los derechos de todos puedan ejercerse y cuando haya colisión se negocie y se evite que a los que nos movilizamos se nos reprima o se nos aplique alguna de las penas del Código Penal.

Córdoba, febrero de 2016.

Traspaso de policías y tribunales a la ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

A cada jurisdicción lo suyo 

Es una buena noticia la firma del convenio, entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de gobierno de la ciudad de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, que traspasa la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, con sus 15 mil efectivos desplegados en 54 comisarías, la policía montada, bomberos, y la guardia de infantería, que hasta ahora integran la Policía Federal, al gobierno de la ciudad que actualmente es la capital federal, y donde ya existe la Policía Metropolitana, que cuenta con 6.300 efectivos. Igualmente es auspicioso, el anuncio, que hizo Rodríguez Larreta, de que se estudia junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, hacer lo propio con los tribunales penales de la Justicia llamada “Nacional”.

Con ello el gobierno de la ciudad contará con una fuerza de seguridad de 21 mil policías que coordinados podrán enfrentar los graves problemas que causa la inseguridad ciudadana y, de este modo, se avanza en aquello de que la ciudad se rige por “un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción” (Art. 129 Constitución Nacional), al asignarle funciones, servicios y recursos que, hasta ahora, ejerce inapropiadamente el gobierno federal, y que sostenemos injustamente todos los argentinos, para beneficio exclusivo de los que habitan en la Capital (Art. 75, 2 CN).

El traspaso de la policía federal será gradual y progresiva, ordenada en dos etapas: etapa de transición y etapa de consolidación, la primera de un año, y que podrá ser prorrogada de común acuerdo, y la segunda en que la Nación continuará apoyando a la ciudad en todo lo que tiene que ver con la transferencia. Ello significa que la fusión de los policias federales trasferidos y la metropolitana, como la de sus respectivas jefaturas será gradual, y que lo que no fue transferido de la Policía Federal se ocupará de los delitos federales y muy especialmente del narcotráfico, según los anuncios del gobierno. Aunque siguiendo el modelo norteamericano no estaría mal pensar en especializarla, organizando, por una parte, algo parecido al FBI (Federal Bureau of Investigation), una suerte de Policía Judicial –como la tiene la provincia de Córdoba desde que dictó su nueva Constitución en 1987-, y, por la otra, una especie de DEA (Drug Enforcement Administration), para ocuparse del narcotráfico, algo parecido a lo que recientemente se creó también en la provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que se dedica a combatir el narcomenudeo y asistir a la justicia provincial en esa materia –que es de su competencia-.

También tribunales, fiscales, defensores y reparticiones administrativas afines

 Esto debería completarse con traspasar toda la Justicia llamada “Nacional”, que en la actualidad, junto con la federal –con sede en la Capital y que no debe transferirse-, integra el Poder Judicial de la Nación, y que no solo comprende los tribunales en lo Criminal -que son los que se estudia transferir-, sino también los civiles, comerciales, laborales y de menores, que junto a fiscales y defensores del Ministerio Publico Nacional –que se desempeñan en dichos tribunales- también deberían ser incorporados al Poder Judicial de la CABA.

Los tribunales que pasen a la ciudad dejaran de ser inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y, en adelante, lo serán del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, lo que los acercará más a los usuarios.

Ello permitirá disminuir la cantidad impresionante de causas que atiende y falla la Corte Suprema de Justicia e la Nación, que en gran medida provienen de recursos interpuestos en contra de fallos que dictan los tribunales “Nacionales” con asiento en la ciudad de Buenos Aires. A título de ejemplo, en el año 2010 la Corte Suprema nacional resolvió 11.783 causas, en 2011 lo hizo 9.886 veces, y en cada uno de estos dos años le ingresaron más de 15.000 expedientes, en el año 1998 batió todos los record al fallar 46.435 causas, la mayor cifra de su historia (40.423 previsionales y 6.012 de otras materias); en cambio la Suprema Corte de EEUU falla por año solo un centenar de causas.

Estas transferencias son indispensables para iniciar la reclamada reforma judicial, que la haga más cercana a la gente, más eficaz y acorde las necesidades actuales. No faltarán jueces que resistan la transferencia, e invoque el que “conservarán sus empleos mientras dura su buena conducta” (Art. 112 CN) –como si este cambio afectara su grado, sede, remuneración o imparcialidad-; o que con ello “perderían jerarquía”; o, el otro, que si se dispusiera la intervención federal del gobierno de la CABA (Art. 99, 20 CN) podrían ser removidos.

A estos traspasos habría que sumar los de servicios administrativos complementarios que la Nación presta en y para Buenos Aires exclusivamente, como el Registro de Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia, que también deberían ser cedidos a la Ciudad.

Los provincianos contribuimos, además de para sostener al gobierno de la Nación, al de la provincia y de la municipalidad donde vivimos; los porteños, en cambio, solo tributan al gobierno federal y al de la CABA, y, hasta ahora, utilizan policías federales, tribunales, fiscales y defensores oficiales, que equivalen a los de las provincias, que financiamos todos los argentinos, lo que no se compadece con el principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas (Art. 16 CN).

