La destitución del presidente Lugo ¿Otra vez la Triple Alianza?

Fernando Lugo Méndez

El embajador de Paraguay Hugo Bernardino Saguier Caballero; frente a la embestida de sus colegas de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua en la reunión dela Organizaciónde Estados Americanos (OEA) por la destitución el 22 de junio pasado del presidente Fernando Armindo Lugo Méndez en un juicio político que se tramitó en dos días; denunció la formación de una nueva “Triple Alianza”, aludiendo a la decisión de los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, de suspender en el MERCOSUR a su país y disponer la incorporación de Venezuela, recordando la sangrienta guerra en la que estos mismos tres países tuvieron con el suyo y en la que perdieron la vida más de la mitad de los paraguayos (1865-70).

El ingreso de Venezuela estaba demorado porque el Senado paraguayo se negaba a aprobar el tratado que lo autorizaba. Y las razones políticas que impulsaron la suspensión de Paraguay del MERCOSUR parecerían que no fueron solamente las afinidades políticas con Hugo Chávez, sino que estuvieron movidas por obtener ventajas en la provisión de petróleo y gas que abundan en ese país. Parala Argentinaúltimamente esto se ha tornado imperioso, como lo demuestran las medidas recientes adoptadas como: la intervención a YPF, la expropiación de las acciones de Repsol, y las misiones comerciales a Angola y a Azerbaiyán, países exportadores de petróleo, aunque gobernados por dictadores.

El obispo católico Fernando Lugo fue electo presidente de Paraguay en 2008, oportunidad en que derrotó con el 41 % de los votos a Blanca Ovelar, del Partido Colorado, fundado en 1887 y que gobernaba el país desde 1947, liderando la Alianza Patrióticapara el Cambio, que integraban los partidos Febrerita, Socialista, Demócrata Cristiano, entre otros, que llevaba como vicepresidente al médico Luis Federico Franco Gómez del Partido Liberal Radical Auténtico..

Los conflictos dentro de ésta coalición surgieron poco después de la elección y el gobierno, a pesar de la bonanza económica (el PIB creció el:15,3% en 2010, el más alto de América y el tercero del mundo, debido al cultivo y la exportación de soja), comenzó a tener dificultades, agravadas por el cáncer linfático que padece Lugo, que hicieron imposible cumplir con las promesas electorales, lo que políticamente explotó 9 meses antes de terminar su mandato, el 15 de junio pasado, por el allanamiento de un campo en Curuguaty donde murieron 17 personas, y precipitó en el Congreso el juicio político, que se llevó a cabo entre el 21 y 22 de junio pasado, y que destituyó a Lugo, y terminó con la asunción a la presidencia del vice Federico Franco

La acusación que se votó enla Cámarade Diputados, luego de un debate de cinco horas, y fue aprobada por 76 votos contra uno, y hubo 3 ausentes. Las acusaciones fueron:

  • la matanza de 17 personas (11 campesinos y 6 policía) en el fallido allanamiento en Curuguaty,
  • la crisis con los campesinos carperos en Ñacunday,
  • la inseguridad en el país,
  • el mal uso de los cuarteles militares para supuestas actividades políticas, y
  • la firma del protocolo de Ushuaia II que habilita ala Unasurintervenir si el país si estuviera en riesgo la democracia.

En el Senado el abogado del presidente, Adolfo Ferreiro, que con Emilio Camacho y Enrique García fueron los defensores, pidió primero una prórroga para preparar mejor la defensa, lo que le fue denegado; y, luego, acusó al Jurado legislativo por montar “un circo”, destacando que el presidente Lugo sabe “que las naciones de la región están en contra de este juicio político”. Ferreiro, al refutar las acusaciones votadas en Diputados, dijo: que la matanza de Curuguaty ocurrió en un allanamiento que se hizo en cumplimiento de órdenes judiciales. Luego de cinco horas de debate en el Senado, la destitución fue aprobada por 39 votos contra 4, y hubo 2 senadores ausentes.

En Sudamérica se han producido en los últimos años juicios políticos que terminaron con la destitución de 5 presidentes: Fernando Collor de Melo en Brasil, 1992; Carlos Andrés Pérez en Venezuela, 1993; Abdalá Bucaram en Ecuador, 1997 – el Congreso lo destituyó por incapacidad mental con el voto de 44 de sus integrantes (mayoría simple) ya que no contaba con los dos tercios para destituirlo por juicio político-, Raúl Cubas Grau en Paraguay, 1999 y la reciente de Fernando Lugo de Paraguay; tres hubo que resultaron fallidos como fueron los de Ernesto Samper en Colombia, 1996, y los de Luis González Macchi en Paraguay, en 2002 y en 2003. En el único que intervinieron gobiernos vecinos fue en el de Lugo.

Hay quienes dicen que el juicio fue sumario porque se temía que el presidente clausurara al Congreso. Lugo aceptó la decisión del Senado, aunque luego ensayó alguna resistencia que no ha tenido mayor eco en la sociedad paraguaya. Sus abogados recurrirán, según anunciaron, ala Corte Supremay ala ComisiónInteramericanade Derechos Humanos. En la próxima reunión del MERCOSUR se anuncia la expulsión del Paraguay y la incorporación de Venezuela.

No creo que la decisión que por amplia mayoría tomó un Congreso, cuyos diputados y senadores fueron elegidos por el pueblo en elecciones limpias, pueda justificar un enroque como éste, especialmente si todavía se tramitan recursos judiciales y ante organismos internacionales, que pueden anular o corregir los defectos que pudo haber tenido este juicio bien calificado de express.

Córdoba, julio de 2012.

San Pablo, el Apóstol de los Gentiles

 “Pero el Señor me dijo: Ve, porque yo te tengo que enviar lejos, a los gentiles”  (Hechos, XXII: 17-21)

  “Pues de las misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mi el apóstol de los paganos,” (Carta a los Gálatas, 2 – 8)

San Pablo Apóstol

El mejor libro que he leído de Jacques Maritain, o el que más me ha llegado personalmente, es San Pablo (editado en Argentina en 1996 por Club de Lectores), donde describe las ideas de este apóstol tardío, judío de la diáspora, fariseo de formación, que hablaba griego, que había perseguido a los primeros cristianos, que presenció la muerte del primer mártir, Esteban. Que, además, era ciudadano romano, y que camino a Damasco fue iluminado por Dios y se convirtió al cristianismo.

En su nueva vida el Señor lo envió lejos, a predicarles a los gentiles. Su prédica se hizo sentir incluso en el Areópago de Atenas a donde encontró, entre los monumentos sagrados, un altar con la inscripción “Al Dios desconocido”  y referido a esto le dijo a los sabios griegos que sobre “lo que ustedes adoran sin conocer, es lo que yo vengo a anunciarles” (Hechos, XVII 22). Las raíces del pensamiento y de la personalidad del gran filósofo dela Democracia -otro converso- se encuentran no sólo en Tomás de Aquino, sino también, en prédica paulina.

La propuesta mariteneana, de un “humanismo integral”, de una “nueva cristiandad” abierta a todos los hombres, a todas las culturas, a todos los pueblos y a todos los creyentes en Dios, no fue en vano y ha dejado su huella dentro y fuera dela Iglesia, en su Europa y en los demás continentes, entre los que creemos en la dignidad del hombre -como persona humana-, en su libertad, en el sentido de su vida, en la justicia, la igualdad, la democracia, en la universalidad de los derechos humanos, en el bien común, en la necesaria amistad cívica y en la necesidad de construir –en un momento histórico en que la globalización parece imparable-  un gobierno mundial -en el marco de una sociedad política, también, mundial-.

Saulo o Pablo

En este Libro Maritain describe a “Saúl que es también Pablo”, que como judío en la dispersión tenía dos nombres el de Saúl o Saulo, su nombre judío, y Pablo, el nombre latino, que usará después de su conversión –dejando de lado el de Saulo-, “quizá para poner de relieve que era en adelante un hombre nuevo.”

