Parches o reforma electoral

Voto electrónico en EEUU en 2002

Voto electrónico en EEUU en 2012

El Gobierno de Mauricio Macri promete enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma política electoral por el que se:

* crearía un ente autárquico que asuma las funciones que hasta ahora cumple la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda;

* establecería para las elecciones nacionales la Boleta Única Electrónica (BUE), usada en las últimas elecciones de Salta, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y Resistencia; y

* unificarían las fechas de las elecciones nacionales, provinciales y municipales.

Con ello se pretende resolver algunos de los problemas que hubo en las últimas elecciones, lo que, para mí, no es propiamente una Reforma electoral.

Es cierto que la Dirección Nacional Electoral no debe depender de un ministerio, para que no sea manipulada por el gobierno. Pero la solución no es crear un ente autárquico, como el costoso Instituto Nacional Electoral de México, que hace un año reemplazó al Instituto Federal Electoral que existía desde 1990; sino hacerla depender de la Junta Electoral Nacional, integrada por jueces, y controlada por la Cámara Nacional Electoral, siguiendo la tradición argentina y el ejemplo de Brasil. Poner, de esta manera, la dirección y el presupuesto electoral bajo la dirección de jueces es la mejor garantía de imparcialidad.

Boleta o urna electrónica 

La adopción de la Boleta Única Electrónica, de la empresa privada GRUPO MSA (Vot.ar), significa que dicha boleta deberá ser introducida por el que sufraga a una máquina sin memoria, que es solo selectora, lectora e impresora; lo que significaría dar sólo un medio paso entre la boleta única de papel, usada en Córdoba y Santa Fe, o la múltiple empleada en las demás provincias, y la urna electrónica (sin boleta), que deberíamos adoptar, por ser la tecnología más moderna y eficaz, empleada por las democracias más pobladas del mundo (India, Brasil y la mayoría de condados de EEUU).

Las urnas electrónicas en Brasil, donde no hay boletas, ya son biométricas porque permiten identificar a los votantes por sus huellas digitales (sin exhibir documentos de identidad), y, al marcar el voto, se puede incluso expresar la preferencia por algunos candidatos a legisladores, lo que permite cambiar el orden de las listas. Urnas electrónicas, como estas, es lo que nuestro país debería adoptar. A ello habría que agregarle el voto por

correo para que lo utilicen los que no puedan concurrir el día de los comicios, los discapacitados o los presos.

Además, hay que reemplazar a la muy costosa empresa multinacional española INDRA Sistemas S.A., que desde 1997 hace el servicio de diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados a nivel nacional y distrital —en el caso de simultaneidad de elecciones—, para las PASO y las elecciones de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales, conjuntamente con las elecciones legislativas provinciales que se realizaron de forma simultánea y la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales; y tratar que ese trabajo lo haga el Estado, en forma electrónica, bajo la supervisión de jueces, con lo que se votaría y se conocería los resultados de las elecciones más rápido y sin necesidad de boletas, trasladar certificados y urnas. El software no debería pertenecer a una empresa privada, como lo es ahora, sino al Estado, como ocurre en Brasil.

La simultaneidad de las elecciones provinciales y municipales en una misma fecha es un buen propósito, a la que podrán adherir las provincias y los municipios. Pero también habría que tratar de terminar con las reelecciones en los cargos ejecutivos, y con los sistemas electorales tramposos; como el de las listas “colectoras”, la “ley de lemas y sublemas”, la “sumatoria de votos”, o de “acople”, como el empleado en las últimas y escandalosas elecciones de Tucumán, donde había registrados 503 partidos políticos y se presentaron 25.467 candidatos.

Pero lo más grave, y de esto no se habla, es el incumplimiento de la Constitución cuando establece que después de cada censo debe actualizarse el número de diputados en proporción a la población que tienen los 24 distritos que tiene el país (Art. 54), lo que no se hizo después de los últimos tres censos. Por esta omisión Córdoba tiene 18 diputados nacionales, a pesar que su población es mayor que la Capital Federal, que tiene 25, y Santa Fe, que tiene 19.

Poner al día la cantidad de diputados beneficiará, es cierto, a la provincia de Buenos Aires por el explosivo crecimiento de su población, pero esta desmesura, facilitada por los subsidios y privilegios que el Gobierno Federal le concede al conurbano bonaerense financiado con tributos que pagamos todos los argentinos; no se castiga con reducirle el número de representantes, sino suprimiéndole esos privilegios. Además, el mínimo vigente de cinco diputados por provincia –no previsto en la Constitución- es más que suficiente para compensar el aumento de diputados en los distritos más poblados.

Si queremos un sistema electoral moderno, eficiente y trasparente no hay que parchar, sino resolver los problemas de fondo, aunque lleve un tiempo concretarlo, para que el pueblo vuelva a sentirse bien representado.

Anuncios

Jubilados provinciales : Reducción, devolución y postergación

Edificio de la Legislatura Provincial de Córdoba

Edificio de la Legislatura Provincial de Córdoba

La ley 10.333, aprobada en forma exprés por la Legislatura provincial –con el voto de peronistas, radicales, juecistas y el Pro-, modifica la forma de liquidar los beneficios previsionales de aquí en adelante, luego que la Corte Suprema de Justicia ordenara a la Nación que a la provincia de Córdoba no se le debe retener más lo que le corresponde proporcionalmente del 15% de la coparticipación federal.

Al mismo tiempo que otra norma suprimió la tasa vial, dicha ley dispuso:

Reducir al ordenar recalcular, a partir de ahora, todas las jubilaciones, pensiones y retiros, que se cobran en base al 82% móvil del promedio de los últimos 48 meses actualizado del salario bruto del activo. Y hacerlo, desde esta ley, sobre el salario bruto menos el 11%, entendido como el aporte jubilatorio que se le deducen a los activos nacionales (según el SIPA), ya que a los provinciales se les reduce, al menos hasta ahora, el 18%.

Ello significa que el beneficio que se calculó sobre el 82% del haber bruto, es reducido al 73 %. Y se funda en la absurda doctrina  del “núcleo duro”, inventada en el fallo “Bossio” por el Tribunal Superior de Justicia que convalidó la quita del famoso decreto 1777 del gobernador Ramón Mestre – doctrina luego descalificada por la Corte Suprema de Justicia, en los casos “Iglesia” y “Hernández”- , que calcula el 82 % del haber neto (que hasta ahora se reduciría por el aporte personal de un 18 % y, con la modificación que se hace a partir de esta ley, del 11%) y no del bruto.

En síntesis: El 73 % se configura, entonces, porque al salario bruto se le resta el 11%, lo que lo reduce al 89 %, y sobre éste porcentaje se aplica el 82%.

100 – 11= 89, sobre esta cifra, el 82 %= 73%

Reducir los beneficios previsionales está prohibido por la Constitución Provincial (Art. 57) y el tomar como base el haber neto, y no el bruto, no se usa en ninguna parte del mundo, ni siquiera cuando corresponde liquidar el impuesto a las ganancias. Además, con ese criterio, se podría hacer otras deducciones, como por lo que se aporta a la obra social, al seguro o al sindicato, lo que reduciría el “núcleo duro” y achicaría, aún más, el haber.

La pregunta del millón es: ¿a los activos se les seguirá deduciendo el 18%, como aporte jubilatorio personal, porque cuando se jubilen se lo considerará como el 11%?

Devolver de aquí en más –lo que es positivo, el derecho a que se les incrementen a los pasivos sus sueldos cuando se los concedan y cobren los activos -que hasta ahora fueron diferidos por seis meses, sin pagarles la retroactividad, según la Ley 10.078-. Dichos incrementos se abonarán ahora dentro de los 30 días de que lo cobren los activos, con la retroactividad que corresponda por esa demora.

Postergarotro año más, la normalización de la Caja, intervenida desde 1987 cuando la Constitución provincial dispuso que: “Los organismos de la seguridad social tiene autonomía y son administrados por los interesados con participación del Estado y en coordinación con el gobierno Federal” (Art. 55); con lo que se mantiene su intervención y se pretende acallar a los gremios.

Nada se dispone respecto de los pleitos pendientes en los que se reclamó el pago de las retroactividades no abonadas en las postergaciones semestrales de los aumentos de los activos, dispuestas por la derogada Ley 10.078.

El recalcular en vez del 82 el 73 % el haber inicial de los pasivos dará pie a que estos reclamen a la Caja y demanden en la Justicia las diferencias, por habérsele privado de un derecho adquirido (Art. 17 Constitución Nacional).

Córdoba, diciembre de 2015.

El funcionamiento del Congreso de la Nación

Edificio del Congreso Argentino

Edificio del Congreso Argentino

El Congreso de la Nación, que ejerce el Poder Legislativo, es la institución más importante de la República Argentina, que se compone de una Cámara de Diputados, que ahora tiene 257 miembros, y que representa al pueblo de la Nación; y un Senado, integrado por 72 senadores, que representan en forma paritaria a cada una de las provincias y a la capital federal.

Esta institución la creó y es regulada por la Constitución Nacional, que le dedica un tercio de tu texto (43 artículos), y cuando establece los tres poderes que compone el gobierno federal, la ubica en primer término (arts. 44 al 86).