Por ello, en la “asignación de recursos” que deberá hacerse (Art. 75, 2 CN) en el convenio de estos traspasos, la Nación debería aportar, sin cargo, junto al personal: inmuebles, vehículos, uniformes, materiales e instrumentos de trabajo, armamento, expedientes, archivos, etcétera, y la CABA deberá incluir en su presupuesto, y sostener con sus tributos, los gastos que demande el funcionamiento futuro de los tribunales, policías y organismos trasferidos.

Con estas transferencias no se agota la cuestión, ya que hay otros servicios que la Nación presta, por si o por concesionarios, en la Capital Federal que deberían también ser pasado al gobierno de la ciudad y ser financiado por los habitantes de esta gran ciudad, para así equipararse al resto de las provincias y honrar el nombre de “autónoma” con el que se la denomina desde que se dictó su “Estatuto Organizativo de sus instituciones” (Art. 129 CN) al que se le dio en llamar constitución.

Para que Argentina sea un país normal y confiable es necesario que haya Justicia, lo que propone el preámbulo de nuestra Constitución: “afianzar la Justicia”, o sea, darle a cada uno, a cada persona y a cada nivel del Estado, lo suyo, en derechos y obligaciones, para lo cual hay que reasignar y delegar competencias, funciones, tributos, servicios y recursos, como en el caso analizado. Para que el ciudadano esté más cerca de quienes lo gobiernan, lo juzgan y lo protegen.

La Constitución y el Código Civil y Comercial

 

Ricardo Lorenzetti

Ricardo Lorenzetti

El Código Civil derogado, y, ahora, el Código Civil y Comercial con sus normas complementarias, son los cuerpos legislativos más importantes que rigen en nuestro país después de la Constitución.

Nos sorprendió Ricardo Luis Lorenzetti, presidente de la comisión redactora, cuando afirmó que: “Por primera vez hay una conexión entre la Constitución y el derecho privado, basada en los aportes de la doctrina y jurisprudencia en este tema”3 ya que, más allá de que no creo en la distinción entre derecho público y privado, los Códigos derogados nunca mostraron desconexión alguna con la Constitución ni sus cláusulas fueron declaradas inconstitucionales.

Constitucionalización del derecho privado

Igualmente, la comisión redactora al fundar el anteproyecto manifestó que el mismo: “innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina.”

Alberto Ricardo Dalla Vía ha dicho bien que “La “constitucionalización del derecho privado” es una expresión que puede dar lugar a conclusiones equívocas. En nada desmerece al derecho privado seguir cumpliendo su rol de cuerpo jurídico infraconstitucional destinado a reglar las relaciones privadas entre particulares, sin necesidad de alterar la jerarquía normativa que se ordena a partir del principio de supremacía establecido en el artículo 31 de la Constitución Nacional.” 4

Código o descodificación

En realidad, lo que se encomendó a la comisión redactora fue que hiciera un proyecto de Reforma, Actualización y Unificación”5, y lo que estrictamente hizo, y luego se sancionó, fue otra cosa, un código nuevo, más breve que los anteriores, con 2671 artículos, que dejó afuera del mismo muchas leyes o decretos leyes que estaban vigentes, otras que se reformaron, y algunas que se prometieron dictar, lo que ha hecho decir a algunos comentarista que con la ley 26.994 se ha producido  una verdadera “descodificación”, algo que no se ajusta a lo que dispone la Constitución (inc. 12 art. 75).6 La comisión redactora al justificar el Título preliminar de su anteproyecto afirmó que los que se oponía lo hacían porque la “descodificación es un fenómeno incontrastable”. De esta modo parece haberse producido el fenómeno de la “descodificación”.

Responsabilidad del Estado y los funcionarios

Tampoco se respetó lo dispuesto en este inciso de la Constitución cuando se sustrajo de las atribuciones de dictar la “legislación de fondo o de derecho común” que tiene el Congreso: la responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios los que a partir de la reforma se regirán  “por los normas y principios del derecho administrativo nacional o local”7 , lo que tampoco se compadece con el alcance de la expresión: “sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales”8 ni con el principio de igualdad ante la ley (Art. 16 CN). No hay clausula constitucional que diga que la responsabilidad del Estado provincial o municipal por daños no haya sido delegada o reservada por las provincias (art. 121 CN) y sustraída de los principios establecidos por la Constitución en el reparto de competencias nacional y provincial (art. 5 CN), como pretende ahora alegar.

Antes de la sanción del Código la ley nacional 26.944 se adelantó a regular “la responsabilidad del Estado por daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas” (art. 1°) –; y es también inconstitucional por contrariar la Ley Fundamental (Art. 16, 24 y 75 inc. 12); y establecer una responsabilidad privilegiada para el Estado Nacional y sus funcionarios para que no sean juzgados con la misma vara que el resto de los ciudadanos, y, seguramente, para que un Estado menos responsable sea más fácil de manejar que él lo es. Esta ley declaró que el Código Civil es inaplicable “de manera directa ni subsidiaria” (art. 1° de la Ley 26.944), lo  que no tiene justificación.

