A 25 Años de la vigencia de la Constitución de Córdoba, Argentina

Jacques Maritain

Dignos como persona

Desde el 30 de abril de 1987 está vigente la quinta Constitución de Córdoba que en su preámbulo declaró como su primera finalidad: “de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.”

Pero, ¿qué significa dignidad?

Es fácil la respuesta por la negativa: lo contrario de indigno, pero si lo intentamos por la afirmativa la explicación es más ambigua, como la del Diccionario de la Academia cuando la define como: “Excelencia, realce” o “Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse”

La dignidad de la persona humana surge de su naturaleza espiritual y material, de su conciencia racional y libre, de su destino trascendente, y es lo que hace al hombre diferente y lo pone por encima de los demás seres de la creación, y para que estos le sirvan para alcanzar su destino temporal y sobrenatural. La dignidad merece respeto y permite a las personas sentirse pleno y satisfecho.

En la Constitución –que emplea 30 veces la palabra persona- veremos que la dignidad se muestra cuando afirma que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (Art.4). Cuando declara: “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.” (Art.5); que las “(…) personas (…) son libres e iguales ante la ley y no admiten discriminaciones” (Art. 7); que esta garantizada “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (Art. 9); como la “libre iniciativa privada y actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (Art.10) y que “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano” (Art. 66).

Hay un capítulo dedicado a los “Derechos personales” y cuando enumerar los derechos sociales expresa: “Todas las personas en la provincia tienen derecho (…)” (Art. 23), y los mismos se reconocen en su condición de padre (Art. 62 Inc. 5), hijo (art.34 y 62 Inc.5), mujer (Art. 24), niño (Art. 25), joven (Art. 26), anciano (Art.28), discapacitado (Art.27), preso (Art. 44), consumidor (Art.29), litigante, ciudadano, funcionario, magistrado o empleado público. Está garantizada la intimidad personal, familiar, de su morada y en las comunicaciones (Arts. 50, 45 y 46).

En el capítulo de las “Asociaciones y Sociedades intermedias”, que las personas integran a partir de la familia y como miembros de la sociedad política, se exalta la dimensión social del hombre. Al referirse a las “Políticas Especiales del Estado”, declara “la economía al servicio del hombre” (Art. 67), las refiere a su bienestar (Art. 56), a su salud (Art. 59), a su participación en los adelantos tecnológicos (Art. 64), y al gozo del medio ambiente (Art. 66). Declara que: “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (Art. 61).

Los cambios que ocurren en las sociedades trastocan la vida de las personas y ponen en crisis su escala de valores. Las constituciones -producto de estos cambios y que se dictan, generalmente, en épocas de crisis- sirven para organizar la sociedad, dar sentido al orden normativo y para declarar principios y exaltan valores que orienten el destino de las sociedades y de quienes la componen. Cuando los cambios y las crisis oscurecen el rumbo de sus existencias, es bueno consultar a esta suerte de brújula, que es la Constitución, para saber a donde estamos parados.

Volver a estos criterios implica adoptar una óptica que:

* Si nos referimos a la política en vez de analizarla privilegiando los intereses de partidos, de hegemonías, o de políticos, como ocurre muchas veces, lo hagamos a partir del ciudadano;

* Si debatimos sobre educación, pensemos primero en el educando y no a lo que es útil para la producción o los “modelos”;

* Si nos referimos a la salud preservemos la vida de la persona desde la concepción y hasta su muerte natural;

* Si de la economía se trata, pongámosla al servicio del hombre y no de la producción capitalista o de falsos nacionalismos;

* Si hablamos de inseguridad, enfoquemos el análisis desde la persona que la padece y de quién delinque, preguntándonos por qué lo hace y como puede ser corregido e integrado a la sociedad;

* Si nos referimos al ambiente, preservémoslo para nosotros y para nuestra posteridad, y no para servir a mezquinos intereses;

* Si el problema es la droga u otras adicciones, comencemos por los que la consumen o la han adquirido, indagando el por qué lo hacen, y como se puede recuperar a los adictos, para combatir, luego, al infame negocio que lucra con ellos.

Jacques Maritain decía que el humanismo “tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia”  y, agregaba, “requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad.”

La Constitución nos recuerda, a un cuarto de siglo de su vigencia, que somos dignos.

Córdoba, Abril de 2012.

A 20 Años de aprobado el Convenio 169 de la OIT sobre Indígenas y Pueblos Tribales

Comunidades aborígenes de Jujuy

Tuve el honor, siendo diputado de la Nación, de presentar el primer proyecto de ley; que consensuado luego con los de otros colegas (Marcelo López Arias –que lo presentó como proyecto de declaración y luego se lo modificó para convertirlo en proyecto de ley y al que acompañaban otros diputados-, Salvador Formosa y Juan Ayala), fue sancionado en la Cámara que integraba en la sesión del 30 y 31 de octubre de 1991, luego en el Senado el 4 de marzo de 1992, y, más tarde, fue promulgado de hecho, el 7 de abril de ese año, como ley 24.071; que aprobó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que había sido aprobado el 7 de junio de 1989 en la 76ª Conferencia General en de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrada en Ginebra,  Suiza; y que había entrado en vigencia a nivel internacional el 5 de septiembre de 1991. En la redacción de mi proyecto intervino el abogado Horacio Moavro y el diputado Héctor Gatti lo acompañó con su firma

Dicha ley se publicó en el Boletín Oficial el 20 de abril de 1992 y el Poder Ejecutivo dictó el Instrumento de Ratificación recién el 17 de abril de 2000, y fue depositado en la OIT el 3 de julio de ese año. Según dispone: “este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación” (Art. 38.3), por lo que el mismo rige en nuestro país desde el año 2001.