Cada cámara tiene un reglamento interno, que aprueban sus integrantes, que regla su organización y funcionamiento.

Las autoridades en Diputados son el presidente y tres vicepresidentes, elegido entre sus miembros, tiene 45 comisiones internas permanentes; y el Senado es presidido por el Vicepresidente de la Nación, y tiene un presidente provisional, un vicepresidente, y dos vicepresidentes 1° y 2°, y 24 comisiones permanentes internas. En ambos cuerpos hay una comisión de labor parlamentaria, integrada por las autoridades de la cámara y los presidentes de bloques.

Qrum y mayorías para decidir

Para sesionar las cámaras necesitan el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes, a que concurran a las sesiones (art.64).

Las decisiones se aprueban por el voto de la mayoría absoluta de los presentes, o sea más de la mitad, lo que no es igual a la mitad más uno -como en algún momento establecieron los reglamentos de ambas cámaras hasta 1997- felizmente ahora corregidos. El artículo 66 es el único que habla de “la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes” para decidir la renuncia de los diputados.

La Constitución, algunas leyes y los reglamentos exigen, en algunos casos, mayorías especiales para el quórum o para votar. Con la reforma de 1994 los casos de quórum y mayorías especiales se han aumentado considerable e innecesariamente, lo que ha creado un verdadero galimatías respecto de este tema.

En el Congreso de USA no hace falta un número determinado para sesionar aunque sí para votar, en Argentina para continuar una sesión que pasó a cuarto intermedio no hace falta quórum, salvo que alguien mocione que se lo verifique o que se vote.

El voto de los dos tercios

Cuatro interpretaciones se han hecho respecto respecto de lo que establece el artículo 30 de la Constitución para declarar la necesidad de su reforma:

  1. Que se trata de dos tercios de los que integran cada cámara, en el caso del Senado actual, 72 senadores, la mayoría de dos tercios sería 49 y en Diputados con  257 serían 172. No existe cámara sino cuando la misma está sesionando con el quórum que exige el art. 64 de la Constitución, que los reglamentos de ambas salas han interpretado como más de la mitad de sus miembros. Así lo expresa el art. 16 del Reglamento interno del Senado, cuando dice: “La mayoría absoluta del número constitucional de senadores hace Cámara’“. Sobre el número de los presentes, que son los miembros de la Cámara, deberán contarse los dos tercios. Los constituyentes usaron en algunos artículos, como el 30, el 66 y el 70 “con dos tercios de votos”, y en otros, como el 53 y el 59 “dos terceras partes de sus miembros presentes”, pero en realidad no quisieron hacer la sutil distinción que motiva esta enojosa polémica, sino que quisieron referirse en todos los casos a los dos tercios de la cámara, que siempre tiene por miembros a los legisladores presentes. Tampoco se explicaría por qué el presidente puede ser destituido por el Senado en juicio político, con dos tercios de los miembros presentes (art. 59), mientras que un diputado o senador puede ser corregido por desórdenes de conducta, sin necesidad de removerlo, “con dos tercios de votos” (art. 66), por lo que la primera interpretación atenta contra el principio de justicia. La reforma de la Constitución de 1860 fue convocada por la ley número 234 de la Confederación, que se sancionó con el voto de los dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras, y la de 1866 se convocó por la ley 171, que se aprobó en el Senado, también con los dos tercios de los presentes. Si tenemos en cuenta que en aquella época hacía pocos años que se había sancionado la Constitución, y muchos de los constituyentes vivían y actuaban en la vida pública, la interpretación auténtica, hecha por los legisladores de entonces, cobra mayor relevancia que la que hicieron los de 1949, cuando sin tener dos tercios del total de sus integrantes, la Cámara de Diputados aprobó la ley 13.233, que luego fue convalidada por la Convención, que al modificar el texto del art. 30 agregó el término “presentes”. La jurisprudencia no ha tenido ocasión de pronunciarse en nuestro país respecto de este tema, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos de América lo hizo en el caso “Missouri P.R. Co. Vs. Kansas”, 248 U.S., 276, de 1919, y “Rhode Island vs. Palmer (National prohibition cases)”, 235 U.S., 350 de 1923, en los que frente a textos similares al del art. 30 que tiene la Constitución norteamericana, se consideró válido el criterio de los dos tercios de los miembros presentes. Si la Constitución hubiera querido, en el art. 30, referirse a los congresistas que tienen las salas y no a los miembros de cada cámara, quizá habría empleado la expresión “total de los miembros”, como lo hace en el art. 84, última parte, al referirse al quórum especial de la asamblea legislativa del escrutinio y rectificación de la elección de presidente y vicepresidente de la nación.

 

  • Que exige sólo dos tercios de los miembros de la cámara, que son los presentes, para saber el número de votos que se requieren, habría que conocer antes cuántos asistentes hay en la sesión.  
  • Que los dos tercios de los que al momento de votar se encuentran en ejercicio del cargo, por lo que al número de integrantes de cada cámara hay que descontarle las vacantes por renuncia, fallecimiento, remoción o inhabilitación permanente, que no han sido cubiertas.
  • Que los dos tercos son de los votos emitidos, excluyendo las abstenciones.

 

Lamentablemente en la reforma de la Constitución de 1994 no se aclaró esa confusión unificando la redacción de los artículos, sino que en otros se fijó otra redacción como: “las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara” (art. 75 inciso 22) o “la mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras” (art. 77), para dar sólo un ejemplo.

Proyectos de ley

Los proyectos de ley pueden ser presentados por los diputados o los senadores en sus respectivas cámaras o por el Poder Ejecutivo (art. 65º), a través de un mensaje, lo que viene del proyecto de Gorostiaga (art. 34). Después de la reforma de 1994, se admitió que los proyectos que ingresaran por iniciativa popular a la Cámara de Diputados (art. 39), con la firma de al menos el 1,5 por ciento de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral, en al menos seis distritos, si el proyecto no se refiere a un problema local (ley 25.432). El Estatuto Fundamental de 1972 disponía que las leyes de presupuesto y de ministerios fueran de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo (art. 68). Con la reforma de 1994 la Constitución dispone que el Jefe de Gabinete de Ministros debe “Enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo” (art. 100 inciso 6), sin afirmar que se trata de una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. El Estatuto Fundamental de 1972 preveía también que el Poder Ejecutivo podía mandar al Congreso proyectos de urgente tratamiento, o imprimirle dicho trámite a los ya enviados, que debía ser tratados en cada cámara en el plazo de 30 días, 60 si se trataba de la ley de presupuesto, y se consideraba aprobado si se vencía el plazo sin que hubiera sido desechado (art. 69). Felizmente la reforma de 1994 dispuso que “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta.” (Art. 82), ya que la posibilidad de que haya decisiones tácita del Congreso se contradice con el principio de democracia representativa.

Los proyectos de leyes se aprueban para su sanción por ambas cámaras del Congreso reunidas por separado, y pasan al Poder Ejecutivo para su promulgación, expresa o tácita (pasados “diez días útiles”, art.67º), y su publicación en el Boletín Oficial; o para ser observadas o vetadas. Si alguna lo rechaza se archiva y no puede volver a tratarse en ese año, discutiéndose si se trata de año parlamentario o calendario, yo me inclino por esto último (art. 68º). Pero si en la cámara revisora había correcciones o enmiendas volvía a la de origen y si esta insistía con la redacción aprobada la primera vezvolvía a la cámara revisora. Si esta, a su vez, insistía con su redacción, volvía por última vez a la de origen para la decisión definitiva. En estas dos últimas aprobaciones hacía falta el voto de los dos tercios de los miembros.

Este complejo mecanismo, que permitía que el proyecto de ley pase, para su sanción en el Congreso, hasta cinco veces, por cada cámara -tres en la de origen y dos a la revisora– antes de ser enviada al Poder Ejecutivo (arts. 66º al 69º, que son casi idénticos a los artículos 35 al 39 del proyecto de Gorostiaga); fue reducido en la reforma de 1994 a sólo tres oportunidades, para que las cámaras se expidan, dos en la de origen y una en la revisora (art. 81). Esta reforma autorizó a las cámaras a que luego de aprobado el proyecto en general pueda delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La cámara puede, por igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros (art.79). Esta delegación, sin limitarla al tratamiento en particular, fue también prevista en el Estatuto Fundamental de 1972 (art. 69)

En caso de observación o veto del Poder Ejecutivo, que algunas veces se instrumenta por mensaje y en otros por decreto, el proyecto vuelve a la cámara de origen, la que se convierte ley si ambas cámaras insisten sucesivamente con dos tercios de votos, y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación (art. 69º). La reforma de 1994 autorizó en caso de observación parcial del Poder Ejecutivo, la promulgación de la parte no vetada “si tiene autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso” (art. 80).

