La reforma del Congreso de la Nación

congresoMucho se habla de consolidar nuestra recuperada democracia republicana y de vigorizar las debilitadas instituciones constitucionales que la sustentan.

Hoy nos preocupa una de ellas, la más importante, el Poder Legislativo de la Nación, al que la Constitución Nacional (CN) trata como el primero de los tres poderes del Estado, y le dedica un tercio de su articulado, y que en el pasado siglo XX estuvo clausurado durante 24 años, dos meses y 18 días, mientras nos gobernaban seis gobiernos de facto, que por ese tiempo, usurparon el poder.

El 18 de diciembre de 2017 y el 24 de octubre de 2018 el edificio del Congreso fue apedreado, y en su interior se desarrollaron sesiones donde la violencia y las agresiones estuvieron a la orden del día, lo que para nada se condice con la jerarquía de la institución. La producción legislativa disminuyó considerablemente. En 2018 en sesiones ordinarios se aprobaron 34 leyes y 30 en las extraordinarias de diciembre, mientras el Poder Ejecutivo ese mismo año dictó 50 decretos de necesidad y urgencia.

La Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, creada el mismo 24 de octubre de 2018, mientras se apedrear al edificio del Congreso, decidió el 28 de febrero de 2019 reunirse con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, a quién se le sugirieron algunas propuestas que podría fortalecer a la Institución más importante de la República.

Las reformas propuestas fueron los siguientes:

· Cumplir con el artículo 45 de la CN para actualizar el número de diputados de cada distrito, de acuerdo al último censo, sin que ello signifique aumentar el número de 257 que hay en la actualidad.

· Sancionar una ley que apruebe un Reglamento General del Congreso -no previsto ni prohibido por la CN y que existe en otros países- que regule:

I. El funcionamiento del Congreso reunido en Asamblea: sus autoridades; su constitución; el quórum; sus sesiones generales; y las especiales para: la elección de presidente y vicepresidente, en las que deberán sumarse los sufragios emitidos por el electorado de los distritos y proclamar la fórmula electa, o convocar a segunda vuelta si los porcentajes exigido por la Constitución así lo exige (Art. 120 de la ley 19.945 reformada por la 24.444); para tomar el juramento del presidente y vicepresidente de la Nación (Art. 93 CN); para tratar el motivo de sus renuncias (art. 75 inc. 21 CN); para los casos de acefalía (Art. 88 y ley 20.972 de 1975 modificada ley 25.716), y para el mensaje presidencial en la apertura de las sesiones del Congreso (Art. 99 inc.8 CN).

II. Los procedimientos: para autorizar al presidente de la Nación a ausentarse del territorio de la Nación (Art. 99 inc.18 CN); para los juicios políticos (arts. 53, 59 y 60 CN ); para designar y remover al Procurador General y al Defensor General de la Nación (Art. 120 CN), al presidente de la Auditoría General de la Nación (Art.85 CN), al Defensor del Pueblo y receptar sus informes (Art. 86 CN); autorizar la delegación legislativa en “materias determinada de administración o de emergencia pública” (Art. 76 CN) y derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia y la promulgación parcial de leyes (Ley 26.122).

III. La estructura, redacción, numeración y caducidad de los proyectos de leyes; sobre pedidos de informes y comunicaciones dirigidas al Poder Ejecutivo (ley 2417 de 1890, ley Olmedo, reformada por la 3721, la 13.640, y la 23.821); de recepción y tratamiento de las iniciativas populares y de las sentencias exhortativas dictadas por los tribunales (en Diputados ingresaron 63 entre 2005 y 2018).

IV. Las comisiones bicamerales, la Dirección de información y asesoramiento -incluso constitucional- parlamentaria y de la Biblioteca.

· Reformar los reglamentos de ambas cámaras para:

I. Regular la interpelación “a los efectos del tratamiento de una moción de censura”, y remover por alguna de las cámaras, al Jefe de Gabinete de ministros (art. 101 CN).

II. Disminuir el número de comisiones -en especial en Diputados- y controlar su regular funcionamiento.

III. Limitar los tiempos en el uso de la palabra en los homenajes y al plantear cuestiones de privilegios.

IV. Crear bloques mixtos en ambas cámaras integrados por los grupos de legisladores que tengan menos de tres miembros.

· Revisar la ley de Administración financiera y los reglamentos de ambas cámaras para mejorar el trámite de la presentación, tratamiento, aprobación del presupuesto nacional y su eventual reconducción.

· Incorporación nuevas tecnologías para un mejor funcionamiento de las cámaras, las comisiones, las oficinas administrativas y la comunicación con los ciudadanos, a través de los medios y las redes sociales.

· Revisar las leyes promulgadas y no reglamentadas, y que por ello no son aplicadas.

Estas propuestas están ahora a consideración del Senador Pinedo y esperamos que tengan pronto tratamiento.