El Convenio

El Convenio, divididos en 10 partes, tiene 44 artículos, y en su breve introducción se invoca el “Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales,”  del Convenio 107 de 1957,  y declara que:

“Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos (indígenas) a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;”

Entre sus disposiciones merecen destacarse:

  • En la Parte I, que trata sobre “Política general”, la afirmación de que: “La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio” (Art. 1.2) y que “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos” (Art. 3.1). Además reza que: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.” (Art.12)
  • Con el título: “Tierras”, dispone en la Parte II, que “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.” (Art.14.1). Esto último tiene una escasa aplicación porque es pobre la atención y apoyo gubernamental y escaso el que le presta la sociedad en su conjunto, con muy pocas excepciones.
  • En la Parte III dispone sobre “Contratación y condiciones de empleo”, que: “Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.” (Art. 20.1) Esto tiene una casi nula aplicación y control por  parte de los organismos gubernamentales encargado de hacerlo.
  • En la IV, que se refiere a “Formación profesional, artesanía e industrias rurales”, declara que: “Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos” (Art. 21).
  • En la Parte V, que norma sobre: “Seguridad social y salud”, se declara que “Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.” (Art. 24)
  • En la ParteVI  referida a “Educación y medios de comunicación”,  hay una disposición que dice: “Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.” (Art. 26)
  • En la Parte VII sobre “Contactos y cooperación a través de las fronteras”, rezaLos gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural y del medio ambiente.” (Art. 32)
  • En la Parte VIII hay reglas sobre “Administración”, y en las IX y X, titulados “Disposiciones generales” y “Disposiciones finales”, contienen disposiciones institucionales y de forma.

Constitución Nacional

Poco después de la ley que aprobó el Convenio, y al reformarse la Constitución de 1994, se agregó a su texto, como atribución del Congreso, el:“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” (Art. 76 Inc. 17). La casi totalidad de estos principios están contenidos en el Convenio de la OIT.

Leyes Nacionales

La ley 23,302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes de Argentina. (Boletín Oficial, 12 de Noviembre de 1985) y el  Decreto Reglamentario Nº 155/89.

La ley 24.544.aprobó el Convenio Constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América latina y el Caribe. (Boletín Oficial, 20 de octubre de 1995).

La.ley 24.956 (Boletín Oficial, 28 de mayo de 1998). incorporó al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 la temática de autoidentificación de identidad y pertenencia a comunidades aborígenes, mediante la ampliación de los módulos previstos en el mismo.

La.ley 25.517 dispuso que los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas debían ser puesto a disposición de las comunidades indígenas a las que pertenecían. (Boletín Oficial, 20 de diciembre de 2001).

La ley 25.549 Declaró de utilidad pública y adjudicó tierras a la Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T’oi. (Boletín Oficial, 31 de diciembre de 2001).

La ley 25.607 dispuso la Campaña de difusión de los derechos de los pueblos

indígenas. (Boletín Oficial, 18 de junio de 2002).

La ley 25.811 Declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación tierras de Lapacho Mocho.(Boletín Oficial, 1 de diciembre de 2003).

La ley 26.206 de Educación Nacional dispone: “Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a sus lenguas y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as” (Art. 11 Inc. ñ)

Constituciones, leyes y disposiciones provinciales

Hay disposiciones sobre los derechos de los indígenas en las constituciones de las provincias de Buenos Aires (Art. 36 Inc.9), de Chubut (Art.34 y 95), de Salta (Art. 15), de Jujuy (Art.50), de Río Negro (Art. 21 y 42), de Neuquén (Art. 239 Inc. d), de Formosa (Arts. 48, 79 y 93 Inc. 10), La Pampa (Art. 6º) y la de Chaco (Art. 37).

En la provincia de Chaco se dictó ley provincial 3.258.de las comunidades indígenas y creó el Instituto del Aborigen Chaqueño. (Boletín Oficial, 5 de junio de 1987) y la ley 4.617 facultó al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con pobladores no aborígenes que habitan zonas de reserva de comunidades indígenas. (Boletín Oficial, 28 de julio de 1999). La ley 4.801 modificó artículos 13 y 14 de la ley 3.258 (de comunidades aborígenes) y sustituye término mataco por wichi. (Boletín Oficial, 17 de noviembre de 2000).