En Estados Unidos, este procedimiento es distinto, ya que existen conferencias, donde integrantes de ambas cámaras concilian posturas distintas para aprobar y sancionar las normas. La Constitución dice “Todo proyecto que hubiere sido aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, antes de que pase a ser ley, será enviado al presidente de los Estados Unidos. Si lo aprueba, lo firmará, pero si no, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen con sus observaciones, la que las hará constar en sus actas, y procederá de nuevo a discutirlo. Si después de esta nueva discusión, dos tercios de esa Cámara convinieren en aprobarlo, se remitirá justamente con las observaciones a la otra Cámara, la que a su vez volverá a discutirlo, y si resultare aprobado con los dos tercios de ella, pasará a ser ley(…)” (art. I Secc. VI 2). La votación será nominal, se hará constar en actas y el presidente la promulga expresa, o tácitamente si no lo observa en diez días (exceptuando los domingos). “Todo acuerdo, resolución o votación que requiera la concurrencia del Senado y la Cámara de Representantes (salvo en las cuestiones sobre receso) se presentará al presidente de los Estados Unidos, y no tendrá efecto hasta que él lo apruebe. Si lo desechare será necesaria la aprobación de los dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes, según las reglas y límites para los proyectos de ley.” (art. I Secc. VI 3)

En Argentina entiendo con Bidart Campos que la promulgación, u observación del Poder Ejecutivo sólo cabe cuando en sentido estricto se trata de una ley, en sentido “material”, y no cuando el Congreso dicte resoluciones, apruebe comunicaciones, decretos, haga declaraciones o decida por ley “formal” ejercer facultades, que no son estrictamente de naturaleza legislativa, como por ejemplo cuando: declara la necesidad de la reforma constitucional, cuando aprueba un tratado internacional o autoriza su denuncia, cuando dicta o reforma los reglamentos de las cámaras, cuando designa o presta acuerdo a una designación, etcétera. Néstor Pedro Sagüés admite el veto de las leyes que aprueban tratados internacionales .

Las leyes, en sentido material o formal, que dicta el Congreso pueden ser: constitucionales; generales; especiales; comunes o códigos; federales; de organización y base; leyes convenios; declarativas: de la Capital Federal, de la necesidad de la reforma constitucional, de guerra y del estado de sitio; de aprobación o denuncia de tratados internacionales; que instrumentan actos de gobierno o administrativos; que se aprueban en consultas populares, de necesidad y urgencia; “ómnibus”; delegadas; “en blanco”; secretas o aprobadas por el Congreso reunido en asamblea.

La ley 2417 de 1890, más conocida como ley Olmedo en homenaje al diputado J.M. Olmedo que la proyectó, modificada por la 3721, la 13.640, y la 23.821, establece el plazo de dos años de caducidad de los proyectos presentados en ambas cámaras, para hacerlo coincidir con el tiempo de su renovación parcial de las mismas, pero cuando estos fueren aprobados por una cámara y requieren la aprobación de la otra se extienden un año más. No tiene plazo de caducidad los proyectos de códigos, los ratificatorios de tratados con naciones extranjeras, las disposiciones generales a los proyectos del Poder Ejecutivo sobre provisión de fondos para atender créditos contra la Nación y los reclamos de particulares de igual carácter.

“En la sanción de las leyes se usará de esta la fórmula: El Senado y la Cámara de Diputados de la Confederación (en 1860 se cambió por Nación, art. 73º) Argentina, reunidos en Congreso, &ª (esta abreviatura que significaba etcétera fue sustituida por “…” en la reforma de 1994, art. 84, en la de 1949 fue suprimida, art.74) decretan o sancionan con fuerza de ley.” (art. 70º) La expresión “reunidos en Congreso” no debe entenderse como sesión conjunta ya que el trámite, como expresan los anteriores artículos, se desarrolla en sesiones separadas.

Sesiones del Congreso

El Congreso tiene períodos de sesiones: preparatorias, ordinarias, extraordinarias y de prórroga, y funciona en sesiones preparatorias, de tablas, especiales y secretas.

El Presidente de la Nación hace la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, reunido en asamblea en el Senado (art.83º inciso 11º), aunque en la práctica lo hace en Diputados por razones de espacio, hasta 1994 era el primero de mayo, cuando asistía, y después de la reforma de ese año, el primero de marzo, y dando cuenta sobre el Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y haciendo recomendaciones sobre las medidas necesarias y convenientes.

Las sesiones ordinarias del Congreso duraban desde el primero de mayo hasta el treinta de setiembre de cada año (art. 52º y 83º inciso 11º), y después de la reforma de 1994 desde el 1º de marzo al 30 de noviembre. La fecha de inicio no siempre fue respetada, así en 1854 las sesiones anuales comenzaron el 22 de octubre; en 1855, el 25 de mayo; en 1856, el 18 de mayo; en 1857, el 25 de mayo; en 1858, el 20 de mayo; en 1859, el 15 de mayo; en 1860, el 17 de mayo; en 1861, el 12 de mayo; en 1862, el 25 de mayo; en 1863, el 5 de mayo; en 1854, el 12 de mayo. En 1865 comienza el 1º de mayo, pero el año siguiente se inaugura el 6 de mayo; en 1867, el 2 de junio; en 1868, el 18 de mayo. Siguen fechas distintas del mes de mayo durante los años posteriores hasta que en 1899 comienza el 1º de mayo; en 1901 se vuelve a quebrar la norma constitucional, hasta el 1º de mayo de 1905; en 1906 se inaugura el 12 de mayo. No se retorna a la fecha constitucional hasta la presidencia de Juan Domingo Perón, práctica que desde 1946 se continuó haciendo hasta ahora.

Hay también sesiones preparatorias, donde se incorporan los electos, se elige la Mesa Directiva de las cámaras y se aprueban los días de tablas en que sesionarán las mismas y su fecha de inicio y desarrollo está establecida en el reglamento de cada cámara, no en la Constitución. Actualmente en el Senado la primera sesión preparatoria tiene lugar el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso que fuera feriado, a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones de tabla, los que podrán ser alterados (art. 1 de su Reglamento) y el 29 de noviembre de cada año de renovación de la Cámara, o el día inmediato hábil anterior si fuera feriado, se reunirá el Senado para incorporar a los senadores electos que hubiesen presentado diploma otorgado por la autoridad competente y para expedirse sobre los diplomas de los electos como suplentes (art. 2 de su Reglamento Interno).

En Diputados el Reglamento dispone que: “Dentro de los diez primeros días del mes de diciembre de cada año, la Cámara de Diputados será convocada por su presidente a los efectos de proceder a su constitución y a la elección de sus autoridades (…). Dentro de los últimos diez días de mes de febrero de cada año, se convocará a la Cámara de Diputados a sesiones preparatorias con el único objeto de fijar los días y horas de sesión para el periodo ordinario.”

Las sesiones extraordinarias o de prórroga las convoca el Presidente de la Nación, y se discute si pueden las cámaras por sí prorrogar sus sesiones (art. 52º y 83º inciso 12º). Las de prórroga las dispone en la práctica el Presidente, aunque durante la crisis de diciembre de 2.001 el Senado decidió autoprorrogar sus sesiones, lo que luego fue dispuesto también por el Ejecutivo. En las extraordinarias el Presidente fija el temario, en las de prórroga las cámaras actúan con las mismas atribuciones que en las sesiones ordinarias.

El Congreso reunido en Asamblea

La regla es que la Congreso sesiona con sus cámaras separada y simultáneamente, no pudiendo ninguna de ella suspenderlas por más de tres días sin el consentimiento de la otra (art. 54º), disposición similar hay en la Constitución Norteamericana, que exige además que no pueden reunirse en otro lugar que aquel en que las dos estén instaladas (art. I Secc. V 4). Pero la Constitución o las leyes prevén la reunión del Congreso en asamblea, en los siguientes casos:

  1. Cuando se hace la apertura de las sesiones del Congresocon la presencia del Presidente de la Confederación (Art. 99 inciso 8);
  2. Para hacer el escrutinio de la elección del Presidente y Vicepresidentede la Confederación, y su proclamación (Art. 79 de la CN texto anterior a 1994) y en caso de no haber alcanzado la mayoría absoluta ninguno de los candidatos el Congreso reunidos en asamblea elige entre las dos personas más votadas (art.80º), después que la reforma constitucional de 1994, que abolió los colegios electorales y estableció la elección directa y por doble vuelta, se modificó el Código Electoral Nacional (art. 120, ley 19.945 reformada por la 24.444) y se estableció que el Congreso reunido en asamblea suma los sufragios los emitidos por el electorado de los distritos y proclama la fórmula electa, o convoca a segunda vueltasi los porcentajes exigido por la Constitución así lo exigen;
  3. 3. Para tomar juramento al asumir el cargode Presidente o Vicepresidenteante el presidente del Senado (Art. 93).
  4. Para admitir o desechar los motivos de la renuncia del Presidente y Vicepresidentey declarar el caso de proceder a nueva elección (art. 64º inciso 18º). Respecto de lo primero el Congreso rechazó las renuncias del Vicepresidente Marcos Paz el 6 de junio1866;del Presidente Nicolás Avellaneda el 13 de agosto de 1880 y el 24 de agosto de 1940 del Presidente Roberto Ortiz, pensamos nosotros que contrariando a la Ley Fundamental que lo faculta sólo a desechar los motivos, pero no a la renuncia. Además cuando se le aceptó la renuncia al Vicepresidente Carlos “Chaco” Alvarez, el 11 de octubre de 2.000, se lo hizo en sesión separada de las cámaras y no en asamblea, como entendemos hubiera sido lo correcto constitucionalmente.
  5. En caso de acefalíapor estar impedidos en forma definitiva para el ejercicio del cargo el Presidente y Vicepresidentedebe convocar al Congreso para que reunido en Asamblea designe al funcionario público que ejercerá el Poder Ejecutivo hasta que un nuevo Presidente sea electo (Art. 88 y ley 20.972 de 1975);
  6. En muy pocos casos ante un hecho político muy importante el Presidente de la Nación compareció ante el Congreso reunido en asamblea, en fecha distinta al inicio de las sesiones ordinarias. En 1973 lo hizo Héctor Cámporapara presentar el pacto económico social entre CGT y CGE y en 1987 Raúl Alfonsín luego del levantamiento de los “carapintada”. En Estados Unidos el presidente George Washington lo hizo una vez pero sólo ante el Senado.
  7. También el Congreso ha recibido y escuchado a personalidades internacionales. En el primero y en estos dos últimos casos no hace falta quórum.