Córdoba, julio de 2019

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Los clérigos que fueron congresistas

León Federico Aneiros

Nuestra Constitución Nacional, siguiendo lo que establecía el artículo 23 de la Chilena de 1833 y del artículo 48 del Proyecto de Juan Bautista Alberdi, desde 1853 dispone, en una cláusula que es obsoleta, anacrónica y discriminatoria para los ministros de la Iglesia Católica Apostólica y Romana (ya que no incluye a los de los demás cultos), que los “eclesiásticos regulares (pertenecientes a una orden religiosa, y por el voto de obediencia que ello tienen a sus superiores, por lo que se excluye a los seculares) no pueden ser miembros del Congreso” (artículo 73 actual, idéntico al 62º de la de 1853 y 65 de la de 1860; en la reforma de 1949 fue derogado y restablecido en la de 1957; en la de 1994 hubo tres proyectos para derogarlo, que no fueron aprobados: el número 905 de José Miguez Bonino, el nº 1526 de Eugenio Zaffaroni, ambos del Frente Grande; y el nº 1547 de Hugo Dante Marcone, de Fuerza Republicana; las constituciones provinciales de Chaco, La Pampa, Mendoza, Rio Negro, Salta, San Luis y Tierra del Fuego tienen cláusulas similares).

El antecedente remoto de esta singular regla la encontramos en la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña donde para ser diputado no se puede “ser eclesiásticos de las iglesias anglicana, escocesas o católica (no está descalificado el clero de Iglesia de Gales).” En cambio en la Cámara de los Lores hay 26 “lores espirituales”; de la Iglesia anglicana: los arzobispos de Canterbury y York; los obispos de Londres, Durham y Winchester, y los demás obispos van ocupando su puesto según la antigüedad de su nombramiento y siempre que mantengan la dignidad eclesiástica.

La obediencia de los eclesiásticos regulares por su voto a los superiores se parece bastante al que tienen los legisladores respecto de los que confeccionaron las listas de candidatos, de las autoridades de los bloques, de los partidos políticos o de los gobernadores de la provincia de la que fueron elegidos.

El Código de Derecho Canónico de 1983, en su canon 285,3 prescribe: “Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que lleven consigo el ejercicio de la potestad civil”. Se entiende que esto se refiere tanto a cargos ejecutivos como legislativos o del Poder Judicial. En el Código anterior de 1917 la prohibición estaba matizada por la posibilidad de obtener una licencia. El Canon 626, 1 decía: “Sin autorización de la Santa Sede Apostólica no puede un religioso ser promovido a dignidades, oficios o beneficios que no puedan armonizarse con su estado.”

Pero más allá de ello es justo recordar que hubo algunos casos de participación de eclesiásticos en los distintos congresos nacionales; como lo fue en el que en 1816 que declaró la Independencia, en las convenciones constituyentes y en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

En el Congreso de Tucumán cuando declaró la Independencia el 9 de julio de 1816, de sus 33 diputados, sólo asistieron 29, de los cuales 11 eran clérigos. Entre los 4 ausentes estaba el presbítero Miguel Calixto del Corro, representante de Córdoba, que en ese momento cumplía una misión diplomática encomendada por el Congreso ante José Gervasio Artigas. Votaron por la Declaración de la Independencia los sacerdote Antonio Sanz, fray Cayetano José Rodríguez; fray Justo Santa María de Oro O.P.; los presbíteros Manuel Antonio Acevedo, José Eusebio Columbres, Pedro Ignacio de Castro Barros, Pedro León Gallo, Pedro Francisco Uriart, Pedro Miguel Aráoz, José Ignacio Thames y José Andrés Pacheco de Melo. Mariano Sánchez de Loria, diputado de Chuquisaca que también votó la ese día, no era sacerdote en ese momento pero lo sería después de que falleciera su esposa en 1817, llegando a ser canónico. Se incorporaron al Congreso después del 9 de julio los presbíteros Felipe Antonio de Iriarte, Pedro José Crespo, Mariano Perdriel, Diego Estanislao de Zavaleta, y José Miguel de Zegada. El sacerdote José Agustín Molina, fue elegido diputado por Tucumán pero renunció y fue reemplazado por José Ignacio Thames, pero fue secretario del Congreso durante los diez meses en que éste sesionó en Tucumán. Fue, además, el autor, junto con su fray Cayetano Rodríguez, del “Redactor del Congreso”, la únicas crónicas de las sesiones que llegaron a nuestros días; ya que se perdieron las actas oficiales.

En el Congreso Constituyente de 1853 que sancionó la Constitución Nacional en Santa Fe, hubo tres sacerdotes: Benjamín José Lavaysse, fray José Manuel Pérez O.P. y Pedro Alejandrino Zenteno. En la que la reformó en 1994, fue constituyente el ex obispo de Neuquén monseñor Jaime de Nevares, que fue elegido por el Frente Grande, pero reunida la convención renunció a su banca.

En 4 de septiembre 1857 se discutió en el Senado, que entonces sesionaba en la ciudad de Paraná, la reconsideración al rechazo del diploma del senador electo por la provincia de Santiago del Estero presbítero Antonio María Taboada, el que se había producido, en una primera instancia, por no reunir el requisito de contar con “la renta de dos mil pesos fuertes o de una renta equivalente”, exigido por el artículo 43º de la Constitución de 1853 (48 de la de 1860 y 55 de la actualmente vigente). Luego de un arduo debate el diploma fue votado dos veces, resultando empatado, y luego fue aprobado, con el voto de desempate del presidente del Cuerpo Tomás Guido. Este debate y la pareja votación se produjo a pesar de que Taboada alegó en su defensa que era propietario de una casa en Buenos Aires; otra en El Ferrol, cuyos alquileres estaban depositados desde 1850; y una estancia en la provincia de Santiago del Estero, con casa, oratorio y más de setenta arrendatarios.