En la provincia de Chubut se dictó la ley 2.378 de Mensura y amojonamiento de tierras. Rawson. (Boletín Oficial, 15 de octubre de 1984). La ley 3.247 creó la Comisión Provincial de Identificación y Adjudicación de Tierras a las Comunidades Aborígenes. (Boletín Oficial, 10 de enero de 1989). La ley 3.510 de Reconocimiento de Comunidades Indígenas radicadas en la provincia. (Boletín Oficial, 30 de marzo de 1990). La ley 3.657 de creación del Instituto de Comunidades Indígenas. (Boletín Oficial, 30 de agosto de 1991). La ley 3.765. Instituto autárquico de colonización y fomento rural. (Boletín Oficial, 9 de noviembre de 1992). La ley 4.013 que creó el registro de comunidades indígenas de la provincia del Chubut. (Boletín Oficial, 19 de octubre de 1994).

En la provincia de Formosa se dictó la ley 426 integral del aborigen en la que se crea el Instituto de Comunidades Aborígenes. Formosa. (Boletín Oficial, 20 de noviembre de 1984). Se dictó el Decreto 983/2003. Convocatoria a elecciones en las comunidades aborígenes para elegir director. (Boletín Oficial, 11 de julio de 2003). Se dictó la Resolución 120/2002 que autoriza a comunidades aborígenes a practicar la caza de subsistencia.. (Boletín Oficial, 22 de abril de 2002).

En Mendoza se dictó la ley 6.920 que reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la Provincia de Mendoza. La ley 6.920. Reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la Provincia de Mendoza. (Boletín Oficial, 9 de octubre de 2001).

En la provincia de Misiones se dictó la ley 2.727 de Aborígenes – Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes – Creación – Comunidades Guaraníes –  y deroga ley 2.435. (Boletín Oficial, 27 de diciembre de 1989). La ley 3.773 de creación del Registro de Nombres Aborígenes de Misiones. (Boletín Oficial, 6 de agosto de 2001).

En la provincia de Río Negro se dictó la ley 2.200 de reserva de tierras para radicación. Agrupación Indígena Cañumil. (Boletín Oficial, 7 de diciembre de 1987). La ley 2.233 creó la Comisión de Estudio del Problema Indígena de la Provincia de Río Negro.. (Boletín Oficial, 19 de septiembre de 1988). La ley 2.287 sobre Recursos humanos. Población indígena. (Boletín Oficial, 2 de enero de 1989). La ley 2.641 que otorga titulo de propiedad en forma gratuita a integrantes de la reserva indígena Ancalao. (Boletín Oficial, 26 de julio de 1993).Ley 2.641. Otorga titulo de propiedad en forma gratuita a integrantes de la reserva indígena Ancalao. Viedma, 17 de junio de 1993. (Boletín Oficial, 26 de julio de 1993).

En la provincia de Salta se dictó la ley 4.086 de Reservas indígenas. (Boletín Oficial, 12 de enero de 1966). La ley 4.517 sobre Reserva indígena provincial. (Boletín Oficial, 17 de octubre de 1972). La ley 5.675 que aprueba el  Convenio sobre la formación de secciones de baqueanos aborígenes. (Boletín Oficial, 3 de noviembre de 1980). Ley 6.067. Convenio sobre promoción integral de familias aborígenes chaqueñas. (Boletín Oficial, 9 de marzo de 1983). Ley 6.373 sobre promoción y desarrollo del aborigen. (Boletín Oficial, 3 de julio de 1986). Ley 6.469 de regularización jurídica de asentamientos poblacionales. (Boletín Oficial, 9 de setiembre de 1987). Ley 6.570. La ley de colonización de tierras fiscales. (Boletín Oficial, 26 de diciembre de 1989). La ley 6.759 de creación del Museo Etnográfico en Tartagal. (Boletín Oficial, 4 de noviembre de 1994). La ley 7.121 referida a Desarrollo de los pueblos indígenas. (Boletín Oficial, 9 de enero de 2001).

En la provincia de Santa Cruz se dictó la ley 1.862 que creó el “Plan Cacique Limonao” de promoción y asistencia a las colonias Villa Picardo y Laguna Sirven. (Boletín Oficial, 2 de diciembre de 1986).

En la provincia de Santa Fe se dictó la ley 5.487 de creación de la Dirección Provincial del Aborigen. (Boletín Oficial, 3 de enero de 1962). La ley 10.701 de creación de escuela de educación inicial de comunidad mocoví en Recreo. (Boletín Oficial, 12 de diciembre de 1991). La ley 11.078 de comunidades aborígenes. (Boletín Oficial, 4 de enero de 1994). La ley 11.588 de desafectación de terreno en comuna de Berna Departamento General Obligado. Comunidad aborigen. (Boletín Oficial, 26 de octubre de 1998).

En de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas de Atlántico Sur se dictó la ley 405 de adjudicación de tierras a las Comunidades del Pueblo Ona de la provincia. (Boletín Oficial, 27 de julio de 1998). La ley 592 de adjudicación de tierras a las Comunidades del Pueblo Ona de la provincia: modificación. (Boletín Oficial, 5 de diciembre de 2003).

