“Cristina Eterna”

Cristina Fernández de Kirshner

Hace un año, meses después del deceso de Néstor Kirchner, y ante la imposibilidad de continuar con la rotación matrimonial en la presidencia, la diputada Diana Conti declaró: “Deseamos una reforma constitucional porque queremos una Cristina eterna”, postulando así su reelección indefinida, y posicionándose, en la interna del oficialismo, respecto de las futuras elecciones.

Este anticipo, nunca desmentido por la primera mandataria, tuvo eco en la voz de su fiel vicepresidente Amado Boudou, cuando la reemplazó en el primer mes de haber asumido su segundo mandato, con el aval de uno de los teóricos del “modelo”, Ernesto Laclau, y de Eugenio Raúl Zaffaroni, juez dela CorteSuprema, aunque, en este caso, el reeleccionismo va encubierto en una propuesta de implantar un sistema parlamentario, donde el presidente y el primer ministro podrían ser reelectos, o donde Cristina podría alternarse, entre ambos cargos, como hace en Rusia Vladimir Patín con Dmitri Medvédev.

El reeleccionismo se impuso en el orden nacional, con las reformas dela Constituciónde 1949 y 1994, que habilitaron a Juan Domingo Perón y a Carlos Menem para un segundo mandato, que luego lo consiguieron en las urnas. Pero las segundas partes no fueron para nada mejores, y Perón no pudo terminarlo -por el golpe de estado de 1955-, y Menem, que terminó el suyo, intentó, sin conseguirlo, la re-reelección para un tercer período. Raúl Alfonsín también lo intentó para un segundo, sin poderlo concretar, antes de la crisis que lo hizo renunciar y que no le permitió concluir su único mandato.

En las provincias el reeleccionismo se dio cuando Eduardo César Angeloz, en Córdoba, logró hacer reformarla Constituciónen 1987 para habilitarlo a un segundo mandato, y que al finalizarlo, luego de ser reelecto, consiguió un fallo del Tribunal Superior, que él había designado, que, con una forzada interpretación constitucional, le permitió, para su desgracia, hacerse reelegir por tercera vez, mandato que por su mala gestión no pudo terminar. Luego de renunciar afrontó una causa penal por corrupción en la que fue absuelto por el beneficio de la duda.

En San Luis los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá gobernaron la provincia entre 1983 hasta 2010 -cinco mandatos el primero y dos el segundo-. En Formosa, Gildo Insfrán lo hace desde 1995 hasta ahora, que ejerce su quinto mandato, luego de haber sido vicegobernador entre 1987 hasta 1995.

En Santa Cruz Néstor Kirchner gobernó entre 1991 y 2003, para lo cual, como ocurrió en los casos anterior, tuvo que hacer reformarla Constituciónprovincial mediante una Convención Constituyente en 1994, que hizo posible su segundo mandato, y en 1998, para su tercero. Pero como, en este caso, no tenía los votos suficientes enla Legislaturapara convocar ala Convención, llamó a una consulta popular que, que mereció serías impugnaciones, y, por una ajustada mayoría, logró que se convocara ala Convenciónque aprobó la reelección indefinida.

Carlos Menem, que fue el único presidente argentino que gobernó durante dos mandatos seguidos (1987-1999), gobernóLa Riojaentre1973 a1976, y, luego del gobierno militar, fue elegido y reelegido, ejerciendo nuevamente la gobernación entre1983 a1989.

José Jorge Alperovich es el único gobernador de Tucumán que fue elegido para un tercer mandato en esa provincia, y ejerce actualmente ese cargo desde el año 2003. Desde ese mismo año San Juan es gobernada por José Luis Gioja pero para hacerse reelegir por tercera vez en 2011 hizo hacer una consulta popular para modificarla Constitución, que fue cuestionada, hasta por su propio hermano, por no ajustarse al procedimiento prescripto en la misma.

Carlos Arturo Juárez fue gobernador de Santiago del Estero entre 1948 y 1952, volvió a serlo entre 1973 y 1976, y, luego de la dictadura militar, lo fue por tercera vez, entre 1983 y 2001. En el 2002 lo reemplazó su esposa, Mercedes Aragonés de Juárez, y él pasó a ser su ministro, pero la provincia fue intervenida por el gobierno federal en el año 2004, por un grave escándalo.

