El ideal Sudamericanista de los Congresistas de Tucumán

Manuel Belgrano

Manuel Belgrano

Los 29 congresistas – de los cuales 17 eran abogados y 11 eclesiásticos – que declararon la independencia en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816 lo hicieron en nombre de las “Provincias Unidas de Sud América” y al hacerlo nos incorporaron al concierto de las naciones libres y soberanas del mundo.

Pero esta nueva Nación no tenía, en ese momento, definido su nombre, su territorio, su población, su forma de gobierno, ni como se organizaría el estado.

Las actas del Congreso nominaban a las Provincia Unidas, como de “Sud América” y no “del Río de la Plata” como lo hicieron las del Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 cuando eligió la Primera Junta de Gobierno presidida por Cornelio de Saavedra.

En Tucumán no estuvieron representadas las provincias del litoral, ni la Banda Oriental (Uruguay) y Paraguay –que luego se declararían independientes- ni la Patagonia, habitada por pueblos originarios. Había diputados del Alto Perú, que más adelante se convertiría en la República de Bolivia.

Su forma de gobierno y de estado se discutió durante 37 años hasta que en 1853 se juró la Constitución. Primero se gestionó en Europa el traer un príncipe, para establecer una monarquía. Manuel Belgrano le propuso a los congresistas, el 6 de julio, un inca como monarca que tendría por capital el Cuzco, concretamente a Juan Bautista, un hijo de Tupac Amaru. Mas tarde prevaleció la idea republicana que se ensayó en constituciones que no llegaron a tener vigencia.

Luego vendría la disputa entre federales y unitarios y al final las discusión entre los que querían más autoridad – recordemos lo de “las facultades extraordinaria y la suma del poder público” de Juan Manuel de Rosas- y los que querían más libertad, como Esteban Echeverría, que las resumía en “Las 15 palabras simbólicas”: Dios, libertad, vida, trabajo, honor, identidad, dignidad, justicia, derecho, igualdad, paz, equidad, verdad, bien y desarrollo,

La Constitución de “la Confederación Argentina” –republicana y federal- de 1853, cambió su nombre por el de “la Nación Argentina”, cuando en 1860 se reformó para incorporar a Buenos Aires, pero allí se declaró que los nombres oficiales serían: Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina, Confederación Argentina (…), empleándose las palabras “Nación Argentina” en la formación y sanción de las leyes (Art. 35), se omitió de “Sud América”, como se las llamó en el Congreso de Tucumán.

A 200 años de la Declaración de la Independencia, en un momento que en nuestro país, en la región y en el mundo se revisan muchas decisiones, me parece bueno rescatar el ideal sudamericanista de nuestros padres fundadores, ya que nuestro país necesita revisar sus proyectos de integración con los países vecinos, que alguna vez pudieron ser parte de las Provincia Unidas, como ocurre con los que integramos el Mercosur, que está en crisis, y que tiene un órgano deliberativo el Parlasur, que está muy debilitado. Estos acuerdos y órganos cuando se crearon no sólo tenían por finalidad fijar aranceles o facilitar el intercambio comercial, sino se hicieron con el propósito de integrarnos políticamente, objetivo del que nos encontramos lejos todavía,

Además en la región debemos colaborar para:

  • resolver la situación de los presos políticos y la revocatoria de Nicolás Maduro en Venezuela, en los términos de la Carta Democrática Interamericana;
  • ampliar y concluir el acuerdo de alto el fuego que firmó Colombia con las FARC para pacificar ese país;
  • concluir con el análisis y negociación de los acuerdos entre Mercosur y la Unión Europea y la “Alianza del Pacífico”; y
  • erradicar la pobreza y el narcotráfico.

Córdoba, junio de 2016.

La reforma política electoral

Voto electrónico en EEUU en 2002

Voto electrónico en EEUU en 2002

El Gobierno de Mauricio Macri promete enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma política electoral, que según ha trascendidos consistiría en:

  • crear un ente autárquico que asuma las funciones que hasta ahora cumple la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda;
  • adoptar para las elecciones nacionales la Boleta Única Electrónica (BUE), usada en las últimas elecciones de Salta y de la Ciudad de Buenos Aires, provistas por el  Magic Software Argentina (Grupo MSA), cuyo presidente es Sergio Angelini; y
  • unificar las fechas de las elecciones nacionales, provinciales y municipales, abolir las reelecciones para cargos ejecutivos y terminar con los sistemas electorales de sumatoria de votos.

Con ello se pretende resolver algunos de los problemas que hubo en las últimas elecciones, lo que no significa, para mí, hacer una reforma electoral de fondo, y mucho menos una reforma política que debería comenzar por la educación.

El ente autárquico

Es cierto que la Dirección Nacional Electoral no debe depender de un ministerio, para que no sea manipulada por el gobierno o que dependa de un ministro que está participando de una elección, como ocurrió el año pasado cuando dicha dirección dependía del Ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo que al mismo tiempo era precandidato a presidente. Ello motivó que por  Decreto N° 816/15 se transfiriera dicha Dirección a la órbita del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos.

Pero la solución no es crear un ente autárquico, como el Instituto Nacional Electoral que existe en México desde hace un año y que reemplazó al Instituto Federal Electoral que existía desde 1990, sino pasarlo a depender de la Junta Electoral Nacional, integrada por jueces, siguiendo la tradición argentina y lo que dispone los artículos 48 al 52 del Código Electoral Nacional (Ley 19.945 y sus reformas), y el ejemplo de Brasil. La mayor garantía de imparcialidad para evitar la injerencia del Ejecutivo o de los partidos es ponerla bajo la dirección de jueces.