Ejemplo del trato desigual es cuando dispone que  La responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante. (,,,) ” (Art. 5º) La Corte Suprema lo concedió en casos de inundaciones. También lo es cuando dispone que:“Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización.” (Art.  5º)  Lo que se choca con fallos de la Corte Interamericana de Derecho Humanos fundados en la violación de la garantía del debido proceso. O cuando regla que  “El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada.” (Art.  6º)  Lo que nos recuerda la tragedia del ferrocarril Sarmiento en la Estación Once.9

Además me pregunto: ¿Las provincias que no dicten estas leyes son; junto a sus municipios, comunas y sus respectivos funcionarios; irresponsables civilmente?

De ser constitucional esta delegación de facultades legislativas las misma podría extenderse, con los mismos argumentos, a otras materias (obligaciones, contratos, derechos reales, etc.) lo que contradice  lo que afirmó José Benjamín Gorostiaga, al debatirse este inciso, en la Convención Constituyentede 1853: “que si se dejaba a cada provincia esta facultad (la de dictar las normas derecho común) la legislación del país sería un inmenso laberinto de donde resultarían males inconcebibles”10.  A ello parecer que hemos llegado.

Justificar este trato diferente y privilegiado invocando la autonomía del derecho administrativo, que carece de raíces en la Constitución, no justifica el crear estos privilegios, por leyes especiales, federales y provinciales, que, además, contrarían al principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN).

El nuevo Código también delegó a las legislaciones locales el reglar la prescripción de los tributos (art. 2532 y 2671), con lo que en la provincia de Córdoba donde hay 427 municipios tendremos plazos de prescripción para todos los gustos. ¿La autonomía del derecho tributario habrá sido el argumento invocado?

Título preliminar

Como en el Código Civil derogado el nuevo desarrolla en 18 artículos del Título preliminar11 materias propias de la Constitución material, que no se corresponden solo con el derecho civil, sino que son aplicables a todo el orden jurídico argentino. En parte del Código debemos señalar que:

  1. hay una injustificada omisión al no haberse tenido en cuenta la intención del legislador al momento de interpretar las leyes -la llamada interpretación auténtica-, (Art. 2º);
  1. derogó el Calendario Gregoriano (Art. 6º), por lo que no sabemos a qué años, meses y días se refiere cuando se cuentan los intervalos del derecho;12
  1. omitió referirse a los “intereses o derechos individuales homogéneos”  (art. 14), claramente diferenciado y definido por la Corte  Suprema:13
  1. no se aclaró que las leyes se dictan o se derogan por el Poder Legislativo y Ejecutivo, pero se anulan sólo por decisión judicial. La anulación de las leyes de “obediencia debida” y “punto final”14 justifican esta importante aclaración.
  1. No hay una cláusula que aclare desde si debe aplicase a los juicios que estaban en trámite al momento de su entrada en vigencia, lo que es motivo de polémica en la doctrina de los autores y judicial.

Obligaciones naturales y deber moral

La supresión de las obligaciones naturales que el Código Civil regulaba (Arts. 515 a 518 CC, y la nota del 515) no encuentra explicación razonable y menos cuando se lo reemplaza en algunos casos por el “deber moral” (Art. 728 CCC), que no es lo mismo. Ello es contrario a la Constitución que reconoce el derecho natural al declarar:

  1. En su preámbulo como objetivo el “afianzar la justicia” y terminar “invocando la protección de Dios fuente de toda razón de justicia;
  1. En el artículo 19 que Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.”;
  1. En el  33 “otros derechos y garantías no enumerados” que cuando este artículo fue incorporado al Texto Fundamental el convencional Dalmacio Vélez Sarsfield explicó que:”Estos derechos son superiores a toda Constitución, superiores a toda ley, a todo C.L. y tan extensos que no pueden estar escritos en la Constitución y para determinarlos de una manera general el artículo de la reforma dice:- no solamente estos derechos, sino todos los derechos naturales, de los hombres o de los pueblos aunque no estén enumerados en la Constitución se juzgan reservados, como que no se pueden enumerar todos los derechos que nacen de la naturaleza del hombre y del fin y objeto de la Sociedad y de la soberanía del pueblo.” 15; y
  1.  Cuando exige a los integrantes de la Corte Suprema prestar “juramento de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. (…)” (Artículo 112).

Jacques Maritain ha dicho que: “el derecho natural concierne a los derechos y deberes que se siguen del primer principio: hacer el bien y evitar el mal, de una manera necesaria, del solo hecho de que el hombre es hombre, en ausencia de toda otra consideración. Por eso los preceptos de la ley no escrita son de por sí, o en la naturaleza de las cosas (no digo en el conocimiento que de ellos tiene el hombre) universales e invariables.”16

Para Gustav Radbruch “La ley es un ensayo, desgraciado o feliz, de realización de la justicia”. Y esta es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, esencia de toda relación jurídica que la Constitución exige afianzar y que deberá siempre tenerse presente al aplicarse el CCC.

