El federalismo y el parlamento

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En 148 años desde que se aprobó la Constitución Nacional sólo tuvo 5 reformas que están vigentes (1860, 1866, 1898, 1957 y 1994). La norteamericana en 233 años tuvo 27 enmiendas (2 están derogadas), en cambio la mejicana de 1917 (en es la octava de su historia) se reformó en 53 oportunidades hasta el año 1994.

Constituciones de la provincia de Córdoba (CP)

En 200 años la provincia de Córdoba ejerció 30 veces el poder constituyente, dictó 5 constituciones y las reformó en 26 oportunidades.

  • La primera CP fue el Reglamento Provisional de 1821, en época del Gobernador Juan Bautista Bustos, que se reformó en 12 oportunidades.
  • Durante la gobernación del rosista Manuel López “Quebracho”, se dictó la segunda: el Código Constitucional Provisorio de 1947, que comenzaba con el “¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los Salvajes Unitarios!”, que se reformó 6 veces.
  • En 1855, con la organización nacional, siendo gobernador Alejo Carmen Guzmán, se dictó la tercera, que se reformó 2 veces. Las tres organizaban la Legislatura en forma unicameral.
  • En 1870, siendo gobernador Félix de la Peña, se dictó la cuarta Constitución, que después de 49 años de cámara única en Córdoba, innovó
  • al crear un Senado y una Cámara de Diputados, y fue reformada 5 veces (si contamos la de 1949 que se derogó en 1956).
  • La quinta fue sancionada en la Convención de 1987, en la que se rechazó el proyecto del bloque del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana que establecía una Legislatura unicameral, de 76 miembros, 40 elegidos en los departamentos y 36 en lista única proporcional. Esta Constitución diseñó una Legislatura que crecía exponencialmente y que tenía 133 integrantes, 67 senadores y 66 diputados, como consecuencia de la negociación que el entonces gobernador Eduardo César Angeloz hizo para conseguir su reelección. Con casi la misma población Santa Fe, que tiene 69, en dos cámaras, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene 60, en una sola. Después del censo del 2001 el Senado cordobés hubiera aumentado a 75 miembros, si no se reforma la Constitución, 3 más que el Nacional, y superará nuestra Legislatura a la de Buenos Aires que tiene 139 senadores y diputados, con más de 3 veces la población de Córdoba.

El Senado provincial no representaba ni a estados, como en el orden nacional, ni a una clase social distinta, como la Cámara de los Lores del Parlamento británico; ni a intereses corporativos, como la Legislatura del Chaco de la Constitución de 1954. Sus integrantes eran votados en departamentos que no tienen entidad institucional, que eran y son meros dibujos en el mapa, ya que tampoco coinciden con los límites de las regiones de la Provincia, ni el número de senadores tampoco  es proporcional a los habitantes de los mismos.

En la Cámara de Diputados se elegían a sus miembros mediante lista sábana, con proporcionalidad petrificada (36 bancas se le asignaban al primero, 20 al segundo, 5 al tercero, 3 al cuarto y 2 al quinto), con un piso del 2 por ciento de los votos para ingresar a la misma.

Vuelta a la cámara única

En la reforma constitucional de 2001 se volvió en Córdoba a la unicameralidad, luego de una consulta popular que se celebró en la provincia el 22 de julio de ese año y en la que votaron por  el Sí a la unicameralidad   1.052.588 ciudadanos y por el No 272.919 y  en Blanco 89.689.

En septiembre de ese año la convención provincial modificó la CP y desde entonces la Legislatura provincial tiene 70 legisladores, 44 elegidos por lista proporcional en distrito único y 26, elegidos en cada uno de los departamentos en que se divide la provincia,  siguiendo la antigua división territorial de la provincia.

La legislatura debe actualizar esta división, según el artículo 104 inciso 7 de la CP que dispone  que entre las atribuciones de la Legislatura está la de: “Establecer los límites de las regiones de la Provincia que modifiquen el actual sistema de Departamentos, con dos tercios de votos de sus miembros.”

Sobre las suplencias, el art. 80 de la CP, dispone: “En el mismo acto eleccionario se eligenlegisladores suplentes. En el caso de los legisladores electos conforme al artículo 78 inciso 1, producida una vacante, se cubre con su suplente. En el caso de los legisladores electos conforme al artículo 78 inciso 2, producida una vacante, se cubre de la siguiente forma: 1. Por los candidatos titulares del mismo género que no hayan resultado electos, en el orden establecido en la lista partidaria en primer término, y luego por los candidatos suplentes del mismo género, en el orden establecido en la lista partidaria. 2. Finalizados los reemplazos por candidatos del mismo género, se continúa la sucesión por el orden de titulares y suplentes del otro género. En todos los casos, si se agotara la lista de titulares y suplentes, la Legislatura comunica al Poder Ejecutivo para que en forma inmediata convoque a una nueva elección según corresponda.” Artículo 81.  En caso de impedimento personal o licencia de un legislador que exceda los treinta días, el cargo se cubre temporariamente conforme a lo establecido en el artículo anterior.”

Los privilegio, prerrogativas o inmunidades de los legisladores han sido eliminados, salvo en los referente a la opinión que viertan los integrantes de la legislatura. El art. 89 dice: Ningún miembro del Poder Legislativo puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las expresiones en los medios de comunicación o en cualquier otro ámbito, que en el desempeño de su mandato como legislador, emita en el recinto o fuera de él. Fenecido su mandato ningún legislador puede ser acusado o interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones que hubiere expresado en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal ante el cual se formule la acción judicial contra un legislador relacionada con lo antes mencionado deberá declararla inadmisible, aunque se presente con posterioridad a la finalización de su mandato.”

El art. 114 de la CP dispone que: “La Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera sesión ordinaria, se divide en dos salas que se integran en forma proporcional a la representación política de sus miembros en aquélla. La primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento. La sala acusadora es presidida por un legislador elegido de su seno y la juzgadora por el Vicegobernador; si éste fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el Presidente Provisorio de la Legislatura”

No están bien distribuida las competencias entre provincia y municipios y comunas en materias: judicial, tributaria, educativa, de salud y policiales. La auto-prórroga de los mandatos de las autoridades municipales de Río Cuarto dispuestas en el año 2020, son un mal precedente.

Atribuciones de la Legislatura

Dicho cuerpo aprueban con doble lectura, según el artículo 106 de la CP, “La declaración de reforma de esta Constitución, la ley de presupuesto, el código tributario, las leyes impositivas, y las que versen sobre empréstitos, se aprueban en doble lectura en la forma que lo establezca el Reglamento. El intervalo de tiempo existente entre la primera lectura y la segunda no puede ser superior a quince días corridos. Entre la primera y segunda lectura puede existir una audiencia pública cuya reglamentación se hará por ley. La Legislatura con la mayoría absoluta de sus miembros puede decidir qué otras leyes quedan sujetas por su naturaleza e importancia al régimen de doble lectura.”

La Legislatura puede, según el art. 104 de la CP en su inciso 5, puede: “Instruir a los Senadores Nacionales para su gestión con el voto de los dos tercios de los miembros, cuando se trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la Provincia 6. Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hace en el término y con la anticipación determinada por la Constitución o la ley.”

Está pendiente de reglamentar el voto de preferencia,  establecido por el art. 77 de la CP cuando en su última parte dice: Para esta lista de candidatos a legisladores de distrito único se establece el voto de preferencia, conforme a la ley que reglamente su ejercicio.”  Por el mismo, el que sufraga puede indicar al candidato que prefiere, y así poder cambiar el orden de las listas donde se eligen a sus integrantes proporcionalmente.  Este sistema electoral existe actualmente en Brasil y en otros países.

 

También está pendiente de reglamentarse el voto electrónico, como en Brasil, India y en muchos condados de EEUU, y el por correo para quienes están ausentes en el día de los comicios.

 

El Reglamento no se ha actualizado, especialmente en lo referente al artículo 126 que sigue permitiendo –como en el del anterior Senado provincial- que las mociones de tratamiento sobre tabla se aprueben con mayoría absoluta de los votos emitidos, y no con los dos tercios de votos; lo que hace que el cuerpo se convierta en una escribanía del Poder Ejecutivo cuando el oficialismo tiene la mayoría de los integrantes del cuerpo. El art. 126 al respecto dispone: “Es moción de sobre tablas toda proposición que tenga por objeto considerar inmediatamente un asunto, con o sin despacho de comisión. No podrán formularse antes de que se haya terminado de dar cuenta de los asuntos entrados, a menos que lo sea en favor de uno de ellos, pero en este caso sólo será considerada una vez terminada la relación de los asuntos entrados. Aprobada una moción de sobre tablas el proyecto pertinente será tratado inmediatamente, con prelación a todo otro asunto o moción. Las mociones de sobre tablas deberán fundamentarse por escrito dirigido al Presidente, el que indicará su lectura por Secretaría y su posterior votación, sin discusión. Requerirán para su aprobación la mayoría absoluta de los votos emitidos.” Esto  contradice a lo que norman los demás reglamentos parlamentarios.