El artículo 118 de la Constitución Federal de Brasil establece que los órganos de la Justicia Electoral son: a) el Tribunal Superior Electoral (TSE), b) los Tribunales Regionales Electorales (TRE), c) los Jueces Electorales y d) las Juntas Electorales. El órgano encargado de la administración electoral a nivel nacional es el Tribunal Superior Electoral (TSE), creado en 1932 y formado por siete miembros. Cinco electos por voto secreto, de la siguiente manera: tres jueces de entre los Ministros del Supremo Tribunal Federal y de entre los Ministros del Tribunal Superior de Justicia; adicionalmente, dos jueces son electos por nominación del Presidente de la República de entre seis abogados de notable saber jurídico e idoneidad moral, propuestos por el Supremo Tribunal Electoral (Constitución de Brasil, Art. 119, párrafos I y II). El TSE tiene el poder de decidir sobre los litigios judiciales en materia electoral, así como la organización y administración de todas las elecciones municipales, estatales y nacionales y es la última estancia en materia electoral. Asimismo, si bien el Congreso Nacional aprueba las leyes electorales, la reglamentación, interpretación e implementación competen siempre al TSE. Brasil tiene 190.732.694 habitantes, según el último censo el 1° de agosto de 2010.

En la India la Comisión que se encarga de conducir las elecciones para el Parlamento, la Legislatura de cada estado y del Presidente y Vicepresidente del país (Art. 324 de la Constitución de la India) está constituida por el Comisionado en Jefe (Chief Election Commissionerdesignado por el Presidente de la República y dos comisionados más; el proceso de toma de decisiones es por mayoría simple de votos. La Comisión es independiente del gobierno, una vez en sus cargos no dependen del partido en el poder o del gobierno, la Constitución le da el carácter de autoridad constitucional independiente.

Boleta Única Electrónica

La boleta múltiple en los últimos tiempo causó muchos problemas ya que se sustraían de los cuarto oscuros y necesitaban de fiscales de todos los partidos para conservarla durante todo el día del comicio, de allí es que se buscó y busca una norma se superarla. Con el propósito de superar este problema es que se ensayó la boleta única o la boleta única electrónica.

La adopción del sistema de Boleta Única Electrónica, Vot.ar, de la empresa, Magic Software Argentina S.A, GRUPO MSA, que propone el gobierno, es dar un medio paso entre la boleta única de papel, experimentada en Córdoba (proyectada por primera vez el 16 de septiembre de 1959 por el diputado provincial demócrata cristiano Teodosio Pizarro y aplicada recién en 2011) y Santa Fe (utilizada también desde 2011), y la urna electrónica, que es la que deberíamos adoptar por ser la tecnología más eficaz y moderna empleada por las democracias con mayor cantidad de electores en el mundo (La India, Brasil y la muchos condados de EEUU). Las urnas electrónicas en Brasil ya permite identificar a los que votan con las huellas digitales (no hace falta llevar documentos de identidad) y al votar, sin boletas, se puede incluso expresar la preferencia por los candidatos a legisladores, lo que permite cambiar el orden de las listas. Urnas electrónicas con estos aditamentos es lo que nuestro país debería adoptar.

Además, hay que reemplazar a la empresa multinacional española INDRA Sistemas S.A., que desde 1997 hace, a un alto costo, el servicio de diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados a nivel nacional y distrital —en el caso de simultaneidad de elecciones—, para las PASO y las elecciones de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales conjuntamente con las elecciones legislativas provinciales que se realizaron de forma simultánea y la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales, y tratar de que ese trabajo lo haga el Estado, bajo la supervisión de jueces, con lo que se votaría y se conocería resultados de las elecciones más rápido y sin necesidad de trasladar certificados y urnas. El software no debería ser de una empresa privada sino del Estado, como también ocurre en Brasil.

En esta línea la Acordada N° 100 del 20/08/15 de la Cámara Nacional Electoral (creada por ley 19.108), declaró: “que corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación evaluar el método más adecuado para que el elector emita su voto; así como también el modo en que dicho método será instrumentado por la justicia electoral, en tutela del derecho de sufragio. A este respecto, cabe señalar -teniendo en cuenta la experiencia de otros países (v.gr. Alemania, Austria, Holanda, etc.)- que las opciones tecnológicas no pueden implicar una transferencia, ni una dependencia, del poder público respecto de empresas comerciales pues, en términos llanos, la soberanía política no se puede privatizar.”

India

La República de la India tuvo en 1982 por primera vez voto electrónico en 50 de las 84 casillas instaladas en las elecciones de la Asamblea Legislativa de Kerala, un estado del sur caracterizado por ser el más alfabetizado. Pero el candidato que perdió, Shri A.C José, cuestionó ante la Corte Suprema de Kerala el uso de las Máquinas Electrónicas de Votación (EVMs por sus siglas en inglés) bajo el argumento de que ni el Representation of the People Act de 1951, ni el Conduct of Election Rules, de 1961 permitían el uso de máquinas electrónicas de votación en las elecciones en la India. El caso llegó a la Suprema Corte, que sostuvo que las EVMs no podían usarse en las elecciones si no eran contempladas expresamente en la ley por lo que declaró nula la elección (Election Commission of India 2009). En 2004 se  logró que el 100% de los votos se emitiera de manera electrónica. India es la democracia más poblada del mundo con 1.210. 854. 977 habitantes, según el censo del 1/03/2011, por tener una tasa de analfabetismo del 39%, una esperanza de vida de 69.89 años. En 2004, el sistema fue utilizado por más de 600 millones de electores (Election Commission of India 2009). La votación electrónica representó un reto para las autoridades electorales pues factores como el costo de fabricación, la facilidad de uso para los electores analfabetos y parlantes de diversas lenguas, el traslado de las urnas a lo largo de un territorio de 3.287.590 km2 y a zonas rurales que no cuentan con servicios de electricidad, entre otros, llevaron al diseño de un sistema que pudiera responder a estas múltiples necesidades, sin que hubiera falla en los equipos.

