El aborto, un debate para distraer

Abortistas en la marcha del día de la mujer en Argentina

Mauricio Macri anunció en febrero que “Hay que dar el debate por el tema del aborto”, pero aclaró que “Yo estoy a favor de la vida y es mi postura”, con lo que lo instaló en los medios de comunicación, en la agenda del Congreso y en los reclamos del 8M; sin precisar si vetaría la ley de “interrupción de la vida” en caso de ser sancionada. Después de la marcha le dijo no al veto. De esto no se habló en la campaña electoral, por lo que el propósito no es otro que romper la dialéctica de la grieta, sustituyéndola por otra; donde Francisco, Macri y Cristina estarían del mismo lado; y las huestes de los dos últimos divididas. El proyecto de despenalización  de 71 diputados (27% de la Cámara) se debatiría prohibiendo las imágenes o películas que muestren fetos sacrificados.

Con ésta voltereta, aconsejados por Jaime Durán Barba, se cambia la atención de gobernantes y gobernados, y se frena, hasta el mundial de futbol, la caída en la opinión pública de Macri al no crecer el empleo y la economía; al no llegar las inversiones; por la reforma previsional, la falta de ética de algunos funcionarios; y el aumento de las tarifas, de la deuda externa, de la inflación y de la inseguridad.

Matar a una hija o hijo es un homicidio agravado por el vínculo con su madre, que está penado con prisión o reclusión perpetua (arts. 86 y 87 Código Penal), pero si el crimen ocurre antes de nacer la pena se reduce extrañamente hasta los 10 años, y es impune cuando el aborto tuvo por fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios; o cuando hubiere habido una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Esto último se dispuso en 1921 para que no nazcan niños “idiotas o dementes”, fundados en una ideología eugenésica y racista, en boga entonces, la misma que en los años 30 le sirvió a Hitler para ordenar el holocausto, en que murieron 6 millones de personas. De esta manera, si la madre (y el médico) asesinan al niño por nacer la pena se atempera o exime, lo que contradice la igualdad ante la ley y priva de “protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo” como indica la Constitución (Arts. 6 y 75 inc. 23) y el Código Civil y Comercial (Art. 19), al proclamar el derecho a la vida “desde la concepción”.

El médico Tabaré Vázquez, presidente socialista de Uruguay, al vetar en 2008 una ley que despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, que luego se aprobó en la presidencia de Mujica, afirmó que: “Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España.”

La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. (…)

“De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto.”

Estas razones, nos eximen de más comentarios.

 Córdoba, marzo de 2018.

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El gran desorden, nuestro único problema

Ciudad de Buenos Aires

¿Por qué estamos disconformes con nuestro país?

– Para mí, el único problema de los argentinos es el gran desorden con que nos manejamos en lo político, en lo institucional, en la educación, en la seguridad, en la salud pública, en la Justicia, en la economía, en lo social, en los ambiental, en lo comunicacional, al diseñar nuestra infraestructura, etcétera.

Muestra de ellos son los altos índices de pobreza, de deserción escolar y de escasez de trabajo privado; el aumento de las adicciones, el narcotráfico, la economía y el empleo en negro, la inflación, la concentración de población en Buenos Aires y en el conurbano, la corrupción, la anomia, la violencia, los piquetes, los chicos que pierden horas de clase; el bajo nivel de formación de muchos políticos y dirigentes; y lo complicadoque es acordar propuestas de reformas. Es difícil en este país habilitar nuevos emprendimientos; importar o exportar; tramitar juicios, etcétera; todo lo cual ahuyenta la inversión local y extranjera.

