La Reforma Constitucional para la Re-reelección

Cristina Fernandez de Kirchner

En febrero de 2011, meses después del deceso de Néstor Kirchner, y ante la imposibilidad de continuar con la rotación matrimonial en la presidencia, la diputada Diana Conti declaró: “Deseamos una reforma constitucional porque queremos una Cristina eterna”, postulando así su reelección indefinida, y posicionándose, en la interna del oficialismo, respecto de las futuras elecciones. Este anticipo, nunca desmentido por la primera mandataria, tuvo eco en la voz de su fiel vicepresidente, de su segundo mandato, Amado Boudou, cuando la reemplazó en el primer mes de haber asumido, en enero de 2012.

La eterización en el poder tiene antecedentes históricos notables dignos de ser recordados como cuando:

  • Éramos gobernados por la Corona española y ésta le correspondió a don Carlos de Austria o de Habsburgo, que como rey de España llevó el nombre de Carlos I y gobernó durante 42 años (1516[]1556), y fue el primero en unir las coronas de Castilla, Aragón y Navarra, y fue el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos V (15201558);  
  • Su sucesor Felipe II de Austria o Habsburgo, de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Inglaterra e Irlanda le tocó gobernar otros 42 años (1556- 1598).
  • En el período patrio, antes de la sanción de la Constitución, Juan Manuel de Rosas fue gobernador de Buenos Aires durante 20 años (1829-1832 y 1835-1852), y lo hizo investido con las “facultades extraordinarias y la suma del poder público” y estuvo a cargo de las relaciones exteriores del país por delegación que le hicieron las provincias, hasta que fue derrotado en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852.
  • En los regímenes autocráticos o totalitarios, alguno de los cuales todavía existen en el mundo, como es el caso del que gobierna Cuba, donde Fidel Alejandro Castro Ruz presidió el gobierno durante 47 años, entre 1959 y 2006, siendo además secretario del partido (único) comunista, y lo sucedió, hasta ahora, su hermano Raúl Castro Ruz, habiendo superado no solamente en años de permanencia en el poder, sino también en el número de opositores fusilados, presos y exiliados, al dictador Fulgencio Bastista (presidente entre 1940 a1944 y 1952 a 1959), a quién derrocó encabezando la Revolución cubana, que se gestó mediante la guerrilla que se desarrolló entre 1956 y1959, y que tuvo un importante apoyo de la opinión publica internacional.

La propuesta de la diputada Conti tuvo,  poco después, el aval de uno de los teóricos del “modelo”, Ernesto Laclau, quien afirmó en un reportaje queEn primer lugar hay que ver si Cristina no puede ser reelecta, si no se modifica la Constitución. Sé que a ella no le gusta que se mencione el tema, pero me parece que una democracia real en Latinoamérica se basa en la reelección indefinida. Una vez que se construyó toda posibilidad de proceso de cambio en torno de cierto nombre, si ese nombre desaparece, el sistema se vuelve vulnerable.” [1]

El juez de la Corte Suprema de Justicia más afín al gobierno, Eugenio Raúl Zaffaroni, propuso implantar un sistema parlamentario, que reemplace al presidencialismo, donde el presidente y el primer ministro puedan ser reelectos, y donde Cristina Fernández, además de hacerse reelegir en forma infinita, podría alternarse, entre ambos cargos como lo comenzó a hacer con su marido Néstor Kirchner y que frustró su fallecimiento. Llama la atención que Zaffaroni no haya planteado este propuesta cuando fue convencional constituyente en 1994.

Esto nos trae a la memoria lo que viene sucediendo en Rusia con el presidente Vladimir Putín, que después de serlo en forma interina entre 1999 y 2000 fue elegido para ese cargo por el período 2000 y 2008, y al que sucedió, elecciones mediante, el joven presidente del Consejo de ministros Dmitri Medvédev entre 2008 y 2012, período en que Putin fue presidente de dicho Consejo de ministros. Ahora, y por tercera vez, desde 2012 Putin fue elegido presidente y Medvédev pasó a ser nuevamente presidente del Consejo de Ministros. Alternancia que se podría suceder en forma indefinida en el tiempo.

En la 12ª Carta Abierta del grupo de intelectuales kirchneristas que dirige Ricardo Forster del 25 de agosto pasado, se expiden a favor de la reforma constitucional, sin aludir concretamente a la reelección presidencial, expresando: ¿Cómo no reconocer que Argentina necesita una nueva Constitución? El proceso de transformación en curso que en nuestro país reconfigura la nación es parte del fenómeno que recorre Suramérica. Y este fenómeno merece una altura constitucional diferente. Esta es nuestra convicción y nuestro compromiso”.

Y propone como temas de la reforma: “Un nuevo cuerpo normativo, realizado y sostenido por un sujeto constituyente popular, debe establecer una barrera antineoliberal, en el reconocimiento de la multiculturalidad, la reconstrucción de la geometría del Estado, la inclusión de nuevas formas de propiedad, el dominio nacional-estatal de los recursos naturales, la protección del ambiente humano y natural, el reconocimiento de la salud como derecho y la responsabilidad del Estado para ofrecer respuestas integrales a la necesidad de salud de las poblaciones con eje en servicios públicos, el respeto a la heterogeneidad lingüística del territorio nacional, las relacionales colaborativas entre sociedad y Estado: en suma, el reconocimiento de áreas que requieren un gran debate imprescindible.” Todas materias que podrían legislarse sin necesidad de reformar la Ley Fundamental.

Cuando se discutía el borrador de este documento María Pía López, en un rapto de sinceridad, expresó: “Yo creo que la reforma es urgente fundamentalmente, hay que ser muy explicito, porque está en juego la continuidad de este gobierno y porque el kirchnerismo no tiene otro candidato que Cristina Fernández de Kirchner. Porque este proyecto político no puede ser continuado por personas como Scioli y porque hasta el momento no ha surgido un candidato alternativo. Podemos discutir todo lo que queramos acerca de la necesidad de las reforma legales, las transformaciones sociales, etc., pero creo que hay que ser muy explicitos con las necesaria defensa de la cláusula reeleccionista.”[2]

Julio Pereyra, intendente de Florencio Varela, ha llegado a afirmar recientemente que: “Cristina dejará de ser nuestra líder cuando el pueblo lo decida, y no cuando la Constitución lo determine.” [3]

Historia a nivel nacional

La Constitución de 1853 estableció el período de seis años para el presidente y vicepresidente de la Nación prohibiendo la reelección en el siguiente período, y, recordando al extenso gobierno de Rosas, en el artículo 29 tipificó un delito para quienes concedan o ejerzan las “facultades extraordinarias y la  suma del poder público”, que el Código Penal castiga con reclusión o prisión perpetua (Arts. 227 y 215).

 Dos presidentes fueron elegidos por segunda vez, pero no en forma continuada, ellos fueron: Julio Argentino Roca (1880 – 1886 y 1898 – 1904) e Hipólito Irigoyen, que no pudo terminar su segundo mandato por el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 (1916 – 1922 y 1928 – 1930).

 Sin embargo, el reeleccionismo se impuso en las reformas de la Constitución de 1949 y de 1994, que habilitaron a Juan Domingo Perón (1946 -1955) y a Carlos Saúl Menem (1989 -1999) para hacerse reelegir, en el primer caso en forma indefinida y, en el segundo, reduciendo a cuatro años el mandato con relección sólo para el siguiente. Ambos consiguieron ser elegidos en las urnas para un segundo mandato. Pero las segundas partes no fueron para nada mejores y Perón no pudo terminar su segundo período de 6 años -por el golpe de estado de 1955 mejor conocido como Revolución Libertadora-, y Menem, que terminó el suyo, intentó hacer reformar nuevamente la Carta Fundamental para su re-reelección en un tercer período, lo que no consiguió y su gobierno terminó muy desprestigiado. Raúl Ricardo Alfonsín también intentó sin éxito reformar la Constitución para hacerse reelegir para un segundo período, y no pudo concluir su primer mandato por la grave crisis económica que lo hizo renunciar en 1989.

La Constitución reformada en 1994 dispone en su Artículo 90 que “El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”.” Y en el Artículo 91 que “El presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde.”  La disposición transitoria Novena reza:El mandato del Presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como primer período (corresponde al Art. 90).” De esta manera se modificó el artículo 77, vigente desde 1853, que decía que. “El presidente y vicepresidente durarán en sus empleos el término de seis años; y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un período.”

En las provincias

En las provincias los gobernadores intentaron, y en algunos casos consiguieron, hacerse reelegir para lo cual tuvieron que hacer modificar las constituciones locales.

Eduardo César Angeloz, gobernador de Córdoba entre 1983 y1995, logró hacer reformar la Constitución en 1987 para ser relecto por un segundo mandato, lo que consiguió, y una vez finalizado éste, consiguió un fallo del Tribunal Superior, que él había designado, que con una forzada interpretación constitucional le permitió, para su desgracia, hacerse reelegir por tercera vez, mandato que consiguió en las urnas, pero por su mala gestión no pudo terminar. Luego de renunciar afrontó una causa penal por corrupción en la que fue absuelto por el beneficio de la duda.

En Formosa, Gildo Insfrán es gobernador desde 1995 hasta ahora, que ejerce su quinto mandato, luego de haber sido vicegobernador entre 1987 hasta 1995.

En Santa Cruz Néstor Kirchner gobernó entre 1991 y 2003, para lo cual, como ocurrió en los casos anterior, tuvo que hacer reformar la Constitución provincial mediante una Convención Constituyente en 1994, que hizo posible su segundo mandato, y en 1998, para su tercero. Pero como, en este caso, no tenía los dos tercios de votos suficientes en la Legislatura para convocar a la Convención, llamó a una consulta popular que mereció serías impugnaciones, y, por una mayoría del 57%, logró que se convocara a la Convención que aprobó la reelección indefinida luego de que se retirara la oposición.

Carlos Menem, que fue el único presidente argentino que gobernó durante dos mandatos seguidos (1987-1999), gobernó la provincia de La Rioja entre 1973 a 1976, y, luego del gobierno militar, fue elegido y reelegido, ejerciendo nuevamente la gobernación entre 1983 a 1989.

José Jorge Alperovich es el único gobernador de Tucumán que fue elegido para un tercer mandato en esa provincia, y ejerce actualmente ese cargo desde el año 2003.

Desde ese mismo año San Juan es gobernada por José Luis Gioja pero para hacerse reelegir por tercera vez en 2011 hizo hacer una consulta popular para modificar la Constitución, que fue cuestionada hasta por su propio hermano, por no ajustarse al procedimiento prescripto en la misma.  

Monseñor Joaquín Piña, obispo emérito de Iguazú, infringió una dura derrota en elecciones de constituyentes en 2006 por un porcentaje de votos del 14 % al Gobernador Carlos Rovira de Misiones en su intento de reformar la Constitución para hacerse reelegir como gobernador, con el apoyo del presidente Néstor Kirchner.

Sólo tres provincias argentinas permiten actualmente en sus constituciones la reelección indefinida: Formosa, Santa Cruz y Catamarca.

Los gobiernos de familia

Carlos Arturo Juárez fue gobernador de Santiago del Estero entre 1948 y 1952, volvió a serlo entre 1973 y 1976, y, luego de la dictadura militar, lo fue por tercera vez, entre 1983 y 2001. En el 2002 lo reemplazó su esposa, Mercedes Aragonés de Juárez, y él pasó a ser su ministro, pero la provincia fue intervenida por el gobierno federal en el año 2004, por un grave escándalo.

 Felipe Sapag fue gobernador de Neuquén durante diez y seis años, aunque en períodos discontinuos, entre 1963 y 1966, 1970 y 1972 (de facto), 1973 y 1976, 1983 a 1987 y 1995 a 1999. Su sobrino Jorge Augusto Sapag es gobernador actual de esa provincia desde 2007, luego de haber sido vicegobernador desde 1999.

 En 1983, Ramón Saadi fue electo como gobernador de Catamarca. En 1987, fue electo Senador. Sin embargo, quien lo reemplazo como gobernador, su padre Vicente Leonidas Saadique ya lo había sido durante algunos meses del año 1949, murió en 1988 y Ramón Saadi volvió a la gobernación en reemplazo de él. La familia Saadi dominó la política catamarqueña hasta que en 1990, el asesinato de María Soledad Morales, resquebrajó su poder.

En San Luis los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá gobernaron la provincia veintisiete años, entre 1983 hasta 2010 -cinco mandatos el primero y dos el segundo-.

En Latinoamérica

Las reelecciones se han impuesto, también, en algunos países vecinos donde existen, lo que Guillermo O´Donnell llama, las “democracias delegativas”, o “populistas”, como las califica Ernesto Laclau; como es el caso de la Venezuela de Hugo Chávez (desde 1999), el Ecuador de Rafael Correa (desde 2006), la Bolivia de Evo Morales (desde 2006)y la Nicaragua de Daniel Ortega (1985-1990 y desde 2007), para lo cual sus presidente han tenido que hacer reformas constitucionales, mal interpretando las reglas que las autorizaban.

Al reeleccionismo hay que sumarle, en estos países, que las instituciones están debilitadas; los parlamentos parecen “escribanías” –auque ello incomode, con razón, a los notarios-; la justicia no es independiente; los órganos de control parecería que no existieran; las autonomías provinciales o municipales son más simbólicas que reales; las sociedades intermedias (partidos políticos, ONGs, empresas, medios de comunicación, etcétera) están debilitados; el “clientelismo” está a la orden del día; las expropiaciones están al orden del día; y los ciudadanos participan cada vez menos de las decisiones políticas y sus derechos han sido vulnerados de distintas maneras

Perpetuar a nuestros gobernantes y delegarle más poderes es olvidar el por qué bregamos por recuperar la democracia.

El problema de los dos tercios

Para que la reforma sea posible en nuestro país hay que cumplir con lo que dispone la Constitución Nacional en su artículo 30 que dice: “La constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros (…)”, lo que se interpreta de cuatro maneras distintas:

  1. Dos tercios de los presentes (Convenciones constituyentes de 1860, 1866 y 1949 en Diputados).
  2. Dos tercios de los que integran la Cámara (1994).                                                             
  3. Dos tercios de los que ejercen el cargo, excluyendo a las bancas vacantes (por que no han asumido, que están de licencia o los que han renunciado, fallecido o han sido removidos o inhabilitados, y no han asumido en su remplazo sus respectivos suplentes o quienes hayan sido electos).
  4. Dos tercios de los presentes que votan, excluyendo a los que se abstienen, pero que están presentes (proyecto del diputado Francisco Durañona y Vedia de 1991).