Para hacer sesiones virtuales o mixtas el vicegobernador y presidente de la Legislatura dictó el decreto Número 54 del 20 de marzo de 2020 luego aprobado por la Legislatura,  sin reformar su reglamento interno, que dispone: Art. 1°.- DISPÓNESE que, mientras persista el estado de emergencia que dispone el “asilamiento social preventivo y obligatorio”, y sólo en caso de ser estrictamente necesario, la Legislatura de la Provincia de Córdoba podrá sesionar válidamente sin la presencia física de los legisladores en el recinto legislativo o en cualquier sala de reuniones. Art. 2°.- ESTABLÉCESE que las sesiones no presenciales pre-vistas en el artículo anterior deberán brindar al presidente y a los demás legisladores que así lo requieran, la posibilidad de controlar elcuórum para dar inicio a la sesión (artículo 94 de la Constitución Provincial) y para votar (artículo 176 del Reglamento Interno), y en consecuencia, DISPÓNESE que a estos efectos, se asimila la presencia física del legislador en el recinto, con su efectiva conexión a los medios técnicos que se dispongan para este tipo de sesiones. Los legisladores deberán permanecer en todo momento conectados a la sesión desde el lugar en que estén cumpliendo aislamiento o cuarentena. Art.  3°.- También deberá posibilitarse que: a) Todos los Legisladores y el Presidente puedan ser testigos oculares o auditivos de las expresiones de quien esté en uso de la palabra; b) Los Legisladores puedan solicitar el uso de la palabra y el Presidente advertir ese pedido; c) Los Legisladores y el Presidente puedan contabilizar el resultado de una votación. En este sentido, el Presidente podrá disponer la votación nominal aun sin que se hubiere mocionado en los términos del artículo 189 in fine del Reglamento Interno; d) La documentación que por su extensión o por su dificultad no pudiere ser leída, deberá remitirse por vía electrónica al legislador que la solicitare, y e) Quede constancia grabada de todo lo dicho a los fines de la elaboración de la correspondiente versión taquigráfica.”

Sólo 8 provincias argentinas tienen actualmente dos cámaras, en cambio tienen una las restantes 15, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los municipios del país. Los Estados Unidos tienendos cámaras en sus estados miembros, excepto Nebraska que tiene una.

En cambio, tienen en todos sus estados una camera las federaciones de Méjico, Brasil y Venezuela (en esta sólo tienen de 7 a 15 miembros).

En Europa los landers de Alemania; las 17 asambleas, parlamentos o cortes de las comunidades autónomas de España; las Dietas Regionales de la República Federal de Austria, los 20 consejos o asambleas regionales de Italia, son unicamerales.

Córdoba, julio de 2020

CFK pregunta a la Corte si debe sesionar el Senado

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La Vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una demanda que calificó y pidió de la siguiente manera: “acción declarativa de certeza contra los poderes del Estado Federal a los fines que en el marco excepcionalísimo del actual estado de emergencia desencadenado por la Pandemia originada por la enfermedad causada por el COVID- despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos, en aplicación del artículo 30 del Reglamento del al H. Cámara de Senadores de la Nación en cuanto este establece que “​Los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional.””

En dicha demanda se confunde quién es el demandado (los tres poderes del Estado) con quien es el actor (el Senado, una de las cámaras del Legislativo), ni se denuncian los domicilios de los tres poderes del Estado demandados.

La presidente del Senado no está facultada en forma expresa, por la Cámara que preside, ni por su reglamento, para entablar esta acción judicial. Para ello el Senado debió haberse reunido, lo que no ha ocurrido a pesar de estar en el período de sesiones ordinarias, las que no han sido suspendidas, ni la Constitución permite que ello suceda. Tampoco el Jefe de gabinete de ministros ha comparecido a hacer el informe mensual a que está obligado.

En el escrito de CFK no se precisa cuál es la controversia, ni entre quienes se plantéa, ni se denuncia en que le afecta a ella, como la Presidente del Senado, o al mismo, que dice representar. Esta supuesta incertidumbre acerca de que si las leyes que sancione el Congreso durante la emergencia, utilizando las nuevas tecnologías, van a ser o no constitucionales, es la misma que ocurre cada vez que se lo hace cuando no hay “gravedad institucional”.

La Corte no es un órgano de consulta de los otros poderes u órganos del Estado, por lo que la acción declarativa de certeza no parece el camino indicado para hacerla. Esta acción sólo cabe para despejar incertidumbres entre personas y posturas concretamente diferentes.

El haber elegido al más alto tribunal de la República, la CSJN, para iniciar este juicio no está explicado en la demanda, ni en el mismo se indica por qué se saltearon las instancias inferiores del Poder Judicial.

La imposibilidad, señalada en la demanda, de que el Poder Ejecutivo en la emergencia no pueda dictar leyes penales o tributarias, qué solo puede sancionar el Congreso, ha hecho decir a algunos que lo que se quiere es que el Senado apruebe el proyecto que grava a las grandes fortunas. Pero para que ello sea posible, la ley debería estar ya sancionada por la Cámara de Diputados, como indica la Constitución; algo que aún no ha ocurrido, ni sabremos si alguna vez sucederá.

Otros quieren ver en este accionar que el Congreso siga sin sesionar hasta que la CSJN se expida, lo que calculan que puede demorar mucho tiempo.

La República tiene tres poderes, de los cuales el más representativo e importante es el Legislativo, y ninguna emergencia justifica que los poderes se concentren en el Presidente, ni lo suple la reunión con los gobernadores, ni un muy respetable consejo de médicos.

Nuestros representantes, los diputados y los senadores, son los que mejor pueden hacer escuchar nuestras voces y tomar las grandes y graves decisiones que las circunstancias imponen.

Por ello, las cámaras deben sesionar en su recinto y cuando haya “gravedad institucional” donde mejor puedan hacerlo, en forma presencial o virtual, y sus presidentes deben convocarlas sin necesidad de consultarle a la CSJN.

 

Córdoba, abril de 2020.

La Constitución en su Día

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El primero de mayo se conmemora en Argentina el día del trabajo, pero también, y a partir de la ley 25.863 promulgada el 8 de enero de 2004, el Día de la Constitución.

El Día del Trabajo

En noviembre de 1984 se celebró el IV Congreso de la Federación Americana del Trabajo en Chicago, EEUU en el que se pidió reducir la jornada laboral a 8 horas diarias y si no se cumplía con ello para el 1° de mayo de 1886, se declararían en huelga. Como no se consiguió lo solicitado se hizo una huelga y desfile el 1° de mayo de 1886 en Estados Unidos, en el que se reunieron a más de 350.000 obreros en las ciudades de New York, Chicago y Cincinnati, que eran el centro obrero de los EEUU, y hubo represión y fallecieron cuatro obreros. Como consecuencia de ello el presidente Andrew Johnson promulgó la ley de Ingersoll, que establecía la jornada laboral de ocho horas.

Desde entonces, el 1° de mayo es el Día del Trabajo en muchos países. En EEUU y Canadá se lo celebra el primer lunes de septiembre de cada año, en Austria el 1° de octubre. En Argentina el 1° de Mayo de 1890 se conmemoró por primera vez y el 28 de abril de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen instituyó el 1° de mayo como “fiesta del Trabajo en todo el territorio de la Nación”.

El Día de la Constitución

Cuando el 1° de mayo de 1853 el convencional por Córdoba, Juan del Campillo, terminó de escribir de puño y letra en el “Gran Libro” la “Constitución de la Confederación Argentina”, fecha en que fue firmada y jurada por los convencionales, no se imaginó que en el siglo XXI, dicha Carta –con algunas reformas- seguiría vigente, siendo las 2ª más antigua de América, después de la de EE UU (1787). Actualmente cuenta con 11.954 palabras, si contamos las 100 del preámbulo, las dos partes que la componen -que contienen los 129 artículos, más el 14 bis- y las 17 cláusulas transitorias

Fue el, 30 de abril, en el Cabildo de Santa Fe, y escrita en un libro de contabilidad porque había que firmarlo el día primero de mayo, en que se conmemoraba el segundo aniversario del Pronunciamiento del Gobernador Justo José de Urquiza en contra de Juan Manuel de Rosas (1851). Los veintitrés convencionales constituyentes presentes, encabezados por el Presidente Facundo Zuviría, firmaron al pie del mismo, por el orden alfabético de sus respectivas provincias -como lo propuso el convencional José Benjamín Gorostiaga- y antes que lo hiciera el secretario de la Magna Asamblea, que era hijo del Presidente de la misma sin ser constituyente, José María Zuviría.