8.- El Congreso reunido en Asamblea dictó las leyes número:

  • 234 de la Confederación  que declaró la reforma de la Constitución de 1860,
  • 240 ½ de 1869, que no es propiamente una ley, ya que no cumplió con los pasos y procedimiento previsto en los artículos 65º y siguientes de la Constitución y porque no fue promulgada por el Poder Ejecutivo, sino una resolución del Congreso reunido en asamblea, que reglamentó el escrutinio de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación cuando estos eran elegidos por colegios electorales.
  • Modificación de la N° 19.845 Código Nacional Electoral en la sesión conjunta de ambas cámaras del 19 y 20 de diciembre de 2001, que aceptó la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa, designó en su lugar al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, y convocó a elecciones por ley de lemas, algo que luego no se llevó a cabo.

Sanción, promulgación, veto, insistencia

Las leyes pueden tener iniciativa en proyectos presentados por diputados, senadores, del Poder Ejecutivo y por iniciativa popular (art. 39 CA). Ingresado el proyecto en la cámara es girado a la comisión o comisiones internas permanentes que corresponda, la que lo dictaminará.

Cuando el proyecto es dictaminado por la comisión o las comisiones internas permanentes se aprueba en una sola votación, si hay disidencia u observaciones de los diputados a la orden del día que lo publica debe ser debatido y votados en general y particular. El plenario puede girar a la comisión permanente para que haga el debate y la sanción en particular, luego de aprobarlo en general, del proyecto “con la mayoría absoluta de sus miembros” (Art. 79 CN). La sanción en el plenario de cada cámara se hace con el voto de las mayorías que exige la Constitución y los respectivos reglamentos internos.

Las leyes sancionadas por ambas cámaras del Congreso son enviadas al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, que puede ser total o parcial, y, en este caso, puede haber promulgación parcial. La Ley fundamental dice: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.” (Art. 80)

Respecto de su vigencia el Código Civil y Comercial dice que: “Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas determine.” (Art. 5)

Y respecto de su interpretación el Código expresa: “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derecho humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.” (Art. 2) Se ha omitido la interpretación auténtica.

Trámite en el Congreso de la sanción del Código Civil y Comercial

El proyecto fue enviado a las dos cámaras del Congreso por el Poder Ejecutivo.

En la Cámara de Diputados entró como expediente: 0102-S-13 y en el Senado como expediente: 0057-PE-12.

Como estas dos cosas no podía aprobarse en una misma ley el día 4 de julio de 2012 las dos Cámara del Congreso, apartándose del proyecto que acompañaba el mensaje del Poder Ejecutivo, votaron dos resoluciones idénticas y crearon así una “Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación” que debían integrar 15 diputados y 15 senadores, que: “Tendrá vigencia hasta la aprobación del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación y contará con NOVENTA (90) días, a partir de su conformación, para emitir el despacho previo a su tratamiento legislativo.” Debemos entender que se trata de días corridos ya que no se ha aclarado que sean hábiles, lo que permitiría que el mismo se vote antes de que terminen las sesiones ordinarias de este año.

Pero ni una ley, ni mucho menos dos resoluciones de las Cámaras, pueden sustituir ni modificar la Constitución ni los reglamentos internos de las dos Salas del Congreso que reglan “La formación y sanción de las leyes”. Por ello mientras sesionaba la Comisión Bicameral las Cámaras debieron continuar el tratamiento del proyecto sin tomar en cuenta el plazo de 90 días, ya que el mismo no interrumpe el funcionamiento del Congreso, que no tiene plazo para sancionar leyes.

La comisión convocó a audiencias pública que tuvieron lugar en 14 ciudades del país, entre el 6 de septiembre y el 23 de noviembre de 2012 donde se escucharon unas 1200, para algunos, ó 1500 ponencias, para otros, en breves exposiciones de diez minutos cada una.

Senado

La Comisión Bicameral aprobó el 21 de noviembre de 2013 un dictamen de mayoría y cinco de minoría, que fueron remitidos al Senado, que lo trató entre el 27 y el 28 de noviembre de 2013 en una sesión especial, y después de un primer y acotado debate respecto de la interpretación del artículo 205 del Reglamento interno del Cuerpo, de si debía haber un debate y votación en general y otra en particular, y si el oficialismo admitiría modificaciones, como consecuencia del mismo.

Luego de ello se abrió el debate, sin aclarar si lo era sobre el tratamiento en general o particular, para lo cual el presidente dijo que: “el miembro informante por el oficialismo, el senador (Marcelo) Fuentes, va a abrir el debate de los códigos unificados” . En su discurso aclaró que el informe lo hacía junto al senador Aníbal Fernández, quién lo sucedió en el uso de la palabra. En el mismo, luego de recordar a Napoleón, que  “detenido en Santa Elena, dirá: “La gloria de las cuarenta batallas ganadas se borra rápidamente con Waterloo; lo que nadie podrá borrar es el Código Civil.”, Le siguieron el senador Ernesto Sanz (UCR), quien pidió que se le aceptaran modificaciones al texto en debate, las senadoras Sonia Escudero, Liliana Negre de Alonso y otros integrante del Cuerpo que durante doce horas expusieron sus posiciones sobre el tema.

El último expositor fue el senador Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque oficialista, que antes de señalar algunos aciertos del proyecto, como el referido al divorcio, la adopción, la sociedad unipersonal, expresó respecto de: “(…) el pensamiento de este Código. La verdad es que yo no lo comparto.

Luego de aprobarse inserciones en el Diario de sesiones pedida por algunos senadores y de un nuevo cambio de palabras respecto de la interpretación del artículo 205 del Reglamento, que dice: “Todo proyecto de ley se vota, tanto en general como en particular, por medios electromecánicos o nominalmente a fin de permitir registrar la forma en que ha votado cada senador. La Cámara puede resolver por mayoría absoluta de sus miembros presentes obviar este procedimiento cuando existe dictamen de comisión unánime o no se han planteado disidencias (…)”, se retira la oposición ante la negativa del bloque oficialista de que se aprobara en general y luego se debatiera y votara en particular.

Entonces, el presidente del bloque del Frente para la Victoria senador Pichetto expresó: “Propongo que hagamos una sola votación, en general y en particular, para todos los artículos completos del dictamen en mayoría”  y “Se practica la votación por medios electrónicos.” Resultan 39 votos afirmativos y un voto negativo del senador Juan Agustín Pérez Alsina. De esta manera, se dio media sanción a la Ley 26.994 modificada en los artículos 2532 y 2560 del Código que aprueba dicha ley, a propuesta, planteada antes de la votación, del senador Walter  Barrionuevo.

Diputados

El 17 de diciembre de 2013 ingresó a la Cámara de Diputados la comunicación del Senado con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. En aquella oportunidad decía: “Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado a la fecha ha sancionado el siguiente proyecto de ley.” El 28 de febrero de 2014 se lo publicó en expediente 102-S.-2013 en el Trámite Parlamentario N° 198, del período parlamentario 2013.

El proyecto no fue girado a ninguna de las comisiones asesoras permanente, como lo establece la Constitución y el Reglamento de la Cámara (Art.122 “infra”), ya que habiendo pasado a ser una Cámara revisora, ante las modificaciones introducidas por el Senado debió girárselo a alguna de ellas. Sólo fue girado a la Comisión de Labor Parlamentaria, que no dictamina (Art. 59 del Reglamento).

El 24 de septiembre de 2014 en Diputados se publicó el Orden del Día N° 829, sin fecha de impresión y sin referirse al “término del artículo 113”, a los efectos de que los diputados puedan hacer observaciones durante el plazo de 7 días; como corresponde, según el Reglamento, que se haga. Pero se incluyó una observación efectuada por la diputada Patricia Bullrich que había presentado el 28 de noviembre de 2013, pero en el impreso decía 2014. En ese Orden del Día no se publica ningún dictamen, ni de mayoría, ni de minoría. Reproduce, como si fuera una nota, la sanción del Senado con las modificaciones introducidas al dictamen y como fueron aprobadas por esa Cámara, firmado por su presidente Amado Boudou y por el secretario parlamentario Juan Estrada. No está la firma ningún diputado.