La urna electrónica o máquina de votación electrónica (EVM), también conocida como tablero electrónico, reduce principalmente el costo de impresión de boletas electorales para un padrón de 714 millones de votantes. El costo es de aproximadamente 300 dólares estadounidenses por EVM, que incluye una Unidad de Control, la Unidad de Votación y una batería. El costo por máquina resulta relativamente bajo ya que éstas fueron manufacturadas por dos compañías del sector público, y con ello se consiguió el objetivo de ahorrar el gasto en impresión, almacenaje, transporte y seguridad, además del ahorro de personal en la capacitación de los escrutadores. La introducción de las máquinas de voto electrónico en las 688,000 casillas en 2004 produjeron un ahorro de 7,700 toneladas métricas del papel de seguridad utilizado para imprimir los votos, así como otros ahorros sustantivos de costos de transporte, almacenamiento y seguridad.

Brasil

En 1982, por primera vez, Brasil vivió una experiencia electoral con mecanismos de cómputo de voto electrónico. En las elecciones de 1996, 33 millones de electores usaron la urna electrónica. En 1998 dos tercios de los electores la usaron, pero su uso se implementó en todo el territorio en el año 2000. Desde entonces el sistema electoral brasileño se mantiene en constante evolución incorporando nuevas medidas para incrementar la eficiencia y garantizar la seguridad del sufragio y la elección en general.

Con más de 144 millones de electores, Brasil es la cuarta mayor democracia del mundo, en número de electores, después de la India, EUA e Indonesia. En las elecciones de octubre de 2014, en las que se eligió Presidente de la República, gobernadores de los Estados y sus vices, senadores, diputados federales y de los estados, votaron más de 115 millones de electores, en la primera ronda y más de 112 millones en la segunda. Hubo 451.000 mesas con 532.000 urnas electorales, incluyendo las que se usan para reemplazarlas. Hay 35 partidos políticos nacionales, no hay partidos locales. 40 millones de votantes usaron el registro biométrico (huellas digitales) para identificarse. Esto también se utiliza en Venezuela.

La Ley Electoral permite auditar el sistema de votación electrónica, antes, durante y después de las elecciones, lo que da credibilidad a todo el proceso. El fraude se previene, a través del bloqueo del número de la cédula; el mismo elector no puede votar más de una vez. La revisión de la carga de la información en la urna es controlada por los fiscales, antes de precintarse la misma. Emisión de una “cerésima” que es la lista de candidatos, con los votos a cero, en el inicio de la jornada electoral, lo que demuestra que no hay votos pre-registrados en la urna. Emisión de un boletín de la urna al término de la votación, en cinco copias. Desde éste año los fiscales pueden con su celular, fotografiar y enviar de inmediato a la central de su partido, con la suma o se puede hacer toda la fiscalización y la totalización final de los votos. Se eliminó el llamado “mapismo”, es decir el cambio de los datos de forma manual, porque es todo electrónico, entonces no se habla de votos, no se canta, es todo electrónico, para evita fallos humanos. En el Amazonas, los indígenas votan en urnas electrónicas y los resultados se transmiten por satélite, por eso son los primeros resultados que llegan a la capital, Brasilia, y los primeros en ser computados en la elección nacional.

Otros países

Lo han adoptado otros países como Bélgica, Estonia, Filipina y Venezuela. Está prohibido o suspendido en Alemania, Finlandia, Holanda, Irlanda y en el Reino Unido. En estudio o implantación parcial en España, Francia, Noruega, Rusia, Suiza, Namibia, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Emiratos Árabes, Japón, Kazajistán, Australia,

Fecha, sistemas electorales y reelección.

La simultaneidad de las elecciones provinciales y municipales en una misma fecha es un buen propósito, pero es una decisión que habría que concertarla por una ley convenio con las provincias y los municipios. No estaría mal que alguna de estas elecciones no se hicieran en el mismo año, como ocurre en las provincias de Santiago del Estero (2016) y Corrientes (2017), y en algunos municipios, como el de o Cuarto (2016), que en su Carta Orgánica así lo han establecido.

Pero en esa misma concertación habría que acordar también el terminar con las reelecciones en los cargos ejecutivos, provinciales y municipales, y con los sistemas electorales tramposos como el de las llamadas “ley de lemas y de sublemas”, de “listas colectoras”, “espejo”, de “sumatoria de votos”, o el de “acople”, como el empleado en las recientes y escandalosas elecciones de Tucumán, donde se registraron 503 partidos políticos, se presentaron 25.467 candidatos, y donde el candidato Juan Manzur lucía en 50 de los 80 acoples en los que podía optar el votante. En Formosa de las 78 boletas que había en 54 estaba el reelecto candidato a Gildo Infrán, que es gobernador desde 1995. En Santa Cruz Eduardo Costa fue votado por el 41,6%, pero la ley de lemas la gobernadora electa fue Alicia Kirchner que obtuvo 34,4%.

El número de diputados y voto de preferencia 

Pero lo más grave, y de ello no se habla, es el incumplimiento del artículo 45 de la Constitución que establece que la cantidad de diputados de los 24 distritos electorales serán proporcionales a su población, lo que debería modificarse después de cada censo, y lo que desde hace década no se hace. Por eso Córdoba tiene 18 diputados, a pesar de tener mayor población que la Capital Federal, que tiene 25, y Santa Fe, que tiene 19.

El mínimo de 5 diputados por distrito también es inconstitucional, cifra que debería ser de dos, como disponía originariamente la Constitución de 1853. Esta puesta al día de la cantidad de diputados beneficiará, es cierto, a la provincia de Buenos Aires, pero la concentración de la población alrededor de la CABA no se corrige castigándolos con menos diputados, sino terminando con los subsidios y demás privilegios que el Gobierno Federal le concede a esta zona del país, con los impuestos que pagamos todos los argentinos, lo que es la causa de la concentración poblacional del Gran Buenos Aires.

Si queremos acercar a los representantes al pueblo sería necesario utilizar el voto de preferencia para las elecciones de diputados nacionales, permitiendo que los que sufragan puedan indicar alguno de los candidatos para que si tienen mayor número de preferencia pueda superar a los que se encuentran antes en la lista.