El orden de las firmas fue el siguiente: Facundo Zuviría, Presidente y diputado por Salta; Pedro Centeno, diputado por Catamarca; Pedro Ferré, diputado por Catamarca; Juan del Campillo, diputado por Córdoba; Santiago Derqui, diputado por Córdoba; Pedro Díaz Colodrero, diputado por Corrientes, Luciano Torrent, diputado por Corrientes; Juan María Gutiérrez, diputado por Entre Ríos; José Quintana ,diputado por Jujui; Agn. Delgado, diputado por Mendoza; Manuel Padilla; diputado por Jujuy; Martín Zapata, diputado por Mendoza, Regis Martínez, diputado por la Rioja; Salvador María del Carril, diputado por San Juan; Ruperto Godoi, diputado por San Juan; Delfín Huergo, diputado por San Luis; Juan Llerena, diputado por San Luis; Juan F. Seguí, diputado por Santa Fe; Manuel Leiva, diputado por Santa Fe; Benjamín J. Lavaysse, diputado por Santiago del Estero; José Benjamín Gorostiaga, diputado por la provincia de Santiago del Estero; Fray J. Man. Pérez, diputado por Tucumán y Salustiano Zavalía, diputado por Tucumán. En el costado del acta se indicaba que estuvieron “Ausentes” don Ruperto Pérez y “En comisión” Santiago Derqui, que sin embargo firmó al pie de la Constitución. Del Campillo estuvo “ausente con aviso” en la sesión del treinta de abril –como señala el acta de la misma- probablemente porque ese día ya había comenzado a escribir el Texto definitivo.

Después de las firmas Facundo Zuviría dijo: “Acabáis de ejercer el acto más grave, más solemne, más sublime, que es dado a un hombre en su vida mortal: “fallar sobre los destinos prósperos y adversos de su Patria; sellar su eterna ruina o su feliz porvenir. El cielo bendiga el de esta nuestra infortunada Patria. Acabáis también de sellar con vuestra firma, vuestra ignominia en su eterna maldición. Dios nos salve de ellas, siquiera por la pureza de nuestras intenciones.

“Los pueblos impusieron sobre nuestros débiles hombros todo el peso de una horrible situación y de un porvenir incierto y tenebroso. En su conflicto, oprimidos con desgracias sin cuento nos han mandado a darles una Carta Fundamental que cicatrice sus llagas y les ofrezca una época de paz y de orden; que los indemnice de tantos infortunios, de tantos desastres. Se la hemos dado cual nos ha dictado nuestra conciencia. Si envuelve errores, resultado de la escasez de nuestras luces, cúlpense ellos de su errada elección. Con las Carta Constitucional que acabamos de firmar, hemos llenado nuestra misión y correspondiendo a su confianza, como nos ha sido posible. Promulgarla y ordenar su cumplimiento ya no es obra nuestra. Corresponde al Director Supremo de la Nación, en sello de su gloria, en cumplimiento de los deberes que ella le ha impuesto y que él ha aceptado solemnemente. A los pueblos corresponde observarla y acatarla so pena de traicionar su misma obra; de desmentir la confianza depositada en sus representantes y contrariarse a sí mismo presentándose en ludibrio de las Naciones que los rodean.

(…)Quiero ser el primero en dar a los pueblos el ejemplo de acatamiento a su soberana voluntad expresada por el órgano de sus representantes en su mayoría, porque, señor, en mayoría está la verdad legal. Lo demás es anarquía y huya ésta para siempre del suelo

argentino; y para que huya de él, preciso es que antes huya de este sagrado recinto; que huya del corazón de todos los representantes de la Nación; que no quede en él un solo sentimiento que las despierte o autorice en los pueblos.

“Para esto tenemos otra misión que llenar: difundir nuestro mismo espíritu en el seno de las provincias que nos han mandado. Ilustrarlas en el espíritu, en los motivos y objetos de la ley, que a su nombre hemos dictado. Unir la convicción a la obediencia; ved ahí nuestra misión.

El 1º de mayo de 1851; el vencedor de Caseros firmó el exterminio del terror y del despotismo. El 1º de mayo de 1853 firmamos el término de la anarquía; el principio del orden y de la ley. Quiera el cielo seamos tan felices en nuestra obra como él fue en la suya”.

Córdoba, diciembre de 2019.

Proceso legislativo y el uso de nueva tecnología

Legislacion y tecnologia

En el siglo XXI se están produciendo profundos y dinámicos cambios políticos en el mundo, con motivo de las nuevas tecnologías y las formas de comunicación, que impactan en la economía, en la ecología y que estimulan la globalización y la concentración del poder y de los recursos financieros y tecnológicos.

Además, estamos viviendo en la cuarta revolución industrial (Industria 4.0) y digital, la que muestra que la tecnología se integra a las sociedades e incluso al cuerpo humano. Está marcada por los avances tecnológicos emergentes en varios campos, que incluyen: la robótica, la inteligencia artificial, las nubes, la automatización, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el Internet de las cosas (I o T), las impresoras 3D, los drones y los vehículos eléctricos y autónomos.

En el libro, “La Cuarta Revolución Industrial”, de Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, la describe principalmente por los avances en tecnología, que permiten continuar conectando a miles de millones de personas a la web, mejorar drásticamente la eficiencia de las instituciones y organismos del estado, de las empresas y organizaciones y ayudar a regenerar el entorno natural a través de una mejor gestión de activos. Los algoritmos y la Big Data son productos de innovaciones tecnológicas.

Esta cuarta revolución industrial es posterior a las tres anteriores:

· La primera, que se dio en Europa y en EEUU, desde mediados del siglo XVIII hasta avanzado el siglo XIX. En ese período las sociedades agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industriales y urbanas. Las industrias del hierro y de los textiles, el uso del agua con el desarrollo de la máquina de vapor, desempeñaron un rol central.

· La segunda tuvo lugar entre 1870 y 1914, antes de la Primera Guerra Mundial., y se caracterizó por el crecimiento de las industrias preexistentes y la expansión de otras nuevas, como el acero, el petróleo, la electricidad y el gas, que permitieron la producción en masa. Los principales avances tecnológicos de este período son el teléfono, la bombita eléctrica, el fonógrafo y el motor de combustión interna.

· La tercera, es la revolución informática y digital, que se produjo el avance de la tecnología desde dispositivos electrónicos y mecánicos analógicos hasta la tecnología digital disponible en la actualidad. La era comenzó durante los años ochenta del siglo XX y está en curso. Los adelantos que se concretaron incluyen el ordenador personal, Internet, y la Tecnología de Información y las Comunicaciones (TIC).

Monarquía o República

La división de poderes imaginada por Montesquieu en “El espíritu de las leyes”, para superar la unidad concentrada de las potestades que detentaban los monarcas, sobre las cuales los constituyentes norteamericanos elaboraron la Constitución de 1789 con un gobierno donde los poderes legislativos, ejecutivo y judicial se encontraban separados y con sus respectivos frenos y contrapesos -checks and balances-; conformando así “El gobierno congresional”, según lo nominó Woodrow Wilson antes de ser presidente de EEUU, y que hoy conocemos como presidencialista, que fuera el modelo de nuestra Constitución de 1853.

Separar las funciones y los órganos de gobierno del Estado aseguraba la diferencia de competencias y de potestades, y ninguna rama puede asumir el poder de otra, generando un esquema en el cual cualquier decisión de algún órgano de poder necesita la aprobación de otro, o puede ser impedido de ser validado o ejecutado por otro. La necesidad de que las leyes deban ser sancionadas, modificadas, reformadas o derogadas con la intervención de ambas cámaras del Congreso y que luego puedan ser vetadas por el Poder Ejecutivo, eran reglas que la Constitución estableció para limitar y dividir el poder. La posibilidad de que una ley o decreto pueda ser declarado inconstitucional por los tribunales de justicia; o que el Presidente pueda dictar leyes a través decretos de necesidad y urgencia (DNU), los que luego pueden ser invalidados por las cámaras del Congreso, es otra facultad acordada para resolver cuestiones urgentes. Que, además, por un procedimiento especial se puedan destituir funcionarios o jueces mediante el juicio político; es otro de los mecanismos defensivos y ofensivos que hacen posible el funcionamiento del poder dividido con sus correspondientes limitaciones y controles.

Pero estas atribuciones defensivas y ofensivas carecen de sentido si no se combinan con los mecanismos de diálogo, debate, negociaciones y acuerdos que las normas de las constituciones presidencialistas en algunos casos declaran y en otro deben entenderse como implícitos y necesarios para implementar políticas, sancionar o interpretar normas y desplegar las competencias estatales; porque el sistema no está hecho para neutralizar, bloquear o impedir las decisiones de gobierno, sino para que las mismas sea más consensuadas y luego mejor acatadas. De esta manera la voluntad popular será ajustada a lo que la Constitución nos propone como objetivo en su preámbulo el “constituir la unión nacional” y el “afianzar la justicia”.

El sistema democrático y republicano parte de la base de que la sociedad es plural y diversa, donde hay personas, asociaciones, partidos políticos, religiones y grupo –algunos vulnerables- que tienen una visión distinta de la sociedad y de las políticas, sobre las que se debe decidir y encarar políticas. De esta diversidad surgen peticiones y reclamos a favor de derechos y de intereses colectivos, muchas veces en pugna, cuya respuesta queda en mano de los distintos órganos del estado que deben escuchar, entender, atender y encontrarle

respuestas y soluciones. Para ello es imprescindible utilizar prácticas dialógica, deliberativas, cooperativas y negociadoras que hagan posible los consensos y las soluciones entre las partes. Que hagan posible tomar decisiones a los órganos del Estado –incluido los jueces-, que superen las divisiones y los límites del orden republicano, con sus frenos y contrapesos, y las reglas de juego de competitividad de la política agonal.