El artículo 111, en su 3er. y 4to. párrafo, dice que los despachos de comisión caducan cuando cambia la composición de la Cámara. El despacho donde dictamina la Comisión Bicameral con media sanción del Senado en 2013, fue despachado antes de que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, además, en esta Cámara se le introdujeron modificaciones, por lo que la ley que tuvo media sanción debió ser girada y luego dictaminada, al menos, por la Comisión de Legislación general que es la que entiende en la legislación civil y comercial (Art.63 del Reglamento).

Sin que hubiera previamente, como ocurre siempre, reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, el plenario de esta cámara trató el proyecto, en una sesión especial convocada y realizada el mismo día 1° de octubre de 2014, a pesar que el artículo 147 del Reglamento dice que la Cámara no puede considerar ningún proyecto sin dictamen de comisión, salvo que tenga dos tercios de los votos de los diputados presentes. El diputado Federico Pinedo planteó la moción de orden para que se haga esa votación que habilitara el tratamiento del tema, pero nunca se realizó a pesar de la insistencia de los diputados opositores. Esta negativa, del presidente y del oficialismo, motivó el retiro de la oposición del recinto.

La sesión comenzó con un debate previo a pedido del diputado Mario Negri (UCR): para que distintos presidente de bloques hicieran “un planteo de previo y especial pronunciamiento vinculado con las cuestiones reglamentarias y con las mayorías necesarias”  , oportunidad en la que los opositores formularon las siguientes objeciones y mociones como que:

1.lo que se iba debatir no era un dictamen de comisión;

  1. el Orden del Día no era tal por no tener fecha, ni dictamen de comisión y por no haber concedido el plazo de 7 días para que los diputados hagan observaciones; y

3.para habilitar el tratamiento de la cuestión, aunque se tratare de una sesión especial, había que votar antes una moción de tratamiento sobre tablas que necesitaba para ser aprobada tercios de los votos, que no disponía el oficialismo.

La diputada Graciela Camaño recordó que: “todo el arco opositor se pronunció en favor de esa Comisión Bicameral porque decíamos que era necesario que hubiera una Comisión ad hoc que estudiara detenidamente lo que había elaborado la comisión redactora y lo que había modificado el Poder Ejecutivo, que por cierto, también es mucho y ha perdido el objetivo.(…) en aquella oportunidad el señor diputado (Juan Mario) País (…) expresó lo siguiente: “Esta Comisión no altera de modo alguno los procedimientos que impone la Constitución para la formación y sanción de las leyes”. Y recordó que la diputada Diana Conti agregó: “El proyecto en consideración en modo alguno dice lo que ocurre después de que la Comisión dictamine. Luego del trámite de la Comisión, continúa el trámite legislativo.”

La moción de sobre tablas no se votó y el presidente Domínguez, luego del retiro del recinto de los opositores, declaró: “que el artículo 39 indica que el presidente de la Cámara debe hacer observar el reglamento en todas sus partes, como ejercer las demás funciones que en él se le asignan. Con el más sagrado respeto a su opinión (refiriéndose al pedido de que se vote la moción del diputado Negri), me hago cargo (…) e iniciamos el tratamiento del tema por no existir razones para efectuar esa votación. (Aplausos.)”

El presidente de la Cámara Julián Domínguez abrió el debate en general y particular y luego de escucharse distintos discursos  y de aprobarse algunos pedidos de inserciones en el diario de sesiones, efectuadas por diputados oficialistas o aliados, dispuso: “Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley sobre unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación, de acuerdo con la sanción del Honorable Senado, que introdujera modificaciones al dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, en los términos de la resolución de la Honorable Cámara de Diputados aprobada el 4 de julio de 2012. (Orden del Día N° 829)”- Se practica la votación nominal y  conforme al tablero electrónico, sobre 135 señores diputados presentes, 134 han votado por la afirmativa.”  El total de diputados que integraban el Cuerpo es 257.

Conclusiones

El trámite de la sanción de la ley es inconstitucional por las siguientes razones:

1.El mensaje del Poder Ejecutivo que envía al Congreso el proyecto de ley no tiene ingreso en “cualquiera de las Cámaras del Congreso”, (Art. 77 de la Constitución), sino a ambas al mismo tiempo, lo que constituye la primera contradicción con la Ley Fundamental.

2.En el Senado se la giró a la Comisión de asuntos constitucionales la que, apartándose del proyecto despachó un proyecto de resolución, que luego fue aprobada simultáneamente por el plenario de ambas Cámaras (sin que se reformaran los respectivos reglamentos internos); por la que se creó una Comisión Bicameral de 15 diputados y 1t5 senadores, para que en el plazo de 90 días diera “aprobación del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”. Ello contradice los Reglamentos de ambas Salas que exigen que todo proyecto debe ser girado a una o más comisiones permanentes (Arts. 89 del Senado y 122 de Diputados), y por tratarse de un Código Civil y Comercial corresponde se los gire en ambas Cámara, sucesivamente, al menos, a las respectivas Comisiones de legislación general por lo que disponen los respectivos Reglamentos (Arts.64 del Senado y 63 de Diputados).

3.El dictamen de la Comisión Bicameral fue tratado en el Senado y el proyecto sancionado por este cuerpo fue tratado en Diputados en sendas sesiones especiales sin que para ello se haya votado previamente una moción de tratamiento sobre tabla del proyecto (haya tenido o no despacho de comisión), que necesitaba para ser aprobado el voto de dos terceras partes de los votos emitidos, como exige el Reglamento (Arts. 147 del Senado y 134 de Diputados). En diputados la oposición planteó esta cuestión, en el Senado no.

4.En el Senado se aprobó el dictamen de la Comisión Bicameral se debatió y aprobó en una sola votación, lo que fue objetado por la oposición invocando el artículo 205 del Reglamento, y retirándose del recinto antes de la votación. La Constitución es muy clara al afirmar que los proyectos de leyes tienen que ser aprobados primero en general y luego en particular (Art.79), lo que fue transgredido en ambas Cámaras, aunque la excepción de que ello sea admisible cuando haya un despacho unánime de comisión, como indican los Reglamentos, lo que no ocurrió en este caso.

5.Como bien señala Eduardo Menem “ese pretendido dictamen no fue distribuido a los legisladores y puesto a observación durante 7 días hábiles, como lo exigen el Reglamento (Arts. 113 y 50 inc. 5)” de Diputados. En esta Cámara el Orden del Día N° 829, sin fecha de impresión, ni dictamen, con lo sancionado en el Senado, y sin referirse al “término del artículo 113” (los 7 días hábiles para que los diputados formulen observaciones).

6.Otra objeción el ex senador Menem (en la misma publicación) señala: “el dictamen de la Comisión Bicameral es que fue suscripto por legisladores que habían terminado sus mandatos, por lo que el mismo perdió su vigencia al producirse la renovación de dicha Cámara, según lo determina el artículo 111, párrafo 3° del Reglamento pertinente.” (de Diputados)

7.Que estas razones tornan nula la sanción de la ley que aprobó el Código y las normas complementarias ajustándonos a los criterios sentados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Binotti” (15-V-2007) por el que se declaró la nulidad de una votación del Senado y “Bussi”.

Como reflexión final podemos afirmar que el quebrantar la vigencia de la Constitución, primera manifestación de la voluntad popular, y los reglamentos de las Cámaras, con el propósito de imponer, sin debate y con una mayoría insuficiente y ocasional, la reforma de, nada menos, que el Código Civil y Comercial constituye un atentado al gobierno representativo y republicano de gobierno (Art. 1) que merece ser declarado nulo por inconstitucional.

Conclusiones

En esta nueva etapa iniciada en 1983, donde la convicción ciudadana por la democracia es firme, se han planteado nuevos desafíos, como el que Dick Morris señala, en clave norteamericana, referido al paso de la democracia madisoniana (representativa) a la jeffersoniana (directa) , que en realidad significa -después de la consulta popular del Beagle (1985), de los nuevos derechos a la iniciativa y consulta popular introducidos en la reforma constitucional de 1994 y, especialmente, de la crisis de diciembre de 2001- que los ciudadanos, los que votan, están mejor informados y exigen mayor participación, no toleran los oscuros procedimientos de selección de candidatos (en listas sábanas), ni el despersonalizado sistema electoral vigente y objetan el ejercicio de la función de los legisladores por falta de transparencia, por la no rendición de cuentas, por las dudas que en algunos casos suscita el comportamiento de los representantes del pueblo, que en muchos casos votan por disciplina con lo que les ordena el Poder Ejecutivo, el gobernador o el bloque, y por el “clientelismo” político que, entre otras cosas, ha poblado de “ñoquis” la administración del Congreso, y lo ha terminado convirtiendo en una “escribanía”.

Quizás, llegó el momento de hacer una reforma del Congreso, como ocurrió en Estados Unidos en 1946, para modernizar su funcionamiento, mejorar la calidad de sus integrantes y de quienes los asesoran, dictar un Reglamento del Congreso, regular el accionar de los lobbies, modernizar los modos de comunicación entre el Congreso y sus legisladores con los ciudadanos y consultarlos con mayor frecuencia respecto de los temas espinosos en que se toman decisiones y se legisla.