Hebreo hijo de Hebreos”, “nació durante la diáspora en Tarso de Cilicia –en Asia Menor (actualmente ubicada en Turquía)-, su padre era ciudadano romano”, y por ello él, también, lo era. El griego será para él una lengua viva. Fue enviado a Jerusalén a donde hizo sus estudios superiores.

Era fariseo como su padre. “Educado en el judaísmo más estricto, alumno del gran doctor fariseo (Rabban) Gamaliel (discípulo de Hilel), persiguió al principio a la Iglesia naciente y aprobó el asesinato de Esteban (que murió apedreado en el año 36, el tercero después de la crucifixión de Jesús).Saulo guardó los vestidos de los que lo apedrearon”, y habiendo estado presente le escuchó decir antes de morir. “Vosotros que habéis recibido la Ley y no habéis guardado la Ley.” Estas palabras serán un tema central de la futura predicación paulina.

“Después de su conversión en el camino de Damasco –ocurrida el mismo año del martirio de Esteban-  ya no vivió más que para predicar a Cristo y para sufrir con Él. ¡Ay de mi si no evangelizo!” Su destino será de allí en más seguir a aquel que contestó la pregunta que formuló cuando cayó en tierra cerca de Damasco: “¿Quién eres Señor? y la respuesta fue Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tu persigues.”. Saulo preguntó entonces “¿Que haré Señor?”Su misión será llevar ese nombre a todas las gentes.

Sus viajes apostólicos están relatados en los Hechos de los Apóstoles y en sus epístolas a las comunidades cristianas y a sus compañeros de apostolado, que fueron escritas en los últimos diez y siete (17) años de un ministerio, que duró treinta (30). Las mismas son “el testimonio más ardiente de su amor evangélico y el tesoro más precioso de doctrina”, cuya luz se proyectó luego en los padres y doctores dela Iglesia, especialmente en San Juan Crisóstomo, San Agustín y Santo Tomás de Aquino y del cual no ha dejado de alimentarse el pensamiento cristiano.

Aprisionado dos veces en Roma, el Apóstol de los Gentiles fue condenado a muerte bajo el reinado de Nerón –un 29 de junio– verosímilmente en el año 67”

El Israel de Jesús

La salvación viene de los judíos” (Juan, IV: 22). De Israel nació el Salvador, de madre judía, “tomó carne humana el Verbo por quién todo ha sido hecho; acogido inmediatamente por el primer programo de la era cristiana, las matanza de los pequeños inocentes judíos en quién el rey Herodes trataba de herir a su Rey”.

Con José y María perteneció a “una familia indigente de pequeños artesanos sin dinero, sin medios de vida y sin pasaportes, los primero refugiados judíos de la era cristiana, con su pobre asno fatigado.” La Segunda Persona de la Trinidad “debe comenzar siempre por ocultarse entre aquellos que no pueden reconocerla.”

Moisés y Pablo

Los apóstoles eran judíos y “Los dos conductores de almas más grande que ha conocido la humanidad, Moisés y Pablo, eran judíos. Uno y otro entrevieron a Dios. Eran hombres rodeados de debilidad, enfermos y temblorosos bajo su terrible misión. Moisés tartamudeaba, Pablo se sentía `abofeteado´ por un mal que lo humillaba (…) ambos eran vagabundos de los caminos (…) Uno y otro fueron perseguidos y abandonados” Moisés transmitió al pueblo de Israel las Tablas de la Ley y Pablo predicó, mediante la “espada de la palabra”, ala Iglesia Universal, de judíos y gentiles.

La esencia de la misión de Pablo fue que “el cristianismo adquirió conciencia de su libertad con respecto al judaísmo y de su pura universalidad.” El “Hijo del Hombre no había venido solamente para el judío, sino para el Hombre, para el género humano(…)era preciso comprender que el salvar con su sangre a los hombres de todas las naciones del mundo no les pedía que se hicieran judíos o judaizantes para ser cristianos, sino que por el contrario hacía de ellos sus verdades israelitas en espíritu y en verdad, su pueblo, circunciso en el corazón, no en la carne, al cual eran llamados a pertenecer igualmente los que venían de la circuncisión y los que venían de la incircuncisión (…) El Reino de la redención continuada de generación en generación, no era ni una secta judía ni una extensión religiosa de la teocracia de Israel sobre todos los pueblos de la tierra, sino, por el contrario, un Cuerpo Universal recientemente engendrado en su realidad visible por la virtud invisible de la sangre de cristo y del Espíritu de Dios

Era necesario comprender la “ruptura extraordinaria -por la cual el Templo roto, desposeído, caído en tierra iba a surgir y a separarse el Israel espiritual, el Templo místico del Cuerpo de Cristo- estaba ella misma condicionada por el traspié de Israel y la gran prevaricación de sus sacerdotes. Era preciso comprender que si la salvación era para todos los hombres y si en Cristo no hay ni judío ni gentil, es porque el poder que opera la salvación no es la Ley de los judíos, sino la Fe en quien ha sido crucificado en nombre de esta misma Ley.”

Intuiciones paulinas

La primera gran intuición de Pablo es la “universalidad del Reino de Dios”.

La segunda es “la primacía de lo interior sobre lo exterior, del espíritu sobre la letra, de la vida de la gracia sobre las observancias externas” Pablo tuvo conciencia de la “inmensa revolución espiritual realizada por Jesús” “En adelante la pureza de corazón importa más que las purificaciones legales, la misericordia más que el Sábado”.

La tercera intuición es “la libertad de los hijos de Dios”. “Los que son conducidos por el Espíritu no están ya bajo la ley. No están ya tampoco por encima de la ley; han pasado al otro lado de las cosas, están en la sustancia interior de la ley, donde la ley no se ve ya desde fuera como ley, sino desde dentro como amor.”

“San Pablo es inseparable de su experiencia. No solamente fue llamado como los demás apóstoles, sino que fue convertido; es el primer gran converso elegido para llevar lejos el nombre de Cristo.”

El Hombre nuevo

Dice en una de sus cartas el Apóstol: “Más ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabra de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó; donde no hay Griego ni Judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre; más Cristo es el Todo, en todos.” (Colosenses, III, 9)

Cuando hablamos del hombre nuevo debemos aclarar que la no exigencia de la circuncisión para ser cristiano pone, con el bautismo, en igualdad de condiciones a todos los hombres, sean ellos varón o mujer, con lo que se continúa una tradición que las enaltece, desde que María fue la Madre de Jesús y que María Magdalena, fue la primera en enterarse de que Cristo había Resucitado y la primera en hacer conocer esta Buena Nueva a los apóstoles y al resto de la humanidad.

El Mensaje

Este libro, con su antiguo y sabio mensaje, recreado para nuestra época por Maritain, es un himno a la esperanza, una convocatoria a creer, a dar sentido a nuestras vidas, a las de quienes nos rodean, a quienes debemos servir y a amar, aunque no piensen como nosotros, aunque respondan a distintas tradiciones religiosas, especialmente a los que sufren, a los pobres de corazón, a quienes quieren descubrir y alcanzar en esta tierra el destino trascendente que, ejerciendo su libertad, el Señor puso al alcance de todos los hombres de buena voluntad.

Los que hemos abordado el pensamiento del gran pensador francés desde el ángulo de la política, después de leer este libro, debemos reconocer que el mensaje que nos legó el campesino del Garona, tiene sus raíces profundas en las enseñanzas de Pablo, el apóstol de los gentiles.

Buenos Aires, Junio de 2012.

La Corte Suprema de Justicia del Siglo XXI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República, la máxima instancia jurisdiccional que garantiza los derechos constitucionales y controla el proceso político, el intérprete final de la Constitución y el custodio de su supremacía.

Para conocer lo que pasa en la actualidad en ese Alto Tribunal es necesario revisar los hitos principales de su historia que son:

1853 La Constitución, dictada el 1º de mayo, creó la Corte Suprema integrada por 9 jueces y 2 fiscales, designados por el Presidente con acuerdo del Senado.

1854 El presidente Justo José de Urquiza designa a los integrantes de la Corte Suprema,  pero nunca asumieron sus cargos.

1860 Se reformó la Constitución y se dejó que la ley fijara el número de jueces de la Corte. El 30 de octubre el presidente Santiago Derqui dejó sin efecto aquellos nombramientos.