Las reelecciones se han impuesto, también, en algunos países vecinos donde existen, lo que Guillermo O´Donnell llama, las “democracias delegativas”, o “populistas”, como las califica Ernesto Laclau; como es el caso dela Venezuelade Hugo Chávez, el Ecuador de Rafael Correa,la Boliviade Evo Morales yla Nicaraguade Daniel Ortega, para lo cual sus presidente han tenido que hacer reformas constitucionales, mal interpretando las reglas que las autorizaban.

Al reeleccionismo hay que sumarle, en estos países, que las instituciones están debilitadas, salvo la presidencial  –que día a día se fortalece en poderes y recursos-; los parlamentos parecen “escribanías” –auque ello incomode, con razón, a los notarios-; la justicia no es independiente; los órganos de control parecería que no existieran; las autonomías provinciales o municipales son más simbólicas que reales; las sociedades intermedias (partidos políticos, ONGs, empresas, medios de comunicación, etcétera) están debilitados; el “clientelismo” está a la orden del día; y los ciudadanos participan cada vez menos de las decisiones políticas.

Perpetuar a nuestros gobernantes y delegarle más poderes es olvidar el por qué bregamos por recuperar la democracia.

Córdoba, Febrero, 2012.

Para qué Jurar al Asumir un Cargo

Diputada Victoria Donda

Diputada Victoria Donda

El juramento de los funcionarios, de los distintos poderes del Estado – en la Nación, en las provincias y en los municipios-, cuando se hacen cargo de sus funciones parece haber perdido el sentido que la Constitución y las normas complementarias le confieren, si tenemos en cuenta los cuestionamientos que merecen, muchas veces, quienes están encargado de tomarlo -como acaba de ocurrir con el vicepresidente Julio Cobos-; porque quienes lo prestan,  en algunas oportunidades, les agregan expresiones que nada tienen que ver con la fórmula establecida, o porque quienes asisten a estos actos hacen manifestaciones a favor o en contra de los protagonistas de éstas ceremonias que no se compadecen con el respeto que merecen los mismos. Las agresivas expresiones de la barra en el momento que juraba la diputada Victoria Donda, motivadas por su provocativa vestimenta, relegaron a un segundo plano la promesa que solemnemente hacía junto a otros legisladores

Parecería que poco importa, en estos lamentables casos, que se invoque a Dios, a las creencias religiosas, a los libros sagrados, o a la Patria; como, tampoco, que se declare el compromiso de “desempeñar con lealtad o patriotismo el cargo (…) y observar  y hacer observar fielmente la Constitución”(Art.93 de la CN). Invocar el nombre de lideres o consignas políticas o sectoriales, al momento de jurar, le resta sentido al solemne compromiso que se asume, especialmente en lo que se refiere a prometer ser fiel ala Ley Fundamental que contiene los valores y principios de los que ni los gobernantes ni los ciudadanos deben nunca apartarse. El que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya agregado al jurar la expresión “(…) y de Él”, refiriéndose a su marido-el ex presidente Néstor Kirchner-, es un ejemplo de esta mala práctica.

Hace algunos miles de años, en ocasión de la entronización del joven Salomón, para  reemplazar, nada menos, que al rey David, se le apareció Jehová (Dios) en un sueño y le concedió la gracia de hacerle una petición y, en respuesta de ello, el nuevo rey no le solicitó ni éxito, ni larga vida, ni la eliminación de sus enemigos, sino le rogó que le conceda “un corazón dócil, para que sepa juzgar a su pueblo y distinguir entre el bien y el mal”. Este acontecimiento, relatado en el libro de los Reyes dela Biblia, fue recordado por el Papa Benedicto XVI, el 22 de septiembre pasado, a los integrantes del Parlamento de Alemania Federal, el de su patria, y exhortó a los políticos para que se comprometan con la búsqueda de la justicia, la paz y el bien común, y no con su éxito personal o partidario, con su reelección o con su mejor posicionamiento social o económico.

 Y, para reafirmar que el éxito debe estar subordinado al criterio de justicia, y a la voluntad de aplicar el derecho, proclamó con énfasis: “Quita el derecho y entonces, ¿que distingue el Estado de una gran banda de bandidos?”

La Constitución, cuando habla del juramento de los jueces de la Corte Suprema, parecería remontarse a la vieja petición del rey Salomón, al afirma que deben prestar juramento de “desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y de conformidad a lo que prescribe la Constitución” (Art. 112). No alcanza sólo con ajustarse a la ley, hay que fallar “bien” para ser justo.

El distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso, parece ser el mejor criterio, que el dócil corazón de los que nos legislan, gobiernan y juzgan deben tener, desde el día que juran desempeñar su cargo con patriotismo y observando y haciendo observar lo que la Constitucióny las leyes prescriben.

                                                           Córdoba,. Diciembre de 2011.

Votar por Internet

Voto electrónico

Si nos disponemos a cambiar la forma de sufragar sería bueno adoptar pronto un sistema más eficiente y menos costoso que el actual como el que podría hacerse a través de Internet.

En nuestro país las elecciones, muy frecuentes los años impares, son por demás complejas y costosas, por lo que se celebran en días no laborables; en las que los electores deben concurrir al centro de votación, en muchos casos, en transporte, privado o público, subir escaleras y hacer cola. Ello obliga a emplear mucho personal que actúa como autoridades de mesa, de fiscalización, de seguridad, de correo, de transporte y de la justicia. Además, se necesitan padrones, documentos de identidad, boletas, urnas, actas, sellos y medios electrónicos para el conteo final de los sufragios.

El voto de los discapacitados, ancianos, presos, hospitalizados, ausentes y extranjeros obliga a emplear mayores recursos y gastos. El escrutinio de mesa y el definitivo llevan mucho tiempo, lo que obliga a que los medios ocupen muchas horas y páginas para informar respecto de los resultados.

El empleo de la boleta única, en Santa Fe y Córdoba, ha demostrado que no resuelve estos problemas, aunque el resistido empleo de la urna electrónica –usado parcialmente en Ushuaia (2003), en Salta, Chaco y Córdoba (2011)- ha sido mucho más eficiente. El voto por correo, empleado en otros países, inexplicablemente nunca fue permitido.

En Suiza, donde los ciudadanos votan de 4 a 6 veces por año, para elegir autoridades federales, cantonales (provinciales) o municipales, o para aprobar o impugnar leyes, el sufragio se emite por correo o por Internet o en las mesas electorales. Desde que se estableció el voto por correo en Ginebra (1995) el 95 % de los sufragios se hacen desde el hogar –el promedio suizo es del 80 %-, y el número de sufragantes aumentó un 20%. La votación anticipada puede hacerse en 2 o 3 semanas según la naturaleza de la misma (federal, cantonal o municipal).

En el año 2000 Ginebra comenzó a desarrollar el sufragio por Internet y el 8 de febrero de 2009 con el voto del 70,2% de los ciudadanos se aprobó una enmienda ala Constitucióndel Cantón por el que se introdujo la votación por Internet.

La Comisión Electoral Central, integrada por representantes de los partidos políticos, así como abogados y científicos de la computación, supervisan las elecciones. Puede bloquear la urna electrónica mediante la generación de una clave para que nadie pueda acceder a los votos electrónicos. hasta el día del recuento. La comisión tiene acceso a todos los documentos relacionados con el sistema de voto por Internet. Y puede ordenar una auditoria, prueba o estudio de cualquier experto a su elección. El sistema fue objeto de un proceso de certificación ISO 27001.

Con el sistema de Ginebra, conteo de votos electrónicos no los destruye y el recuento es posible ya sea desde la misma  o de una de las tres urnas espejo que se encuentran incorporadas en la aplicación, utilizando el mismo software de conteo u otro.

En Ginebra siempre se creyó que el Estado debe tener la propiedad intelectual de su sistema de votación en Internet. Las cajas negras no se aceptan. Ello se traduce de dos maneras: o bien el Estado utiliza software cuyas fuentes son públicas (con código abierto) o bien adquiere la propiedad intelectual de las fuentes que utiliza. El 80% de utilizado en Ginebra (firewall, sistema operativo, servidores, etc.) son de código abierto, el resto es propiedad del Estado, con la excepción de las bases de datos.  Las normas de Ginebra abren el código para su revisión por la Comisión Electoral o cualquier perito que se designe.

En las elecciones del Cantón de Ginebra del 15 de mayo de 2011, con 239.095 ciudadanos empadronados, votaron por correspondencia 69.686; por Internet 21’057 21.057 y en los locales de votación concurrieron a sufragar sólo 4.797 electores.

La República báltica de Estonia es pionera del sufragio por Internet, al incluir esta modalidad de votación anticipada desde las elecciones municipales del año 2005 en las que 9.000 electores, 3% del padrón electoral, votó sin salir de su casa por Internet. En las parlamentarias de 2007 esa cifra aumentó a 30 mil; en las locales de octubre de 2010 los votantes internautas fueron 104 mil, y en las recientes elecciones de marzo de 2011 votaron por la Red 140.846 estonios (15%).