Es necesario ponerle freno al frecuente ejercicio que el Poder Ejecutivo hace de la función legislativa, al reglamentar las leyes, al hacer uso de la delegación que le hace el propio Congreso para dictarlas (art. 76 de la Constitución reformada en 1994) y a la atribución de dictar decretos de necesidad y urgencia (art. 93 inciso 3), o por los estados de emergencia, que el Congreso al no reglamentar ni integrar la Comisión Bicameral Permanente, ha dejado de controlar.

Los constituyentes de 1853 al crear el Congreso quisieron lo que Carlos María Bidegain describió como “un Congreso ideal”, al decir: “Un buen Congreso (…) será el que ostente un título legítimo de representación, esté integrado en un elevado porcentaje por personas capaces para el desempeño del cargo, por su cultura, inteligencia, laboriosidad y antecedentes; cuente con un buen reglamento y en su correcta aplicación construya su `derecho parlamentario’ y se atenga a él, sobre la base del aprovechamiento del tiempo, la organización del trabajo en comisiones efectivamente dedicadas al estudio, el estricto respeto de las facultades de control, iniciativa y libertad de expresión de las minorías, sin perjuicio de la responsabilidad de la mayoría de cumplir su plan de labor, superando por medios lícitos toda abusiva maniobra obstruccionista; sepa actuar con urgencia cuando sea necesario, pero con serenidad y mesura dando ejemplo de respeto de los derechos de las personas y a las competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo; sea escrupuloso, hasta el punto de exageración, en el cuidado del comportamiento ético de las Cámaras, de sus miembros y de todo el Gobierno” .

                 Santiago de Estero, diciembre de 2015.

 

El voto de los adolescentes

Voto adolecente

Voto adolecente

La ley Nº 26.774, de 2012, autorizó el voto obligatorio de los jóvenes de 16 y 17 años, eximiéndolos de sanciones si no lo hacen y de ser autoridades de mesa, y reabrió un debate iniciado en la Convención Constituyente de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, cuando se consagró, para las elecciones municipales, el voto optativo de los adolescente.

La mayoría de aquella Convención, y luego el Congreso. votó éstas cláusulas argumentando que con ello se incrementaría la participación juvenil en la política, algo que luego no ocurrió. En Córdoba, en las elecciones municipales de 1999 se empadronaron sólo 1200 jóvenes, en 2003 fueron 289; en la de 2007 se redujo a 39; 337 se anotaron en 2011 y sufragaron sólo 108, sobre unos 60 mil que se podrían haber anotado; y en 2015 se inscribieron solo 140, cuando el padrón general es de más de un millón de vecinos. A nivel nacional no hay estadísticas de los que votaron en 2013, pero estuvieron incluidos junto a los mayores en los padrones en una proporción del 1,9; o sea unos 600 mil adolescentes.

Las Cartas Orgánicas de las ciudades cordobesas de Las Varillas, Bell Ville y Colonia Caroya imitaron luego a la de Córdoba capital y por ordenanza lo hizo San Francisco. La Carta de Zapala, en Neuquén, también lo adoptó. En Las Varillas, donde en 2007 votaron 9.900 ciudadanos, se anotaron sólo 100 adolescentes y votaron nada más que 40.

Pocos países en el mundo lo admiten como: Cuba; Nicaragua; Irán -a partir de los 15 años-; Chipre, desde los 16; e Indonesia desde los 17. También lo permiten las Constituciones de Austria, de Brasil, Bolivia, Ecuador; y en Eslovenia -si trabajan en forma remunerada-. En Brasil en 2007 sufragaron el 1,91 % de electores de 16 y 17 años; en 2008 el 1,19%; en 2009, el 1,47% y el 2010 el 1,76%, o sea 2.391.093 votos 16 y 17 años sobre un total de 135, 6 millones.

En la Convención de 1995, como constituyente, voté en contra de que se extendiera el voto a los 16 años por las siguientes razones:

  • El entusiasmo y participación juvenil que se dio cuando se recuperó la democracia en 1983 de a poco se fue apagando; y la aparición de grupos juveniles como La Cámpora que apoyan al actual gobierno nacional, que son bien retribuidos con empleos y otros beneficios, no son suficiente demostración de que aquel entusiasmo y participación inicial se reavivó.
  • El fijar la edad de 16 años para votar; y no la de 14 o 17, debe fundarse en razones que justifiquen el por qué se impone ésta gran responsabilidad a los chicos, en una etapa de su vida en que maduran y definen su personalidad.
  • Siguiendo al dictamen de la psicopedagoga Susana Carena de Peláez, afirmé que el periodo adolescente, que transcurre entre los 14 y 15 años, culmina con el acceso a los valores de la sociabilidad abstracta y a la elaboración de una escala personal de valores. Es un período de transición y de ambivalencia entre aquellos aspectos de la personalidad que se encuentran más definidos, como el dominio de su cuerpo, de las relaciones sociales concretas y de aquellos aspectos afectivos que se encuentran en ebullición. Esta etapa se caracteriza por la ambivalencia fundamental del impulso evolutivo, la relativa incoherencia e inestabilidad de las tendencias que lo acompañan, ya que a través de las divergencias, fluctuaciones, vaivenes y vacilaciones, se realiza un trabajo de síntesis que culminará con la reconstrucción de la personalidad.
  • El periodo de los 16 y 17 años tiene cuatro hechos que lo caracterizan: el descubrimiento del “yo”; la tendencia al aislamiento y a la soledad; la afirmación de si mismo en un fenómeno de embriaguez intelectual y la necesidad de romper con los conformismos sociales y la liberación del “yo”.
  • En esta etapa fundamental de la vida del adolescente, que en los últimos tiempos se ha extendido en el       tiempo, es cuando se le quiere asignar esta nueva y trascendente responsabilidad, lo que les exigirá una maduración anticipada que los obligará a salir de sí mismo, de anticiparse en esa búsqueda de su propia personalidad y a confiar- a lo mejor- en la imagen de algún líder de ocasión que puede encandilarlo circunstancialmente.
  • Ahora, con la proliferación del clientelismo político, lo ocurrido en las elecciones en Tucumán y en otras partes del país, no parece prudente mantener esta carga pública a los adolescentes, que, además, puede prestarse para el clientelismo.

Hay excepciones y casos de maduración temprana, pero es la excepción que confirma la regla. Me pregunto: ¿Vale la pena forzar la maduración de los adolescentes en pro de una participación que nadie pide, ni le agrega nada positivo a una personalidad en búsqueda de modelos dignos de imitación y de estímulos gratificantes? ¿No sería mejor tratar de resolver antes otras de sus necesidades básicas cómo: salir de la pobreza, evitar la repitencia o la deserción escolar, o de acceder a un trabajo digno?

Los políticos debemos plantearnos si con esto se ayuda a mejorar la vida de los adolescentes o si los usamos para conseguir que nos voten.

Córdoba, septiembre de 2015.

Las incógnitas que platea el nuevo Código

Ricardo Lorenzetti

Ricardo Lorenzetti

La sanción del nuevo Código Civil y Comercial es la mayor transgresión a la Constitución que se haya cometido en lo que va del siglo.

El reemplazo en la presidencia de Néstor Kirchner por su esposa Cristina Fernández nos hizo pensar a muchos argentinos que los desaguisados institucionales cometidos por aquel, y que acompañaron el repunte sojero de la economía que superó la crisis del 2001  – como fue el “corralito” o el dictado de leyes por decretos de “necesidad y urgencia” o invocando inexistentes emergencias-, iban a ser revertido por quién, hasta entonces, había sido una destacada legisladora.

Nos equivocamos de cabo a rabo. En estos 8 años el desmanejo institucional y la concentración de poder se acrecentó, el Congreso se transformó en escribanía, se colonizó la Justicia, se sucursalizaron las provincias y la bonanza económica se vino a pique.

Pero el mayor desatino fue sancionar este Código, que es la ley más importante después de la Constitución, sin antes haber hecho un estudio y debate serio, y al transgredir los reglamentos de ambas cámaras para aprobarlo; y, luego, adelantar su entrada en vigencia, para 1º de agosto de 2015, con el propósito de evitar que la renovación del Congreso, que resulte de las próximas elecciones, lo derogue o modifique.

El anteproyecto fue redactado a las apurada, durante el año 2011, por  una comisión integrada por los jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton  – sin ser relevados de sus cargos y sin dejar de firmar ese año 9886 fallos-, y por la ex jueza mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci; que  lo elevaron a la presidente el año siguiente; la que, luego de hacerle varias reformas, lo envió al Congreso, con la intención de aprobarlo ese mismo año, argumentando, como hizo Napoleón, de que él (y ahora ella) sería recordado no por las batallas ganadas sino por haber aprobado el Código Civil.

En el Congreso se creó una Comisión Bicameral para dictaminarlo en 90 días, la que convocó en 14 ciudades del país audiencias públicas en las que se recibieron 1500 ponencias, que no fueron tenidas en cuenta en su dictamen.