1862 La ley 27 estableció que la Corte se componía 5 ministros, y la ley 48 regula el recurso de apelación extraordinario (Arts. 14 al 16).

1863 El 15 de enero asume, con sede en Buenos Aires, la primera Corte, presidida por Francisco de las Carreras, designado por el presidente de la Nación.

1887 En el caso “Sojo, Eduardo” adopta el criterio de control de constitucionalidad del caso “Marbury vs. Madison” de la Corte Suprema de Justicia norteamericana fallado en 1803.

1902 Se dicta la ley 4055 que crea cuatro Cámaras Federales de Apelaciones, entre las cuales estaba la de Córdoba, y en el Art. 6 dispone: “La Corte Suprema conocerá por último, en grado de apelación, de las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras Federales de apelación; por las Cámaras de Apelación de la Capital; por los Tribunales Superiores de provincias y por los Tribunales

Superiores Militares, en los casos previstos por el art. 14 de la ley 48 de 14 de setiembre de

1930 Por Acordada (10/09/30) la Corte resuelve “acusar recibo” de la comunicación que le hace el Presidente de facto general Félix Uriburu y reconocer a dicho gobierno.

El presidente de la Corte, por primera vez fue designado por el Cuerpo, lo que fue ratificado por el presidente Agustín P. Justo, esta práctica  continuó hasta la actualidad.

1943 Reitera la Acordada de 1930 (7/06/43) reconociendo al nuevo gobierno de facto.

1946 Se inicia juicio político a cuatro jueces de la Corte (uno renuncia) y del procurador general, por haber dictado las acordadas de 1930 y 1943, que convalidaron los gobiernos de facto, y por haber limitado el accionar del último de ellos. No se le hizo juicio político al entonces presidente constitucional, Juan Domingo Perón, vicepresidente en el último gobierno militar; ni a Tomás Casares juez de la Corte nombrado por dicho gobierno.

1947 El Senado destituye a 3 ministros y al procurador de la Corte ( 30/04/47)y se designa a otros adictos al presidente Juan Domingo Perón. En su reglamento se consagra que el presidente de la Corte es designado por la misma cada 3 años y es reelegible.

1955 La  llamada “Revolución libertadora” destituyó a la Corte, nombró a otra y declaró “nula y sin ningún efecto” a 12 acordadas (de 1952 a 1955) de adhesión al gobierno de Perón.

1958 La ley 15.271 aumentó a 7 el número de miembros, lo que hizo renunciar al ministro Alfredo Orgaz por “cansancio moral”.

1966 El general Onganía destituyó a la Corte y nombró otra de 5 jueces (ley de facto 16.895).

1970 Se designa juez de la Corte a Margarita Argúas, la primera mujer que la integró.

1973 Renuncian los jueces del Alto Tribunal y el gobierno de jure designa nueva Corte.

1976 El golpe militar del 24 de marzo hizo que se destituyera a la Corte y designa otros miembros.

1983 Raúl Alfonsín designa una nueva Corte, ante la renuncia de sus integrantes.

1984 En el caso “Ponzetti de Balbín”: (1984) motivado en que la “revista Gente” publicó fotos, de Ricardo Balbín estando internado en terapia Intensiva, y la familia del político inicio acciones legales porque consideraban que se violó el derecho a la intimidad. La Corte falló a favor de la familia Balbín porque no se pidió autorización para publicar sus fotos. La Corte consideró que antes del derecho de la información está el derecho de la privacidad e integridad personal.

1985 Se establece que el Cuerpo designa un Ministro Decano, sustituto de su Presidente.

1986 La Corte en el caso “Strada, Juan“(8/04/86) definió que es: “tribunal superior de provincia”, según el art. 14 de la ley 48, y dijo que es el órgano judicial erigido como supremo por la constitución de la provincia, salvo que sea incompetente en el caso, circunstancia que no podrá extraerse del carácter constitucional federal de la materia que aquél suscite.

En autos Sejean c/ Zaks de Sejean“: (27/11/86)  el Alto Tribunal resolvió la inconstitucionalidad del la ley de matrimonios, por la que no se aceptaba el divorcio vincular y la posibilidad de volverse a casar, argumentando que de no ser así sería el único derecho que se agota con un solo ejercicio, que al negar divorcio se estaría violando la libertad de culto y que un matrimonio civil no puede imponer preceptos de una religión determinada.

1992 En el caso Ekmekdjian c/ Sofovich“: (1992) la Corte reconoce el derecho de réplica,, y aplica la Convención Americana de Derecho Humanos, a pesar de no estar reglamentado por el Congreso.

1988 Se remplaza al Ministro Decano por el cargo de Vicepresidente de la Corte.

1989 En la Acordada Nº 44 (22/09/89) La Corte  se opone a aumentar el número de ministros.

1990 La ley 23.774 lo aumenta a 9 miembros, y se conforma lo que se denomina la “mayoría automática” y se establece el requisito de la “cuestión trascendente”, para admitir los recursos de apelación y de queja (writ of certiorari). (Art. 280 Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.

1993 El Pacto de Olivos, de Menem y Alfonsín, hace renunciar a la Corte a Mariano Cavagna Martínez y Rodolfo Barra y se nombra a Guillermo López y Gustavo Bossert.

1994 La reforma constitucional estableció que el acuerdo del Senado en la designación de jueces de la Corte será con dos tercios de votos, y se creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La comisión de acuerdos del Senado comienza a hacer audiencias públicas para tratar los acuerdos en la designación de magistrados judiciales.

1995 La ley 24.463 establece el recurso ordinario a la Corte en los juicios previsionales.

1996 Dicta Acordada 20 que declara inconstitucional por ser contrario al artículo 96 de la Constitución el Artículo 1º, inciso. a), de la ley 24.631 que derogó -a partir del 1º de enero de 1996- las disposiciones del Artículo 20 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias.

Dictó el fallo “Chocobar, Sixto Celestino” (27/12/1996) en el que de una adecuada integración de la norma establecida en el art. 7°, apartado 1°, inc. b), de la ley 24.463, con las resoluciones encargadas de llevar a cabo la movilidad reconocida en el texto legal, se verifica una nítida frustración del propósito enunciado que afecta en forma directa e inmediata la efectiva operatividad de la cláusula constitucional que jamás se desconoció y que se intentó reglamentar, por el lapso transcurrido desde el 1° de abril de 1991 hasta la aplicación del sistema contemplado por los arts. 32 y 160, párrafo 1°, de la ley 24.241. Por lo que declara la invalidez constitucional de la norma examinada y a los efectos de preservar la garantía de orden superior vulnerada, ordena que por el período transcurrido desde el 1° de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1994, deberá ser aplicada, por cada año, una movilidad del 3,28%, por ser esta variación de igual extensión cuantitativa que la experimentada por el Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO), estimado por tres resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social, hasta que comenzó a regir el nuevo régimen instituido por el art. 7°, inciso 2°, de la ley 24.463. Con lo cual, al concluir el aludido período la movilidad acumulada asciende a un 10,17%, que sumado a la variación que experimentó el AMPO durante la vigencia de la ley 24.241 arroja un total para el lapso 1/4/91 al 31/3/95 del 13,78%.

1997 Desestimó 2170 recursos ordinarios, extraordinario o de queja; y dictó 36.715 sentencias y autos interlocutorios, 31.055 previsionales y 5660 de otras materias.

1998 Falló 46.435 causas, la mayor cifra de su historia, 40.423 previsionales y 6.012 de otras materias. La Corte tenía ya 900 funcionarios y empleados (127 temporarios); 15 eran secretarios, con sueldo de camarista, 7 con funciones judiciales, 1 prosecretario y 82 secretarios letrados, con sueldos de jueces de primera instancia.

1999 Falló 16.120 causas, 8.943, previsionales, y 7177, no previsionales, uno de estos a favor de su ministro Santiago Fayt, que anuló un párrafo de la Constitución, modificada en 1994 (Art. 99 Inc.4), que exigía nuevo acuerdo para los jueces que tengan 75 años de edad, fundado en que la ley no habilitó a la Convención a hacer esta reforma.