Sin embargo, nuestro país cuenta con:

  • una población de 45 millones de habitantes,alguno de los cuales nos distinguen en el mundo como: el papa Francisco – el número uno de la tierra y de nuestra historia-; Leonel Messi, en el deporte; Máxima Zorreguieta, reina consorte y esposa del rey de Holanda y Daniel Barenboim, en la música; a los que hay que sumar los premiados: Carlos Saavedra Lamas (Nobel de la Paz en 1936), Bernardo Houssay (Nobel de Fisiología y Medicina en 1947), Luis Leloir (Nobel de Química en 1970), Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la Paz en1980) y César Milstein (Nobel de Fisiología y Medicina en 1984).
  • un territorio que es el segundo de mayor superficie de América del Sur (3.761.274 km²) luego de Brasil, el octavo en extensión en el mundo y el primero entre los países de habla hispana; de los cuales 2.791.810 km² corresponden al continente y el resto a las islas Malvinas, Sándwich del Sur, otras menores y a la Antártida.
  • la segunda economía más grande de Sudamérica, después de Brasil; y posee grandes recursos naturales orientados a la explotación y exportación agrícola y ganadera, es productora de petróleo, gas natural, biodiesel, minerales, software, autopartes,y vinos; tiene un importante desarrollo en las industrias nuclear y satelital, y un avanzado desarrollo científico.

Nos rige una Constitución (1853) que es la más antigua de las vigentes en América, después de la de EEUU (1787). Pero el Congreso, que es la primera institución de la República, necesita reformarse dictando un Reglamento General; limitar la facultad presidencial de dictar leyes, mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), que sustituyen con ello al Poder Legislativo. Además, debe actualizarse la cantidad de diputados que corresponden a cada distrito según su población, como indica la Constitución, lo que hace que haya provincias subrepresentadas como Córdoba; y modificar la forma de elección para permitir a los que votan marcar a sus candidatos preferidos, y así cambiar el orden de las listas, para que los diputados sean representantes del pueblo y no de los hacen las listas.

En la Justicia Federal hay que cubrir el 30% de magistraturas vacantes; transferir a la Justicia de la Capital Federal más del 50% de los tribunales que atienden los juicios de los porteños, y que lo financiamos todos los argentinos; y obligar a que paguen el impuesto a las ganancias.

Hay que disminuir y distribuir mejor los tributos que perciben la Nación, las provincias y los municipios, sustituyendo la coparticipación por el sistema originario de  la Constitución, de fuentes tributarias separadas, para evitar así la repetición y superposición de impuestos.

Esta descripción es solo una apretada síntesis de los desórdenes que nos causan tantos males, lo que también se podríamos observar si nos comparamos con lo que ocurre en los países vecinos; que, salvo Brasil, a pesar que disponen de menores recursos, vienen alcanzando un mejor orden y progreso.

Ponernos de acuerdo en ordenar nuestras casas, vecindarios, establecimientos educativos,  partidos, sindicatos, empresas, clubes, ONGs, municipios, provincias y la Nación es el único modo de salir adelante.

¡No me parece del todo imposible!

Córdoba, febrero de 2018.

El dialecto de la política

Para dialogar y debatir, algo no muy frecuente en la política actual, es necesario escuchar y entender lo que se expresa, pero en los últimos tiempos las palabras; las siglas; los gestos; los emojis; emoticones; memes; imágenes y hashtag con la que nos comunicamos han cambiado, y se ha gestado una “lengua especial” de la política, que supera la jerga, y podríamos decir que es ya un dialecto (un tecnolecto).

La grieta, entre Mauricio Macri (Cambiemos) y Cristina Fernández de Kirchner, es la palabra clave que en nuestro país separa dos extremos, usando siglas como: MM; CFK; PRO; FpV; UCR; PJ o CC, y con los mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema de los trolls y de los que se insultan con términos como: gato; yegua; remil (hijo de puta); gorila; reaccionario; garca; facho; zurdo; corrupto; destituyente; matón; cipayo; helicóptero; oligarca o narco. En el medio, tratan de sobrevivir, para no caer en el abismo, los políticos de “Corea del centro” que resisten la polarización.