El Código se refiere en distintos artículos a la equidad, que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Que, además, representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva, y alude a la tendencia de juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón. También CCC usa la expresión prudenciaotra de las virtudes cardinales que acompañan a la justicia. 17 José Castán Tobeñas señala que: “En realidad, más que fuente del derecho, la equidad es un procedimiento de elaboración jurídica, que sirve no para formular normas nuevas, sino para aplicar debidamente las normas existentes al caso concreto de que se trate.”

Personas jurídicas

El nuevo Código mantiene la distinción entre personas jurídicas de derecho público y privado,  que la ley 17.711 introdujo en el Código de Vélez Sarsfield, que no tiene raíz constitucional, es resistido por parte de la doctrina y deja dudas respecto del encuadre de alguna de las instituciones, como ocurrió con las comunidades indígenas.

Personas jurídicas Públicas

El artículo 146 del CCC, que se refiere a las personas jurídicas públicas, omitió incluir a las regiones, interprovinciales o intermunicipales, que la Constitución Nacional, reformada en 1994 (Art. 124), faculta a que las provincias puedan crear “(…) para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales (…)”; y varias constituciones provinciales, como la de Córdoba (Art. 190), le reconocen a los municipios el derecho también de constituirlas.

Se excluyó a las comunidades indígenas, que estaban en el anteproyecto de la comisión redactora como personas privadas (Art. 146 inc. h), y que debieron   incorporarse como públicas, porque sus personerías fueron reconocidas por la Constitución (Art. 75 inc. 17). Esta omisión se contradice con la declaración, que hace el  nuevo código, de que: “Las comunidades indígenas reconocidas tienes derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.” (Art. 18). No se entiende cómo se puede reconocer derechos a quienes con tienen personería ni son sujetos de derecho.

Igualmente se omitieron las universidades nacionales – reconocidas como autónomas y autárquicas por la Carta Fundamental (Art. 75 inc.19) -; los colegios profesionales, que conceden y administran la matrícula de sus asociados, y las obras sociales, que nadie discute que son personas jurídicas públicas.

Debió incluirse, también, los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólicas de la Iglesia Católica que gocen de personería jurídica pública en la Iglesia Católica, según el derecho canónico.18

Personas de jurídicas privadas

En lo que respecta a las personas de derecho privado se ha omitido los partidos políticos y las asociaciones sindicales, incluidas la de personal de defensa y  seguridad, actualmente reconocidos por la Constitución (Arts.38 y 14 bis); y regulados por las leyes 23.298 y 23.551y sus modificaciones. Aunque está pendiente de reglamentación los sindicatos de personal de las fuerzas de defensa y seguridad que según el Convenio 87 de la OIT de 1948, aprobado por ley 14.932, dispone que: “La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio.”(Art. 9).

Respecto del reconocimiento, como personas jurídicas privadas, hecha a “las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas” (Art.147 inc. e), al no establecer pautas o cláusulas reglamentarias y ratificar (Art. 5 de la ley 26.994) la vigencia de la cuestionada ley de facto 21.745; que obliga las instituciones  religiosa, y a otras que no lo son estrictamente pero están vinculadas a la mismas – como escuelas, editoriales, cementerios, centros de salud, etcétera -, a inscribirse en el Registro Nacional de Cultos disfrazadas, en lo que hace a la organización jurídica de “las iglesias y confesiones religiosas” con el formato de asociaciones o sociedades previstas en la legislación con fines que nada tienen que ver con lo religioso.

Por último, creemos que debió incorporarse a los fideicomisos19, en medio de una discusión doctrinaria si son o no persona jurídica, atento que son sujetos de derecho, que son considerados persona tributaria y porque el artículo incluyó, en medio de parecido debate, a los consorcios de propiedad horizontal. El capítulo 30 del nuevo Código titulado: Contrato de fideicomiso lo regula ahora (Arts. 1666 a 1707) regula ahora este instituto.

Obligación de dar moneda extranjera

El artículo 765 del CCC, que establece que “La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal” y el 766 que agrega: El debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada.”; ya han dado lugar a fallos que tratan de imponer un criterio de justicia y equidad para que los deudores no se vean perjudicado por esta disposición que, de interpretarse literalmente, podría afectar el derecho de propiedad (Art. 17 CN).

Inconstitucionalidad de la sanción del nuevo Código 

Las razones son las siguientes:

  1. El proyecto del Poder Ejecutivofue enviado a ambas cámaras del Congreso lo que contradice la Constitución cuando dice que “Las leyes pueden tener inicio en cualquiera de las Cámaras del Congreso (…) (Art. 77)”.
  2. El proyecto no fue dictaminado las comisiones internas de las dos cámaras; sino por una Comisión Bicameral, que fue creada por una resolución idéntica de las dos cámara, sin que ella reformara los respectivos reglamentos internos ni se trató de una ley.
  3. El dictamen de la Bicameral fuemal aprobado en el plenario de ambas Cámara porque no fue girado y dictaminado por las comisiones permanentes, exigencia expresa de ambos reglamentos.
  4. El dictamen se aprobó en el Senado con el agregado de dos artículos en una sola votación, sin hacerlo primero en general y luego en particular, como exige el reglamento.  
  5. Al pasar la media sanción a Diputados tampoco se lo giró a las comisiones internas; el dictamen había caducado junto a la Bicameral porque había habido renovación legislativa;  la publicación en el Orden del día, para que puede ser observada por los diputados en el plazo de 7 días, no se cumplimentó como exige el reglamento; y a pesar de ello fue sancionado en una sola votación, sin hacerlo primero en general y luego en particular como exige la Constitución (art. 79 CN) y el reglamento.
  6. La sanción hubiera sido válida si hubieravotado en ambas cámaras unamoción de orden para adelantar su tratamiento, que requiere los dos tercios; o si hubiere habido dictamen unánime de las comisiones internas, que no lo hubo.
  7. En ambas Cámaras solo se aprobó, en una sola votación, con mayoría simple, y no se atendió a las impugnaciones de los legisladores opositores, que por ello se retiraron del recinto al momento de votar.