2002 Falló el caso “Smith” del “corralito” (1/02/02) y los “atrapados” iniciaron más de 150 mil amparos en el país. En contra de este fallo el gobierno impulsa el juicio político a todos los jueces de la Corte, que fue rechazado por la Cámara de Diputados. Renunció Gustavo Bossert y lo remplazó Juan Carlos Maqueda, presidente provisional del Senado.

2003 Resuelve el caso “Provincia de San Luis”, sobre el “corralito” y cuando se anuncia la sentencia del caso “Lema”, un ahorrista atrapado, Gustavo Beliz y Néstor Kirchner atacan a los miembros de la Corte y se intentan juicios políticos a Santiago Fayt y Julio Nazareno, el que renuncia, luego de un lamentable reportaje televisivo.

El Senado destituyó, en juicio político, al juez de la Corte Eduardo Moliné O´Connor por 45 votos contra 19.

El PE dictó el Decreto 222/03 por el que se autolimita al designar a los jueces.

Kirchner propuso designar en la Corte a Eugenio Raúl Zaffaroni y el Senado aprobó su pliego por mayoría.

2004 Dicta la Corte la Acordada 28 que reglamenta “Los amigos del Tribunal” (Amicus Curie).

Dicta el fallo “Aquino” (21/9/2004) declarado la inconstitucionalidad del Art. 39 Inc. 1 Ley de Riesgos del Trabajo, en cuanto exime al empleador de la responsabilidad derivada de los arts. 1109 y 1113 Código Civil, por resultar ello incompatible con diversos principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y tratados internacionales de rango constitucional (arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 CN.).

Dicta el falloExpósito, Miguel Ángel” (23/12/04) donde la Corte decide acatar el fallo Corte Interamericana de Derecho Humanos al expresar “que la decisión mencionada resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional.”

2005 En el caso “Verbissky” (3/05/05) ordena la Corte: dispone que la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de los jueces competentes, haga cesar en el término de sesenta días la detención en comisarías de la provincia de menores y enfermos.  Instruye a dicha Corte provincial y a los tribunales de todas las instancias de la provincia para que, en sus respectivas competencias, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal.

El Senado destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos, en juicio político, al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano.

En  el caso “Itzcovich” (29/3/2005) declaró la Corte por mayoría la invalidez constitucional del artículo 19 de la Ley 24.463 — de “solidaridad previsional”— , que habilitaba un recurso ordinario de apelación ante aquélla respecto de las sentencias definitivas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, lo que la doctrina a calificado como una sentencia de inconstitucionalidad sobreviniente.

La Corte declaró “constitucionalmente intolerables” a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la causa “Simón, Julio Héctor y otros” (14/06/05), referida a la desaparición de dos personas y a la apropiación de su hija, y declaró la validez de la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En el fallo “Sánchez, María del Carmen” (17/06/05) la Corte declaró que el Art. 39 de la ley 18.038 sobre jubilación de trabajadores autónomos –en cuanto dispone un sistema de cálculo de movilidad con un año de periodicidad, actualizable de acuerdo a las categorías que la ley establece-, es idéntico al establecido en el art 53 de la ley 18.037, y por consiguiente quedó derogado por la ley 23.928 –de convertibilidad-, debiéndose emplear el método establecido en “Chocobar” para practicar la liquidación del reajuste por movilidad de los trabajadores incluidos en la ley de referencia.

El fallo en el caso penal Casal, Matías Eugenio (20/09/05) el Alto Tribunal estableció que en el recurso de casación debe revisarse el derecho y los hechos que fundamentan la decisión para cumplir con el requisito de la doble instancia (Inc. 22, del Art. 75 de la Constitución, Arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

2006 Se promulgó la ley 26.183 que reduce el número de jueces de la Corte para que gradualmente quede con cinco, en la medida que los siete actuales fueran dejando vacantes..

Por unánimemente la Corte, en el caso “Badaro“(I) descubrió y declaró la existencia de una omisión legislativa inconstitucional lesiva de la pauta de movilidad previsional estipulada en el artículo 14 bis de la Ley Fundamental y, por medio de una sentencia exhortativa multilateral, decidió comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación el contenido de la decisión para que, en un plazo razonable, adoptasen las medidas pertinentes para efectivizar las correcciones necesarias. Se la ha llamado sentencia exhortativa.

En el caso “Massa” (27/12/06), por mayoría, el Alto Tribunal dictó uno fallo en el que hace una interpretación desestimatoria en el ámbito de la pesificación de los depósitos bancarios dispuesta por el gobierno nacional, rechazando el planteo de inconstitucionalidad que por vía de amparo había formulado el titular de una caja de ahorro en dólares contra el decreto 214/2002 y sus normas complementarias, y contrariando lo que habían resuelto la casi totalidad de los tribunales federales del país. Se declara el derecho de la actora a obtener de la entidad bancaria el reintegro de su depósito convertido en pesos a la relación de $ 1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por el CER. hasta el momento de su pago, más la aplicación sobre el monto así obtenido de intereses a la tasa del 4% anual -no capitalizable. Que debe computarse como pagos a cuenta las sumas que -con relación a dicho depósito- hubiese abonado la aludida entidad a lo largo de este pleito, como así también las que hubiera entregado en cumplimiento de medidas cautelares. Se lo calificó de sentencia de inconstitucionalidad aditiva.

2007 Dicta Acordada 2/2007 que establece que para interponer el recurso de queja hay que hacer un depósito de $ 5000 según lo dispuesto por el Art. 286 del CPCyCN.

Dicta Acordada 4 que reglamenta los escritos de recursos extraordinarios y de queja.

Dicta Acordada 30 que reglamenta las audiencias públicas informativas, de conciliación y ordenatorias.

Dicta el fallo en autos: “Padilla, Miguel” (10/04/07) en el que afirma que la nacionalidad de origen no se pierde cuando se adquiere una nueva.

Dicta el fallo  “Editorial Río Negro contra Provincia de Neuquén” (5/09/07) la Corte Suprema determinó que el gobierno provincial había violado el derecho a la libre expresión del diario Río Negro, al retirarle pauta oficial en represalia por sus coberturas críticas.

Dictó el fallo “Badaro” (II)  (26/11/07) en el que: declara la inconstitucionalidad del Art. 7, Inc. 2, de la ley 24.463, disponer que la prestación del actor se ajuste, a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y ordenar a la demandada que abone el nuevo haber y las retroactividades que surjan de la liquidación, en el plazo previsto por el Art. 2 de la ley 26.153, estas últimas con más los intereses a la tasa pasiva según el precedente de Fallos: 327:3721 (“Spitale”), autorizándose la deducción de las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones del decreto 764/06.

Dictó la sentencia en el caso “Rinaldi” (15/03/07) en la que no declaró la inconstitucionalidad del régimen de refinanciación hipotecaria en el marco de la pesificación de la obligación en moneda extranjera en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria de vivienda única y familiar (Art. 14 bis de la Ley Fundamental), desestimando el planteo que en tal sentido se dirigía contra la ley 26.167, y que fuera incoado cuando la causa ya se encontraba en poder de la Corte. Dispuso, en definitiva, que en las ejecuciones de mutuos hipotecarios celebrados entre particulares en divisa extranjera y por un monto inferior a $100.000, en los que el deudor tenga comprometida su vivienda única y familiar, el reajuste equitativo de las prestaciones al que se refiere el art. 11 de la ley 25.561, no podrá exceder el cálculo que surge de la conversión de un dólar a un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar a la fecha en que se practique la liquidación, debiendo adicionarse un interés que no sea superior al 2,5% anual por todo concepto, desde la mora hasta su efectivo pago. Ello, por aplicación de lo previsto en el Artículo 6 de la ley 26.167. La doctrina la calificó de sentencia de “evitación”.