Los partidos son espacios, liderados, muchas veces, por caciques mediáticos que acuerdan alianzas electorales o coaliciones de gobierno. Además de bloques, hay interbloques y monobloques, -con algunos borocotismos (intercambios)- en los parlamentos, que sesionan con o sin cuorum. Los DNU (decretos de necesidad y urgencia) son otra forma de legislar. Del viejo Justicialismo se dice que es un “archipiélago sin puentes” y su identidad es hoy el buscar y mantenerse en el poder. Las reelecciones la disfrutan los que se perpetúan en él.

La hegemonía la ejercen los machos alfa, las mesas chicas; cuando no, los CEOs, los chetos o los capangas, rodeados del círculo rojo, que los divorcia del resto. El populismo es la degeneración autoritaria de la democracia. El desafuero es el muro que inmuniza a los choros.

Abajo están los piquetes, los punteros, militantes, villeros, barras bravas y ñoquis; los que viven de planes; los que trabajan en negro, en las saladitas, en talleres clandestinos o en prostíbulos; o subsisten en el Conurbano, en la periferia o en el interior profundo.

El protagonismo femenino ha irrumpido últimamente con figuras como: Cristina, la ex presidenta; Heidi, María Eugenia Vidal y Lilita, Elisa Carrió, lo que hace pensar a algunos que no debemos descartar una futura “ginecocracia”. Además, hay Abuelas, que buscan a nietos; Madres, que luchan por los DDHH; y Mujeres, que bregan por el cupo electoral, el #Me Too (Yo también) y contra los femicidios.

Los originarios; migrantesdiscapacitados y las Lesbiana y Gay (LGBT) reclaman un espacio en la sociedad.

Los servicios de inteligencia, con su voyerismos (mirada), vigilan nuestro modus operandi.

La “pobreza cero” y blanquear la economía y el empleo, aparece como casi imposible.

Los cambios se muestran con expresiones como: empoderamiento, globalización, resiliencia (superar situaciones difíciles), disrupción (cambiar bruscamente), algoritmos (pautas para hallar una solución) u oximorones (palabras juntas de significado opuesto). La digitalización, las redes, las app (aplicaciones), los drones y robots expresan drásticas innovaciones, a las que hay que sumar el cambio climático, el calentamiento global o el efecto invernadero.

La teoría de “los dos demonios” y lo de los “30 mil desaparecidos” se invoca y discute cuando se vuelve la vista sobre lo que pasó en los setenta.

Claro está, que la posverdad; que deforma y desmadra la visión de la realidad, olvidando incluso lo que indican las encuestas y los focus group; al infiltrarse en esta constelación de palabras que componen este dialecto, tornan más que difícil el sesgo que nos debe llevar a la felicidad y al bien común, que deberían ser y son el destino último de la política.

Córdoba, enero de 2018.

La Legislatura y la reforma política en Córdoba

 

Legislatura de Córdoba

La 5ª. Constitución de la provincia de Córdoba de 1987 hizo posible la reelección del entonces gobernador Eduardo Angeloz que la convocó. Para ello, su partido, la UCR, por no tener mayoría en la Convención, acordó con la Unión Demócrata de Centro, que las dos cámaras de la Legislatura, ampliaran desmesuradamente el número de miembros, para asegurarse en lo sucesivo una cantidad fija de legisladores para ambos partidos. A ello se le agregó que una de las cámaras podía sancionar leyes tácitamente, y luego de comenzar a funcionar se nombraron una gran cantidad de empleados.

