Las nuevas Cámaras de Casación: un embudo para dilatar pleitos

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Juez Enrique Lavié Pico

La Ley 26.853

Con el propósito presidencial de “democratizar” la Justicia esta ley creó, con sede en la Capital Federal, tres Cámaras de Casación: la Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal; la Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social; y la Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial; con siete miembros cada una, con un presidente y dos salas integradas por tres jueces. Asimismo, modificó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) y el Decreto-Ley N° 1285/1958 de Organización de la Justicia Nacional.

Las referidas Cámaras deberán resolver los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión que se interpongan contra las sentencias o resoluciones de las Cámaras Nacionales o Federales de Apelación, según lo establecido por los artículos 288 a 301 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que ésta misma ley reformó.

La norma que se analiza, incorpora en los artículos 288 a 310 del CPCCN, los recursos de casación, de inconstitucionalidad y de revisión, estableciendo sus procedimientos y deroga los arts. 302 y 303, el primero, establecía la convocatoria a tribunal plenario, y el segundo, la obligatoriedad de los fallos plenarios.

Los recursos

La casación, según la ley, se puede interponer por escrito en contra de las:
•​Sentencias definitivas o equiparables a tales dictadas por las Cámaras de Apelación;
•​Resoluciones que decidan la suspensión de los efectos de actos estatales u otras medidas cautelares frente a alguna autoridad pública; y
•​Decisiones que declaren formalmente inadmisible una pretensión contencioso-administrativa.

Dicho recurso se presentan ante el tribunal que dictó dichas resoluciones en el plazo de diez días hábiles de haber sido notificado con fundamento:
•​En la inobservancia o errónea aplicación o interpretación de la ley sustantiva; la inobservancia de las formas procesales esenciales;
•​La unificación de la doctrina, cuando en razón de los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se hubiere llegado a pronunciamientos diferentes; y en casos de arbitrariedad en el pronunciamiento.

El tribunal, al proveerlo, correrá traslado por igual término a la parte contraria. Una vez contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal decidirá sobre la admisibilidad del recurso. Si lo concede, deberá hacerlo con efecto suspensivo, y ordenará remitir las actuaciones a la Cámara de Casación que corresponda. Si denegase la concesión del recurso, la parte interesada podrá recurrir en queja ante la Cámara de Casación competente, de acuerdo a lo que dispone el artículo 282 del CPCCN.

El recurso de inconstitucionalidad se interpone cuando se cuestione la constitucionalidad de una ley o reglamento que estatuya sobre materia regida por la Constitución Nacional y la decisión fuere contraria a las pretensiones del recurrente; o la interpretación de alguna disposición de la Constitución y la decisión haya sido contra la validez del derecho o garantía en cuestión y se sustanciará con el mismo trámite fijado para el recurso de casación.

El recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones firmes y que hubieran sido dictadas a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta declarados en una sentencia posterior irrevocable. Este recurso se presenta por escrito ante la Cámara dentro del plazo de treinta días desde que se conoció el hecho o el fallo posterior, cuya copia se debe acompañar, pero en ningún caso se admitirá pasados tres años de la fecha de la sentencia definitiva impugnada (Art. 298 del CPCCN). La admisión del recurso de revisión no tiene efecto suspensivo, salvo que por la solicitud fundada del recurrente la Cámara dispusiera suspender la ejecución, y el beneficiado ofreciere caución suficiente. Se tramitará de igual modo que el de casación.
La Cámara de Casación al fallar puede anular la sentencia recurrida, remitiendo a nuevo juicio cuando el caso así lo requiera, o pronunciar directamente la sentencia definitiva.

La casación

La casación tiene su origen después de la revolución francesa, en un momento histórico donde se desconfiaba de los jueces y cuando se quería que la interpretación que se hiciera de la ley sea fiel a la voluntad del órgano legislativo. El Tribunal de Casación, que originariamente fue un órgano político, era, en realidad, quien debía velar para que las leyes se cumplan. A partir del siglo XIX la casación se judicializa y se orienta fundamentalmente a unificar la jurisprudencia y a que las decisiones judiciales sean más iguales para todos los litigantes.

Nuestro país, que en materia judicial sigue el modelo de la Constitución norteamericana, incorporó, en algunas normas procesales provinciales o federales, el recurso de casación, que limitaba la revisión de la decisiones de los jueces a los fundamentos jurídicos y no a los referidos a los hechos, lo que creaba, especialmente en materia penal, una seria limitación al derecho de defensa.

Por eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar el caso “Casal, Matías Eugenio”, el 20 de septiembre de 2005 (Fallos 328:3399), hizo una interpretación amplia del artículo 456 del Código Procesal Penal en armonía con los artículos: 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone que toda persona inculpada de delito tiene “Derecho a recurrir del fallo ante juez yo tribunal superior”, y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”; y entendió que es aplicable en nuestro derecho la teoría alemana que se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión, y con ello “se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho”.

El Alto Tribunal en ese fallo en el punto 21 de los considerandos dijo: “Pero desde 1994, el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pasaron -sin duda alguna- a configurar un imperativo constitucional. Es claro que un recurso que sólo habilitase la revisión de las cuestiones de derecho con el objetivo político único o preponderante de unificar la interpretación de la ley, violaría lo dispuesto en estos instrumentos internacionales con vigencia interna, o sea, que sería violatorio de la Constitución Nacional. Pero también es claro que en la letra del inc. 2º del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación, nada impide otra interpretación. Lo único que decide una interpretación restrictiva del alcance del recurso de casación es la tradición legislativa e histórica de esta institución en su versión originaria. El texto en sí mismo admite tanto una interpretación restrictiva como otra amplia: la resistencia semántica del texto no se altera ni se excede por esta última. Y más aún: tampoco hoy puede afirmarse que la interpretación limitada originaria siga vigente en el mundo. La legislación, la doctrina y la jurisprudencia comparadas muestran en casi todos los países europeos una sana apertura del recurso de casación hasta abarcar materias que originariamente le eran por completo extrañas, incluso por rechazar la distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, tan controvertida como difícil de sostener.”

La Corte siguió en este pronunciamiento la doctrina sentada por la Corte Internacional de Derecho Humanos en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2 de julio de 2004, cuando en el párrafo 167 declaró que: “En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los recursos de casación interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico “La Nación”, respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado.” Y en el 168, que: “Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.h. de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa.” Cabe mencionar que el Tribunal Internacional ha dejado claro en este fallo que a los fines de la cobertura de los estándares internacionales, y sin perjuicio de las facultades que cada Estado posee para regular los aspectos procesales de las herramientas recursivas que diseñe en el ámbito interno, lo importante no es la existencia formal de los recursos, sino su eficacia. (Corte IDH Sentencia “Herrera Ulloa”, Párrafo 161).

Aunque la tutela, en principio, está prevista para inculpados en sede penal, en rigor rige en todos los fueros. La Corte Interamericana ha dicho al respecto, que “a pesar de que el citado artículo (Art. 8) no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal”; (Caso “Tribunal Constitucional” sentencia del 31.1.01).

También la Corte en el caso “Martínez Areco” (Fallos 328:3741) de similar línea que “Casal”, ha realizado un análisis pormenorizado de la evolución del recurso de casación en el derecho comparado y del modo en que el instituto fue incorporado al derecho argentino, teniendo en miras, particularmente, el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Descalificó en ese marco “la renuencia jurisprudencial a discutir agravios vinculados con el hecho o con la prueba y su valoración en el ámbito casacional”. Y afirmó en ese sentido, en “Casal”, que una interpretación correcta de la normativa procesal, a la luz de las garantías establecidas en los Tratados mencionados, muestran a las claras que la renuencia jurisprudencial en cuestión es por completo ilegítima: “(. . .) cualquier caso puede convertirse en una cuestión de hecho en una de derecho y, viceversa, la inobservancia de una regla procesal (…) puede considerarse como una cuestión de hecho. Por consiguiente, esta indefinición se traduce, en la práctica, en que el tribunal de casación, apelando a la vieja regla de que no conoce cuestiones de hecho, quedaría facultado para conocer lo que considere cuestión de derecho, o de no conocer lo que considere cuestión de hecho. Semejante arbitrariedad contraría abiertamente al bloque constitucional, pues no responde al principio republicano de gobierno ni mucho menos satisface el requisito de la posibilidad de doble defensa o revisabilidad de la sentencia de los arts. 8.2. h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional”. Como sostiene luego la Corte, “(…)el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable … Conforme a lo expuesto, lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación” (“Martínez Areco” ya individualizado).​Se reitera este criterio, con especial énfasis, en el caso “Marchal” (M. 1771. XL; REX; 10-04-2007) donde se discutía la validez de una clausura dispuesta por la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires. Nótese que la referencia a la cuestión que realiza el voto de la minoría de la Corte en el caso “Hojman” (Fallos 329:1180) es obiter dictum, pues se despachó el recurso extraordinario por otras razones. Elocuentes además son las expresiones del Procurador, que la Corte hace suyas, en caso de novísima factura (“Kanashiro”, K. 4, L. XLIII, RHE, del 12.02.08). Allí se establece que “(…) la reedición de alegaciones hechas en el juicio no puede obstar el andamiento del recurso cuando, precisamente, la parte pretende que otro tribunal revea las cuestiones decididas porque fueron adversas a sus postulaciones. Es más, si éstas fueran inéditas, se las calificaría de tardías.”

En definitiva, la doctrina es clara y contundente al extender a todas las materias el derecho que tienen las personas, de recurrir las sentencias que los condenen, sin que sus agravios se limiten sólo a los fundamentos de derecho, sino también puede hacerlo sobre los de hecho.

Al caer este límite el recurso de casación deja de tener sentido, y el recurrente tiene derecho a que se le haga una revisión integral de su causa, el único limite que le queda a la casación es lo referente al principio de inmediación –reservadas a la etapa de juicio oral-.

Con la línea jurisprudencial de la Corte, que tiene por eje lo dicho en el caso “Casal”, la casación quedó herida de muerte y no se entiende la razón por la que se crearon las nuevas cámaras de casación mediante la ley 26.853 como una tercera instancias entre las actuales cámaras de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, con una competencia acotada, que además no se compadece con lo que dispone el artículo 118 de la Constitución que dispone: “los juicios criminales (…) se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito” (Art. 118), lo que debemos interpretar como válido, no solo para presuntos delincuentes, sino también y con mayor razón, para los inocentes cuyos juicios deberán ser juzgados por estas cámaras.

Además hay juicios que podrán ser recurridos en casación y otros, de igual naturaleza, que no, por pertenecer a una jurisdicción territorial diferente, como ocurrirá con los juicios laborales de la capital federal que pueden ser recurrido ante la Cámara de Casación, pero no los que hayan sido fallados por las cámaras federales de apelación. La ley, al respecto, dispone que “La Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social conocerá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.” (Art. 3º) Esto atenta contra el principio de igualdad ante la ley (Art. 16 de la Constitución Nacional).

La ley, en su artículo 2° cuando afirma que: “La Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal conocerá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y por las demás Cámaras Federales de Apelación del país en causas contencioso-administrativas federales” es por demás oscura ya que no será fácil saber cuando un juicio fallado por una cámara de apelación federal es contencioso administrativo, porque no existe un procedimiento especial que viabilicen todos estos pleitos en el orden federal, como los hay en las provincias, y porque no todos los litigios contra el Estado son contencioso administrativos.

Con ello se reitera el frustrado intento que se aprobó en la reforma constitucional del 16 de marzo de 1949, pero sin crear una nueva instancia como en la ley 26.853, cuando en el artículo 97 se disponía que “La Corte Suprema de Justicia conocerá, como Tribunal de Casación, en la interpretación e inteligencia de los códigos a que se refiere el inciso 11 del artículo 68” y la interpretación que haga la Corte “será aplicada obligatoriamente por los jueces tribunales nacionales y provinciales”. Se disponía, además, que la ley reglamentaría este recurso. Esta reforma constitucional se derogó en 1956.

En Estado Unidos, que tiene una organización judicial similar a la argentina por haber sido su Constitución modelo de la nuestra, los intentos de crear un tribunal intermedio entre la Suprema Corte y las cortes de circuito, que equivalen a nuestras cámaras, no prosperaron, como la fue el caso de la propuesta del grupo de estudio encabezado por Paul Freund, profesor de Harvard, designado por el presidente de la Suprema Corte Warren Burger; o por las recomendaciones que efectuó en 1975 la Comisión revisora del sistema de cámaras federales de apelación, creada por el Congreso.

Quién designa los jueces

La ley 26.853 en su artículo 7° dispone que: “Los miembros de las Cámaras creadas por la presente ley serán designados de conformidad a lo prescripto en la normativa vigente en la materia.
En los casos en que resulte necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas.
Hasta tanto las Cámaras de Casación creadas por el artículo 1° de la presente ley sean compuestas conforme el presente artículo, se integrarán por jueces subrogantes o conjueces para iniciar su funcionamiento.”

