De Vido, Cristina y Menem

Julio De Vido

El caso del diputado Julio de Vido irrumpió bruscamente en la campaña electoral, porque el tema principal para el oficialismo es la corrupción, como el estancamiento económico lo es para la oposición kirchnerista. Se lo acusa de “inhabilidad moral sobreviniente a su incorporación” o de “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” (Art. 66 Constitución), algunos le agregan “indignidad” -causal no prevista ni penada por la Ley Fundamental-; por múltiples y graves presuntos delitos que habría cometido antes de ser elegido por el pueblo.

Una serena reflexión, no influida por la disputa electoral, podría ser la siguiente:

· Sin orden judicial de arresto no cabe el desafuero de De Vido, ya que los procesos puede continuar hasta su culminación. Esta prerrogativa es de la Cámara y no es renunciable.

· Las acusaciones al ex ministro enfatizan las denuncias (80), imputaciones (30) o procesamientos (5), por hechos ocurridos cuando ejercía ese cargo, antes de ser elegido diputado.

· Si los delitos se cometieron antes de ser electo, “corregirlo” o “removerlo” (Art. 66 CN), o sea: suspenderlo o expulsarlo -como se propone en la Cámara de Diputados-, sería desconocer la voluntad popular que lo eligió a pesar de ello.

· Si el Cuerpo que integra le aplicara alguna pena; que los jueces temerosos, morosos o cómplices omitieron imponerle; la misma sería un grave desvío de poder y un atentado contra el principio de inocencia, lo que podría ser anulado judicialmente.

· Llama la atención que ese planteo no se le haya formulado cuando se incorporó a la Cámara, ni al ser designado presidente de la Comisión de Energía y Combustible de dicho Cuerpo; ni que no se lo haya intentado hacer al senador Carlos Menem, ahora candidato a ser reelecto, que tiene dos condenas judiciales que no están firme; ni a Cristina Fernández de Kirchner, tres veces procesada, a la que se le podrían haber hecho por los hechos por el que está procesada un juicio político cuando era presidente, o se le pudo haber impugnado su actual candidatura a senadora.

· La acusación a De Vido, se basa más en que fue procesado que en los delitos que habría cometido, y su defensa se circunscribe a que es un perseguido político. En esta discusión se elude explicar si fue responsable o no de la muerte de 51 personas en la tragedia de Once, o si es culpable o no de la sustracción o el desvío de millonarios recursos del Estado.

· Lo ciudadanía no entiende por qué la vara de la justicia cae con severidad solo en cabeza de subalternos (María Julia Alsogaray, Ricardo Jaime, Julio López Lázaro Báez o Víctor Manzanares), y nunca en la de los responsables político superiores (Cristina, De Vido o Menem); mientras en países vecinos los jueces condenan y ordenan prisión a ex presidentes, como ocurre en Perú (Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo) o en Brasil (Luiz Ignacio Lula da Silva).

· También es reprochable las conductas de los ciudadanos que votan a corruptos.

Si el “afianzar la justicia”, del preámbulo de la Constitución, significa “dar a cada uno lo suyo”, nos parece que ello no ocurre en este caso, y el obrar de los diputados y candidatos en la campaña electoral nos demuestran que más interesa ganar una elección que actuar como indica la Constitución. Este reproche cabe también contra los jueces que tienen obligación de impartirla y no cumplen con ese cometido.

Si a la incertidumbre sobre nuestro futuro y a la pobreza de las propuestas de los candidatos, le agregamos una inconstitucional sanción a De Vido, además de victimizarlo agravaría la desesperanza de muchos argentinos.

A propósito de ello me viene a la memoria las palabras de mi profesor de derecho penal, el Dr. Helio Olmos -eximio abogado penalista-, cuando sus alumnos le preguntábamos: ¿por qué defendía a delincuentes indeseables?, como serían ahora estos políticos corruptos, y él nos respondía: ¡La Justicia en el juicio final!

Córdoba, julio de 2017.

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Éxitos y fracasos en la campaña electoral

Mauricio Macri y Cristina Fernandez de Kirchner

A pesar que la ley fija la fecha del 14/7/17, la campaña electoral comenzó hace un año con la ley de “reparación histórica”, que aumentó haberes previsionales de ANSES, mucho de los cuales recibirán recién ese justo beneficio en víspera de los comicios.

Cómo el gobierno no mejoró la economía, los precios y las tarifas aumentaron más que los salarios y se perdieron empleos, la oposición tomó este fracaso como bandera. Los gobiernos Nacional, provinciales y de los municipales saturan los medios de comunicación con los pocos éxitos de su gestión, donde nunca faltan las fotos de los candidatos que respaldan.

Las elecciones primarias nacionales (PASO) fueron desvirtuadas por la falta de disputa de las candidaturas en los partidos, y se han convertido en una encuesta, obligatoria para los electores. Los partidos desaparecieron al fusionarse en alianzas alrededor de candidatos, muchas veces destacados por su visibilidad mediática, que no representan una propuesta política sino a los líderes que confeccionan las listas, como el presidente, ministros, gobernadores, intendentes o a algunos que ahora sin cargos tienen peso propio, como Cristina Fernández de Kirchner.

