El “escrache” a los contribuyentes de Villa María

Concejal Georgina  Etchegaray

Concejal Georgina Etchegaray

La ordenanza general impositiva modificada, por 8 votos contra 4, por el Concejo Deliberante de Villa María autoriza a publicar los nombres de algunos contribuyentes, que hubieren incurrido en evasión o fraude viola el secreto fiscal y el derecho natural a la intimidad, proclamado como principio de reserva en la Constitución Nación, cuando dice que “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.” (Art. 19): y a la Constitución de la Provincia cuando dispone que “Toda persona tiene derecho a conocer lo que de él conste en forma de registro (…) Dichos datos no pueden registrarse con propósitos discriminatorios de ninguna clase ni ser proporcionados a terceros, excepto cuando tenga un interés legítimo.” (Art. 50)

La referida Ordenanza impositiva declaraba, como lo hacen todas las normas de igual tenor, que “Las declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante el Organismo Fiscal son secreto en cuanto consignen informaciones referentes a situaciones u operaciones económicas o de sus familiares. El deber del secreto no alcanza para que el organismo fiscal utilice las informaciones para verificar obligaciones tributarias distintas de aquellas para las cuales fueron obtenidas. Tampoco rige frente a pedidos de organismos nacionales, provinciales o municipales.” (Art. 46),

El agregado que reforma este artículo y que criticamos votado por los concejales oficialistas de Villa María dispone: “No están alcanzados por el secreto fiscal de los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de las determinaciones de oficios firmes y de los ajustes conformados, a nombre del contribuyente o responsable. La administración municipal de ingresos públicos, queda facultada para dar a publicidad esos datos, en la oportunidad y condiciones que ella establezcan.”

Entendemos que el “escrache” es una agresión que no llega a ser cruenta contra aquellas personas a las cuales sus ofensores procuran menoscabar simbólicamente delante de la sociedad y ello se agrava, en este caso, por no haberse previsto conceder el derecho de defensa ni que se respete la garantía del debido proceso legal adjetivo para el contribuyente “escrachado”, lo que es violatorio también del la Ley Fundamental Nacional (Art. 18) y Provincial (Art. 39). Recordemos que se ha dicho algo que está claro con lo que dispone esta ordenanza: “Si no hay Justicia, hay escrache”.

La concejal demócrata cristiana Georgina Etchegaray–que votó en contra del agregado-señaló acertadamente que sucedería, por ejemplo, si luego de la publicación un fallo judicial determinaba que la persona no era deudora, ya que sólo una sentencia firme puede condenar a un contribuyente como deudor. La publicidad anticipada de estos datos le causaría un daño, lo que haría más evidente la inconstitucionalidad planteada.

Los derechos humanos de los contribuyentes también merecen ser respetados.

Córdoba, Diciembre de 2012.

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Yapeyú tiene Carta

Oleo de José de San Martín por Francois Navez

Oleo de José de San Martín por Francois Navez

Yapeyú; un pueblo de poco más de 2 mil habitantes ubicado en el centro-este de la provincia de Corrientes a orillas del río Uruguay a donde desemboca el arroyo Guavirabí (llamado por los nativos originarios, Yapeyú, que era el nombre de lo que conocemos como “paja brava” con que se techaba, abundante en la zona); acaba de sancionar su Carta Orgánica, que es la Constitución de su Municipio, por una Convención Constituyente integrada por tres vecinos elegidos por el pueblo: Carlos Adán da Costa, presidente, José Alberto Ferreyra, vicepresidente, y Silvia Itatí Velazquez. La secretaria fue Soledad Rodríguez.

La misma declara que el pueblo fue fundado el 4 de febrero de 1627 por los jesuitas: Nicolás Mastrilli Durán –provincial de la Orden-, Roque González de Santa Cruz, y Pedro Romero –que fue su primer párroco-, en un lugar donde habitaban 100 guaraníes y había sólo tres casas; con lo que se inició la misión de “Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú”, la Virgen Morena como se la llama; se proclama como Santo Patrono a San Martín de Tours y describe su escudo y su bandera. El gobierno se compone de un un intendente y un viceintendente y un concejo deliberante, que tiene actualmente 3 concejales,.

En Yapeyú en 1778 nació el general José Francisco de San Martín, hijo del teniente gobernador Juan de San Martín, a donde vivió su primera infancia ya que en 1783, con aún cinco años, y previa estadía en Buenos Aires, viajó a España con su familia, pues su padre fue destinado a Málaga. Además, cuenta la tradición, que en este pueblo nació también el chamamé.

A inicios del siglo XVIII la población hispano guaranítica había alcanzado ser de 10 mil habitantes en su mayoría con orígenes charrúas, bohanes, yaros y chandules (guaraníes de las islas), el idioma hablado era el guaraní mezclado con el español e incluso el latín, fue en esos años que Yapeyú pasó a ser la sede del superior de los jesuitas en las Misiones.

La población de Yapeyú se dedicó principalmente a la explotación ganadera, a partir de ganado cimarrón capturado entre los ríos Uruguay y Paraná y por la compra de ganado correntino en 1634. Con estos animales se formó una vaquería entre el arroyo Guaviraví y el río Miriñay, posteriormente se fundaron estancias en esa zona, como la de San Andrés en 1657 con indígenas yaros y 500 cabezas de ganado. Esta estancia-reducción fue abandonada al año siguiente y sus animales conformaron la vaquería de Yapeyú.

En 1767 el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas la cual se llevó a cabo en 1768. Casi inmediatamente la zona entró en decadencia económica, las misiones se secularizaron y Yapeyú era uno de los 30 pueblos de las misiones guaraníticas. Dichas misiones se dividieron en dos gobernaciones, más tarde se las concentró en un solo gobernador, con tres tenientes gobernadores auxiliares, cada uno de los cuales tenía a su cargo un departamento. El tercero de estos departamentos se componía de los pueblos de La Cruz, San Tomé, San Borja y Yapeyú, del cual  era la capital y le daba su nombre.

En 1774 Juan de San Martín, el padre del prócer, desempeñaba el puesto de teniente gobernador del departamento de Yapeyú, siendo gobernador de la provincia de Misiones el capitán don Francisco Bruno de Zabala. Juan de San Martín amplió la jurisdicción de Yapeyú hasta el arroyo Yeruá (al sur de Concordia) que hasta entonces llegaba hasta el Río Miriñay. En esta región restableció la Ruta al Salto mediante la cual se enviaban a Buenos Aires para su comercialización los excedentes de yerba mate, algodón, tabaco, grasas y cueros.

A partir de 1801 y tras la invasión de las Misiones Orientales por parte de los bandeirantes, Yapeyú no sólo perdió sus distritos al este del río Uruguay sino que padeció las continuos ataques portugueses y luego brasileños, de este modo tras las derrotas sufridas por Andrés Guazurary y José Gervasio Artigas la ciudad de Yapeyú quedó reducida a ruinas después de ser saqueada y arrasada por los lusobrasileños durante la invasión que se prolongó entre 1816 y 1821. Después de la segunda mitad del siglo XIX, al estabilizarse las fronteras internacionales la población resurgió muy lentamente teniendo hasta mediados del siglo XX el nombre oficial de San Martín.

El régimen reduccional llegó a su fin al decretar la Primera Junta de Buenos Aires el 8 de junio de 1810 la igualdad de los indígenas con la población criolla y europea.

En el año 1830 quedó incorporado el pueblo a la provincia de Corrientes y en 1860, el gobernador José María Rolón cumpliendo con el mensaje dirigido por su predecesor Juan Pujol, el 20 de agosto de 1859, dispuso el restablecimiento del pueblo de Yapeyú, denominándolo San Martín. Más tarde pasó a denominarse nuevamente Yapeyú.

El 13 de febrero de 1860 comienza a repoblarse el pueblo con colonizadores franceses y suizos que llegaron a Corrientes para poblar la colonia San Juan cerca de la capital provincial.