La ley es oscura e inconstitucional en este punto porque:
•​No aclara quién debe determinar cuáles serán los casos en los que “resulte necesario (…) establecer procedimientos abreviados para la designación de jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas”;
•​Ello significa declarar un estado de emergencia, lo que no se compadece con la realidad, y que en caso que en algún momento fuere necesario hacerlo debería dictarse una nueva ley, porque este tipo de declaraciones es competencia del Poder Legislativo; y
•​Para designar a los jueces subrogantes o conjueces, hasta que se hagan los concursos y se eleven las ternas por parte del Consejo de la Magistratura, a este órgano de la Constitución no se le reconoce intervención alguna (Arts. 1°, 2° y 3° de la Ley 26.376), lo que significa que se está contrariando lo que establece la Ley Fundamental.
•​La práctica de los últimos años nos hace pensar que los magistrados designados por “procedimientos abreviados” podrían durar mucho tiempo en sus cargos, lo que aumentaría el casi 20 por ciento de vacantes que hay actualmente en la Justicia Federal, motivado por las demoras del Consejo de la Magistratura para aprobar ternas, del Poder Ejecutivo para hacer designaciones y del Senado para prestar acuerdo a los jueces.

Alberto Bianchi ha dicho y a dicho bien que: “La inconstitucionalidad del segundo párrafo (del Art. 7º) tiene lugar por dos motivos. En primer lugar porque el Congreso se ha arrogado la facultad de establecer el sistema de designación de los jueces, una facultad para la cual es incompetente pues se trata de una atribución estrictamente constitucional. En segundo lugar, porque (a) viola el artículo 114 de la Constitución y (b) la delegación efectuada en tanto (i) no responde a ninguna necesidad de urgencia y (ii) posee tal amplitud que carece de las bases suficientes exigidas por el artículo 76.”

El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico hizo lugar una medida cautelar y dispuso “suspender la aplicación de lo dispuesto en el artículo 7, segundo y tercer párrafo de la ley 26.853 y cualquier acto de aplicación vinculado de manera directa con la norma citada, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa”. Se trata de una demanda entablada por el consejero de la magistratura Alejandro Fargosi.

Críticas a la ley

1.​Si de casación se trata no se ha previsto nada que permita unificar la jurisprudencia, todo por el contrario la modalidad plenaria y la obligatoriedad de estas decisiones prevista por los artículos 302 y 303 del CPCCN desaparece. La causal de casación de que exista doctrina o jurisprudencia contradictoria (art. 289 inciso 3) no es suficiente para autorizar el sesionar en plenario cuando haya criterios contradictorios entre sus salas o para resolver en plenario, y que sus interpretaciones sean obligatorias para los jueces inferiores.

2.​Las nuevas Cámaras no aliviarán la gran carga de trabajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que seguirá siendo el intérprete final de la Constitución.

3.​La ley no ha tenido en cuenta para nada la ley 26.790 que autoriza en caso de “notoria gravedad institucional” el per saltum, o sea saltar las instancias para llegar a la Corte Suprema de Justicia, lo que se contradice con los propósitos dilatorios de los procesos judiciales que propone esta ley; y que seguramente los litigantes tratarán de utilizar para obviar esta innecesaria tercera instancia, lo que recargará, aún más, el trabajo de la Corte.

4.​No hay duda que la creación de esta nueva instancia hará que los pleitos tengan mayor demora y que habrá un mayor costo para su tramitación. Esto atenta contra el principio de igualdad ante la ley ya que beneficiará a los sectores de más poder, principalmente del Estado. La creación de ésta tercera instancia atenta contra la celeridad y eficiencia del servicio de justicia y la ampliación que hace la ley en lo referido al ámbito de procedencia del recurso de casación no sirve para mejorarlo (art. 289 del CPCCN según las modificaciones de la ley).

5.​La ley discrimina a los litigantes y abogados del interior del país ya que las Cámaras tienen por sede la Capital Federal lo que torna más dificultoso y costoso litigar desde el interior del país, y el artículo 290 dispone que los litigantes deben tener constituido domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Esto es contrario al artículo 118 que establece que “(…) La actuación de estos juicios se harán en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito (…)” lo que es un mandato que debe ser entendido no solamente para respetar los derechos de los presuntos delincuentes, sino también que debe ser aplicado también a los inocentes que reclaman justicia.

6.​La ampliación de la burocracia judicial que implica la creación de estos tribunales colegiados, con doscientos cuarenta cargos –entre jueces, funcionarios y empleados-, y con el establecimiento nuevos procedimientos para tramitar los recursos primero en las Salas de las Cámaras Nacionales y Federales, y, luego, en las seis Salas de las Cámaras de Casación, provocan un desgaste jurisdiccional y crean un embudo judicial que demorará más los pleitos. Atentando ello contra los derechos de los justiciables. El que haya una doble instancia plena es una garantía que la Constitución y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional reconocen, el que haya una tercera es un atentado al derecho de defensa, a la garantía del debido proceso y perjudica a los justiciables.

7.​El recurso procede no solo contra las sentencias definitivas o las equiparables dictadas por las cámaras de apelación, sino también las resoluciones que decidan la suspensión de los efectos de actos estatales u otra medida cautelar frente a alguna autoridad pública, lo que tiende a favorecer a las decisiones que toma el gobierno de turno, lo que es coherente con la ley 26.854, dictada para dificultar las medidas cautelares en contra del Estado y favorece a las que solicitan sus representantes, afectando en ambos casos los derechos de los particulares.

8.​Es claro el propósito de dilatar los juicios previsionales, que se calculan en quinientos mil y que abarrotan los tribunales federales, y así postergar en el tiempo los reajustes y el pago de las diferencias, incumpliendo el Convenio que el ANSeS, en nombre del Estado argentino, y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos firmaron el 4 de noviembre de 2009 el que establece dar estricto cumplimiento a una serie de resoluciones: “Especialmente aquélla que establece que todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin otras limitaciones más que aquellas dispuestas en la norma, en concordancia con las disposiciones de la Circular 1. Toda otra limitación introducida por vía de interpretaciones infra-normativas no será aplicable”. Además, de: “Instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos especificados en el propio fallo judicial firme.”Y “No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido.”Por último acordaba “Desistir, dentro de los sesenta (60) días corridos de la firma del presente acuerdo, de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra sentencias favorables a los beneficiarios, en los supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido en casos similares.”
Es de público y notorio que los recursos del ANSeS, son desviados con destinos distintos a los previsionales por el Gobierno Nacional, que es lo que motiva dilata estos pleitos. Entre los recursos que lo integran se encuentran el 15 por ciento de aportes de la coparticipación federal que las provincias cedieron al Gobierno federal por el Acuerdo que firmaron el 2 de septiembre de 1992 y que ahora algunas, como Santa Fe, Córdoba y San Luís por haber denunciado dicho convenio después de la estatización de las AFJP, demandaron ante la Corte Suprema su devolución.

9.​ No se entiende el por qué solo pueden ser recurridos en Casación las sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y no los que resuelven las Cámaras Federales de Apelaciones, ni cómo se determinará cuando un juicio fallado por las Cámaras Federales de Apelaciones es contencioso administrativo, ya que no siempre hay un procedimiento especial que lo determine. Esto último dejará a la discreción de las cámaras que los deban conceder y de las que luego tengan que resolverlo, cual será el tribunal competente para resolver este pleito que no sabemos si es contencioso administrativo o civil, lo que hará más engorroso y lento el trámite. La ley nada dice de los juicios en materia tributaria que se tramitan en los tribunales inferiores federales, ya que es claro que el gobierno no tiene interés en demorarlos agregándoles una nueva instancia.

10.​Tampoco es comprensible por qué a la casación la ley le ha sumado los recursos de inconstitucionalidad y de arbitrariedad – sin especificar los casos concretos que la doctrina judicial y de los autores han determinado como tales-, ya que ello es materia propia del recurso extraordinario ante la Corte Suprema la que continúa siendo la última instancia para ejercer el control de supremacía constitucional.

11.​El recurso de revisión incorporado en el artículo 297 y su relación el 288, contradice también a los objetivos declamados, ya que no tiene por finalidad afianzar el principio de seguridad jurídica y muestra una clara intención de favorecer y fortalecer las facultades del Estado en perjuicio de los particulares.

12.​No se ha previsto nada respecto de la constitución del domicilio ni de las notificaciones electrónicas, como lo tiene ya establecido la Corte Suprema, por la Acordada 31del 13 de diciembre de 2011, ni respecto de los trámites de los recursos, lo que podría hacer más accesible a los litigantes del interior el trámite ante estas Cámaras, y les evitaría contratar letrados y estudios jurídicos de Buenos Aires para que reciban las notificaciones, presenten escritos y atiendan los recursos.

Conclusión

Si “democratizar” la justicia, es allanarle el camino al justiciable, y permitirle obtener de la manera más sencilla y pronta un pronunciamiento judicial que resuelva la cuestión que somete a su consideración, ciertamente y por las razones expuestas, este embudo, entre los tribunales inferiores y la Corte, que conforman estas nuevas cámara de casación, que seguramente integran provisoriamente jueces subrogantes de la “Justicia legítima”, para nada es la mejor forma de conseguirlo.

Esta, como las otras leyes que el Congreso sancionó con el propósito “democratizador” del Poder Judicial –una de las cuales, la del Consejo de la Magistratura, ya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema-, en realidad, están destinadas a hacer posible la consigna de la diputada Diana Conti, de que: “En la democracia la mayoría gobierna en los tres poderes”. Esto no se corresponde con la Democracia Constitucional, recuperada hace treinta años, en la que los principios de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial son garantías indispensables de los derechos humanos.

La anhelada “reforma judicial”, por la que muchos bregamos, nada tiene que ver con estas leyes, que además de inconstitucionales y del denunciado retroceso que implican, han puesto un paréntesis en un debate que urge no extender más en el tiempo.

Córdoba, julio de 2013.

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La Independencia del Poder Judicial

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Presidenta Cristina Kirchner

Algunas expresiones de altos funcionarios del gobierno nos hacen dudar respecto de lo que debemos entender por independencia del Poder Judicial.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo, al justificar el envío al Congreso del paquete de seis leyes para “democratizar la justicia”, que: “Quiero una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos”

La diputada Diana Conti, a su vez, dijo que: “En la democracia la mayoría gobierna en los tres poderes”.

Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó en declaraciones a la prensa que “les guste o no, somos representantes de la voluntad del pueblo argentino, y por lo tanto dos jueces no pueden detener la voluntad política. Por eso me pregunto desde dónde pretenden corromper la fortaleza en la representación del pueblo que posee nuestra presidenta”. Como si él, el Congreso y el Cuerpo que preside no la tuviera.

“El pueblo es el titular único de la Justicia”, señaló el ex juez español Baltasar Garzón, condenado a inhabilitación por la Justicia española,

¿Qué es, entonces, una “Justicia democrática”?

Ni en Las Bases de Juan Bautista Alberdi ni en la Convención Constituyente de 1853 se discutió el modelo de la Constitución norteamericana que la nuestra adoptó, respecto al rol y a la organización del Poder Judicial.

Cuando se discutía la aprobación de la Ley Fundamental en Estados Unidos, se hacía presente que la misma se apartaba de la organización política de Gran Bretaña, donde el poder judicial residía, en su última instancia, en la Cámara de los Lores, que, junto a la Cámara de los Comunes, integraba el Parlamento (hasta el 1º de octubre de 2009 en el que comenzó a funcionar la Suprema Corte del Reino Unido, creada por un Acta de reforma constitucional de 2005) y lo estableció independiente de los poderes legislativo –el Congreso- y del ejecutivo – el presidente-, y, a diferencia de aquel, los fallos de la Suprema Corte de EEUU y de los demás tribunales interiores no pueden ser revocados por la leyes o decretos de los otros dos poderes.

Por eso, Alexander Hamilton en El Federalista, comparaba el poder judicial con el legislativo y el ejecutivo diciendo que: El judicial (…) no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que no posee FUERZA ni VOLUNTAD, sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos.” Y agregaba luego, que: “No hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes ejecutivo y legislativo.”

También expresaba que los “(…) tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad, entre otras varias, de mantener a esta última dentro de los límites asignados a su autoridad.” No debía entenderse: “de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la última de preferencia a las primeras.”

La Justicia en la Constitución Nacional

El estado, en nuestra Carta Fundamental, asume y reivindica para sí la administración de justicia, los particulares no pueden dirimir sus conflictos y resolver sus pretensiones por mano propia. No hay justicia privada.