Por eso el pueblo de Córdoba en 2001 votó en una consulta popular el reemplazo de esa Legislatura por otra unicameral, como tuvo Córdoba hasta 1871 y lo tienen la mayoría de las provincias argentinas, y ello se concretó con la reforma de la Constitución del 2001. Por ella se redujo el número de legisladores de 133 a 70, de empleados, y su presupuesto, que era entonces de 46,3, se bajó a 11,9 millones de pesos. Se mejoró la representación con un sistema electoral mixto, con un legislador elegido en cada uno de los 26 departamentos, por un lado, y otros 44 legisladores elegidos en toda la provincia por una lista única, con bancas distribuidas por el sistema proporcional, sin premio para las mayorías, ni castigo, con techo para la minorías (del 2 por ciento), como había hasta ese momento; con voto de preferencia, que nunca se reglamentó, con lo que se podría cambiar el orden de las listas impuestas por las cúpulas de los partidos. Se dispuso que hubiera legisladores suplentes, que pudieran incluso hacer relevos transitorios; se abolieron los privilegios parlamentarios, salvo el de opinión; se ampliaron los plazos de las sesiones ordinarias a 11 meses; se estableció la doble lectura para la aprobación de las leyes más importantes y se abolió la aprobación ficta de las leyes prevista en la Constitución de 1987.

También se establecieron las elecciones internas abiertas, que tampoco fue reglamentado, y el control de los fondos de los partidos, nunca bien implementado. Esta reforma permitió el acceso a la Legislatura de la mayoría de los partidos de la provincia. Con las elecciones del 2001, obtuvieron legisladores 14 partidos políticos; en la de 2003 ingresaron 10 y, en la de 2007 14 partidos.

En esta reforma constitucional se deslizaron dos errores, como fue bajar la edad mínima de los legisladores de 21 a 18 años, sin que una demanda juvenil, social o política lo demandara, aunque luego no se eligieron legisladores de esa edad; y se exageró la acción afirmativa del “cupo por sexos” al imponer que las suplencias de los legisladores no se cubrirían en el orden de lista por el que fueron votados, sino por sexos, aunque saltearan a otros, que estuvieran antes en las listas, lo que ya no sólo cambia el orden de las mismas, que de haberse reglamentado incluso podrían haber sido modificadas por el voto de preferencia, sino que distorsiona la voluntad popular.

En la Unicameral se aprobó un Reglamento interno, que mantuvo un artículo del que tenía el antiguo Senado, que contradice lo que establecen todos los reglamentos, por el que los asuntos entrados pueden ser tratados “sobre tablas” con el voto de la mayoría simple del Cuerpo, lo que ha hace que las iniciativas del Ejecutivo, que siempre tuvo mayoría en la Legislatura, entraran y salieran aprobadas, sin estudio ni debate, en una sesión.

Tampoco se reglamentó la división departamental de la provincia, y se mantuvo -con pocas variantes- la diseñada en el siglo XIX, frustrando el propósito del constituyente de redefinir la división departamental para equilibrarla, con un criterio regional, teniendo en cuenta las afinidades históricas, territoriales, de infraestructura, de comunicaciones; además de la cantidad y distribución de la población. Esta omisión hizo menos genuina la representación territorial y menos eficaz la gestión del legislador, que, en algunos casos, deben atender los intereses de sus votantes en departamentos superpoblados, como en el de la Capital, y en otros a una escasa población, como en Pocho y Minas

A ello se agregó la grave crisis que padecen los partidos; su fraccionamiento y la sustitución de sus líderes por otros sostenidos por el clientelismo político, o por una fama adquirida en los medios de comunicación u en otras actividades ajenas a la política, como el deporte, el espectáculo, etc. Ello convirtió a muchos partidos en sellos o estructuras que sólo sirven para presentar candidatos en las elecciones, o integrar alianzas. Tampoco funciona el Consejo de Partidos Políticos creado en la Constitución de 1987; y no existen ámbitos adecuados para hacer educación política.

Adoptar el voto electrónico, como tiene Brasil, India y muchos condados de EEUU es otra asignatura pendiente que tiene Córdoba y el país.

Córdoba, noviembre de 2017.

¿Cambiar o “parchar”?

Mauricio Macri

El presidente Mauricio Macri ha convocado a un amplio acuerdo nacional para hacer grandes cambios, a lo que nadie debería honestamente negarse, aunque algunos deban ceder algunas aspiraciones. Pero como cambiar no es lo mismo que “parchar”, el gobierno debería contestar algunas preguntas referidas a los posibles cambios institucionales, que en el discurso oficial aparecen relegados después de los económicos, tributarios o laborales, pero que para que a mí, al menos, me parecen prioritarios.