El Poder Legislativo

Afirman Alexander Hamilton y James Madison en “El Federalista” N° LI que: “Con el fin de fundar sobre una base apropiada el ejercicio separado y distinto de los diferentes poderes gubernamentales, que hasta cierto punto se reconoce por todos los sectores como esencial para la conservación de la libertad, es evidente que cada departamento debe tener voluntad propia y, consiguientemente, estar constituido en forma tal que los miembros de cada uno tengan la menor participación posible en el nombramiento de los miembros de los demás.”

En la forma republicana de gobierno la rama legislativa es la más fuerte, aunque ella pueda dividirse en cámaras, y ésta a su vez en comisiones, que deben estar tan poco conectada entre sí como sea posible, las que deben ser integradas por representantes elegidos de diferentes modos por el pueblo. La estructura del gobierno debe proporcionar los adecuados controles y equilibrios entre los diferentes departamentos. En el Federalista se considera que la rama legislativa es la más fuerte ya que es esencialmente la verdadera voz de la gente. Debido a la división del poder, una “doble seguridad surge a los derechos del pueblo. Los gobiernos se controlarán entre sí, al mismo tiempo que cada uno será controlado por sí mismo.”

En “El Federalista” se refirma esto cuando se afirma que: “En el gobierno republicano predomina necesariamente la autoridad legislativa. El remedio a este inconveniente consiste en dividir la legislatura en ramas diferentes, procurando por medio de diferentes sistemas de elección y de diferentes principios de acción, que estén tan poco relacionados entre sí como lo permita la naturaleza común de sus funciones y su común dependencia de la sociedad (…) Un veto absoluto frente a la legislatura se presenta a primera vista como la defensa natural de que debe dotarse al magistrado ejecutivo.”

Hamilton y Madison discute al final el tema de las facciones políticas. Ellos reconocen que las facciones siempre estarán presentes y que la única forma de contrarrestar los efectos de las facciones es tener numerosas facciones. En otras palabras, incluso si los individuos se mezclan con otros miembros de los mismos grupos sociales, ideales y metas, ningún grupo en particular debería ser capaz de volverse tan fuerte como para frustrar el interés de todos los otros grupos. Ninguna facción puede llegar a ser lo suficientemente grande como para derrocar a todas las demás facciones en una república bien administrada.

El siglo XXI

La velocidad, la dinámica y la cantidad y la importancia de los cambios y conflictos, que se producen en la sociedad y en la política durante el siglo XXI hace que los órganos legislativos; integrados por muchas y diversas personas que representan a distintos partidos, grupos sociales y poblaciones que viven en diferentes territorios; sean reacios y difíciles de asimilar las reformas que exigen las nuevas realidades y tecnologías.

La política agonal se ha actualizado más rápidamente que la arquitectónica en la incorporación de estas innovaciones tecnología. Un ejemplo de ello son las campañas electorales donde la comunicación y la digitalidad han cambiado el perfil de los líderes y la forma de comunicarse con sus potenciales electores, poniendo en crisis a los partidos políticos, convirtiéndolos en lo que ahora se denominan “espacios”, donde se disputan más las diferencias entre personas que las doctrinales o programáticas.

El acceso a los liderazgos o candidatura políticas se ha hecho más fácil para quienes tienen una imagen pública ganada en otras actividades, como en los medios de comunicación. Ejemplo de ello son los artistas, deportistas, periodistas y personales del espectáculo.

El avance en la participación de las mujeres en el liderazgo político en estos días es notable. Su protagonismo que comenzó en el siglo XX, con motivo de las dos guerras mundiales, donde tuvieron que suplir la actividad social que desempeñaban los varones, que fueron a combatir y que en muchos casos perdieron la vida.

En la política mostraron sus primeras manifestaciones con el voto femenino. La ley 13.010 de 1947 lo hizo posible en Argentina, y se concretó por primera vez en la elección presidencial de 1951. Le siguió luego la ley 24.012 del llamado del “cupo femenino” de 1991. Actualmente el reclamo es de que haya “paridad de género” en las candidaturas, en los ministerios y hasta en los cargos ejecutivos.

Ese avance es positivo porque honra el principio de igualdad de posibilidades, pero no debe contrariar el de idoneidad (Art. 16 CN), que exige que los electos por el pueblo sean los mejores, aunque en el reparto proporcional de bancas resulten una mayor cantidad de mujeres que de varones o viceversa. Por ello es justo y equitativo que en las listas de candidatos para cargos legislativos, deba haber igual cantidad de varones y de mujeres, pero los electores deben tener el derecho de preferencia, para que los elegidos sean los o las mejores, y no los que encabezan las listas, impuestos por los que la confeccionan, y donde con frecuencia predominan en los primeros puestos parientes, amigos, punteros, militantes, etcéteras, y no los más capaces y que nos puedan mejor representar.

La disrupción que ha significado el empleo de los nuevos medios de comunicación, que han reemplazado a los tradicionales, como es el caso de las videoconferencias, las redes sociales, Internet, Facebook, Twitter, Instagram, Google, WhatsApp, You Tube, Big

Data o los Algoritmos. Ello ha cambiado la relación entre líderes o candidatos con sus electores y con el público en general. Los discursos y mensajes son cada vez más breves y dirigidos a sectores afines de la sociedad, acompañados por imágenes. Lo explicativo o racional de los mensajes se lo trata de combinar o sustituir, por lo emocional. El marketing, las encuestas, los focus groups condicionan los comportamientos de los políticos, de los candidatos, de los periodistas y de los electores.

Los programas de gobierno últimamente son reemplazados por propuestas muy genéricas, y por críticas a la persona de los contrincantes, a sus realizaciones o actuaciones en la vida pública o privada, y a los errores o contradicciones de sus conductas políticas. No faltan la práctica de los denominados escraches para atacar al contrincante. En los actos donde disertan los políticos no hay más tribunas, ni nada que se asemeje a un púlpito. Los discursos se hacen cerca o rodeados por el público, algo parecido a la predicación de los pastores. Las visitas a vecinos, familias, fábricas o grupos de personan, que algunos se llaman “timbreos”, tienen por propósito acortar las distancias que hay entre líderes, candidatos o quienes detentan cargos gubernamentales con la gente.

Los afiliados a los partidos, o la mal llamada “militancia”- término que relaciona la lealtad política con la disciplina militar-, muchas veces se enrolan en una suerte de carrera administrativa que les permite detentar, y luego ascender o cambiar, distintos cargos políticos o administrativos, que también condicionan su lealtad partidaria. Los éxitos o derrotas que sufren los partidos o las alianzas políticas dependen en parte de lo que se pueda conseguir con el triunfo o las derrotas de sus candidaturas o propuestas, sino también al destino personal que ello les deparará a sus dirigentes, afiliados, “punteros” o “militantes”. Los líderes políticos que se cambian de partidos, o parlamentarios de bloque, se producen con frecuencia, y, en algunos casos, traicionando la lealtad con sus electores, como lo que se conoce en nuestro país el nombre de “borocotismo”.

En algunos casos estas carreras políticas o administrativas, han permitido conseguir ventajas, privilegios o recursos, por medios no trasparentes, que contradicen lo permitido por las leyes penales, administrativas o financieras, lo que significa corrupción. Conductas ilícitas o delictivas siempre existieron en el quehacer político, pero con el avance de los medios de comunicación, que ahora han penetran hasta en la intimidad de las personas, familias y en los secretos de estado, han hecho posible que los tribunales de justicia hayan podido procesar y condenar a presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, ministros o empresarios corruptos. El rol de los servicios de inteligencia ha cobrado una importancia fundamental en estos manejos o desmanejos que operan en las esferas de gobierno y entre los que están alcanzados por, lo que ahora se denomina en nuestro país, el “círculo rojo”.

Las estrategias electorales de extremar las polarizaciones, la relación amigo-enemigo, han dados resultados positivos para algunos candidatos, pero han creado tensiones y “grietas”

en las dirigencias gubernamentales y en la sociedad civil, que no han ayudado a construir la voluntad popular, ni a hacer efectiva la “paz interior” que nos exige el preámbulo de nuestra Carta Fundamental.

Entre los líderes de las confrontaciones se intercambian críticas, agresiones, se denuncian responsabilidades y hasta se cuestiona sus legitimidades. Sus programas y discursos están dirigidos a sus seguidores y no a todos los ciudadanos. Ello los termina convirtiendo a estos en “militantes”, que ceden su voluntad autónoma a sus respectivos líderes. Los discursos ideologizados, dirigidos a sus seguidores, tratan de crear un blindaje invisible, enfocado a profundizar las gritas y hacer más dura las confrontaciones. Por este camino se puede llegar a conformar gobiernos hegemónicos, o a lo que ahora se llama populismo y hasta se puede arribar al totalitarismo. Esto contraria la democracia y la libertad, y hasta nos puede hacer regresar desde la siempre tan ansiada república a la monarquía, que Montesquieu nos enseñó a superar.