Único problema: el gran desorden 

La táctica que mejor intenta el oficialismo y la oposición es, igual que en la elección de 2015, polarizar -profundizar la grieta- entre Cristina, que es el pasado, y Mauricio Macri, que es el presente, sin que poco y nada se diga del futuro, ni que se propongan reformas de fondo, para terminar con el único gran problema que padecemos, que es el grave desorden que sufrimos en la calle y con la seguridad, pero también en la educación, la economía, la Justicia, en lo tecnológico, lo ecológico, en cómo integrarnos al mundo, etcétera.

Además de las obras que exhiben los que gobiernan (algunas ridículas como el tren que va en 7 horas a Mar del Plata), y que no se hicieron en los años no electorales, los caballitos de batalla de la campaña son la lucha contra: la corrupción, la pobreza y el tráfico de las drogas. Sobre la corrupción, es mucho lo que se denuncia e investiga (caso de Vido) y poco lo que aclara y resuelve la Justicia. Respecto de la pobreza no hay proyectos serios para superarla, que no sean los planes sociales. En cuando al narcotráfico el gobierno con el aumento de los decomisos de estupefacientes –que aplaudimos- nos muestra la gravedad del problema, que es el aumento desmesurado del consumo (duplicado en este siglo), sin que haya políticas para frenarla y disminuirla, ya que mientras crezca el consumo y las adicciones, la lucha contra el narcotráfico es una guerra perdida. Si aumenta la demanda de drogas, lo hará también la oferta, por más decomisos y penas que se apliquen. ¿Qué hacer con los consumidores, adictos y soldaditos de este vil negocio?, es el gran dilema a resolver.

Entonces, en política ¿está todo perdido?, ¿no hay soluciones? 

La esperanza es lo último que se pierde. En un país donde hay líderes que el mundo admira (SS Francisco, Lionel Messi y Daniel Barenboim), nuevas promesas políticas (María Eugenia Vidal, Verónica Magario y Martín Lousteau) y una ciudadanía que a pesar de las recurrentes crisis no se rinde, y que con su voto y su deseo de participar (ver las masivas manifestaciones), no admite la polarización, y reclama soluciones de fondo, y sin demoras, aunque se cristalicen después de las elecciones.

Ejemplo de ello es la educación –un tema central-, donde, además de tener clases, los niños y jóvenes necesitan formarse como líderes, no solo político -donde escasea la buena preparación-. Hay que reemplazar la enseñanza actual, que forma alumnos para empleos de baja calificación; por otra, adecuada a la nueva y dinámica realidad, condicionada por la tecnología, donde se necesita, además de educar en valores morales, hacerlo también para la innovación y la creatividad; despertar la curiosidad y la astucia para resolver nuevos dilemas que el futuro deparará y que hoy es imposible prever. Se necesitan para ello docentes e investigadores mejor formados, jerarquizados y remunerados, y evaluaciones que nos indiquen si nos acercamos o no a las metas fijadas; como el examen al terminar el secundario, que se practica en casi todo el mundo, y que en nuestro país está prohibido.

Si con coraje los demás problemas se encaran de esta manera, la política y el futuro de nuestros hijos y nietos será por más promisorio.

Córdoba, julio de 2017.

Disputas por el poder o por trabajar

Mauricio Macri y Cristina Kirchner

El 2017, como todos los años impares, está signado por las elecciones, y por ello todo lo que se hace en política está en función de ganarlas, que por ser en este año sólo legislativas no cambiarán el gobierno, y muy poco las mayorías parlamentarias, pero pondrán en carrera a los que aspiran a las presidenciales de 2019. La táctica del gobierno, asesorado por Jaime Durán Barba, es tensar la relación amigo-enemigo, propia de toda disputa el poder, pero, en este caso, en vez de confrontar proyectos o programas políticos se crea una falsa opción: Macri versus Cristina, apoyar al gobierno o volver al kirchnerismo, el pasado contra el presente, volver a la “grieta”. Por eso poco o nada importa qué hacer con el trabajo, la educación, la seguridad, el cambio climático, etcétera. El Congreso casi no funciona, la economía está en veremos, la seguridad es preocupante, la educación está a la deriva, las calles cortadas, la Justicia sigue ineficaz y llena de vacantes, y la Corte Suprema es el árbitro final de conflictos que nadie resuelve (ejemplos: tarifas del gas, Milagro Sala).

Revertir el empleo cero

Pero entonces, ¿qué hacer con los graves problemas que nos aquejan?