La Constitución de Córdoba lo establece (Artículo 78 según reforma de 2001) pero como no fue reglamentado nunca se aplicó. La Carta Orgánica Municipal de Córdoba lo dispone para los concejales pero una reglamentación tramposa exigió un mínimo del 3% de preferencias para que un candidato reemplace al que tiene antes en la lista, lo que hizo imposible su aplicación.

Ello se practica en Brasil y en otros países y obliga a los candidatos a hacer campaña electoral y depender más de los que lo votan de aquellos que confeccionan las listas, como ocurre en la actualidad.

Voto por correo, en cárceles y fuera del país

Es necesario establecer el voto por correo u otras modalidades de sufragar, incluso por Internet, para aquellas personas privadas de su libertad, para los que no puedan asistir en la fecha de los comicios a emitir su voto, para discapacitados o para los que se encuentran viviendo o prestando servicio a la Nación fuera del país.

En Estados Unidos se usa el voto por correo para lo que no lo pueden hacerlo el día de las elecciones, y por internet para los militares que prestan servicio en el exterior.

Voto de los adolescentes

No fue un acierto el dictar en 2012 la ley Nº 26.774 que autorizó el voto obligatorio de los jóvenes de 16 y 17 años, eximiéndolos de sanciones si no lo hacen y de ser autoridades de mesa, siguiendo el fracasado intento que se inició en la Convención Constituyente de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, cuando se consagró, para las elecciones municipales, el voto optativo de los adolescente, y donde adelanté mi opinión en contrario.

No conozco estadísticas sobre sobre la cantidad de adolescentes que votaron en las últimas elecciones nacionales, en 2013 fueron incluidos junto a los mayores en los padrones en una proporción del 1,9 %; o sea podían votar unos 600 mil adolescentes.

En las elecciones municipales de Córdoba de 1999 se empadronaron sólo 1.200 jóvenes, en 2003 sólo 289; en la de 2007 se redujo a 39 y 337 se anotaron en 2011 y sufragaron sólo 108, sobre unos 60 mil que lo podrían haberlo hecho; y en 2015 se inscribieron solo 140, cuando el padrón general es de más de un millón de vecinos.

En la Convención de Córdoba de 1995, siguiendo al dictamen de la psicopedagoga Susana Carena de Peláez, afirmé que el periodo adolescente, que transcurre entre los 14 y 15 años, culmina con el acceso a los valores de la sociabilidad abstracta y a la elaboración de una escala personal de valores. Es un período de transición y de ambivalencia entre aquellos aspectos de la personalidad que se encuentran más definidos, como el dominio de su cuerpo, de las relaciones sociales concretas y de aquellos aspectos afectivos que se encuentran en ebullición. Esta etapa se caracteriza por la ambivalencia fundamental del impulso evolutivo, la relativa incoherencia e inestabilidad de las tendencias que lo acompañan, ya que a través de las divergencias, fluctuaciones, vaivenes y vacilaciones, se realiza un trabajo de síntesis que culminará con la reconstrucción de la personalidad. El periodo de los 16 y 17 años tiene cuatro hechos que lo caracterizan: el descubrimiento del “yo”; la tendencia al aislamiento y a la soledad; la afirmación de sí mismo en un fenómeno de embriaguez intelectual y la necesidad de romper con los conformismos sociales y la liberación del “yo”. En esta etapa fundamental de la vida del adolescente, que en los últimos tiempos se ha extendido en el tiempo, es cuando se le quiere asignar esta nueva y trascendente responsabilidad, lo que les exigirá una maduración anticipada que los obligará a salir de sí mismo, de anticiparse en esa búsqueda de su propia personalidad y a confiar- a lo mejor- en la imagen de algún líder de ocasión que puede encandilarlo circunstancialmente. Ahora, habría que agregar que; con la proliferación del clientelismo político, lo ocurrido en las últimas elecciones en Tucumán y en otras partes del país, no parece prudente mantener esta carga pública para los adolescentes, porque, además, puede prestarse para el clientelismo.

Admiten este tipo de sufragantes: Cuba; Nicaragua; Ecuador; Irán -a partir de los 15 años-; Chipre, desde los 16; e Indonesia desde los 17. También lo permiten las Constituciones de Austria, Brasil, Bolivia, Ecuador; y Eslovenia -si trabajan en forma remunerada-.

En Brasil en 2007 sufragaron el 1,91 % de electores de 16 y 17 años; en 2008 el 1,19%; en 2009, el 1,47% y el 2010 el 1,76%, o sea 2.391.093 votos 16 y 17 años sobre un total de 135, 6 millones.

Otros temas

Quedan en el tintero algunos temas conexos que merecería un largo tratamiento como el depurar los padrones, las PASO, las consultas populares, los partidos políticos, las alianzas, el financiamiento de la política, la veda, los debates de los candidatos, el uso de la cadena oficial, redes sociales y los medios de comunicación del Estado y la comunicación en general, etcétera, que podríamos desarrollar y discutir en otra oportunidad.

A 200 años de la Declaración de nuestra Independencia, a 163 del dictado de la Constitución, a 100 años de la primera elección regida por la Ley Sáenz Peña y a 33 de haber recuperado la Democracia, se impone no sólo resolver algunos defectos o abusos que se han producido en las últimas elecciones, sino que se hace necesario abrir un debate para hacer una reforma electoral de fondo, que sirva para rehabilitar la política y para que el pueblo se sienta mejor representando.

Sobre este propósito es bueno recordar a Esteban Echeverría cuando decía que laDemocracia no es una forma de gobierno, sino la esencia misma de todos los gobiernos republicanos o instituidos para el bien de la comunidad (…). La democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases.

Córdoba, mayo de 2016.

Parches o reforma electoral

Voto electrónico en EEUU en 2002

Voto electrónico en EEUU en 2012

El Gobierno de Mauricio Macri promete enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma política electoral por el que se:

* crearía un ente autárquico que asuma las funciones que hasta ahora cumple la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda;

* establecería para las elecciones nacionales la Boleta Única Electrónica (BUE), usada en las últimas elecciones de Salta, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y Resistencia; y

* unificarían las fechas de las elecciones nacionales, provinciales y municipales.