La voluntad popular se construye con la cooperación de todos, y no con la hegemonía de una minoría por numerosa o importante que sea. La amistad cívica o social es un componente indispensable para que la sociedad política desarrolle la democracia constitucional.

La representación en los órganos legislativos

En “El Hombre y el Estado”, Jacques Maritain afirma que: “La función concreta del Estado –su función principal– es velar por el orden legal y la aplicación de la ley. Pero el Estado no es la ley” (Editorial Encuentro página 31), porque, según añade en otro segmento de su obra, “el Estado no es más que un órgano habilitado para hacer uso del poder y la coerción y compuesto de expertos o especialistas en el orden y el bienestar públicos; es un instrumento al servicio del hombre” (página 27).

La representación política encuentra su mejor versión en los integrantes de los órganos legislativos, que son elegidos periódicamente por el pueblo, y están encargados de canalizar las peticiones, reclamos y necesidades del pueblo del que son mandatarios. En los parlamentos se delibera, se dictan leyes y se controla al poder ejecutivo. Además, se designan o se acuerda el nombramiento a funcionarios, ministros, jueces, embajadores o militares de rango superior. El juicio político permite destituir a las más altas autoridades políticas o judiciales. Las políticas de estado, para ser tales, deben ser elaboradas o acordadas y discutidas en los congresos, legislaturas o concejos deliberantes.

Para que esta misión institucional sea mejor cumplida es imprescindible que las normas electorales conformen el primer vínculo que haga efectivo el mandato que invisten los integrantes de estos organismos. Ellas deben hacer que los electores conozcan a quienes lo van a representar, y que puedan decidir mejor a quién elegir en el momento de votar. Y que

puedan con facilidad poder comunicarse con ellos, interrogarlos y reclamarle lo que sea necesario antes y después de ser electos.

Cuando la elección es unipersonal ello es más factible, pero cuando se lo hace por listas proporcionales, es bueno que se autorice el voto de preferencia, como lo prevé la Constitución de la provincia de Córdoba (Art. 78 infra) y la Carta Orgánica de la Municipalidad Córdoba (Art. 133) -aunque lamentablemente ello no se aplica por no estar reglamentado, en el primer caso, y por exigir en la reglamentación de la Carta Orgánica un 3% de preferencias para desplazar a los que están antes en las listas-. En el municipio de Ushuaia se adoptó el voto preferencial en 2002. La posibilidad de poder tachar a alguno de los integrantes de las listas, lo permitió la ley “Sáenz Peña” Nº 8.871, de 1912, que rigió durante varias décadas, a los efectos de cambiar el orden de las mismas.

En el derecho comparado observamos que Brasil, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana se practica el voto preferencial, en listas cerradas pero no bloqueadas, para cambiar el orden de las listas como el establecido en la Constitución y la Carta Orgánica de Córdoba. En Chile hay voto preferencial en las elecciones municipales. En Suiza, Luxemburgo y en el Senado español la preferencia es en listas abiertas, por lo que se puede elegir y votar a candidatos de distintas listas. En Irlanda, Malta y en Irlanda del Norte no hay sistema de listas, sino el voto único transferible que permite que cada elector pueda marcar el orden de preferencia entre los candidatos que se presentan en su circunscripción. En las elecciones del Parlamento Europeo, los electores pueden cambiar el orden de los candidatos en la lista mediante el voto preferencial en Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia. Además, en Luxemburgo, los electores pueden no sólo indicar sus preferencias, sino también votar a candidatos de otras listas y en Suecia, los electores pueden incluso añadir o eliminar nombres de las listas.

Reformas del Congreso de la Nación

En el Congreso de EEUU se produjo un cambio muy importante cuando se dictó después de la segunda guerra mundial y del extenso gobierno de Franklin Delano Roosevelt (entre el 4 de marzo de 1933 y el 12 de abril de 1945), la ley dictada por el Senado y la Cámara de Representantes de reorganización legislativa (Legislative Reorganization Act of 1946 número 601 del LXXIX Congreso) para promover la mayor eficacia de la rama legislativa Gobierno. Por el mismo se reformaron los reglamentos de ambas cámaras, el régimen y procedimiento en las comisiones, normas del personal legislativo y de los agentes de influencia legislativa (“Regulation of Lobbyingt Act”), la ley federal de reclamos por agravios, la compensación y retiro de miembro del Congreso, la oficina de asesoramiento legislativa, entre otras cuestiones. Todo ello está muy bien explicado en el libro de Manuel Fraga Iribarne “La reforma del congreso de los estados Unidos La L.R.A. de 1946”, publicado en Madrid Ediciones Cultura Hispánica 1951.

No estaría mal que en el momento de crisis institucional que vivimos pudiera ocurrir algo parecido en el Congreso de la Nación, para lo cual se podría tomar en cuenta las propuestas que le hiciera al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario en marzo de 2019.

Las reformas propuestas fueron las siguientes:

· Cumplir con el artículo 45 de la CN para actualizar el número de diputados de cada distrito, de acuerdo al último censo, sin que ello signifique aumentar el número de 257 que hay en la actualidad.

· Sancionar una ley que apruebe un Reglamento General del Congreso -no previsto ni prohibido por la CN y que existe en otros países- que regule:

I. El funcionamiento del Congreso reunido en Asamblea: sus autoridades; su constitución; el quórum; sus sesiones generales; y las especiales para: la elección de presidente y vicepresidente, en las que deberán sumarse los sufragios emitidos por el electorado de los distritos y proclamar la fórmula electa, o convocar a segunda vuelta si los porcentajes exigido por la Constitución así lo exige (Art. 120 de la ley 19.945 reformada por la 24.444); para tomar el juramento del presidente y vicepresidente de la Nación (Art. 93 CN); para tratar el motivo de sus renuncias (art. 75 inc. 21 CN); para los casos de acefalía (Art. 88 y ley 20.972 de 1975 modificada ley 25.716), y para el mensaje presidencial en la apertura de las sesiones del Congreso (Art. 99 inc.8 CN).

II. Los procedimientos: para autorizar al presidente de la Nación a ausentarse del territorio de la Nación (Art. 99 inc.18 CN); para los juicios políticos (Arts. 53, 59 y 60 CN ); para designar y remover al Procurador General y al Defensor General de la Nación (Art. 120 CN), al presidente de la Auditoría General de la Nación (Art.85 CN), al Defensor del Pueblo y receptar sus informes (Art. 86 CN); autorizar la delegación legislativa en “materias determinada de administración o de emergencia pública” (Art. 76 CN) y derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia y la promulgación parcial de leyes (Ley 26.122).

III. La estructura, redacción, numeración y caducidad de los proyectos de leyes; sobre pedidos de informes y comunicaciones dirigidas al Poder Ejecutivo (ley 2417 de 1890, ley Olmedo, reformada por la 3721, la 13.640, y la 23.821); de recepción y tratamiento de las iniciativas populares y de las sentencias exhortativas dictadas por los tribunales (en Diputados ingresaron 63 entre 2005 y 2018).

IV. Las comisiones bicamerales, la Dirección de información y asesoramiento -incluso constitucional- parlamentaria y de la Biblioteca.

· Reformar los reglamentos de ambas cámaras para:

I. Regular la interpelación “a los efectos del tratamiento de una moción de censura”, y remover por alguna de las cámaras, al Jefe de Gabinete de ministros (Art. 101 CN).

II. Disminuir el número de comisiones -en especial en Diputados- y controlar su regular funcionamiento.

III. Limitar los tiempos en el uso de la palabra en los homenajes y al plantear cuestiones de privilegios.

IV. Crear bloques mixtos en ambas cámaras integrados por los grupos de legisladores que tengan menos de tres miembros.

· Revisar la ley de Administración financiera y los reglamentos de ambas cámaras para mejorar el trámite de la presentación, tratamiento, aprobación del presupuesto nacional y su eventual reconducción.

· Incorporación nuevas tecnologías para un mejor funcionamiento de las cámaras, las comisiones, las oficinas administrativas y la comunicación con los ciudadanos, a través de los medios y las redes sociales.

· Revisar las leyes promulgadas y no reglamentadas, y que por ello no son aplicadas.

A ello se le podría agregar un código de ética y, la siempre resistida, en nuestro país, reglamentación de los lobbying (Art. 36 infra de la CN).

Para terminar es bueno recordar los consejos de Manuel Fraga Iribarne, en el libro antes citado, cuando expresa que: “(…) los parlamentos con mejores en las críticas que en la elaboración, y superiores en el control que la intervención directa en el Gobierno o la Administración, muchos más aptos para las cuestiones básicas, de principios, que para los detalles y los problemas técnicos o de ejecución. En definitiva los Parlamentos con principalmente cuerpos pasivos, por lo mismo que son representativos de los gobernados; pero a su vez deben ser eficaces y activos en su pasividad (…) Hoy, como en los tiempos de Burke, “la función primordial – escribe Friedrich- es la representación del pueblo en la defensa y la crítica del Gobierno y de su política.” (Página 35/6)

Córdoba, septiembre de 2019.

La reforma del Congreso de la Nación

congresoMucho se habla de consolidar nuestra recuperada democracia republicana y de vigorizar las debilitadas instituciones constitucionales que la sustentan.