  • Lo primero es centrar el debate político en la solución de los mismos, y no en quién o quiénes serán candidatos en el año 2019. Enfocarnos en el futuro -que es por demás incierto- y terminar con las falsas opciones como: volver a Cristina o ponerla presa, sostenerlo a Macri o subirlo al helicóptero, acentuar la ceocracia o la militancia camporista o piquetera.
  • De lograrse esto, habría que priorizar las cuestiones a resolver, que son muchas y muy complejas, y casi todas no serán solucionadas antes de éstos comicios, ni de los de 2019, como es, por caso, el de la educación.
  • El trabajo se muestra como el tema que más angustia a los argentinos y al mundo, ya que las nuevas tecnologías, aplicadas en el sector privado y público, parecen encaminadas al empleo cero. Trabajar hoy y mañana, no es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Los robots, la informática, la electrónica y el mundo digital nos obligan a pensar hoy, y preparar a las nuevas generaciones, para la innovación, la creatividad y el uso de nuevos instrumentos, que ya existen y que variarán o serán reemplazados por otros en poco tiempo, que nos permitirán gestar nuevos emprendimientos.
  • El trabajo decente, junto a la vida y la libertad, es el bien que toda persona debe ejercitar para vivir con dignidad. Sin valores la vida en sociedad carece de sentido.

El trabajo, que recordamos el 1º de Mayo, es lo que más se discute en las últimas campañas electorales de distintos países. Donald Trump triunfó en EEUU, con un florido discurso, por denunciar la baja del empleo, la consecuente reducción de los salarios, los altos costos de los servicios, como los de la medicina y la educación. Por eso les dijo a los americanos: basta de inmigrantes que les quitan sus trabajos; revertiré el tratado del Nafta que trasladó fábricas a México o Canadá, y propuso repatriarlas, junto a las que se fueron a China; cuestionó el Tratado del Cambio Climático de París de 2016 porque haría cerrar empresas que contaminan el ambiente; propuso crear fuentes de trabajo a través de obras de infraestructura y en las fuerzas armadas. Su lema “Haz América grande de nuevo” (Make America Great Again) ponía en primer lugar al empleo y relegaba, a un segundo plano, otras cuestiones como la política internacional. Si lo propuesto para solucionar esto es acertado, está por verse. Los discursos de las campañas electorales de este año en Europa y América siguen la misma línea.

Terminar en Argentina con la pobreza, la corrupción y el narcotráfico; traer inversores, equilibrar las finanzas públicas, terminar con la inflación y la economía en negro, descentralizar, mejorar la educación, reemplazar el empleo público por el privado, alivianar la presión fiscal, mejorar la infraestructura, terminar con el festival de los subsidios, reforzar la seguridad y cuidar el ambiente; son propósitos que hay que atender para que todos tengan un trabajo, bien remunerado, que les dé sentido a sus vidas y que les permita realizarse como persona.

Si este vuelco se diera, ¿Cómo cambiaría la visión que todos tenemos de la política? Hasta nos despertaría ganas de participar.

Córdoba, abril de 2017.

Los que no nos representan

 

Nigel Farage

Nigel Farage

En nuestro país y en el mundo, es notable la distancia que separa a los ciudadanos de sus gobernantes. Las últimas elecciones en EEUU y en las consultas populares: del Reino Unido -por el Brexit-, de Colombia -por el Acuerdo de Paz con las FARC- y de Italia, son un ejemplo elocuente de ello.

Las grandes y vertiginosas transformaciones sociales y tecnológicas que nos depara el Siglo XXI hacen que muchos políticos no alcancen a percibir, interpretar, diagnosticar, asumir, ni proyectar su regulación, con la claridad y la premura que los electores -en su mayoría también desorientados- reclaman.

Estos cambios radicales se muestran en:

  • la globalización, que internacionalizó el mundo de la economía y las finanzas: el sistema financiero, el mercado, el comercio y la actividad de grandes corporaciones;
  • el “cambio climático”, la contaminación del ambiente y la acidificación y el aumento del nivel de los océanos, que afectan a la “Casa común”, como dice SS Francisco en “Laudato Si”, y que el Acuerdo de París intenta paliar.
  • la existencia de organizaciones internacionales violentas como ISIS y las dedicadas al narcotráfico, la trata de persona, el comercio de armas o que escoden el dinero de la corrupción;
  • la homogenización de las manifestaciones musicales, en el cine, la televisión, las redes sociales, las artes en general y en los usos y costumbres, como la vestimenta, la gastronomía, etcétera;
  • el papel relevante que ha cobrado la ciencia, la investigación, la educación y la acumulación de conocimientos e innovaciones;
  • la aparición y fortalecimiento de instituciones políticas y económicas supranacionales, y de normas y sistemas jurídicos para reglar el mundo globalizado.

La tendencia a la reducción del empleo tanto en los sectores agrícola y extractivos, como en el industrial, que se encaminan al “empleo cero”, por la automación y robotización, y por la necesidad de suprimir las formas de producción que contaminan, o que están siendo reemplazadas por otras mejores (v.gr.: los automóviles eléctricos por los que consumen nafta); lo que se completa en el sector terciario con la digitalización del gobierno y de la administración; y la multiplicación de organizaciones sociales que reclaman, protestan y exigen la soluciones a los problemas de alimentación, vivienda, salud, educación, etc., lo que el Estado, ni las organizaciones que lo complementan o lo suplen, no alcanzan a satisfacer.