En el caso  “Rosza” (23/05/07) la Corte falla respecto de los nombramientos de los “jueces subrogantes” y por mayoría, determinó la inconstitucionalidad de la Resolución 76/2004 del Consejo de la Magistratura de la Nación, en función de la cual había sido designado el magistrado suplente que entendió en el proceso en cuestión, mas confirmó la declaración de validez de las actuaciones cumplidas por aquél al amparo del régimen reputado inconstitucional. Además, decidió mantener en el ejercicio de sus cargos a quienes hubieran sido designados para ejercer la función jurisdiccional en los tribunales que se encontraban vacantes hasta que cesaren las razones que originaron su nombramiento o hasta que fueran reemplazados, o ratificados, mediante un procedimiento constitucionalmente válido que debería dictarse en el plazo máximo de un año. Se trata de una sentencia “atípica” o de “mera inconstitucionalidad”.

2007 Fallo “Iglesias, Antonio Martín” (11.7.07) de la Corte declaró inconstitucional el Decreto 1777 del Gobernador de la Provincia de Córdoba en el que se establecían reducciones a los haberes jubilatorios.

2008 En caso: “Mendoza, Beatriz” (8/07/08), referido a la contaminación ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo la Corte declaró por un lado, su incompetencia originaria para conocer de la demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y, por el otro, fijó su competencia originaria en relación con las pretensiones concernientes a la prevención, la recomposición y el resarcimiento del daño colectivo. Lo que fue calificado como fallo limitativo de su competencia.

En el fallo “ATE” (18/11/08) la Corte considera que limitar la posibilidad de promover elecciones de delegados a los sindicatos con personería gremial contradice el derecho de libre asociación de los trabajadores garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, entre otros tratados internacionales, por el Convenio 87 de la OIT

En el caso “Salas, Dino” (28/12/08) la Corte ordenó, como medida cautelar, el cese de la tala y desmonte de bosques nativos en la provincia de Salta que habían sido autorizados en violación del Artículo 75 Inc. 11 de la Constitución.

2009 En el caso “Halabi, Ernesto” (27/02/09) la Corte declaró inconstitucional la ley espía y admitió una suerte de acción de clase.

En el caso “Arriola” (25-08-09) el Alto Tribunal resolvió, por unanimidad, declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años (sustituibles por medidas educativas o de tratamiento), y admite la tenencia sin aclarar cantidad ni tipo de drogas.

En el caso “Rossi, Adriana” (9/12/09), la Corte por unanimidad, declaró inconstitucional que el llamado fuero sindical, sea sólo para autoridades y delegados de sindicatos con personería gremial, debiendo proteger también a las autoridades y delegados de sindicatos simplemente inscriptos.

2010 Ese año dictó 14.907 sentencias.

En el fallo “Álvarez, Maximiliano” (7/12/10) El Alto Tribunal ordenó la reincorporación de un trabajador despedido en un acto de discriminación por parte del empleador, sosteniendo que si un trabajador puede probar que fue discriminado (no sólo por motivos sindicales, sino por cualquier otro), podrá pedir su reincorporación.

2011 Dicta Acordada 31 de notificación por medios electrónicos.

2012 Dicta Acordada 3 que dispone que el Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos reglamentado por acordada 31/2011 será de aplicación obligatoria para las causas en que tramiten los escritos de interposición de recurso de queja por denegación de recurso extraordinario a partir del 7 de mayo de 2012 y ordenar que para todos los recursos extraordinarios que se promuevan a partir del primer día hábil de 2013 se integrará con el código de usuario dispuesto por la Acordada 31/11. Esto es sólo para la Capital Federal.

El fallo de la Corte en el caso “F. A. L. s/ Medida autosatisfactiva” (13/03/12) estableció que las mujeres con un embarazo producto de violencia sexual se encuentran constitucionalmente protegidas para realizar abortos en los términos del artículo 86 Inc. 2) del Código Penal. Se trataba de un aborto ya practicado a un niño  por nacer con 8 meses de gestación y donde se fijan pautas para casos futuros entre las cuales están los protocolos de los hospitales y donde se admiten la objeción de conciencia de los médicos. Es una sentencia en abstracto y con efecto normativo.

Dicta el fallo “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (24/04/12), en el que ordena al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que intervenga con equipos de asistencia social, dando atención y cuidado del niño y su discapacidad, a quienes no tienen vivienda  y se encuentran en situación de calle y garantizar alojamiento adecuado e implementación razonable del derecho a una vivienda digna y otorgar solución habitacional adecuada hasta cese de estado de necesidad.

La Corte del Siglo XXI

Lo que aspiramos para el futuro de la Corte Suprema es que sea:

  1. El Tribunal Supremo federal.
  2. El que garantice la supremacía de las leyes federales.
  3. El máximo interprete interno de los tratados, normas y fallos de tribunales internacionales.
  4. El máximo interprete las leyes federales y los actos administrativos dictados por órganos del gobierno federal.
  5. La que resuelva los conflictos de poderes entre los tribunales federales y entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
  6. Unifique los criterios interpretativos que tengan los máximos tribunales provinciales de las leyes generales y códigos de derecho común dictadas por el Congreso.
  7. Intensificar el proceso de digitalización de los procesos y poner en igualdad de condiciones a los litigantes del interior con los de la Capital Federal.
  8. Que inste a los Tribunales o Cortes Suprema de las provincias a actuar como tribunales constitucionales y menos como tribunales de apelación o casación.
  9. Exhortar a los poderes políticos a resolver la situación de los tribunales nacionales y federales con asiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
  10. Que limite a una cantidad razonable los casos que tenga que resolver.

Bell Ville, Mayo de 2012.

 

A 25 Años de la vigencia de la Constitución de Córdoba, Argentina

Jacques Maritain

Dignos como persona

Desde el 30 de abril de 1987 está vigente la quinta Constitución de Córdoba que en su preámbulo declaró como su primera finalidad: “de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.”

Pero, ¿qué significa dignidad?

Es fácil la respuesta por la negativa: lo contrario de indigno, pero si lo intentamos por la afirmativa la explicación es más ambigua, como la del Diccionario de la Academia cuando la define como: “Excelencia, realce” o “Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse”

La dignidad de la persona humana surge de su naturaleza espiritual y material, de su conciencia racional y libre, de su destino trascendente, y es lo que hace al hombre diferente y lo pone por encima de los demás seres de la creación, y para que estos le sirvan para alcanzar su destino temporal y sobrenatural. La dignidad merece respeto y permite a las personas sentirse pleno y satisfecho.

En la Constitución –que emplea 30 veces la palabra persona- veremos que la dignidad se muestra cuando afirma que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (Art.4). Cuando declara: “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.” (Art.5); que las “(…) personas (…) son libres e iguales ante la ley y no admiten discriminaciones” (Art. 7); que esta garantizada “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (Art. 9); como la “libre iniciativa privada y actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (Art.10) y que “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano” (Art. 66).

Hay un capítulo dedicado a los “Derechos personales” y cuando enumerar los derechos sociales expresa: “Todas las personas en la provincia tienen derecho (…)” (Art. 23), y los mismos se reconocen en su condición de padre (Art. 62 Inc. 5), hijo (art.34 y 62 Inc.5), mujer (Art. 24), niño (Art. 25), joven (Art. 26), anciano (Art.28), discapacitado (Art.27), preso (Art. 44), consumidor (Art.29), litigante, ciudadano, funcionario, magistrado o empleado público. Está garantizada la intimidad personal, familiar, de su morada y en las comunicaciones (Arts. 50, 45 y 46).

En el capítulo de las “Asociaciones y Sociedades intermedias”, que las personas integran a partir de la familia y como miembros de la sociedad política, se exalta la dimensión social del hombre. Al referirse a las “Políticas Especiales del Estado”, declara “la economía al servicio del hombre” (Art. 67), las refiere a su bienestar (Art. 56), a su salud (Art. 59), a su participación en los adelantos tecnológicos (Art. 64), y al gozo del medio ambiente (Art. 66). Declara que: “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (Art. 61).

Los cambios que ocurren en las sociedades trastocan la vida de las personas y ponen en crisis su escala de valores. Las constituciones -producto de estos cambios y que se dictan, generalmente, en épocas de crisis- sirven para organizar la sociedad, dar sentido al orden normativo y para declarar principios y exaltan valores que orienten el destino de las sociedades y de quienes la componen. Cuando los cambios y las crisis oscurecen el rumbo de sus existencias, es bueno consultar a esta suerte de brújula, que es la Constitución, para saber a donde estamos parados.