El preámbulo de la Constitución así lo declara cuando fija como uno de sus objetivo el afianzar la justicia e invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia”. Y cuando el Artículo 19 dice que:Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de las facultad de los magistrados”. A los jueces de la Corte Suprema se les exige prestar juramento de “desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución” (Art. 112). Todo lo cual indica que la Constitución reconoce la existencia de un orden moral y natural superior a las normas positivas que es respetado en sus cláusulas y que debe serlo por las demás leyes y actos que se dicten en su consecuencia.

El gobierno federal y provincial se organiza en base al sistema representativo y republicano (Art. 1 y 5 de la Constitución), lo que implica que hay división de los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

La función jurisdiccional solamente la ejercen los jueces del Poder Judicial del gobierno federal (Art. 1 y 108 y siguientes), del de las provincias (Art. 5) y de la Ciudad autónoma de Buenos Aires (Art. 129).

El Poder Judicial es independiente, los jueces de la Corte Suprema, que deben ser abogados con ocho años de ejercicio, y de los demás tribunales inferiores de la Nación, que lo integran, “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones” (Art. 110) y solo pueden ser removidos por juicio político en caso de “mal desempeño o delitos en ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes” (Art. 53)

Función judicial, jurisdicción y control de constitucionalidad

Con Eduardo Couture podemos decir que la jurisdicción: “Es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determinan los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución“.

En nuestro sistema constitucional la jurisdicción se identifica con la función judicial, a diferencia de los sistemas parlamentarios donde existe la justicia administrativa, y esta distinción se la considera válida. Los llamados tribunales administrativos, que hay en nuestro país, fiscales, militares o de faltas municipales, son organismos administrativos y no judiciales, que no ejercen la jurisdicción, y sus decisiones son actos administrativos que pueden ser impugnados en los tribunales que integran los poderes judiciales antes referidos, que son los únicos habilitados por la Ley Fundamental para ejercer la función judicial, o jurisdiccional, dentro de sus respectivas competencias de personas, lugar y materia.

La Convención constituyente y el Congreso, elegidos democráticamente por el pueblo de las provincias y de la Capital federal, dictan, reforman o derogan la Constitución y las leyes. Los jueces, al ejercer su función jurisdiccional, están obligados a hacer el control de la supremacía de la Constitución, o sea de aplicar en el caso concreto lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás normas o actos de gobiernos o administrativos, respetando el orden de prelación de las mismas. La norma o acto declarado inconstitucionales no son derogados por el juez o tribunal que así lo declara, ya que su decisión es válida y obliga sólo a las partes del juicio. Son los órganos políticos o administrativos que dictaron estas normas o actos lo que pueden derogarlos o reformarlos.

Procedimientos

El ejercicio de la jurisdicción tiene procedimientos establecidos por códigos y leyes que lo reglamentan y que por momento se tornaron muy rígidos, lentos e ineficaces para administrar justicia. Por eso, en el último medio siglo, se ha intentado flexibilidad y hacer más fluidos los procesos y protocolos para acceder y lograr la solución de las causas que tiene que atender el Estado.

Ello hizo posible la aparición y difusión de la oralidad; las audiencia públicas –informativas, conciliatorias y ordenatorias- y los Amicus curiae –incorporados por la Corte Suprema (Acordadas Nº 30/2007 y 28/2004); la acción declarativa de inconstitucionalidad y la de certeza; el mayor desarrollo del hábeas corpus, la adopción de los amparos, -algunos muy expeditivos como el electoral que se plantea oralmente y se resuelve sin vista a la contraria (Arts. 10, 11 y 147 de la ley 19.945) y el hábeas data –todos ellos en su versión individual o colectiva-; los procedimientos sumarios o urgentes, la conciliación, la mediación, la negociación, el arbitraje, la “probation”, la tutela anticipada y las medidas autosatisfactivas

A esto debemos agregarle la incorporación – no siempre con la velocidad que las circunstancias exigen- de las nuevas tecnologías; como la de los medios digitales e informáticos: las computadoras, el uso de Internet, de los correos electrónicos, de las páginas Web, de los escáner, de las cámaras Gesell o de las videoconferencias; todo lo cual permite un mejor y más ágil funcionamiento de la administración de justicia.

La reciente ley 26. 854 sobre medidas cautelares ha sido un evidente retroceso.

A treinta años de la recuperación de la democracia constitucional no debemos poner en duda la garantía de los derechos humanos que establece la Constitución, que se hace posible mediante la limitación y la división de los poderes del estado, y la independencia del Poder Judicial, ejercida por jueces, elegidos por los órganos políticos que representan al pueblo, y que son responsables ante los mismos en caso de delitos o mal desempeño en sus funciones.

Para concluir, podríamos afirmar con el relator especial de las Naciones Unidas, quien al presentar su primer informe a la Comisión de Derechos Humanos, afirmara queel derecho a una judicatura independiente e imparcial y a una abogacía independiente no es un derecho ni una prerrogativa de los jueces y abogados. Se trata de un derecho de los usuarios de la justicia. Al aplicar este derecho no debe hacerse ninguna distinción entre el norte y el sur, los ricos y los pobres, los países desarrollados y los países en desarrollo. Lo que los jueces y abogados procuran al administrar justicia sin miedo ni trato de favor y sin prestar atención a estas distinciones es proteger este derecho de los usuarios”.

Córdoba, junio de 2013.

El perfil del juez

La facultad de la jurisdicción. La suspensión de las medidas cautelares de los juicios contra el Estado. 

Alexander Hamilton

Alexander Hamilton

Perfil del juez

Alexander Hamilton decía en El Federalista que: serán pocos los hombres en cada sociedad suficientemente versado en materia de leyes para estar capacitados para las funciones judiciales. Y si descartamos lo que corresponde a la perversidad natural del género humano, han de ser menos aún los que unan a los conocimientos requeridos la integridad que debe exigirse”

Actualmente a los jueces los catalogamos como garantistas, activistas, muy expresivos, silenciosos, conservadores, liberales, formalistas, temerosos, aferrados a la ley positiva o que priorizan los hechos. Algunos son vistos como un Júpiter, porque juzgan desde el Olimpo, otros como Hércules, porque pretenden cargar sobre sí con el mundo. No faltan los que merecen ser identificados con Poncio Pilatos, por lavarse las manos cuando deben tomar decisiones.

Y cuando integran tribunales colegiados se los diferencian por ser varones o mujeres; por ser jóvenes, maduros o seniors; o porque provienen de distintas zonas o sectores sociales de la jurisdicción en la que les toca actuar, o por ser especialistas en distintas ramas del derecho,

Los jueces, que nos gustaría que nos juzguen, deben despertar confianza, ser imparciales y estar comprometido con:

  • La justicia, que para Ulpiano: es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno lo suyo Y como la describe John Rawls, “es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del pensamiento.”
  • El derecho, lo que implica: “vive honestamente, no hagas daño a nadie y da a cada uno lo suyo”.
  • La defensa de los derechos humanos, que protegen la libertad,  la vida, el trabajo y el ambiente
  • La Democracia Constitucional, que implica gobierno representativo y republicano (de división de poderes,  responsabilidad de los mandatarios, y publicidad de los actos de gobierno); respeto al principio de subsidiariedad (fundamento del federalismo y de la autonomía municipal y de las regiones); de igualdad y de fraternidad; y que siempre tengan en mira al Bien Común. 

Pero, además, como bien nos recordaba Germán Bidart Campos: el juez es el administrador de la Justicia; con ley, sin ley, o contra la ley. Porque el valor Justicia prevalece sobre la ley y nuestra Constitución así lo deja entrever a quienes saben comprenderla cuando manda en el Preámbulo afianzar la Justicia. Con ley, sin ley o contra la ley.

Quienes imparten justicia deben  estar dispuestos a buscar la verdad y a actuar con:

  • Prudencia, para lo cual deben ser independientes, informados, sabios, cultos, generosos, abiertos, claros en sus expresiones (escritas y orales) y humanos.
  • Templanza, para lo que deben ser equilibrados en sus juicios y en el trato a quienes juzgan.
  • Fortaleza, lo que implica: carácter y valentía; y deben ser trabajadores, estudiosos, expeditivos, estar actualizados, tener experiencia de vida y un buen manejo de los medios electrónicos.
  • Conocimiento de la ciencia del derecho, de las leyes y de la jurisprudencia.

Además, deben estar sanos física y psíquicamente, aunque padezcan alguna incapacidad que no les altere el buen juicio y la posibilidad de desempeñarse en esa función, no ser fundamentalistas, ni tener adicciones, ni estar fuertemente endeudado o tener otro tipo de problemas personales que puedan afectar su buen desempeño. Su dedicación debe ser de tiempo completo. Sus preferencias políticas no deben manifestarlas.

Por fin con Calamandrei podemos afirmar que: “Los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de virtud, si no quiere que los creyentes pierdan la fe”

Facultad de la jurisdicción

Si nos remontamos al modelo de nuestra Constitución, la norteamericana, debemos citar nuevamente a Hamilton, cuando en El Federalista, comparaba el poder legislativo y el ejecutivo diciendo que: “El judicial (…) no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que no posee FUERZA ni VOLUNTAD, sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos.” Y agregaba luego, que: “No hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes ejecutivo y legislativo.” También expresaba que los “(…) tribunales han  sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad, entre otras varias, de mantener a esta última dentro de los límites asignados a su autoridad.” No debía entenderse: “de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la última de preferencia a las primeras.”

El estado, en nuestra Carta Fundamental, asume y reivindica para sí la administración de justicia, los particulares no pueden dirimir sus conflictos y resolver sus pretensiones por mano propia. No hay justicia privada.

El preámbulo de la Constitución así lo declara cuando fija como uno de sus objetivo el afianzar la justicia e invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia”.  Y cuando el Artículo 19 dice que:Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni  perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de las facultad de los magistrados”. A los jueces de la Corte Suprema se les exige prestar juramento de “desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución” (Art. 112). Todo lo cual indica que la Constitución reconoce la existencia de un orden moral y natural superior a las normas positivas que es respetado en sus cláusulas y que debe serlo por las demás leyes y actos que se dicten en su consecuencia.

El gobierno federal y provincial se organiza en base al sistema representativo y republicano (Art. 1 y 5 de la Constitución), lo que implica que hay división de los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

La función jurisdiccional solamente la ejercen los jueces del Poder Judicial del gobierno federal (Art. 1 y 108 y siguientes), del de las provincias (Art. 5) y de la Ciudad autónoma de Buenos Aires (Art. 129).

El Poder Judicial es independiente, los jueces de la Corte Suprema, que deben ser abogados con ocho años de ejercicio, y de los demás tribunales inferiores de la Nación, que lo integran, “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones” (Art. 110)  y solo pueden ser removidos por juicio político en caso de “mal desempeño o delitos en ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes” (Art. 53)

En nuestro sistema constitucional la jurisdicción se identifica con la función judicial, a diferencia de los sistemas parlamentarios donde existe la justicia administrativa, y esta distinción se la considera válida. Los llamados tribunales administrativos, que hay en nuestro país, fiscales, militares o de faltas municipales, son organismos administrativos y no judiciales, que no ejercen la jurisdicción, y sus decisiones son actos administrativos que pueden ser impugnados en los tribunales que integran los poderes judiciales antes referidos, que son los únicos habilitados por la Ley Fundamental para ejercer la función judicial, o jurisdiccional, dentro de sus respectivas competencias de personas, lugar y materia.

La Convención constituyente y el Congreso, elegidos democráticamente por el pueblo de las provincias y de la Capital federal, dictan, reforman o derogan la Constitución y las leyes. Los jueces, al ejercer su función jurisdiccional, están obligados a hacer el control de la supremacía de la Constitución, o sea de aplicar en el caso concreto lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás normas o actos de gobiernos o administrativos, respetando el orden de prelación de las mismas. La norma o acto declarado inconstitucionales no son derogados por el juez o tribunal que así lo declara, ya que su decisión es válida y obliga sólo a las partes del juicio. Son los órganos políticos o administrativos que dictaron estas normas o actos lo que pueden derogarlos o reformarlos.

El ejercicio de la jurisdicción tiene procedimientos establecidos por códigos y leyes que lo reglamentan y que por momento se tornaron muy rígidos, lentos e ineficaces para administrar justicia. Por eso, en el último medio siglo, se ha intentado flexibilidad y hacer más fluidos los procesos y protocolos para acceder y lograr la solución de las causas que tiene que atender el Estado.

Ello hizo posible la aparición y difusión de la oralidad; las audiencia públicas –informativas, conciliatorias y ordenatorias- y los Amicus curiae –incorporados por la Corte Suprema (Acordadas Nº 30/2007 y 28/2004); la acción declarativa de inconstitucionalidad y la de certeza; el mayor desarrollo del hábeas corpus, la adopción de los amparos, -algunos muy expeditivos como el electoral que se plantea oralmente y se resuelve sin vista a la contraria (Arts. 10, 11 y 147 de la ley 19.945) y el hábeas data –todos ellos en su versión individual o colectiva-; los procedimientos sumarios o urgentes, la conciliación, la mediación, la negociación, el arbitraje, la “probation”, la tutela anticipada y las medidas autosatisfactivas.