Hoy nos preocupa una de ellas, la más importante, el Poder Legislativo de la Nación, al que la Constitución Nacional (CN) trata como el primero de los tres poderes del Estado, y le dedica un tercio de su articulado, y que en el pasado siglo XX estuvo clausurado durante 24 años, dos meses y 18 días, mientras nos gobernaban seis gobiernos de facto, que por ese tiempo, usurparon el poder.

El 18 de diciembre de 2017 y el 24 de octubre de 2018 el edificio del Congreso fue apedreado, y en su interior se desarrollaron sesiones donde la violencia y las agresiones estuvieron a la orden del día, lo que para nada se condice con la jerarquía de la institución. La producción legislativa disminuyó considerablemente. En 2018 en sesiones ordinarios se aprobaron 34 leyes y 30 en las extraordinarias de diciembre, mientras el Poder Ejecutivo ese mismo año dictó 50 decretos de necesidad y urgencia.

La Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, creada el mismo 24 de octubre de 2018, mientras se apedrear al edificio del Congreso, decidió el 28 de febrero de 2019 reunirse con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, a quién se le sugirieron algunas propuestas que podría fortalecer a la Institución más importante de la República.

Las reformas propuestas fueron los siguientes:

· Cumplir con el artículo 45 de la CN para actualizar el número de diputados de cada distrito, de acuerdo al último censo, sin que ello signifique aumentar el número de 257 que hay en la actualidad.

· Sancionar una ley que apruebe un Reglamento General del Congreso -no previsto ni prohibido por la CN y que existe en otros países- que regule:

I. El funcionamiento del Congreso reunido en Asamblea: sus autoridades; su constitución; el quórum; sus sesiones generales; y las especiales para: la elección de presidente y vicepresidente, en las que deberán sumarse los sufragios emitidos por el electorado de los distritos y proclamar la fórmula electa, o convocar a segunda vuelta si los porcentajes exigido por la Constitución así lo exige (Art. 120 de la ley 19.945 reformada por la 24.444); para tomar el juramento del presidente y vicepresidente de la Nación (Art. 93 CN); para tratar el motivo de sus renuncias (art. 75 inc. 21 CN); para los casos de acefalía (Art. 88 y ley 20.972 de 1975 modificada ley 25.716), y para el mensaje presidencial en la apertura de las sesiones del Congreso (Art. 99 inc.8 CN).

II. Los procedimientos: para autorizar al presidente de la Nación a ausentarse del territorio de la Nación (Art. 99 inc.18 CN); para los juicios políticos (arts. 53, 59 y 60 CN ); para designar y remover al Procurador General y al Defensor General de la Nación (Art. 120 CN), al presidente de la Auditoría General de la Nación (Art.85 CN), al Defensor del Pueblo y receptar sus informes (Art. 86 CN); autorizar la delegación legislativa en “materias determinada de administración o de emergencia pública” (Art. 76 CN) y derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia y la promulgación parcial de leyes (Ley 26.122).

III. La estructura, redacción, numeración y caducidad de los proyectos de leyes; sobre pedidos de informes y comunicaciones dirigidas al Poder Ejecutivo (ley 2417 de 1890, ley Olmedo, reformada por la 3721, la 13.640, y la 23.821); de recepción y tratamiento de las iniciativas populares y de las sentencias exhortativas dictadas por los tribunales (en Diputados ingresaron 63 entre 2005 y 2018).

IV. Las comisiones bicamerales, la Dirección de información y asesoramiento -incluso constitucional- parlamentaria y de la Biblioteca.

· Reformar los reglamentos de ambas cámaras para:

I. Regular la interpelación “a los efectos del tratamiento de una moción de censura”, y remover por alguna de las cámaras, al Jefe de Gabinete de ministros (art. 101 CN).

II. Disminuir el número de comisiones -en especial en Diputados- y controlar su regular funcionamiento.

III. Limitar los tiempos en el uso de la palabra en los homenajes y al plantear cuestiones de privilegios.

IV. Crear bloques mixtos en ambas cámaras integrados por los grupos de legisladores que tengan menos de tres miembros.

· Revisar la ley de Administración financiera y los reglamentos de ambas cámaras para mejorar el trámite de la presentación, tratamiento, aprobación del presupuesto nacional y su eventual reconducción.

· Incorporación nuevas tecnologías para un mejor funcionamiento de las cámaras, las comisiones, las oficinas administrativas y la comunicación con los ciudadanos, a través de los medios y las redes sociales.

· Revisar las leyes promulgadas y no reglamentadas, y que por ello no son aplicadas.

Estas propuestas están ahora a consideración del Senador Pinedo y esperamos que tengan pronto tratamiento.

Córdoba, julio de 2019

Los clérigos que fueron congresistas

León Federico Aneiros

Nuestra Constitución Nacional, siguiendo lo que establecía el artículo 23 de la Chilena de 1833 y del artículo 48 del Proyecto de Juan Bautista Alberdi, desde 1853 dispone, en una cláusula que es obsoleta, anacrónica y discriminatoria para los ministros de la Iglesia Católica Apostólica y Romana (ya que no incluye a los de los demás cultos), que los “eclesiásticos regulares (pertenecientes a una orden religiosa, y por el voto de obediencia que ello tienen a sus superiores, por lo que se excluye a los seculares) no pueden ser miembros del Congreso” (artículo 73 actual, idéntico al 62º de la de 1853 y 65 de la de 1860; en la reforma de 1949 fue derogado y restablecido en la de 1957; en la de 1994 hubo tres proyectos para derogarlo, que no fueron aprobados: el número 905 de José Miguez Bonino, el nº 1526 de Eugenio Zaffaroni, ambos del Frente Grande; y el nº 1547 de Hugo Dante Marcone, de Fuerza Republicana; las constituciones provinciales de Chaco, La Pampa, Mendoza, Rio Negro, Salta, San Luis y Tierra del Fuego tienen cláusulas similares).

El antecedente remoto de esta singular regla la encontramos en la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña donde para ser diputado no se puede “ser eclesiásticos de las iglesias anglicana, escocesas o católica (no está descalificado el clero de Iglesia de Gales).” En cambio en la Cámara de los Lores hay 26 “lores espirituales”; de la Iglesia anglicana: los arzobispos de Canterbury y York; los obispos de Londres, Durham y Winchester, y los demás obispos van ocupando su puesto según la antigüedad de su nombramiento y siempre que mantengan la dignidad eclesiástica.

La obediencia de los eclesiásticos regulares por su voto a los superiores se parece bastante al que tienen los legisladores respecto de los que confeccionaron las listas de candidatos, de las autoridades de los bloques, de los partidos políticos o de los gobernadores de la provincia de la que fueron elegidos.

El Código de Derecho Canónico de 1983, en su canon 285,3 prescribe: “Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que lleven consigo el ejercicio de la potestad civil”. Se entiende que esto se refiere tanto a cargos ejecutivos como legislativos o del Poder Judicial. En el Código anterior de 1917 la prohibición estaba matizada por la posibilidad de obtener una licencia. El Canon 626, 1 decía: “Sin autorización de la Santa Sede Apostólica no puede un religioso ser promovido a dignidades, oficios o beneficios que no puedan armonizarse con su estado.”

Pero más allá de ello es justo recordar que hubo algunos casos de participación de eclesiásticos en los distintos congresos nacionales; como lo fue en el que en 1816 que declaró la Independencia, en las convenciones constituyentes y en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

En el Congreso de Tucumán cuando declaró la Independencia el 9 de julio de 1816, de sus 33 diputados, sólo asistieron 29, de los cuales 11 eran clérigos. Entre los 4 ausentes estaba el presbítero Miguel Calixto del Corro, representante de Córdoba, que en ese momento cumplía una misión diplomática encomendada por el Congreso ante José Gervasio Artigas. Votaron por la Declaración de la Independencia los sacerdote Antonio Sanz, fray Cayetano José Rodríguez; fray Justo Santa María de Oro O.P.; los presbíteros Manuel Antonio Acevedo, José Eusebio Columbres, Pedro Ignacio de Castro Barros, Pedro León Gallo, Pedro Francisco Uriart, Pedro Miguel Aráoz, José Ignacio Thames y José Andrés Pacheco de Melo. Mariano Sánchez de Loria, diputado de Chuquisaca que también votó la ese día, no era sacerdote en ese momento pero lo sería después de que falleciera su esposa en 1817, llegando a ser canónico. Se incorporaron al Congreso después del 9 de julio los presbíteros Felipe Antonio de Iriarte, Pedro José Crespo, Mariano Perdriel, Diego Estanislao de Zavaleta, y José Miguel de Zegada. El sacerdote José Agustín Molina, fue elegido diputado por Tucumán pero renunció y fue reemplazado por José Ignacio Thames, pero fue secretario del Congreso durante los diez meses en que éste sesionó en Tucumán. Fue, además, el autor, junto con su fray Cayetano Rodríguez, del “Redactor del Congreso”, la únicas crónicas de las sesiones que llegaron a nuestros días; ya que se perdieron las actas oficiales.