La interpretación correcta desde mi punto a vista, aunque quizás no sea actualmente el de la mayoría de los autores, es la de los dos tercios de los presentes por las siguientes razones:

  1. No existe cámara sino cuando la misma está sesionando con el quórum que exige el artículo 64 de la Constitución (“Ninguna de ella entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros”), y lo que expresan los Reglamentos de ambas Salas (Artículo 15 del Reglamento interno de  Diputados que dice: “Para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros(…)” y el Artículo 16 del Reglamento del Senado, dispone: “La mayoría absoluta del número constitucional de senadores hará Cámara”). Sobre el número de los presentes, que son los miembros de la Cámara, deberán contarse los dos tercios de votos.
  2. Los constituyentes usaron indistintamente las expresiones: “dos terceras partes, al menos, de sus miembros” (Art. 30) o “dos tercios de los votos” (Art. 66 y 70) y “dos terceras partes de sus miembros presentes” (Art. 53 y el 86 que se incorporó en la reforma de 1996) o “dos tercios de los miembros presentes” (Art. 59); sin hacer una diferencia entre los mismos. En el 71, según la numeración de 1860, que después de 1994 lleva el número 81, en la sanción de las leyes que debía hacer por cuarta vez la cámara revisora exigía dos tercios de los miembros y en la quinta sanción de la cámara de origen dos tercios de los presentes. Ello fue corregido en la Convención de 1994 simplificándose a tres sanciones, en vez de las cinco exigidas antes de la reforma, y unificándose las expresiones, respecto de la mayoría exigida, que ahora en todos los casos es de: “dos terceras partes de sus miembros presentes“. En realidad, los constituyentes de 1853, no quisieron hacer la sútil distinción que motiva esta enojosa polémica, sino que quisieron referirse en todos los casos a los dos tercios de la cámara, que siempre tiene por miembros a los legisladores presentes. Los senadores y diputados que duermen en su casa o caminan por las calles, no forman parte de ninguna cámara. Si esta diferencia de redacción fuera también conceptual, no se explicaría el por qué de la referida diferencia del artículo 71 (en la redacción anterior a 1994 ahora 81)  Tampoco se explicaría por qué el presidente puede ser destituido por el Senado en juicio político, con dos tercios de los miembros presentes (artículo 59), mientras que un diputado o senador puede ser corregido por desórdenes de conducta, la mayoría de las veces con una sanción muy leve (llamado de atención, suspensión o multa) sin necesidad de removerlo, “con dos tercios de votos” (artículo 66), lo que demuestra que en 1853 se pensó que en los dos casos se trataba de los dos tercios de los que formaban cámara o sea de los presentes. Si se interpretara lo contrario se estaría exigiendo una mayoría inferior para aplicar la pena más severa, y una mayor para aplicar la sanción más leve, lo que no se compadece con el principio de “afianzar la justicia”.
  3. La reforma de la Constitución de 1860 fue convocada por la ley número 234 de la Confederación, que se sancionó con el voto de los dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras (mediante una ley que aprobaron las dos cámaras reunidas en Asamblea), y la reforma de 1866 se convocó por la ley 171, que tuvo media sanción del Senado, también con los dos tercios de los presentes. Si tenemos en cuenta que en aquella época hacía pocos años que se había sancionado la Constitución, y muchos de los constituyentes vivían y actuaban en la vida pública, la interpretación auténtica, hecha por los legisladores de entonces, cobra mayor relevancia que la que hicieron los de 1949, cuando sin tener dos tercios del total de sus integrantes, la Cámara de Diputados voto la media sanción de la ley 13.233, que luego fue convalidada por la Convención, que al modificar la Constitución en el artículo 30 agregó el término “presentes”. 
  4. La jurisprudencia no ha tenido ocasión de pronunciarse en nuestro país respecto de este tema, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos de América lo hizo en el caso “Missouri P.R. Co. Vs. Kansas“, 248 U.S., 276, de 1919, y “Rhode Island vs. Palmer (National prohibition cases)“, 235 U.S., 350 de 1923, en los que frente a textos similares al del artículo 30 que tiene la Constitución norteamericana, se consideró válido el criterio de los dos tercios de los miembros presentes.
  5. Si la Constitución hubiera querido, en el artículo 30, referirse a los congresistas que tienen las salas y no a los miembros de cada cámara, quizá habría empleado la expresión “total de los miembros“, como lo hace en el artículo 84, última parte, antes de la reforma de 1994, al referirse al quórum especial de la asamblea legislativa del escrutinio y rectificación de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación.
  6. Respecto del ingenioso proyecto de Durañona y Vedia, destinado a facilitar la relección del presidente Carlos Menem antes del Pacto de Olivos, no cambia mi punto de vista ya que los legisladores que se abstienen de votar y forman quórum deben ser considerados como integrantes de la cámara en la que se contabilizan los dos tercios de votos exigidos por el artículo 30.
  7. La reforma constitucional de 1994 no unificó las expresiones “de los miembros” y de los “miembros presentes” sino que agregó otra distinta en dos de los párrafos del artículo. 75 Inc. 22, en donde se dice: “dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, y dejó pasar la oportunidad para uniformar su lenguaje al respecto, salvo en lo que hoy es el artículo 81, con lo que se perdió la posibilidad de dar por terminado este debate doctrinario y político.

Las elecciones y la convención constituyente

Pero para reformar la Constitución el gobierno no dispone actualmente de los diputados y senadores que en el Congreso voten la declaración de la necesidad de la reforma. Para cambiar de esta situación es necesario conseguir un triunfo resonante en las elecciones de 2013, tanto en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (dispuestas por ley 26.571) como las de renovación legislativa, y luego de conseguido la mayoría en el Congreso y de aprobada la ley que declare la necesidad de la reforma deberán obtener igual triunfo en las elecciones de Constituyentes, y en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que las deberán preceder. Con estos resultados deberá hacerse la Convención que podrá reformar de la Constitución, y hecha la misma, y si consigue que ella la autorice a presentarse de nuevo a elecciones, Cristina Fernández deberá ganar las elecciones primarias abiertas y las de primera y, eventualmente, de segunda vuelta presidencial de 1915. Un camino bastante difícil de transitar. Algunas encuestas que se han publicado recientemente, como la de Poliarquía[4], demuestran que la opinión pública no acompaña la idea de la re-reelección.

Por qué no a la re-reelección

Más allá del debate de la convención constituyente de 1994 que redujo el mandato presidencial  de seis a cuatro años y permitió una reelección; los argumentos en que se fundamenta mi oposición a que se permita la re-reelección mediante una nueva reforma constitucional para favorecer a la actual presidente, o cualquier otro que lo intente en el futuro, son los siguientes:

  1. Es necesario limitar en el tiempo el mandato de los presidentes que son la máxima autoridad de la República.
  2. Durante su mandato no debe reformarse la Constitución para beneficiarlo con la reelección y mucho menos con la re-reelección.
  3. No es conveniente que el presidente que disputa una elección esté ejerciendo dicho cargo porque tiene una gran ventaja frente a sus rivales.
  4. El presidente que aspira a la reelección debe dedicar parte de su tiempo y de su gestión a convencer al electorado que debe elegirlo nuevamente y descuida su función específica.
  5. La reelección se convierte en una necesidad cuando el presidente o sus colaboradores han cometido graves errores o delitos en el ejercicio de sus cargos y pretenden con la continuidad en los mismos evitar que los actos de corrupción puedan ser investigados o castigados por la justicia.
  6. La prolongación de los mandatos en el tiempo producen un desgaste en los funcionarios que sólo puede superar la renovación.
  7. El límite a la reelección obliga a los partidos y a la sociedad a generar nuevos liderazgos para producir el relevo del mandatario que termina su período.
  8. El mandatario que no puede ser reelegido debe preocuparse más del bien común y de dejar una mejor imagen para el juicio de la historia.
  9. La experiencia histórica demuestra que no fueron positivas la permanencia por períodos prolongados de los gobernantes.
  10. Las reformas de las constituciones no deben hacerse para favorecer a personas, partidos o sectores de la sociedad, y menos si ellas están en el gobierno en ese momento.

Una sabia frase de Montesquieu sintetiza lo que aquí hemos dicho: “Cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo.” No dejemos, otra vez, que esto suceda en Argentina.

                                                      Córdoba, Septiembre de 2012.


[1] Página /12, del 2 de octubre de 2011 “La real izquierda es el kirchnerismo”, reportaje de Ailín Bullentini.

[2] Beatriz Sarlo, “La trampa de la reelección eterna”, página 15, La Nacion, 29 de agosto de 2012.

[3] Beatriz Sarlo, Artículo citado, página 15.

[4] Diario La Nacion del l2 de agosto de 2012, con título de tapa.

La sanción a “libro casi cerrado” del Código Civil y Comercial

Dalmacio Velez Sarsfield

Las dos Cámara del Congreso el 4 de julio de 2012 crearon la “Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación” integrada por 15 diputados y 15 senadores, con el objeto de analizar y elaborar el despacho previo al tratamiento legislativo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que fue redactado por la comisión que presidió Ricardo Lorenzetti, e integraron Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, la que consultó a un centenar de juristas sobre el “ámbito específico de (su) especialidad”, entre los cuales no hubo constitucionalistas.

Mientras se redactaba el proyecto, el año pasado, la Corte Suprema presidida por Lorenzetti y de la que Highton es vicepresidenta, dictó 9886 fallos, lo que evidencia el esfuerzo que tuvieron que realizar estos jueces para elaborar en tan poco tiempo el anteproyecto, que le fue entregado al Poder Ejecutivo el 24 de febrero de 2012, el que lo envió el 8 de junio, con algunas modificaciones, al Congreso, con el proyecto de ley y con la propuesta de creación de una Comisión Bicameral para que sea sancionado este año, como anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Comisión Bicameral; de mayoría kirchnerista, que preside el senador Marcelo Fuentes y que comenzó a sesionar el 8 de agosto; no puede sustituir ni modificar la Constitución ni los reglamentos internos de las Cámaras que reglan “La formación y sanción de las leyes”. Por ello mientras sesiona la Comisión Bicameral la Cámara de origen puede continuar el tratamiento del proyecto sin tomar en cuenta el plazo de 90 días, ya que el mismo no interrumpe el funcionamiento del Congreso, que no tiene plazo para sancionar leyes.

La creación de la Comisión Bicameral se hizo para limitar el tiempo del tratamiento del proyecto, que desde que fuera conocido ha sido objeto de innumerables cuestionamientos de fondo y de forma y por la inconstitucionalidad de alguno de sus artículos.

En 90 días es imposible escuchar a todos los colegios de abogados y a las asociaciones de magistrados, a las facultades e institutos de derecho civil y comercial de la universidades, a las academias de derecho que hay en el país, como a las demás sociedades intermedias afectadas por el proyecto y a los expertos que no tuvieron oportunidad de participar en la elaboración del mismo.

Tampoco en 90 días es posible estudiar y debatir la derogación de un Código Civil, que tiene más de 4 mil artículos, y de Comercio, en el que luce más de 500, ni revisar los 2700 que tiene el proyecto. El ridículo plazo de diez minutos de exposición fijado por la Comisión para quienes quieran hacer aportes orales muestra el poco interés que hay en receptarlos, a pesar que el nuevo Código, después de la Constitución, será la ley más importante que regirá la vida los argentinos.

Tampoco se separó en el tiempo el debate en general, referido a si hace falta o no hacer una reforma total o parcial de los dos códigos, y si es necesaria la unificación de ellos; del debate en particular, referido a las distintas secciones, capítulos y artículos en que se divide el Código. Mezclarlo, es contrariar el sentido común y la secuencia establecida por los reglamentos de las cámaras, y reemplazarlo por una maratón de exposiciones y de propuestas por escrito, que nadie escuchará, leerá, refutará, ni tomará en cuenta al momento de votar.

El Código Civil vigente, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield -en base al “Esbozo de Código Civil” del gran jurista brasilero Augusto Teixeira de Freitas- se aprobó, es cierto, a “libro cerrado” después que el presidente Domingo F. Sarmiento y el ministro Nicolás Avellaneda lo enviaran el 25 de agosto de 1869 al Congreso, donde fue aprobado 22 de septiembre por Diputados y el 25 por el Senado, lo que permitió que fuera promulgado por el Ejecutivo el 29 de septiembre de ese año, y entró en vigencia el recién el 1º de enero de 1871.

Con lo de la Comisión y los 90 días al Código proyectado se lo pretende aprobar a “libro casi cerrado”, luego de un debate exprés, y se aspira ponerlo en vigencia a los 180 días de promulgado –según dice el proyecto-, sin que haya un mínimo consenso en la sociedad, como el que hubo en 1869; olvidándose que el mismo regulará la vida de más de 40 millones de argentinos –en vez del 1.877.490 que había entonces-, y su aplicación dependerá de más de 200 mil abogados y más de 5 mil jueces y fiscales que hoy actúan en los tribunales de nuestro país.

Además hoy, debemos reconocer con humildad, que el proyecto actual, más allá de lo discutible de sus disposiciones, no fue redactado por Vélez Sársfield; ni fue iniciativa del presidente Sarmiento y del ministro Avellaneda; ni tiene como fuente el “Esbozo” de Freitas, todo lo que permitió en 1869 confiar en la bondad de sus cláusulas.

El debate en general se pronostica inútil, y el en particular sólo se espera pocas modificaciones, lo que me permite afirmar que la sanción será a “libro casi cerrado”.

​Córdoba, Agosto de 2012.