Los planes sociales argentinos y de otros países, tratan que los ingresos de ciudadanos sean más equitativos, como son: la bolsa- familia en Brasil, la “Renta mínima de inserción” (RMI) en Francia, o el dividendo social que reciben cada año los que viven en Alaska – EEUU- cuyo monto varía según el rendimiento del organismo gestor: Permanent Fund Dividend Application (en 2006, fue de U$S 1.106.96 anuales). Los suizos acaban de rechazar en un referendum, con el 78% de los votos, la implantación de una “Renta básica de inserción” (RBI), de 2500 francos mensuales que cobrarían todos sus habitantes tengan o no ingresos. Iniciativa similares se propusieron ante la Comisión Europea en 2013, en Finlandia y en Utrecht -Holanda-.

La revolución en las comunicaciones hizo cambiar en política el diálogo, el discurso, el debate y las formas de relacionarse y consensuar. Tampoco es igual, ni parecida, en este siglo, la relación entre representantes y representados; ni el funcionamiento de los poderes dentro del Estado; nacional, provincial y municipal; como el de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales; y las amplias administraciones que los acompañan.

Los discursos, ilustrados con gestos e imágenes, son más breves; y contienen títulos y subtítulos contundentes, que acentúan las diferencias entre que se propone con lo que se quiere sustituir, y, muchas veces, descalificando al que piensa o sostiene lo contrario. Las redes sociales son el vehículo más eficaz de comunicación; las encuestas y los medios gráficos están en crisis y a los expertos no siempre se los escucha.

Los sistemas electorales y las prácticas representativas se crearon para una sociedad diferente de la actual, por eso es que ya no sorprende la aparición de outsider que denuncian al establishment y a los efectos negativos de estas mutaciones, como Donald Trump en EEUU; Nigel Farage, en el Reino Unido; Alexis Tzipras en Grecia; Beppe Grillo en Italia; Marine Le Pen en Francia, Pablo Iglesias en España, etc., con propuestas, populistas o nacionalistas, poco claras de cómo remediar los males que denuncian.

Conclusión: los ciudadanos y los políticos debemos acércanos y compartir más y mejor los nuevos problemas quejan.

Córdoba, diciembre de 2016.

La política, ¿es cosa de mujeres?

Hillary Clinton

Hillary Clinton

En los últimos tiempos parecería que cada vez lo es más.

En los EEUU, por primera vez, hay una candidata a presidente: Hillary Clinton. Tema central del segundo debate entre los candidatos a presidente fueron las expresiones despectivas a las mujeres vertidas en un video por Donald Trump, su rival. Lidera la Unión Europea la canciller de Alemania Ángela Merkel. El primer ministro del Reino Unido, después del Brexit, es Theresa May. La corona de Holanda la luce la argentina Máxima Zorreguieta.

El político más notable de Argentina es María Eugenia Vidal –gobernadora de Buenos Aires-, que al igual que otras cuatro mujeres gobiernan otras tantas provincias. En el Senado, presidido por la vicepresidenta Marta Gabriela Michetti, hay un 41,7% de mujeres. En Diputados hay 99, sobre un total de 257 (el 38,55%). Cuando voté como diputado la ley de cupo femenino (30%) en 1991 había solo había 12 (el 5%). El rol de “fiscal de la República”, que alguna vez ejerció Agustín Rodríguez Araya, se lo disputan hoy las diputadas Elisa Carrió y Margarita Stolbizer.

En contraste con ello, no dejaron un buen recuerdo las esposas que sucedieron a sus maridos en la presidencia: Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco las agresivas manifestaciones de mujeres que reclaman descriminalizar el aborto, como la ocurrida en estos días frente a la catedral de Rosario.

Reforma electoral

En la discutida reforma electoral, además de introducir una costosa impresora en el cuarto oscuro, que no es una urna electrónica, lo más novedoso es que se aumentará el cupo femenino, para que en las listas de candidatos se repartan en partes iguales entre personas de distinto sexo, sin que se prohíban los excesos, como que la integren cónyuges, o quienes comparten uniones convivenciales, o sean parientes hasta el segundo grado.

Se posterga, otra vez, el actualizar el número de diputados de cada distrito, como exige la Constitución, después de cada censo (Art. 45); lo que deja a Córdoba con 18 diputados; mientras la Capital Federal continúa con 25 y Santa Fe con 19, a pesar de tener menos habitantes. El mínimo provincial continúa siendo 5, lo que no es constitucional.

Al elector se le continúa impidiendo marcar la preferencia entre los candidatos que integran las listas, como ocurre en Brasil y dispone la Constitución de Córdoba (Art. 78), aunque nunca se lo reglamentó, lo que hace que cuando el gobierno nacional dice negociar con los

legisladores lo hace a través de los gobernadores o de los líderes partidarios, que confeccionaron las listas y parecen ser los dueños de las bancas.