En el Congreso Constituyente de 1853 que sancionó la Constitución Nacional en Santa Fe, hubo tres sacerdotes: Benjamín José Lavaysse, fray José Manuel Pérez O.P. y Pedro Alejandrino Zenteno. En la que la reformó en 1994, fue constituyente el ex obispo de Neuquén monseñor Jaime de Nevares, que fue elegido por el Frente Grande, pero reunida la convención renunció a su banca.

En 4 de septiembre 1857 se discutió en el Senado, que entonces sesionaba en la ciudad de Paraná, la reconsideración al rechazo del diploma del senador electo por la provincia de Santiago del Estero presbítero Antonio María Taboada, el que se había producido, en una primera instancia, por no reunir el requisito de contar con “la renta de dos mil pesos fuertes o de una renta equivalente”, exigido por el artículo 43º de la Constitución de 1853 (48 de la de 1860 y 55 de la actualmente vigente). Luego de un arduo debate el diploma fue votado dos veces, resultando empatado, y luego fue aprobado, con el voto de desempate del presidente del Cuerpo Tomás Guido. Este debate y la pareja votación se produjo a pesar de que Taboada alegó en su defensa que era propietario de una casa en Buenos Aires; otra en El Ferrol, cuyos alquileres estaban depositados desde 1850; y una estancia en la provincia de Santiago del Estero, con casa, oratorio y más de setenta arrendatarios.

La Cámara de Diputados tuvo entre sus miembros al segundo Arzobispo de Buenos Aires León Federico Aneiros, que fue electo en 1874 por el Partido Autonomista Nacional de Buenos Aires, y prestó juramento el 24 de julio de 1874, siendo presidente de la Cámara de Diputados Luis Sáenz Peña. Su asistencia fue irregular, su participación nula, renunció a la banca
al iniciarse las sesiones ordinarias la que fue aceptada 12 de mayo de 1875, luego de haber enfrentado a quienes se oponían a la vuelta de los jesuitas y que incendiaron el 28 de febrero de 1975 el Colegio del Salvador. Antes, entre el 15 de mayo de 1854 hasta el año 1856, monseñor Aneiros había sido electo e integró la Cámara de Representantes del Estado de Buenos Aires.

También fue diputado de la Nación el padre Virgilio Filipo, electo en 1948 por el Partido Peronista y sin dejar de ejercer el cargo de párroco de la Redonda, en Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, y terminó su mandato en 1952.

En las elecciones de 1946, el padre Leonardo Castellani fue candidato a diputado en segundo término en la lista de la Alianza Libertadora Nacionalista. Castellani, que no ejerció nunca ese cargo, era entonces jesuita y la Compañía lo expulsó en 1949. En el año 2001 el presbítero Luis Ángel Farinello compitió en las elecciones legislativas de ese año, como candidato a Senador nacional por la provincia de Buenos Aires, por el partido Polo Social fundado por él, para lo que fue autorizado por el obispo de Quilmes Jorge Novak. En enero de 2005 el obispo de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, Pedro Ronchino, negó autorización al sacerdote de esta provincia monseñor Gustavo Miatello, vicario del obispado de Trelew, la posibilidad encabezar la lista de diputados nacionales por pedido del gobernador de Chubut Mario Das Neves.

Queda claro, entonces, que el artículo 73 de la Constitución es hoy, más que nunca, innecesario y debe ser derogado, especialmente por los límites que establece el Código de Derecho Canónico para que los eclesiásticos pueden ejercer cargos legislativos.

Córdoba, de abril de 2018.

¡No me mates!

Abortistas en la marcha del día de la mujer en Argentina

¡Yo quiero nacer! ¡Tengo el derecho a vivir! Los diputados que me representan, aunque no los voté por no tener 16 años, tienen que escucharme y defenderme.
La Constitución declara que no hay “sumisiones ni supremacías por las que la vida, el honor y la fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o a persona alguna” (Art. 29).

Sin embargo, Mauricio Macri, sin haber dicho nada en la campaña electoral, anunció en febrero “Hay que dar el debate por el tema del aborto”, aunque aclaró “Yo estoy a favor de la vida y es mi postura”. Pero no vetaría la ley de ser sancionada, lo que es una clara incoherencia.

De esta forma se instaló en los medios y en la agenda del Congreso una reforma al Código Penal, que inexplicablemente se adelanta al dictamen de la comisión de juristas encargado de proponer la reforma de ese Código. Con ello se pretendió desviar la atención de la gente, hasta el mundial de fútbol, y frenar la caída de la imagen de Macri en la opinión pública ante el escaso crecimiento del empleo y de la economía, la no llegada de inversiones, la escapada del dólar, los aumentos de tarifas, etc.

Matar a una hija o hijo es un homicidio agravado por el vínculo con su madre, que está penado con prisión o reclusión perpetua (arts. 86 y 87 Código Penal). Pero si el crimen ocurre antes de nacer la pena se reduce extrañamente hasta los 10 años; y es impune cuando el aborto tuvo por “fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios”, o cuando hubiere habido “una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Esto último se dispuso en 1921 para que no nazcan niños “idiotas o dementes”, fundados en una ideología eugenésica y racista, en boga entonces, la misma que en los años 30 le sirvió a Hitler para ordenar el holocausto, en el que murieron 6 millones de personas. De esta manera, si la madre (y el médico) asesinan al niño por nacer la pena se atempera o exime, lo que contradice la igualdad ante la ley y priva de “protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo” como indica la Constitución (Arts. 6 y 75 inc. 23) y el Código Civil y Comercial (Art. 19), al proclamar el derecho a la vida “desde la concepción”.

El médico Tabaré Vázquez, presidente socialista de Uruguay, al vetar en 2008 una ley que despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, el cual luego se aprobó en la presidencia de Mujica, afirmó: “Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España.”

“La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. (…)

“De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto.”

Estas razones nos eximen de más comentarios.
Córdoba, mayo de 2018.

 

La reforma previsional y los inocentes jubilados

ANSES

El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, se publicó en el Boletín Oficial la ley de reforma previsional que entró en vigencia el dia siguiente, que reduce a menos de la mitad el índice de actualización de los haberes de los pasivos de ANSeS que debería abonarse en marzo de 2018, lo que implica una reducción de parte de sus haberes con efecto retroactivo.

Es cierto que el Congreso puede modificar los índices de aumentos de los haberes y las fechas en que se practicarán, como hace esta ley, que dispone que la movilidad de los haberes de los pasivos, se actualizarán en marzo, junio, septiembre y diciembre – en vez de marzo y septiembre como antes- y se basará en el 70% de las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); y no como ocurría antes en que el índice era 50% por el incremento de los haberes de los activos y 50% por lo que recaudaba el ANSeS. Estas pautas se fijaron así porque el INDEC dejó de medir la inflación para ocultarla.

El nuevo índice -según el gobierno-, favorecerá a los beneficiarios, si se considera el proceso inflacionario, lo que es imposible saberlo ahora. De no ser así y los haberes son disminuido y confiscados parcialmente ello dará lugar a pleitos, ya que la Corte Suprema ha dicho que el pasivo debe mantener un estándar de vida similar al que tenía cuando era activo. Esto será, además, el costo político que pagará Mauricio Macri por no cumplir lo que dice esta ley que: “En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.”

Respecto del “empalme”, que ocurrirá el 1° de marzo de 2018, lo razonable hubiera sido aplicar el índice anterior en ese mes, y a partir de esa fecha aplicar el nuevo.

La ley garantiza a los pasivos que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil. Se excluye de este beneficio a los que lo han obtenido su prestación por invalidez o por pensiones por fallecimiento del titular, lo que es contrario al principio de igualdad ante la ley que reconoce la Constitución (Art. 16).

Cuando el trabajador cumpla 70 años y reúna los requisitos para pasivisarse, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites jubilatorios, pero deberá mantener la relación laboral hasta que el empleado obtenga el beneficio por un plazo máximo de un año. Ello no afecta el derecho del empleado a jubilarse antes de los 70 años. Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador de pagar la indemnización por antigüedad. La intimación implicará la

notificación del preaviso, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación laboral.

Esto beneficia a los que opten continuar trabajando, ya que hasta ahora los que lo hacían cobraban el haber de activos más el de pasivos. La ventaja para el empleado es que el patrón no puede prescindir del mismo cuando está en condiciones de jubilarse; pero acotará las posibilidades de ingreso o reinserción en el mercado laboral, a quienes aspiren a un primer empleo o pretendan volver a hacerlo.

Para el empleado que esté en condiciones de pasivisarse, su patrón deberá seguir haciendo los aportes del trabajador, pero las contribuciones patronales se reducirán a las destinadas a Obras Sociales y a los Riesgos del Trabajo. Esto se aplica también al dependiente jubilado que sigue prestando servicios sin interrupción con el mismo empleador. Están excluidos de esto los empleados públicos.

La ley no fue bien estudiada ni debatida, como lo demuestra el subsidio que se le agregó por decreto, y si fracasa al aplicarse, a los abuelos se les dirá: ¡que la inocencia les valga!

Córdoba, diciembre de 2017.