A esto debemos agregarle la incorporación – no siempre con la velocidad que las circunstancias exigen- de las nuevas tecnologías; como la de los medios digitales e informáticos: las computadoras, el uso de Internet, de los correos electrónicos, de las páginas Web, de los escáner, de las cámaras Gesell o de las videoconferencias; todo lo cual permite un mejor y más ágil funcionamiento de la administración de justicia.

Podríamos, entonces, terminar diciendo con Eduardo Couture que la jurisdicción: “Es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determinan los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución“.

Medidas cautelares: Ley 26.854

Esta ley; motivada por necesidades del actual gobierno, que no simpatiza con la independencia de la justicia y a la que quiere imponerle su propias decisiones, contrariando lo que dispone el artículo 109 de la Ley Fundamental que dispone: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento e causas pendientes o restablecer la fenecidas”; tiene por objeto evitar que las medidas cautelares aseguren el resultado final de los juicios, que es la razón de ser de su existencia en los procedimientos judiciales.

Esta ley, que reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en lo que se refiere a las medidas cautelares que los jueces pueden disponer en contra del Estado o las que solicitan sus representantes, es parte del “paquete” de leyes que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso con el declarado propósito de “democratizar a la justicia”, y de contar con jueces que sean dóciles a las decisiones del poder ejecutivo y evitar que haya magistrados que vuelvan a decretar medidas preventivas, como las que impidieron la desarticulación del grupo Clarín y la expropiación de la Sociedad Rural. Además, de hacer posible aquello que declaró la diputada Diana Conti, que: “En la democracia la mayoría gobierna en los tres poderes”. 

Pero lo que dispone esta norma, puede dar pie a que mañana puedan decretarse expropiaciones, que sean verdaderas confiscaciones, por no estar precedidas de la indemnización a la que obliga la Constitución (Art. 17); como las que decretaba, desde la tribuna, Hugo Chávez en Venezuela.

Esta reforma al Código de Procediciemtos es, dentro de ese ”paquete” enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la que con más evidencia muestra la intención de interferir en la labor de los jueces y privar a las sentencias de condena contra el Estado de todo valor práctico y efectivo. Además, de hacer posible que los funcionarios del gobierno puedan impedir acciones, protestas, manifestaciones, etcétera, de particulares o de sociedades o grupos intermedios, con el argumento de que atentan contra el “interés público”.

Con este objetivo en mira, la ley ha diseñado un cuidadoso y esmerado sistema que ataca la efectividad de las medidas cautelares desde varios ángulos.

  • Se le obliga al juez, al que se le requiere una medida cautelar contra el Estado o sus entes descentralizados, a decidir primero sobre su competencia (Art. 2. 1), lo que es un obstáculo para que la medida sea eficaz.
  • Sólo son admisibles las medidas cautelares contra el Estado o sus entes descentralizados “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables”,  cuando “se encuentre comprometida la vida digna (…) la salud o un derecho de naturaleza alimentaria”, o si se “trate de un derecho de naturaleza ambiental. (Art. 2.2).
  • Se dilata el otorgamiento de la medida al obligarle al juez a correr previamente traslado al Estado antes de resolver, por el plazo de 5 o 3 días según sea el tipo de juicio, y se lo faculta a correrle vista, también, al Ministerio Público (Art. 4). Este requisito, que no figuraba en el Código de Procedimientos, permite además que el Estado conozca de antemano la existencia del juicio y, eventualmente, el contenido de la demanda, y pueda así resistirla o demorar su concesión.
  • Se limita la vigencia temporal de la cautelar a seis o tres meses según que se trate de juicios ordinarios o sumarísimos (Art. 5). Como si se desconociera que no hay juicio alguno en nuestro país, ni aún el más breve, cuyo trámite dure menos de seis meses. Ello quiere decir que cuando se dicte sentencia, la medida cautelar ya no existirá.
  • Se prohíben las medidas cautelares que afecten, obstaculicen, comprometan o distraigan de su destino o de cualquier forma perturben los bienes o recursos propios del Estado (Art. 9). La enumeración es tan amplia que podría llegar a abarcar prácticamente toda la actividad del Estado, pues no existe una cautelar que -de algún modo- no afecte los bienes o recursos del Estado.
  • Se prohíbe, también, dictar medidas cautelares que consistan en la suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular, es decir prácticamente a todos los tipos de actividades bajo las cuales actúa el Estado, si la misma afecta el “interés público” (Art. 13).
  • Otra limitación es la que dispone que “El recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo, salvo que se encontrare comprometida la tutela de los supuestos enumerados en el art. 2, inc. 2. (Art. 13.3)
  • Establece igual prohibición en relación con las medidas cautelares que, tanto obligan al Estado a cumplir con una determinada prestación como cuando le imponen abstenerse de llevar a cabo alguna actividad, cuando afecten el “interés público” (Art. 15).
  • Deberán, además, seguir el lento y laberíntico trámite antes referido las cautelares demandadas que excepcionalmente admite esta ley: “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables”,  cuando “se encuentre comprometida la vida digna”(…)“la salud o un derecho de naturaleza alimentaria”, o si se “trate de un derecho de naturaleza ambiental.”(Art. 2.2)
  • Autoriza, insólitamente, a que los organismos del Estado puedan pedir a los jueces medidas cautelares cuando haya “Riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio estatal u otros derechos de su titularidad.”(Art. 16). Expresiones de una discrecionalidad absoluta.
  • Y “Cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos, (…)” (Art.17), lo que puede ser aplicado para reprimir manifestaciones, protestas, reclamos, etcétera; lo que no cabe en un Estado de Derecho.

“Interés Público”

Dada la vaguedad del concepto de “interés público” y teniendo en cuenta que toda la actividad del Estado se presume enderezada a alcanzarlo, estas prohibiciones para los administrados podría ser un obstáculo para hacer posible cautelares contra el Estado; al mismo tiempo que sus funcionarios o representantes con sólo invocar el “interés público” pueden conseguir cautelares que perjudiquen o limiten los derechos de particulares.

Estas disposiciones nos recuerdan a la limitación que dispuso ley de amparo Nº 16.986 –todavía vigente-, dictada por el presidente de facto General Juan Carlos Onganía con el propósito de terminar con la gran cantidad de amparos que se había planteado luego de su admisión por la Corte Suprema en los célebres casos “Siri” y “Kot”, que se obliga a los jueces a declararlo improcedente cuando comprometiera un “servicio público” (Art. 2 c), algo que los tribunales, en general, dejaron de aplicar cuando se recuperó la democracia.

En síntesis, los jueces deben detenerse obedientes ante el muro del “interés público” detrás del cual el Estado queda blindado contra cualquier tipo de medida cautelar. Obviamente, es el propio Estado el que decidirá cuando hay “interés público” afectado o comprometido.

Ya nadie podrá, por ejemplo, plantear una medida cautelar contra una Resolución como la 125, que establecía las retenciones a las exportaciones, o contra un gravamen inconstitucional, porque ello atentaría contra el “interés público”. ¿Qué mayor “interés público” puede haber que la percepción de un ingreso para el fisco?

Como se interpretará la, por demás vaga, regla que contiene la ley al disponer que: Las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal” (Inciso 4, Art. 3), ya que si se aplica literalmente esta regla no habrá más cautelares y la tutela judicial contra el Estado Nacional será un imposible.

Son varios los agravios constitucionales que la ley produce.

  • El primero es el que afecta el derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal adjetivo (Art. 14 y 18 de la Constitución Nacional y 8 del Convenio Americano sobre Derecho Humanos). Los juicios pierden toda su razón de ser, con los costos y tiempo que ellos insumen, si la sentencia que se  obtenga no tendrá efectividad práctica alguna.
  • También se atenta contra el derecho de propiedad (Art. 17 de la Constitución), que no puede obviarse con el remanido argumento de que el Estado es siempre solvente y puede reparar el daño causado, porque no todo daño es reparable por medio de una condena de daños y perjuicios; y porque la pregonada solvencia del Estado es un mito, luego de haber sufrido tantas emergencia económica, donde el Estado invoca su propia insolvencia y, como consecuencia de ello, ha pagado sus deudas con moneda de quiebra, como han sido los bonos de consolidación, muchas veces afectados por la depreciación de su valor producida por una inflación imposible de medir por la distorsión de las estadísticas del INDEC.
  • Se afecta el principio de igualdad ante la ley (Art. 16 de la Constitución) ya que el Estado y sus organismos son personas jurídicas que están sometidas a las mismas obligaciones y tienen los mismos derechos que el resto de las personas físicas y jurídicas, y esta ley establece privilegios que repugnan a dicho principio.

En síntesis, la ley propicia un retroceso de un siglo, que nos devuelve a la época de las sentencias meramente declarativas contra el Estado y propicia de esa manera su impunidad y da pie a que los jueces puedan disponer medidas que impedan a los ciudadanos a ejercer el derecho a peticionar, protestar o manifestarse en contra de las decisiones del gobierno. Esta ley pretende convertir en letra muerta el principio de la tutela judicial efectiva.

Esperemos que los jueces la declaren inconstitucional.

Córdoba, mayo de 2013.

La independencia de la Justicia se va al descenso

Justicia

Justicia

El efecto Francisco (por el nuevo Papa) y las inundaciones de La Plata le han producido una grave contrariedad a Cristina Fernandez de Kirchner, que ahora pretende quitarlas de la atención de la opinión pública, al poner en el tapete la sanción, a “libro cerrado” y sin debate, de seis leyes para reformar la Justicia, propósito que ya anunció en su discurso al Congreso del 1° de Marzo.

 Además de ello, y de paso, se quiere poner “en caja” a la Corte Suprema y a los jueces que no se ajustan a lo que quiere su gobierno, sustrayéndoles competencias y prerrogativas, y colocándoles sobre su cabeza una espada de Damocles, con la amenaza de sanciones o de destitución, que les pueden llegar desde la “mayoría automática” de un Consejo de la Magistratura adicto, que es lo que se quiere pergeñar.

Al Consejo de la Magistratura se le aumenta de 13 a 19 sus miembros, contrariando el criterio de la reforma anterior -impulsada por la actual presidenta-, donde se los redujo de 20 a 13. En contra de los que dispone la Constitución (Art. 114) a los jueces, abogados y académicos se les impide eligir a los consejeros que los representan, y se dispone que los mismos lo sean mediante comicios generales, a través de partidos políticos, en “listas sábanas”, sin cupo para los residentes del interior, ni proporcionalidad. La exigencia de que los jueces deben ser de “todas las instancias” no se cumple, como en la ley actual, ya que la Corte, y, ahora, las cámaras de casación, no tienen cabida en el mismo. Este proyecto, además, cambia la mayoría de dos tercios por la de simple mayoría cuando en el Consejo se vote las ternas para la designación de jueces, o se los acuse para ser sometidos a juicio político.

Una de las leyes pretende dilatar, aun más, los 500 mil juicios que los jubilados le han plateado al ANSeS para que les reajusten sus haberes (porque más del 70 por ciento de ellos cobra el mínimo) cuando crea la Cámara de Casación Laboral y de la Seguridad Social, en Buenos Aires, por la que deberán pasar estos pleitos después de haber sido fallados por el juez federal -de su provincia cuando son del interior- y por la Cámara Federal de Seguridad Social, con sede, también, porteña. La nueva Cámara tiene una sala laboral y otra de la seguridad social, de tres jueces cada una. Una de ellas será el paso obligado para que los jubilados demandantes lleguen a la Corte Suprema, arrastrados por los recursos dilatorios que interpone ANSeS.

De ello se desprende que los jubilados del interior para que le reajusten sus haberes tendrán que litigar en 3 de las 4 instancia judiciales en Buenos Aires, lo que, además de dilatorio y costoso, es contrario a la Constitución cuando dice que “los juicios criminales (…) se hará en la misma provincia  donde se hubiere cometido el delito” (Art. 118), lo que debemos interpretar que esto vale, no solo para presuntos delincuentes, sino también y con mayor razón, para los inocentes jubilados.

Otro de los proyectos, el que limita las medidas cautelares, tiene por propósito evitar que los jueces decreten medidas preventivas, como las que impidieron la desarticulación del grupo Clarín y la expropiación de la Sociedad Rural. Pero lo que se dispone, puede dar pie a que mañana puedan decretarse expropiaciones, que sean verdaderas confiscaciones, por no estar precedidas de la indemnización a la que obliga la Constitución; como las que decretaba, desde la tribuna, Hugo Chávez en Venezuela.