Muchos tuvimos la esperanza que en la prometida reforma política los legisladores, volverían a ser nuestros representantes, cualquiera sea su sexo. Que cuando sean candidatos nos pidan el voto, nos cuenten de sus proyectos, y que, luego, nos rindan cuenta de su gestión. En el Congreso “escribanía” o “posescribanía”, lo que hay que cambiar es que podamos conocer a nuestros representantes, que dicen cuando hablan –si lo hacen- o proyectan en nuestro nombre, y como votan en las cámaras. Los que integran listas “sábanas”, después de electos, responden más a los pusieron de candidatos, que a los que los votamos. Lo que necesitamos, queremos y aspiramos los ciudadanos, parece que poco importa.

Más allá de los cupo, lo deseable es que lleguen los o las mejores, y que nos representen.

Córdoba, octubre de 2016.

El debate de la reforma político electoral

Urna electoral

Urna electoral

Proceso Electoral del año 2015

– Duró 9 meses, 253 días y hasta 6072 horas: comenzó el 13 de marzo en el norte argentino y terminó el 20 de noviembre con el ballotage presidencial.

– Se votaron 30 de los 52 domingos que tuvo el año.

– En la elección a gobernador de Buenos Aires (PASO) participaron 10 fórmulas y 12 candidatos (FPV y FI presentaron 2 candidatos).

– Para las presidenciales de 2015 se presentaron 13 fórmulas presidenciales con sus precandidatos a legisladores nacionales y representantes al Parlasur.

– En 2015 se votó 6 veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: en tres ocasiones para elegir jefe de gobierno (primaria, general y una eventual segunda vuelta) y en tres para presidente.

– Además de la Ciudad de Buenos Aires hay otras seis provincias que tuvieron elecciones desdobladas: Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Chaco y Jujuy. En todas se repitió el mismo escenario: un mínimo de cuatro votaciones y máximo de seis.

– Otras provincias, como Corrientes y Santiago del Estero, recién eligen autoridades provinciales en 2017, por lo cual votaron en las nacionales.

Anuncio del gobierno del presidente Mauricio Macri

El Gobierno de Mauricio Macri prometió enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma política electoral, para:

  • crear un ente autárquico que asuma las funciones de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda;
  • adoptar la Boleta Única Electrónica (BUE), usada en las últimas elecciones de Salta y de la Ciudad de Buenos Aires, provistas por el Magic Software Argentina (Grupo MSA), cuyo presidente es Sergio Angelini; y
  • unificar las fechas de las elecciones nacionales, provinciales y municipales, abolir las reelecciones para cargos ejecutivos y terminar con los sistemas electorales de sumatoria de votos.

Proyecto de ley del PE que propone:

  • BOLETA UNICA ELECTRÓNICA
  • ELIMINACIÓN DE COLECTORAS Y CANDIDATURAS MÚLTIPLES
  • DEBATE PRESIDENCIAL OBLIGATORIO
  • MAYOR CONTROL JUSDICIAL DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
  • REGULA LA TRANSICIÓN
  • PASO: los votos se hacen dentro de una única alianza o partido,. No se eligen vicepresidentes de la Nación.