La Constitución como parapeto de los jubilados cordobeses

José Manuel De la Sota

La Constitución de Córdoba al disponer que: “El Estado Provincial (…) asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales  a la remuneración del trabajador en actividad” (Art. 57) ha fijado una garantía que ha servido y sirve de parapeto para sostener los beneficios previsionales de los pasivos provinciales frente a los embates que se han ideado contra los mismos, como: Cuando el gobernador Ramón Mestre dictó el decreto 1777/95, que rebajó los beneficios un 18%, tomando como base el ingreso líquido de los activos en vez del bruto –contrariando una modalidad adoptada hace muchos años por todos los sistemas previsionales del país- lo que fue insólitamente convalidado por el Tribunal Superior, y, lógicamente, descalificado luego por la Corte Suprema; y ahora, con la ley express 10.078 que dispone que “El reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrán efecto a partir de los cientos ochenta (180) día computados desde la fecha que fuera percibida la variación salarial.” (Art. 4º) Que literalmente no dispone que la postergación significa que el Estado se engulle los siete meses de aumento de los activos y que no fueron pagados a los pasivos, sino que los tendrá que abonar, con la correspondiente retroactividad, pasado los 180 días desde que lo cobre el activo. Lo allí escrito no parece que hubiera sido la intención de los autores del proyecto, a estar por algunas declaraciones posteriores de los mismos, que al explicar los beneficios económicos para las finanzas provinciales dan a entender que no se abonará a los pasivos las retroactivamente de los siete sueldos anteriores reajustados a los activos. El perjuicio para los jubilados, a estar por esta interpretación literal, es que nada se ha previsto de abonar la indexación y los intereses de este postergado pago en un momento en que Argentina tiene una de las inflaciones más alta del mundo. Si prevalece la interpretación de que la Caja no debe pagar los aumentos de los siete meses el perjuicio es por demás significativo. Contra estos atropellos no queda otra que invocar la referida cláusula constitucional que garantiza que los beneficios jubilatorios son “móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad.”  Pero los haberes de los pasivos pueden ser reducidos también con la inconstitucional delegación de potestades prevista en esta misma ley, que contradice la prohibición de hacer dichas delegaciones establecida en el artículo 13 de la Constitución, por la que “El Poder Ejecutivo podrá modificar los porcentajes de aportes personales y contribuciones patronales”, ya que a través de esta potestad el gobernador, si dispone reducir el alto porcentaje que se les descuenta al salario de los activos como aporte para la Caja, podría encubrir un “aumento”, que luego no le sería otorgado a los pasivos. Municipios y Comunas La Ley 10.077, aprobada el mismo día que la anterior, que bien denuncia el Acuerdo por el que las provincias -entre las que estaba Córdoba-, cedían el 15% de la coparticipación al Gobierno Nacional, tiene una disposición que perjudica a los Municipios, cuando dispone: “Aféctase el incremento de los recursos de la coparticipación federal de impuestos generado con motivo de la denuncia del acuerdo formulado en la presente norma a la Caja de Jubilaciones (…), hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra. El remanente formará parte de los recurso que por ley se coparticipan con los municipalidades y comunas (…)” (Art. 3º) Ello también es contrario a la Constitución provincial cuando regla que “Las Municipalidades disponen de los siguientes recursos: (…) Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al veinte por ciento (…)” (Art. 188 Inc. 3).  La solución constitucional, a la inversa de lo que dispone la referida ley, es que sobre el 15 % de la coparticipación federal recuperado debe extraerse el porcentaje destinado a los Municipios y Comunas, que no puede ser inferior al 20 %, y del resto, que le queda a la Provincia, se destinarán los recursos que necesita la Caja de Jubilaciones. Si a la Provincia no le alcanzan los recursos para abonar la actualización de los haberes de los activos y de los pasivos, no tiene por qué postergar sólo el de los pasivos, ya que ello implica una inaceptable discriminación al sector más débil, los jubilados y pensionados, que sólo se diferencia de los activos en que no pueden ejercer el derecho de huelga, ni, por ello, paralizar el funcionamiento de las reparticiones del Estado. Córdoba, Agosto de 2012.

A los 325 Años del Colegio Nacional de Monserrat de Córdoba

Dr. Jorge Horacio Gentile en el Colegio Nacional de Monserrat

Señor Director, autoridades presentes, señores profesores, queridos  compañeras y compañeros egresados, alumnos, señoras y señores:

Vuelvo después de 53 años al muy querido Colegio Nacional de Monserrat; del que me fui a fines de 1959, luego de la tradicional ceremonia en la que los egresados se arrojan a la fuente del Patio Mayor; con el título de bachiller, dispuesto a enfrentar un porvenir incierto, a tratar de realizar un proyecto de vida, teniendo entre manos algunas metas, ideales e ilusiones – bastante vagas-, que me surgieron mientras permanecí en sus aulas.

Pero esta vez no vine en tranvía, como lo hice en los seis años en que fui alumno. La calle Obispo Trejo y Sanabria era, entonces, más angosta, no era peatonal -como tampoco lo eran ninguna de las del centro-, y los rieles del tranvía, han hoy desaparecido. Recuerdo que cuando fuimos estudiantes se demolió la antigua almacén que había en frente del Colegio, oportunidad en que se rompió un recipiente del que se derramaron muchas monedas antiguas, lo que nos llamó mucho la atención.

El edificio de la Casa de Duarte Quirós está ahora dentro de la manzana declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO; lo que permitió que su fachada esté mejor cuidada, pintada e iluminada que en la década del ’50, tanto, que, hasta los escritores de grafitis, hoy la respetan.

En el entrada no está más escrita la leyenda: “Nadie es tan grande que pueda entrar o salir con el sombrero puesto”.

La pizzería de Don Luis; a donde íbamos algunas veces, después de clases, a comer su tradicional pizza no está más en la calle 27 de Abril y Obispo Trejo, donde hoy luce la plazoleta Jerónimo Luis de Cabrera.

La Argentina y Córdoba, en aquella época, tenía menos de la mitad de habitantes que ahora. Las familias eran más numerosas y estables. Yo venía de una en la que éramos y somos 7 hermanos, y la de mi compañero de promoción, brillante alumno y gran amigo que falleció en Roma, Carlos Horacio Clariá, eran 17.

La mayoría de las madres no trabajaban y estaban dedicadas a educar a sus hijos y a cuidar el hogar. Además, de la actual reducción de miembros y del menor tiempo que se dedica a la vida familiar, hay que agregar que entonces había muchísimo menos padres separados o divorciados que ahora.

En el interior del Colegio me encuentro ahora que hay tantas o más mujeres que varones, algo impensado en mi época, que tuvo el privilegio de  hacer un experimento de ingreso femenino, pero que duró poco tiempo y no prosperó. Recuerdo que las compañeras  mujeres que tuvimos se podían contar con los dedos de la mano. El ingreso masivo de mujeres se concretó, para bien, recién en 1998, luego de una dura resistencias, a la que nunca me quise plegar.

Los alumnos y alumnas de hoy, a diferencia de lo que ocurría hace más de 5 décadas, usan uniformes; tienen, como sus profesores, teléfonos celulares, y a través de los mismos o de sus computadoras, netbook, notebook, IPad o tablet están conectados a Internet, se informan mejor y se comunican con fluidez entre sí y mediante las redes sociales con personas de todo el mundo, especialmente por Facebook y Twitter. Obtener, en aquel entonces, un teléfono fijo en una casa de familia podía demorar años.

No hubo en Córdoba televisión hasta 1960, tampoco había fotocopiadoras. La globalización que hoy vivimos, era también impensada entonces, ello obliga a los jóvenes de ésta época a estudiar necesariamente, para leer y hablar, el idioma universal que es hoy el inglés. En mi época podíamos optar entre estudiar el idioma de Shakespeare, el francés o el italiano. La educación bilingüe es hoy imprescindible, mal que nos pese.

En el plan de Estudio, que se mantiene hoy como Bachillerato Humanista, se desarrollaba cuando yo era estudiante en seis años y ahora se lo cursa en siete; con varias materias más. Al estudio del Latín, que teníamos entonces, se agregó para bien, hace ya algunas décadas, el Griego. Las materias Religión, para los que éramos católicos, y Moral, para los que no lo eran, se estudió hasta 1954, y se interrumpió por el conflicto entre Perón y la Iglesia. Durante su presidencia se incorporó también la asignatura Cultura Ciudadana, que en su contenido difundía la doctrina peronista, pero fue suprimida en 1955 cuando se produjo la llamada “Revolución Libertadora”, levantamiento militar que se inició en esta ciudad.

Colegio Nacional de Monserrat

Hoy el Colegio cuenta con un terciario, en el horario que en mi época era utilizado por el Colegio Manuel Belgrano, porque entonces no tenían edificio propio. Las clases de gimnasia las hacíamos en el Parque Sarmiento, detrás del Museo Caraffa.

Mientras fui alumno del Monserrat entre 1953 y 1958, como lo fueron también mi padre y mi hijo, tuve oportunidad de hacer queridos amigos, que todavía conservo, algunos viviendo muy lejos de Córdoba.

Tuvimos excelentes profesores, alguno de los cuales merecen ser recordados por su nombre y por sus apodos, como: José María Fragueiro, “Orejita” Buteler, Próspero Grasso, Ceferino Garzón Manceda, la “Vieja” Centeno”, Román Velasco, Samuel Sánchez Bretón, Mario Revol Lozada, “Mister” Hughes, Felipe Yofre Pizarro, Juan “el Loro” Achaval, Emilio Sosa López, López Carusillo, Sánchez Sarmiento, Santiago Ruiz Fontanarrosa, el “Cachilo” Bustamante, Juan Ignacio Bas y muy especialmente al Maestro de música Alberto Grandi, a quien fastidiábamos cuando cantábamos el himno del Colegio diciendo a coro: “Frente a Duartessssss y Quirós”, práctica que se repitió por años, incluso cuando mi hijo fue alumno.

El país vivió, en esa época, la crisis del segundo mandato de Perón; el conflicto con la Iglesia; el gobierno militar que lo derrocó y que fusiló a militares peronistas; el conflicto entre “libres” y “laicos” y la revolución cubana, todo lo cual impactó en nuestras vidas y en la del Colegio.

La inestabilidad política hizo que los rectores y vicerrectores –hoy Director y Vicedirector- fueran sustituidos tres veces por razones políticas, los dos principales que quiero recordar fueron Valeriano Torres y Rafael Escuti. Cuando fue derrocado Perón recuerdo haber visto a algún profesor con una ametralladora en el hombro en la puerta del Colegio. Los luctuosos sucesos políticos del año 1955 hicieron que ese año se nos eximiera del examen final con el promedio de 4, y no con el de 7 como era siempre.

Actualmente los profesores son designados mediante concurso y existe un Consejo Asesor, lo que no existía en mi época. El exámen de ingreso sigue siendo, para mí, una garantía y un premio para quienes se esfuerzan y aspiran a tener una educación de excelencia, en un momento que nuestras casas de estudios retroceden peligrosamente en todas las encuestas donde se mide la calidad de la educación, y la repitencia y el abandono escolar son más frecuente que antes.

Como profesor universitario de primer año he podido apreciar muchas veces la diferencia que hay entre un egresado de este Colegio y otros que vienen de otras establecimiento que tienen serias dificultades en la comprensión de texto, en lengua, en escritura o en conocimiento elementales de historia o geografía, que la proliferación de institutos privados que preparan ingresantes no han podido corregir. Tengo para mí que el necesario objetivo de la inclusión no tiene por qué contradecir al de la calidad en la educación.

Fui presidente de la Agrupación de Estudiantes del Monserrat –que cumplía funciones similares al Centro de Estudiantes actual- , director del periódico Proa -que imprimíamos con mimeógrafo-; y participé en las luchas a favor de la enseñanza libre, lo que culminó con la ley Domingorena, que autorizó la creación de universidades privadas, lo que hizo posible la fundación de la Universidad Católica de Córdoba, a pocos metros de nuestro Colegio, a donde luego estudié, me gradué como abogado y en la que todavía soy profesor. Esto no me hizo apartarme de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que depende este Colegio, que fue a donde obtuve luego el título de Doctor y de profesor, ahora emérito.

De dirigente estudiantil pasé a militar en política a los 17 años, en las elecciones de constituyente de 1957 y luego en las presidenciales de 1958, habiéndome afiliado, el año siguiente, al partido al que pertenezco actualmente.

En esta querida Casa descubrí muchas de mis condiciones, conocimientos y experiencias, que me marcaron para siempre. Mi vocación por el derecho, la política, la docencia, y la difusión de ideas por la prensa u otros medios nacieron en este Colegio.

La educación humanista que recibí de excelentes profesores, sumada a la circunstancias que rodearon la vida de nuestro país y del mundo de entonces, imprimió en mí valores a los que siempre intenté ajustar mi conducta como: el amor a la libertad, a la justicia, a la democracia, a la Constitución, a la solidaridad, a la igualdad, a la paz, a la excelencia en la educación, al diálogo y al bien común.

Los principales logros que alcancé y las convicciones que me acompañaron en la vida no hubieran sido posible si no hubiera tenido la formación que recibí en esta Casa.

Por eso es que debo agradecer a Dios:

  • por estos 325 años y, por qué no por los próximos 325 años;
  • haber sido y continuar siendo monserratense;
  • por haber pasado por las mismas aulas en la que alguna vez estudiaron próceres de la talla de: Juan José Castelli, Juan José Paso, y el Deán Gregorio Funes; o de quienes fueron presidentes de la República: Santiago Derqui, Nicolás Avellaneda y José Figueroa Alcorta; o por quién redactó el Código Civil: Dalmacio Vélez Sarsfield; o personalidades del siglo pasado: Arturo Orgaz, Ramón J. Cárcano. Deodoro Roca, Leopoldo Lugones y Agustín Díaz Bialet –que egresó con mi padre y fue juez de la Corte Suprema de Justicia-; o los contemporáneos: el filósofo Ernesto Garzón Valdez, el Cardenal Estanislao Karlic, el Ministro de Justicia Jorge de la Rúa y el administrativista, doctorado en la Universidad de París, Enrique Saravia –estos dos últimos que fueron de mi promoción-; entre muchos otros;
  • por los directivos, profesores y compañeros que tuve – con alguno de los cuales nos reunimos desde hace años a cenar los primeros viernes de diciembre para alimentar estos recuerdos-;
  • por la devoción que le debo a la Virgen morena, Nuestra Señora de Monserrat, a quién visité hace algunos años y recé en el Monasterio construido hace más de mil años en su nombre, en una de  las montañas catalanas que hay al norte de Barcelona; y
  • por sentirme siempre guiado por la frase que luce en el escudo del Colegio: En virtud y en letras”, e iluminado, con la que termina su himno: Por la Patria y en la Patria, con la luz del Monserrat.”

Córdoba, 1º Agosto de 2012.

Cómo garantizar la libertad religiosa en Argentina

Jorge Bergoglio

Un paso importante para deslindar definitivamente los ámbitos de competencia entre el Estado Argentino y la Iglesia Católica Apostólica y Romana; que estuvieron unidos y confundidos mientras fuimos parte de la Corona Española; fue el Acuerdo de la Santa Sede y la República Argentina, celebrado el 10 de octubre de 1966, en el que bajo la fórmula “autonomía y la cooperación”, la Iglesia Católica se liberó de la ingerencia del Estado, establecida por la Constitución, en lo referente a: la designación de los obispos residenciales (patronato), en el pase (o exequátur) de las normas dictadas dictadas en Roma y de la necesaria autorización del Congreso para el ingreso de nuevas órdenes religiosas, lo que se ratificó en la Reforma Constitucional de 1994, donde, además, se suprimió el requisito exigido para ser presidente y vicepresidente de la Nación de pertenecer a la comunión Católica, exigencia canónica para el ejercicio del patronato, que implícitamente el Acuerdo había dejado sin efecto y que la Convención de Santa Fe Paraná eliminó del Texto Fundamental.