El 18 de diciembre el Intendente Marcelo Rolando jurará, con el sanmartiniano pueblo de Yapeyú, su Carta Orgánica que lo declara autónomo; a 15 años de cumplir sus 400 años, acto al que me siento honrado de haber sido invitado por haber sido uno de los asesores de los constituyentes.

Si “Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía” –como cantaban los Wawancó-, ahora podríamos decir que “Yapeyú tiene Carta, pero no tiene tren ni tranvía”, y ello resulta oportuno, como mensaje de este pueblo histórico a todos los argentinos, para que siempre recordemos que tenemos una carta, la Constitución, algo que últimamente no siempre recordamos.

Córdoba, diciembre de 2012.

El juicio que se viene: Córdoba vs. Nación por el 15 por ciento de la coparticipación federal

Gobernador José Manuel De la Sota

Gobernador José Manuel De la Sota

Últimamente los conflictos políticos en Argentina se dirimen en la Justicia.

Una lluvia de pleitos inundó los tribunales por el “corralito”, los reajustes de haberes de los jubilados y las enfermedades y accidentes de trabajo. Las numerosas denuncias de corrupción que llegan hasta el vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, la reincorporación del procurador Sosa en Santa Cruz y el 7D, que involucra al grupo Clarín, esperan respuestas de los jueces.

A nivel internacional por la contaminación del río Uruguay y la protesta de Gualeguaychu perdimos un juicio en la Corte de La Haya; el juez Thomas Griesa de EEUU nos tiene en vilo por la deuda que reclaman los llamados “fondos buitres”; un tribunal de Ghana nos tiene embargada la Fragata Libertad, por lo que hemos recurrido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y tenemos varios pleitos en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.

El conflicto que tiene el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, con el gobierno Nacional ha hecho que esta provincia haya demandado a la Nación por la deuda previsional; y que, con la aprobación de la Legislatura, el gobernador haya denunciado el Acuerdo firmado el 2 de septiembre de 1992 entre el Gobierno Nacional y de todas las provincias por el que éstas le cedían el 15% de la coparticipación federal al Gobierno Central, y se lo haya notificado a todos los signatarios de este acuerdo.

Como la Nación hizo caso omiso de este acto jurídico y no giró el referido porcentaje de la coparticipación a Córdoba, se espera que la provincia interponga ante los tribunales la acción judicial correspondiente.

Pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se adelantó a ello y ha incoado el 27 de noviembre una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de Córdoba pidiendo que se declare inconstitucional la ley provincial que hace tres meses estableció una tasa que grava a los combustibles con destino a la red vial.

Lo ideal es que lo político se resuelva en los órganos políticos y se discutan en las instancias legislativas, pero como el diálogo y el debate han sido sustituidos por la confrontación, las instancias judiciales se tornan imprescindibles.

Que podemos concluir de todo esto:

1. Córdoba espera que la Corte Suprema le obligue a la Nación a abonarle lo convenido con destino a la Caja de Jubilaciones, en el juicio en que dicho tribunal llamó a una audiencia de conciliación y los representantes de la Nación se negaron a acordar.

2. Que el Alto Tribunal desestime la acción por la inconstitucionalidad de la ley provincial que crea el impuesto a los combustibles, más allá que el mismo sea inequitativo ya que grava por igual a los que cargan combustibles en vehículos caros y baratos, ya que la Nación omitió recurrir ante la Comisión Federal de Impuestos –como indica la ley 23.548 de coparticipación federal (Art. 11 Inc. c)-, y por no invocar ningún perjuicio que justifique dicha demanda.

3. Como lo han hecho ya otras provincias, Córdoba tendrá que demandar también al Gobierno Federal para que se le liquida el 15por ciento de la coparticipación federal, desde que denunció el Acuerdo.

Córdoba, Noviembre de 2012.

Qué pude observar de las elecciones presidenciales de EEUU

Candidatos Mitt Romney y Barak Obama

Por sexta vez consecutiva observé desde Washington DC las elecciones presidenciales de Estados Unidos en la que votaron el 58 % de los ciudadanos -menos que en las dos anteriores-, y las ganó el demócrata y actual presidente Barack Obama; con el 50 % de sufragios contra el 49,1 de su contrincante, el millonario del partido republicano Mitt Romney. Por ser una elección indirecta, Obama consiguió 332 electores contra 206 de Romney; luego de una disputada campaña electoral, en la que se enfrentaron en tres debates televisados..

Estos comicios, celebrados en los 50 estados y en Washington DC; tuvieron lugar el martes (6) siguiente al primer lunes de noviembre -como ocurre desde 1845 (y no en domingo por tratarse del día de descanso de los cristianos)-.

Lo singular de los mismos fue que:

* Las elecciones primarias se dieron sólo en el Partido Republicano, ya que el presidente Obama no tuvo que enfrentar a otro precandidato demócrata.

* Por primera vez en la historia hubo un candidato, Romney, de fe mormona.

* Los candidatos a vicepresidente: Joe Biden, el demócrata reelecto, y Paul Rayn, un conservador de 42 años de edad, son católicos.

* Se eligieron además de presidente y vice, 33 senadores y 435 representantes, 11 gobernadores y dos de los territorios de Puerto Rico y de las islas Samoa del Pacífico, legisladores estaduales, autoridades de condados y municipios.

* Algunos estados consultaron al pueblo sobre 178 propuestas. En el estado asociado de Puerto Rico el 61,15% optó para que dicho estado se anexe a los EEUU. En Colorado y Washington se votó a favor del consumo de la marihuana, lo que fue rechazado en.Oregón. Además, aprobaron el matrimonio del mismo sexo los estados de Maine, Washington y Maryland, pero en Minnesota se rechazó reformar la Constitución para definir el matrimonio como la unión sólo entre hombre y mujer. En Florida, se desestimó la prohibición de otorgar fondos públicos para financiar abortos. En California se desechó eliminar la pena de muerte.

* La campaña electoral fue más intensa en los estados indecisos (swing states). Ohio –donde triunfaron todos los candidatos a presidentes desde las elecciones de 1964-, fue el más requerido, y Obama lo ganó después de rescatar a las empresas General Motors y Chrysler, lo que hizo que el índice de desempleo llegara sólo al 7%, cuando la media nacional es de 7,9%. En otros siete estados indecisos ganaron los demócratas; sólo en Carolina del Norte ganó Romney.

* La mayoría del voto de los afroamericanos, de los hispanos, de la mujeres y de los jóvenes fue para Obama, la de los blancos varones apoyaron a los republicanos.

* Fue la elección más costosa de la historia, los candidatos no recibieron fondos del Estado, y por eso no tuvieron tope para recaudar, pero los ciudadanos o residentes no podían aportar más de U$S 2.500 para las primarias y otro tanto para las generales. Las asociaciones civiles no podían contribuir para los candidatos federales, pero podían hacer propaganda por ellos. Se gastaron 6.000 millones de dólares. Obama recaudó hasta el 17 de octubre 931 millones y Romney 1.022 millones.

* Las elecciones de 2008 permitieron el triunfo de Obama merced al buen uso de las redes sociales, en las de 2012 la novedad fue que los mensajes a los votantes fue sectorizado; y dirigido a: las mujeres, los hispanos, los afroamericanos, los jóvenes, los ancianos, al hombre blanco, etcétera; a través de teléfonos, redes sociales, Internet, televisión, medios gráficos o visitas domiciliarias; y las propuestas apuntaban a los distintos intereses. Las propuestas globales fueron poco relevantes.

* Los debates versaron preferentemente sobre política interna como: la crisis económica, el empleo, los impuestos, el déficit, los gastos militares, la energía, el seguro social, Medicare y la inmigración. De política exterior, donde las diferencias no eran significativas, sólo se habló de los problemas de Irán, Afganistán, Pakistán, Siria, el Medio Oriente y de China. Latinoamérica, Europa y África fueron prácticamente ignorados.