Córdoba, noviembre de 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reforma de la justicia

Acerca de la reforma del Poder Judicial de la Nación

Acerca de la reforma del Poder Judicial de la Nación

La palabra justicia expresa, en el lenguaje jurídico, la virtud cardinal, que es esencia y causa formal del derecho, por un lado; y, en el sentido institucional, alude a los tribunales que componen los poderes judiciales que integran el gobierno. Nuestra propuesta de reforma se refiere a esta última acepción.

La Constitución admite sólo la existencia del Poder Judicial federal, el de las provincias y el de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA). Los órganos de la llamada justicia administrativa (fiscal, militar, municipal, policial, etcétera) solo producen actos administrativos que, luego de agotada esa vía, pueden ser cuestionados en los tribunales de la Constitución.

La reforma judicial podría iniciarse con una reforma de la Constitución, o a partir de normas sub-constitucionales, que es como intentaremos proponer nosotros en este trabajo, donde nos referiremos específicamente a la Justicia federal.

No comparto la idea, esgrimida por algunos, de:

  • crear un Tribunal Constitucional, para lo que haría falta reformar la Ley Fundamental;
  • de mantener tribunales administrativos; ni
  • de se continúen revisando sentencias, en tribunales de instancias superiores, mediante recursos de casación, que se limitan al fundamento jurídico y que prescinden de lo fáctico; con lo que hemos trasladado, instituciones de los sistemas neo-monárquicos europeos, mejor conocidos entre nosotros como parlamentarios. La razón es que nuestra Carta Fundamental, que sigue el modelo estadounidense, los tribunales judiciales federales y estaduales, de todas las instancias, están habilitados para hacer el control de constitucionalidad de las normas, actos jurídicos o sentencias, y los ciudadanos pueden hacer revisar mediante apelación plena los hechos y el derecho en los que se fundan las sentencias de primera instancia, disponiendo luego de un recurso extraordinario de inconstitucionalidad ante los tribunales superiores locales y ante la Corte Suprema. La revisión del derecho y no de los hechos, que se hace a través de la casación, adoptada por nuestros códigos de procedimiento1 imitando a los sistemas europeos, no se ajusta a nuestro sistema donde los jueces incluso pueden declarar inconstitucionales las sentencias cuando son arbitrariaspor causales similares a la de la casación.

La reforma del Poder Judicial de la Nación   

A treinta y dos años de la recuperación de la democracia constitucional en Argentina se impone pensar y proponer algunas ideas que nos permitan reformar el Poder Judicial de la Nación, como un primer paso para hacerlo también con el de las provincias y en la CABA, y de este modo disponer de un servicio judicial más eficiente, a tono con las nuevas tecnología y acorde con los tiempos que vivimos. Motivan, también, esta propuesta los últimos intentos de colonizarlo y de influir, desde el gobierno en sus decisiones, atentando contra su independencia.

La mejor forma de concretarla sería mediante leyes que debería sancionar el Congreso de la Nación y que podrían ser las siguientes:

  • Reformar la ley nacional 26.183 que redujo el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de siete (7) a cinco (5) y volver a la composición de siete (7) miembros. Ello no lo proponemos por una razón política y sin tener en cuenta la necesidad de disminuir la gran cantidad de causas que resuelve2. Para ello es imprescindible que el Estadonacional y los estados locales dejen de generar y recurrir juicios, como ocurrió con el “corralito”, y ahora con los juicios previsionales; los tribunales superiores de provincia sean verdaderos tribunales constitucionales y dejen de serlo de casación o de apelación, y que la Corte Suprema deje de ser también tribunal superior de la Justicia “Nacional”, la que deberá ser transferida al gobierno de la CABA (Art. 129 CN).
  • Derogar las Leyes 26.080 y 26.855 que reformaron la composición del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esta última fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema (“Rizzo” del 18/6/ 2013). Con ello se restablecería la vigencia las leyes 24.937 y 24.939 – que se sancionaron mediante un razonable acuerdo político-, y para que la composición del Consejo vuelva a tener 20 miembros (el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 4 jueces, 8 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 del ámbito científico y académico), y en la que estén representados “jueces de todas las instancias”(Art. 114 CN); y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados vuelva a tener 9 (3 legisladores, 3 jueces y 3 abogados). Mejorar la Escuela de la Magistratura y suprimir en los concursos el puntaje discrecional con que se evalúa la entrevista personal.
  • Derogar las leyes, que pretendieron “democratizar la Justicia”, N° 26. 854, que modificó el régimen de medidas cautelares; y 26.853, que creó las Cámaras de Casación y estableció sus reglas procesales, que el 10 de julio de 2013 fue declarada inconstitucional – en lo referido a la designación de sus jueces- por el juez de primera instancia en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico en el caso “Fargosi, Alejandro”.
  • Derogar la ley 27.145 que establece un sistema de subrogancias en casos de licencia, suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier otro impedimento de los jueces o juezas de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La norma ha sido declarada inconstitucional, aunque luego esa decisión fue revocada por la Cámara y, luego, vuelta a revocar por la Corte Suprema en el caso “Uriarte”, que la volvió a declarar inconstitucional,  y, en otros tres casos había sido suspendida en su aplicación por jueces de primera instancias.3
  • Derogar el Decreto 856 de 2014 de designación de diez conjueces para la CSJN acordado por el Senado en mayo de 2014 por mayoría absoluta y no por dos tercios de votos; por lo que es inconstitucionales al contrariar el artículo 99 inciso 4 de la Constitución y afectar con ello la independencia del Poder Judicial, por el criterio sectario con que se confeccionó dicha lista. La Corte Suprema, por ésta razón, lo declaró inconstitucional en el caso “Aparicio” del 21/4/15.
  • Ampliar la incompatibilidad de los jueces que establece el artículo 9 del Decreto Ley 1285/58, modificado por el artículo 1° la ley 21.341, para ejercer cargos docentes en las universidades, permitiéndolo solo cuando se trate de un cargo docente de dedicación simple y en una sola universidad; y prohibirles el ejercicio cualquier otro cargo como el de rector, vicerrector, decano, vicedecano, director, subdirector, secretarios o prosecretarios, consejeros, consiliarios, asesores o cualquier otro de carácter administrativo o académico.
  • Derogar los artículos 24 inciso 6° apartado a del Decreto ley 1285/58 que establece el recurso de apelación ordinario (distinto al recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48) ante la CSJN en contra de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones cuando el Estado Nacional es parte y el monto en disputa supera la suma de $ 10.890.000; por ser esa norma inconstitucional como lo declaró la CSJN cuando sostuvo que, de acuerdo con el principio republicano de la división del poder, su tarea principal consiste en asegurar la vigencia de los derechos y garantías que reconoce la Constitución en favor de los individuos, y también la vigencia de las normas que ordenan y limitan el ejercicio del poder por parte de las Autoridades de la Nación. Agregó el Alto Tribunal, que, para realizar esa tarea, la Constitución reconoce la jurisdicción constitucional de la Corte en su instancia extraordinaria y originaria en los artículos 116 y 117; a su vez, el recurso extraordinario establecido en el artículo 14 de la ley 48 es el instrumento por excelencia para cumplir la misión señalada; y que el recurso ordinario de apelación resulta ajeno a este ámbito porque establece la revisión de sentencias referidas a temas de derecho común en las que no se presenta la necesidad de interpretar las normas de la Constitución Nacional y del derecho federal. Que ello obliga a la Corte a actuar como un tribunal ordinario de revisión y no como una instancia extraordinaria que interpreta las cuestiones constitucionales que llegan a su conocimiento por medio del recurso extraordinario federal. El recurso ordinario en este caso es un privilegio que atenta contra el principio de igualdad (Art. 16 de la Constitución).4
  • Reducir la competencia territorial de la Cámara Federal de Casación Penal con asiento en la Capital Federal5 sólo a los casos recurridos por tribunales de ésa jurisdicción; atento lo que dispone el  artículo 118 de la Constitución, que expresa: “En todos los juicios criminales ordinarios…La actuación…se hará en la misma provincia donde se hubieran cometido el delito (…)” y el criterio de la Corte Suprema en el caso “Pedraza, Héctor Hugo vs. ANSES” del 6 de mayo de 2014. Los recursos contra las sentencias de los Tribunales Orales Federales del interior del país, que hasta ahora se tramitan en la Cámara Federal de Casación Penal, serán sustanciados y fallados por la Cámaras Federales de Apelaciones con competencia en la sede de dichos Tribunales, para lo cual deberán crearse nuevas Salas y designarse los camaristas que la integren, y atender así las nuevas causas que se agreguen con motivo de esta reforma.