También se votó por Internet en Estados Unidos, en las elecciones primaria de los partidos en Alaska y en Arizona y cuando tuvieron que votar 200 militares ausentes de del país (año 2000); en los referéndum de 52 provincias de España cuando se votó la Constitución Europea (2005); y en comicios municipales en Francia (2001) y en el Reino Unido (2002).

Sería deseable que los argentinos nos pongamos a tono con la tecnología de nuestra época y podamos también, alguna vez, sufragar sin salir de casa, mediante la computadora o con el celular.

Córdoba, Noviembre de 2011.

Cual es la Justicia que queremos

Próximo a cumplir 28 años de la recuperación de la Democracia Constitucional lógico de preguntarnos si hemos avanzado respecto del postulado preambular de “afianzar la justicia”, y seguramente la respuesta será positiva ya que el progreso que hemos experimentado en garantizar los derechos humanos ha sido significativo, no sólo porque se han juzgado a los responsables de los crímenes ocasionados por el último Gobierno Militar o porque “Nuevos derechos y garantías” se han incorporado al texto de nuestra Ley Fundamental, sino porquela Justicia Constitucional ha tenido un papel activo en que los mismos sean respetados. Ejemplo de ello son los progresos experimentados por los derechos de las mujeres, de las minorías, de los consumidores y usuarios de servicios públicos, y de los derechos a la información y al ambiente.

 Reclamos

 Sin embargo, los ciudadanos se quejan, y no sin razón, de:

  • la demora en la designación de jueces;
  • la tardanza en la tramitación de los pleitos;
  • la insuficiente cantidad de tribunales o secretarías;
  • que los que hay están abarrotados de causas;
  • del insuficiente número de empleados que tienen;
  • de la estreches de las oficinas y de la falta material adecuado de trabajo;
  • que no se terminan de asimilar las nuevas tecnologías digitares o electrónicas en las oficinas tribunalicias;
  • que no se emplean más los métodos alternativos de resolver conflictos como la conciliación, la negociación, la mediación o el arbitraje.
  • Víctimas de la inseguridad y que piden soluciones drásticas, incluso hasta que se implante la pena de muerte.

Los órganos de gobierno o de la administración:

  • En muchos casos no se cumplen con las órdenes judiciales, sea ellas medidas cautelares, como lo ocurrido en el del Parque Indoamericano, o sentencias. como en el caso del procurador “Sosa” de la provincia de Santa Cruz;
  • Hay jueces y fiscales que con sus decisiones han favorecido a políticos o funcionarios de gobierno o han demorado el trámite o la investigación de graves delitos cometidos por gente del gobierno;
  • El ministro dela CorteRaúlEugenio Zaffaroni se negó a dar explicaciones ante una comisión dela Cámarade Diputados de una grave denuncia que se  le hiciera en su contra;
  • Hay reclamos por  el manejo que el gobierno hace del Consejo dela Magistraturay por la demora significativa dela Presidentapara cubrir las vacantes  de jueces en el Justicia Federal;
  • Hay demora del Poder Legislativo en dictar o modificar leyes, con lo que se podría evitar la existencia de muchos pleitos, como por ejemplo la ley de riesgos del trabajo;
  • Hay organismos del Estado que son responsables de la existencia de miles de juicios, como es el caso del ANSeS;
  • Alguna vez la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se quejó dela Justiciapor la demora en las causas contra los represores, la ministra dela Corte SupremaCarmen Argibay se defendió atribuyéndole responsabilidades por ello a los Poderes Legislativo y Ejecutivo;
  • Hay queja, también,  de los parientes y allegados a los represores de que las causas  en que se los juzga se demoran y que no se juzga con la misma vara a quienes hicieron terrorismo desde la guerrilla.

Todo ello pone en duda la credibilidad del sistema judicial dela Constitución.

La virtud de la Justicia

Ello, además,  nos obliga a preguntarnos: ¿Qué hacer con la Justicia?

La primera respuesta es que la Justicia es la virtud,  que nos obliga a dar “a cada uno lo suyo”. Nuestra Constitución, en su preámbulo, manda  “afianzar la justicia”  e invoca a “Dios, fuente de toda razón y justicia”. Y los jueces, no sólo de la Corte Suprema,   deberán ejercer sus funciones “administrando justicia bien y legalmente” (Art. 112).