La crisis económica, el repliegue hacia los temas internos y la notable polarización y radicalización política y social –de la que el Tea Party es sólo un ejemplo-, han hecho decir a muchos que EEUU está en declive, pero nadie puede negar que sigue siendo el país más poderoso de la tierra, por ser el tercer país más poblado, la democracia constitucional más antigua y estable, por poseer el mayor PBI, que duplica al de China -que lo secunda-; por ser la principal potencia militar y atómica; porque el 85 % de las transacciones en el mundo se hacen en dólares; por su primacía tecnológica; por su sistema educativo, por la gravitación de su Bolsa de Valores, para señalar sólo alguna de las razones de su importancia.

El liderazgo de EEUU y de su presidente, mal que nos pese, de algún modo nos conciernen a todos, por lo que es de esperar que cuando Obama, al conocer su triunfo, dijo: “Lo mejor está aún por llegar” no prometía ser sólo el Santa Claus de los americanos, sino que asumiría también el liderazgo que espera el mundo; para bregar por una paz duradera; por erradicar la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil y el narcotráfico; mejorar la educación y la salud; garantizar la igualdad de géneros y el ambiente sano; e impulsar el desarrollo de todos los que habitamos este planeta.

Obama, que no puede ser nuevamente reelegido, no debe olvidar que sus predecesores mejor recordados lo han sido por su gravitación en el mundo. Intentar “lo mejor” para todos es su gran desafío y nuestra sentida esperanza.

Córdoba, Noviembre de 2012.

Debe sancionarse el nuevo Código Civil y Comercial

Dalmacio Velez Sarsfield

Aquí argumentaré por qué me opongo a que se sancione el proyecto de ley que pretende aprobar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 8 de junio pasado y que originariamente fue redactado por la “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación”, creada por Decreto Presidencial Nº 191 del 23 de febrero de 2011,que presidió el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, e integraron la vicepresidente de dicho Tribunal Elena Highton de Nolasco y la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci,  a la que se le concedía el exiguo plazo de 365 días para elevar el anteproyecto.

Dicha comisión lo elaboró consultando a un centenar de juristas, pero solamente sobre el “ámbito específico de (su) especialidad”, resultando extraño que entre los mismos no haya habido ningún diputado, senador, ni constitucionalistas.

También resulta llamativo que mientras se redactó durante el año 2011, la Corte Suprema haya dictado 9886 fallos, sin que los ministros Lorenzetti y Highton se hayan apartado de actuar como jueces, lo que evidencia el escaso tiempo de que dispusieron para dedicar a este importante cometido.

El proyecto de la Presidenta

El anteproyecto fue entregado a la Presidenta el 27 de febrero de 2012, oportunidad en el que Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso para acotar el plazo de su tratamiento parlamentario, y que el proyecto sería aprobado – aunque no a “libro cerrado”- en el año 2012. Esto lo reiteró por la prensa (21 de septiembre de 2012), el presidente de la Cámara de Diputado Julián Domínguez y la diputada Diana Conti en la Audiencia Pública de Córdoba el 4 de octubre.

La Presidenta se refirió al proyecto de Código en el discurso de apertura de sesiones del Congreso el 1º de marzo afirmando: “No estamos ante un acto de legislación, estamos ante un verdadero acto de codificación, similar al que hizo Vélez Sarsfield que tuvo inspiración en la codificación, que es una de las tareas más importantes que se le asignó a Napoleón Bonaparte. Los que hayan visitado la tumba de Napoleón Bonaparte podrán observar que en uno de los recordatorios de sus principales obras, además de las batallas, obviamente está precisamente haber sido el autor de la codificación civil francesa. Yo medio en broma, medio en serio, les decía a los integrantes de la comisión que me iba a sentir Napoleón el día que les mandara a ustedes el código.”

La génesis de la elaboración del Código Civil vigente y sus fundamentos no merecen comparación con lo hecho y con lo que se está haciendo ahora que se lo quiere reforma y fusionar con el de Comercio. Recordemos que el Presidente de la Nación Bartolomé Mitre decidió encargarle la tarea  de redactar el proyecto de Código Civil, que preveía la Constitución de 1853, a Dalmacio Vélez Sársfield, mediante decreto del 20 de octubre de 1864, el que lo hizo inspirado en la “Consolidación de las Leyes Civiles” y en el “Esbozo de Código Civil” del gran jurista brasilero Augusto Teixeira de Freitas- y lo hizo con la ayuda de algunos amanuenses que pasaban en limpio sus borradores, como lo fueron Victorino de la Plaza, quien luego sería Presidente de la Nación, Eduardo Díaz de Vivar y la hija de Vélez Sársfield, Aurelia. A medida que Vélez Sársfield completaba su obra, la enviaba al Poder Ejecutivo. De esta forma se dispuso su impresión y su distribución entre los legisladores, magistrados, abogados “y personas competentes, a fin de que estudiándose desde ahora váyase formando a su respecto la opinión para cuando llegue la oportunidad de ser sancionado”, por Decreto del 23 de junio de 1965. De esta forma, en1865 terminó y entregó el libro I, las dos primeras secciones del Libro II en 1866, la tercera sección de ese libro a principios de 1867, el libro III en 1868 y el libro IV en 1869. De esta forma completó la tarea luego de cuatro años y dos meses de trabajo. El proyecto fue aprobado a “libro cerrado” después que el presidente Domingo Faustino Sarmiento y su ministro Nicolás Avellaneda lo enviaran el 25 de agosto de 1869 al Congreso, donde fue sancionado 22 de septiembre en la Cámara de Diputados y el 25 por el Senado, lo que permitió que fuera promulgado por el Ejecutivo el 29 de septiembre de ese año, y entró en vigencia el recién el 1º de enero de 1871.

El Poder Ejecutivo lo envió el 8 de junio al Congreso, con un mensaje que incluía, en un mismo proyecto de ley, el Código redactado por la Comisión de juristas, con algunas e importantes modificaciones, y al mismo tiempo proponía crear una Comisión Bicameral para que lo estudiara.

El proyecto en el Congreso

Como estas dos cosas no podía aprobarse en una misma ley el día 4 de julio de 2012 las dos Cámara del Congreso, apartándose del proyecto  que acompañaba el mensaje del Poder Ejecutivo,  votaron dos resoluciones idénticas y crearon así una  “Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación” que debían integrar 15 diputados y 15 senadores, que: “Tendrá vigencia hasta la aprobación del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación y contará con NOVENTA (90) días, a partir de su conformación, para emitir el despacho previo a su tratamiento legislativo.” Debemos entender que se trata de días corridos ya que no se ha aclarado que sean hábiles, lo que permitiría que el mismo se vote antes de que terminen las sesiones ordinarias de este año.

La Comisión Bicameral; integrada con mayoría kirchnerista; que presidió el senador Marcelo Fuentes y luego la diputada Diana Conti, que comenzó a sesionar el 8 de agosto pasado; aprobó el Reglamento de audiencias públicas que rige ahora este acto.

La primera observación política que nos merece este extraño procedimiento parlamentario de crear una Comisión Bicameral es que no encuentra otra justificación que cumplimentar el anuncio presidencial del 27 de marzo, cuando Cristina Fernández de Kirchner recibió el proyecto de la comisión de juristas, de que el mismo sería aprobado este año.

Queda claro que la creación de la Comisión Bicameral se hizo para limitar el tiempo del tratamiento del proyecto y de postergar y acotar el debate, que desde que fuera conocido ha sido objeto de innumerables cuestionamientos de fondo y de forma y por la inconstitucionalidad de alguno de sus disposiciones. Estas limitaciones que impiden a los ciudadanos e instituciones de la sociedad civil o entes estatales o para estatales a proponer proyectos diferentes y alternativos, total es o parciales, de Código, o de Códigos –en caso de no admitirse la fusión-, atenta con el derecho a peticionar a las autoridades (Art. 14 de la Constitución).