Algunas cuestiones que perturban la libertad religiosa

Se dice, muchas veces, que en nuestro país hay plena libertad religiosa y que no hay conflictos como en otros países, lo que es una verdad a media, porque se olvidan los siguientes hechos históricos:

  • Que existe todavía el Registro Nacional de Cultos: que tiene por antecedente una política dirigida a controlar los cultos que no sean el Católico y que se implementó por primera vez mediante el Decreto Nº 15.829, del 31 de mayo de 1946, que dispuso la inscripción obligatoria de los cultos -que no sea el Católico- en un Registro Nacional de Cultos, pero por Decreto Nº 16.160, del 29 de octubre de ese año, se archivaron las actuaciones relacionadas con el anterior decreto. El Decreto Nº 31.814 de 1948 creó el Fichero de Cultos, que el Decreto 1.127, del 6 de febrero de 1959, del Presidente Arturo Frondizi, dispuso reorganizarlo. En el Registro Nacional de Cultos, que reemplazó al Fichero de Cultos, esta regulado desde 1979 por la ley, de facto, 21.745, reglamentada por Decreto 2.037, del 23 de agosto de 1979, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de las instituciones religiosas en el mismo.
  •    A los Testigos de Jehová se les canceló la inscripción en el Registro de Cultos en 1948 y la recuperaron recién en 1984, y han sufrido actos discriminatorios por su negativa a hacer el servicio militar obligatorio y por no honrar los símbolos patrios, y muchos de sus fieles fueron condenados por los Tribunales Militares y padecieron prisión, especialmente durante el último gobierno militar (1976-1983).
  •   Los conflictos de Perón con la Iglesia en 1955, con la expulsión de monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Monseñor Manuel Novoa, después de la procesión de Corpus Cristi del 11 de junio de ese año -cuatro días antes del bombardeo de la Casa Rosada-, que derivó en una marcha al Congreso.  Además del incendio de las iglesias en Buenos Aires. Ello motivó, también, que se dictara la ley 14.404, del 20 de mayo de 1955, por la que se declaró necesaria la reforma constitucional en todo cuanto se vincule a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”; más tarde, por ley 14.424, del 18 de agosto de 1955, se prorrogó por 180 días el plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria, lo que nunca se realizó. Por ley 14.405, del 20  de mayo de 1955, se derogó todas las disposiciones que acordaba exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, templos, conventos, etc.; lo que fue derogado por el Decreto Nº 317 del 4 de octubre de 1955.
  •   El asesinado del obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, y la desaparición, muerte y encarcelamiento de muchos sacerdotes, monjas –alguna arrojada desde un avión al Río de la Plata- y fieles durante la represión durante el último Gobierno Militar.
  •   Los atropellos padecidos por otras confesiones religiosas como las prohibiciones a practicar cultos que no sea el Católico, las censuras, discriminación; las persecuciones, detenciones y desapariciones durante el último gobierno militar; los atentados a personas por su condición de religiosas, a templos, a cementerios, a mezquitas y demás lugares sagrados.
  •   Los actos discriminatorios contra los judíos que al principio del siglo XX, muchas veces, se les sellaba con la estrella de David los documentos de identidad, o las frecuentes inscripción de leyendas o grafitis ofensivos en cementerios o instituciones judías. El atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, donde funcionaba un rabinato, en el que fallecieron 85 personas; que se sucedió al que se perpetuó el 17 de marzo de 1992 contra la sede de la Embajada de Israel.  Marcos Aguinis nos recuerda que la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina) se fundó en 1935 “para enfrentar la campaña antisemita, que fogoneaba la embajada de Alemania nazi con apoyo de los fascistas locales” afirmó que en 2007 se hubo 348 actos antisemitas en Argentina, según fuentes periodísticas, de los departamentos de asistencia comunitaria y jurídica de la DAIA y los datos del INADI.” Durante 2006 llegaron a 586. (La Nación  “Contra el odio a los judíos” del 3 de octubre de 2008)
  •    En el gobierno de Néstor Kirchner hubo conflicto con la Iglesia Católica por distintos motivos.
  •   En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner los conflictos se sucedieron por:
    1. El presidente Néstor Kirchner por Decreto 220, del 18 de marzo de 2005, dejó sin efecto el acuerdo para de designación como Obispo Castrense a Monseñor Antonio Juan Baseotto, que había sido designado en el año 2002; un obispo conservador, porque criticó la posición abortista del Ministro de Salud Ginés González García, con una cita que contenía una metáfora que al Poder Ejecutivo ofendió. En 2007 Monseñor Baseotto presentó la renuncia por haber cumplido 75 años pero no se le designó obispo reemplazante hasta ahora.
    2. Este primer mandatario nunca simpatizó y mantuvo distancia con el cardenal primado Jorge Bergoglio, un arzobispo moderado, y no asistió a los tedeum que se celebran en las fiestas patrias en la Catedral de Buenos Aires, actitud que mantiene su esposa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
    3. En Misiones ante la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, se erigió en líder de la oposición el obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, de perfil progresista, que fue candidato a constituyente en 2006 y triunfó en aquellas elecciones, abortando así la reforma reeleccionista de la Constitución.
    4. Otro motivo de conflicto fue la sanción de la ley 26.130 sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria del año 2006 en el que se autoriza la “ligadura de trompas” y otras prácticas que son contrarias a la  moral natural y según las enseñanzas de las doctrinas religiosas más acendradas.
    5. Aprobación del 2006 del “Protocolo facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las forma de discriminación de la ONU de 1999 contra la mujer” en el que se le reconoce  a un Comité  internacional a hacer recomendaciones sobre aplicación de dicha Convención favorables al aborto.
  1. la falta de respuesta al placet del Estado del Vaticano al embajador Alberto Iribarne, publicitado por el gobierno argentino, tensó las relaciones entre el actual gobierno y la Santa Sede, situación que se superó con la renuncia de Iribarne y la designación del nuevo embajador Juan Pablo Cafiero, quién en poco tiempo obtuvo el placet de la Santa Sede.
  2. La forma en que se acaba de legislar sobre  el aborto en caso de violación a través de una sentencia de la Corte Suprema, donde la muerte del niño por nacer (de 8 meses de gestación) se había producido, y a donde (en abstracto) el Tribunal fija normas generales, procedimientos, protocolos y cuestiones de conciencia para casos posteriores; a sabiendas que el derecho humano a la vida desde la concepción es una de las convicciones éticas más arraigadas por un sector muy importante de la sociedad que profesamos convicciones religiosas en nuestro país
  3. La forma en que se debatió y sancionó en el Congreso de la Nación la ley de matrimonio de las personas del mismo sexo, tema  que no había sido discutido antes en una campaña electoral, ni había sido incluido en la plataforma de ningún candidato y que había sido consultado al pueblo, a sabiendas de que este era un tema muy sensible a quienes tenemos sentimientos religiosos.

Cuestiones pendientes

Pero, más allá de estos conflictos, hay hoy algunos problemas que son necesarios enfrentar para tener una mejor libertad religiosa:

A nivel constitucional:

1. Sostenimiento de los cultos: Actualmente el principal sosteniendo de todos los cultos que hace el Estado Argentino es a través de las exenciones impositiva. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que actualmente sólo tienen valor un simbólico por su insignificancia. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito.

2. Los eclesiásticos regulares (de órdenes o congregaciones religiosas): no pueden ser miembros del Congreso de la Nación (Art. 73 CN), ni de las Legislaturas de Santiago del Estero, Chaco, La Pampa y San Luis, por disposiciones constitucional, que deberán derogarse, por discriminatorias.

A nivel de normas internacionales

3. Propiciar un tratado internacional sobre libertad religiosa.

A nivel de normas nacionales:

4. Matrimonio religioso y civil: Debe reconocerse el matrimonio religioso, y sus consecuencias jurídicas, sin perjuicio de su registración civil, como lo ha hecho, últimamente, la legislación brasilera y chilena.

5. Proyecto de Código Civil y Comercial: No se ha incorporado como persona jurídica las iglesias o confesiones religiosas que no sea la Iglesia Católica. El vertiginoso tratamiento que se le ha impreso al necesario debate que debe haber sobre el mismo, especialmente en cuestiones que afectan a derechos humanos que defendemos quienes tenemos arraigadas convicciones éticas y religiosas, como son las referidas al matrimonio, a la gestación asistida, a la relación de padres e hijos, y a la adopción, para señalar las más importantes, nos hacen temer que, como ocurrió con el aborto y el matrimonio de las personas del mismo sexo, no se haga un verdadero debate, ni se consulte al pueblo respecto de lo que opina sobre estos temas.

6. Educación religiosa: Sin volver a la enseñanza obligatoria de religión o moral, de los años 40 y 50, es necesario incorporar a la educación los contenidos religiosos en los planes de estudio, especialmente ahora donde se trata de extender la jornada escolar. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o  pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), Actualmente se cumple sólo en algunas provincias de Salta y Tucumán.

7. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

8. Políticas sociales: La contribución de las confesiones religiosas a las políticas sociales, decisiva en la crisis del 2001, debe continuar concertada con el Estado, sin descuidar la promoción humana, destino final de ellas.

9. Bienes artísticos y culturales: El estado lamentable de muchos de ellos, especialmente en el interior, hace necesario también concertar políticas, en las que participen el Estado Federal, las provincias y los municipios.

10. Vicariato castrense: La cuestión debe resolverse con diálogo y madurez, algo que no hubo en este desgraciado asunto.

11. Capellanías: Deberá acordarse la asistencia espiritual de los que la necesiten con los ministros de las confesiones que los mismos profesen.

12. Registro de culto. Deberá terminarse con el actual Registro y con la política de fichar o registrar organizaciones religiosas para controlarlas. La Secretaría de Culto debería reconocer la personería jurídica a las confesiones que lo pidan, con su propia organización, sin que tengan que disfrazarse –como ocurre ahora- de asociaciones civiles o sociedades. Pero para ello es necesario definir que es un confesión religiosa, o, al menos, que no es.

13. Personería jurídica de otras organizaciones sociales con fines religiosos. Diferenciar las personería de las confesiones religiosas de las demás organizaciones sociales en las que participan integrantes de ellas o que tienen también fines religiosos, como editoriales, clubes, mutuales, etcétera. Deberán establecerse normas específicas de procedimiento referidas al otorgamiento y cancelación de estas personerías jurídicas religiosas.

14. Consejo federal y consejos provinciales de libertad religiosa: Deberán crearse estos ámbitos de diálogo y debate sobre cuestiones ínter-religiosa a nivel federal y provincial.

15. Ley nacional sobre libertad religiosa: Varias de estas cuestiones deberían ser materia de una ley de libertad religiosa, donde se declaren, además, lo derechos personales y colectivos que lo comprenden. Algunas disposiciones podrían incorporarse al Código Civil, especialmente las que reconocen la personería jurídica de las distintas confesiones religiosas.

16. Código Penal: Deberán penarse conductas contrarias a la libertad religiosa, como los que simulen ser ministros religiosos o atenten contra los que lo sean; y las profanación de lugares destinados al culto o el hurto o robo de objetos sagrados..

17. Acuerdos con los cultos históricos: La Constitución prevé concordatos con la Santa Sede, pero no prohíbe al Estado acordar con otros cultos, lo que podría hacerse como España lo ha hecho con los arraigados.

A nivel Provincial y Municipal:

18. Constituciones provinciales: Las de Catamarca y Santa Fe dicen que la Religión Católica es la de la provincia, contrariando a la Nacional que no adopta religión alguna. La de Corrientes, Mendoza y Santa Cruz nada dicen respecto de la libertad religiosa. La de San Juan, en cambio, declara que: “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, lo que contraría la libertad de culto que, muchas veces, se expresa públicamente.

19. Leyes provinciales y ordenanzas municipales sobre cultos. San Luis ha dictado hace poco una ley creando un registro de cultos, lo que es competencia federal. El Municipio de Rosario tiene una ordenanza sobre libertad religiosa

20. Día de la libertad religiosa. En las Legislaturas de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires se ha declarado por ley al 25 de noviembre como el Día de la Libertad Religiosa, pero sería bueno que ello sea dispuesto por el Congreso de la Nación.

Si alguien quiere averiguar si una sociedad es libre, la respuesta la encontrará si indaga acerca de libertad religiosa que hay en la misma. Los argentinos no debemos descuidar esto que toca la dimensión trascendente del hombre.

Buenos Aires, julio de 2012.

Lo Religioso en lo Público

Jacques Maritain

La dialéctica de la relación entre lo público y lo privado ha tenido un papel fundamental en la historia de las ideas políticas hasta tal punto de poder explicar la filosofía social en función de ella. En la actualidad, la dura confrontación entre las ideologías y las teorías políticas responde en gran medida al rol que se le asigna respectivamente a lo público y lo privado dentro de la sociedad política, y al lugar que ocupa el Estado en esta dicotomía.

Lo privado se define más fácilmente por la  negativa, es lo que no es público. El territorio de lo privado es aquel donde el hombre trata de alcanzar algunos objetivos que no podría conseguir en el ámbito público. No puede reducirse a lo individual, ya que hay colectivos como la familia que sin duda se inscriben en el ámbito de lo privado.

Lo público existe dentro de una sociedad política, cuando la misma tenga constitución, o sea un organización, por más rudimentaria que ella sea.

En la tensión entre lo público y lo privado nacen un conjunto de ideas fundadas en las creencias, en los pareceres, en los recuerdos, en las tradiciones, en los mitos, en las ideologías o doctrinas políticas que forjan su pensamiento, sus consensos, su animus societatis y su voluntad sobre un porvenir compartido.

Las teorías liberales han acentuado el movimiento de las privatizaciones, provocando la inversión de la valoración colectiva al entrar en la Modernidad, con ello se acentuó el declive del hombre público y se sobredimensionó el mercado.