Siendo ello así es responsabilidad de todos, gobernantes o gobernados; legisladores, autoridades ejecutivas, jueces, profesores, maestros o simples ciudadanos, el honrarla, predicarla y practicarla.

Para afianzarla, debemos comenzar por “educar al soberano”, que es el conjunto de los ciudadanos, desde los medios formales e informarles, para hacerles tomar conciencia de sus responsabilidades sociales y políticas, y de cómo comportarse en la relaciones con los demás.

 Los jueces y el Poder Judicial

En cuanto al Poder Judicial, no mejorará ni será más creíble, si no se tiene en claro el papel institucional que le cabe en la hora actual. Parcharlo, con reformas parciales como las propuestas de hacer más severo al Código Penal, de acelerar los juicios a los represores del último gobierno militar, el bajar la edad de los imputabilidad, el desincriminar el consumo de estupefaciente o el aborto, el legalizar la marihuana, el implantar la pena de muerte, el sólo aumentar el presupuesto o el personal del Poder Judicial, es perder el tiempo porque ello no resuelve los problemas de fondo.

El Poder Legislativo, luego de un amplio debate, tiene que hacer una profunda reforma de la organización judicial, de la legislación de fondo y de procedimientos y revisar las normas orgánicas, administrativas y financieras del Poder Judicial.

1. La Escueladela Magistratura debe formar a los abogados que aspiran a ser jueces -integren actualmente o no el Poder Judicial-, a los que quieren ascender o cambiar de especialidad o de jurisdicción, a los que ya ejercen la magistratura y n necesitan actualizarse, a los funcionarios que los asisten.

 2. Debe derogar la última reforma a la ley orgánica del Consejo dela Magistratura.

 3. Debe sancionar un Código dela Seguridad Personal, como el que proyecté cuando fui diputado dela Nacióny que está vigente en la provincia de Tucumán, que fije los procedimientos de la acción de inconstitucionalidad; el recurso extraordinario antela Corte Suprema; la declaración de inconstitucionalidad de oficio; el hábeas corpus; el amparo; el hábeas data; el derecho a la información; la acción de rectificación o réplica; las medidas autosatisfactivas; las cautelares autónomas; la acción colectiva y “de clase”; y los conflictos de competencia entre los tribunales inferiores. La creación del registro de las personas privadas de su libertad y de los desaparecidos.

 4. El Poder Ejecutivo debe adecuar los organismos de seguridad y de inteligencia, que coadyuvar al accionar de los tribunales, y tomando la experiencia positiva de la provincia de Córdoba habría que crearla Policía Judicial a nivel federal y de otras provincias.

 5.  Hay que terminar desde el Estado de generar largos e inútiles pleitos, que son muy costosos e inundan los tribunales, como los del “corralito” y de los reajuste a las jubilaciones.

 6. Para reorganizarla Justiciahay que redefinir el rol dela Corte Supremala que, como el más alto tribunal dela República, falle uno o dos centenares de casos de trascendencia institucional por año, como la de Estados Unidos, que orienten y uniformen los criterios básicos que deben seguir los demás tribunales al interpretarla Constitución, los tratados y las leyes; corregir errores y unificar interpretaciones disímiles de los Tribunales y Cortes Supremas de las provincias y Cámaras de Apelaciones federales.

 7. La casación debe abolirse, por ser un recurso traído de sistemas judiciales (europeos) extraños al nuestro, que revisa sólo los fundamentos normativos y no los de hecho; y porque dicha revisión parcial es contraria al Pacto de San José de Costa Rica [Art. 8, 2 h)], segúnla  Corteen el caso “Casal, Matías” (20-9-05), que exige doble instancia donde se pueda cuestionar los hechos y el derecho.

 8. En el orden federal, deberá disolversela Cámarade Casación Penal y volverse a limitar la competencia dela Cámara Federaldela Seguridad Sociala la ciudad de Buenos Aires. Las Cámaras Federales de Apelación, en su reemplazo, deberán ser los tribunales de alzada en materia penal y de la seguridad social en las provincias, con el necesario incremento de jueces, personal e infraestructura.

 9. Las “megacausas”; como la de los represores, la de Cromagnon o la de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero; deberán tener procedimientos especiales y ser provistos de la infraestructura y del personal que fuere necesario. La litigiosidad masiva, como la de los jubilados o lo que fue el “corralito”, deberá contar con trámites abreviados.