Pero ni una ley, ni mucho menos dos resoluciones de las Cámaras, pueden sustituir ni modificar la Constitución ni los reglamentos internos de las dos Salas del Congreso que reglan “La formación y sanción de las leyes”. Por ello mientras sesiona la Comisión Bicameral la Cámara de origen debió continuar el tratamiento del proyecto sin tomar en cuenta el plazo de 90 días, ya que el mismo no interrumpe el funcionamiento del Congreso, que no tiene plazo para sancionar leyes.

En 90 días es imposible escuchar a todos los colegios de abogados y a las asociaciones de magistrados, a las facultades e institutos de derecho civil y comercial de la universidades, a las academias de derecho que hay en el país, como a las demás sociedades intermedias afectadas por el proyecto, a los expertos que no tuvieron oportunidad de participar en la elaboración del mismo y a los ciudadanos que tengan algo que decir.

Tampoco en 90 días es posible estudiar y debatir la derogación de un Código Civil, que tiene más de 4 mil artículos, y de Comercio, en el que luce más de 500, ni revisar los 2700 que tiene el proyecto. El ridículo plazo de diez minutos de exposición y de veinte páginas para la presentación por escrito fijado por el Reglamento de Audiencias para quienes quieran hacer aportes muestra el poco interés que hay en receptarlos, a pesar que el nuevo Código, después de la Constitución, será la ley más importante que regirá la vida los argentinos.

El Código Civil que se aprobó en el año 2002 en Brasil, y que rige desde el año siguiente, tuvo 27 años de gestación y de debate.

Lo cierto es que hasta ahora no comenzó propiamente el estudio y el debate de los más de 2700 artículos que tiene el proyecto de Código, ya que hasta ahora la Comisión Bicameral se ha limitado a receptar las distintas ponencias.

Tampoco se separó en el tiempo el debate en general, referido a si hace falta o no hacer una reforma total o parcial de los dos códigos, y si es necesaria la unificación de ellos; del debate en particular, referido a las distintas secciones, capítulos y artículos en que se divide el Código. Mezclarlo, es contrariar el sentido común y la secuencia establecida por los reglamentos de las cámaras, y reemplazarlo por una maratón de ponencias orales y escritas, que nadie escuchará, leerá, refutará, ni tomará en cuenta al momento de debatir y votar.

Con lo de la Comisión Bicameral y los 90 días al Código proyectado, que además de las muy discutibles cláusulas que contiene, no tiene citas explicativas del sentido de los artículos, se lo pretende aprobar a “libro casi cerrado”, luego de un debate exprés, y se aspira ponerlo en vigencia a los 180 días de promulgado –según dice el proyecto-, sin que haya un mínimo consenso en la sociedad, como el que hubo en 1869; olvidándose que el mismo regulará la vida de más de 40 millones de argentinos –en vez del 1.877.490 que había entonces según el Censo de aquel año-, y su aplicación dependerá de más de 200 mil abogados y más de 5 mil jueces y fiscales que hoy actúan en los tribunales de nuestro país. Pensemos además que esta propuesta no fue materia de debate en la campaña electoral del año pasado, ni desarrollada en las plataformas electorales de los candidatos, ni ha sido consultada al pueblo en los términos del artículo 40 de la Constitución.

Además hoy, debemos reconocer con humildad, que el proyecto actual, más allá de lo discutible de sus disposiciones, no fue iniciativa de Bartolomé Mitre, ni redactado por Vélez Sársfield; ni fue enviado al Congreso y luego promulgado por el presidente Sarmiento y del ministro Avellaneda; ni tiene como fuente las obras de aquel gran jurista que fue Freitas, todo lo que permitió en 1869 confiar en la bondad de sus cláusulas para su aprobación en el Congreso a “libro cerrado”.

Lorenzetti acaba de hacer una afirmación temeraria cuando dijo que: “La votación no puede ser a libro cerrado ni debatirse eternamente los plazos los estableció el Congreso” olvidándose que los tiempos y los procedimientos legislativos lo establece la Constitución, las leyes y los reglamentos internos de la Cámaras, y la creación de una Comición Bicameral no puede alterarlos.

Dijo a continuación: “Además, cuando hacemos una decantación de lo que surge de las audiencias públicas, sobre la gran mayoría del proyecto no hay discusión. Los temas opinables son pocos, diez o quince” (La Nación 21 de septiembre de 2012), olvidando que antes del debate en particular está el en general donde debe debatirse si el proyecto en su conjunto, en sus principios, en su alcance, en sus normas es viable. Diez o quince temas “opinables”, que cambian los principios que proclama la Constitución, los tratados internacionales de derecho humanos y que son respetado por el Código actual, son más que suficiente para que los representantes del pueblo y de las provincia voten en contra a todo el Código.

A los temas opinables hay que agregarle las omisiones y, por qué no, también, las partes del anteproyecto de la Comisión que fueron suprimidas, o modificadas por el Poder Ejecutivo y no están en el proyecto enviado al Congreso, y las propuestas de inclusión, supresión o modificación hechas al Poder Ejecutivo y ahora, en las Audiencias Públicas, y la que han hecho o puedan hacer los legisladores en las cámaras.

Para demostrar que los temas “opinables” son más de “diez o quince” en un anexo que acompaña a este escrito, acotado en su extensión por el Reglamento ad hoc que también nos impide fundamentarlos, precisamos algunos de los capítulos, artículos o incisos que deben ser sustituidos, modificados, suprimidos o agregados del proyecto.

Por lo antes expuesto considero que el debate en general se pronostica inútil, por la falta de voluntad política del gobierno de llevarlo a cabo; y el en particular se espera que sea breve e insuficiente, y ninguna o muy pocas modificaciones se aprobarán.

Ello nos permitirá reafirmar que la sanción será a “libro casi cerrado” – como propuso la presidenta cuando recordó a Napoleón-, todo lo cual me obliga a aconsejar que el proyecto de nuevo Código, si llega como está redactado al plenario de las Cámara, debe ser rechazado por el Congreso.

                                        Anexo

Algunas propuestas para incorporar, modificar, suprimir o agregar al proyecto de Código Civil y Comercial para el caso que el mismo sea aprobado en general:

Proyecto de ley de aprobación del Código

Artículo 3º: Deróganse las siguientes normas: (…)

h) La ley de facto 21.745.

(Norma que regla el actual Registro de Cultos)

Artículo 7º: La presente ley entrará en vigencia a los dos años del día de su publicación.

Código Civil y Comercial

Título Preliminar

Capítulo 3 Ejercicio de los derechos

Derechos individuales y de incidencia colectiva

Artículo 14:En este Código se reconocen:

a) derechos individuales;

b) derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común, según lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1;

c) derechos de incidencia colectiva, que son indivisibles y de uso común. El afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales

cuando pueda afectar gravemente al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.

(Proponemos volver a la redacción de la Comisión que fuera modificada por el Poder Ejecutivo)

Libro Primero

Parte General

Título 1 Persona humana

Capítulo 1 Comienzo de la existencia

Comienzo de la existencia

Artículo 19: La existencia de la persona humana comienza desde la concepción.

Párrafo 5

Derechos y actos personalísimos

Prácticas prohibidas

Artículo 57: Están prohibidas las prácticas destinadas a eliminar embriones humanos, utilizarlos para fines comerciales o de experimentación y alterar la constitución genética de la descendencia.

Título II Persona Jurídica

Capítulo 2 Parte General

Sección 2 Clasificación

Personas jurídicas públicas

Artículo 146:Son personas jurídicas públicas:

a) el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades regionales interprovinciales o intermunicipales, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter; (…)

e) Las comunidades indígenas;

f) Los colegios profesionales que administran la matrícula de sus asociados;

g) las obras sociales.

Personas jurídicas privadas

Artículo 148: Son personas jurídicas privadas: (…)

d) Confesiones religiosas;(…)

h)  Las asociaciones de abogados y demás profesionales matriculados dedicadas al ejercicio profesional. (…)

(Este último inciso reemplaza a Las Comunidades indígenas que pasan a ser personas de derecho público en el artículo 148)

—————————————————————————————-

Propongo insertar en el texto del Código lo siguiente:

(Capítulo 3)

Confesiones Religiosas

 Inscripción y personería

Artículo (193): Las iglesias, comunidades y confesiones religiosas pueden voluntariamente inscribirse en el Registro Nacional de Confesiones Religiosas, que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y gozan de personería jurídica una vez efectuada dicha inscripción.