La Cámara de Diputados tuvo entre sus miembros al segundo Arzobispo de Buenos Aires León Federico Aneiros, que fue electo en 1874 por el Partido Autonomista Nacional de Buenos Aires, y prestó juramento el 24 de julio de 1874, siendo presidente de la Cámara de Diputados Luis Sáenz Peña. Su asistencia fue irregular, su participación nula, renunció a la banca
al iniciarse las sesiones ordinarias la que fue aceptada 12 de mayo de 1875, luego de haber enfrentado a quienes se oponían a la vuelta de los jesuitas y que incendiaron el 28 de febrero de 1975 el Colegio del Salvador. Antes, entre el 15 de mayo de 1854 hasta el año 1856, monseñor Aneiros había sido electo e integró la Cámara de Representantes del Estado de Buenos Aires.

También fue diputado de la Nación el padre Virgilio Filipo, electo en 1948 por el Partido Peronista y sin dejar de ejercer el cargo de párroco de la Redonda, en Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, y terminó su mandato en 1952.

En las elecciones de 1946, el padre Leonardo Castellani fue candidato a diputado en segundo término en la lista de la Alianza Libertadora Nacionalista. Castellani, que no ejerció nunca ese cargo, era entonces jesuita y la Compañía lo expulsó en 1949. En el año 2001 el presbítero Luis Ángel Farinello compitió en las elecciones legislativas de ese año, como candidato a Senador nacional por la provincia de Buenos Aires, por el partido Polo Social fundado por él, para lo que fue autorizado por el obispo de Quilmes Jorge Novak. En enero de 2005 el obispo de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, Pedro Ronchino, negó autorización al sacerdote de esta provincia monseñor Gustavo Miatello, vicario del obispado de Trelew, la posibilidad encabezar la lista de diputados nacionales por pedido del gobernador de Chubut Mario Das Neves.

Queda claro, entonces, que el artículo 73 de la Constitución es hoy, más que nunca, innecesario y debe ser derogado, especialmente por los límites que establece el Código de Derecho Canónico para que los eclesiásticos pueden ejercer cargos legislativos.

Córdoba, de abril de 2018.

¡No me mates!

Abortistas en la marcha del día de la mujer en Argentina

¡Yo quiero nacer! ¡Tengo el derecho a vivir! Los diputados que me representan, aunque no los voté por no tener 16 años, tienen que escucharme y defenderme.
La Constitución declara que no hay “sumisiones ni supremacías por las que la vida, el honor y la fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o a persona alguna” (Art. 29).

Sin embargo, Mauricio Macri, sin haber dicho nada en la campaña electoral, anunció en febrero “Hay que dar el debate por el tema del aborto”, aunque aclaró “Yo estoy a favor de la vida y es mi postura”. Pero no vetaría la ley de ser sancionada, lo que es una clara incoherencia.

De esta forma se instaló en los medios y en la agenda del Congreso una reforma al Código Penal, que inexplicablemente se adelanta al dictamen de la comisión de juristas encargado de proponer la reforma de ese Código. Con ello se pretendió desviar la atención de la gente, hasta el mundial de fútbol, y frenar la caída de la imagen de Macri en la opinión pública ante el escaso crecimiento del empleo y de la economía, la no llegada de inversiones, la escapada del dólar, los aumentos de tarifas, etc.

Matar a una hija o hijo es un homicidio agravado por el vínculo con su madre, que está penado con prisión o reclusión perpetua (arts. 86 y 87 Código Penal). Pero si el crimen ocurre antes de nacer la pena se reduce extrañamente hasta los 10 años; y es impune cuando el aborto tuvo por “fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios”, o cuando hubiere habido “una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Esto último se dispuso en 1921 para que no nazcan niños “idiotas o dementes”, fundados en una ideología eugenésica y racista, en boga entonces, la misma que en los años 30 le sirvió a Hitler para ordenar el holocausto, en el que murieron 6 millones de personas. De esta manera, si la madre (y el médico) asesinan al niño por nacer la pena se atempera o exime, lo que contradice la igualdad ante la ley y priva de “protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo” como indica la Constitución (Arts. 6 y 75 inc. 23) y el Código Civil y Comercial (Art. 19), al proclamar el derecho a la vida “desde la concepción”.

El médico Tabaré Vázquez, presidente socialista de Uruguay, al vetar en 2008 una ley que despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, el cual luego se aprobó en la presidencia de Mujica, afirmó: “Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España.”

“La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. (…)

“De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto.”

Estas razones nos eximen de más comentarios.
Córdoba, mayo de 2018.

 

La reforma previsional y los inocentes jubilados

ANSES

El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, se publicó en el Boletín Oficial la ley de reforma previsional que entró en vigencia el dia siguiente, que reduce a menos de la mitad el índice de actualización de los haberes de los pasivos de ANSeS que debería abonarse en marzo de 2018, lo que implica una reducción de parte de sus haberes con efecto retroactivo.

Es cierto que el Congreso puede modificar los índices de aumentos de los haberes y las fechas en que se practicarán, como hace esta ley, que dispone que la movilidad de los haberes de los pasivos, se actualizarán en marzo, junio, septiembre y diciembre – en vez de marzo y septiembre como antes- y se basará en el 70% de las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); y no como ocurría antes en que el índice era 50% por el incremento de los haberes de los activos y 50% por lo que recaudaba el ANSeS. Estas pautas se fijaron así porque el INDEC dejó de medir la inflación para ocultarla.