 10. Las Cortes o Tribunales Superiores provinciales o de la ciudad de Buenos Aires deberán atender los recursos de inconstitucionalidad y los fundados en la arbitrariedad de las sentencias, convirtiéndose en tribunales constitucionales o no de casación como lo son en la actualidad. Los tribunales inferiores provinciales deberán tener doble instancia, para atender  las apelaciones, lo que hará innecesaria la casación.

 11. Deberá revisarse el procedimiento oral de los tribunales colegiados penales y laborales, los que reducirán su actuación a las causas más complejas, y dejarán a que sus jueces, en actuación unipersonal, juzguen los procesos más simples.

 12. Los jueces de familia -asistidos por psicólogos y asistentes sociales- deberán resolver con inmediatez las cuestiones sometidas a su conocimiento, incluidas las de violencia.  Los jueces vecinales, de faltas y contravenciones -provinciales o municipales-, con formación de mediadores, deberán impartir justicia, mediante un trámite sencillo y sin costo. Deberá someterse más causas a mediación y al arbitraje.

 13. La incorporación de la electrónica y el Internet en los tribunales es todavía insuficiente, lo que con el aumento de la litigiosidad, obliga al uso de una cantidad inusitada de escritos, expedientes, tribunales, archivos, personal y edificios dedicados a interminables juicios, que en mucho de sus tramos se tramitan en Buenos Aires o en las grandes ciudades, lo que implica centralización, ineficacia y mayores costos.

 Las soluciones mágicas

Las soluciones mágicas, como la de mutar nuestro sistema presidencialista por el parlamentario – propuesto entre otros por Eduardo Duhalde y Eugenio Raúl Zaffaroni-, significa retroceder a los ya superados modelos monárquicos o post-monárquicos europeos, en algunos casos con propósitos subalternos como el de lograr la reelección de la presidenta, y eludir la responsabilidad de terminar con el híperpresidencialismo, los decretos de necesidad y urgencia, la legislación delegada, y la concentración de recursos financieros en la inmensa caja del gobierno federal -en desmedro de los recursos provinciales y municipales-, y volver al avanzado sistema de de división de poderes y de federalismo que establece nuestra Carta Fundamental.

Junto con ello no faltan los que quieren copiar el sistema judicial, que integran jueces de carrera, de los países europeo con sistema de gobierno parlamentario, y de crear un Tribunal Constitucional, y que tenga a su cargo un control concentrado de constitucionalidad, lo que agregará una nueva instancia -que demorará más los pleitos-, lo que traerá un conflicto conla Corte Suprema, como el suscitado cuando se implantó el Consejo dela Magistratura, y como ocurrió en países vecinos donde se creó una Corte Constitucional.

El control de constitucionalidad concentrado en el Tribunal Constitucional, impedirá a los demás jueces ejercerlo, como ocurre en la actualidad; por lo que tendrían, cuando se les plantea la inconstitucionalidad, suspender las causas y elevarlas a dicho Tribunal para que se expida sobre ello; o aplicar al fallar leyes inconstitucionales hasta que la causa llegue a dicho Tribunal.

Como las sentencias de los tribunales constitucionales tienen efecto erga omnes, y no para el caso concreto como en nuestro sistema, con ello se le sustraería al Congreso la atribución de derogar la ley inconstitucional, la que le es propia -como la de sancionarla-, por ser el órgano que representa a la voluntad popular.

Otra solución mágica, fracasada en la provincia de Córdoba, fue implantar el juicio por jurados, sea mediante escabinos (2 ciudadanos iletrados que se agregaban a los 3 jueces de las Cámaras del Crimen), ya dejado de usar; o el del jurado, de la llamada ley (Juan Carlos) Blumberg, por el que se juzgan los delitos graves en Córdoba, conformado por los 3 jueces de Cámara y 8 legos , y el juez que lo presidente no vota, pero debe fundar, de hecho y de derecho -a veces en contra de sus convicciones-, el de disidencia de los iletrados, cuando estos no adhieren al de alguno de los jueces. Los que ignoran las normas de derecho y el arte de juzgar no pueden impartir justicia, esta experiencia así lo ha demostrado.