El Anteproyecto de Código

El “Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación” de la comisión integrada por Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, (creada por Decreto presidencial Nº 191/2011) incorpora entre los derecho reales “la propiedad comunitaria indígena” (Art. 1887 Inc. c) y Arts. 2028 al 2036) y declara que: “El titular de este derecho es la comunidad indígena registrada como persona jurídica. La muerte o abandono de la propiedad por algunos o muchos de sus integrantes no provoca la extinción de este derecho real, excepto que se produzca la extinción de la propia comunidad” (Art. 2029). Dispone, además, que: “La propiedad comunitaria indígena puede ser constituida: a) por reconocimiento del Estado nacional o de los Estados provinciales de la posesión inmemorial comunitaria; b) por usucapión; c) por actos entre vivos y tradición; d) por disposición de última voluntad. En todos los casos, la oponibilidad a terceros requiere inscripción registral. El trámite de inscripción es gratuito.” (Art. 2031) En otra parte dice que: “La propiedad indígena es exclusiva y perpetua. Es indivisible e imprescriptible por parte de un tercero. No puede formar parte del derecho sucesorio de los integrantes de la comunidad indígena y, constituida por donación, no está sujeta a causal alguna de revocación en perjuicio de la comunidad donataria.” (Art.2032) Y, añade, que: “La propiedad indígena no puede ser gravada con derechos reales de garantía. Es inembargable e inejecutable por deudas.” (Art. 2034)

Jerarquía Constitucional

En el Congreso se han presentado proyectos de ley para darle jerarquía constitucional al Convenio 169, algo que nuestra Carta Fundamental autoriza, exigiendo el “voto de las dos  terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara” (Art. 75 Inc. 22), y que su sanción sería muy oportuna al cumplirse en estos días el vigésimo aniversario de la promulgación de la ley 24.071.

                                               Córdoba, Abril de 2012.

Corte Suprema de Justicia de la Nación vs. Tribunal Superior de Córdoba

Palacio de Justicia de la Nación

Palacio de Justicia de la Nación

El Tribunal Superior de Córdoba en 2011 dictó 1119 sentencias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese mismo año, sólo dictó 173 fallos en los que resolvía recursos en contra de las sentencias de dicho Tribunal Superior, en los que sólo se revisaron 16, de los cuales 14 fueron revocados y 2 confirmados. El resto fueron rechazados: 48 por defectos de redacción (Acordada 4/ 2007), otros 48 por “falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia” (Art. 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial) y 43 por no refutar, en los recursos, los argumentos de las sentencias impugnadas.

Ello nos permite afirmar que:
• Son muy pocas las sentencias del Tribunal Superior que llegan recurridas a la Corte, tribunal que en el año 2010 dictó en total 14.907 sentencias.
• Muchos recursos extraordinarios (Art. 14 de la ley 48) son rechazados por el Tribunal Superior, donde se interponen, luego de una larga espera (algunos pasan los 12 meses), y los que apelan no siempre recurren en queja ante la Corte cuando se los deniegan.
• Los recursos que llegan a la Corte son con frecuencia defectuosos en su redacción o no están bien fundados.
• La gran mayoría de los fallos del Tribunal Superior son revocados, en los pocos casos que la Corte los revisa.

La escasa cantidad de recursos que llegan desde Córdoba a la Corte se explica por: el alto costo que significa para los litigantes del interior tramitar recursos ante el Alto Tribunal ya que se les exige constituir domicilio en Buenos Aires, los escritos de queja deben ser ingresados por Mesa de Entradas en la Capital Federal, acompañando de un depósito de $5000 que debe hacerse en el Banco Ciudad de Buenos Aires, que no tiene sucursales en el interior del país. Esto obliga a contratar a abogados de Buenos Aires para fijar domicilio y hacer estos trámites.

Los abogados matriculados de todo el país están habilitados para patrocinar o representar a sus clientes ante la Corte Suprema, lo que no siempre significa que estén preparados para asumir esta responsabilidad. Esto explica, en parte, el por qué de tantos recursos rechazados por defectuosos.

Para superar las desventajas que tienen los abogados del interior para litigar en la Corte debería permitirse que los recursos se puedan presentar por Internet o por correo, sin necesidad de constituir domicilio, ni tener que hacer un depósito en un banco porteño. Las notificaciones y traslados se podrían hacer también en forma electrónica a los estudios ubicados en provincias. La Acordada 31/11 del 13/12/2011 del Alto Tribunal en la que se reglamentó el domicilio digital es un paso positivo en este sentido.

Nuestra experiencia profesional en denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, nos demuestra que las mismas, pueden tramitarse desde nuestro país, sin tener que constituir domicilio, ni tener que contratar abogados en la Capital de los Estados Unidos, ni viajar a esa ciudad para hacer las denuncias, evacuar los traslados, o recibir notificaciones o cualquier tipo de información atinente a dichos trámites. El Internet y el correo son los medios adecuados para hacer estos trámites.

Es ridículo que las normas procesales exijan todavía, en la era informática, para presentar un recurso de queja el plazo de 5 días hábiles, más un día por cada 200 kilómetros, o fracción que no baje de 100, entre la ciudad donde se denegó el recurso extraordinario y la Capital Federal. Esto nos recuerda la época de las carretas. Estas distancias hoy han sido superadas por los medios informáticos, lo que exige una pronta reforma de las normas procesales. La reciente Acordada 31/11 de la Corte que exige constituir domicilio electrónico es un avance.