Las que no se inscriban continuarán siendo asociaciones regidas por la legislación vigente, y ellas y sus miembros, conservan los derechos garantizados por la Constitución y las normas dictadas en su consecuencia.

Requisitos para inscribirse

Artículo (194): Las iglesias, confesiones o comunidades religiosas para ser inscriptas en  el Registro Nacional de Confesiones Religiosas deben cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Acreditar su presencia efectiva en el territorio argentino;
  2. Informar sus principios religiosos, las fuentes más importantes de su doctrina y dogmas o cuerpo doctrinales;
  3. Describir su organización interna e internacional, si la tuviere, y número aproximado de adherentes o fieles en el país y fuera del mismo;
  4. Acompañar sus estatutos volcados en escritura pública, que contengan como mínimo:

4.1. Su nombre, que no debe confundirse con otras entidades ya inscriptas, domicilio legal y demás datos que permitan individualizar a la entidad;

4.2. La expresión de sus fines religiosos;

4.3. El régimen interno de funcionamiento y gobierno de la entidad.

En caso de no coincidir las autoridades administrativas y religiosas, las normas de relación entre ambas;

4.4. Los órganos de la entidad, sus facultades, requisitos para la designación de autoridades;

4.5. La estructura ministerial y el modo de acceder al ministerio, y la forma de ingreso y egreso de los fieles; y

4.6. El destino de los bienes en caso de disolución.

5. Indicar la ubicación de sus templos y lugares dedicados a la actividad religiosa.

6. Describir sus principales ritos, cultos o celebraciones; e

7. Identificar a sus autoridades administrativas y religiosas.

Segundo grado

Artículo (195): Se admite la inscripción de entidades religiosas de segundo grado que reúnan los requisitos establecidos en este Código, las que tienen un número de inscripción diferente pero vinculado al de las entidades adheridas también inscriptas.

Entidades no comprendidas

Artículo (196): No se consideran iglesias, comunidades o confesiones religiosas, a los efectos de esta ley las entidades que desarrollen exclusivamente las siguientes actividades:

  1. El estudio o la experimentación de ideas filosóficas o científicas, o de fenómenos psíquicos, parapsicológicos, astrofísicos y astrológicos, a la adivinación o a la magia;
  2. La prestación de servicios de resolución de problemas y armonización personal, mediante técnicas parapsicológicas, astrológicas, de adivinación, mágicas, de ejercicios físicos o mentales,  o a través de dietas o de medicinas alternativas;
  3. Los cultos y ritos satánicos; u
  4. Otras análogas.

Transgresiones

Artículo (197): La Secretaría de Culto puede de oficio o a pedido de parte investigar las transgresiones a esta ley, siempre que garantice el derecho de defensa y el debido proceso.

En caso de comprobarse transgresión puede aplicar:

  1. Apercibimiento;
  2. Suspensión de alguno o todos los beneficios que conlleva la inscripción, por tiempo determinado o hasta que desaparezca la transgresión; o
  3. Cancelación de la inscripción.

En caso de comprobarse hechos imputables a una confesión religiosa o a sus autoridades religiosas que hubiere actuado en condición de tales, que  prima facie constituyan delito penales, puede disponer la suspensión preventiva de los beneficios de la inscripción, sin perjuicio de la denuncia penal.

Recursos

Artículo (198): Contra las resoluciones del Secretario de Culto procede un recurso que resolverá la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo Federal o las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda, cuando:

  1. Denieguen un pedido de inscripción en el Registro Nacional de Confesiones Religiosas,
  2. Haga lugar a la inscripción y el recurrente hubiera opuesto oposición fundada antes de su dictado;
  3. Disponga la cancelación de su inscripción en el Registro. En este caso la apelación tendrá efecto suspensivo.
  4. Aplique apercibimiento o la suspensión de algún beneficio derivado de la inscripción en el Registro. En este caso se tramitará con efecto devolutivo.

El recurso se interpone ante la Secretaría de Culto dentro de los treinta días de notificado el acto por escrito, fundado y en el mismo debe ofrecerse y acompañarse las pruebas pertinentes. La Secretaria eleva las actuaciones al Tribunal, con la respuesta al recurso y con su propio ofrecimiento de pruebas, dentro de los treinta días de recibido el recurso. Producida la prueba, el tribunal llama a autos para resolver, y dicta sentencia en los próximos sesenta días.

Terceros

Artículo (199): Las resoluciones de inscripción en el Registro Nacional de Confesiones Religiosas se publican en el Boletín Oficial. Los terceros que tienen un derecho subjetivo o interés legítimo afectado pueden dentro de los treinta días recurrirlo pidiendo la nulidad del acto. Contra la resolución que lo deniegue procede el recurso previsto en el artículo anterior.

Capacidad jurídica

Artículo (200): Las entidades religiosas inscriptas están habilitadas para desarrollo libre de todas sus actividades religiosas, realizar actos jurídicos y ser titulares de los derechos y deberes que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines. Tienes prohibido ejercer el comercio, y pueden ser declaradas en concurso.

Derechos

Artículo (201): Las entidades religiosas inscriptas tienen los siguientes derechos:

  1. A que se le reconozca a sus ministros religiosos y se le facilite el ejercicio del mismo;
  2. A recibir el trato de entidad de bien público;
  3. A gozar de exenciones o beneficios que las leyes tributarias y de Aduana prevean, sin necesidad de trámite alguno;
  4. A la inembargabilidad e inejecutabilidad de los templos o lugares de culto, y de los objetos sagrados o destinados exclusivamente al culto, en tanto la titularidad del dominio corresponda a la entidad religiosa y no se trate de deudas contraídas en su adquisición, diseño o construcción;
  5. A utilizar los medios públicos de difusión conforme a las reglamentaciones vigentes;
  6. A ejercer la representación, activa y pasiva, de sus fieles en sede administrativa o judicial en defensa de los derechos o intereses de incidencia colectiva derivados de la libertad religiosa; y
  7. Al libre acceso para su ministros a las cárceles, hospitales, asilos y cuarteles, para brindar asistencia espiritual regular a las personas que deseen recibirla.

Autonomía

Artículo (202): Las Confesiones religiosas inscriptas, sean de primer o segundo grado, gozan de total autonomía, establecen libremente su gobierno, su régimen interno, sus normas de organización y criterios de pertenencia, conforme a lo que dispongan sus estatutos, reglamentos y normas internas.

Acuerdos de cooperación

Artículo (203): El Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y los municipios puede celebrar acuerdos de cooperación con aquellas entidades religiosas inscriptas que tengan presencia universal, tradición histórica y estructura estable de su credo, los que deben ser aprobados por el Congreso cuando afecten su competencia.

Inscripciones anteriores

Artículo (204): Las inscripciones a entidades religiosas hechas en el Registro Nacional de Cultos, creado por ley 21.745, conservan su validez por dos años a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Si en ese plazo no se presenta el nuevo pedido de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, tales inscripciones caducarán de pleno derecho.

Transición

Artículo (205): Las confesiones religiosas que a la entrada en vigencia de esta ley gocen de personería jurídica bajo la forma de asociaciones civiles u otras que no correspondan a su carácter de confesión religiosa y obtengan la registración a la que refiere el capítulo segundo de esta ley, pueden  -al momento de solicitar la inscripción- optar por:

  1. Pedir la inscripción y otorgamiento de la personería jurídica con los alcances previstos en esta ley, con la consiguiente baja en el organismo que hubiere otorgado la personería jurídica anterior.
  2. Transferir todos o algunos de sus bienes registrables a nombre de la confesión religiosa, con exención de todas las tasas o tributos que graven la transmisión de bienes, su instrumentación y actuaciones que ella origine. Cuando se haya optado por el procedimiento previsto en este inciso, la entidad que reciba los bienes es solidariamente responsable con la asociación o persona jurídica transmitente, por las deudas que existan a la fecha de la transferencia.