  • Los recursos de casación, previstos en las normas procesales, deberá ser reemplazado por el de apelación, con lo que se amplía el alcance de los mismos y así poder revisar tanto el derecho como los hechos en que se fundamenta el fallo recurrido-, como interpretó la Corte Suprema en el caso “Casal, Matías Eugenio” del 20 de septiembre de 2005 y lo dispone el artículo 8 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • Transferir al gobierno de la CABA, mediante una ley convenio, los llamados tribunales Nacionales y los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos, con sede en Capital Federal, para que se integren al Poder Judicial y al Ministerio Público de dicha ciudad (Art. 129 y Disposición transitoria decimoquinta “infra” CN).
  • Derogar el Acuerdo No. 20 del 1996 de la CSJN que impide gravar con del impuesto a las ganancias a los jueces, y hacerlo aplicable a las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público federal, de las provincias y de la CABA, exceptuando a los jueces que se encuentren ya designados y en ejercicio de su cargo (Art. 110 Constitución Nacional), y aplicarlo solamente a los que sean designados en adelante. Antes de su aplicación deberá hacerse una recomposición de las remuneraciones en las distintas jurisdicciones que compense la disminución de los ingresos que significará el oblar este tributo y disponer un aumento general – que deberá abarcar no solo a los jueces sino también a todo el sector público y privado- del mínimo de los haberes que deben tributar. El gobierno nacional compensará financieramente a las provincias que tengan dificultades para concretar este propósito.
  • Incorporar a las causales del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 la de sentencias arbitrarias, enumerando las causales elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
  • Reformar el artículo 47 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN)6, para que los abogados apoderados acrediten su representación en juicio no sólo por mandato otorgado por escritura pública sino que también puedan hacerlo mediante poder apud acta o carta poder con la firma certificada de secretarios o prosecretarios de algún tribunal o por escribano público.7
  • Modificar el artículo 257 del CPCCN, para modificar plazos y requisitos en los recursos que resuelve la CSJN, el que quedará redactado de la siguiente  manera: “El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito o electrónicamente, fundado con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48, ante el juez, tribunal u organismo administrativo o legislativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de Quince (15) días contados a partir de la notificación. De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por quince (15) días a las partes interesadas, notificándolas personalmente, por cédula o electrónicamente. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso en el plazo de treinta (30) días. Si lo concediere expresa o tácitamente, o sea cuando venciere el plazo para hacerlo, previa notificación personal, por cédula o electrónicamente de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de diez (10) días contados desde la última notificación. Si el tribunal superior de la causa tuviera su asiento fuera de la Capital Federal, la remisión se efectuará por correo. La parte que no hubiera constituido domicilio electrónico quedará notificada de las providencias de la Corte Suprema por ministerio de la ley. Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252.”
  • Incorporar en el CPCCN el recurso extraordinario in forma pauperisya admitido, en algunos casos, por la jurisprudencia de la Corte.8
  • Suprimir la expresión “de competencia federal” del art. 257 bis del CPCCN (según ley 26.790) a los efectos que el recurso per saltum pueda, también, ser interpuesto en contra de las sentencias de los tribunales provinciales de primera instancia, y hace efectivo también en estos casos el principio de igualdad (art. 16 de la CN).
  • Ampliar los plazos a quince (15) días para interponer la aclaratoria prevista en el artículo 272 y del recurso de reposición, y el traslado correspondiente a la contraria, del artículo 238 del CPCCN cuando se trate sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
  • Disponer que la constitución de domicilio, cuando se trate de causas que se tramitan ante la CSJN, se deberán hacer en forma electrónica, consignando, además el teléfono y el e-mail del letrado  que actúa, y no en el domicilio de la ciudad de residencia del tribunal como exige actualmente el artículo 40 del CPCC de la Nación, y que las notificaciones se hagan en forma electrónica, como lo dispone el Acuerdo No. 31 de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, según lo autoriza la ley 26.685, y hacer extensiva la modalidad electrónica en la presentación de escritos en juicios y recursos que se tramitan en la Cámara Nacional Electoral, la Cámara de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones, los Tribunales Orales y los Juzgados Federales; y permitir que los recursos y traslados ante estos tribunales, como los oficios que se libren para a los organismos nacionales, se puedan hacer por vía electrónica. Las notificaciones electrónicas deberán contener el texto íntegro del decreto, resolución o sentencia que se hace conocer, y no indicar, como ocurre ahora, que se busque otra Página web.
  • Disponer por ley la realización de Audiencias Públicasinformativas, conciliatorias y ordenatorias, y la participación de “Amigo del tribunal”, cuando se tramiten recursos y acciones ante  la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como este Alto Tribunal ya lo reglamentó mediante la Acordada No. 30 del 2007 y las Acordadas Nos. 28 del 2004, Nº 14 de 2006 y Nº 7 de 2013. Autorizar, también, a la Corte a delegar en alguno de sus miembros o del tribunal cuya sentencia fue recurrida el tomar las audiencias conciliatorias.