La Constitución argentina, a diferencia de su modelo norteamericano, unificó la legislación de fondo a través de los códigos que dicta el Congreso y encomendó a la Corte Suprema velar, en los casos judiciales, su aplicación, para lo cual debe armonizar los criterios interpretativos de los tribunales provinciales.

El Tribunal Superior cordobés, en los casos antes indicado, no siempre interpreta la Constitución Nacional y Provincial con los criterios de la Corte Federal, como ocurrió, cuando permite:
• reducir la jubilaciones, contrariando la prohibición de la Constitución Provincial;
• admitir el impuesto a la valija; o
• al no declarar inconstitucional la ley de riesgo de trabajo para indemnizar enfermedades no previstas en su listado o hacer posible la acción civil para resarcir daños superiores a los topes establecidos por dicha ley.

Estas diferencias de criterios han dado lugar a muchos y extensos pleitos, y a que se mantengan vigentes normas provinciales y municipales inconstitucionales.

No comparto las razones de la Corte para declarar inconstitucional el artículo 58 de la Constitución provincial al declarar que “la vivienda única es inembargable”.

La doctrina judicial y de los autores de Córdoba ha sido siempre relevante en el país, pero ello no justifica que judicialmente seamos una “isla” o practiquemos un “cordobesísimo” que nos aparte del orden que impone la Constitución.

Córdoba, marzo de 2012.

A donde Estudiar para ser Político

Este dilema se me planteó antes de entrar a la universidad y lo resolví cambiando la idea que tenía mientras cursaba el secundario de estudiar ingeniería civil, por la de inscribirme en la Facultad de Derecho. Hoy no estoy arrepentido, ya que esos estudios me sirvieron para: ejercer la profesión de abogado; para militar en política y ejercer cargos legislativos; y ser profesor universitario, en la enseñanza de una materia tan política como lo es el derecho constitucional.

L’École Nationale d’Administration

Lamentablemente no hay en nuestro país carreras universitarias ni de estudio superiores que formen a políticos, como los hay en otros países. En Francia, por ejemplo, existe la Escuela Nacional de Administración (ENA), creada en 1945 por el presidente Charles de Gaulle, con sede actual en Estrasburgo, donde se forman muchos de los altos funcionarios del gobierno y la administración, a quienes se les llama: énarques. Lo fueron 2 presidentes y 7 primeros ministros, aunque los énarques son raros en el gabinete del actual presidente Nicolás Sarkozy.

En Brasil ocurre algo parecido conla Fundación Getulio Vargas, creada en 1944 por el presidente que le dio su nombre, y que provee, desde entonces, de personal político y administrativo a los distintos gobiernos del país vecino.

En el nuestro muy pocos egresados de las escuelas de ciencias políticas se dedican a la política, entre los cuales está el actual el jefe de gabinete de ministros Juan Manuel Abal Medina.

Los que alcanzan, en nuestro país, el título de abogado, que en otros países se les denomina –a lo mejor con mayor precisión- licenciatura en derecho, están habilitados para ser no solamente abogados,  sino también jueces, fiscales, defensores públicos, auxiliares de la justicia, asesores letrados y auditores; y sus conocimientos les sirven para ejercer el arte de la política en cargos como los de:constituyente, legislador, concejal, presidente, gobernador, intendente, ministro, secretario de estado, o en funciones partidarias o de asesoramiento.

Desde que recuperamos la democracia en 1983 todos los presidentes elegidos por el pueblo han sido abogados, y tres de los cinco que lo hicieron provisionalmente en la crisis de2001 a2003, también lo fueron. Los dos que no eran letrados: el ingeniero Ramón Puerta y el empresario Eduardo Caamaño ejercieron la primera magistratura sólo 3 días cada uno.

En la etapa de 53 años,  en el que se alternaron gobiernos civiles con gobiernos de facto (1930-1983), y en la que la mayoría de los presidentes fueron militares, solamente fueron abogados los presidentes Roberto Ortiz, el vicepresidente que lo sucedió por la enfermedad que lo llevó a renunciar antes de fallecer, Ramón Castillo (1938-1943), y Arturo Frondizi y José María Guido, que lo siguió como presidente de facto, luego del golpe de estado que lo derrocó (1958-63). Entre 1854 y1930 de los 16 presidentes que hubo 11 fueron abogados.

Desde que en 1994 se creó el cargo de jefe de gabinete de ministros 7 de los 13 que ejercieron ese cargo eran abogados. En el actual gabinete del Poder Ejecutivo Nacional 5 de los 15 ministros son abogados.

En la composición actual del Congreso dela Nación, segúnla Direcciónde Información Parlamentaria, hay 62 diputados y 27 senadores que son abogados.

En Diputados hay también 21 ingenieros -10 de los cuales de especialidad agrónomos- ; 10 contadores; 9 médicos; 6 economistas; 4 psicólogos; 4 licenciados en ciencia política, una en relaciones internacionales, una en humanidades, una en ciencias de la educación, una en bromatología, uno en Turismo, y otra en servicios sociales; 3 son veterinarios; 3 arquitectos; 2 odontólogos; 2 sociólogos; 2 bioquímicos; una bióloga; un farmacéutico; un master en sistema y servicios; y 25 de declaran docentes, profesores o pedagogos.