El nuevo índice -según el gobierno-, favorecerá a los beneficiarios, si se considera el proceso inflacionario, lo que es imposible saberlo ahora. De no ser así y los haberes son disminuido y confiscados parcialmente ello dará lugar a pleitos, ya que la Corte Suprema ha dicho que el pasivo debe mantener un estándar de vida similar al que tenía cuando era activo. Esto será, además, el costo político que pagará Mauricio Macri por no cumplir lo que dice esta ley que: “En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.”

Respecto del “empalme”, que ocurrirá el 1° de marzo de 2018, lo razonable hubiera sido aplicar el índice anterior en ese mes, y a partir de esa fecha aplicar el nuevo.

La ley garantiza a los pasivos que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil. Se excluye de este beneficio a los que lo han obtenido su prestación por invalidez o por pensiones por fallecimiento del titular, lo que es contrario al principio de igualdad ante la ley que reconoce la Constitución (Art. 16).

Cuando el trabajador cumpla 70 años y reúna los requisitos para pasivisarse, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites jubilatorios, pero deberá mantener la relación laboral hasta que el empleado obtenga el beneficio por un plazo máximo de un año. Ello no afecta el derecho del empleado a jubilarse antes de los 70 años. Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador de pagar la indemnización por antigüedad. La intimación implicará la

notificación del preaviso, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación laboral.

Esto beneficia a los que opten continuar trabajando, ya que hasta ahora los que lo hacían cobraban el haber de activos más el de pasivos. La ventaja para el empleado es que el patrón no puede prescindir del mismo cuando está en condiciones de jubilarse; pero acotará las posibilidades de ingreso o reinserción en el mercado laboral, a quienes aspiren a un primer empleo o pretendan volver a hacerlo.

Para el empleado que esté en condiciones de pasivisarse, su patrón deberá seguir haciendo los aportes del trabajador, pero las contribuciones patronales se reducirán a las destinadas a Obras Sociales y a los Riesgos del Trabajo. Esto se aplica también al dependiente jubilado que sigue prestando servicios sin interrupción con el mismo empleador. Están excluidos de esto los empleados públicos.

La ley no fue bien estudiada ni debatida, como lo demuestra el subsidio que se le agregó por decreto, y si fracasa al aplicarse, a los abuelos se les dirá: ¡que la inocencia les valga!

Córdoba, diciembre de 2017.

La Legislatura y la reforma política en Córdoba

 

Legislatura de Córdoba

La 5ª. Constitución de la provincia de Córdoba de 1987 hizo posible la reelección del entonces gobernador Eduardo Angeloz que la convocó. Para ello, su partido, la UCR, por no tener mayoría en la Convención, acordó con la Unión Demócrata de Centro, que las dos cámaras de la Legislatura, ampliaran desmesuradamente el número de miembros, para asegurarse en lo sucesivo una cantidad fija de legisladores para ambos partidos. A ello se le agregó que una de las cámaras podía sancionar leyes tácitamente, y luego de comenzar a funcionar se nombraron una gran cantidad de empleados.

Por eso el pueblo de Córdoba en 2001 votó en una consulta popular el reemplazo de esa Legislatura por otra unicameral, como tuvo Córdoba hasta 1871 y lo tienen la mayoría de las provincias argentinas, y ello se concretó con la reforma de la Constitución del 2001. Por ella se redujo el número de legisladores de 133 a 70, de empleados, y su presupuesto, que era entonces de 46,3, se bajó a 11,9 millones de pesos. Se mejoró la representación con un sistema electoral mixto, con un legislador elegido en cada uno de los 26 departamentos, por un lado, y otros 44 legisladores elegidos en toda la provincia por una lista única, con bancas distribuidas por el sistema proporcional, sin premio para las mayorías, ni castigo, con techo para la minorías (del 2 por ciento), como había hasta ese momento; con voto de preferencia, que nunca se reglamentó, con lo que se podría cambiar el orden de las listas impuestas por las cúpulas de los partidos. Se dispuso que hubiera legisladores suplentes, que pudieran incluso hacer relevos transitorios; se abolieron los privilegios parlamentarios, salvo el de opinión; se ampliaron los plazos de las sesiones ordinarias a 11 meses; se estableció la doble lectura para la aprobación de las leyes más importantes y se abolió la aprobación ficta de las leyes prevista en la Constitución de 1987.

También se establecieron las elecciones internas abiertas, que tampoco fue reglamentado, y el control de los fondos de los partidos, nunca bien implementado. Esta reforma permitió el acceso a la Legislatura de la mayoría de los partidos de la provincia. Con las elecciones del 2001, obtuvieron legisladores 14 partidos políticos; en la de 2003 ingresaron 10 y, en la de 2007 14 partidos.

En esta reforma constitucional se deslizaron dos errores, como fue bajar la edad mínima de los legisladores de 21 a 18 años, sin que una demanda juvenil, social o política lo demandara, aunque luego no se eligieron legisladores de esa edad; y se exageró la acción afirmativa del “cupo por sexos” al imponer que las suplencias de los legisladores no se cubrirían en el orden de lista por el que fueron votados, sino por sexos, aunque saltearan a otros, que estuvieran antes en las listas, lo que ya no sólo cambia el orden de las mismas, que de haberse reglamentado incluso podrían haber sido modificadas por el voto de preferencia, sino que distorsiona la voluntad popular.