  • Autorizar a la Corte Suprema para que apruebe y publique un Código de Estilo, para uniformar y mejorar la elaboración y comunicación de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción – en soporte papel o digital- de sentencias, fallos, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas, informes, memorandos, circulares, certificados, pliegos de interrogatorios, declaraciones, pases, oficios, notificaciones, citaciones, órdenes de arresto o allanamiento, exhortos, correspondencias, notas, esquelas, invitaciones, partes de prensa, tarjetas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado, márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, las forma en que se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados. Los escrito que se presenten ante la Corte deberán tener una portada de colores diferentes, según que sea el del recurso extraordinario, la contestación del traslado, al queja, el del Amigo del tribunal, la petición de audiencia, la presentación de la Procurador Fiscal o del Defensor Público, o los recursos de aclaratoria o reposición. Deberá incorporarse a este código las normas el reglamentaria para los escritos de los recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN, establecidos por este Tribunal en la Acordada No. 7 de 2007. Deberá preverse el caso de los escritos, o párrafos de los mismos, o citas en idioma extranjero para que se presenten con la correspondiente traducción. Para la confección de este Código habría que tomar alguna de las disposiciones de las Reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, especialmente las 21, 33 y 34.
  • Derogar los artículos 286 y 287 del CPCCN 9 y las Acordadas que lo actualizan y obligan a quienes interpongan recurso de queja ante la CSJN, por denegación del recurso extraordinario, a depositar la suma de $ 15.000, que será devuelto, sin la correspondiente actualización ni intereses, en caso que la queja fuere acogida; y no será devuelto si el recurso de hecho fuere desestimado o se produjera la caducidad de instancia y, cuyo caso, se destinará a las bibliotecas de los tribunales nacionales. La razón de la derogación es que el depósito fue establecido con el objeto de “restringir el uso indebido” del recurso de queja (Ver fallo de la Corte en “Baner c/ Rossi” 7/8/1980) y su no devolución significa una sanción, lo que atenta contra la garantía del debido proceso legal (art. 18 de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Además, como bien lo sostuvo el juez Carlos Santiago Fayt en su disidencia a la Acordada 77 de 1990dicho depósito “reviste naturaleza similar a la tasa judicial… Excede, en consecuencia, el concepto de arancel…” por lo la Corte carece de facultades para actualizarla, como lo viene haciendo, porque ello es competencia del Congreso.10
  • Modificase el CPCCN en su Artículo 281, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Las sentencias de la Corte Suprema se redactarán en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado, en el que se limitarán a señalar sus discrepancias o diferencias. El original de la sentencia se agregará al expediente y una (1) copia de ella, autorizada por el secretario, será incorporada al libro respectivo.”
  • Autorizar a la Corte Suprema y demás tribunales inferiores a dictar una única sentencia para distintas causas de contenido idéntico o similar que se encuentren en condiciones de ser resuelta, y una copia de dicho fallo deberá ser incorporada en cada uno de los expedientes. Esta modalidad, cuando se trata de casos idénticos, ha sido empleada muchas veces por la Corte Suprema. La Suprema Corte de EEUU lo hace también en casos similares como ocurrió en el del 26 de junio de 2015 referido al resonante caso de los Matrimonios de personas del mismo sexo.11
  • Dictar un  Código de la Seguridad Personal o de Procedimientos    constitucionales que reglamente los procesos judiciales que garantizan los derechos humanos declarados en la primera parte de la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional como son: las acciones, individuales y colectivas, de inconstitucionalidad, de beas corpus, de amparo, de habeas data, de acceso a la justicia, y el recurso extraordinario y de queja a la Corte Suprema. Como diputado de la Nación presenté un proyecto de Código de la Seguridad Personal (Trámite Parlamentario Nº 171 del año 1990), de 107 artículos, que nunca fue tratado por la Cámara12. Luego el mismo fue sancionado por ley 6.944 de la Legislatura de la Provincia de Tucumán con el nombre de Código Procesal Constitucional y con 111 artículos, con algunas pocas modificaciones que lo adaptaron para aquella provincia por iniciativa del legislador Sergio Díaz Ricci, que ya había colaborado en la redacción del proyecto originario.
  • Judicializar el Tribunal Fiscal de la Nación13. Su existencia atenta contra lo que dispone el artículo 109 de la Constitución, la dependencia de estos organismos, llamados tribunales, del Poder Ejecutivo ha hecho que en lo últimos tiempos que los vocales que lo integran puedan ser  designado con criterio político, contrariando la necesaria idoneidad e imparcialidad que debe primar en sus designaciones. Cuando fui diputado de la Nación presenté un proyecto de ley, en igual sentido, para crear la Cámara Federal en lo Fiscal con sede en la Capital Federal, a donde se recurrirían, al igual que a las Cámaras Federales de Apelaciones del Interior del país, las resoluciones de la Dirección General Impositiva y de la Administración Nacional de Aduana y se suprimía el Tribunal Fiscal de la Nación que es un órgano administrativo que no integra el Poder Judicial de la Nación.14
  • Establecer que los depósitos bancarios judiciales de los tribunales federales se hagan en el Banco de la Nación y los que correspondan a los tribunales nacionales, incluso antes que pasen a depender del gobierno de la CABA, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Con ello no se agota la cuestión, pero lo propuesto puede ser la base de una reforma de fondo, que deberá completarse con la designación de los jueces para cubrir la gran cantidad de vacantes que hay en los tribunales federales, y con las también imprescindibles reformas que habrán de implementarse en las justicias provinciales y de la CABA.

Como bien decía Alexander Hamilton “La justicia es la finalidad del gobierno. Es la finalidad de la sociedad civil. Siempre se ha buscado y seguirá buscándose hasta que se alcance o hasta que perezca la libertad en el empeño.” Este es el propósito de la Constitución al proclamar: “afianzar la justicia”, y la razón de nuestra modesta reflexión.

Córdoba, Noviembre de 2015.