Con ello se pretende resolver algunos de los problemas que hubo en las últimas elecciones, lo que, para mí, no es propiamente una Reforma electoral.

Es cierto que la Dirección Nacional Electoral no debe depender de un ministerio, para que no sea manipulada por el gobierno. Pero la solución no es crear un ente autárquico, como el costoso Instituto Nacional Electoral de México, que hace un año reemplazó al Instituto Federal Electoral que existía desde 1990; sino hacerla depender de la Junta Electoral Nacional, integrada por jueces, y controlada por la Cámara Nacional Electoral, siguiendo la tradición argentina y el ejemplo de Brasil. Poner, de esta manera, la dirección y el presupuesto electoral bajo la dirección de jueces es la mejor garantía de imparcialidad.

Boleta o urna electrónica 

La adopción de la Boleta Única Electrónica, de la empresa privada GRUPO MSA (Vot.ar), significa que dicha boleta deberá ser introducida por el que sufraga a una máquina sin memoria, que es solo selectora, lectora e impresora; lo que significaría dar sólo un medio paso entre la boleta única de papel, usada en Córdoba y Santa Fe, o la múltiple empleada en las demás provincias, y la urna electrónica (sin boleta), que deberíamos adoptar, por ser la tecnología más moderna y eficaz, empleada por las democracias más pobladas del mundo (India, Brasil y la mayoría de condados de EEUU).

Las urnas electrónicas en Brasil, donde no hay boletas, ya son biométricas porque permiten identificar a los votantes por sus huellas digitales (sin exhibir documentos de identidad), y, al marcar el voto, se puede incluso expresar la preferencia por algunos candidatos a legisladores, lo que permite cambiar el orden de las listas. Urnas electrónicas, como estas, es lo que nuestro país debería adoptar. A ello habría que agregarle el voto por

correo para que lo utilicen los que no puedan concurrir el día de los comicios, los discapacitados o los presos.

Además, hay que reemplazar a la muy costosa empresa multinacional española INDRA Sistemas S.A., que desde 1997 hace el servicio de diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados a nivel nacional y distrital —en el caso de simultaneidad de elecciones—, para las PASO y las elecciones de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales, conjuntamente con las elecciones legislativas provinciales que se realizaron de forma simultánea y la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales; y tratar que ese trabajo lo haga el Estado, en forma electrónica, bajo la supervisión de jueces, con lo que se votaría y se conocería los resultados de las elecciones más rápido y sin necesidad de boletas, trasladar certificados y urnas. El software no debería pertenecer a una empresa privada, como lo es ahora, sino al Estado, como ocurre en Brasil.

La simultaneidad de las elecciones provinciales y municipales en una misma fecha es un buen propósito, a la que podrán adherir las provincias y los municipios. Pero también habría que tratar de terminar con las reelecciones en los cargos ejecutivos, y con los sistemas electorales tramposos; como el de las listas “colectoras”, la “ley de lemas y sublemas”, la “sumatoria de votos”, o de “acople”, como el empleado en las últimas y escandalosas elecciones de Tucumán, donde había registrados 503 partidos políticos y se presentaron 25.467 candidatos.

Pero lo más grave, y de esto no se habla, es el incumplimiento de la Constitución cuando establece que después de cada censo debe actualizarse el número de diputados en proporción a la población que tienen los 24 distritos que tiene el país (Art. 54), lo que no se hizo después de los últimos tres censos. Por esta omisión Córdoba tiene 18 diputados nacionales, a pesar que su población es mayor que la Capital Federal, que tiene 25, y Santa Fe, que tiene 19.

Poner al día la cantidad de diputados beneficiará, es cierto, a la provincia de Buenos Aires por el explosivo crecimiento de su población, pero esta desmesura, facilitada por los subsidios y privilegios que el Gobierno Federal le concede al conurbano bonaerense financiado con tributos que pagamos todos los argentinos; no se castiga con reducirle el número de representantes, sino suprimiéndole esos privilegios. Además, el mínimo vigente de cinco diputados por provincia –no previsto en la Constitución- es más que suficiente para compensar el aumento de diputados en los distritos más poblados.

Si queremos un sistema electoral moderno, eficiente y trasparente no hay que parchar, sino resolver los problemas de fondo, aunque lleve un tiempo concretarlo, para que el pueblo vuelva a sentirse bien representado.

Caminando por la cornisa

Mauricio Macri

Mauricio Macri

El resultado electoral de las elecciones españolas; más cercano al empate que al apoyo incondicional a un líder, partido o programa de gobierno; repitió lo que ocurrió en las recientes de Venezuela y Argentina, como las de EEUU hace un año. El mensaje del pueblo es claro, el pueblo quiere que los electos al gobernar resuelvan sus problemas, sin preocuparse mucho de sus ideologías; tradiciones políticas; ni si son de derecha, de centro o de izquierda; ni si son estatistas o privatistas, nacionalistas o globalistas, de un partido o alianza o de otra, o si son políticos viejos o nuevos.

El reparto equilibrado de votos a las distintas opciones obliga a conversar, debatir, mediar, buscar consensos y gestar acuerdos, alianzas o coaliciones para decidir, aprobar normas o integrar equipos de gobierno. Las hegemonías, los poderes concentrados, las luchas por imponer criterios y el pretender uniformar los poderes, que alguna vez dividió Montesquieu, parecen concordar con lo que la voluntad popular manifiesta.