Pero, además, insólitamente, autoriza a que los organismos del Estado puedan pedir cautelares para evitar que se afecten los servicios públicos, lo que puede ser aplicado en contra de manifestaciones, protestas, huelgas, etcétera; lo que no cabe en un Estado de Derecho. Esto se parece a la ley de amparo (16.986) de Juan Carlos Onganía, que obliga a declararlo improcedente cuando se comprometiera un servicio público (art. 2 c).

Debemos aplaudir que, una de las leyes, dispone que la designación del personal de la Justicia federal deba hacerse mediando concurso, como ya ocurre en la Justicia cordobesa, pero ello debería imponerse, también, en toda la administración pública nacional, provincial y municipal.

Si lo que se quiere es que los magistrados sean genuflexos y que sus fallos se dilaten aun más en el tiempo, con lenguaje futbolero nos animamos a afirmar que: la independencia de la Justicia se va al descenso.

Córdoba, abril de 2013.

Libertad de Conciencia y libertad religiosa en la Argentina

Simbolos Religiosos

Simbolos Religiosos

Las Normas

•                La Constitución Nacional dispone en su Artículo 2. El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano. El artículo 14 dice que: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: (…) profesar libremente su culto (…). Y el artículo 73 dispone: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.”

•                La Declaración Universal de los Derecho Humanos de la ONU dice en su Artículo 18. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”

•                La Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 12, 4 titulado “Libertad de conciencia y de religión” expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”;

•                El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

•                El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 18. (…) 4. Que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

•                La Constitución de la provincia de Córdoba declara en su: Artículo 5. “Son inviolables en el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.”  Cultos Artículo 6. “La Provincia de Córdoba, reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.” Política Educativa Artículo 62. “La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos: (…)5. (…)Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. (…)”

•                La Ley: 9891 del año 2001 de la provincia de Córdoba dispone: Artículo 1º.-   Créase el “Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica”.

Artículo 2º.-  El Programa Provincial de Prevención y Asistencia a  las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica tiene por objetivos:

a)  Promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación de acciones tendientes a lograr la detección temprana y prevención de cualquier situación de manipulación psicológica, y

b)  Brindar asistencia interdisciplinaria a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica.

Artículo 3º.-   A los fines de la presente Ley entiéndese por:

a)    Grupos que usan técnicas de manipulación psicológica: todas aquellas organizaciones, asociaciones o movimientos que exhiben una gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa y que emplean en su dinámica de captación o adoctrinamiento técnicas de persuasión coercitivas que propicien:

1)    La destrucción de la personalidad previa del adepto o la dañen severamente, y

2)    La destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva del adepto con su entorno social habitual y consigo mismo, y el que por su dinámica funcionamiento le lleve a destruir o conculcar derechos jurídicos inalienables en un estado de derecho.

b)    Víctimas:

1)        Todas las personas directamente ofendidas por el grupo;

2)        Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o la persona que convivía con ella ligada por vínculos especiales de afecto;

3)        El último tutor, curador o guardador;

4)        Los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o por adopción, o segundo de afinidad;

5)        El representante legal, y

6)        El heredero testamentario.

Artículo 4º.-  A los efectos de la ejecución del presente Programa se determina como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 5º.- En el marco del Programa Provincial de Prevención y Asistencia  a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica, la Autoridad de Aplicación tiene las siguientes funciones:

a)  Investigar y estudiar las principales directrices de los grupos definidos en el artículo 3º de la presente Ley;

b)  Realizar campañas de información en la población sobre las características de estos grupos, de modo que cada uno pueda prevenirse contra las consecuencias negativas, así como facilitar el debate abierto en el seno de la sociedad y de la comunidad y velar para que cada ciudadano no sea privado de su derecho de libre decisión;

c)   Canalizar las presentaciones receptadas sobre estos grupos que impliquen algún tipo de violación de derechos, denunciando los hechos ante las autoridades correspondientes;

d)  Promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la ayuda a los adeptos deseosos de salirse del grupo, así como de los ex-adeptos en su reinserción social y la solidaridad correspondiente con sus familiares;

e)   Sensibilizar a la opinión pública, desde la información y la educación tolerante, ante la peligrosidad que supone la existencia de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica o de la  personalidad;

f)    Coordinar acciones con organismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial, y

g)  Proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de manipulación mental y de condicionamiento psíquico o intelectual que, bajo cualquier máscara filosófica, religiosa o comercial pueden disimular sus prácticas.

Artículo 6º.-       A los fines del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de esta Ley se constituirá un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos y abogados especializados en la temática, para el estudio y abordaje integral de la asistencia a las víctimas, que tendrá a su cargo:

(…)

La Libertad Religiosa como Derecho Humano

Las palabras de Jesucristo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21) y “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37) no solamente impactaron en el pueblo judío; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido; sino que hoy todavía no ha podido asimilarse el alcance y el profundo contenido que nos trasmitió. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regían las conductas de los judíos para muchos de ellos fue un obstáculo para entender el mensaje liberador y universal del Hijo de Dios. Pero la incomprensión o las dificultades para entender la palabra de Jesús no fueron solamente del pueblo judío o de los primeros cristianos; me animo a afirmar que todavía hoy no hemos podido, pasado veinte siglos, darle el verdadero alcance que tuvieron las palabras, las frases y las parábolas que nos relata el Evangelio, como las que acabamos de recordar, y que tienen que ver con el tema que hoy trataremos que analizar y de interpretar.

Persona humana

El hombre, se distingue de los demás objetos o seres de la creación, por tratarse de un ser conciente y libre, atributos que le confieren la digna calidad de persona, en cuya naturaleza se encuentra indisolublemente unido lo espiritual y lo material.

Jacques Maritain nos recuerda que: “Decir que el hombre es una persona, es decir que en el fondo de su ser es un todo, más que una parte, y más independiente que siervo. Este misterio de nuestra naturaleza es el que el pensamiento religioso designa diciendo que la persona humana es la imagen de Dios. El valor de la persona, su libertad, sus derechos, surgen del orden de las cosas naturalmente sagradas que llevan la señal del Padre de los seres y tienen en sí el término de su movimiento. La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el universo de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo, un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden.” (Los Derecho del Hombre y la Ley Natural, página 13, Colección Orfeo, 1956).

En su alma, espiritual, luce la libertad, que le permite a su voluntad decidir lo que le es bueno, en su cuerpo se da la vida, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo.

La libertad, la vida y el trabajo son bienes fundamentales del hombre, que cuando interactúa con otras personas en la vida social, necesita defenderlos de los posibles ataques que injustamente lo avasallen o limiten, así es como nace el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho al trabajo.

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puede recibir de otras personas o de la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las constituciones, los tratados internacionales y las leyes frente a los embates que otras personas o la autoridad social le puedan inferir.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

La libertad de conciencia no se refiere solo a las opciones que el hombre hace, desde su conciencia y de sus intimas convicciones, y que  luego las exterioriza respecto de su fe religiosa; sino también a aquellas otras decisiones por la cual, por ejemplo, se niega a: a usar de armas o prestar el servicio militar, a reverenciar símbolos patrios, a que se le hagan o a practicar ciertos tratamientos médicos como las transfusión de sangre, etcétera.

El ejercicio de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa debe ser reconocido y garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

Principios

1. Religión: Persona, Sociedad y Estado

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, se encuentran contenidas en la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puede desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

2. Libertad de Conciencia, Libertad de Culto y Libertad Religiosa

La persona, consciente y libre, por su dignidad es un todo que merece el respeto de la sociedad, por lo que el bien común al que se encamina la misma debe siempre revertir en ese todo que es la persona, que tiene un plan de vida único e irrepetible cuyos fines y propósitos terrenales y sobrenaturales merecen el respeto, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y del Estado.

Las creencias religiosas, en la medida que no tengan expresión en la vida de relación, se rigen sólo por reglas morales, y las leyes positivas que regulan la vida social no le alcanzan ya que dichas creencias o conductas privadas “están sólo reservadas a Dios y exenta de la voluntad de los magistrados”, como bien indica el artículo 19 de nuestra Constitución.

En la medida que lo religioso se expresa en la vida social, como por ejemplo a través del culto, merece regulación legal, ya que no podría admitirse que en estas manifestaciones sociales, haya actos injustos que atenten contra los bienes esenciales de la persona o el bien común, por ejemplo cuando se pretenda rendir culto a Dios mediante sacrificios humanos, o cuando se abuse o atente contra la libertad física de los fieles de dichos cultos.

Por ello el derecho a la libertad religiosa abarca el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto, como el reconocimiento de las distintas confesiones religiosas, y, también, el de aquellos que no pertenezcan a ninguna religión, y sean agnósticos o ateos.

La afirmación de que “La religión pertenece a la órbita privada del individuo”, que hace la Constitución de San Juan (Art. 21), no es feliz – al menos si se lo toma en términos absolutos-, ya que se contradice con lo que el mismo dispositivo dice a continuación que: ”El estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de los cultos religiosos (…)”, ya que el culto implica una exteriorización de lo que se piensa y cree, que se manifiesta en la vida social y excede la órbita privada.

3. El Derecho Humano a la Libertad Religiosa.

El derecho que toda persona tiene al ejercicio de la libertad religiosa debe ser respetado y garantizado por las normas que reglamentan su ejercicio y la misma alcanzan, entre otros, a los siguientes derechos:

1.1. A profesar sus creencias religiosas;

1.2. A cambiar o abandonar dichas creencias;

1.3. A manifestarlas;

1.4. A no estar obligado a expresarlas;

1.5. A recibir y trasmitir información religiosa;

1.6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;

1.7. A rezar y practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;

1.8. A no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;

1.9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas o actos religiosos en lugares públicos,

1.10. A asociarse con fines religiosos;

1.11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales,

asilos, cárceles, comisarías, cuarteles o en el campo de batalla;

1.12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;

1.13. A educar y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimiento de educación pública estatal;

1.14. A conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;

1.15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.

1.16. A que se respete el secreto de confesión.

A la Iglesia y los demás confesiones religiosas se le debe garantizar también, vía reglamentación al menos, los siguientes derechos:

1.1. A que les reconozca su personería jurídica, su organización en base a las normas que ellas mismas se dicten, y las autoridades que designen.

1.2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.

1.3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;

1.4. A tener cementerios;

1.5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial;

1.6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o las de otras comunidades religiosas, dentro y fuera del país;

1.7. A admitir o excluir fieles;

1.8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, enviar – dentro y fuera del país – o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual y económicamente;

1.9. A reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas dentro y fuera del país.

1.10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.

1.11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.

1.12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a la Iglesia o a la confesión religiosa que indiquen, para el sostenimiento de las mismas.

1.13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

La mayoría de estos derechos, cuya enumeración no es taxativa, están reconocidos por la Constitución Nacional, la de las provincias, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, y por leyes nacionales y provinciales.

4. Sociedad Política, Estado, Iglesia, Autoridades Eclesiástica y otras Confesiones Religiosas.

De lo antes expresado queda claro que quien es religioso es la persona y que la expresión social del fenómeno religioso se da en las sociedades intermedias; como la familia, en las comunidades religiosas y en la sociedad política; y no en el Estado, que no profesa ninguna religión, por lo que podemos afirmar que es laico, aunque no sea indiferente ante la religiosidad de los ciudadanos, ni a las instituciones religiosas que viven y se desarrollan en el seno de la sociedad política a la que sirve, ni a la religiosidad de quienes ocupan cargos de gobierno o en la administración.

La Iglesia Católica como institución universal tiene reconocimiento como persona jurídica desde hace siglos por los usos y costumbres del derecho de gente o derecho internacional, y como así tácitamente lo reconoce la Constitución Nacional (Art. 2 y 75 inc. 22), y expresamente lo hace el Código Civil (Arts. 33 y 2345), en nuestro país.

La autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que tiene su Sede en el Vaticano, puede celebrar concordatos con el gobierno argentino (Art. 75 inciso 22), lo que no excluye la posibilidad de que puedan celebrarse también acuerdos con las autoridades locales de la Iglesia, sus institutos de vida consagrada, y con las demás confesiones religiosas.

Las demás confesiones religiosas tienen también el derecho al reconocimiento de su personería jurídica aunque actualmente ello no se encuentra debidamente legislado en la Argentina y sólo consiguen su reconocimiento como tales a través de la adopción de formas sociales o asociacionales, civiles o comerciales, que no se ajustan a su naturaleza religiosa, y con la previa inscripción en un registro de cultos, que funciona en la Secretaria de Cultos de la Nación.

5. Separación, Autonomía y Cooperación.

De ello se desprende la necesaria autonomía que tienen la Iglesia y las demás confesiones religiosas respecto del Estado, fundamentadas jurídicamente en las personalidades jurídicas distintas que invisten el Estado, la Iglesia y las demás confesiones religiosas.