Omisiones del proyecto

  • No actualiza el número de diputados lo que incumple el art. 45 de la Constitución que establece que la cantidad de diputados de los 24 distritos electorales serán proporcionales a su población, lo que debería modificarse después de cada censo, y lo que desde hace década no se hace. Por eso Córdoba tiene 18 diputados, a pesar de tener mayor población que la Capital Federal, que tiene 25, y Santa Fe, que tiene 19.
  • Mantiene el mínimo de 5 diputados por distrito también es inconstitucional, cifra que debería ser de dos, como disponía originariamente la Constitución de 1853.
  • No adopta el voto de preferencia para las elecciones de diputados nacionales, permitiendo que los que sufragan puedan indicar alguno de los candidatos para que si tienen mayor número de preferencia pueda superar a los que se encuentran antes en la lista. Esto se parece al sistema que en1912 se estableció en la ley 8871, más conocida como Sáenz Peña, que admitía tachar y sustituir a los candidatos de la lista de diputados. La Constitución de Córdoba (Art. 78) lo establece pero nunca fue reglamentado; y la Carta Orgánica Municipal de Córdoba lo dispone para los concejales pero la reglamentación exige un mínimo del 3% de preferencias para que un candidato reemplace al que tiene antes en la lista, lo que hizo imposible su aplicación.
  • No modifico la dependencia de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, ni creó un ente autárquico lo que puede permitir que nuevamente sea manipulada por el gobierno o que dependa de un ministro que está participando de una elección, como ocurrió el año pasado cuando dicha dirección dependía del Ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo que al mismo tiempo era precandidato a presidente. La solución correcta hubiera sido que pasara a depender de la Junta Electoral Nacional, integrada por jueces, y de la Cámara Nacional Electoral, siguiendo la tradición argentina (Arts. 48 al 52 del Código Electoral Nacional – Ley 19.945 y sus reformas), y el ejemplo de Brasil. La mayor garantía de imparcialidad para evitar la injerencia del Ejecutivo o de los partidos es ponerla bajo la dirección de jueces.
  • No prevé reemplazar a la empresa multinacional española INDRA Sistemas S.A., que desde 1997 hace, a un alto costo, el servicio de diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados a nivel nacional y distrital —en el caso de simultaneidad de elecciones—, para las PASO y las elecciones de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales conjuntamente con las elecciones legislativas provinciales que se realizaron de forma simultánea y la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales, y tratar de que ese trabajo lo haga el Estado, bajo la supervisión de jueces, con lo que se votaría y se conocería resultados de las elecciones más rápido y sin necesidad de trasladar certificados y urnas. El software no debería ser de una empresa privada sino del Estado, como también ocurre en Brasil.
  • No deroga la ley Nº 26.774/12 que autorizó el voto obligatorio de los jóvenes de 16 y 17 años, eximiéndolos de sanciones si no lo hacen y de ser autoridades de mesa, siguiendo el fracasado intento que se inició en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, cuando se lo consagró, para las elecciones municipales, el voto optativo de los adolescente, No hay estadísticas sobre las últimas elecciones nacionales, pero en 2013 fueron incluidos junto a los mayores en los padrones en una proporción del 1,9 %; o sea podían votar unos 600 mil adolescentes. Pero en las elecciones municipales de Córdoba de 1999 se empadronaron sólo 1.200 jóvenes, en 2003 sólo 289; en la de 2007 se redujo a 39 y 337 se anotaron en 2011 y sufragaron sólo 108, sobre unos 60 mil que lo podrían haberlo hecho; y en 2015 se inscribieron solo 140, sobre un padrón general es de más de un millón de vecinos. Admiten este tipo de sufragantes: Cuba; Nicaragua; Ecuador; Irán -a partir de los 15 años-; Chipre, desde los 16; e Indonesia desde los 17. También lo permiten las Constituciones de Austria, Brasil, Bolivia, Ecuador; y Eslovenia -si trabajan en forma remunerada-. En Brasil en 2007 sufragaron el 1,91 % de electores de 16 y 17 años; en 2008 el 1,19%; en 2009, el 1,47% y el 2010 el 1,76%, o sea 2.391.093 votos 16 y 17 años sobre un total de 135, 6 millones.

BUE

Propone establecer la Boleta Única Electrónica para evitar que se sustraían de los cuarto oscuros las boletas múltiples y porque con este sistema se necesitan muchos fiscales de todos los partidos durante todo el día de la votación. La Boleta Única Electrónica, fue usada en los últimos comicios en Salta y la CABA, provista por Vot.ar, de la empresa, Magic Software Argentina S.A, GRUPO MSA, lo que significa dar un medio paso entre la boleta única de papel, experimentada en Córdoba (proyectada por primera vez el 16 de septiembre de 1959 por el diputado provincial demócrata cristiano Teodosio Pizarro y aplicada recién en 2011) y Santa Fe (utilizada también desde 2011), y la urna electrónica, que es la que deberíamos adoptar por ser la tecnología más eficaz y moderna empleada por las democracias con mayor cantidad de electores en el mundo (La India, Brasil y la muchos condados de EEUU). Las urnas electrónicas en Brasil ya permite identificar a los que votan con las huellas digitales (no hace falta llevar documentos de identidad) y al votar, sin boletas, se puede incluso expresar la preferencia por los candidatos a legisladores, lo que permite cambiar el orden de las listas. Urnas electrónicas con estos aditamentos es lo que nuestro país debería adoptar.

India

La República de la India tuvo en 1982 por primera vez voto electrónico en 50 de las 84 casillas instaladas en las elecciones de la Asamblea Legislativa de Kerala, un estado del sur caracterizado por ser el más alfabetizado. Pero el candidato que perdió, Shri A.C José, cuestionó ante la Corte Suprema de Kerala el uso de las Máquinas Electrónicas de Votación (EVMs por sus siglas en inglés) bajo el argumento de que ni el Representation of the People Act de 1951, ni el Conduct of Election Rules, de 1961 permitían el uso de máquinas electrónicas de votación en las elecciones en la India. El caso llegó a la Suprema Corte, que sostuvo que las EVMs no podían usarse en las elecciones si no eran contempladas expresamente en la ley por lo que declaró nula la elección (Election Commission of India 2009). En 2004 se logró que el 100% de los votos se emitiera de manera electrónica. India es la democracia más poblada del mundo con 1.210. 854. 977 habitantes, según el censo del 1/03/2011, por tener una tasa de analfabetismo del 39%, una esperanza de vida de 69.89 años. En 2004, el sistema fue utilizado por más de 600 millones de electores (Election Commission of India 2009). La votación electrónica representó un reto para las autoridades electorales pues factores como el costo de fabricación, la facilidad de uso para los electores analfabetos y parlantes de diversas lenguas, el traslado de las urnas a lo largo de un territorio de 3.287.590 km2 y a zonas rurales que no cuentan con servicios de electricidad, entre otros, llevaron al diseño de un sistema que pudiera responder a estas múltiples necesidades, sin que hubiera falla en los equipos.