Pero desde comienzos del siglo XX se ha generalizado un interés desmedido por lo público y por limitar el espacio privado. Este nuevo interés se explica por la necesidad de reivindicar la política en respuesta a la interpretación cientificista del mundo. La reivindicación de espacios públicos participativos, en la filosofía práctica de finales del siglo XX, se ha empeñado en profundizar sobre los fundamentos de la democracia, toda vez que los ciudadanos han cambiado la apatía liberal por la intervención en los núcleos decisorios del poder.

En la actualidad, lo público y lo privado tienen un nuevo conflicto a atender que es el del fenómeno y las creencias religiosas.

Algunos interrogantes a responder

Pero para saber en que lugar ubicamos lo religioso nos parece necesario coemnzar a responder a estas preguntas:

¿Para qué el hombre (varón o mujer) está en este mundo, en este universo, rodeado de seres y de bienes del reino animal, vegetal o mineral de los que puede disponer porque están a su servicio?

¿Para qué el hombre, a diferencia de los otros seres de la creación, tiene una dignidad, que le permite tener conciencia de su propio ser, de lo que le rodea, y una libertad para decidir alcanzar lo que es bueno o lo que le es mejor para sus proyectos y aspiraciones?

¿Cuáles son esas legítimas aspiraciones o proyectos que los hombres se proponen o debe proponerse, y que dan o darán pie a la esperanza que mueve sus existencias?

¿Sus propósito, metas, objetivos y fines son sólo temporales, porque estamos convencidos que la vida no termina con la muerte; o tiene un destino y una vocación que la trasciende?

¿Si el destino final del hombre es Dios su relacionamiento o ligazón con Él se da sólo en el hermético ámbito de su intimidad o ello trasciende al interactuar con otros hombres?

¿El relacionamiento con Dios, la religiosidad del hombre y de los hombres, se expresa en la sociedad sólo en el ámbito privado o también penetra en lo público?

¿Es posible y válido trazar una frontera entre lo privado y lo público?

¿Cómo se conjuga, distingue y complementa lo religioso en el ámbito público dentro de una sociedad pluralista y con un estado laico?

Persona humana

El hombre, se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser consiente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.” (Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956).

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios –lo que determina su religiosidad-, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar.

Lo absoluto del fin perseguido, Dios, y la transcendencia del ejercicio de este derecho  nos permite afirmar que el derecho a la libertad religiosa, es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes, como por la institucionales que ellas crean, frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan infringir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide:

  • creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos;
  • rendirle culto;
  • rezar;
  • reunirse o asociarse con otras personas para orar o celebrar su culto;
  • incorporarse, cambiar o abandonar una iglesia o confesión religiosa;
  • adoptar las creencias, dogmas, y aceptar las reglas y ritos de su religión;
  • expresar, transmitir o recibir información religiosa;
  • prestar juramento o hacer promesa en base de sus creencias religiosas;
  • ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad;
  • conmemorar las festividades de su comunidad religiosa;
  • contraer matrimonio según los ritos de su religión;
  • recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan;
  • organizar o participar en instituciones donde se estudien, investiguen, o enseñen  temas religiosos;
  • participar, con su comunidad religiosa, en la construcción y mantenimiento de templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación;
  • participar de la vida social, cultural y política siguiendo sus convicciones morales y políticas.

El ejercicio de la libertad religiosa debe ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

1. Religión: Persona, Sociedad y Estado

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común.

La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

2. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa

La persona, consciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

3. Lo privado y lo público

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas iglesias o confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

El ejercicio del derecho a la libertad religiosa trasciende el ámbito de la conciencia, de lo íntimo, de lo que es privado y se proyecta también al ámbito público, lo que no implica renegar del pluralismo social y político y de la laicidad o secularidad del estado.

El neutralismo en materia religiosa, que muchas veces se pretende para lo público, parte del supuesto que desconoce la religiosidad de las persona y de la sociedad, de sus expresiones en la cultura y en la vida comunitaria, y pretende que ello debe ser herméticamente encerrado en el ámbito de los privado, cuando no de lo íntimo o de la conciencia de las personas, como existe en muchos sociedades dominadas por regímenes totalitarios o autocráticos o donde prevalecen los fundamentalismos religiosos o políticos.

Como bien  nos recuerda José María Carabante Muntada “el mercado ha colonizado la vida social y las estructuras del mercado y las categorías políticas no son compatibles. El desmoronamiento de la solidaridad social, es decir, la incompetencia para la integración de los individuos en proyectos comunes de largo alcance se ha evidenciado en primer lugar a nivel nacional, pero con más virulencia en la esfera internacional, donde poco a poco se va consolidando una globalización parcial, exclusivamente económica. A ello se refiere Habermas cuando afirma que las fuentes de la solidaridad se han secado y hay que revitalizarlas. Una manera distinta pero que no se aleja de la conocida afirmación del descarrilamiento de la modernidad: hay que superar la racionalización funcional, parcial, superficial, entendida en términos económicos y no político-discursivos.” (La religión, entre lo público y lo privado. Reflexiones en torno a la Filosofía de la Religión de J. Habermas, Universidad Complutense de Madrid)

Las razones que el Estado de Derecho -continúa el profesor español- trata de proveer a sus ciudadanos no son suficientes para consolidar la solidaridad entre ellos. Por ello es que Jürgen Habermas –desde una visión laica- es partidario de apelar a las tradiciones “prepolíticas”. Entre ellas, la conciencia y las grandes culturas religiosas son de enorme importancia. Este pensamiento reivindica un nuevo espacio para las categorías religiosas, aunque está muy lejos de abonar el confesionalismo, ya que su propuesta no es un reclamo para extender los principios religiosos más allá de lo que resultaría tolerable en las sociedades actuales.

Lo religioso, en el ámbito público, contribuye, entonces, a enriquecer las creencias y pensamientos que alimentan la solidaridad, la fraternidad y la amistad cívica que dan coherencia a la vida dentro de la sociedad política.

Buenos Aires, julio de 2012.

Peresidencialismo y Parlamentarismo en Argentina

Eduardo Duhalde

Sumario: I. Introducción. II. Críticas al presidencialismo. III. Presidencialismo y parlamentarismo. IV. Nuestro presidencialismo. V. Diferencias de nuestro presidencialismo con el norteamericano. VI. La reforma de 1994. VII. Balance crítico. VIII. Conclusión. 

I.       Introducción

La deformación que padece nuestro sistema institucional con motivo de la gran concentración de poderes que se ha operado en el Poder Ejecutivo Nacional, en los últimos tiempos, ha hecho que algunas personalidades; como el ex presidente Eduardo Duhalde y Eugenio Zaffaroni, no cuando fue constituyente en 1994 sino ahora que es juez dela Corte Suprema, propongan mutar nuestra forma de gobierno presidencialista por otra parlamentaria.

En el Consejo de Consolidación dela Democracia, el presidente Raúl Ricardo Alfonsín y uno de sus principales asesores Carlos Santiago Nino,  ya habían propuesto antes de la reforma constitucional de 1994 una atenuación del presidencialismo y el iniciar un camino hacia un sistema mixto. Alguna de estas propuestas las hizo incorporar Alfonsín en el “Núcleo de coincidencia básicas” del Pacto de Olivos a fines de 1993 y, más tarde, en la reforma constitucional de 1994.

Resulta curioso que las propuestas de modificación constitucional del presidencialismo, que se han hecho y se hacen en nuestro país y en otros del continente, se han encaminado más a adoptar instituciones de sistemas parlamentarios, vigentes en regímenes monárquicos o postmonárquicos europeos; que a volver a los postulados y las experiencias, del funcionamiento institucional, dela Constitución Norteamericana, que fue el modelo de la nuestra de 1853 y de la casi totalidad de las del continente americano, y que es la más antigua del mundo, ya que rige los destino del país del norte desde 1789.

Nuestro punto de partida en este debate serán las necesidades que impulsaron a establecer las instituciones de nuestro régimen político, y las que nos mueven a proponer correcciones en su funcionamiento o reformas en su diseño. La comparación con las instituciones o los sistemas político-constitucionales, de otros países, lejanos o cercanos al nuestro; o la experiencia de su funcionamiento, serán una referencia secundaria en este análisis.

II. Críticas al presidencialismo

El primer punto del Pacto de Olivos, firmado por Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín (14 de noviembre de 1993), que dio lugar a la reformala Constituciónde 1994, fue “La atenuación  del sistema presidencialista por medio de la incorporación de un Jefe de Gabinete o Ministro Coordinador, con responsabilidades frente al Presidente y al Congreso”; con lo que se pretendió cambiar la forma de gobierno presidencialista, basada en la división de poderes, por un sistema mixto, semipresidencialista o semiparlamentario.

Alfonsín, apoyado en dictámenes del Consejo de Consolidación de la Democracia, que creó cuando fue presidente, fue quién propuso esta idea, y en apoyo de la misma expresó que había que lograr “la eliminación del sistema hiperpresidencialista”, “que era necesario terminar con el presidencialismo y pasar a un sistema mixto”, que “el presidencialismo(…)impedía la canalización orgánica de las consecuentes tensiones y provocaba la búsqueda de soluciones al margen de las instituciones, como bien lo conocíamos.” Decía, además que “en un sistema parlamentario mixto (…) las soluciones, aunque lleguen a resultar traumáticas, no implican una lesión constitucional, porque las dificultades pueden superarse con la caída del primer ministro y de su gabinete, tanto por decisión del presidente como del Congreso.” Achacaba al presidencialismo “que al impedir soluciones en el marco institucional y facilitar la recurrencia al golpismo, había generado un peligroso acostumbramiento a una creciente proclividad a la acción directa, a la ajuricidad y a la violencia.” Agregaba que “El semipresidencialismo (…) induce actitudes conciliatorias, ya que facilita una tendencia a repartir el poder(…), con el objeto de formar el gobierno y sostenerlo, lo que permite a los partidos que no triunfaron a conservar una influencia más o menos notoria en la toma de decisiones(…) el sistema tiene suficiente flexibilidad como para tornarse más presidencialista o parlamentarista, según que el presidente reúna o no la mayoría en el Congreso, pero en ambas circunstancias protege el normal funcionamiento de las instituciones. Un sistema mixto estimula y a veces determina la constitución de alianzas, que siempre se conforman con la debida transparencia, preservando las individualidades partidarias y excusando cualquier reparo de legitimidad o de carácter ético, puesto que los acuerdos resultan de la naturaleza del sistema.”

Carlos Nino, su mentor, sostendría más adelante, que “La adopción de un sistema mixto de gobierno, que permita que la Cámara de Diputados intervenga en la formación del gobierno y en un control más estrecho de su ejercicio –entre otras reforma constitucionales de menor urgencia (…)- pueda permitir superar las características del todo-o-nada que tiene la competencia política y sincronizar` con más fidelidad esa formación y ejercicio del gobierno con el resultado de la deliberación colectiva.”

Eduardo Duhalde, siendo presidente y después de serlo, afirma, también, que habría que “atenuar el presidencialismo” y adoptar un sistema “parlamentarista”, como el de los países europeos.

Esta idea de abandonar el presidencialismo ha tenido importantes adeptos, no sólo en Argentina sino también en Latinoamérica, después que se restablecieron los sistemas democráticos-constitucionales y se terminaran las dictaduras militares. Incluso, desde fuera del continente, hubo quienes alentaban cambios en nuestras constituciones en este sentido. “(…) El debate sobre el presidencialismo fue iniciado por la convicción de que las disposiciones institucionales tienen un impacto autónomo sobre la política y que la elección de un sistema presidencialista, parlamentario o de algún otro tipo es de importancia fundamental, La contribución decisiva que promovió buena parte del debate subsiguiente fue el ensayo seminal de Juan Linz, ‘Democracia presidencial o parlamentaria: ¿hay alguna diferencia?’. Originalmente escrito en 1984, el texto argumentaba que los sistemas presidencialistas son poco favorables a la construcción de democracias estables.”

Esto abrió un debate en muchos países de la región, donde muchas veces las visiones partidistas eclipsaban a las científicas. Antonio María Hernández recuerda las opiniones de Juan J. Linz, Arturo Valenzuela y Alfred C. Stepan “(…) acerca de los problemas de gobernabilidad que atribuyeron al presidencialismo, agravados por un sistema electoral proporcional para el poder legislativo, lo que requería según estos autores, un cambio hacia el gobierno parlamentario, para hacer más estables los sistemas políticos democráticos. Sin embargo, como lo indica Zovatto, este tránsito no se produjo,  como  se resolvió especialmente en el referéndum convocado al respecto en Brasil en 1993. Sólo se introdujeron algunas instituciones de tipo semiparlamentarias o semipresidencialistas como la censura de ministros o la posibilidad de disolver el Parlamento como respuesta a esta medida, como lo hicieron las Constituciones uruguaya de 1966, guatemalteca de 1985, colombiana de 1991, peruana de 1993, argentina de 1994, ecuatoriana de 1998 y venezolana de 1999.”

Dieter Nohlen decía que había que “(…)adecuar los sistemas presidenciales latinoamericanos mediante la delegación de las funciones del presidente en un primer ministro, quién tendría las facultades siguientes: a) Ser el jefe de gobierno por delegación presidencial, fundamentalmente en lo que se refiere a la coordinación del gabinete y de la administración del Estado; en consecuencia, el presidente asumiría funciones de jefe de Estado, en donde jugaría un rol para buscar acuerdos políticos y sociales por encima de las diferencias de las fuerzas políticas. b) Ser enlace y negociador entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con el fin de superar las diferencias entre el partido del presidente y el de la oposición. c) Proteger del desgaste político cotidiano al presidente para evitar que sea el responsable de toda política y los problemas del Estado.”

Mario Bunge acaba de sostener que “el presidencialismo es un cáncer que tiende a la metástasis en toda la sociedad. Habiendo fracasado desde su origen, en 1776, es hora de reemplazarlo por el parlamentarismo, el que invita a intensificar la participación, que es el carozo de la democracia auténtica. Además, divide menos y cuesta mucho menos. Aliente el parlamentarismo y ahórrese unos pesos” (La Nación 22 de julio de 2009)

En la ola reeleccionista que campea, en estos tiempos, por Latinoamérica no faltan quienes proponen el parlamentarismo, con la oculta o manifiesta intención, de conseguir la reelección. Este año el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dicho: “Ahora que estamos de regreso en el Gobierno, si las condiciones lo permiten (de reformar la Constitución), sí, volvería a correr para presidente” (…) “Y si no están presentes (las limitaciones en la Constitución), entonces estaría bien actuando como primer ministro y luego volver a correr para presidente”, añadió el líder sandinista. Expresó, además, que en una posible reforma constitucional establecerían la figura de “democracia directa”, que consiste, dijo, en otorgarle el ejercicio del poder al pueblo. Indicó que el régimen de “democracia directa” conllevaría, sin embargo, a “acabar con el régimen presidencialista y establecer el régimen parlamentario”.