Las inscripciones registrales se hacen mediante oficio de la Secretaría de Culto.

Exenciones fiscales

Artículo (206): Las entidades religiosas inscriptas conservan todas las exenciones fiscales que tenían las asociaciones o personas jurídicas preexistentes, tanto en caso de transformación como de subsistencia de éstas. En caso de transformación es continuadora de aquella a todos los efectos y en particular en materia de relaciones laborales y obligaciones previsionales.

Iglesia Católica

Artículo (207): La Iglesia Católica Apostólica Romana, como persona jurídica de derecho público, no se inscribe en el Registro y sus relaciones con el Estado se rigen por la Constitución, las leyes y los concordatos y acuerdos con la Santa Sede.

La numeración del Capitulo y de los artículos que están entre paréntesis obligará a correr la numeración de los que le sigan de aprobarse ésta inserción

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Libro segundo De las relaciones de familia

Título I Matrimonio

Capítulo 7 Derecho y deberes de los cónyuges

Deberes

Artículo 431: Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos.

Convivencia

Artículo 431 bis: Los esposos deben convivir en una misma casa, a menos que por circunstancias excepcionales se vean obligados a mantener transitoriamente residencias separadas. Podrán ser relevados judicialmente del deber de convivencia cuando ésta ponga en peligro cierto la vida o la integridad física, psíquica o espiritual de uno de ellos, de ambos o de los hijos. Cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la convivencia interrumpida sin causa justificada bajo apercibimiento de negarle alimentos.

(Artículo nuevo para insertar)

Residencia

Artículo 431 ter: Los esposos fijarán de común acuerdo el lugar de residencia de la familia.

(Artículo nuevo para insertar)

Sección 2º Proceso de divorcio

Divorcio

Artículo 437: El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos, o de uno solo de los cónyuges pasado dos años de la separación de hecho de los esposos.

Título V Filiación

Capítulo 1 Disposiciones generales

Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos

Artículo 558: La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por adopción plena o por naturaleza, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código.

Ninguna persona puede tener más de DOS (2) vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación.

Capítulo 2 Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida

 Gestación por sustitución

Artículo 562: Se prohíbe la maternidad subrogada o gestación por sustitución. El pacto por el cual una mujer se comprometiere a gestar un hijo para entregarlo luego de su nacimiento a uno o dos comitentes, serán nulo de nulidad absoluta y se tendrá por no escrito.

Filiación post mortem en las técnicas de reproducción humana asistida

Artículo 563: Se prohíbe la utilización de gametos de una persona fallecida para la concepción de un hijo por técnicas de reproducción humana asistida.

 Derecho a la información en las técnicas de reproducción asistida

Artículo 564: La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento, donde deberá revelarse la identidad del donante y la información relativa a datos médicos del mismo.

 Título VI Adopción

Capítulo 1 Disposiciones generales

Principios generales

Artículo 595: La adopción se rige por los siguientes (…)

c) El respeto a la identidad religiosa;

Título VII Responsabilidad parental

Capítulo 1 Principios generales de la responsabilidad parental

Responsabilidad parental. Concepto

Artículo 638: La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral desde la concepción y mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

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Eliminar el capítulo 2 del Título V del Libro II titulado “Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida”

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Capítulo 3 Derechos y deberes de los progenitores. Reglas generales

Enumeración

Artículo 646: Son deberes de los progenitores: (…)

c) La formación moral de la conciencia de los hijos;

Capítulo 4º Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos

Plan de parentalidad

Artículo 655: Los progenitores pueden presentar un plan de parentalidad relativo al cuidado del hijo, que contenga: (…)

c) El tipo de educación y la iniciación y formación religiosa que se les deba dar;(…)

Capítulo 8 Representación, disposición y administración de los bines del hijo menor de edad

Contratos prohibidos

Artículo 689: Los progenitores no pueden hacer contrato alguno con el hijo que está bajo su responsabilidad, salvo para donarle un bien

No pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí ni por persona

interpuesta, bienes de su hijo ni constituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra su hijo; ni hacer partición privada con su hijo de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con él coherederos o colegatarios; ni obligar a su hijo como fiadores de ellos o de terceros.

Libro tercero De los derechos personales

Capítulo 2 De las acciones y las garantías común de los acreedores

Sección 3ª Garantía común de los acreedores

Bienes excluidos de la garantía común

Artículo 744: Quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo anterior:(…)

d) Los templos y lugares de culto y sus dependencias, y los objetos sagrados o destinados al culto;

(Sustituye al texto vago del inciso propuesto en el proyecto que dice: d) los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado”)

Sección 1ª Obligaciones de dar

Párrafo 6º Obligación de dar dinero

Concepto

Artículo 765: La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.

Capítulo 3ª Formación del consentimiento

Sección 1ª Consentimiento, oferta y aceptación

Muerte o incapacidad de las partes

Artículo 976: La oferta caduca el destinatario de ella fallece o se incapacitan, antes de la recepción de su aceptación.

(La modificación es por la contradicción que hay con el artículo 974)

Sección 4ª Contratos preliminares

Disposiciones generales

Artículo 994: Los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo.

(Debe suprimirse la última parte ya que ello dificultaría los muy frecuentes boletos de compraventa)

Sección 3ª  Suspensión del cumplimiento y fuerza mayor

Excepción de incumplimiento

Artículo 1031:En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultánea o sucesivamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La excepción puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación.

Sección 4ª Excepción de saneamiento

Párrafo 3º Responsabilidad por vicios ocultos

Régimen de las acciones

Artículo 1056:El acreedor de la garantía dispone del derecho a demandar la reducción proporcional del precio o a declarar la resolución del contrato:

a) si se trata de un vicio redhibitorio;

b) si medió una ampliación convencional de la garantía.

Capítulo 13 Extinción, modificación y adecuación del contrato

Frustración de la finalidad

Artículo 1090: La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a demandar judicialmente su rescisión, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. La rescisión es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a rescisión sólo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial.

Título III  Contratos de consumo

Capítulo 1 Relación de consumo

Relación de consumo. Consumidor

Artículo 1092: Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y consumidor. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Queda equiparado al consumidor quién, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y quien que de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.

Capítulo 8 Mandato

Mandato irrevocable

Artículo 1330:El mandato puede convenirse expresamente como irrevocable en los casos del inciso c) del artículo 380.

Sección 2ª Contratos en particular

Párrafo 5º Servicio de caja de seguridad

Límites

Artículo 1414: La cláusula que exime de responsabilidad al prestador se tiene por no escrita. Es inválida la cláusula de limitación de la responsabilidad del prestador hasta un monto determinado.

Capítulo 22 Donación

Sección 1ª Disposiciones generales

Capacidad para aceptar donaciones

Artículo 1549: Para aceptar donaciones se requiere ser capaz. Si la donación es a una persona incapaz, que no sea hijo del donante, la aceptación debe ser hecha por su representante legal; si el donante fuese el representante legal, se designa un tutor especial. Si la donación es con cargo, se requiere autorización judicial.

Capítulo 23 Fianza

Sección 2ª Efectos entre el fiador y el acreedor

Fianza solidaria

Artículo 1590: La responsabilidad del fiador es solidaria con la del deudor cuando así se convenga expresamente o cuando el fiador renuncia al beneficio de excusión. Su responsabilidad es idéntica a la que le hubiera correspondido al deudor por el saldo de lo no pueda ser cumplimentado por éste.

Título V De la fuente de las obligaciones

Capítulo 1 Responsabilidad civil

Sección 10ª Supuestos especiales de responsabilidad

Responsabilidad del Estado

Artículo 1764: El Estado responde, objetivamente, por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño.

Responsabilidad del funcionario y del empleado público

Artículo 1765: El funcionario o empleado público es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo. Las responsabilidades del funcionario o empleado público y del Estado son concurrentes.