Las preguntas serían:

En lo político

  • ¿Se modificará el número de diputados que corresponden a cada uno de los 24 distritos, de acuerdo al último censo de población, como exige la Constitución (Art. 45)? Para hacer justicia, entre otros, con Córdoba, que solo elige 18; mucho menos que los 25 de la Capital Federal, y los 19 de Santa Fe, a pesar de que tienen menos habitantes.
  • ¿Se adoptará el voto de preferencia? Por este sistema los que sufragan puede marcar a alguno/s de los candidatos, con el objeto de cambiar el orden de la listas, para que así suban, según la cantidad de preferencias que obtengan, y puedan acceder los mejores al reparto proporcional. Esto se hace en Brasil, está previsto en la Constitución de Córdoba -aunque nunca se reglamentó- y en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba -pero la reglamentación exige un mínimo absurdamente alto de preferencias para cambiar el orden de los candidatos, lo que ha impedido que los ciudadanos lo usen. Esta modalidad le daría más poder a los que votan y se los disminuiría a los que hacen las listas de candidatos, que muchas veces priorizan a sus incondicionales.
  • ¿Se adoptará el voto electrónico, como existe en Brasil, la India y mucho de los condados de EEUU, y se judicializará el manejo de las elecciones? Con ello se dejaría de privatizar y tercerizar con la empresa INDRA el escrutinio provisorio, como ocurre desde 1997; y con MSA, de Sergio Angelini, que implementó la Boleta Única Electrónica en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires y de Salta.
  • ¿Se reformará el sistema de elecciones primarias abiertas y obligatorias (PASO) para que dejen de ser una encuesta y participen sólo los partidos o alianzas que postulan más de un precandidato?

En la Justicia

  • ¿Se transferirá al gobierno de la ciudad de Buenos Aires toda la Justicia “Nacional”, equivalente a los tribunales provinciales de ese distrito, y que son más de la mitad de las magistraturas del Poder Judicial de la Nación, que pagan todos los argentinos? De este modo estos tribunales serán sostenidos sólo por sus únicos beneficiarios: los porteños.
  • ¿Se cubrirá el tercio de vacantes de jueces que hoy tiene el Poder Judicial de la Nación?
  • ¿Pagarán impuesto a las ganancias los integrantes del Poder Judicial y del ministerio público, nacional y de las provincias, como lo hacen los abogados y demás contribuyentes? La excepción debe limitarse a los jueces que juraron antes de 2017, como estableció la ley 27.346, porque la Constitución (Art.110) prohíbe disminuirle sus haberes.
  • ¿Se reemplazará el recurso de casación en contra de los fallos de los tribunales orales penales federales del interior del país, que resuelve la Cámara Nacional de Casación Penal de Buenos Aires, por otro de apelación ante las Cámaras Federales con sede en las provincias? Con ello se revisarían los fundamentos legales y de hecho, y no solo los primeros, con ocurre con la casación, porque así lo exige la Corte Suprema desde el caso “Casal” de 2005. Y porque la Constitución dispone que los juicios criminales deben hacerse en las provincias donde se cometió el delito (Art. 118).

En la educación

  • ¿Se implementará un examen a los alumnos que terminan el segundario?, como existe en muchos países actualmente, y evaluar así la calidad y defectos de la educación secundaria, para diagnosticar las causas del alto porcentaje de deserción escolar que hay a nivel segundario y universitario.

Las respuestas dirán si los cambios resolverán los grandes problemas que nos afectan.

Córdoba, noviembre de 2017.

 

Los desafíos de la Democracia

maritain

Jacques Maritain

La democracia no tuvo buena prensa hasta el siglo pasado. Aristóteles la consideraba una forma degenerada de la politeía (equivalente a República), el gobierno de la mayoría, por no estar dirigido al bien común. Montesquieu en su libro “Del Espíritu de las leyes” de 1748, inspirado en Aristóteles, afirmó que: «La elección por sorteo es propia de la democracia; la designación por elección corresponde a la aristocracia», por ello cuando se dictaron las Constituciones de EEUU (1787) y de nuestro país (l853), se declararon republicanas, y omitieron la palabra democracia.