Pero la sanción se postergó, por las diferencias que Cristina tuvo con la Corte, cuyos presidente y vice eran Lorenzetti y Highton. Recién después que el Alto Tribunal falló en 2013 a favor del gobierno el juicio contra Clarín, en dos noches, y con la oposición ausente, el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron, sin debate y con el voto solitario del oficialismo, el nuevo  Código, de 2671 artículos, que unificaba y resumía el Civil, vigente desde 1871 que redactó Dalmacio Vélez Sarsfield que tenía 4051; con los 500 del de Comercio, que también elaboró Vélez junto a Eduardo Acevedo.

Ello contrarió la razonable y viaja idea, requerida a la comisión redactora, de “reformar, actualizar y unificar” los dos códigos; ya que lo que se aprobó fue uno nuevo, breve, porque dejó fuera de su texto, y dispersa en distintas leyes, muchas materias que debieron ser incluidas, si su gestación no hubiera sido tan acelerada, y si se hubiera escuchado a las muchas voces que lo objetaban. En síntesis, la materia civil y comercial, de ahora en más, estará dispersa en el nuevo código y en distintas leyes, algunas que ya estaban vigentes, otras que fueron reformadas y las que se prometen dictar, lo que implica, no otra cosa, que ss “descodificación”.

Esto desconcierta a ciudadanos, jueces y abogados, que no están preparados para operar con estas normas, que entre las muchas objeciones que merece está la de haber derogado el calendario Gregoriano –por lo que no sabemos en qué año estamos, ni cuándo será bisiesto-; el haber suprimido las obligaciones naturales; el no haber explicación los cambios efectuados, con notas al pie de los artículos, como hizo Vélez en su Código, o de otra manera; el haber sustraído del Código la responsabilidad civil de los funcionarios públicos y del estado nacional, las  provincias  y los municipios, delegando su regulación en sus respectivos gobiernos, contrariando el principio de igualdad; el haber hecho lo propio con el plazo de prescripción de las obligaciones fiscales –por lo que los 427 municipios de Córdoba podrán tener plazos diferentes para exigir el cobro de sus tributos- ; o el hacer que las obligaciones en moneda extranjera deban pagarse en pesos, sin aclarar en qué cotización; o el haber reducido al matrimonio a una mera sociedad, donde la obligación de fidelidad – incluso la referida a “la salud y a la enfermedad”- es solo moral, y que, junto con el nuevo divorcio “exprés”, contribuirán a debilitar aún más las familias y a agravar los conflictos en la cédula básica de nuestra sociedad. Ya se discute si en los juicios en trámite se debe o no aplicar, y cómo, el nuevo Código.

Su sanción es inconstitucional por haber sido tratado en ambas cámaras en sesiones especiales, sin que antes se haya votando una moción para hacerlo sobre tabla  –por que el oficialismo no tenía los dos tercios exigidos por el Reglamento-; el dictamen de la bicameral, y no el de la comisión habilitada, no se votó en general y luego en particular, como indica la Constitución, sino en una sola votación. La publicación en el Orden del día de la Cámara baja fue defectuosa por no contener el dictamen de la comisión permanente, por haber caducado el de la Comisión Bicameral, y porque los diputados no tuvieron 7 días para hacer observaciones como también indica el Reglamento.

Estos vicios generarán muchos pleitos donde abundarán los planteos de  inconstitucionalidad, de parte de los que no les convenga la aplicación del nuevo Código, lo que tornará incierto sus resultados y aumentará la litigiosidad.

Parece haber llegado la hora de preguntarle a los candidatos como resolverán este entuerto.

Córdoba, julio de 2015.

Proyecto de ley de Símbolos Patrios

640px-Coat_of_arms_of_Argentina.svgArtículo 1: El escudo de armas, la bandera y el himno son símbolos de la Nación Argentina.

El escudo de armas 

Artículo 2: El escudo de armas de la Nación es la reproducción fiel del sello usado por la soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Rio de la Plata aprobado el 12 de marzo de 181º3, con la sola diferencia de la inscripción del círculo, según lo ordenado por decreto del 12 de marzo de 1813 del supremo Poder Ejecutivo.

La Bandera

Artículo 3: La bandera oficial de la Nación es la bandera con sol, aprobada por el Congreso de Tucumán, reunido en Buenos Aires el 25 de febrero de 1818. Se forma según lo resuelto por el mismo Congreso el 20 de julio de 1816, con los colores celeste y blanco, los colores están distribuidos en tres franjas horizontales, de igual tamaño, dos de ellas azul, matiz celeste, y una blanca en el medio. Se reproducirá en el centro  de la faja blanca, el sol figurado de la moneda de oro de ocho reales que se encuentra grabado en la primera moneda argentina, por ley de la soberana Asamblea Constituyente del 13 de abril de 1813, con los treinta y dos rayos flamígeros y rectos colocados alternativamente en  la misma posición que se observa en esas monedas. El color del sol es amarillo oro.

Artículo 4: Tienen derecho a usar la bandera oficial de la Nación, el gobierno federal, los gobiernos provinciales y municipales, así como también los particulares, debiendo rendir siempre el condigno respeto y honor.

Artículo 5: Los colores de la bandera pueden usarse en forma de escarapela o de estandarte.

Artículo 6: La bandera patria se izará a la salida del sol y se arriará a la puesta del mismo, no debiendo quedar izada durante la noche. Únicamente se mantendrá izada aun de noche durante las sesiones del Honorable Congreso de la Nación reunido en asamblea o cada una de las Cámaras, de las Legislaturas provinciales y Concejos deliberantes.

Artículo 7: En los días de conmemoraciones patrias del 25 de Mayo, 20 de Junio y 9 de julio, la bandera nacional nunca se izará a media asta, debiendo suspenderse durante ellos cualquier homenaje u honor que así lo determinara.

Artículo 8: La ceremonia de izar y arriar la bandera será realizada con toda unción y respeto y de tal manera que nunca llegue a tocar el piso.

Artículo 9: La banda que distingue al jefe del Estado, autorizada por la Asamblea Constituyente en la Reforma del Estatuto Provisorio de Gobierno, del 26 de enero de 1814 y alcanzada por la distinción del 25 de febrero de 1818, ostentara los mismos colores, en igual posición y el sol bordado de otro de la bandera oficial. Esta insignia terminara en una borla de oro sin ningún otro emblema. Tanto el sol como la borla serán confeccionados con hilos con baño de oro, de óptima calidad y máxima inalterabilidad en el tiempo.

El himno 

Artículo 10: Adóptase como letra oficial del himno argentino el texto de la canción compuesta por el diputado Vicente López sancionada por la Asamblea General Constituyente, el 11 de mayo de 1813 y comunicado con fecha  12 de mayo de 1813, por el Triunvirato al gobernador intendente de la provincia de Buenos Aires. Para el canto se observara lo dispuesto por el acuerdo del 30 de marzo de 1900.

Artículo 11: Adóptase como forma autentica de la música del himno argentino, la versión editada por Juan P, Esnaola en 1800, con el título: “Himno Nacional Argentino – Música del maestro Blas Parera”, observándose las siguientes indicaciones:

  1. En cuanto a la tonalidad, adoptar la de si bemol, que determina para la parte del canto el registro adecuado a la generalidad de las voces.
  1. Reducir a una sola voz la parte del canto.
  1. Dar forma rítmica al grupo correspondiente a la palabra “vivamos”.
  1. Conservar los compases que irrumpen la estrofa, pero sin ejecutarlos. Será  ésta en adelante la única versión musical autorizada para ejecutarse en los actos oficiales, ceremonias públicas y privadas, por las  bandas militares, policiales y municipales y en los establecimientos de enseñanza del país.

 

Disposiciones generales 

Artículo 12: Idéntico respeto y unción que se da a los símbolos patrios, se dará al texto original de la Constitución Nacional sancionada en 1853, a cuyos fines se erigirá un templete donde se exhibirá el mencionado texto, ubicado en el Salón Azul del Honorable Congreso de la Nación.

Artículo 13: El Ministerio del Interior reglamenta el tratamiento y uso de estos símbolos; se reproducirán los tipos y modelos que se adoptan y se depositaran en el mismo departamento.

Artículo 14: Los símbolos patrios afectados al uso de las dependencias del Estado Federal, las provincias y municipios, que por razones de deterioro serán dados de baja en sus respectivos inventarios, serán incinerados, previa anulación de su carácter emblemático. Labrándose en cada caso el acta correspondiente que serán firmada por la autoridad máxima de la repartición y dos testigos.

Artículo 15: Derogase la ley 23.208 en su artículo 1°; y los decretos 1.330/89, 652/66, 459/84, 23.303/50, 1.027/43, 10.302/44, del 19 de mayo de 1869 sobre uso de la bandera nacio0nanal, artículos 1° y 2° decretos del 25 de abril de 1884 sobre uso de la bandera nacional, decreto del 24 de mayo de 1907 sobre uso del escudo y bandera nacionales.

Artículo 16: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge Horacio Gentile y Héctor A Gatti.

Diputados Nacionales

Año 1991

Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos

Aída Kemelmajer de Carlucci

Aída Kemelmajer de Carlucci

Tanto la sanción por el Congreso de la ley 26. 994 que aprueba el Código Civil y Comercial (CCC), como el contenido de la ley federal 26.944 que regula la responsabilidad civil del Estado y sus funcionarios son inconstitucionales por las razones que paso a exponer.