III. Presidencialismo y parlamentarismo

Los sistemas parlamentaristas, son la última etapa de la evolución de los regímenes monárquicos, y se formaron, en base al modelo del gobierno Inglés. En los mismos hay un Parlamento, bicameral (como en el Reino Unido o de España) o unicameral (comola Kneseten Israel), elegido por el pueblo (en Gran Bretaña es electiva sólola Cámarade los Comunes, no la de los Lores), que designa un jefe de gobierno y su gabinete, a propuesta del jefe de Estado, que, en algunos países, es un rey y, en otros, un presidente (como en Italia o Alemania). La investidura del jefe de gobierno propuesto y su consejo de ministros debe ser votada por la mayoría del parlamento (en Gran Bretaña sólo dela Cámarade los Comunes) y su permanencia dependerá del éxito que tenga en los “votos de confianza”, que el primer ministro pide a las cámaras cuando tiene que tomar decisiones importantes, o los “votos de censura”, que propone la oposición, al Parlamento, que si son aprobados obligan a renunciar gobierno y el jefe de Estado debe proponer al órgano legislativo a otro jefe de gobierno. Si fracasa esta y otras propuestas, por no tener mayoría en el parlamento, puede el jefe de estado disolverlo y llamar a nueva elección

El sistema presidencialista, adoptado por nuestra Constitución, y que Woodrow Wilson llamó con más propiedad “gobierno congresional” , es el diseñado porla Constitución Norteamericana en 1787, donde hay una bien delimitada división de poderes; con un Congreso, ocupado principalmente de legislar, denominado Poder Legislativo; un Poder Ejecutivo unipersonal, a cargo de un Presidente, que dirige el gobierno y la administración del Estado; y los tribunales de justicia, el Poder Judicial, dedicado a resolver los conflictos que se suscitan al aplicar la ley, e interpretar su alcance.

El Congreso, que enla Cámarade Diputados y en el Senado representan al cuerpo electoral  y a las provincias, que votan a sus integrantes, controla al Presidente, que es al mismo tiempo jefe de gobierno y jefe de estado; y los jueces tienen también a su cargo el control de la supremacía de la constitución sobre las leyes y los actos que dictan los tres poderes del Estado. Los jefes de los partidos políticos tienen más poder en los sistemas parlamentarista, porque en ellos acuerdan la designación de los ministros, que en los presidencialistas, donde los congresistas no dependen tanto de los partidos, como de los bloques legislativos y, cuando no hay “listas sábana”, del interés de sus votantes.

Las constituciones de los países de América han adoptaron el presidencialismo, con excepción de las de Canadá y algunos estados del Caribe, que por haber sido colonias de países europeos mantienen el parlamentarismo, y los intentos de sustituirlos por formas presidencialistas fueron muy pocas o fracasaron rotundamente.

Diego Valadés ha dicho que “Los elementos comunes que pueden apuntarse como comunes a los países latinoamericanos y que contribuyeron al desarrollo del poder presidencial durante el siglo XIX con: 1º Tradición indígena; (virtualmente inexistente en los países llamados ahora del cono sur); 2º Afirmación del poder nacional; 3º Tendencias federalistas y centralista; 4º Poder de la Iglesia; 5º Sistemas electorales; 6º Organización social; 7º Responsabilidad política del Ejecutivo; 8º Presiones externas; 9º Inestabilidad institucional; 10º Incultura política.”  

César Enrique Romero decía que “Entre los factores que inciden en el desmesurado crecimiento del Poder Ejecutivo (…) pueden (…) anotarse los siguientes: a) frecuencia de los estados de emergencia. b) facultades militares; c) la conducción de las relaciones internacionales; d) política y planes de progreso económico y social; e) dirección burocrática; f) delegación de funciones legislativas; g) crisis del parlamento y de los partidos políticos; h) centralización de los estados (decadencia del federalismo);  e) lucha contra los grupos de presión; j) liderazgo y jefatura del estado; k) progreso técnico y científico; l) masificación e industrialización de la sociedad actual; ll) funcionamiento del Estado moderno (planificación).”

En Brasil, durante la monarquía y bajo la vigencia dela Constituciónsemiabsolutista de 1824, se experimentó el parlamentarismo, entre 1838 y 1889;  y luego, entre 1961 y 1963, por la enmienda constitucional aprobada durante la crisis que siguió a la renuncia del Presidente Janio Cuadros.

En Chile en 1891 hastala Constituciónde 1925 hubo otra experiencia frustrada de parlamentarismo, pero, como en el caso anterior, se volvió al presidencialismo.

Marcial Rodríguez Saldaña tiene dicho que: “En América Latina existen regímenes políticos con características parlamentarias, entre ellos se encuentran: Perú (artículos 225 y 226), el voto de censura no obliga a la renuncia del primer ministro o consejo de ministros censurados; Ecuador (artículo 59), la censura es el resultado de la resolución de un juicio político; Panamá, la censura de dos tercios de la asamblea, a pesar de no estar especificado, produce la renuncia del ministro (artículo 155.7); Uruguay, la censura produce la renuncia de uno a todos los ministros (artículos 147 y 148) y disolución de cámaras; Venezuela (artículo 153.2), el voto de censura produce la remoción de los ministros; Bolivia, existe censura ministerial (artículo 70) individual o colectiva; El Salvador (artículo 134.37), existe la posibilidad, por parte de la asamblea legislativa, de recomendar al presidente de la república la destitución de los ministros, aún cuando esta medida no es vinculatoria; Costa Rica (artículo 121.24), la Asamblea Legislativa puede censurar a los ministros por actos inconstitucionales o ilegales o errores graves que puedan causar perjuicios a los intereses públicos; Guatemala (artículo 167), el Congreso puede emitir un voto de falta de confianza, el cual obliga al ministro a dimitir.”

“La disolución de la Cámara de Diputados se encuentra prevista en Perú (artículos 227-229), luego de tres censuras del Consejo de Ministros; en Paraguay (artículo 182) en forma discrecional del presidente y en Uruguay (artículos 147 y 148)”

En Argentina, durante el débil gobierno del presidente Luis Sáenz Peña se formó, entre el 4 de julio y el 12 de agosto de 1993,  un “gabinete” encabezado por el ministro Aristóbulo del Valle, que pretendió funcionar como en los sistemas parlamentarios, pero no cuajó. Enla Convención Constituyentede 1957 hubo un proyecto de constitución parlamentarista del Partido Comunista que nunca se trató. En la reforma constitucional de 1994 se creó el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para atenuar el “presidencialismo”, con la misión de coordinar a los ministros, informar todos los meses la acción de gobierno a las cámaras del Congreso, el que puede hacerlo renunciar por un voto de censura, pero el presidente siguió siendo tan fuerte como antes. No se dispuso que el mismo tuviera que pedir el voto de confianza al Congreso, para su designación; ni que el Presidente pudiera disolver el Congreso, cuando este renunciara, como en los sistemas parlamentarios.

En Europa hay regímenes semipresidencialistas en Austria, Irlanda, Islandia, Portugal, Finlandia y Francia, o como los llama Humberto Quiroga Lavié “neoparlamentarismos de gobiernos  bicéfalos”.

VI. Nuestro presidencialismo

Nuestra cultura y tradición política está ligada fuertemente al liderazgo presidencial, que se encuentra fielmente representada en el modelo político adoptado porla Constituciónde 1853, donde las decisiones más importantes, que son sancionar las leyes y los Códigos de fondo, las toma el Congreso, que es cualitativamente el primero de los poderes, razón por la cualla Constituciónlo trata en primer término, y en el texto actualmente vigente lo hace en 43 artículos, un tercio de los que tiene nuestra Ley Fundamental.

El Presidente, jefe de estado y de gobierno, dirige la administración del Estado y aplica la ley, con el apoyo de la fuerza pública, y la mayor cantidad de los recursos del presupuesto, apoyado por distintas y diversas reparticiones y una cantidad importante de personal. El Poder Judicial controla, nada menos, que la constitucionalidad de las leyes y actos de gobierno, resuelve los conflictos que afectan los derechos de las personas y los que se suscitan entre estas y distintos entes del Estado.

Juan Bautista Alberdi decía respecto del poder ejecutivo que “(…) es uno de los rasgos en que nuestra Constitución hispano-argentina debe separarse del ejemplo de la Constitución federal de los Estados Unidos.” Agregaba: “(…) queremos que el poder ejecutivo de la democracia tenga la estabilidad que el poder ejecutivo realista (…) En cuanto a su energía y vigor, el poder ejecutivo, debe tener todas las facultades que hacen necesarias los antecedentes y las condiciones del país y la grandeza del fin para el que es instituido.” Sentenciaba, por fin, que “Yo no vacilaría en asegurar que de la constitución del poder ejecutivo especialmente depende la suerte de los Estados de la América del Sud (…) Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y sólo la Constitución es inmutable. Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una constitución.”

La Constituciónde Chile de 1833 le ha dado el “orden y la paz” y  “Lo ha dado por medio de un poder ejecutivo vigoroso, es decir, de un poderoso guardián del orden –misión esencial del poder, cuando es realmente un poder y no un nombre. Este rasgo constituye la originalidad de la Constitución de Chile, que, a mi ver, es tan original a su modo como la de los Estados Unidos.” Respecto de la misma terminaba afirmando que “(…) hablo así de su Constitución, por la necesidad que tengo de proponer a mi país, en el acto de constituirse, lo que la experiencia ha enseñado como digno de imitación en el terreno del derecho constitucional sud-americano. Me contraigo a la constitución del poder ejecutivo, no al uso que de él hayan hecho los gobernantes (…)”

V. Diferencias de nuestro presidencialismo con el norteamericano

El presidencialismo de nuestra Constitución de 1853 es distinto al de la norteamericana por las siguientes razones

1.         El presidente argentino duraba 6 años en su cargo y no podía ser reelegido sino pasado un período (art.71º dela Constituciónde 1853), el del país del norte duraba 4 y podía ser reelecto (artículo II Sección I. 1 de la de Estados Unidos), hastala Enmienda XXI(1951) que sólo lo permitió por una sola vez.

2.         El nuestro país tiene que tener al menos 30 años y hacer nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero (art.73º); el de Estados Unidos debe tener al menos 35, ser ciudadano o haberlo sido al tiempo de dictarsela Constitución, y haber residido 14 años en el país (Art. I Sección I. 4).

3.         Nuestro presidente concluye y firma tratados internacionales, con la aprobación del Congreso (art. 64º inciso 19 y 83º inciso 14); el de Estados Unidos con consulta y aprobación del Senado, con el voto de las dos terceras parte de los presentes (Art. I Sección II, 2).

4.         En nuestro país el presidente debía pertenecer a la religión católica, apostólica y romana (art. 73º) y juraba por Dios y los Santos Evangelios (art.77º), porque ejercía el patronato nacional, para proponer la designación de los obispos de las iglesias catedrales (art. 83º inc. 8), y concedía el pase o exequátur de los documentos dela Iglesia(art. 83º inc. 9). Estas atribuciones las tuvo hasta que se firmó en 1966 el Acuerdo conla Santa Sedey se las suprimió  en el Texto de nuestra Ley Fundamental en la reforma de 1994. Las mismas nunca las tuvo el presidente norteamericano.

5.         El presidente argentino es jefe supremo dela Confederación(desde 1860 sela Nación) e inmediato de la capital federal, y tenía a su cargo la administración general del país (art. 83º inciso 1 y 3); lo que tampoco son atribuciones reconocidas al norteamericano por su Constitución.

6.         Nuestro presidente era asistido por cinco ministros (art. 84º, en la reforma de 1898 se subió a 8 y en la de 1994 se dejó que la ley fijara el número), que refrendan y legalizan con su firmas los actos que emite, y de los que son responsables solidariamente (art. 85º), que pueden asistir a las sesiones del Congreso y formar parte de sus debates, pero no votar (art. 89º), o ser llamado por alguna de las cámaras para recibir explicaciones e informes que estime convenientes, procedimiento que los reglamentos internos de las mismas denominan interpelación (art. 60º);la Constituciónde Filadelfia no preveía este tipo de funcionarios y procedimientos, aunque en la práctica constitucional el primer mandatario es asistido por secretarios, que designa con acuerdo del Senado, y que atienden los distintos departamentos de estado.

7.         El presidente argentino “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes” (art. 83º inc. 2) y participa de la formación de las mismas, las sanciona y promulga (art. 83º inc. 3); estas facultades no están previstas en la Carta Fundamental de Estados Unidos, que sólo dispone que el presidente “cuidará de que las leyes tengan su debido cumplimiento” (art. II Sección III). Ambas Constituciones prevén que el presidente puede aprobar y promulgar las leyes expresamente o en forma tácita, transcurrido el plazo de diez días (art. 67º dela Argentina y art. I Sección VII 2 de país del norte). Pueden, además, observar las leyes sancionadas por el Congreso, el que a su vez puede insistir con el voto de los dos tercios de ambas cámaras para ser sancionadas y promulgadas (Art. 69º dela Constitución Nacional y art. I Sección VII 2 de la estadounidense).

8.         Nuestro presidente declara el estado de sitio, instituto no previsto enla Constituciónde Estados Unidos y que nuestros constituyentes tomaron dela Constituciónde Chile de 1833, en caso de ataque exterior, con acuerdo del Senado, y en caso de conmoción interior cuando está en receso el Congreso (Art. 83º inciso 19).

9.         El presidente en los Estados Unidos puede mandar suspender la ejecución de las sentencias y concede indultos por delitos federales (art. II Sección II 1); en cambio en nuestro país puede indultar y, además, conmutar penas, también por delitos federales (art. 83º inciso 6).

10.       El Congreso de los Estados Unidos declara la guerra (Art. I Sección VIII 11), en cambio en nuestra Constitución lo tiene que hacer el presidente, con autorización del Congreso, que declara la guerra o hace la paz (Arts. 83º inciso 18 y 64º inciso 23).

VI. La reforma de 1994

El “Núcleo de coincidencias básicas” del Pacto de Olivos, plasmado en el artículo II de la ley 24.309, que declara la necesidad de la reforma de la Constitución, comienza a desarrollarse con el título “A. Atenuación del sistema presidencialista”, y prevé la creación del cargo “del Jefe de Gabinete de Ministros, nombrado y removido por el presidente de la Nación, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, que podrá también removerlo mediante un voto de censura.”