Podemos válidamente afirmar, entonces, que existe separación entre el Estado y la Iglesia, como también respecto de las demás confesiones religiosas. Pero ello no debe interpretarse como ruptura, sino, todo por el contrario, implica también cooperación.

La cooperación entre Iglesia y Estado es fundamental en el campo mixto; como en el de la bioética, el matrimonio, la familia, la cultura, la educación, lo social, los medios de comunicación, el patrimonio cultural, etcétera; en cuyas relaciones humanas se hace necesario armonizar las normas morales y canónicas con la legislación positiva.

6. Estado Laico y Limitado.

El Estado no adopta ni tiene una religión, como todavía rezan algunas constituciones provinciales (Santa Fe, Art. 3º, y Catamarca, Art. 2º) que declaran a la Católica como la Religión de la provincia, y como bien quedó aclarado en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853 cuando se discutió el artículo 2º de la Constitución Nacional, en la sesión del 21 de abril de ese año, cuando el convencional y prelado Benjamín J. Lavaysse sostuvo “(…)que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante. Que la religión, como creencia no necesitaba de más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva (…)” lo que implicaba que el Estado no debía adoptar religión alguna y que debía declararse la libertad de culto. A la expresión “adopta y sostiene el culto católico” del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (Art. 3º) los constituyente le suprimieron el “adopta” al incorporarlo a nuestra Carta Fundamental (Art. 2), por las razones esgrimidas por el padre Lavaysse y José Benjamín Gorostiaga.

7. La Igualdad de Derechos y la Libertad Religiosa.

Las personas físicas y jurídicas, titulares del derecho a la libertad religiosa, son iguales ante la ley. Esta igualdad debe interpretarse, como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, como lo ha hecho en distintos pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a distintas cuestiones (Fallos: 16:118, sentencia del 1º de mayo de 1875). El número de files que integran las distintas confesiones religiosas, su expansión en el mundo y en nuestro país, y su significación histórica, cultural y social deben ser tenidas en cuenta a los efectos de hacer esta interpretación.

La invocación del derecho a la libertad religiosa no justifica actos de discriminación ni admite privilegios o supremacía para el acceso a cargos públicos, como ocurre por ejemplo cuando la Constitución Nacional dispone que: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso (…)” (Art.73). La ley 23.592 tipifica y castiga los actos discriminatorios.

8. Cuestiones controvertidas

Hay algunas cuestiones importantes que necesitarían ser resueltas normativamente para que los argentinos podamos ejercitar más plenamente la libertad religiosa, a saber:

1.1. El Gobierno Federal debe propiciar ante la comunidad internacional la firma de un tratado de derechos humanos sobre libertad religiosa.

1.2. Debe reglamentarse el artículo 2 de la Constitución a los efectos de que el sostenimiento de todos los cultos lo hagan sus propios fieles voluntariamente y puedan destinar, una parte de los impuestos que oblan al fisco, a la Iglesia o a la confesión religiosa a que pertenezcan, como ocurre en otros países (Alemania Federal, España e Italia). De este modo no sería necesario que los presupuestos anuales del Gobierno Federal dispongan de partidas destinadas a la Iglesia Católica, que hoy actualmente sólo tienen un simbólico sentido reparatorio por la confiscación de bienes que se le hicieron en el siglo XIX, ya que en modo alguno alcanzan para el sosteniendo que manda el texto constitucional.

1.3. En una futura reforma de la Constitución el artículo 2 debe modificarse para adecuarse a este propósito. Debe suprimirse el artículo 73 que prohíbe ingresar al Congreso a los eclesiásticos regulares.

1.4. Debe reglamentarse el derecho a profesar y ejercer libremente su culto (Arts. 14 y 20 de la Constitución) y dictarse una ley de libertad religiosa, que derogue la ley de facto 21.745, y que declarare y garantice los derechos de los habitantes y de las confesiones religiosas, que hay actualmente en el país, y reconozca la personaría jurídica y de las que en el futuro puedan ser solicitadas. El convencional José Benjamín Gorostiaga así lo expresó en la sesión del 24 de abril de 1853 de la Convención Constituyente.

1.5. Debe dictarse una ley que garantice la objeción de conciencia.

1.6. Debe modificarse el Código Civil para que se reconozca el matrimonio religioso, y se establezca la forma en que los mismos sean inscriptos en el Registro General de las Personas, como lo tiene establecido la legislación de Brasil y Chile.

1.7. Debe cumplirse en los establecimientos escolares públicos del Estado de todo el país aquella norma que dispone que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” (Art.12, 4 de la Convención Americana sobre Derechos humanos), que ser reitera en otros tratados internacionales y constitucionales provinciales. Actualmente se cumple con ello en las provincia de Salta, Tucumán y Catamarca.

1.8. Modificar el Código Penal a los efectos de preservar mejor el bien jurídico protegido: libertad religiosa y sancionar las conductas discriminatorias, fraudulentas, agresivas y contrarias a los derechos humanos ejercidas por personas o por quienes creen o intervengan en falsas confesiones religiosas, comúnmente denominadas “sectas”, y que invocan su condición religiosa con fines ilícitos.

ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA

A pesar que la Constitución de 1853 declaró que todos los habitantes de la

Nación gozan del derecho a “profesar libremente su culto” (art. 14), desde su mismo texto y luego en su aplicación hubo normas y conductas que atentaron contra la libertad religiosa:

1. La Constitución de 1853 restringió el derecho a la libertad religiosa al mantener el privilegio del Patronato (art. 64 inc. 19 y 86 inc. 8), y establecer que el Presidente “ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de los obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado.”, institución del derecho canónico que el Papa, que lo otorga, nunca se lo concedió ni se lo reconoció a los gobierno patrios, que se lo atribuyeron desde la Revolución de Mayo, a pesar que el mismo sí le había sido concedido a los monarcas españoles que lo precedieron. Estas normas sobre patronato frustraron las primeras misiones para lograr la firma de un concordato con la Silla Apostólica de Juan Bautista Alberdi en 1856 y de Juan del Campillo de 1858.

También se afectó la libertad religiosa cuando estableció el llamado exequátur por el que el Presidente “concede el pase o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves, Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma, con acuerdo de la Suprema Corte, requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes.” (art. 86 inc.9), lo que implicaba una inaceptable censura.

Se le prohibió, además, ser miembros del Congreso a los religiosos regulares (art. 62) y se exigió que el Congreso autorice la introducción de nuevas órdenes religiosas (art. 64 inc. 20), lo que limitaban aún más la libertad.

Estas disposiciones, excepción hecha de la prohibición a los religiosos regulares de ser miembros del Congreso -que todavía existe-, tuvieron vigencia hasta el Acuerdo entre el Gobierno Argentino y la Santa Sede de 1966 y fueron eliminadas del Texto Fundamental en la reforma de 1994.

2. El Breve de Pío IX por el que se dispuso que el distrito de Tarija, dependiente de la diócesis de Salta, pasó a depender del de La Plata (Sucre, en Bolivia) motivó una nota de reclamo del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Confederación al delegado apostólico Marino Marini, quién había llegado al país en 1858 designado por el Papa, por afectar el derecho de Patronato y por las consecuencias negativas que esa medida podía tener para los derechos que nuestro país detentaba en esos territorios, cuya delimitación todavía no estaba fijada. Sin embargo, el gobierno otorgó el pase a dicho Breve.

3. La Corte Suprema en 1863 decidió restringir las atribuciones al Delegado Apostólico Marino Marini por lo que se le exigiría el pase a las cédulas o decretos que expida como delegado del Pontífice, que no podía ejercer funciones episcopales atribuida a los obispos, debía abstenerse de levantar información respecto de los candidatos a obispos u arzobispos y a no ejercer funciones judiciales eclesiásticas. (Fallos, 1:180)

4. La ley 49 de 1863 tipificó delito federal, castigado con pena de uno a cuatro años de extrañamiento, “al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos de la Corte Pontificia de aquellos que, para su ejecución, necesitaren del pase del Gobierno, sin haberlo obtenido”. Al que lo ejecutare o mandare a ejecutar cuando el pase fuere negado se le aplicaría de cuatro a ocho años de extrañamiento. Estas disposiciones pasaron al Código Penal de 1921, en art. 228, todavía no derogado expresamente, aunque por el Acuerdo de 1966 y la reforma Constitucional de 1994 no existe más el pase.

5. El 28 de febrero de 1875 grupos anticlericales ataca el edificio del Arzobispado de Buenos Aires e incendian del Colegio El Salvador, con motivo de la decisión del arzobispo de Buenos Aires Monseñor Aneiros de confiar la Iglesia de San Ignacio a los jesuitas.

6. En junio de 1883 el Poder Ejecutivo deja cesante al rector del Colegio Nacional de Buenos Aires José Manuel Estrada por haberse manifestado en contra de la sanción de la que iba a ser ley 1420 de Educación Común.

7. El 6 de junio de 1884 el presidente Julio Argentino Roca destituyó al

Vicario el canónigo Gerónimo Clara, a cargo de la diócesis vacante de Córdoba por fallecimiento de Fray Mamerto Esquiú, por haber prohibido en una carta pastoral a sus fieles enviar a sus hijas a la Escuela Normal dirigida por una maestra protestantes. El obispo de Salta Fray Risso y Patrón y los vicarios de Jujuy, Demetrio Cau, y de Santiago del Estero, Rayniero Lugones, emitieron cartas similares y por otro decreto del 13 de noviembre de 1884 fueron suspendidos y se les iniciaron procesos penales por rebelión y conspirar para alterar la forma de gobierno.

8. Por decreto del 14 de octubre de 1884 se expulsa del país del Nuncio Apostólico de Monseñor Luis Mattera, por haberse reunido con Francisca Amstromg, directora norteamericana de la Escuela Normal de Córdoba cuando viajó a esa ciudad para la asunción del nuevo obispo Juan Capistrano Tissera, y se interrumpen las relaciones con la Santa Sede por quince años.

9. Por las leyes 1144 de 1881 y la 1893 de 1886 se establecieron los recursos de fuerza para que los tribunales de la Capital Federal conocieran en grado de apelación las decisiones de los tribunales eclesiásticos, esto motivó reclamos de las autoridades eclesiásticas, pero nunca fueron planteados dicho recursos.

10. Otro conflicto entre el gobierno argentino y Roma se produjo cuando el Papa Pío XI no designó al presbítero Miguel de Andrea como Arzobispo de Buenos Aires a pesar hacer hecho la presentación por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear en 1923: En el año siguiente el Papa designó como administrador apostólico a Monseñor Juan Agustín Boneo, obispo de San Fe, resolución que fue desconocida por el Poder Ejecutivo y por la Corte Suprema que no concedió el pase, en 1925, a la Bula que nombró a Boneo (Fallos 142:342). Con la renuncia de Miguel de Andrea el gobierno presentó para la vacante a Fray José María Botaro quién fue designado por el Papa en 1926 arzobispo de Buenos Aires, con lo que se zanjaron las diferencias.

11. El 26 de abril de 1946 por Decreto 11.576 del Presidente Edelmiro Farrell se creó el Fichero Oficial del Culto Católico Apostólico y Romano para llevar los datos de sacerdotes del clero secular y de las órdenes y congregaciones religiosas que había en el país para ejercer las atribuciones del Patronato Nacional.

12. El mismo presidente el 31 de mayo de 1946 por el Decreto Nº 15.829, dispuso la inscripción obligatoria de los cultos distintos al Católico en un Registro Nacional de Cultos en el que prohibía el proselitismo de los mismos entre los indios, en virtud del artículo 67 inciso 15 de la Constitución que decía que los indios debía ser convertidos al catolicismo.

Pero antes que se implementara y por el Decreto Nº 16.160, del 29 de octubre de ese año, del presidente Juan Domingo Perón , a pedido de la Confederación de Iglesias Evangélicas y de la Convención Evangélica Bautista se archivaron las actuaciones relacionadas con el anterior decreto.

El Decreto Nº 31.814 de 1948 creó el Fichero de Cultos, que el Decreto 1.127, del 6 de febrero de 1959, del Presidente Arturo Frondizi, derogó y dispuso reorganizarlo.

En el Registro Nacional de Cultos, que reemplazó al Fichero de Cultos, está regulado desde 1979 por la ley, de facto, 21.745, reglamentada por Decreto 2.037, del 23 de agosto de 1979, que estableció la obligatoriedad de la inscripción de las instituciones religiosas en el mismo.

En 2000 había inscriptas unas 2.300 “instituciones” religiosas (templos, iglesias, pero también escuelas, bibliotecas y ateneos deportivos), 100 de las cuales eran judías, 10 islámicas, 20 iglesias ortodoxas, 1.800 evangélicas, 230 espiritistas y 200 umbandistas o africanistas.