En el caso argentino el nuevo presidente, Mauricio Macri, si bien fue jefe de gobierno de Buenos Aires, ejerce un liderazgo que no tiene su raíz en la política; su notoriedad viene de haber sido presidente en Boca Juniors; no fue legislador; su partido es nuevo y se creó y desarrolló alrededor de su figura, fue electo en una alianza donde se distingue la UCR -un partido histórico en crisis por la falta de líderes nacionales-; y muchos de los votos que cosechó, para obtener la estrecha mayoría por el que fue elegido, estaban motivados por el rechazo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No tiene mayoría en el Congreso, que en los últimos años se convirtió en una “escribanía”, y la administración que le tocará dirigir, la justicia y los órganos de control están infiltrados por militantes del anterior gobierno.

Luego de sortear los obstáculos que CFK le intento imponer al asumir, el presidente tomó importantes decisiones como: hablar desde el balcón de la Casa Rosada a una multitud reunida en la Plaza de Mayo, un día después que CFK se despidiera de sus partidarios en ese mismo escenario; se reunió con los candidatos a presidente y con los gobernadores, participó de un tedeum interreligioso en la Catedral, inició una más fluida relación con la prensa; subió el mínimo del impuesto a las ganancias para los sueldos; otorgó $400 a los que tienen jubilaciones y pensiones mínimas o asignación universal por hijo; bajó y suprimió retenciones a las exportaciones; unificó el mercado del dólar, todo lo cual le amplió el respaldo de la opinión pública. Además, puso sobre la mesa importantes iniciativas que se tendrán que implementar, debatir y consensuar, como la controvertida designación en comisión de dos jueces de la Corte Suprema, como un primer paso para encarar una negociación que dé pie a una reforma de la Justicia.

Con ello Macri aprovecha la “luna de miel” que la oposición le concedió, que el receso del Congreso le permite y que no sabemos si será de 100 días como ha sido acostumbre. Mientras tanto, procura avanzar en áreas, como la internacional –al dar por decaído el memorándum con Irán y reclamarle a Venezuela por los presos políticos-, donde la intervención del parlamento es menos necesaria.

Debe iniciar el difícil camino que termine con la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, la inflación, el centralismo porteño y hacer que la educación mejore en calidad e inclusión. Como está distribuido el poder éste es un estrecho camino de cornisa, pero es el único que tiene para convertir un gobierno que nació débil en uno fuerte, lo que parece difícil pero no imposible.

Para transitarlo la brújula que debe guiar, tanto a oficialistas y como a opositores, no es otra que la que resulte de buena lectura que hagan de los últimos resultados electorales, en las que sufragaron reclamaron soluciones concretas, repudiaron la grieta y eligieron políticos que se les pide honestidad, que hablen menos y que escuchen más.

A no equivocarse, entonces, no es poco lo que está en juego.
Córdoba, diciembre de 2015.

 

En el balotaje, ¿ganaremos o perderemos?

Mauricio Macri y Daniel Scioli

Mauricio Macri y Daniel Scioli

¿Qué dilema? 

En las últimas elecciones ganó Daniel Scioli y perdió por 2 puntos y medio Mauricio Macri, que consiguió el balotaje. Pero la gran derrotada fue Cristina Fernández de Kirchner y la gran vencedora María Eugenia Vidal, que sucederá a Scioli en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, a donde derrotó a la fórmula: Aníbal Fernández  – Martín Sabatella, que, además, no pudieron ganar en sus respectivas ciudades: Quilmes y Morón. El candidato a vicepresidente del FPV, Carlos Zannini, perdió en su pueblo natal, Villa Nueva; el presidente del PJ, Eduardo Fellner, fue derrotado en Jujuy, donde es gobernador; y Máximo Kirchner le pasó lo mismo en Santa Cruz, a donde fue elegido diputado. En lo político ganó el diálogo y el tender puentes, que pregona SS Francisco; y perdió la grieta y la confrontación, que predica Cristina, influida por Ernesto Laclau y Carta Abierta.

Pero ¿Qué pasará el 22 de noviembre?, o mejor ¿qué ocurrirá a partir del 10 de diciembre? 

Los dos candidatos parecen no tener la madurez que imprime una trayectoria política dilatada, no cuentan con un apoyo partidario, ni de una alianza sólida que los respalde. A Scioli se le suma las diferencias que ya no se disimulan con CFK y los duros del kirchnerismo. Las propuestas de ambos postulantes son por demás genéricas y acotadas a los temas que el marketing impone; sus equipos y asesores son de procedencias diferentes y no siempre solventes. Con estas limitaciones, sumadas a que ninguno de los dos tendrá mayoría en el Congreso, en diciembre es posible que asuma un presidente débil que deberá tomar decisiones enérgicas.

Ya tuvimos primeros mandatarios débiles, como los fueron Fernando de la Rúa, Isabel Perón y Héctor Cámpora, que duraron poco tiempo; fuertes, que luego se debilitaron y no terminaron su mandato, como Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín: y otro que comenzó débil (con el 22% e de los votos) y luego se fortaleció, como fue Néstor Kirchner.

Con ello no quiero enfriar la euforia que nació de la última elección, ni sembrar  miedo, lo que se está haciendo desde el discurso oficial; sino apuntar a lo que la ciudadanía desea; que, cualquiera sea el triunfador, sus opositores respeten los tradicionales primeros cien días, que se les acuerdan a los nuevos gobiernos para que se acomoden en sus despachos y tomen sus primeras decisiones, sin que las críticas suban de tono. Y que el nuevo presidente convoque a sus candidatos y formaciones políticas rivales para acordar algunas políticas de estado, que den eficacia a sus primeras y más importantes decisiones; como las referidas a la pobreza, al narcotráfico, la educación, la seguridad, los jubilados, la inflación, el empleo, la corrupción,  la presión impositiva, las economías regionales, el dólar, etcétera; que despierten en la población confianza, credibilidad, seguridad y hagan posible restablecer la institucionalidad. Para que el Congreso deje de ser una escribanía, la Justicia vuelva a ser independiente y eficaz, las provincias y los municipios recuperen su autonomía y recursos financieros, y los medios de comunicación dejen de ser manipulados por el gobierno. En el programa de Sergio Massa hay algunas propuestas que deberían ser tenidas en cuenta para plasmar este acuerdo.