En el Senado hay, además, 6 ingenieros; 3 médicos; 3 contadores; 2 periodistas; un licenciado en economía; un arquitecto, una fonoaudióloga; un sociólogo; una bioquímica; un agrimensor; y 6 son profesores o docentes.

La formación y capacitación que hacen los partidos políticos es por demás deficiente y la debilitación de los mismos, ocurrida en los últimos años, ha agravado esta insuficiencia, que no ha podido ser corregida a pesar de los aportes que el Estado les asigna a los partidos con este propósito, mediante el Fondo Partidario Permanente; ni por el Programa Nacional de Formación de Dirigentes y Fortalecimiento Institucional” del Instituto Nacional de Capacitación Política dependiente del Ministerio del Interior, por su sectaria orientación oficialista; ni por los programas o becas de las fundaciones nacionales o extranjeras  (como las alemanas Konrad Adenauer, Friedrich Ebert o Friedrich Nauman) y de otras ONG que entre sus fines tienen la educación política.

Si queremos mejores políticos tendremos que, además de corregir las carencias antes apuntadas, mejorar su educación, y, hasta que tengamos una Escuela como la que hay en Francia o en Brasil -si alguna vez se creara-, habrá que reformar al menos las currícula de las facultades de derecho, que son las que proveen mayor cantidad de personal político. La creación en los últimos años, de cátedras, cursos, seminarios y maestrías, de: ética; de derecho parlamentario, procesal constitucional,  electoral y constitucional comparado en algunas facultades ha sido un aporte positivo para la formación de nuestros políticos.

Córdoba, febrero de 2012.

“Cristina Eterna”

Cristina Fernández de Kirshner

Hace un año, meses después del deceso de Néstor Kirchner, y ante la imposibilidad de continuar con la rotación matrimonial en la presidencia, la diputada Diana Conti declaró: “Deseamos una reforma constitucional porque queremos una Cristina eterna”, postulando así su reelección indefinida, y posicionándose, en la interna del oficialismo, respecto de las futuras elecciones.

Este anticipo, nunca desmentido por la primera mandataria, tuvo eco en la voz de su fiel vicepresidente Amado Boudou, cuando la reemplazó en el primer mes de haber asumido su segundo mandato, con el aval de uno de los teóricos del “modelo”, Ernesto Laclau, y de Eugenio Raúl Zaffaroni, juez dela CorteSuprema, aunque, en este caso, el reeleccionismo va encubierto en una propuesta de implantar un sistema parlamentario, donde el presidente y el primer ministro podrían ser reelectos, o donde Cristina podría alternarse, entre ambos cargos, como hace en Rusia Vladimir Patín con Dmitri Medvédev.

El reeleccionismo se impuso en el orden nacional, con las reformas dela Constituciónde 1949 y 1994, que habilitaron a Juan Domingo Perón y a Carlos Menem para un segundo mandato, que luego lo consiguieron en las urnas. Pero las segundas partes no fueron para nada mejores, y Perón no pudo terminarlo -por el golpe de estado de 1955-, y Menem, que terminó el suyo, intentó, sin conseguirlo, la re-reelección para un tercer período. Raúl Alfonsín también lo intentó para un segundo, sin poderlo concretar, antes de la crisis que lo hizo renunciar y que no le permitió concluir su único mandato.

En las provincias el reeleccionismo se dio cuando Eduardo César Angeloz, en Córdoba, logró hacer reformarla Constituciónen 1987 para habilitarlo a un segundo mandato, y que al finalizarlo, luego de ser reelecto, consiguió un fallo del Tribunal Superior, que él había designado, que, con una forzada interpretación constitucional, le permitió, para su desgracia, hacerse reelegir por tercera vez, mandato que por su mala gestión no pudo terminar. Luego de renunciar afrontó una causa penal por corrupción en la que fue absuelto por el beneficio de la duda.

En San Luis los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá gobernaron la provincia entre 1983 hasta 2010 -cinco mandatos el primero y dos el segundo-. En Formosa, Gildo Insfrán lo hace desde 1995 hasta ahora, que ejerce su quinto mandato, luego de haber sido vicegobernador entre 1987 hasta 1995.

En Santa Cruz Néstor Kirchner gobernó entre 1991 y 2003, para lo cual, como ocurrió en los casos anterior, tuvo que hacer reformarla Constituciónprovincial mediante una Convención Constituyente en 1994, que hizo posible su segundo mandato, y en 1998, para su tercero. Pero como, en este caso, no tenía los votos suficientes enla Legislaturapara convocar ala Convención, llamó a una consulta popular que, que mereció serías impugnaciones, y, por una ajustada mayoría, logró que se convocara ala Convenciónque aprobó la reelección indefinida.

Carlos Menem, que fue el único presidente argentino que gobernó durante dos mandatos seguidos (1987-1999), gobernóLa Riojaentre1973 a1976, y, luego del gobierno militar, fue elegido y reelegido, ejerciendo nuevamente la gobernación entre1983 a1989.

José Jorge Alperovich es el único gobernador de Tucumán que fue elegido para un tercer mandato en esa provincia, y ejerce actualmente ese cargo desde el año 2003. Desde ese mismo año San Juan es gobernada por José Luis Gioja pero para hacerse reelegir por tercera vez en 2011 hizo hacer una consulta popular para modificarla Constitución, que fue cuestionada, hasta por su propio hermano, por no ajustarse al procedimiento prescripto en la misma.