La urna electrónica o máquina de votación electrónica (EVM), también conocida como tablero electrónico, reduce principalmente el costo de impresión de boletas electorales para un padrón de 714 millones de votantes. El costo es de aproximadamente 300 dólares estadounidenses por EVM, que incluye una Unidad de Control, la Unidad de Votación y una batería. El costo por máquina resulta relativamente bajo ya que éstas fueron manufacturadas por dos compañías del sector público, y con ello se consiguió el objetivo de ahorrar el gasto en impresión, almacenaje, transporte y seguridad, además del ahorro de personal en la capacitación de los escrutadores. La introducción de las máquinas de voto electrónico en las 688,000 casillas en 2004 produjeron un ahorro de 7,700 toneladas métricas del papel de seguridad utilizado para imprimir los votos, así como otros ahorros sustantivos de costos de transporte, almacenamiento y seguridad.

Brasil

En 1982, por primera vez, Brasil vivió una experiencia electoral con mecanismos de cómputo de voto electrónico. En las elecciones de 1996, 33 millones de electores usaron la urna electrónica. En 1998 dos tercios de los electores la usaron, pero su uso se implementó en todo el territorio en el año 2000. Desde entonces el sistema electoral brasileño se mantiene en constante evolución incorporando nuevas medidas para incrementar la eficiencia y garantizar la seguridad del sufragio y la elección en general.

Con más de 144 millones de electores, Brasil es la cuarta mayor democracia del mundo, en número de electores, después de la India, EUA e Indonesia. En las elecciones de octubre de 2014, en las que se eligió Presidente de la República, gobernadores de los Estados y sus vices, senadores, diputados federales y de los estados, votaron más de 115 millones de electores, en la primera ronda y más de 112 millones en la segunda. Hubo 451.000 mesas con 532.000 urnas electorales, incluyendo las que se usan para reemplazarlas. Hay 35 partidos políticos nacionales, no hay partidos locales. 40 millones de votantes usaron el registro biométrico (huellas digitales) para identificarse. Esto también se utiliza en Venezuela.

La Ley Electoral permite auditar el sistema de votación electrónica, antes, durante y después de las elecciones, lo que da credibilidad a todo el proceso. El fraude se previene, a través del bloqueo del número de la cédula; el mismo elector no puede votar más de una vez. La revisión de la carga de la información en la urna es controlada por los fiscales, antes de precintarse la misma. Emisión de una “cerésima” que es la lista de candidatos, con los votos a cero, en el inicio de la jornada electoral, lo que demuestra que no hay votos pre-registrados en la urna. Emisión de un boletín de la urna al término de la votación, en cinco copias. Desde éste año los fiscales pueden con su celular, fotografiar y enviar de inmediato a la central de su partido, con la suma o se puede hacer toda la fiscalización y la totalización final de los votos. Se eliminó el llamado “mapismo”, es decir el cambio de los datos de forma manual, porque es todo electrónico, entonces no se habla de votos, no se canta, es todo electrónico, para evita fallos humanos. En el Amazonas, los indígenas votan en urnas electrónicas y los resultados se transmiten por satélite, por eso son los primeros resultados que llegan a la capital, Brasilia, y los primeros en ser computados en la elección nacional.

Fecha, sistemas electorales y reelección.

La simultaneidad de las elecciones provinciales y municipales en una misma fecha es un buen propósito, pero es una decisión que habría que concertarla por una ley convenio con las provincias y los municipios. No estaría mal que alguna de estas elecciones no se hicieran en el mismo año, como ocurre en las provincias de Santiago del Estero (2016) y Corrientes (2017), y en algunos municipios, como el de Río Cuarto (2016), que en su Carta Orgánica así lo han establecido.

Pero en esa misma concertación habría que acordar también el terminar con las reelecciones en los cargos ejecutivos, provinciales y municipales, y con los sistemas electorales tramposos como el de las llamadas “ley de lemas y de sublemas”, de “listas colectoras”, “espejo”, de “sumatoria de votos”, o el de “acople”, como el empleado en las recientes y escandalosas elecciones de Tucumán, donde se registraron 503 partidos políticos, se presentaron 25.467 candidatos, y donde el candidato Juan Manzur lucía en 50 de los 80 acoples en los que podía optar el votante. En Formosa de las 78 boletas que había en 54 estaba el reelecto candidato a Gildo Infrán, que es gobernador desde 1995. En Santa Cruz Eduardo Costa fue votado por el 41,6%, pero la ley de lemas la gobernadora electa fue Alicia Kirchner que obtuvo 34,4%.

Ello se practica en Brasil y en otros países y obliga a los candidatos a hacer campaña electoral y depender más de los que lo votan de aquellos que confeccionan las listas, como ocurre en la actualidad.

Voto por correo, en cárceles y fuera del país

Es necesario establecer el voto por correo u otras modalidades de sufragar, incluso por Internet, para aquellas personas privadas de su libertad, para los que no puedan asistir en la fecha de los comicios a emitir su voto, para discapacitados o para los que se encuentran viviendo o prestando servicio a la Nación fuera del país.