Un ejemplo de lo que proponemos ocurrió en México cuando asumió el actual presidente Enrique Peña Nieto, que convocó los tres partidos más importantes de su país (PRI, PAN y PRD) con los que concretó un acuerdo que se firmó el 2/12/2012 para fortalecer al Estado, la democracia y la participación; y así cumplir con el mandato de las urnas.

Para que ello sea posible aquí no habría que esperar el 10 de diciembre o la segunda vuelta, se podría comenzar a crear el clima propicio desde las redes sociales, los discursos y el debate que los candidatos hagan en su campaña electoral.

Y que no se olviden, que el pueblo ya votó, a favor del diálogo, del debate, del consenso y para ser gobernado por políticos humildes, honestos, que escuchen, que se animen a consensuar y que no se enamoren del poder sino sólo del bien común.

Córdoba, noviembre de 2015.

 

El voto de los adolescentes

Voto adolecente

Voto adolecente

La ley Nº 26.774, de 2012, autorizó el voto obligatorio de los jóvenes de 16 y 17 años, eximiéndolos de sanciones si no lo hacen y de ser autoridades de mesa, y reabrió un debate iniciado en la Convención Constituyente de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, cuando se consagró, para las elecciones municipales, el voto optativo de los adolescente.

La mayoría de aquella Convención, y luego el Congreso. votó éstas cláusulas argumentando que con ello se incrementaría la participación juvenil en la política, algo que luego no ocurrió. En Córdoba, en las elecciones municipales de 1999 se empadronaron sólo 1200 jóvenes, en 2003 fueron 289; en la de 2007 se redujo a 39; 337 se anotaron en 2011 y sufragaron sólo 108, sobre unos 60 mil que se podrían haber anotado; y en 2015 se inscribieron solo 140, cuando el padrón general es de más de un millón de vecinos. A nivel nacional no hay estadísticas de los que votaron en 2013, pero estuvieron incluidos junto a los mayores en los padrones en una proporción del 1,9; o sea unos 600 mil adolescentes.

Las Cartas Orgánicas de las ciudades cordobesas de Las Varillas, Bell Ville y Colonia Caroya imitaron luego a la de Córdoba capital y por ordenanza lo hizo San Francisco. La Carta de Zapala, en Neuquén, también lo adoptó. En Las Varillas, donde en 2007 votaron 9.900 ciudadanos, se anotaron sólo 100 adolescentes y votaron nada más que 40.

Pocos países en el mundo lo admiten como: Cuba; Nicaragua; Irán -a partir de los 15 años-; Chipre, desde los 16; e Indonesia desde los 17. También lo permiten las Constituciones de Austria, de Brasil, Bolivia, Ecuador; y en Eslovenia -si trabajan en forma remunerada-. En Brasil en 2007 sufragaron el 1,91 % de electores de 16 y 17 años; en 2008 el 1,19%; en 2009, el 1,47% y el 2010 el 1,76%, o sea 2.391.093 votos 16 y 17 años sobre un total de 135, 6 millones.

En la Convención de 1995, como constituyente, voté en contra de que se extendiera el voto a los 16 años por las siguientes razones:

  • El entusiasmo y participación juvenil que se dio cuando se recuperó la democracia en 1983 de a poco se fue apagando; y la aparición de grupos juveniles como La Cámpora que apoyan al actual gobierno nacional, que son bien retribuidos con empleos y otros beneficios, no son suficiente demostración de que aquel entusiasmo y participación inicial se reavivó.
  • El fijar la edad de 16 años para votar; y no la de 14 o 17, debe fundarse en razones que justifiquen el por qué se impone ésta gran responsabilidad a los chicos, en una etapa de su vida en que maduran y definen su personalidad.
  • Siguiendo al dictamen de la psicopedagoga Susana Carena de Peláez, afirmé que el periodo adolescente, que transcurre entre los 14 y 15 años, culmina con el acceso a los valores de la sociabilidad abstracta y a la elaboración de una escala personal de valores. Es un período de transición y de ambivalencia entre aquellos aspectos de la personalidad que se encuentran más definidos, como el dominio de su cuerpo, de las relaciones sociales concretas y de aquellos aspectos afectivos que se encuentran en ebullición. Esta etapa se caracteriza por la ambivalencia fundamental del impulso evolutivo, la relativa incoherencia e inestabilidad de las tendencias que lo acompañan, ya que a través de las divergencias, fluctuaciones, vaivenes y vacilaciones, se realiza un trabajo de síntesis que culminará con la reconstrucción de la personalidad.
  • El periodo de los 16 y 17 años tiene cuatro hechos que lo caracterizan: el descubrimiento del “yo”; la tendencia al aislamiento y a la soledad; la afirmación de si mismo en un fenómeno de embriaguez intelectual y la necesidad de romper con los conformismos sociales y la liberación del “yo”.
  • En esta etapa fundamental de la vida del adolescente, que en los últimos tiempos se ha extendido en el       tiempo, es cuando se le quiere asignar esta nueva y trascendente responsabilidad, lo que les exigirá una maduración anticipada que los obligará a salir de sí mismo, de anticiparse en esa búsqueda de su propia personalidad y a confiar- a lo mejor- en la imagen de algún líder de ocasión que puede encandilarlo circunstancialmente.
  • Ahora, con la proliferación del clientelismo político, lo ocurrido en las elecciones en Tucumán y en otras partes del país, no parece prudente mantener esta carga pública a los adolescentes, que, además, puede prestarse para el clientelismo.

Hay excepciones y casos de maduración temprana, pero es la excepción que confirma la regla. Me pregunto: ¿Vale la pena forzar la maduración de los adolescentes en pro de una participación que nadie pide, ni le agrega nada positivo a una personalidad en búsqueda de modelos dignos de imitación y de estímulos gratificantes? ¿No sería mejor tratar de resolver antes otras de sus necesidades básicas cómo: salir de la pobreza, evitar la repitencia o la deserción escolar, o de acceder a un trabajo digno?