Carlos Arturo Juárez fue gobernador de Santiago del Estero entre 1948 y 1952, volvió a serlo entre 1973 y 1976, y, luego de la dictadura militar, lo fue por tercera vez, entre 1983 y 2001. En el 2002 lo reemplazó su esposa, Mercedes Aragonés de Juárez, y él pasó a ser su ministro, pero la provincia fue intervenida por el gobierno federal en el año 2004, por un grave escándalo.

Las reelecciones se han impuesto, también, en algunos países vecinos donde existen, lo que Guillermo O´Donnell llama, las “democracias delegativas”, o “populistas”, como las califica Ernesto Laclau; como es el caso dela Venezuelade Hugo Chávez, el Ecuador de Rafael Correa,la Boliviade Evo Morales yla Nicaraguade Daniel Ortega, para lo cual sus presidente han tenido que hacer reformas constitucionales, mal interpretando las reglas que las autorizaban.

Al reeleccionismo hay que sumarle, en estos países, que las instituciones están debilitadas, salvo la presidencial  –que día a día se fortalece en poderes y recursos-; los parlamentos parecen “escribanías” –auque ello incomode, con razón, a los notarios-; la justicia no es independiente; los órganos de control parecería que no existieran; las autonomías provinciales o municipales son más simbólicas que reales; las sociedades intermedias (partidos políticos, ONGs, empresas, medios de comunicación, etcétera) están debilitados; el “clientelismo” está a la orden del día; y los ciudadanos participan cada vez menos de las decisiones políticas.

Perpetuar a nuestros gobernantes y delegarle más poderes es olvidar el por qué bregamos por recuperar la democracia.

Córdoba, Febrero, 2012.

Para qué Jurar al Asumir un Cargo

Diputada Victoria Donda

Diputada Victoria Donda

El juramento de los funcionarios, de los distintos poderes del Estado – en la Nación, en las provincias y en los municipios-, cuando se hacen cargo de sus funciones parece haber perdido el sentido que la Constitución y las normas complementarias le confieren, si tenemos en cuenta los cuestionamientos que merecen, muchas veces, quienes están encargado de tomarlo -como acaba de ocurrir con el vicepresidente Julio Cobos-; porque quienes lo prestan,  en algunas oportunidades, les agregan expresiones que nada tienen que ver con la fórmula establecida, o porque quienes asisten a estos actos hacen manifestaciones a favor o en contra de los protagonistas de éstas ceremonias que no se compadecen con el respeto que merecen los mismos. Las agresivas expresiones de la barra en el momento que juraba la diputada Victoria Donda, motivadas por su provocativa vestimenta, relegaron a un segundo plano la promesa que solemnemente hacía junto a otros legisladores

Parecería que poco importa, en estos lamentables casos, que se invoque a Dios, a las creencias religiosas, a los libros sagrados, o a la Patria; como, tampoco, que se declare el compromiso de “desempeñar con lealtad o patriotismo el cargo (…) y observar  y hacer observar fielmente la Constitución”(Art.93 de la CN). Invocar el nombre de lideres o consignas políticas o sectoriales, al momento de jurar, le resta sentido al solemne compromiso que se asume, especialmente en lo que se refiere a prometer ser fiel ala Ley Fundamental que contiene los valores y principios de los que ni los gobernantes ni los ciudadanos deben nunca apartarse. El que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya agregado al jurar la expresión “(…) y de Él”, refiriéndose a su marido-el ex presidente Néstor Kirchner-, es un ejemplo de esta mala práctica.

Hace algunos miles de años, en ocasión de la entronización del joven Salomón, para  reemplazar, nada menos, que al rey David, se le apareció Jehová (Dios) en un sueño y le concedió la gracia de hacerle una petición y, en respuesta de ello, el nuevo rey no le solicitó ni éxito, ni larga vida, ni la eliminación de sus enemigos, sino le rogó que le conceda “un corazón dócil, para que sepa juzgar a su pueblo y distinguir entre el bien y el mal”. Este acontecimiento, relatado en el libro de los Reyes dela Biblia, fue recordado por el Papa Benedicto XVI, el 22 de septiembre pasado, a los integrantes del Parlamento de Alemania Federal, el de su patria, y exhortó a los políticos para que se comprometan con la búsqueda de la justicia, la paz y el bien común, y no con su éxito personal o partidario, con su reelección o con su mejor posicionamiento social o económico.

 Y, para reafirmar que el éxito debe estar subordinado al criterio de justicia, y a la voluntad de aplicar el derecho, proclamó con énfasis: “Quita el derecho y entonces, ¿que distingue el Estado de una gran banda de bandidos?”

La Constitución, cuando habla del juramento de los jueces de la Corte Suprema, parecería remontarse a la vieja petición del rey Salomón, al afirma que deben prestar juramento de “desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y de conformidad a lo que prescribe la Constitución” (Art. 112). No alcanza sólo con ajustarse a la ley, hay que fallar “bien” para ser justo.

El distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso, parece ser el mejor criterio, que el dócil corazón de los que nos legislan, gobiernan y juzgan deben tener, desde el día que juran desempeñar su cargo con patriotismo y observando y haciendo observar lo que la Constitucióny las leyes prescriben.

                                                           Córdoba,. Diciembre de 2011.

Votar por Internet

Voto electrónico

Si nos disponemos a cambiar la forma de sufragar sería bueno adoptar pronto un sistema más eficiente y menos costoso que el actual como el que podría hacerse a través de Internet.

En nuestro país las elecciones, muy frecuentes los años impares, son por demás complejas y costosas, por lo que se celebran en días no laborables; en las que los electores deben concurrir al centro de votación, en muchos casos, en transporte, privado o público, subir escaleras y hacer cola. Ello obliga a emplear mucho personal que actúa como autoridades de mesa, de fiscalización, de seguridad, de correo, de transporte y de la justicia. Además, se necesitan padrones, documentos de identidad, boletas, urnas, actas, sellos y medios electrónicos para el conteo final de los sufragios.

El voto de los discapacitados, ancianos, presos, hospitalizados, ausentes y extranjeros obliga a emplear mayores recursos y gastos. El escrutinio de mesa y el definitivo llevan mucho tiempo, lo que obliga a que los medios ocupen muchas horas y páginas para informar respecto de los resultados.

El empleo de la boleta única, en Santa Fe y Córdoba, ha demostrado que no resuelve estos problemas, aunque el resistido empleo de la urna electrónica –usado parcialmente en Ushuaia (2003), en Salta, Chaco y Córdoba (2011)- ha sido mucho más eficiente. El voto por correo, empleado en otros países, inexplicablemente nunca fue permitido.

En Suiza, donde los ciudadanos votan de 4 a 6 veces por año, para elegir autoridades federales, cantonales (provinciales) o municipales, o para aprobar o impugnar leyes, el sufragio se emite por correo o por Internet o en las mesas electorales. Desde que se estableció el voto por correo en Ginebra (1995) el 95 % de los sufragios se hacen desde el hogar –el promedio suizo es del 80 %-, y el número de sufragantes aumentó un 20%. La votación anticipada puede hacerse en 2 o 3 semanas según la naturaleza de la misma (federal, cantonal o municipal).

En el año 2000 Ginebra comenzó a desarrollar el sufragio por Internet y el 8 de febrero de 2009 con el voto del 70,2% de los ciudadanos se aprobó una enmienda ala Constitucióndel Cantón por el que se introdujo la votación por Internet.

La Comisión Electoral Central, integrada por representantes de los partidos políticos, así como abogados y científicos de la computación, supervisan las elecciones. Puede bloquear la urna electrónica mediante la generación de una clave para que nadie pueda acceder a los votos electrónicos. hasta el día del recuento. La comisión tiene acceso a todos los documentos relacionados con el sistema de voto por Internet. Y puede ordenar una auditoria, prueba o estudio de cualquier experto a su elección. El sistema fue objeto de un proceso de certificación ISO 27001.

Con el sistema de Ginebra, conteo de votos electrónicos no los destruye y el recuento es posible ya sea desde la misma  o de una de las tres urnas espejo que se encuentran incorporadas en la aplicación, utilizando el mismo software de conteo u otro.

En Ginebra siempre se creyó que el Estado debe tener la propiedad intelectual de su sistema de votación en Internet. Las cajas negras no se aceptan. Ello se traduce de dos maneras: o bien el Estado utiliza software cuyas fuentes son públicas (con código abierto) o bien adquiere la propiedad intelectual de las fuentes que utiliza. El 80% de utilizado en Ginebra (firewall, sistema operativo, servidores, etc.) son de código abierto, el resto es propiedad del Estado, con la excepción de las bases de datos.  Las normas de Ginebra abren el código para su revisión por la Comisión Electoral o cualquier perito que se designe.

En las elecciones del Cantón de Ginebra del 15 de mayo de 2011, con 239.095 ciudadanos empadronados, votaron por correspondencia 69.686; por Internet 21’057 21.057 y en los locales de votación concurrieron a sufragar sólo 4.797 electores.

La República báltica de Estonia es pionera del sufragio por Internet, al incluir esta modalidad de votación anticipada desde las elecciones municipales del año 2005 en las que 9.000 electores, 3% del padrón electoral, votó sin salir de su casa por Internet. En las parlamentarias de 2007 esa cifra aumentó a 30 mil; en las locales de octubre de 2010 los votantes internautas fueron 104 mil, y en las recientes elecciones de marzo de 2011 votaron por la Red 140.846 estonios (15%).

También se votó por Internet en Estados Unidos, en las elecciones primaria de los partidos en Alaska y en Arizona y cuando tuvieron que votar 200 militares ausentes de del país (año 2000); en los referéndum de 52 provincias de España cuando se votó la Constitución Europea (2005); y en comicios municipales en Francia (2001) y en el Reino Unido (2002).

Sería deseable que los argentinos nos pongamos a tono con la tecnología de nuestra época y podamos también, alguna vez, sufragar sin salir de casa, mediante la computadora o con el celular.

Córdoba, Noviembre de 2011.