Volver a estos criterios implica adoptar una óptica que:

* Si nos referimos a la política en vez de analizarla privilegiando los intereses de partidos, de hegemonías, o de políticos, como ocurre muchas veces, lo hagamos a partir del ciudadano;

* Si debatimos sobre educación, pensemos primero en el educando y no a lo que es útil para la producción o los “modelos”;

* Si nos referimos a la salud preservemos la vida de la persona desde la concepción y hasta su muerte natural;

* Si de la economía se trata, pongámosla al servicio del hombre y no de la producción capitalista o de falsos nacionalismos;

* Si hablamos de inseguridad, enfoquemos el análisis desde la persona que la padece y de quién delinque, preguntándonos por qué lo hace y como puede ser corregido e integrado a la sociedad;

* Si nos referimos al ambiente, preservémoslo para nosotros y para nuestra posteridad, y no para servir a mezquinos intereses;

* Si el problema es la droga u otras adicciones, comencemos por los que la consumen o la han adquirido, indagando el por qué lo hacen, y como se puede recuperar a los adictos, para combatir, luego, al infame negocio que lucra con ellos.

Jacques Maritain decía que el humanismo “tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia”  y, agregaba, “requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad.”

La Constitución nos recuerda, a un cuarto de siglo de su vigencia, que somos dignos.

Córdoba, Abril de 2012.

A 20 Años de aprobado el Convenio 169 de la OIT sobre Indígenas y Pueblos Tribales

Comunidades aborígenes de Jujuy

Tuve el honor, siendo diputado de la Nación, de presentar el primer proyecto de ley; que consensuado luego con los de otros colegas (Marcelo López Arias –que lo presentó como proyecto de declaración y luego se lo modificó para convertirlo en proyecto de ley y al que acompañaban otros diputados-, Salvador Formosa y Juan Ayala), fue sancionado en la Cámara que integraba en la sesión del 30 y 31 de octubre de 1991, luego en el Senado el 4 de marzo de 1992, y, más tarde, fue promulgado de hecho, el 7 de abril de ese año, como ley 24.071; que aprobó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que había sido aprobado el 7 de junio de 1989 en la 76ª Conferencia General en de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrada en Ginebra,  Suiza; y que había entrado en vigencia a nivel internacional el 5 de septiembre de 1991. En la redacción de mi proyecto intervino el abogado Horacio Moavro y el diputado Héctor Gatti lo acompañó con su firma

Dicha ley se publicó en el Boletín Oficial el 20 de abril de 1992 y el Poder Ejecutivo dictó el Instrumento de Ratificación recién el 17 de abril de 2000, y fue depositado en la OIT el 3 de julio de ese año. Según dispone: “este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación” (Art. 38.3), por lo que el mismo rige en nuestro país desde el año 2001.

El Convenio

El Convenio, divididos en 10 partes, tiene 44 artículos, y en su breve introducción se invoca el “Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales,”  del Convenio 107 de 1957,  y declara que:

“Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos (indígenas) a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;”

Entre sus disposiciones merecen destacarse:

  • En la Parte I, que trata sobre “Política general”, la afirmación de que: “La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio” (Art. 1.2) y que “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos” (Art. 3.1). Además reza que: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.” (Art.12)
  • Con el título: “Tierras”, dispone en la Parte II, que “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.” (Art.14.1). Esto último tiene una escasa aplicación porque es pobre la atención y apoyo gubernamental y escaso el que le presta la sociedad en su conjunto, con muy pocas excepciones.
  • En la Parte III dispone sobre “Contratación y condiciones de empleo”, que: “Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.” (Art. 20.1) Esto tiene una casi nula aplicación y control por  parte de los organismos gubernamentales encargado de hacerlo.
  • En la IV, que se refiere a “Formación profesional, artesanía e industrias rurales”, declara que: “Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos” (Art. 21).
  • En la Parte V, que norma sobre: “Seguridad social y salud”, se declara que “Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.” (Art. 24)
  • En la ParteVI  referida a “Educación y medios de comunicación”,  hay una disposición que dice: “Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.” (Art. 26)
  • En la Parte VII sobre “Contactos y cooperación a través de las fronteras”, rezaLos gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural y del medio ambiente.” (Art. 32)
  • En la Parte VIII hay reglas sobre “Administración”, y en las IX y X, titulados “Disposiciones generales” y “Disposiciones finales”, contienen disposiciones institucionales y de forma.

Constitución Nacional

Poco después de la ley que aprobó el Convenio, y al reformarse la Constitución de 1994, se agregó a su texto, como atribución del Congreso, el:“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” (Art. 76 Inc. 17). La casi totalidad de estos principios están contenidos en el Convenio de la OIT.

Leyes Nacionales

La ley 23,302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes de Argentina. (Boletín Oficial, 12 de Noviembre de 1985) y el  Decreto Reglamentario Nº 155/89.

La ley 24.544.aprobó el Convenio Constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América latina y el Caribe. (Boletín Oficial, 20 de octubre de 1995).

La.ley 24.956 (Boletín Oficial, 28 de mayo de 1998). incorporó al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 la temática de autoidentificación de identidad y pertenencia a comunidades aborígenes, mediante la ampliación de los módulos previstos en el mismo.

La.ley 25.517 dispuso que los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas debían ser puesto a disposición de las comunidades indígenas a las que pertenecían. (Boletín Oficial, 20 de diciembre de 2001).

La ley 25.549 Declaró de utilidad pública y adjudicó tierras a la Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T’oi. (Boletín Oficial, 31 de diciembre de 2001).

La ley 25.607 dispuso la Campaña de difusión de los derechos de los pueblos

indígenas. (Boletín Oficial, 18 de junio de 2002).

La ley 25.811 Declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación tierras de Lapacho Mocho.(Boletín Oficial, 1 de diciembre de 2003).

La ley 26.206 de Educación Nacional dispone: “Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a sus lenguas y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as” (Art. 11 Inc. ñ)

Constituciones, leyes y disposiciones provinciales

Hay disposiciones sobre los derechos de los indígenas en las constituciones de las provincias de Buenos Aires (Art. 36 Inc.9), de Chubut (Art.34 y 95), de Salta (Art. 15), de Jujuy (Art.50), de Río Negro (Art. 21 y 42), de Neuquén (Art. 239 Inc. d), de Formosa (Arts. 48, 79 y 93 Inc. 10), La Pampa (Art. 6º) y la de Chaco (Art. 37).

En la provincia de Chaco se dictó ley provincial 3.258.de las comunidades indígenas y creó el Instituto del Aborigen Chaqueño. (Boletín Oficial, 5 de junio de 1987) y la ley 4.617 facultó al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con pobladores no aborígenes que habitan zonas de reserva de comunidades indígenas. (Boletín Oficial, 28 de julio de 1999). La ley 4.801 modificó artículos 13 y 14 de la ley 3.258 (de comunidades aborígenes) y sustituye término mataco por wichi. (Boletín Oficial, 17 de noviembre de 2000).

En la provincia de Chubut se dictó la ley 2.378 de Mensura y amojonamiento de tierras. Rawson. (Boletín Oficial, 15 de octubre de 1984). La ley 3.247 creó la Comisión Provincial de Identificación y Adjudicación de Tierras a las Comunidades Aborígenes. (Boletín Oficial, 10 de enero de 1989). La ley 3.510 de Reconocimiento de Comunidades Indígenas radicadas en la provincia. (Boletín Oficial, 30 de marzo de 1990). La ley 3.657 de creación del Instituto de Comunidades Indígenas. (Boletín Oficial, 30 de agosto de 1991). La ley 3.765. Instituto autárquico de colonización y fomento rural. (Boletín Oficial, 9 de noviembre de 1992). La ley 4.013 que creó el registro de comunidades indígenas de la provincia del Chubut. (Boletín Oficial, 19 de octubre de 1994).