En la Unicameral se aprobó un Reglamento interno, que mantuvo un artículo del que tenía el antiguo Senado, que contradice lo que establecen todos los reglamentos, por el que los asuntos entrados pueden ser tratados “sobre tablas” con el voto de la mayoría simple del Cuerpo, lo que ha hace que las iniciativas del Ejecutivo, que siempre tuvo mayoría en la Legislatura, entraran y salieran aprobadas, sin estudio ni debate, en una sesión.

Tampoco se reglamentó la división departamental de la provincia, y se mantuvo -con pocas variantes- la diseñada en el siglo XIX, frustrando el propósito del constituyente de redefinir la división departamental para equilibrarla, con un criterio regional, teniendo en cuenta las afinidades históricas, territoriales, de infraestructura, de comunicaciones; además de la cantidad y distribución de la población. Esta omisión hizo menos genuina la representación territorial y menos eficaz la gestión del legislador, que, en algunos casos, deben atender los intereses de sus votantes en departamentos superpoblados, como en el de la Capital, y en otros a una escasa población, como en Pocho y Minas

A ello se agregó la grave crisis que padecen los partidos; su fraccionamiento y la sustitución de sus líderes por otros sostenidos por el clientelismo político, o por una fama adquirida en los medios de comunicación u en otras actividades ajenas a la política, como el deporte, el espectáculo, etc. Ello convirtió a muchos partidos en sellos o estructuras que sólo sirven para presentar candidatos en las elecciones, o integrar alianzas. Tampoco funciona el Consejo de Partidos Políticos creado en la Constitución de 1987; y no existen ámbitos adecuados para hacer educación política.

Adoptar el voto electrónico, como tiene Brasil, India y muchos condados de EEUU es otra asignatura pendiente que tiene Córdoba y el país.

Córdoba, noviembre de 2017.

Fuentes tributarias separadas o coparticipación

Argentina

Argentina

La reunión de ministros de economía sirvió para recordarnos que hace 23 años no se dicta la ley de coparticipación federal prevista en la Constitución de 1994 (arts. 75, 2 y 3 y Disp. transitoria 6ª CN) y que en este tiempo la caja del gobierno federal creció en desmedro del de las provincias y los municipios acentuándose la injusta dependencia fiscal y política.

La Constitución de 1853 dispuso que el gobierno federal se financie con los derechos de importación y exportación y las tarifas de aduana. Pero desde 1891 el Congreso aprobó leyes que autorizaban a la Nación a recaudar impuestos internos, que gravaban las ventas, y que, hasta entonces, eran recursos provinciales.

El gobierno militar en 1832 creó el impuestos a los réditos (hoy a las ganancias), por el que el gobierno federal gravaba el ingreso de las personas, que, según la Constitución, era de resorte provincial, y para que estas normas no sean declaradas inconstitucionales, se dispuso que regían por tiempo determinado y se prorrogaron hasta ahora, y se coparticipaba a las provincias un porcentaje de lo recaudado. La última ley de coparticipación se dictó en 1988 en forma provisional durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y está vigente todavía.

En la reforma constitucional de 1994 en vez de terminar con este sistema se dispuso que debía dictarse otra ley convenio, de coparticipación federal, en base a acuerdos entre la Nación y las provincias; que tenían que aprobar el Congreso, por iniciativa del Senado y con el voto de la mayoría absoluta de todos los miembros de ambas Cámaras y las Legislaturas de provincias. Esta ley nunca se dictó ni se dictará, ya que nadie querrá recibir menos de lo que ahora tiene asignado.

La Nación y las provincias desde 1991 firmaron 8 pactos fiscales y una ley de responsabilidad fiscal que han servido para desfigurar y engordar, aún más, el Tesoro de la Nación; hacer más injusto e inequitativo el reparto de competencias fiscales; y han gestado un nuevo y poderoso sujeto que participa de esta distribución que es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Fuentes tributarias separada

Ante esto, lo mejor sería abolir la coparticipación y volver a las pautas de la Constitución de 1853, y, a su modelo, la Constitución de EEUU, o sea al sistema de fuentes tributarias separadas, que está vigente en el país del norte y en Brasil, por el cual los distintos impuestos están repartidos y se recaudan tanto a nivel federal, como estadual y municipal o de los condados, compensándose diferencias por razones de equidad a través de fondos de asignación específica. El gobierno federal de EEUU se financia en base a los impuestos indirectos externos y al impuesto a las ganancias –que se federalizó por la Enmienda XVI a la Constitución en 1913-, los estados con los tax (un impuesto a las ventas) y los municipios por los impuestos inmobiliarios.

Este nuevo reparto fiscal significaría redistribuir la administración y recaudación de todos los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, tarifas, aportes, regalía y demás gravámenes y recursos; entre el gobierno federal, las provincias, sus municipios, la ciudad de Buenos Aires y el ANSeS.

Junto a ello deberían descentralizarse servicios, como los que el gobierno nacional presta en la ciudad de Buenos Aires (como el traspaso de los tribunales “nacionales”) y que pagan los contribuyentes de todo el país; terminar con los privilegios instrumentados a través de ATN y el Fondo del Conurbano Bonaerense; revisar la política de subsidios; y dejar sin efectos gravámenes injustos como, por ejemplo, las retenciones o el impuesto al cheque; y la duplicación de impuestos similares o análogos que se cobran en los distintos niveles como el IVA, los ingresos brutos, a las ventas o al comercio e industria –como propuso el ministro Osvaldo Giordano de Córdoba-; o el inmobiliario provincial y el municipal. Esto debería estar ordenado en un Código Fiscal Federal, como los que tienen las provincias y los municipios.