Responsabilidad del Estado por actividad lícita

Artículo 1766: El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas.

La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro.

(Estos tres últimos artículos que proponemos reincorporar al texto fueron redactados por la Comisión y suprimidos por el Poder Ejecutivo)

Libro Quinto De la trasmisión de derecho por causa de muerte

Título XI De las sucesiones testamentarias

Capítulo 3 Inhabilidad para suceder por testamento

Personas que no pueden suceder

Artículo 2482: No pueden suceder por testamento: (…)

c) los ministros de cualquier culto que hayan asistido al causante en su última enfermedad.

(Se suprime la expresión “los líderes o conductores de sectas”, porque la palabra “sectas” es equívoca y podría dar lugar a atentados contra la libertad religiosa).

Libro Sexto De las disposiciones comunes a los derechos personales y reales

Capitulo 2 Prescripción liberatoria

Sección 2ª Plazo de prescripción

Empleados públicos

Artículo 2562bis: Los créditos devengados del contrato de empleo público prescriben a los cinco años.

(Artículo nuevo para insertar)

 El Título V:De la propiedad comunitaria indígena que va del 

Artículos 2028 al 2036 será modificado previa consulta a las comunidades indígenas o deberá ser materia de una ley especial.

                                                         Córdoba, Octubre de 2012.

Qué hacer con la ciudad de Córdoba

Miguel Ángel Roca

Miguel Ángel Roca nos recordaba “Lo cierto es que los siglos se han sucedido sobre el tejido de la ciudad, construyendo, destruyendo, volviendo a construir en incesantes e interminables secuencias que han borrado a veces la huellas iniciales, pero que uno puede reconstruir con búsqueda paciente o por inspiración colectiva, en la manifestación de masas”, y ello es lo que nos preocupa hoy referido a la ciudad de Córdoba, por lo que intentaremos abrir el debate dejando algunas propuestas y abriendo algunos interrogantes.

Los que vivimos y amamos a esta ciudad nos sentimos contrariado por la falta y el retraso de las respuestas política a los cambios que reclaman sus habitantes de una urbe, que tiene el ejido más extenso y que es la segunda en cantidad de habitantes, que tiene el país.

Las disputas por el poder (recordemos los más significativos de este siglo: Kammerath vs. De la Sota, Juez vs. De la Sota, Juez vs. Giacomino), el exceso de personal, las disputas con los sindicatos, las insuficiencias financieras, la ineficaz administración de los servicios básicos, las diferencias con el gobierno provincial y federal, han suplantado al necesario principio preambular de “promover el bienestar general” que, en otra época fue, y que, ahora debería ser, la única preocupación de quienes nos representan y gobiernan en el Municipio.

Pero la ciudad y la región metropolitana en el último siglo no han dejado de crecer, en cantidad de habitantes y urbanísticamente, por lo que se hace necesario llamar a una reflexión que nos permita buscar la forma de superar, cuando antes, el gran desorden reinante y responder a los grandes desafíos que nos impone el futuro.

El orden y los objetivos

Para ello se torna imprescindible poner la Casa en orden y, al mismo tiempo, reformular objetivos y diseñar políticas que permitan lograr un desarrollo urbano sustentable enfocado a:

  • Satisfacer las necesidades de las personas, de las familias y de las sociedades intermedias que viven en la ciudad y a la promoción constante y ordenada del bien común, que no es otra cosa que el buen vivir de la población.
  • Ordenar el territorio y los recursos naturales respetando el ambiente.
  • Facilitar al acceso a viviendas digna.
  • Asegurar la movilidad y el tránsito de personas y cosas.
  • Impulsar y ordenar el crecimiento, el progreso y el desarrollo de la ciudad respetando las pautas culturales que la historia les ha legado, sin descuidar el futuro de las siguientes generaciones.
  • Garantizar el equilibrio en el referido crecimiento, para lo cual deberá armonizarse las necesidades comunitarias promoviendo el orden, el respeto y la sustentabilidad de los recursos tanto naturales como humanos y financieros.
  • Garantizar que los servicios públicos básicos sean seguros, confiables y se amplíen en función del crecimiento y nuevas necesidades.
  • Disponer de un orden normativo, de un Gobierno y de una administración capaz de de promover y hacer posible el compromiso de la comunidad para el logro de los objetivos antes expresados.
  • Respetar el principio de subsidiariedad que exige a las autoridades locales atender eficientemente, dentro de sus atribuciones autónomas, las primeras necesidades de los ciudadanos, que constantemente varían, aumentan y desbordan sus competencias, y hace necesario una permanente coordinación de sus políticas y provisión de servicios con los municipios vecinos y con los gobiernos y administraciones provinciales y municipales.

Lo institucional

 Para llevar a cabo estos propósitos es imprescindible, en este momento, que la Municipalidadactualice su legislación, y ordene y ajuste los mecanismos institucionales de su gobierno y administración para hacer posible el ejercicio autónomo de sus competencias y atribuciones.

Por ello es que nos parece necesario que:

  • El Concejo Deliberante, que ni siquiera tiene un edificio a donde funcionar, jerarquice su representación y prestigio ante sus representados, para lo cual sería necesario hacer plena la proporcionalidad en la elección de concejales, para lo cual hay que modificar:

1.     la cláusula que premia a la lista que obtiene la primera minoría con la adjudicación de la mayoría absoluta de los concejales;

2.     para que el voto de preferencia pueda ser empleado realmente por los ejercitan su voto;

3.     Suprimir el voto de los adolescentes; y

4.     Disponer que se vote con urna electrónica y estudiar el poderlo hacer por Internet.

5.     Facilitar la iniciativa y la consulta popular, convocándola para tomar las decisiones más trascendentes.

  • Dividir el territorio de la ciudad en comunas gobernadas y administradas por gobiernos presididos por un alcalde elegidos por el pueblo, que tengan por sede los actuales Centros de Participación Comunal (CPC) y a los que se les reconozca competencias para resolver las primeras necesidades de los vecinos y que tengan su propio presupuesto participativo.
  • Concretar un acuerdo regional con los municipios vecinos del Gran Córdoba y se establezca un ente regional que coordine la prestación de servicios comunes y lleve a cabo un plan de desarrollo zonal (Ley Nº 9026).
  • Sancione un código de ética y cree una Junta de Ética para los funcionarios políticos de los municipios y con ello tratar de erradicar la corrupción.
  • Llevar a cabo concursos para el ingreso y ascenso de empleados y poner fin a la corruptela de designar contratados, transitorios, monotributistas, etcétera.
  • Informatizar el gobierno y la administración municipal.
  • Trazar los límites del radio municipal que están fijado en los mapas pero no en el territorio; y amojonar los límites de las manzanas que las separan de los espacios públicos.
  • Crear un ente, de funcionamiento permanente, que coordine las politicas de la provincia y la Municipalidad para el departamento Capital:
  1. Reordenando la prestación de algunos servicios (educación, salud, cultura, etc.)
  2. Transferir los que fuera menester (verbigracia: a la Provincia las escuelas municipales y a la Municipalidad los bomberos y una parte de la Policía de seguridad).
  3. Incorporar en la legislación provincial que en los conflictos entre los municipios y los sindicatos intervenga en Ministerio de Trabajo provincial.
  4. Y que la personería de los centros vecinales sea concedida y controlada por el Municipio.
  • Concretar un acuerdo regional con los municipios vecinos del Gran Córdoba y se establezca un ente regional que coordine la prestación de servicios comunes y lleve a cabo un plan de desarrollo zonal (Ley Nº 9026).
  • Crear un ente, de funcionamiento permanente, que coordine las politicas de la provincia y el gobierno federal en el departamento Capital, que haga posible la realización de grandes obras como por ejemplo: los subterráneos o un tren rápido que una Córdoba con la Capital Federal.
  • Establecer marcos regulatorios y crear entes reguladores de los servicios públicos que se prestan en la ciudad.
  • Crear mecanismos de participación como: la banca del vecino en el Concejo Deliberante; el historiador de la ciudad –como existe en La Habana y demás ciudades de Cuba- y el defensor del pueblo (o del Vecino como propusimos sin éxito para la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba cuando fui constituyente en 1995).
  • Impulsar la creación de Consejos de centros vecinales, de partidos políticos, de colegios profesionales, de universidades, de medios de comunicación, económicos sociales, culturales, interreligiosos, de la juventud, etcétera; con el objeto de coordinar actividades y proponer normas, obras o actividades que tengan que ver con sus propios fines.
  • Estimular el voluntariado.