En el siglo pasado, las trágicas experiencias totalitarias del stalinismo, del nazismo y del fascismo; de los autoritarismo de Francisco Franco, en España, y Antonio Oliveira Zalazar, en Portugal, y de las dictaduras latinoamericanas; el horror de los genocidios armenio y judío; de las dos guerras mundiales y de las dos bombas atómicas en Japón, convencieron a la humanidad que la democracia era la más perfecta forma de gobierno y de vida en la sociedad; por respetar la voluntad popular, la libertad, los derechos humanos, la igualdad, la paz, y el bien común.

Pero, ¿qué es hoy la democracia?

Su punto de partida es la dignidad de la persona humana, y el respeto de sus bienes esenciales: la vida, la libertad y al trabajo y los derechos humanos que de ellos se derivan. Se trata de la mejor forma de representación política y de participación ciudadana. Para su mejor desarrollo es necesario educar políticamente a los ciudadanos y también a los dirigentes; limitar los mandatos, diferenciar lo público de lo privado, lo que es de la sociedad civil y de lo que es del estado, y, dentro de éste, diferenciar las competencias de los distintos niveles, poderes y órganos de gobierno y de la administración.

Que, además, haya plena vigencia de la Constitución y de las leyes, respeto de las instituciones republicanas y cumplimiento de las reglas de ética pública, que aseguren transparencia e impidan la corrupción. Las sociedades deben ser solidarias y fraternales. Y los medios de comunicación deben garantizar que la opinión pública esté bien informada y, a través de ellos, se puedan expresar todas las opiniones y debatir las grandes decisiones políticas. Que la inevitable globalización no se limite a lo económico o a lo financiero, sino que se profundicen los procesos de integración política, y se retome el olvidado ideal de un gobierno mundial, que nos permita, alguna vez, superar conflictos, desigualdades y preservar al planeta.

La Democracia del siglo XXI

En el nuevo siglo las democracias, además, necesitan: adecuar la educación, redefinir y distribuir el trabajo, orientar la economía al servicio del hombre, asimilar las nuevas tecnologías y medios de comunicación, limitar el armamentismo (especialmente el nuclear) y cuidar el ambiente.

Los nuevos desafíos que enfrenta la democracia son: los poderosos (de la política, la economía, lo militar, lo mediático, etc.); la crisis de los partidos, vaciado en “espacios” políticos; las reelecciones, que oligarquizan la política; los “círculos rojo”, que amurallan y separan a los representantes de los representados; al clientelismo y a las “organizaciones sociales”, punteros, piqueteros, lobbistas, etc. que secundan a los que medran con el poder; a las redes y nuevos medios de comunicación, que con frecuencia reemplazan la verdad con la post-verdad; al populismo, con su autoritarismo encubierto; a las grietas (políticas, sociales, territoriales, etc.), profundizadas por la política agonal; las persistentes secuelas de la guerra fría, y los intentos de reconciliación, como el que se ensaya en Colombia; las nuevas formas de violencias (bullying, escraches, desaparecidos, atentados terroristas, etc.); la corrupción; la pobreza; el narcotráfico; las discriminaciones; el cambio climático y la incertidumbre del futuro, que compromete la esperanza.

Maritain, el filósofo de la democracia, alguna vez dijo: “La cuestión no es encontrar un nombre nuevo a la democracia, sino descubrir su verdadera esencia y realizarla; pasar de la democracia burguesa, desecada por sus hipocresías y por falta de la savia evangélica, a una democracia íntegramente humana; de la democracia frustrada, a la democracia real.”

A esto estamos convocados.

Córdoba, octubre de 2017.