Si seguimos el modelo de EEUU el gobierno federal debería cobrar los derechos de importación y exportación, el impuesto a las ganancias y a los bienes personales, que son los más difíciles de administrar; las provincias el impuesto al valor agregado (IVA), reduciendo el disparatado porcentaje del 21%; y los municipios el impuesto inmobiliario.

En síntesis, derogar la ley de coparticipación federal, redistribuir los tributos que corresponde a cada jurisdicción en base a “criterios objetivos de reparto” y fijar reglas más “equitativa, solidaria” y que den “prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.”, como quiere la Constitución (art. 75, 2).

El debate de la reforma político electoral

Urna electoral

Urna electoral

Proceso Electoral del año 2015

– Duró 9 meses, 253 días y hasta 6072 horas: comenzó el 13 de marzo en el norte argentino y terminó el 20 de noviembre con el ballotage presidencial.

– Se votaron 30 de los 52 domingos que tuvo el año.

– En la elección a gobernador de Buenos Aires (PASO) participaron 10 fórmulas y 12 candidatos (FPV y FI presentaron 2 candidatos).

– Para las presidenciales de 2015 se presentaron 13 fórmulas presidenciales con sus precandidatos a legisladores nacionales y representantes al Parlasur.

– En 2015 se votó 6 veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: en tres ocasiones para elegir jefe de gobierno (primaria, general y una eventual segunda vuelta) y en tres para presidente.

– Además de la Ciudad de Buenos Aires hay otras seis provincias que tuvieron elecciones desdobladas: Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Chaco y Jujuy. En todas se repitió el mismo escenario: un mínimo de cuatro votaciones y máximo de seis.

– Otras provincias, como Corrientes y Santiago del Estero, recién eligen autoridades provinciales en 2017, por lo cual votaron en las nacionales.

Anuncio del gobierno del presidente Mauricio Macri

El Gobierno de Mauricio Macri prometió enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma política electoral, para:

  • crear un ente autárquico que asuma las funciones de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda;
  • adoptar la Boleta Única Electrónica (BUE), usada en las últimas elecciones de Salta y de la Ciudad de Buenos Aires, provistas por el Magic Software Argentina (Grupo MSA), cuyo presidente es Sergio Angelini; y
  • unificar las fechas de las elecciones nacionales, provinciales y municipales, abolir las reelecciones para cargos ejecutivos y terminar con los sistemas electorales de sumatoria de votos.

Proyecto de ley del PE que propone:

  • BOLETA UNICA ELECTRÓNICA
  • ELIMINACIÓN DE COLECTORAS Y CANDIDATURAS MÚLTIPLES
  • DEBATE PRESIDENCIAL OBLIGATORIO
  • MAYOR CONTROL JUSDICIAL DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
  • REGULA LA TRANSICIÓN
  • PASO: los votos se hacen dentro de una única alianza o partido,. No se eligen vicepresidentes de la Nación.

Omisiones del proyecto

  • No actualiza el número de diputados lo que incumple el art. 45 de la Constitución que establece que la cantidad de diputados de los 24 distritos electorales serán proporcionales a su población, lo que debería modificarse después de cada censo, y lo que desde hace década no se hace. Por eso Córdoba tiene 18 diputados, a pesar de tener mayor población que la Capital Federal, que tiene 25, y Santa Fe, que tiene 19.
  • Mantiene el mínimo de 5 diputados por distrito también es inconstitucional, cifra que debería ser de dos, como disponía originariamente la Constitución de 1853.
  • No adopta el voto de preferencia para las elecciones de diputados nacionales, permitiendo que los que sufragan puedan indicar alguno de los candidatos para que si tienen mayor número de preferencia pueda superar a los que se encuentran antes en la lista. Esto se parece al sistema que en1912 se estableció en la ley 8871, más conocida como Sáenz Peña, que admitía tachar y sustituir a los candidatos de la lista de diputados. La Constitución de Córdoba (Art. 78) lo establece pero nunca fue reglamentado; y la Carta Orgánica Municipal de Córdoba lo dispone para los concejales pero la reglamentación exige un mínimo del 3% de preferencias para que un candidato reemplace al que tiene antes en la lista, lo que hizo imposible su aplicación.
  • No modifico la dependencia de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, ni creó un ente autárquico lo que puede permitir que nuevamente sea manipulada por el gobierno o que dependa de un ministro que está participando de una elección, como ocurrió el año pasado cuando dicha dirección dependía del Ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo que al mismo tiempo era precandidato a presidente. La solución correcta hubiera sido que pasara a depender de la Junta Electoral Nacional, integrada por jueces, y de la Cámara Nacional Electoral, siguiendo la tradición argentina (Arts. 48 al 52 del Código Electoral Nacional – Ley 19.945 y sus reformas), y el ejemplo de Brasil. La mayor garantía de imparcialidad para evitar la injerencia del Ejecutivo o de los partidos es ponerla bajo la dirección de jueces.
  • No prevé reemplazar a la empresa multinacional española INDRA Sistemas S.A., que desde 1997 hace, a un alto costo, el servicio de diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados a nivel nacional y distrital —en el caso de simultaneidad de elecciones—, para las PASO y las elecciones de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales conjuntamente con las elecciones legislativas provinciales que se realizaron de forma simultánea y la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales, y tratar de que ese trabajo lo haga el Estado, bajo la supervisión de jueces, con lo que se votaría y se conocería resultados de las elecciones más rápido y sin necesidad de trasladar certificados y urnas. El software no debería ser de una empresa privada sino del Estado, como también ocurre en Brasil.
  • No deroga la ley Nº 26.774/12 que autorizó el voto obligatorio de los jóvenes de 16 y 17 años, eximiéndolos de sanciones si no lo hacen y de ser autoridades de mesa, siguiendo el fracasado intento que se inició en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, cuando se lo consagró, para las elecciones municipales, el voto optativo de los adolescente, No hay estadísticas sobre las últimas elecciones nacionales, pero en 2013 fueron incluidos junto a los mayores en los padrones en una proporción del 1,9 %; o sea podían votar unos 600 mil adolescentes. Pero en las elecciones municipales de Córdoba de 1999 se empadronaron sólo 1.200 jóvenes, en 2003 sólo 289; en la de 2007 se redujo a 39 y 337 se anotaron en 2011 y sufragaron sólo 108, sobre unos 60 mil que lo podrían haberlo hecho; y en 2015 se inscribieron solo 140, sobre un padrón general es de más de un millón de vecinos. Admiten este tipo de sufragantes: Cuba; Nicaragua; Ecuador; Irán -a partir de los 15 años-; Chipre, desde los 16; e Indonesia desde los 17. También lo permiten las Constituciones de Austria, Brasil, Bolivia, Ecuador; y Eslovenia -si trabajan en forma remunerada-. En Brasil en 2007 sufragaron el 1,91 % de electores de 16 y 17 años; en 2008 el 1,19%; en 2009, el 1,47% y el 2010 el 1,76%, o sea 2.391.093 votos 16 y 17 años sobre un total de 135, 6 millones.