En la provincia de Formosa se dictó la ley 426 integral del aborigen en la que se crea el Instituto de Comunidades Aborígenes. Formosa. (Boletín Oficial, 20 de noviembre de 1984). Se dictó el Decreto 983/2003. Convocatoria a elecciones en las comunidades aborígenes para elegir director. (Boletín Oficial, 11 de julio de 2003). Se dictó la Resolución 120/2002 que autoriza a comunidades aborígenes a practicar la caza de subsistencia.. (Boletín Oficial, 22 de abril de 2002).

En Mendoza se dictó la ley 6.920 que reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la Provincia de Mendoza. La ley 6.920. Reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la Provincia de Mendoza. (Boletín Oficial, 9 de octubre de 2001).

En la provincia de Misiones se dictó la ley 2.727 de Aborígenes – Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes – Creación – Comunidades Guaraníes –  y deroga ley 2.435. (Boletín Oficial, 27 de diciembre de 1989). La ley 3.773 de creación del Registro de Nombres Aborígenes de Misiones. (Boletín Oficial, 6 de agosto de 2001).

En la provincia de Río Negro se dictó la ley 2.200 de reserva de tierras para radicación. Agrupación Indígena Cañumil. (Boletín Oficial, 7 de diciembre de 1987). La ley 2.233 creó la Comisión de Estudio del Problema Indígena de la Provincia de Río Negro.. (Boletín Oficial, 19 de septiembre de 1988). La ley 2.287 sobre Recursos humanos. Población indígena. (Boletín Oficial, 2 de enero de 1989). La ley 2.641 que otorga titulo de propiedad en forma gratuita a integrantes de la reserva indígena Ancalao. (Boletín Oficial, 26 de julio de 1993).Ley 2.641. Otorga titulo de propiedad en forma gratuita a integrantes de la reserva indígena Ancalao. Viedma, 17 de junio de 1993. (Boletín Oficial, 26 de julio de 1993).

En la provincia de Salta se dictó la ley 4.086 de Reservas indígenas. (Boletín Oficial, 12 de enero de 1966). La ley 4.517 sobre Reserva indígena provincial. (Boletín Oficial, 17 de octubre de 1972). La ley 5.675 que aprueba el  Convenio sobre la formación de secciones de baqueanos aborígenes. (Boletín Oficial, 3 de noviembre de 1980). Ley 6.067. Convenio sobre promoción integral de familias aborígenes chaqueñas. (Boletín Oficial, 9 de marzo de 1983). Ley 6.373 sobre promoción y desarrollo del aborigen. (Boletín Oficial, 3 de julio de 1986). Ley 6.469 de regularización jurídica de asentamientos poblacionales. (Boletín Oficial, 9 de setiembre de 1987). Ley 6.570. La ley de colonización de tierras fiscales. (Boletín Oficial, 26 de diciembre de 1989). La ley 6.759 de creación del Museo Etnográfico en Tartagal. (Boletín Oficial, 4 de noviembre de 1994). La ley 7.121 referida a Desarrollo de los pueblos indígenas. (Boletín Oficial, 9 de enero de 2001).

En la provincia de Santa Cruz se dictó la ley 1.862 que creó el “Plan Cacique Limonao” de promoción y asistencia a las colonias Villa Picardo y Laguna Sirven. (Boletín Oficial, 2 de diciembre de 1986).

En la provincia de Santa Fe se dictó la ley 5.487 de creación de la Dirección Provincial del Aborigen. (Boletín Oficial, 3 de enero de 1962). La ley 10.701 de creación de escuela de educación inicial de comunidad mocoví en Recreo. (Boletín Oficial, 12 de diciembre de 1991). La ley 11.078 de comunidades aborígenes. (Boletín Oficial, 4 de enero de 1994). La ley 11.588 de desafectación de terreno en comuna de Berna Departamento General Obligado. Comunidad aborigen. (Boletín Oficial, 26 de octubre de 1998).

En de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas de Atlántico Sur se dictó la ley 405 de adjudicación de tierras a las Comunidades del Pueblo Ona de la provincia. (Boletín Oficial, 27 de julio de 1998). La ley 592 de adjudicación de tierras a las Comunidades del Pueblo Ona de la provincia: modificación. (Boletín Oficial, 5 de diciembre de 2003).

El Anteproyecto de Código

El “Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación” de la comisión integrada por Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, (creada por Decreto presidencial Nº 191/2011) incorpora entre los derecho reales “la propiedad comunitaria indígena” (Art. 1887 Inc. c) y Arts. 2028 al 2036) y declara que: “El titular de este derecho es la comunidad indígena registrada como persona jurídica. La muerte o abandono de la propiedad por algunos o muchos de sus integrantes no provoca la extinción de este derecho real, excepto que se produzca la extinción de la propia comunidad” (Art. 2029). Dispone, además, que: “La propiedad comunitaria indígena puede ser constituida: a) por reconocimiento del Estado nacional o de los Estados provinciales de la posesión inmemorial comunitaria; b) por usucapión; c) por actos entre vivos y tradición; d) por disposición de última voluntad. En todos los casos, la oponibilidad a terceros requiere inscripción registral. El trámite de inscripción es gratuito.” (Art. 2031) En otra parte dice que: “La propiedad indígena es exclusiva y perpetua. Es indivisible e imprescriptible por parte de un tercero. No puede formar parte del derecho sucesorio de los integrantes de la comunidad indígena y, constituida por donación, no está sujeta a causal alguna de revocación en perjuicio de la comunidad donataria.” (Art.2032) Y, añade, que: “La propiedad indígena no puede ser gravada con derechos reales de garantía. Es inembargable e inejecutable por deudas.” (Art. 2034)

Jerarquía Constitucional

En el Congreso se han presentado proyectos de ley para darle jerarquía constitucional al Convenio 169, algo que nuestra Carta Fundamental autoriza, exigiendo el “voto de las dos  terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara” (Art. 75 Inc. 22), y que su sanción sería muy oportuna al cumplirse en estos días el vigésimo aniversario de la promulgación de la ley 24.071.

                                               Córdoba, Abril de 2012.

Corte Suprema de Justicia de la Nación vs. Tribunal Superior de Córdoba

Palacio de Justicia de la Nación

Palacio de Justicia de la Nación

El Tribunal Superior de Córdoba en 2011 dictó 1119 sentencias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese mismo año, sólo dictó 173 fallos en los que resolvía recursos en contra de las sentencias de dicho Tribunal Superior, en los que sólo se revisaron 16, de los cuales 14 fueron revocados y 2 confirmados. El resto fueron rechazados: 48 por defectos de redacción (Acordada 4/ 2007), otros 48 por “falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia” (Art. 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial) y 43 por no refutar, en los recursos, los argumentos de las sentencias impugnadas.

Ello nos permite afirmar que:
• Son muy pocas las sentencias del Tribunal Superior que llegan recurridas a la Corte, tribunal que en el año 2010 dictó en total 14.907 sentencias.
• Muchos recursos extraordinarios (Art. 14 de la ley 48) son rechazados por el Tribunal Superior, donde se interponen, luego de una larga espera (algunos pasan los 12 meses), y los que apelan no siempre recurren en queja ante la Corte cuando se los deniegan.
• Los recursos que llegan a la Corte son con frecuencia defectuosos en su redacción o no están bien fundados.
• La gran mayoría de los fallos del Tribunal Superior son revocados, en los pocos casos que la Corte los revisa.

La escasa cantidad de recursos que llegan desde Córdoba a la Corte se explica por: el alto costo que significa para los litigantes del interior tramitar recursos ante el Alto Tribunal ya que se les exige constituir domicilio en Buenos Aires, los escritos de queja deben ser ingresados por Mesa de Entradas en la Capital Federal, acompañando de un depósito de $5000 que debe hacerse en el Banco Ciudad de Buenos Aires, que no tiene sucursales en el interior del país. Esto obliga a contratar a abogados de Buenos Aires para fijar domicilio y hacer estos trámites.

Los abogados matriculados de todo el país están habilitados para patrocinar o representar a sus clientes ante la Corte Suprema, lo que no siempre significa que estén preparados para asumir esta responsabilidad. Esto explica, en parte, el por qué de tantos recursos rechazados por defectuosos.