La Legislatura y la reforma política en Córdoba

 

Legislatura de Córdoba

La 5ª. Constitución de la provincia de Córdoba de 1987 hizo posible la reelección del entonces gobernador Eduardo Angeloz que la convocó. Para ello, su partido, la UCR, por no tener mayoría en la Convención, acordó con la Unión Demócrata de Centro, que las dos cámaras de la Legislatura, ampliaran desmesuradamente el número de miembros, para asegurarse en lo sucesivo una cantidad fija de legisladores para ambos partidos. A ello se le agregó que una de las cámaras podía sancionar leyes tácitamente, y luego de comenzar a funcionar se nombraron una gran cantidad de empleados.

Por eso el pueblo de Córdoba en 2001 votó en una consulta popular el reemplazo de esa Legislatura por otra unicameral, como tuvo Córdoba hasta 1871 y lo tienen la mayoría de las provincias argentinas, y ello se concretó con la reforma de la Constitución del 2001. Por ella se redujo el número de legisladores de 133 a 70, de empleados, y su presupuesto, que era entonces de 46,3, se bajó a 11,9 millones de pesos. Se mejoró la representación con un sistema electoral mixto, con un legislador elegido en cada uno de los 26 departamentos, por un lado, y otros 44 legisladores elegidos en toda la provincia por una lista única, con bancas distribuidas por el sistema proporcional, sin premio para las mayorías, ni castigo, con techo para la minorías (del 2 por ciento), como había hasta ese momento; con voto de preferencia, que nunca se reglamentó, con lo que se podría cambiar el orden de las listas impuestas por las cúpulas de los partidos. Se dispuso que hubiera legisladores suplentes, que pudieran incluso hacer relevos transitorios; se abolieron los privilegios parlamentarios, salvo el de opinión; se ampliaron los plazos de las sesiones ordinarias a 11 meses; se estableció la doble lectura para la aprobación de las leyes más importantes y se abolió la aprobación ficta de las leyes prevista en la Constitución de 1987.

También se establecieron las elecciones internas abiertas, que tampoco fue reglamentado, y el control de los fondos de los partidos, nunca bien implementado. Esta reforma permitió el acceso a la Legislatura de la mayoría de los partidos de la provincia. Con las elecciones del 2001, obtuvieron legisladores 14 partidos políticos; en la de 2003 ingresaron 10 y, en la de 2007 14 partidos.

En esta reforma constitucional se deslizaron dos errores, como fue bajar la edad mínima de los legisladores de 21 a 18 años, sin que una demanda juvenil, social o política lo demandara, aunque luego no se eligieron legisladores de esa edad; y se exageró la acción afirmativa del “cupo por sexos” al imponer que las suplencias de los legisladores no se cubrirían en el orden de lista por el que fueron votados, sino por sexos, aunque saltearan a otros, que estuvieran antes en las listas, lo que ya no sólo cambia el orden de las mismas, que de haberse reglamentado incluso podrían haber sido modificadas por el voto de preferencia, sino que distorsiona la voluntad popular.

En la Unicameral se aprobó un Reglamento interno, que mantuvo un artículo del que tenía el antiguo Senado, que contradice lo que establecen todos los reglamentos, por el que los asuntos entrados pueden ser tratados “sobre tablas” con el voto de la mayoría simple del Cuerpo, lo que ha hace que las iniciativas del Ejecutivo, que siempre tuvo mayoría en la Legislatura, entraran y salieran aprobadas, sin estudio ni debate, en una sesión.

Tampoco se reglamentó la división departamental de la provincia, y se mantuvo -con pocas variantes- la diseñada en el siglo XIX, frustrando el propósito del constituyente de redefinir la división departamental para equilibrarla, con un criterio regional, teniendo en cuenta las afinidades históricas, territoriales, de infraestructura, de comunicaciones; además de la cantidad y distribución de la población. Esta omisión hizo menos genuina la representación territorial y menos eficaz la gestión del legislador, que, en algunos casos, deben atender los intereses de sus votantes en departamentos superpoblados, como en el de la Capital, y en otros a una escasa población, como en Pocho y Minas

A ello se agregó la grave crisis que padecen los partidos; su fraccionamiento y la sustitución de sus líderes por otros sostenidos por el clientelismo político, o por una fama adquirida en los medios de comunicación u en otras actividades ajenas a la política, como el deporte, el espectáculo, etc. Ello convirtió a muchos partidos en sellos o estructuras que sólo sirven para presentar candidatos en las elecciones, o integrar alianzas. Tampoco funciona el Consejo de Partidos Políticos creado en la Constitución de 1987; y no existen ámbitos adecuados para hacer educación política.

Adoptar el voto electrónico, como tiene Brasil, India y muchos condados de EEUU es otra asignatura pendiente que tiene Córdoba y el país.

Córdoba, noviembre de 2017.

Fuentes tributarias separadas o coparticipación

Argentina

Argentina

La reunión de ministros de economía sirvió para recordarnos que hace 23 años no se dicta la ley de coparticipación federal prevista en la Constitución de 1994 (arts. 75, 2 y 3 y Disp. transitoria 6ª CN) y que en este tiempo la caja del gobierno federal creció en desmedro del de las provincias y los municipios acentuándose la injusta dependencia fiscal y política.

La Constitución de 1853 dispuso que el gobierno federal se financie con los derechos de importación y exportación y las tarifas de aduana. Pero desde 1891 el Congreso aprobó leyes que autorizaban a la Nación a recaudar impuestos internos, que gravaban las ventas, y que, hasta entonces, eran recursos provinciales.

El gobierno militar en 1832 creó el impuestos a los réditos (hoy a las ganancias), por el que el gobierno federal gravaba el ingreso de las personas, que, según la Constitución, era de resorte provincial, y para que estas normas no sean declaradas inconstitucionales, se dispuso que regían por tiempo determinado y se prorrogaron hasta ahora, y se coparticipaba a las provincias un porcentaje de lo recaudado. La última ley de coparticipación se dictó en 1988 en forma provisional durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y está vigente todavía.

En la reforma constitucional de 1994 en vez de terminar con este sistema se dispuso que debía dictarse otra ley convenio, de coparticipación federal, en base a acuerdos entre la Nación y las provincias; que tenían que aprobar el Congreso, por iniciativa del Senado y con el voto de la mayoría absoluta de todos los miembros de ambas Cámaras y las Legislaturas de provincias. Esta ley nunca se dictó ni se dictará, ya que nadie querrá recibir menos de lo que ahora tiene asignado.

La Nación y las provincias desde 1991 firmaron 8 pactos fiscales y una ley de responsabilidad fiscal que han servido para desfigurar y engordar, aún más, el Tesoro de la Nación; hacer más injusto e inequitativo el reparto de competencias fiscales; y han gestado un nuevo y poderoso sujeto que participa de esta distribución que es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Fuentes tributarias separada

Ante esto, lo mejor sería abolir la coparticipación y volver a las pautas de la Constitución de 1853, y, a su modelo, la Constitución de EEUU, o sea al sistema de fuentes tributarias separadas, que está vigente en el país del norte y en Brasil, por el cual los distintos impuestos están repartidos y se recaudan tanto a nivel federal, como estadual y municipal o de los condados, compensándose diferencias por razones de equidad a través de fondos de asignación específica. El gobierno federal de EEUU se financia en base a los impuestos indirectos externos y al impuesto a las ganancias –que se federalizó por la Enmienda XVI a la Constitución en 1913-, los estados con los tax (un impuesto a las ventas) y los municipios por los impuestos inmobiliarios.

Este nuevo reparto fiscal significaría redistribuir la administración y recaudación de todos los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, tarifas, aportes, regalía y demás gravámenes y recursos; entre el gobierno federal, las provincias, sus municipios, la ciudad de Buenos Aires y el ANSeS.

Junto a ello deberían descentralizarse servicios, como los que el gobierno nacional presta en la ciudad de Buenos Aires (como el traspaso de los tribunales “nacionales”) y que pagan los contribuyentes de todo el país; terminar con los privilegios instrumentados a través de ATN y el Fondo del Conurbano Bonaerense; revisar la política de subsidios; y dejar sin efectos gravámenes injustos como, por ejemplo, las retenciones o el impuesto al cheque; y la duplicación de impuestos similares o análogos que se cobran en los distintos niveles como el IVA, los ingresos brutos, a las ventas o al comercio e industria –como propuso el ministro Osvaldo Giordano de Córdoba-; o el inmobiliario provincial y el municipal. Esto debería estar ordenado en un Código Fiscal Federal, como los que tienen las provincias y los municipios.

Si seguimos el modelo de EEUU el gobierno federal debería cobrar los derechos de importación y exportación, el impuesto a las ganancias y a los bienes personales, que son los más difíciles de administrar; las provincias el impuesto al valor agregado (IVA), reduciendo el disparatado porcentaje del 21%; y los municipios el impuesto inmobiliario.

En síntesis, derogar la ley de coparticipación federal, redistribuir los tributos que corresponde a cada jurisdicción en base a “criterios objetivos de reparto” y fijar reglas más “equitativa, solidaria” y que den “prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.”, como quiere la Constitución (art. 75, 2).