13. Los conflictos de Perón con la Iglesia en 1955 llevó a que el 11 de junio se produjera una multitudinaria procesión de Corpus Cristi -cuatro días antes del bombardeo de la Casa Rosada-, que derivó en una marcha al Congreso y a la asistieron unas 150 mil personas.

El conflicto creció cuando la Policía Federal dijo que había sido quemada una bandera argentina durante dicha procesión. Un grupo de jóvenes católicos que custodiaba la Catedral de Buenos Aires fueron atacados a pedradas y palazos por manifestantes peronistas. Dentro del templo, donde también estaban Tomás Casares, miembro de la Corte Suprema, y el obispo Manuel Tato, trabaron las puertas con los bancos. A la noche llegó el juez Carlos Gentile con la policía y se llevó 356 detenidos a la cárcel de Devoto, que fueron liberados la semana siguiente.

Por este conflicto el Poder Ejecutivo exoneró y expulsó del país a monseñor Manuel Tato, obispo auxiliar de Buenos Aires, y del canónigo Manuel Novoa, lo que sería dejado sin efecto por el decreto 505 del 7 de octubre de 1955, por el gobierno del General Eduardo Lonardi.

La noche del 16 de junio de 1955, después de los bombardeos a Plaza de Mayo y la residencia presidencial, donde fallecieron más de trescientas personas, fueron incendiadas la Curia Eclesiástica -situada al lado de la Catedral- y las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, La Piedad, La Merced, San Miguel, San Juan, San Nicolás de Bari, el Socorro y Nuestra Señora de las Victorias.

Durante este conflicto con la Iglesia fueron detenidos sesenta y siete clérigos.

El Congreso, por su parte, sancionó la ley 14.400 que exigió que las reuniones públicas debieran hacerse en lugares cerrados y con previa autorización policial, con lo que quería evitar otra procesión como la de Corpus Cristi.

La ley 14.404, del 20 de mayo de 1955, declaró necesaria la reforma constitucional “en todo cuanto se vincule a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”.; y la ley 14.424, del 18 de agosto de 1955, prorrogó por 180 días el plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria, la que nunca se realizó.

Por ley 14.405, del 20 de mayo de 1955, se derogaron todas las disposiciones que acordaba exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, templos, conventos, etc.; lo que fue derogado por el Decreto Nº 317 del 4 de octubre de 1955.

El Decreto 3991 de ese año suprimió cinco feriados por festividades católicas.

14. A los Testigos de Jehová se les canceló la inscripción en el Registro de Cultos en 1948 y la recuperaron recién en 1984, y han sufrido actos discriminatorios por su negativa a hacer el servicio militar obligatorio y por no honrar los símbolos patrios, y muchos de sus fieles fueron condenados por los Tribunales Militares y padecieron prisión, especialmente durante el gobierno del proceso (1976-1983).

15. Durante dicho gobierno militar se produjeron graves atentados contra la libertad religiosa y la persona de ministros y fieles de distintos cultos. Sólo recordaremos los más resonantes.

En lo que se dio en llamar “la masacre de San Patricio”, fueron asesinados por grupo de tareas los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976.

El 4 de agosto de 1976 fue asesinado Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, hecho que no ha sido esclarecido todavía, encontrándose actualmente en marcha una investigación judicial.

Las monjas francesas, Léonie Duquet y Alice Domon, fueron secuestradas y asesinadas a fines de 1977.

Las otras confesiones religiosas, sus ministros y fieles han padecido, en este luctuoso período, restricciones contra la libertad religiosa como las prohibiciones a practicar sus cultos, censuras, discriminaciones, persecuciones, detenciones y desapariciones; como atentados a personas, por su condición de religiosos; a templos; a cementerios; a mezquitas; sinagogas y demás lugares sagrados.

16. Los judíos, muchas veces, fueron discriminados y perseguidos. El antisemitismo hizo que a principio del siglo veinte la policía les sellara con la estrella de David los documentos de identidad. Mención especial merece por su gravedad el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, donde funcionaba un rabinato, en el que fallecieron 85 personas; que se sucedió al que se perpetuó el 17 de marzo de 1992 contra la sede de la Embajada de Israel en la que murieron 29 personas y fueron heridas 242.

17. Durante el gobierno de presidente Néstor Kirchner hubo conflicto con la Iglesia Católica por distintos motivos.

Por Decreto 220, del 18 de marzo de 2005, se dejó sin efecto el acuerdo para la designación como Obispo Castrense a Monseñor Antonio Juan Baseotto, un ministro de posturas conservadoras que había sido nombrado en el año 2002; porque criticó la posición abortista del Ministro de Salud Ginés González García, con una cita que contenía una metáfora que al Poder Ejecutivo ofendió.

El presidente Kirchner nunca simpatizó y mantuvo distancia con el entonces cardenal primado Jorge Bergoglio, hoy el papa Francisco, y no asistió a los tedeum que se celebran en las fiestas patrias, actitud que mantuvo su esposa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta que el arzobispo fue designado papa.

En la provincia de Misiones ante la convocatoria a una Convención Constituyente para reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, apoyado por el presidente Kirchner, se erigió en líder de la oposición al obispo emérito de Iguazú Joaquín Piña, de perfil progresista, que fue candidato a constituyente en 2006 y triunfó en aquellas elecciones, abortando así la reforma reeleccionista de la Constitución.

18. En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la falta de respuesta al placet del Estado del Vaticano al embajador Alberto Iribarne, publicitado por el gobierno argentino, tensó las relaciones entre el actual gobierno y la Santa Sede, situación que se superó con la renuncia de Iribarne y la designación del nuevo embajador Juan Pablo Cafiero, quién en poco tiempo obtuvo el placet de la Santa Sede.

La Iglesia Católica y la Libertad Religiosa

La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa.

En la declaración “Dignitatis humanae”, del 7 de diciembre de 1965, del Concilio Vaticano II  “Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(…)Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil.”(…)

“La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.”(…)

“A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.” (…)

“Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.” (…)

“Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas.” (…)

En la declaración “Nostra aetate”, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas del 28 de octubre de 1965, dice: “La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, “observando en medio de las naciones una conducta ejemplar” (1Pe 2,12) si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres (Cfr. Rom. 12,18), para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos (Cfr. Mt.5, 45).” (…)

Reflexión Final

El derecho humano a la libertad de conciencia y religiosa debe ser mejor protegido por la legislación argentina y cultivada en la cultura ciudadana por la educación. En la comunidad internacional los argentinos debemos proponer un tratado internacional sobre libertad religiosa.

Los mejores deseos para que estos propósitos se hagan posibles encuentran su mejor síntesis en estas palabras de Benedicto XVI:

“Que los miembros de todas las religiones estén unidos en la defensa y promoción de la vida y la libertad religiosa en todo el mundo. Y que, dedicándonos generosamente a este sagrado deber -a través del diálogo y de tantos pequeños actos de amor, de comprensión y de compasión – seamos instrumentos de paz para toda la familia humana.” (17 de abril de 2008 en Washington D. C.)

Córdoba, abril de 2013.

El derecho a la salud en la Constitución de Córdoba (Exposición efectuada en la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba)

Séneca por Luca Giordano

Séneca por Luca Giordano

Resulta por demás oportuno analizar el derecho a la salud en este momento, en que el país vive una grave emergencia con motivo de las inundaciones que se han producido en las ciudades de Buenos Aires y la Plata y en algunos sectores de conurbano bonaerense, ya que a pesar de la más que ponderable solidaridad de los argentinos, ha quedado claro que el gobierno ni el Estado, en sus tres niveles: nacional, provincial ni municipal, no está preparado para enfrentar situaciones como éstas, donde se han producido una cantidad importante de muertes y donde la salud de centenares de miles de personas corren serios peligros.

Pero si comenzamos por analizar lo ocurrido en nuestra provincia debemos recordar que entre 1986/7 tuvo lugar en esta ciudad una Convención Constituyente, convocada por una motivación de política agonal: la reelección del entonces gobernador Eduardo César Angeloz, con los resultados por todos conocidos; que terminó sancionando, el 30 de abril de 1987, una nueva Constitución, la quinta en la historia de la provincia, en el que se logró el propósito reeleccionista, a costa de diseñar una Legislatura bicameral superpoblada, costosa e ineficiente, que llegó a tener 133 diputados y senadores, como consecuencia de los acuerdos que se hicieron para conseguir los votos que permitieron la reelección del gobernador.

Ello hizo necesario, catorce años después, y luego de una consulta popular, convocar a otra Convención Constituyente que corrigiera este exceso, lo que ocurrió en el año 2001, y en la que se modificó el Capítulo que se refiere al Poder Legislativo, el que quedó conformado por una sola Cámara de 70 legisladores.

Pero de la Carta Fundamental del 87, que el año pasado cumplió 25 años, es dable rescatar, como su mejor logro, lo que se legisló en su primera parte, donde, en el Preámbulo y, luego, con  el título: “Declaraciones de fe política”, se proclamaron principios y valores que debían inspirar a las leyes y a la organización política de la provincia, que, como el país, cuatro años antes, había recuperado la democracia, entendida, ésta, no sólo como régimen político, sino también como un modo de vida.

El principal postulado que se destaca, en esta parte del texto, tiene que ver con la dignidad de la persona humana, el derecho natural y el bien común. Esto se complementa con una prolija enumeración que reconoce los derechos y garantías civiles, políticas, sociales y de los denominados de la “tercera generación”, de los habitantes de la provincia, y donde se les asegura su aplicación operativa.

Esto se puede ver en el preámbulo que declaró como la primera finalidad de la Constitución la: “(…) de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; y reafirmar los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad (…).

Pero, ¿qué debe entenderse por dignidad?

Es fácil la respuesta por la negativa: lo contrario de indigno, pero si lo intentamos por la afirmativa la explicación es más ambigua, como la del Diccionario de la Academia cuando la define como: “Excelencia, realceoGravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse

Nos animamos a afirmar que la dignidad de la persona humana surge de su naturaleza hipostática: espiritual y material, de su conciencia racional y libre, de su destino trascendente, y es lo que  hace al hombre diferente y lo pone por encima de los demás seres de la creación, y para que ello le sirva para alcanzar su destino temporal y sobrenatural. La dignidad infunde respeto y permite a las personas sentirse plenas y satisfechas, eso es lo que quisieron decir los constituyentes al colocar en el primer objetivo preambular a la dignidad de la persona humana.

Jacques Maritain dijo que el hombre, creado por Dios, como realidad material, como individuo, “(…) se sostiene a sí mismo por la inteligencia y la voluntad”, lo que significa “(…) que en la carne y los huesos del hombre hay un alma que es un espíritu y vale más que todo el universo material”. “La persona tiene una dignidad absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su plena realización

En el texto de la Constitución cordobesa, redactado en base a un consenso que demandó un gran esfuerzo, y que fue aprobado por el voto unánime de la Asamblea, prevaleció un claro propósito de política arquitectónica, en donde se puede observar, como una singular pero consecuente característica, el uso reiterado de la palabra persona, que se repitió 30 veces, dejándose para lo indispensable las expresiones individuo o habitante, frecuentes en el articulado de la Constitución Nacional y en la de las demás provincias, al menos, hasta entonces.

En los primeros artículos se expresaba, también, que  “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (art.4). Se declaran “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.”(art.5); que las “(…)personas(…) son libres e iguales ante la ley y no se admiten discriminaciones” (art.7); el Estado provincial promueve “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (art.9); garantiza la “ iniciativa privada y toda actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (art.10) y “resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales” (art. 10).

Hay un capítulo dedicado a los “Derechos personales” y cuando enumeran los derechos sociales expresa que: “Todas las personas en la provincia tienen derecho (…)” y se hace una detallada enumeración en el artículo 23. Los derechos de las personas se los trata teniendo en cuenta su condición de padre (art. 62 inc.5), de hijo (art.34 y 62 inc.5), de mujer (art. 24), de niño (art. 25), de joven (art. 26), de anciano (art.28), de discapacitado (art.27), de preso (art. 44), de consumidor (art.29), de litigante, de ciudadano, de funcionario, de magistrado o empleado público. Su intimidad personal, familiar, la de su morada y en las comunicaciones son, también, celosamente  resguardadas (arts. 50, 45 y 46).

En el capítulo de las “Asociaciones y Sociedades intermedias”, que las personas integran a partir de la familia y como miembros de la sociedad política, se exalta la dimensión social del hombre. Cuando se refiere a las “Políticas Especiales del Estado”, estableciendo mediante ellas nexos entre la sociedad y el Estado, la definición personalista es más contundente cuando declara “la economía al servicio del hombre” (art. 67), la refiere a su bienestar (art. 56), a la salud (art. 59), a su participación en los adelantos tecnológicos (art. 64), y al gozo del medio ambiente (art. 66).