Las buenas ideas que surjan de este impostergable debate podrán ser la respuesta a la pregunta inicial pero siempre recordando lo que Piero Calamandrei no decía en “Elogio de los Jueces escrito por un Abogado.” Que:

“El aforismo tan estimado por los viejos doctores según el cual res iudicata facit de albo nigrum et de quadrato rotundum (La cosa juzgada convierte lo blanco en negro y lo cuadrado en redondo) hace hoy sonreír; sin embargo, pensándolo bien, debería hacer temblar. El juez tiene, efectivamente, como el mago de la fábula, el sobrehumano poder de producir en el mundo del derecho las más monstruosas metamorfosis, y de dar a las sombras apariencias eternas de verdades; y porque, dentro de su mundo, sentencia y verdad deben en definitiva coincidir, puede, si la sentencia no se adapta a la verdad, reducir la verdad a la medida de su sentencia.”

                                                  Tucumán, Noviembre de 2011.

La Codificación del Derecho Procesal Constitucional

Derecho Parlamentario, por Jorge Horacio Gentile

Lo sustantivo

La primera garantía que tienen los derechos humanos es la Constitución Nacional, complementada por las de las provincias, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y las instituciones políticas que ellas establecen: como la forma representativa y republicana de gobierno y federal de estado. Todo ello constituye el verdadero Código de Garantías que reconoce y protege nuestros derechos, y que debemos entender como la legislación sustancial o de fondo en esta materia.

A ello se agrega el control de supremacía constitucional, según la modalidad del judicial review o difuso, y que los jueces lo resuelven en los casos concretos; y que deviene de diferenciar las atribuciones del poder constituyente de los órganos del poder constituido, y que en nuestro país se ha desarrollado siguiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos a partir de caso “Marbury” de 1803, sin el cual la vigencia de la Constitución sería imposible.

Lo adjetivo

Lo que es necesario codificar, como legislación adjetiva, son los procesos judiciales constitucionales destinados a proteger específicamente los derechos, como son el hábeas corpus, el amparo, el hábeas data, el derecho de rectificación, de la información y las acciones o recursos de inconstitucionalidad.

En la actualidad estos procesos están regulados en forma deficiente, en normas dispersas, que merecerían ser sistematizada en un Código, como lo son otras materias de la legislación de fondo y de forma. A título de ejemplo podemos decir que el amparo está regulado todavía por 9 leyes, con modalidades diferentes, 8 de las cuales fueron dictadas antes de la reforma constitucional de 1994. Las dos primeras, y las más importantes, la ley 16.986 – que establece el amparo contra actos u omisiones de autoridad pública- y el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación en sus Artículos 321 inciso 8 y 498 (Ley 17.454 y sus reformas) –contra actos u omisiones de particulares-, fueron dictadas por gobiernos de facto, que con dichas disposiciones pretendieron limitar su empleo. El Amparo Impositivo, esta reglado por los artículo 86, 164 y 165 de la Ley 11683 (T. O. 1978 Ley 21.858); el Amparo por mora de la Administración por el Artículo 28 de la Ley 19.549 reformada por ley 21.858 de Procedimientos Administrativos; Amparo del elector reglado en el Código Electoral Nacional previsto en los Artículos 10, 11, 129 y 147 (Ley 19.945 y sus reformas); El amparo Sindical regulado en la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores en su Artículo 47: el Amparo del Código Aduanero en sus Artículos 1660 y 1661 (Ley 22.415); Amparo previsional de la ley 24.655 (Artículo 2 inciso d) y el ambiental reglado en el Artículo 30 de la ley 25.675.

El hábeas corpus está regulado, todavía, por la ley 23.098, dictada también antes de la reforma de 1994, y no prevé los casos de privación de la libertad física producida por particulares, ni la de desaparición forzada de personas, incluida en el artículo 43 de la Constitución.

No esta previsto en nuestra legislación nacional un procedimiento específico para la acción de inconstitucionalidad, lo que ha hecho que se la tramite a través del procedimiento de la acción de certeza, que en muchos casos, se traba discutiendo si hay o no certeza, lo que posterga o frustra el debate sobre la cuestión constitucional.

Tampoco está previsto por ley procedimiento alguno para declarar de oficio la inconstitucionalidad, lo que generalmente se hace sin escuchar antes a la partes; o para hacer valer el derecho de rectificación previsto en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, ni hay procedimiento específico para el amparo colectivo, previsto en el referido artículo 43 de nuestra ley Fundamental.