Enla Convenciónde Santa Fe – Paraná nuestro presidencialismo se modificó por:

1.         El artículo 90 que redujo el mandato del presidente y vicepresidente de la Naciónde 6 a4 años y permitió la reelección por el siguiente período tanto del presidente como del vicepresidente, entendiéndose por la Cláusula TransitoriaNovena que: “El mandato del presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma deberá ser considerado como primer período.”  Por la Décima se dispuso, además, que “Los mandatos del presidente de la Nación que asuma su cargo el 8 de julio de 1995, se extinguirán el 10 de diciembre de 1999.”

2.         Los artículos 94 al 98 cambiaron el sistema de designación del presidente y vicepresidente dela Naciónpor colegios electorales que los distritos (provincias y la capital federal) elegían por el sufragio popular, en número igual de electores al doble de los diputados y senadores que el mismo mandaba al Congreso, por la elección en voto directo de los ciudadanos de los distritos, y con doble vuelta entre las dos fórmulas que tengan mayor cantidad de sufragios, en caso que la que obtenga la mayoría de sufragios no alcance el 45 por ciento de los votos emitidos válidos en la primera vuelta, o, si obtiene más del 40 por ciento no tenga una diferencia de votos emitidos válidos de más del 10 por ciento respecto de los obtenidos por la segunda fórmula.

3.         La de los artículos 99, inciso 7, 100 y 101 que crearon el cargo del jefe de gabinete de ministros designado y removido por el presidente, aunque también puede hacerlo el Congreso mediante el voto de censura (art. 101), y puede ser destituido por juicio político (art. 53). Tiene, además de “responsabilidad política ante el Congreso de la Nación”,  las siguientes funciones:

Artículo 100: (…)1. Ejercer la administración general del país.(…)”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente dela Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera. 3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente. 4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente dela Nacióny, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia. 5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente. 6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. 7. Hacer recaudar las rentas dela Nacióny ejecutar la ley de Presupuesto nacional. 8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa. 9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar. 10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado dela Naciónen lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos. 11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo. 12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control dela Comisión Bicameral Permanente.13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración dela Comisión BicameralPermanente.

El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”

Artículo 101. El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.”

4.       Los artículos 99 inciso 3, y 100, inciso 13, autorizaron al presidente de la Nación, en acuerdo de ministros, a legislar mediante decretos por razones de necesidad y urgencia, “cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”.

5.       Se autorizó, por los artículo 76 y 100, inciso 12, la delegación de potestades legislativas del Congreso al Poder Ejecutivo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.La Corte Supremade Justicia dela Naciónen distintos pronunciamientos había admitido este tipo de delegaciones antes de que de la reforma constitucional, con un criterio más amplio quela Corte Supremade los Estados Unidos.

 6.       El artículo 99, inciso 4, y 114 limita la potestad del presidente respecto de nombrar a los jueces dela Corte Supremade Justicia, ya que debe hacerlo con el acuerdo del Senado, en sesión pública, que desde la reforma requiere el voto de los dos tercios de los miembros presentes. Que para nombrar a los jueces federales inferiores el presidente lo debe hacer en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo dela Magistratura, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos, y el acuerdo del Senado no requiere los dos tercios de votos, pero también tiene que hacerse en sesión pública. Los magistrados que cumplan los 75 años necesitarán ser nuevamente nombrados y el Senado deberá prestarle igual acuerdo, y se harán por cinco años, pudiendo ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.

 7.       El artículo 114 estableció el Consejo de la Magistratura, institución creada en los regímenes parlamentarios europeos, e integrado “periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular”, además de legisladores, jueces y abogados las leyes reglamentarias dispusieron que uno de sus integrantes debe ser designado por el Poder Ejecutivo. La principal misión de este Consejo es seleccionar mediante concurso públicos a los postulantes a jueces inferiores..

8.       El artículo 120 crea el Ministerio Público como un órgano extrapoder independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función “la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.” Dentro del mismo está el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el Procurador General de la Nación,  que antes de la reforma dependió constitucionalmente del Poder Judicial, ya que la Corte Suprema, en el Texto de 1853, tenía nueve jueces y dos fiscales (art. 91º, aunque nunca entró en funciones) hasta la reforma de 1860, que dejó para que el Congreso fijara el número de jueces. Después de esta reforma los fiscales pasaron a depender del Poder Ejecutivo por imperio de distintas leyes.

 9.       La Auditoría Generalde la Nación, creada por la ley 24.156, dos años antes de la reforma de 1994, se incorpora a la Constituciónen el artículo 85, y tiene “a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás que la ley le otorgue.”

10.       El Defensor del Pueblo –instituto también originario de sistemas parlamentarista-, que adquiere jerarquía constitucional por el artículo 86, ya que fue creado pocos meses antes de la Convención Constituyentede Santa Fe – Paraná mediante la ley 24.284 publicada en el Boletín Oficial el  6 de diciembre de 1993, puede actuar “en defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hecho, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.”

11.       El presidente de la Naciónpuede promulgar las leyes parcialmente, cuando las observaciones o veto a las mismas, según el artículo 80 de la Constitución, sea también parciales, siempre que lo que se promulgue tenga “autonomía normativa y su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado del Congreso.”

12.       No puede, sin embargo, vetar, de acuerdo con el artículo 40, la ley de convocatoria a una consulta popular vinculante sancionada por Congreso, a iniciativa de la Cámarade Diputados. “El voto afirmativo del proyecto por el pueblo lo convertirá en ley, y su promulgación será automática”, lo que significa que tampoco podrá ser vetada.

13.       El artículo 75 inciso 31 estableció que el Congreso debe “disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.” Antes de l994 muchas veces el Poder Ejecutivo decretó la intervención federal a las provincias.

14.      La Constitución reformada reconoce que las autoridades provinciales y municipales conservan los poderes de policía o imposición sobre los establecimientos de utilidad nacional, en tanto que no interfieran en el cumplimiento de sus fines específicos, en el inciso 30 del artículo 75. Esto no estaba claro antes de la reforma.

15.       Según el artículo 124, las provincias pueden celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior dela Nacióny no afecten facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público dela Nación.

16.       El artículo 125 dispone que “Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales”, lo que pone límite al sistema previsional que administra o controla organismos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

17.       El presidente perdió la potestad de designar al Intendente de la capital federal, ya que la reforma de 1994 le dio una nueva categoría a la que se pasaría a llamar la “ciudad autónoma de Buenos Aires”, y a tener un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno es elegido directamente por el pueblo de la ciudad. También prevé que el Congreso convoque a elecciones para que los representantes de los habitantes de la ciudad dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones, que al sancionarlo se lo llamó Constitución (art. 129).

18.       Otra limitación que alcanza al presidente y a quienes de él dependen es la del artículo 36 que dispone que el Congreso de la Naciónsancionará una “ley de ética pública para el ejercicio de la función”. La ley 25.188, que cumple con esta disposición de nuestra Ley Fundamental y creala Comisión Nacional de Ética Pública de once miembros, uno de los cuales lo designa el Poder Ejecutivo Nacional; establece los deberes y pautas de comportamiento ético, establece el régimen de declaraciones juradas patrimonial integral, incompatibilidades, conflicto de intereses, régimen de obsequios a funcionarios públicos y sustituye e incorpora disposiciones al Código Penal.

19.       Suprimió en el texto dela Constituciónel patronato y la potestad de participar en la designación de los obispos de las iglesias catedrales y en conceder el pase o exequátur de los documentos eclesiásticos, según lo dispuesto en el Acuerdo conla Santa Sedede 1966, que establece un deber de prenotificación al gobierno argentino de las designaciones de obispos y la creación de diócesis, que hagala Santa Sede.La supresión del patronato, trajo como necesaria consecuencia el suprimir que el presidente y el vicepresidente debería pertenecer a la religión católica, lo que es un paso adelante en lo referido a la libertad religiosa, y de una fórmula de juramento adecuada a esa exigencia.

VII. Balance crítico 

Un balance de la reforma constitucional de1994, aquince años de su concreción, respecto del propósito de atenuar el presidencialismo, requiere analizar los pro y los contra de los cambios aprobados enla Convenciónde Santa Fe – Paraná, que hemos descripto anteriormente, y de la forma en que se reglamentaron y se desenvolvieron los institutos allí creados o modificados. En principio, adelanto, mi juicio negativo, porque no se consiguió dicho objetivo, sino porque el presidente está más fortalecido que nunca y se le amplió el plazo en que puede permanecer en su cargo y sus atribuciones, especialmente de legislar.

No se tuvo en cuenta el profundo arraigo que el presidencialismo tuvo y tiene en nuestra tradición institucional y política y se subordinaron las reformas a las necesidades de la lucha política del momento, como fueron la reelección del entonces presidente Menem y la reivindicación de Alfonsín, que luego de renunciar como presidente dela Naciónantes de terminar su mandato en 1989 por la crisis hiperinflacionaria que estalló en ese momento, pretendía volver a liderar el partido que presidía,la Unión CívicaRadical, y a la oposición. Por ello es que propuso en el Pacto de Olivos, a cambio de la reelección del presidente Menem, algunas reformas como la incorporación del “tercer senador” (art. 54) y adjudicar la presidencia dela Auditoría Generaldela Nacióna la segunda mayoría del Congreso (art. 85), que favorecían ala UCR. Esteacuerdo se concretó en un “núcleo de coincidencias básicas” que se aprobó enla Convenciónen una sola votación, atento la desconfianza se que tenían los signatarios del Pacto de Olivos, ya que temían que si lo acordado se aprobaba, en la votación en particular, por el procedimiento ordinario, o sea artículo por artículo, algo de lo acordado no se aprobara.

No hay duda que había que adecuar una Constitución, que se sancionó cuando el país tenía menos de un millón de habitantes y que en la última década del siglo XX tenía más de treinta millones, y que era gobernado por un Estado mucho más complejo. Además, los presidentes se habían arrogado en los últimos años atribuciones legislativa, que no les reconocía el texto dela Constitución, como la de legislar mediante decretos por necesidad y urgencia, o mediante la delegación legislativa que le otorgaba el Congreso, y desde el presupuesto de 1950 se le delegaban facultades, denominados “superpoderes”, para modificarlos sin intervención del Congreso.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo habían ejercido una indebida ingerencia en el Poder Judicial, fundamentalmente a través de la designaciones de magistrados, la creación de nuevos tribunales o el aumento del número de los mismos, y el manejo del Ministerio Público, que dependía del mismo. Todo ello hacía necesario ponerle límites a las atribuciones de los presidentes, terminar con el denominado “hiperpresidencialismo”,  y volver a dar equilibrio a la división de poderes. Pero ello no justificaba cambiar nuestro presidencialismo por un semiparlamentarismo, mal diseñado, implantando institutos, como el del jefe de gabinete de ministros, el gabinete de ministros o el voto de censura, que nunca fueron bien estudiados ni debatidos.

El primer defecto de la reforma fue, lo que realmente la impulsó: la reelección presidencial, el haber alargado de6 a8 años la permanencia del presidente en su cargo, con una elección intermedia a los 4 años, que le otorga una ventaja electoral, indudable, a quién detenta en ese momento el poder, y el hacer aplicable esta disposición al presidente Menem que estaba en ese momento en ejercicio de su mandato. Este presidente gobernó 8 años y medio, habilitado porla Cláusulatransitoria décima; y a poco de terminar este largo mandato pretendió, afortunadamente sin éxito, hacerse reelegir por cuatro años más.

Esto motivó que varias provincias siguieran el mal ejemplo y que establecieran en sus cartas constitucionales que sus gobernadores podían ser reelegidos indefinidamente. El triunfo de la oposición, encabezada por el obispo emérito de Iguazú,  Joaquín Piña, en la provincia de Misiones en 2006, puso límites a este absurdo.

También el mandato del presidente Néstor Kirchner y del vicepresidente Daniel Scioli se extendió a cuatro años y poco más de seis meses, desde el 25 de mayo de 2003 al 10 de diciembre del 2007, por el inconstitucional artículo 4º de la ley de acefalía 20.972, modificado por la 25.716, que les permitió asumir, como presidente y vicepresidente provisionales, antes de comenzar su mandato de cuatro años.

El Jefe de Gabinete de Ministros fue otro de los fracasos de la reforma, ya que el mismo no sirvió para atemperar el poder del presidente, ni para que el Poder Ejecutivo tenga una mejor relación con el Congreso, ni con la oposición, ni que sirva para superar crisis, como lo demostró en la de diciembre de 2001.

Quienes ejercieron ese cargo lo convirtieron en algunos casos en una suerte de ministerio de coordinación de las demás carteras, en otros como árbitro de las rencillas y disputas entre los ministros y otros en una especie de vocero del Poder Ejecutivo. Por delegación en las leyes que aprobaban los presupuestos anuales y luego por la modificación que se hizo en el artículo 39 dela Leyde Administración Financiera Nº 24.156, se le autorizó al Jefe de gabinete a cambiar el destino de los fondos de las partidas presupuestarias, lo que significó hacerlo responsable del ejercicio de los “superpoderes”, que luego de la crisis de 2001 fueron muy importantes por que los presupuestos fueron calculados en cifras de ingresos muy inferiores a los que realmente se terminó recaudando en el Tesoro dela Nación.

Un Jefe de Gabinete de la talla intelectual y política de Rodolfo Terragno, ni su sucesor Christian Colombo, pudieron resolver y superar la crisis que dio por tierra con el gobierno de Fernando dela Rúa. AlbertoFernández, ni sus sucesores Sergio Maza, Aníbal Fernández, ni Juan Manuel Abal Medina, no cumplieron con la exigencia constitucional de asistir todos los meses a informar a las cámaras como jefes de gabinete, habiendo suplido dichas ausencia, en algún caso, con un mensaje escrito.

El voto de censura no sólo nunca fue usado sino que tampoco se estableció el procedimiento para su tramitación en los reglamentos internos de las dos cámaras. Las “interpelaciones” no se hacen en la forma que están prevista enla Constitución(art. 71 y 101 dela Constitución) y en los reglamentos de las cámaras desde hace medio siglo.