Para superar las desventajas que tienen los abogados del interior para litigar en la Corte debería permitirse que los recursos se puedan presentar por Internet o por correo, sin necesidad de constituir domicilio, ni tener que hacer un depósito en un banco porteño. Las notificaciones y traslados se podrían hacer también en forma electrónica a los estudios ubicados en provincias. La Acordada 31/11 del 13/12/2011 del Alto Tribunal en la que se reglamentó el domicilio digital es un paso positivo en este sentido.

Nuestra experiencia profesional en denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, nos demuestra que las mismas, pueden tramitarse desde nuestro país, sin tener que constituir domicilio, ni tener que contratar abogados en la Capital de los Estados Unidos, ni viajar a esa ciudad para hacer las denuncias, evacuar los traslados, o recibir notificaciones o cualquier tipo de información atinente a dichos trámites. El Internet y el correo son los medios adecuados para hacer estos trámites.

Es ridículo que las normas procesales exijan todavía, en la era informática, para presentar un recurso de queja el plazo de 5 días hábiles, más un día por cada 200 kilómetros, o fracción que no baje de 100, entre la ciudad donde se denegó el recurso extraordinario y la Capital Federal. Esto nos recuerda la época de las carretas. Estas distancias hoy han sido superadas por los medios informáticos, lo que exige una pronta reforma de las normas procesales. La reciente Acordada 31/11 de la Corte que exige constituir domicilio electrónico es un avance.

La Constitución argentina, a diferencia de su modelo norteamericano, unificó la legislación de fondo a través de los códigos que dicta el Congreso y encomendó a la Corte Suprema velar, en los casos judiciales, su aplicación, para lo cual debe armonizar los criterios interpretativos de los tribunales provinciales.

El Tribunal Superior cordobés, en los casos antes indicado, no siempre interpreta la Constitución Nacional y Provincial con los criterios de la Corte Federal, como ocurrió, cuando permite:
• reducir la jubilaciones, contrariando la prohibición de la Constitución Provincial;
• admitir el impuesto a la valija; o
• al no declarar inconstitucional la ley de riesgo de trabajo para indemnizar enfermedades no previstas en su listado o hacer posible la acción civil para resarcir daños superiores a los topes establecidos por dicha ley.

Estas diferencias de criterios han dado lugar a muchos y extensos pleitos, y a que se mantengan vigentes normas provinciales y municipales inconstitucionales.

No comparto las razones de la Corte para declarar inconstitucional el artículo 58 de la Constitución provincial al declarar que “la vivienda única es inembargable”.

La doctrina judicial y de los autores de Córdoba ha sido siempre relevante en el país, pero ello no justifica que judicialmente seamos una “isla” o practiquemos un “cordobesísimo” que nos aparte del orden que impone la Constitución.

Córdoba, marzo de 2012.

A donde Estudiar para ser Político

Este dilema se me planteó antes de entrar a la universidad y lo resolví cambiando la idea que tenía mientras cursaba el secundario de estudiar ingeniería civil, por la de inscribirme en la Facultad de Derecho. Hoy no estoy arrepentido, ya que esos estudios me sirvieron para: ejercer la profesión de abogado; para militar en política y ejercer cargos legislativos; y ser profesor universitario, en la enseñanza de una materia tan política como lo es el derecho constitucional.

L’École Nationale d’Administration

Lamentablemente no hay en nuestro país carreras universitarias ni de estudio superiores que formen a políticos, como los hay en otros países. En Francia, por ejemplo, existe la Escuela Nacional de Administración (ENA), creada en 1945 por el presidente Charles de Gaulle, con sede actual en Estrasburgo, donde se forman muchos de los altos funcionarios del gobierno y la administración, a quienes se les llama: énarques. Lo fueron 2 presidentes y 7 primeros ministros, aunque los énarques son raros en el gabinete del actual presidente Nicolás Sarkozy.

En Brasil ocurre algo parecido conla Fundación Getulio Vargas, creada en 1944 por el presidente que le dio su nombre, y que provee, desde entonces, de personal político y administrativo a los distintos gobiernos del país vecino.

En el nuestro muy pocos egresados de las escuelas de ciencias políticas se dedican a la política, entre los cuales está el actual el jefe de gabinete de ministros Juan Manuel Abal Medina.

Los que alcanzan, en nuestro país, el título de abogado, que en otros países se les denomina –a lo mejor con mayor precisión- licenciatura en derecho, están habilitados para ser no solamente abogados,  sino también jueces, fiscales, defensores públicos, auxiliares de la justicia, asesores letrados y auditores; y sus conocimientos les sirven para ejercer el arte de la política en cargos como los de:constituyente, legislador, concejal, presidente, gobernador, intendente, ministro, secretario de estado, o en funciones partidarias o de asesoramiento.

Desde que recuperamos la democracia en 1983 todos los presidentes elegidos por el pueblo han sido abogados, y tres de los cinco que lo hicieron provisionalmente en la crisis de2001 a2003, también lo fueron. Los dos que no eran letrados: el ingeniero Ramón Puerta y el empresario Eduardo Caamaño ejercieron la primera magistratura sólo 3 días cada uno.

En la etapa de 53 años,  en el que se alternaron gobiernos civiles con gobiernos de facto (1930-1983), y en la que la mayoría de los presidentes fueron militares, solamente fueron abogados los presidentes Roberto Ortiz, el vicepresidente que lo sucedió por la enfermedad que lo llevó a renunciar antes de fallecer, Ramón Castillo (1938-1943), y Arturo Frondizi y José María Guido, que lo siguió como presidente de facto, luego del golpe de estado que lo derrocó (1958-63). Entre 1854 y1930 de los 16 presidentes que hubo 11 fueron abogados.

Desde que en 1994 se creó el cargo de jefe de gabinete de ministros 7 de los 13 que ejercieron ese cargo eran abogados. En el actual gabinete del Poder Ejecutivo Nacional 5 de los 15 ministros son abogados.

En la composición actual del Congreso dela Nación, segúnla Direcciónde Información Parlamentaria, hay 62 diputados y 27 senadores que son abogados.

En Diputados hay también 21 ingenieros -10 de los cuales de especialidad agrónomos- ; 10 contadores; 9 médicos; 6 economistas; 4 psicólogos; 4 licenciados en ciencia política, una en relaciones internacionales, una en humanidades, una en ciencias de la educación, una en bromatología, uno en Turismo, y otra en servicios sociales; 3 son veterinarios; 3 arquitectos; 2 odontólogos; 2 sociólogos; 2 bioquímicos; una bióloga; un farmacéutico; un master en sistema y servicios; y 25 de declaran docentes, profesores o pedagogos.

En el Senado hay, además, 6 ingenieros; 3 médicos; 3 contadores; 2 periodistas; un licenciado en economía; un arquitecto, una fonoaudióloga; un sociólogo; una bioquímica; un agrimensor; y 6 son profesores o docentes.

La formación y capacitación que hacen los partidos políticos es por demás deficiente y la debilitación de los mismos, ocurrida en los últimos años, ha agravado esta insuficiencia, que no ha podido ser corregida a pesar de los aportes que el Estado les asigna a los partidos con este propósito, mediante el Fondo Partidario Permanente; ni por el Programa Nacional de Formación de Dirigentes y Fortalecimiento Institucional” del Instituto Nacional de Capacitación Política dependiente del Ministerio del Interior, por su sectaria orientación oficialista; ni por los programas o becas de las fundaciones nacionales o extranjeras  (como las alemanas Konrad Adenauer, Friedrich Ebert o Friedrich Nauman) y de otras ONG que entre sus fines tienen la educación política.

Si queremos mejores políticos tendremos que, además de corregir las carencias antes apuntadas, mejorar su educación, y, hasta que tengamos una Escuela como la que hay en Francia o en Brasil -si alguna vez se creara-, habrá que reformar al menos las currícula de las facultades de derecho, que son las que proveen mayor cantidad de personal político. La creación en los últimos años, de cátedras, cursos, seminarios y maestrías, de: ética; de derecho parlamentario, procesal constitucional,  electoral y constitucional comparado en algunas facultades ha sido un aporte positivo para la formación de nuestros políticos.

Córdoba, febrero de 2012.