  1. Sanción del Código

Cuando se le preguntó a la Doctora Aída Kemelmajer de Carlucci sobre la sanción del nuevo Código Civil y Comercial: ¿Qué opina del trámite parlamentario? ¿Teme que prospere la objeción judicial de la oposición?

  • respondió: “No es función mía responder. Mi actuación en esto es explicar el contenido del nuevo Código. Hace tres años que recorro el país haciéndolo”( La Nacion 12/10/14)

Nosotros, en cambio, afirmamos que la ley 26.994 que lo sancionó es inconstitucional porque:

  1. El proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso no fue dictaminado por ninguna de las comisiones internas del Senado y de la Cámara de Diputados; sino por una Comisión Bicameral, que no fue creada por ley, sino por una resolución idéntica dictada por cada cámara, sin que por las mismas se hayan reformado sus respectivos reglamentos internos.
  2. Como consecuencia de ello fue mal aprobado en el plenario de ambas Cámara ya que el dictamen de la Comisión Bicameral no fue girado a las comisiones permanentes que por ello no pudieron dictaminar.
  3. Que, además, el dictamen de la Bicameral se aprobó con modificaciones en el Senado modificándole dos artículos y en una sola votación, sin hacerlo primero en general y luego en particular, como exige el reglamento de esa Sala del Congreso.
  4. Al pasar la media sanción a Diputados tampoco se lo giró a las comisiones internas ni a la Bicameral siendo sancionado nuevamente con una sola votación, sin respetar la exigencia constitucional de hacerlo primero en general y luego en particular (art. 79 CN).
  5. La sanción hubiera sido válida si hubiera habido dictamen unánime de las comisiones internas, que no lo hubo, por lo que hacía falta el voto de los dos tercios en el plenario, para habilitar el tratamiento y la votación.
  6. En ambas Cámaras solo se aprobó, en una sola votación, con mayoría simple, y no se atendió a las impugnaciones de los legisladores opositores, que por ello se retiraron del recinto al momento de votar.
  7. En Diputados lo que se voto es el Orden del día, que contenía la media sanción del Senado, sin que el mismo hubiere sido publicado con siete (7) días de anticipación, como exige el reglamento, para que los diputados hagan las observaciones que estimen convenientes.
  8. Responsabilidad por daños

Para entender la exclusión del Estado, los funcionarios y los empleados públicos de la responsabilidad civil en el nuevo código (arts. 1764, 1765 y 1766), que no fue prevista en el anteproyecto de la Comisión redactora sino que se agregó en el proyecto que Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo, hay que entender:

  1. Que ello está motivado en razones políticas y tiene por propósito evitar o alivianar las responsabilidades de los funcionarios, y para que ellos no sean juzgados con la misma vara que el resto de los ciudadanos. Un Estado irresponsable es más fácil de manejar que uno que lo es.
  2. Que al sancionar estas normas no se ha respetado la atribución del Congreso de dictar la legislación de fondo o de derecho común, ni el alcance de la expresión: “sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales” (agregado a la Constitución en la reforma de 1860), ya que de estas definiciones se deduce las atribuciones propias del Congreso y la de las legislaturas provinciales (Art. 75 inc.12 CN). Tampoco se lo tuvo en cuenta en otras disposiciones como las referidas a la prescripción de los plazos de los tributos delegadas a las legislaciones locales (art. 2532 y 2671). B. Gorostiaga dijo en la Convención de 1853 cuando se debatió este inciso “que si se dejaba a cada provincia esta facultad (la de dictar los códigos) la legislación del país sería un inmenso laberinto de donde resultarían males inconcebibles” (28/4/1853).
  3. Que invocar la autonomía del derecho administrativo (Art. 1765 del CCC), o la discutida distinción entre derecho público y derecho privado (art. 145 CCC), que carecen de raíces en la Constitución, no justifican el permitir crear estos privilegios, por leyes especiales, federales y provinciales, que, además, contrarían al principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN). Tampoco se entiende el por qué la ley declara que el Código Civil es inaplicable “de manera directa ni subsidiaria” (art. 1° de la Ley 26.944)
  4. Que si el nuevo Código no ha sido bien sancionado, por lo ya expresado, la ley federal 26.944, dictada poco antes, –que regula “la responsabilidad del Estado por daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (art. 1°) – es también inconstitucional por contrariar la Ley Fundamental (Art. 16, 24 y 75 inc. 12). De ninguna de sus cláusulas se desprende que la legislación por responsabilidad del Estado provincial o municipal por daños haya sido no delegada o reservada por las provincias (art. 121 CN) y sustraída de los principios establecidos por la Constitución en el reparto de competencias nacional y provincial (art. 5 CN), como se ha pretendido alegar para fundar este régimen especial para el Estado y sus funcionarios.
  5. Este artículo 1° ha sido criticado, también, por limitar la responsabilidad a las personas, humanas y jurídicas, y no haber incluido a los sujetos del derecho (art. 46 CC), y por no haber mencionado a los daños causados por las personas que están bajo su dependencia, de las cosas de que se sirve y están a su cuidado y de los animales que tengan (arts. 1113 y 1129 CC).
  6. En el artículo 2° de la ley define los daños que no son reparables por el Estado, sin hacer referencia a los causados por hechos involuntarios que produzcan daños a personas y bienes, que serían indemnizables cuando hubiere habido un enriquecimiento del autor del hecho (art. 907 CC).
  7. El artículo 3º enumera los supuestos de “actos y omisiones ilícitos” y el los de “actividad legítima” y, en sus respectivos incisos a), limita la responsabilidad estatal al “Daño cierto (… ) mensurable en dinero”, lo que deja afuera, inexplicablemente, casos como el de los daños ambientales en que la reparación consiste, por ejemplo, en terminar con la contaminación de las aguas.
  8. En el inciso d se refiere a “Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado” apartándose de la doctrina que Kemelmajer de Carlucci sintetizó al decir que: “si se detecta una falla del servicio, habrá responsabilidad ‘directa’ del comitente”, y la de la Corte Suprema al sostener que quien pone en funcionamiento un servicio ha de prestarlo en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y responde por los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular. Lo que significa que incluye a la actividad lícita, aunque no haya habido la “inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado”, como exige el referido inc. d. No olvidara, tampoco, lo que dice el Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “ (…) Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan (…).”.
  9. En el artículo 4º, al enumerar los requisitos de la responsabilidad estatal en el inciso c dice que relación causal debe ser “directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño”, lo que parecería excluir, con lo de “exclusiva” a la personalidad de la víctima del proceso causal lo que sería injusto, por ejemplo si sería un discapacitado. En cuanto al inciso d, la “ausencia del deber jurídico de soportar el daño”, resulta una contradicción con el principio de no dañar que tiene raigambre constitucional. Ejemplo daños de guerra o de tributos confiscatorios.
  10. El artículo 5° establece dos límites que atentan contra el derecho de propiedad, siguiendo la doctrina de la reparación integral (arts. 14 y 17 CN) que son que “La responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante.” Lo del lucro cesante tiene su origen en el ley de expropiaciones 21.499 (art. 10), pero la jurisprudencia de la Corte concedió el lucro cesante en las inundaciones de la provincia de Buenos Aires. También en el tercer párrafo se dispone otra inexplicable exclusión cuando dice que “Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización”, lo que se choca con fallos de la Corte Interamericana de Derecho Humanos fundados en la violación de la garantía del debido proceso.
  • El artículo 6 regla que: “El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”. Esta exclusión alienta la ausencia de control sobre los concesionarios o contratistas, lo que deja inerme a las personas frente a los abusos como ocurrió en trágico caso del tren del Ferrocarril Sarmiento.
  • El artículo 7º al disponer que: “El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres (3) años (…)”, pero olvidó que los derivados de los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y los reclamos para extenderla en el casos de corrupción de los funcionarios.
  • El párrafo del artículo 10 al disponer que “la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador “, deroga las previsiones de los arts. 42 y 1113 del Código Civil, son igualmente contrarios a la Constitución por contrariar el principio de igualdad, lo que, además de derogar la responsabilidad indirecta o refleja, se contrapone a los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos, desde que las obligaciones que de ellos resultan son exigibles para todos los órganos y dependientes del Estado, incluyendo a sus tres poderes. [i]
  • La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci ha expresado al respecto: “Desde hace muchos años vengo sosteniendo que, por el principio de igualdad, si una actividad es cumplida tanto por los particulares como por el Estado, y alguien resulta dañado con motivo de esa actividad (por ejemplo, culpa médica cometida en un hospital público o en un sanatorio privado) o con motivo de hechos que son iguales (por ejemplo, un accidente de tránsito protagonizado por un automotor de propiedad del Estado o de los particulares) no hay razones para que el dañado reciba un distinto tratamiento legal. Es absurdo decir que un accidente de tránsito protagonizado por un auto que pertenece a un municipio es una “falta del servicio administrativo” (La Nacion 12/10/14).

Villa Carlos Paz, mayo de 2015.

[1] Gustavo Carranza Latrubesse, “Breves reflexiones sobre la (i) responsabilidad del (según la Ley 26.944)”, Comodoro Rivadavia, 17 de agosto de 2015. En las criticas de la ley he seguido lo que se expuso en este artículo.