Los políticos debemos plantearnos si con esto se ayuda a mejorar la vida de los adolescentes o si los usamos para conseguir que nos voten.

Córdoba, septiembre de 2015.

Las incógnitas que platea el nuevo Código

Ricardo Lorenzetti

Ricardo Lorenzetti

La sanción del nuevo Código Civil y Comercial es la mayor transgresión a la Constitución que se haya cometido en lo que va del siglo.

El reemplazo en la presidencia de Néstor Kirchner por su esposa Cristina Fernández nos hizo pensar a muchos argentinos que los desaguisados institucionales cometidos por aquel, y que acompañaron el repunte sojero de la economía que superó la crisis del 2001  – como fue el “corralito” o el dictado de leyes por decretos de “necesidad y urgencia” o invocando inexistentes emergencias-, iban a ser revertido por quién, hasta entonces, había sido una destacada legisladora.

Nos equivocamos de cabo a rabo. En estos 8 años el desmanejo institucional y la concentración de poder se acrecentó, el Congreso se transformó en escribanía, se colonizó la Justicia, se sucursalizaron las provincias y la bonanza económica se vino a pique.

Pero el mayor desatino fue sancionar este Código, que es la ley más importante después de la Constitución, sin antes haber hecho un estudio y debate serio, y al transgredir los reglamentos de ambas cámaras para aprobarlo; y, luego, adelantar su entrada en vigencia, para 1º de agosto de 2015, con el propósito de evitar que la renovación del Congreso, que resulte de las próximas elecciones, lo derogue o modifique.

El anteproyecto fue redactado a las apurada, durante el año 2011, por  una comisión integrada por los jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton  – sin ser relevados de sus cargos y sin dejar de firmar ese año 9886 fallos-, y por la ex jueza mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci; que  lo elevaron a la presidente el año siguiente; la que, luego de hacerle varias reformas, lo envió al Congreso, con la intención de aprobarlo ese mismo año, argumentando, como hizo Napoleón, de que él (y ahora ella) sería recordado no por las batallas ganadas sino por haber aprobado el Código Civil.

En el Congreso se creó una Comisión Bicameral para dictaminarlo en 90 días, la que convocó en 14 ciudades del país audiencias públicas en las que se recibieron 1500 ponencias, que no fueron tenidas en cuenta en su dictamen.

Pero la sanción se postergó, por las diferencias que Cristina tuvo con la Corte, cuyos presidente y vice eran Lorenzetti y Highton. Recién después que el Alto Tribunal falló en 2013 a favor del gobierno el juicio contra Clarín, en dos noches, y con la oposición ausente, el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron, sin debate y con el voto solitario del oficialismo, el nuevo  Código, de 2671 artículos, que unificaba y resumía el Civil, vigente desde 1871 que redactó Dalmacio Vélez Sarsfield que tenía 4051; con los 500 del de Comercio, que también elaboró Vélez junto a Eduardo Acevedo.

Ello contrarió la razonable y viaja idea, requerida a la comisión redactora, de “reformar, actualizar y unificar” los dos códigos; ya que lo que se aprobó fue uno nuevo, breve, porque dejó fuera de su texto, y dispersa en distintas leyes, muchas materias que debieron ser incluidas, si su gestación no hubiera sido tan acelerada, y si se hubiera escuchado a las muchas voces que lo objetaban. En síntesis, la materia civil y comercial, de ahora en más, estará dispersa en el nuevo código y en distintas leyes, algunas que ya estaban vigentes, otras que fueron reformadas y las que se prometen dictar, lo que implica, no otra cosa, que ss “descodificación”.

Esto desconcierta a ciudadanos, jueces y abogados, que no están preparados para operar con estas normas, que entre las muchas objeciones que merece está la de haber derogado el calendario Gregoriano –por lo que no sabemos en qué año estamos, ni cuándo será bisiesto-; el haber suprimido las obligaciones naturales; el no haber explicación los cambios efectuados, con notas al pie de los artículos, como hizo Vélez en su Código, o de otra manera; el haber sustraído del Código la responsabilidad civil de los funcionarios públicos y del estado nacional, las  provincias  y los municipios, delegando su regulación en sus respectivos gobiernos, contrariando el principio de igualdad; el haber hecho lo propio con el plazo de prescripción de las obligaciones fiscales –por lo que los 427 municipios de Córdoba podrán tener plazos diferentes para exigir el cobro de sus tributos- ; o el hacer que las obligaciones en moneda extranjera deban pagarse en pesos, sin aclarar en qué cotización; o el haber reducido al matrimonio a una mera sociedad, donde la obligación de fidelidad – incluso la referida a “la salud y a la enfermedad”- es solo moral, y que, junto con el nuevo divorcio “exprés”, contribuirán a debilitar aún más las familias y a agravar los conflictos en la cédula básica de nuestra sociedad. Ya se discute si en los juicios en trámite se debe o no aplicar, y cómo, el nuevo Código.

Su sanción es inconstitucional por haber sido tratado en ambas cámaras en sesiones especiales, sin que antes se haya votando una moción para hacerlo sobre tabla  –por que el oficialismo no tenía los dos tercios exigidos por el Reglamento-; el dictamen de la bicameral, y no el de la comisión habilitada, no se votó en general y luego en particular, como indica la Constitución, sino en una sola votación. La publicación en el Orden del día de la Cámara baja fue defectuosa por no contener el dictamen de la comisión permanente, por haber caducado el de la Comisión Bicameral, y porque los diputados no tuvieron 7 días para hacer observaciones como también indica el Reglamento.

Estos vicios generarán muchos pleitos donde abundarán los planteos de  inconstitucionalidad, de parte de los que no les convenga la aplicación del nuevo Código, lo que tornará incierto sus resultados y aumentará la litigiosidad.

Parece haber llegado la hora de preguntarle a los candidatos como resolverán este entuerto.

Córdoba, julio de 2015.