BUE

Propone establecer la Boleta Única Electrónica para evitar que se sustraían de los cuarto oscuros las boletas múltiples y porque con este sistema se necesitan muchos fiscales de todos los partidos durante todo el día de la votación. La Boleta Única Electrónica, fue usada en los últimos comicios en Salta y la CABA, provista por Vot.ar, de la empresa, Magic Software Argentina S.A, GRUPO MSA, lo que significa dar un medio paso entre la boleta única de papel, experimentada en Córdoba (proyectada por primera vez el 16 de septiembre de 1959 por el diputado provincial demócrata cristiano Teodosio Pizarro y aplicada recién en 2011) y Santa Fe (utilizada también desde 2011), y la urna electrónica, que es la que deberíamos adoptar por ser la tecnología más eficaz y moderna empleada por las democracias con mayor cantidad de electores en el mundo (La India, Brasil y la muchos condados de EEUU). Las urnas electrónicas en Brasil ya permite identificar a los que votan con las huellas digitales (no hace falta llevar documentos de identidad) y al votar, sin boletas, se puede incluso expresar la preferencia por los candidatos a legisladores, lo que permite cambiar el orden de las listas. Urnas electrónicas con estos aditamentos es lo que nuestro país debería adoptar.

India

La República de la India tuvo en 1982 por primera vez voto electrónico en 50 de las 84 casillas instaladas en las elecciones de la Asamblea Legislativa de Kerala, un estado del sur caracterizado por ser el más alfabetizado. Pero el candidato que perdió, Shri A.C José, cuestionó ante la Corte Suprema de Kerala el uso de las Máquinas Electrónicas de Votación (EVMs por sus siglas en inglés) bajo el argumento de que ni el Representation of the People Act de 1951, ni el Conduct of Election Rules, de 1961 permitían el uso de máquinas electrónicas de votación en las elecciones en la India. El caso llegó a la Suprema Corte, que sostuvo que las EVMs no podían usarse en las elecciones si no eran contempladas expresamente en la ley por lo que declaró nula la elección (Election Commission of India 2009). En 2004 se logró que el 100% de los votos se emitiera de manera electrónica. India es la democracia más poblada del mundo con 1.210. 854. 977 habitantes, según el censo del 1/03/2011, por tener una tasa de analfabetismo del 39%, una esperanza de vida de 69.89 años. En 2004, el sistema fue utilizado por más de 600 millones de electores (Election Commission of India 2009). La votación electrónica representó un reto para las autoridades electorales pues factores como el costo de fabricación, la facilidad de uso para los electores analfabetos y parlantes de diversas lenguas, el traslado de las urnas a lo largo de un territorio de 3.287.590 km2 y a zonas rurales que no cuentan con servicios de electricidad, entre otros, llevaron al diseño de un sistema que pudiera responder a estas múltiples necesidades, sin que hubiera falla en los equipos.

La urna electrónica o máquina de votación electrónica (EVM), también conocida como tablero electrónico, reduce principalmente el costo de impresión de boletas electorales para un padrón de 714 millones de votantes. El costo es de aproximadamente 300 dólares estadounidenses por EVM, que incluye una Unidad de Control, la Unidad de Votación y una batería. El costo por máquina resulta relativamente bajo ya que éstas fueron manufacturadas por dos compañías del sector público, y con ello se consiguió el objetivo de ahorrar el gasto en impresión, almacenaje, transporte y seguridad, además del ahorro de personal en la capacitación de los escrutadores. La introducción de las máquinas de voto electrónico en las 688,000 casillas en 2004 produjeron un ahorro de 7,700 toneladas métricas del papel de seguridad utilizado para imprimir los votos, así como otros ahorros sustantivos de costos de transporte, almacenamiento y seguridad.