En Estados Unidos se usa el voto por correo para lo que no lo pueden hacerlo el día de las elecciones, y por internet para los militares que prestan servicio en el exterior.

Otros temas

Quedan en el tintero algunos temas conexos que merecería un largo tratamiento como el depurar los padrones, las PASO, las consultas populares, los partidos políticos, las alianzas, el financiamiento de la política, la veda, los debates de los candidatos, el uso de la cadena oficial, redes sociales y los medios de comunicación del Estado y la comunicación en general, etcétera, que podríamos desarrollar y discutir en otra oportunidad.

A 200 años de la Declaración de nuestra Independencia, a 163 del dictado de la Constitución, a 100 años de la primera elección regida por la Ley Sáenz Peña y a 33 de haber recuperado la Democracia, se impone no sólo resolver algunos defectos o abusos que se han producido en las últimas elecciones, sino que se hace necesario abrir un debate para hacer una reforma electoral de fondo, que sirva para rehabilitar la política y para que el pueblo se sienta mejor representando.

Sobre este propósito es bueno recordar a Esteban Echeverría cuando decía que la: “Democracia no es una forma de gobierno, sino la esencia misma de todos los gobiernos republicanos o instituidos para el bien de la comunidad (…). La democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases.”

Córdoba, Agosto de 2016.

El ideal Sudamericanista de los Congresistas de Tucumán

Manuel Belgrano

Manuel Belgrano

Los 29 congresistas – de los cuales 17 eran abogados y 11 eclesiásticos – que declararon la independencia en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816 lo hicieron en nombre de las “Provincias Unidas de Sud América” y al hacerlo nos incorporaron al concierto de las naciones libres y soberanas del mundo.

Pero esta nueva Nación no tenía, en ese momento, definido su nombre, su territorio, su población, su forma de gobierno, ni como se organizaría el estado.

Las actas del Congreso nominaban a las Provincia Unidas, como de “Sud América” y no “del Río de la Plata” como lo hicieron las del Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 cuando eligió la Primera Junta de Gobierno presidida por Cornelio de Saavedra.

En Tucumán no estuvieron representadas las provincias del litoral, ni la Banda Oriental (Uruguay) y Paraguay –que luego se declararían independientes- ni la Patagonia, habitada por pueblos originarios. Había diputados del Alto Perú, que más adelante se convertiría en la República de Bolivia.

Su forma de gobierno y de estado se discutió durante 37 años hasta que en 1853 se juró la Constitución. Primero se gestionó en Europa el traer un príncipe, para establecer una monarquía. Manuel Belgrano le propuso a los congresistas, el 6 de julio, un inca como monarca que tendría por capital el Cuzco, concretamente a Juan Bautista, un hijo de Tupac Amaru. Mas tarde prevaleció la idea republicana que se ensayó en constituciones que no llegaron a tener vigencia.

Luego vendría la disputa entre federales y unitarios y al final las discusión entre los que querían más autoridad – recordemos lo de “las facultades extraordinaria y la suma del poder público” de Juan Manuel de Rosas- y los que querían más libertad, como Esteban Echeverría, que las resumía en “Las 15 palabras simbólicas”: Dios, libertad, vida, trabajo, honor, identidad, dignidad, justicia, derecho, igualdad, paz, equidad, verdad, bien y desarrollo,

La Constitución de “la Confederación Argentina” –republicana y federal- de 1853, cambió su nombre por el de “la Nación Argentina”, cuando en 1860 se reformó para incorporar a Buenos Aires, pero allí se declaró que los nombres oficiales serían: Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina, Confederación Argentina (…), empleándose las palabras “Nación Argentina” en la formación y sanción de las leyes (Art. 35), se omitió de “Sud América”, como se las llamó en el Congreso de Tucumán.

A 200 años de la Declaración de la Independencia, en un momento que en nuestro país, en la región y en el mundo se revisan muchas decisiones, me parece bueno rescatar el ideal sudamericanista de nuestros padres fundadores, ya que nuestro país necesita revisar sus proyectos de integración con los países vecinos, que alguna vez pudieron ser parte de las Provincia Unidas, como ocurre con los que integramos el Mercosur, que está en crisis, y que tiene un órgano deliberativo el Parlasur, que está muy debilitado. Estos acuerdos y órganos cuando se crearon no sólo tenían por finalidad fijar aranceles o facilitar el intercambio comercial, sino se hicieron con el propósito de integrarnos políticamente, objetivo del que nos encontramos lejos todavía,

Además en la región debemos colaborar para:

  • resolver la situación de los presos políticos y la revocatoria de Nicolás Maduro en Venezuela, en los términos de la Carta Democrática Interamericana;
  • ampliar y concluir el acuerdo de alto el fuego que firmó Colombia con las FARC para pacificar ese país;
  • concluir con el análisis y negociación de los acuerdos entre Mercosur y la Unión Europea y la “Alianza del Pacífico”; y
  • erradicar la pobreza y el narcotráfico.

Córdoba, junio de 2016.