Se declara, por fin, que “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (art. 61). “Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones.”(art.62 inc.5)

En una “Disposición  complementaria” se estableció que en “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexo los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y de la “Convención Americana sobre los Derechos Humanos” (Preámbulo y primera parte), suscripta en San José de Costa Rica en 1969”, adelantándose al otorgamiento de jerarquía constitucional que se dispuso respecto de estas normas internacionales en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Recordemos, solamente, que la referida Declaración Universal comienza con la afirmación de que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”  (art. 1º), y que la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” (art. 4.1).

Todo lo cual reafirma la visión personalista que contiene la dogmática de la Ley Fundamental provincial.

El derecho a la salud

El mismo esta reconocido en el Artículo 59.al disponer queLa salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social.

El Gobierno de la Provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación del individuo y de la comunidad. Establece, regula y fiscaliza el sistema de salud, integra todos los recursos y concerta la política sanitaria con el Gobierno Federal, Gobiernos Provinciales, municipios e instituciones sociales públicas y privadas.

La Provincia en función de lo establecido en la Constitución Nacional, conserva y reafirma para sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración sobre salud. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, e incluye el control de los riesgos biológicos sociales y ambientales de todas las personas, desde su concepción, Promueve la participación de los sectores interesados en la solución de la problemática sanitaria. Asegura el acceso en todo el territorio provincial, al uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos.

La bancada del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana, que me tocó integrar y que tenía la segunda mayoría del Cuerpo, pretendió agregar, sin éxito, a través de su proyecto, un artículo que disponía que “La Persona tiene el derecho de exigir al Estado provincial la prestación de estos servicios por medio de la acción de amparo.” Esto fue un adelanto de lo que, con frecuencia ocurre actualmente, que los jueces, ante demandas del amparo ordinario, ordenan a las obras sociales, estatales o no estatales, el financiamiento de prácticas médicas y de medicamentos que los pacientes no pueden conseguir por los procedimientos ordinarios.

El convencional Abelardo Rahal (UCR), que informó brillantemente este artículo antes de ser aprobado, manifestó que “(…) la salud como bien natural, está integrada al bien sustancial y fundamental de la vida, Y ésta por las esenciales características de la persona humana posee una estrecha relación sistémica con el entorno físico, natural, social y económico. Sin salud, podemos decir, no puede concretarse la vida plena de la persona.

A ello agregó: “Si hemos afirmado que la salud es un bien natural y social, obviamente se lo entiende integrado al concepto de bien común. Ese bien común del que Maritain dice: “que no es la simple colección de bienes privados ni el bien propio, de un todo, que sólo beneficia a ese todo sacrificándole las partes. Este bien común es la conveniente vida humana de la multitud, de una multitud de personas, su comunicación en el bien vivir. Es, pues, común al todo y a las partes sobre los cuales se difunde y con el que deben beneficiarse. (…)”.

El convencional justicialista Luis Alberto Pereyra expresó: “(…) que la salud es un bien natural y social que genera en los habitantes el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual y ambiental. Afirmamos –decía- que la salud es un bien inherente al hombre que se proyecta al ámbito social de cuya evolución es protagonista. La salud implica un estado de completo equilibrio psíquico, espiritual, físico y ambiental.(…)

Los cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos, ambientales, etcétera que ocurren en las sociedades trastocan el sentido de la vida de las personas y ponen en crisis su escala de valores. Las constituciones -que son producto de estos cambios y que se dictan, muchas veces, en épocas de crisis- sirven no sólo para organizar la sociedad y dar sentido al orden normativo, sino que declaran principios y exaltan valores que orientan el destino futuro de dichas sociedades y de quienes las componen, y como se dice con frecuencia son proyectos político destinados a una mejor vida de convivencia. Pero cuando los cambios y las crisis oscurecen el rumbo de nuestras existencias, es bueno –como se indica desde la psicología profunda- tener a donde volver, y para esto también la sabiduría de las cartas constitucionales son indispensables.

Las constituciones, como todas las creaciones institucionales y culturales tienen su alfa y su omega en el hombre, en la persona, que es su razón de ser. Y hablamos de persona, y no de individuo, ya que éste no nos diferencia de los demás seres de la creación, en cambio como persona tenemos una dignidad que nos coloca en el centro de todo lo que existe.

La dignidad de la persona humana surge de su naturaleza espiritual y material, por la que posee, como bienes fundamentales, la libertad (que se corresponde a su espíritu), la vida (que deviene de su aspecto material) y el trabajo (que emana de su personalidad). Cuando el hombre (varón o mujer) interactúa en la vida social necesita defender estos bienes de los abusos de los demás, y de allí surgen los derechos a la libertad, a la vida y al trabajo, de los que se derivan, luego, todo los demás derechos. De allí, entonces, que el derecho a la salud, es un derecho natural que deriva del derecho a la vida.

Las constitucionales, que son las leyes supremas del ordenamiento legal positivo, tienen, a su vez, como norma superior a la ley natural, que no pueden ni deben contrariar, porque ello significaría atentar contra la dignidad de la persona humana.

Los redactores  y quienes aprobaron estos dispositivos de la Constitución tuvieron en cuenta estas consideraciones.

Volver a estos criterios implica enfocar el análisis de los problemas de hoy con una óptica diferente. Si a la política nos referimos, en vez de analizarla en función de las instituciones o los políticos o en función de la lucha por el poder, como muchas veces se hace, comencemos a hacerlo a partir del ciudadano; de los habitantes, de las personas.

Si nos referimos a la salud, comencemos no por la organización sanitaria que tiene o debe tener el Estado, las obras sociales o los centros de salud privados; sino por las personas, sanas o enfermas, que deben saber como cuidarse, alimentarse, cultivarse -física y síquicamente-, relacionarse con los demás, desenvolverse en un ambiente sano, conocer los peligro que pueden afectar su salud, y saber prevenir y curar las posibles enfermedades, recurriendo a sus antecedentes genéticos, y haciendo posible las prácticas médicas que le permitan superar las enfermedades que los afecten.

Norberto Bobbio ha dicho “que el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no era el de fundamentarlos, sino el de protegerlos.” Pero la mala fundamentación de las políticas que los garantizan conduce irremediablemente a que las garantías de los derechos sean deficientes o no sean tales.

Jacques Maritain decía que el humanismo –que es esencial a su filosofía que inspiró el obrar de algunos  de los constituyente- “tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia  y, agregaba, “requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad.

Los complejos problemas de la salud que enfrenta la sociedad actual; alguno de los cuales no han encontrado solución en el cuarto de siglo de la vigencia de la Constitución, como el de la salud mental –mencionado, como un ejemplo de lo que era necesario hacer, en aquel debate por el convencional Osvaldo Amelotti-, así como los graves problemas que han surgido en los últimos años, como el de las adicciones o el de los costosos tratamiento médicos o intervenciones quirúrgicas que deben practicarse necesariamente fuera del país; nos obligan a buscar nuevas, ingeniosas y muchas veces costosas soluciones, pero los criterios con que deben ser resueltos no pueden ser otros que los que nos indica la Constitución, y las declaraciones o tratados internacionales que la complementan, y que deben ser consecuentes con los principios de: “exaltar la dignidad de la persona humana” y de ser consecuente con “la consecución del bien común” de la sociedad.en la que vivimos, como señala el preámbulo de la Carta Fundamental de Córdoba.

Para terminar, quiero recordar un pensamiento de Séneca, que, me parece, tiene que ver con lo que acabamos de explicar: “La medicina y la moral descansan sobre una base común, sobre el conocimiento físico de la naturaleza humana

Córdoba, abril de 2013.

¿Qué significa “democratizar” la “Justicia”?

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Corte Suprema de Justicia de la Nación

La presidenta quiere “democratizar” la “Justicia” porque “cuando se trata de condenar al Estado y de juzgar funcionarios hay una cola larga de fiscales, pero cuando se trata de empresas o privados, nadie habla“.

Democratizar”, desde hace casi 30 años, no es otra cosa que hacer efectiva la “democracia constitucional”, donde el gobierno no sólo es elegido por el pueblo, sino también donde los derechos humanos, la división de poderes, la independencia judicial, el federalismo y la autonomía municipal están garantizados.

Por eso el pueblo elige, por voto directo, a sus legisladores, al presidente y al vicepresidente  e, indirectamente –y a través de ellos-, a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La virtud de la “Justicia”, como esencia del derecho, exige “dar a cada uno lo suyo”, por eso el preámbulo de la Constitución exige afianzarla y declara que “Dios (es) fuente de toda razón y justicia”.

Para democratizarla, habría que comenzar por castigar la corrupción, dar mayor seguridad a las personas y revertir la brecha de desigualdad entre los que tienen más y los que tienen menos. Además, debe ser ciega, y no proclive a favorecer a gobernantes, ni a corporaciones, ni nadie en particular.

El anuncio presidencial hizo llover propuestas como que:

  • los jueces sean elegidos por el pueblo y por tiempo limitado, lo que permitiría que los hubiera peronistas, radicales, camporistas, etc.;
  • haya juicio por jurados, lo que ya se experimentó en Córdoba: con los escabinos (2 jurados y 3 jueces) en los ’90, y los actuales jurados “populares” de la ley Blumberg (3 jueces y 8 legos, y donde el juez que lo presidente no vota, pero debe fundar, de hecho y de derecho -a veces contra sus convicciones-, la disidencia de los iletrados, cuando estos no adhieren al de alguno de los jueces). Ambos fracasaron porque al ser elegidos por sorteo no representan al pueblo, porque su “sentido común” no mejoró la calidad de los fallos, y porque su número e ignorancia de la ley demoró e hizo más pesado el trámite de los juicio.
  • se cree una Corte Constitucional, además de la existente, mediante una reforma constitucional, propuesta por Eugenio Zaffaroni, lo que implicaría mutar el presidencialismo por el parlamentarismo.  Ello sería un retroceso democrático, ya que el parlamentarismo es un engendro de los sistemas monárquicos o post-monárquicos europeos, y la creación de esta  Corte, agregaría una nueva instancia -que demoraría más los pleitos-, y traería un inevitable conflicto con la Corte Suprema actual, como el suscitado cuando se implantó el Consejo de la Magistratura, y como ocurrió en los países vecinos donde se impuso una Corte Constitucional.

Si se quiere democratizar al Poder Judicial hay que cubrir el 20 % de las vacantes de jueces federales; despolitizar el Consejo de la Magistratura; designar por concurso al personal judicial, hacer menos extensa y más entendible las sentencias; despapelizar, digitalizar y simplificar los procedimientos; limitar el secreto y permitir el seguimiento de los pleitos y los fallos en las páginas Web y difundir más la negociación y la mediación en los conflictos.

Los jueces que se designen en el fututo deberían oblar el impuesto a las ganancias, para lo cual habrá que adecuar el monto de sus ingresos, y mantener la intangibilidad de los ya designados para no transgredir la Constitución.

La Corte y los tribunales superiores, encargados del gobierno, la administración y la superintendencia del Poder Judicial, deben priorizar la labor jurisdiccional, y, además, limitar la tarea protocolar. La Corte Suprema debe fallar menos causas y los tribunales o cortes provinciales deben ser tribunales constitucionales y dejar de resolver recursos de casación o ser la única instancia para la acción de inconstitucionalidad, para lo que hay que reformar constituciones y leyes locales.

Las escuelas de la magistratura, federal y provinciales, deberán ser el camino obligado para el ingreso y la permanente actualización de los magistrados.

Los fiscales, defensores oficiales y sus colaboradores deberán ser designados probando idoneidad, y deberán actuar con la independencia que su función exige.

Las sentencias deben ser cumplidas por el poder político, como no ocurre actualmente con las que condenan al ANSeS a reajustar los haberes jubilatorios, o a reincorporar al procurador Sosa de Santa Cruz.

Los criterios respecto de las prisiones preventivas deben uniformarse para que no haya disparidades, como la libertad de Susana Freydoz homicida de su esposo, el gobernador Carlos Soria de Río Negro y de Sergio Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo en el caso de las viviendas de “Sueño compartidos”; y las injustas y prolongadas prisiones de los algunos abogados cordobeses por haber actuado en juicios de la ley de riesgos del trabajo.

El crimen de José Ignacio Rucci merecería ser investigado y juzgado.

El Congreso debería sancionar un Código de Procedimiento Constitucional, como el que proyecté cuando fui diputado y que está vigente en Tucumán, que regle: los trámites de la acción de inconstitucionalidad y la inconstitucionalidad de oficio; los recursos ante la Corte Suprema y el per saltum; el hábeas corpus; el amparo; el hábeas data; la acción de rectificación o réplica; las medidas autosatisfactivas; las cautelares autónomas; la acción colectiva y “de clase”; y los conflictos de competencia entre los tribunales inferiores.

Los jueces al jurar prometen administrar “justicia bien y legalmente” (Art.112 CN), hasta que el pueblo no lo perciba la democratización no se habrá conseguido.

Córdoba, febrero de 2013.