 Desafíos

 Sin perjuicio que hay obras y servicios que para su realización y prestación hay que coordinar con el gobierno provincial y federal (en materia de finanzas, seguridad, educación, salud, cultura, etc.), para saber que debe hacer, promover, planificar y coordinar la Municipalidad de Córdoba respecto de su desarrollo urbano se hace necesario dar respuesta a los siguientes interrogantes:

  • ¿Debe seguir creciendo la población de la ciudad y/o sus ciudades vecinas?
  • Las diferencias entre los que tienen mayores y menores ingresos ¿aumenta o disminuye?
  • ¿Cuánta gente vive bajo la línea de pobreza? Esta  población, ¿Crece o disminuye?
  • ¿Cuántas personas que vive en situación de calle?
  • ¿Cuántos adictos se calcula  que hay al alcohol y a las drogas?
  • ¿Cuánto es el déficit de viviendas?
  • ¿Cuál es la extensión territorial de las villas de emergencia?
  • ¿Cuál es la extensión territorial de los barrios cerrados o semicerrados?
  • ¿Cuál es la  extensión de los espacios verdes?
  • La edificación ¿debe crecer en altura o no? Y en su caso ¿en que zonas y  proporción?
  • ¿Cuál es la previsión del crecimiento del parque automotor?
  • ¿Cuáles son las grandes obras públicas que se necesitan hacer?
  • ¿Cuánto falta para cubrir con el servicio de cloacas a toda la ciudad?
  • ¿Se pueden abrir nuevas calles, bicisendas o avenidas o ampliar las existentes?
  • ¿Cuánto falta de pavimentar?
  • ¿Qué cantidad de cocheras hay que construir?
  • ¿Qué hacer con el centro de la ciudad?
  • ¿Deben crearse nuevos centros comerciales y de servicios?
  • ¿Cuanto falta para cubrir las necesidades del servicio de gas natural?
  • ¿Hace falta servicio de subterráneo?
  • ¿Que hacer con los servicios de taxis y remises?
  • ¿Qué hacer con la basura? – Separarla; reciclarla; recuperarla; enterrarla, ¿dónde?
  • ¿Qué hacer con la cárcel de encausados?
  • ¿Qué hacer con los terrenos del ex Batallón 141?
  • ¿Qué hacer con la manzana de la casa central del Banco de Córdoba?
  • ¿Cuáles son las necesidades presentes y futuras de los servicios públicos de transporte urbano?
  • ¿Qué hacer con las empresas municipales Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) y Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE).
  • ¿Cómo coordinar con el desarrollismo la realización de nuevos emprendimientos?

Las respuestas a estas preguntas nos permitirán pensar, planear, legislar con mayor solvencia sobre el futuro de nuestra querida ciudad. El destino de nuestros hijos y nietos así nos lo demandan.

Córdoba, Octubre de 2012.

 

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Las banderas del “cacerolazo”: Constitución, Libertad y No Re-reelección

Protesta en Plaza de Mayo

Constitución”, “Libertad” y “No re-reelección” fueron los reclamos más notables de los que se manifestaron en el multitudinario “cacerolazo” del 13 de septiembre pasado.

¿Cuál es su significado?

Constitución y Libertad

La Constitución es la primera garantía para que el hombre pueda ejercer su libertad, ella es la que determina, complementada por las normas dictadas en su consecuencia, qué conducta es justa y cual es injusta; qué es delito, y por tanto merece ser penada, y qué es lo que está permitido; qué es lo que contribuye al bien común y que no.

La Constitución, además, organiza la sociedad política y al estado que está a su servicio, en base a las siguientes pautas:

  • Garantizar los derechos humanos y a los bienes fundamentales del hombre: a la libertad, a la vida y a la propiedad, y de los que derivan de los mismos.
  • Garantizar los derechos  de las sociedades intermedias, los que tienen que ver con el ambiente, la información, el consumo y el uso de los servicios públicos.
  • Garantizar los derecho políticos de los ciudadanos, especialmente el de poder votar y ser elegido en cargos políticos o en consultas populares, de peticionar, y participar en partidos políticos y en general en la vida pública.
  • Limitación de las competencias del gobierno federal, del de las provincias y de los municipios y comunas.
  • División de poderes, en Legislativo (Congreso, Legislaturas o Concejos deliberantes), Ejecutivo (Presidente, Gobernadores o Intendentes) y Judicial (tribunales), atribuyendo diferentes y limitadas atribuciones.
  • Periodicidad y limitación en el tiempo en sus funciones, como es el caso de los presidentes, gobernadores o intendentes, y de quienes son sus vices, que no pueden hacerse reelegir.
  • Responsabilidad de los funcionarios, por lo que se somete a juicio político a quienes ejercen los más importantes cargos de gobierno y magistraturas, y a ser  juzgado por la justicia ordinaria, como cualquier otro ciudadano, por los delitos que comentan y por las responsabilidades civiles que se deriven de sus conductas en el ejercicio de sus funciones.
  • Publicidad de las normas y actos de gobierno, y como se gestan los mismos, para que los ciudadanos sepan a que atener sus conductas, sin que quienes ejercen los cargos de gobierno utilicen esa publicidad, o los medios de comunicación del estado, para hacerse propaganda o hacérselas a sus partidos, a sus seguidores o a sus ideologías, para obtener así ventajas en las disputas de poder.

No Re-reelección

La reforma constitucional de 1994 redujo el mandato presidencial de 6 a 4 años y permitió una reelección por otro período para favorecer al entonces presidente Carlos Menem.

Las razones en que se fundan los que nos oponemos a la re-reelección indefinida, mediante una nueva reforma constitucional, sea para favorecer a la actual presidente, o cualquier otro en el futuro, son los siguientes:

Es necesario limitar en el tiempo el mandato de los presidentes, (también de los gobernadores e intendentes), porque son la máxima autoridad de la República.

  • La prolongación de los mandatos en el tiempo producen un desgaste en los funcionarios que sólo puede superar la renovación.
  • El mandatario que no puede ser reelegido se preocupa más del bien común y de dejar una mejor imagen para el juicio de la historia.
  • La reelección se convierte en una necesidad cuando el presidente o sus colaboradores han cometido graves errores o delitos en el ejercicio de sus cargos y pretenden con la continuidad en los mismos evitar que los actos de corrupción puedan ser investigados o castigados por la justicia.
  • La experiencia histórica demuestra que no fueron positivas las reformas constitucionales de 1949 y 1994 para las reelecciones de Juan Domingo Perón y Carlos Menem, ni las que se dieron en las provincias.
  • No se debe reformar la Constitución para beneficiar a quién está ejerciendo su cargo y mucho menos para hacer que sea reelegido..
  • El presidente que aspira a la reelección dedica parte de su tiempo y de su gestión a convencer al electorado que debe elegirlo nuevamente y descuida su función específica.
  • No es conveniente que el presidente que disputa una elección ejerza al mismo tiempo dicho cargo porque tiene una gran ventaja frente a sus rivales.
  • El límite a la reelección obliga a los partidos y a la sociedad a generar nuevos liderazgos para producir el relevo del mandatario que termina su período.
  • Las reformas de las constituciones no deben hacerse para favorecer a personas, partidos o sectores de la sociedad, y menos si ellas están en el gobierno en ese momento.

Una sabia frase de Montesquieu sintetiza lo que aquí hemos dicho: “Cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo.”

Los que protestan no quieren que esto vuelva a suceder en Argentina.

Córdoba, septiembre de 2012.