Sobre el rol institucional del jefe de gabinete Carlos Fernando Hesslegrave tiene dicho que: “la Procuración (del Tesoro) infiere que el (papel) desempeñado por el Jefe de Gabinete, si bien con ciertas competencias específicamente discernidas en el texto constitucional, constituye uno más entre los Departamentos de Estado regulados por los arts. 102 a 107 de la Constitución. En consecuencia, no cabe interpretar la existencia de una jerarquía de éste sobre “los demás ministros secretarios”, de conformidad con lo prescripto por el art. 100 de la citada.”   Por ello no puede resolver recursos jerárquicos en contra de decisiones de los demás ministros. No puede exigirles a los mismos el refrendo de los decretos ni removerlos por no hacerlo.

El presidente mantiene la jefatura de estado y de las fuerzas armadas y desde la reforma del  94, también, la jefatura de gobierno (artículo 99 inciso 1). Se suprimió lo de jefe inmediato y local de la Capital Federal; y ya no “tiene a su cargo la administración general del país”, como rezaba el artículo 86 inciso 1 del anterior texto, sino que es “(…)responsable político de la administración general del país” (artículo 99 inciso 1), mientras el jefe de gabinete “Ejerce la administración general del país” (artículo 100 inciso 1), frases ambiguas que traen dificultades al momento de fijar concretamente los límites. La facultad de presidir las reuniones del gabinete de ministros “en caso de ausencia del presidente” (artículo 100 inciso 5), sólo se da cuando éste, o quién lo reemplace en el ejercicio de la primera magistratura, no estén presentes o se retire del recinto donde se celebran. O sea que casi nunca.

Las reuniones de gabinete de ministros no se hace desde hace años, y el refrendo o firma de los decretos por los ministros se hacen antes que ponga su firma el presidente.

Otro defecto de la reforma fue acordarle al presidente dela Naciónfacultades legislativas al autorizarle a dictar decretos de necesidad y urgencia y permitir que el Congreso delegara sus funciones de legislador, con muy pocas limitaciones, y dejar que el Congreso reglamentara la legitimación de esos actos legislativos, el plazo de su vigencia y la composición y procedimiento dela Comisión BicameralPermanente encargada de este control. La reglamentación, promulgada recién en 2006, de la ley 26.122 hizo que se integrara dicha Comisión, con mayoría oficialista, y permitió que se ratificaran todos los decretos que les envió el Ejecutivo.

El plazo de 5 años para revisar la legislación delegada y delegante, preexistente a la reforma, fijado por la cláusula transitoria 8ª, fue prorrogado y la legislación ratificada en varias oportunidades, por la ley 25.148 de 1999, 25.645 del 2002, en el año 2004 se dictó la ley 25.918, y 26.135 del 2006. Dicha prórroga caduca el 24 de agosto de 2009. Se calcula que se trata de 1901 leyes, de jure y de facto, y que estas prórrogas terminaran cuando este elaborado y aprobado por el Congreso el Digesto Jurídico Argentino previsto en la ley 24.967.

El haber previsto enla Constituciónel dictado de una ley de coparticipación federal (art. 75 inc. 2 y 3 y Disposición Transitoria 6ª.), que debe sancionar el Congreso y todas la legislaturas provinciales (antes de terminar el año 1996), y el no haber dispuesto un nuevo ordenamiento fiscal de nuestro federación, siguiendo el criterio originario de nuestra Constitución; el de su modelo,la Constitución Norteamericana; y el de nuestro vecino,la Federación Brasilera; de fuentes tributarias separadas, ha terminado desfinanciado a las provincias y a los municipios y ha concentrado los recursos fiscales en el gobierno federal, del que han  pasado a ser financieramente dependientes las provincias. Esta ley, que nunca se dictará porque el gobierno federal, el ANSeS y la provincia de Buenos Aires, que son los más necesitados de recursos fiscales, nunca van a ceder los recursos que las provincias necesitan para su buen funcionamiento.

Todo esto, y el uso abusivo que han hecho los sucesivos primeros mandatarios de estas potestades y atribuciones, ha significado que en vez de atemperar el presidencialismo se ha agravado el hiperpresidencialismo, y el Poder Ejecutivo es ahora más poderoso y despótico que antes de la reforma.

En el haber de la reforma podemos consignar la elección directa del presidente y vicepresidente dela Nación, algo de lo que se arrepintió, años después de ser presidente Carlos Menem, en razón –argumentó- que dichos comicios daban mayor poder a los distritos más poblados; como los de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Ese argumento no es válido ya que tres de los cuatro presidentes elegidos por votación directa, y sin colegio electoral, después del 94, habían sido residentes y gobernadores o legisladores de distritos de escasa población, como es el caso del propio Menem, deLa Rioja; de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, de Santa Cruz. Sólo el cordobés Fernando dela Rúa, afincado en la ciudad de Buenos Aires, fue elegido presidente por el pueblo, habiendo nacido y ser residente en distritos con más electores. Los liderazgos a nivel presidencial no dependen de la mayor o menor población de los distritos en que residen o han nacido los que lo ejercen.

La creación del Ministerio Público extra poder fue un acierto, ya que independizó al Ministerio Fiscal de la dependencia del Poder Ejecutivo y del Judicial, y le dio mayor libertad para “la actuación de la justicia” , aunque no comparto el haberlo integrado, también, con el Ministerio dela Defensa; el haberle dado “autonomía financiera”, algo quela Constituciónno le acuerda ni siquiera al Poder Ejecutivo ni al Judicial; y el haber omitido, también, de disponer las causales, el procedimiento y el órgano que dispone la remoción de sus miembros. El artículo 18 de la ley 24.946 es inconstitucional en cuanto pretende someter a juicio político al Procurador General dela Nacióny al Defensor General dela Nación. Espositivo que los fiscales dejaran de actuar como abogados del Estado Nacional o sus reparticiones, como ocurría antes de la reforma (artículo 27 y66 a68 Ley 24.946). No es constitucional que a los fiscales se les asigne en los códigos procesales penales atribuciones propias de los jueces, como, por ejemplo, la de tomar declaración indagatoria, ya que ello es contrario a su independencia y al derecho de defensa del imputado.

También fue un acierto la creación del Consejo de la Magistratura, ya que permite una mejor selección de los candidatos a jueces inferiores de la Nación. Sinembargo, se le dieron excesivas competencias, que le fueron sustraídas a la Corte Supremade Justicia, lo que puso en duda el carácter de órgano superior del Poder Judicial que claramente el artículo 108 de la Constituciónle reconoce a este Tribunal. No era necesario que este organismo administre los recursos y ejecute el presupuesto que la ley asigna a la administración de justicia, ni que se le diera facultades disciplinaria sobre los magistrados, ni que se le autorizada a dictar “los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia” (art. 114 incisos 3, 4 y 6). Las leyes 24.937 y 24.939 acertaron al crearla Escuela dela Magistratura (art. 7 inciso 11), que había omitido el texto del 94, aunque nunca alcanzan los recursos, del abultado presupuesto que se le asignó al Consejo, para darle la jerarquía que merece. Los consejero que lo integran, según dichas leyes reglamentarias, inexplicablemente no integran los tribunales de concurso que seleccionan a los magistrados, sino que sólo nombran a sus integrantes y aprueban los concursos que los mismos llevan a cabo. Además, hacen uso de un poder discrecional para determinar el puntaje final de los postulantes, más allá de los antecedentes y la oposición, competencia que en realidad le corresponde al Senado al momento de prestar acuerdo.

Opino que el Poder Ejecutivo no debe designar a uno de los consejeros como establecen las leyes 24.937 y 24.939 en su artículo 2 inciso 5. La última ley reglamentaria, Nº 26.080, del 2006, cambió la composición del Consejo, reduciéndolo de20 a13 miembros, dejó afuera al ministro dela Corte Supremade Justicia dela Nación, que lo integraba y presidía, y rompió el equilibrio que trabajosamente se había conseguido por las leyes 24.937 y 24. 939, no solamente por la nueva composición, sino también por los legisladores del oficialismo que se designaron para que lo integraran y que lo hicieron con un desembozado propósito político. Esto ha plateado un grave problema en el funcionamiento del Poder Judicial, que se encuentra con una gran cantidad de cargos vacantes, que son indispensables para el buen funcionamiento del servicio de justicia, y con jueces denunciados o presionados ente y por dicho Consejo.

También puede contabilizarse como un acierto la creación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aunque esa función la pudo desempeñar el mismo Consejo dela Magistratura, que según el artículo 114 inc. 5 dela Constituciónactúa ante el mismo como órgano acusador, lo que podría haber estado a cargo del Ministerio Público fiscal. La ley 26.080 le redujo el número de consejeros de9 a7, dándole preponderancia al sector político adepto al gobierno y haciéndolo un órgano no permanente, sino que se constituye periódicamente.

La incorporación ala Constitucióndela Auditoría Generaldela Nacióndebió ir acompañada de un diseño distinto del instituto, que lo convirtiera en una “contraloría”, como propusimos en el Congreso antes que se dictara la ley 24.156, que lo creó, y como tienen la mayoría de los países americanos. Se debieron reducir los siete auditores a uno sólo, ya que comola Procuración Generaldela Nacional,la Defensoría Generaldela Naciónola Defensoríadel Pueblo no necesitan de un órgano deliberativo para su dirección.  Debió suprimirsela Sindicatura Generaldela Nación, dependiente del Presidente dela Nación, y creada por la misma ley, con el propósito oculto de darle continuidad a la entonces Sindicatura de Empresas Públicas, y a su numeroso personal, en momento que se estaban privatizando las empresas estatales que controlaban, ya que se superpone en sus funciones y objetivos conla Auditoríay conla Contaduría Generaldela Nación.

Es correcta la incorporación ala Ley Fundamentaldel Defensor del Pueblo, un órgano de control, que facilita más que limita, una mejor administración de los asuntos públicos.

También lo fueron las disposiciones que desarrollan el instituto de la observaciones o veto presidencial, total o parcial, de las leyes, el que crea la consulta popular, los que se refieren a la intervención federal, a los establecimientos de utilidad nacional y de que las provincias conservan los organismos de seguridad social para empleados públicos y profesionales.

Debió ser más preciso el constituyente en la atribución que se le dio a las provincias de firmar convenios internacionales, especialmente en lo referido al alcance del conocimiento que debe darse de los mismos al Congreso y de las incompatibilidades con la política exterior, las facultades delegada y al crédito público dela Nación. Esteinstituto no ha sido reglamentado ni utilizado hasta ahora.

La creación de la ciudad autónoma de Buenos Aires en territorio de la provincia del mismo nombre, actualmente federalizada por ser capital federal, merece como elogio el que le haya permitido tener un gobierno elegido por el pueblo; pero como crítica el haberle conferido un impreciso status institucional, que en parte se parece a un municipio y en parte a una provincia, y por no haber sido claro en lo referido al necesario traspaso de los servicios locales (justicia, policía, etcétera) para que sean atendido con el presupuesto de dicha ciudad. El no haber previsto que la justicia de la ciudad aplique los códigos de fondos (art. 75 inc. 12 dela Constitución)  hace que todo el país deba seguir sosteniendo lo que se ha dado en llamarla Justicia Nacional, como parte dela Justicia Federal, y ha hecho imposible su traspaso a la ciudad.

El haber plasmado enla Constituciónlas disposiciones que surgen del Acuerdo conla Santa Sedede 1966, también son positivas, como lo son las que derivan dela Leyde Ética Publica.

VIII. Conclusión

César Enrique Romero ya decía, citando a Maurice Duverger, que “En adelante es técnicamente necesario un Ejecutivo fuerte para asegurar la gestión de un aparato de producción mitad público y mitad privado. Por flexible e indicativa que fuere, la planificación exige un gobierno firme y estable. Incluso en la derecha se habla de economía “concertada”; pero no hay concierto alguno sin director de orquesta y el Ejecutivo es el único que puede desempeñar tal papel (…) Si el gobierno permanece débil e inestable, o no se dirigirá al concierto económico, o se dirigirá por los altos funcionarios. El Ejecutivo sin poder ni prestigio en el que sueñan los republicanos tradicionales hace el juego de las fuerzas económicas privadas o de las camarillas tecnocráticas. En un Estado débil no es posible la planificación y aún suponiendo que lleguen a definirse objetivos conforme al interés general, ni se poseerán los medios para alcanzarlos.” 

Pero, lamentablemente, la práctica institucional y las reformas de 1994, han distorsionado este equilibrio, y el Congreso ha declinado sus competencias legislativas, con el pretexto de las “emergencias”, y pretende atribuirse funciones judiciales, como lo ha hecho al pretender anular leyes, como las de obediencia debida y punto final, y crear una nueva instancia judicial, mediante el juicio político a los ministros dela Corte Suprema-como ocurrió con la remisión de los jueces Eduardo Moliné O’ Connor y Antonio Boggiano- considerando “mal desempeño” a los criterios sostenidos en el contenido de sus sentencias.

El Presidente legisla a piacere haciendo uso de la delegación que le hace el Congreso o mediante decretos de necesidad y urgencia, aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo haya hecho muy pocas veces. La ley 26.122 que reglamentó el trámite dela Comisión Bicameral Permanente prevista enla Constitución, ha permitido que el Congreso ratifique todos los decretos que se le hicieron llegar. Las leyes que delegan facultades legislativas se sancionan aunque no haya emergencia, contrariandola Carta Fundamental y muchas veces se han decretado leyes sin que hubiera ni necesidad ni urgencia para su dictado.

El Jefe de Gabinete decide sobre los cambios de destinos de las partidas del presupuesto, por delegación del Poder Legislativo o por lo dispuesto enla Leyde Administración Financiera (Art. 39). Los jueces, por fin, muchas veces han hecho la vista gorda a estos desvíos y abusos de poderes.

Más que el mal  funcionamiento de la jefatura de gabinete, el “doble comando”, inaugurado por el matrimonio Kirchner, ha desprestigiado institucionalmente a nuestro presidencialismo, supuestamente atemperado por la reforma de 1994, pero ambas cosas nos han permitido demostrar que, en nuestro sistema, no puede haber dos personas que tengan la decisión ejecutiva, y que el parlamentarismo, de imponerse alguna vez, sería un experimento por demás desastroso.

Por suerte, en la reforma de 1994, no se intentó parlamentarizar nuestro sistema judicial; creando una Corte Constitucional o intentar, de algún otro modo, concentrar en algún órgano el control de constitucionalidad.

El resultado de todo esto es la inseguridad jurídica y la desconfianza en las instituciones.

Con Ricardo Haro estamos de acuerdo que con las reformas de 1994 “(…) no sólo no se cumplió el objetivo propuesto (de atenuar el presidencialismo), sino que por el contrario, paradójicamente se acentuó, se acrecentó aún más el fortalecimiento de la figura presidencial”

Córdoba, julio de 2012.