 

 

 

 

 

 

De Vido, Cristina y Menem

Julio De Vido

El caso del diputado Julio de Vido irrumpió bruscamente en la campaña electoral, porque el tema principal para el oficialismo es la corrupción, como el estancamiento económico lo es para la oposición kirchnerista. Se lo acusa de “inhabilidad moral sobreviniente a su incorporación” o de “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” (Art. 66 Constitución), algunos le agregan “indignidad” -causal no prevista ni penada por la Ley Fundamental-; por múltiples y graves presuntos delitos que habría cometido antes de ser elegido por el pueblo.

Una serena reflexión, no influida por la disputa electoral, podría ser la siguiente:

· Sin orden judicial de arresto no cabe el desafuero de De Vido, ya que los procesos puede continuar hasta su culminación. Esta prerrogativa es de la Cámara y no es renunciable.

· Las acusaciones al ex ministro enfatizan las denuncias (80), imputaciones (30) o procesamientos (5), por hechos ocurridos cuando ejercía ese cargo, antes de ser elegido diputado.

· Si los delitos se cometieron antes de ser electo, “corregirlo” o “removerlo” (Art. 66 CN), o sea: suspenderlo o expulsarlo -como se propone en la Cámara de Diputados-, sería desconocer la voluntad popular que lo eligió a pesar de ello.

· Si el Cuerpo que integra le aplicara alguna pena; que los jueces temerosos, morosos o cómplices omitieron imponerle; la misma sería un grave desvío de poder y un atentado contra el principio de inocencia, lo que podría ser anulado judicialmente.

· Llama la atención que ese planteo no se le haya formulado cuando se incorporó a la Cámara, ni al ser designado presidente de la Comisión de Energía y Combustible de dicho Cuerpo; ni que no se lo haya intentado hacer al senador Carlos Menem, ahora candidato a ser reelecto, que tiene dos condenas judiciales que no están firme; ni a Cristina Fernández de Kirchner, tres veces procesada, a la que se le podrían haber hecho por los hechos por el que está procesada un juicio político cuando era presidente, o se le pudo haber impugnado su actual candidatura a senadora.

· La acusación a De Vido, se basa más en que fue procesado que en los delitos que habría cometido, y su defensa se circunscribe a que es un perseguido político. En esta discusión se elude explicar si fue responsable o no de la muerte de 51 personas en la tragedia de Once, o si es culpable o no de la sustracción o el desvío de millonarios recursos del Estado.

· Lo ciudadanía no entiende por qué la vara de la justicia cae con severidad solo en cabeza de subalternos (María Julia Alsogaray, Ricardo Jaime, Julio López Lázaro Báez o Víctor Manzanares), y nunca en la de los responsables político superiores (Cristina, De Vido o Menem); mientras en países vecinos los jueces condenan y ordenan prisión a ex presidentes, como ocurre en Perú (Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo) o en Brasil (Luiz Ignacio Lula da Silva).

· También es reprochable las conductas de los ciudadanos que votan a corruptos.

Si el “afianzar la justicia”, del preámbulo de la Constitución, significa “dar a cada uno lo suyo”, nos parece que ello no ocurre en este caso, y el obrar de los diputados y candidatos en la campaña electoral nos demuestran que más interesa ganar una elección que actuar como indica la Constitución. Este reproche cabe también contra los jueces que tienen obligación de impartirla y no cumplen con ese cometido.

Si a la incertidumbre sobre nuestro futuro y a la pobreza de las propuestas de los candidatos, le agregamos una inconstitucional sanción a De Vido, además de victimizarlo agravaría la desesperanza de muchos argentinos.

A propósito de ello me viene a la memoria las palabras de mi profesor de derecho penal, el Dr. Helio Olmos -eximio abogado penalista-, cuando sus alumnos le preguntábamos: ¿por qué defendía a delincuentes indeseables?, como serían ahora estos políticos corruptos, y él nos respondía: ¡La Justicia en el juicio final!

Córdoba, julio de 2017.