Brasil

En 1982, por primera vez, Brasil vivió una experiencia electoral con mecanismos de cómputo de voto electrónico. En las elecciones de 1996, 33 millones de electores usaron la urna electrónica. En 1998 dos tercios de los electores la usaron, pero su uso se implementó en todo el territorio en el año 2000. Desde entonces el sistema electoral brasileño se mantiene en constante evolución incorporando nuevas medidas para incrementar la eficiencia y garantizar la seguridad del sufragio y la elección en general.

Con más de 144 millones de electores, Brasil es la cuarta mayor democracia del mundo, en número de electores, después de la India, EUA e Indonesia. En las elecciones de octubre de 2014, en las que se eligió Presidente de la República, gobernadores de los Estados y sus vices, senadores, diputados federales y de los estados, votaron más de 115 millones de electores, en la primera ronda y más de 112 millones en la segunda. Hubo 451.000 mesas con 532.000 urnas electorales, incluyendo las que se usan para reemplazarlas. Hay 35 partidos políticos nacionales, no hay partidos locales. 40 millones de votantes usaron el registro biométrico (huellas digitales) para identificarse. Esto también se utiliza en Venezuela.

La Ley Electoral permite auditar el sistema de votación electrónica, antes, durante y después de las elecciones, lo que da credibilidad a todo el proceso. El fraude se previene, a través del bloqueo del número de la cédula; el mismo elector no puede votar más de una vez. La revisión de la carga de la información en la urna es controlada por los fiscales, antes de precintarse la misma. Emisión de una “cerésima” que es la lista de candidatos, con los votos a cero, en el inicio de la jornada electoral, lo que demuestra que no hay votos pre-registrados en la urna. Emisión de un boletín de la urna al término de la votación, en cinco copias. Desde éste año los fiscales pueden con su celular, fotografiar y enviar de inmediato a la central de su partido, con la suma o se puede hacer toda la fiscalización y la totalización final de los votos. Se eliminó el llamado “mapismo”, es decir el cambio de los datos de forma manual, porque es todo electrónico, entonces no se habla de votos, no se canta, es todo electrónico, para evita fallos humanos. En el Amazonas, los indígenas votan en urnas electrónicas y los resultados se transmiten por satélite, por eso son los primeros resultados que llegan a la capital, Brasilia, y los primeros en ser computados en la elección nacional.

Fecha, sistemas electorales y reelección.

La simultaneidad de las elecciones provinciales y municipales en una misma fecha es un buen propósito, pero es una decisión que habría que concertarla por una ley convenio con las provincias y los municipios. No estaría mal que alguna de estas elecciones no se hicieran en el mismo año, como ocurre en las provincias de Santiago del Estero (2016) y Corrientes (2017), y en algunos municipios, como el de Río Cuarto (2016), que en su Carta Orgánica así lo han establecido.

Pero en esa misma concertación habría que acordar también el terminar con las reelecciones en los cargos ejecutivos, provinciales y municipales, y con los sistemas electorales tramposos como el de las llamadas “ley de lemas y de sublemas”, de “listas colectoras”, “espejo”, de “sumatoria de votos”, o el de “acople”, como el empleado en las recientes y escandalosas elecciones de Tucumán, donde se registraron 503 partidos políticos, se presentaron 25.467 candidatos, y donde el candidato Juan Manzur lucía en 50 de los 80 acoples en los que podía optar el votante. En Formosa de las 78 boletas que había en 54 estaba el reelecto candidato a Gildo Infrán, que es gobernador desde 1995. En Santa Cruz Eduardo Costa fue votado por el 41,6%, pero la ley de lemas la gobernadora electa fue Alicia Kirchner que obtuvo 34,4%.

Ello se practica en Brasil y en otros países y obliga a los candidatos a hacer campaña electoral y depender más de los que lo votan de aquellos que confeccionan las listas, como ocurre en la actualidad.

Voto por correo, en cárceles y fuera del país

Es necesario establecer el voto por correo u otras modalidades de sufragar, incluso por Internet, para aquellas personas privadas de su libertad, para los que no puedan asistir en la fecha de los comicios a emitir su voto, para discapacitados o para los que se encuentran viviendo o prestando servicio a la Nación fuera del país.

En Estados Unidos se usa el voto por correo para lo que no lo pueden hacerlo el día de las elecciones, y por internet para los militares que prestan servicio en el exterior.

Otros temas

Quedan en el tintero algunos temas conexos que merecería un largo tratamiento como el depurar los padrones, las PASO, las consultas populares, los partidos políticos, las alianzas, el financiamiento de la política, la veda, los debates de los candidatos, el uso de la cadena oficial, redes sociales y los medios de comunicación del Estado y la comunicación en general, etcétera, que podríamos desarrollar y discutir en otra oportunidad.

A 200 años de la Declaración de nuestra Independencia, a 163 del dictado de la Constitución, a 100 años de la primera elección regida por la Ley Sáenz Peña y a 33 de haber recuperado la Democracia, se impone no sólo resolver algunos defectos o abusos que se han producido en las últimas elecciones, sino que se hace necesario abrir un debate para hacer una reforma electoral de fondo, que sirva para rehabilitar la política y para que el pueblo se sienta mejor representando.

Sobre este propósito es bueno recordar a Esteban Echeverría cuando decía que la: “Democracia no es una forma de gobierno, sino la esencia misma de todos los gobiernos republicanos o instituidos para el bien de la comunidad (…). La democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases.”

Córdoba, Agosto de 2016.