Respecto al derecho a la información no hay procedimiento judicial reglado para hacer cumplir los derechos reconocidos en el Decreto 1172/03 (BO 04/12/2003) en el que se aprueban los reglamentos generales “de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”, “para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”,”para la Elaboración Participativa de Normas”,”para el Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional” y “de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos”

Necesidad y alcance

Por ello es que creemos necesario que el Congreso de la Nación sancione un Código; que en distintas propuestas se ha dado en llamar de Garantías Constitucionales, o Procesal o de Procedimiento Constitucional, o de la Seguridad Personal –como mejor nos gusta denominarlo a nosotros-; con el propósito de regular y sistematizar los procedimientos de los procesos judiciales encaminados a proteger los derechos personales y colectivos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, y a asegurar la supremacía constitucional y de convencionalidad.

El proyecto, las leyes y el código

La idea de un código de procesos constitucionales nació en la provincia de Córdoba en la Convención Constituyente de 1987, que sancionó su quinta Constitución, en el proyecto que presentamos con los constituyente del bloque del Peronismo Renovador y la Democracia Cristina, en el que proponíamos el dictado de un Código de “Garantías Constitucionales (que establecerá el procedimiento del hábeas corpus, amparo, amparo por mora de la administración, acción de inconstitucionalidad, derecho de réplica, mandamos, acción popular en defensa de los intereses difusos, etc.)”, en el artículo 103 inciso 13 (Ver Diarios de Sesiones, Tomo I, página 246), disposición que no fue aprobada por esa Asamblea.

Más tarde, como diputado de la Nación, presenté un proyecto de Código de la Seguridad Personal (Trámite Parlamentario Nº 171 del año 1990), de 107 artículos, publicado en el libro de mi autoría: “Tercera Rendición de Cuentas como diputado de la Nación desde el 1º de setiembre de 1990 al 10 de diciembre de 1991”, que nunca fue tratado por la Cámara. Luego el mismo fue sancionado por ley 6.944 de la Legislatura de la Provincia de Tucumán con el nombre de Código Procesal Constitucional y con 111 artículos, con algunas pocas modificaciones que lo adaptaron para aquella provincia por iniciativa del legislador Sergio Díaz Ricci, quién había colaborado también en la redacción del proyecto que presenté en Diputados.

El proyecto lo redacté, con el propósito político de cumplir con la plataforma electoral de las elecciones de 1983 del Partido Demócrata Cristiano al que pertenezco, por las que nuestro país retornó a la Democracia, luego de un gobierno militar y una etapa política donde se atentó gravemente contra los derechos humanos, y por el deseo de todos los argentinos de que estos atropellos no volvieran a ocurrir.

En la Legislatura de Córdoba hace unos años el diputado Rafael Vaggione presentó un proyecto de Código de Procedimiento Constitucional redactado por el doctor Guillermo Barrera Buteler. El proyecto de Código de la Seguridad Personal, que presenté al Congreso fue presentado en dos oportunidades, en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, adaptado al nivel provincial, por los legisladores Juan Carlos de la Peña y Santiago Soleri. Una comisión del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba; integrada por José Daniel Godoy, Félix López Amaya, Carlos Valdez y Ricardo Vergara; redactó un ante proyecto de Código Procesal Constitucional, que fue concluido el 7 de agosto de 2011.

La idea del proyecto de Código tuvo por antecedente remoto el célebre Decreto de Seguridad Individual, aprobado por el Triunvirato el 23 de noviembre de 1811, de 9 artículos, y, por precedentes más recientes, la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, Número 7135 del 11 de octubre de 1989 (luego reformada por la ley 7209 del 7 octubre de 1990), que unía en un solo texto el hábeas corpus, el amparo y la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el sala cuarta del la Corte Suprema de Justicia de aquel país; y la ley de Procedimientos Constitucionales de la República del Salvador, del 14 de enero de 1960 (Decreto Legislativo Nº 2996 reformado por Decreto Legislativo Nº 45 del 6 de julio de 2006), que tiene 96 artículos y que el primero de ellos declara que “Son procesos constitucionales, los siguientes: 1)- El de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos; 2)- El amparo; y 3)- El de exhibición de la persona.” Fueron consejeros en el momento de la redacción los doctores Néstor Pedro Sagües y Adolfo Rivas y se tomaron en cuenta los proyectos de leyes de amparo de los diputados Jorge Reinaldo Vanossi y Jorge O. Folloni, que había entonces en la Cámara.

En Entre Ríos hay una ley 8369, del 4 de octubre de 1990; modificada por la 8640, del 27 de marzo de 1992; la 9550, del 23 de febrero de 2004; y la 9571, del 24 de junio de 2004, que reúne las normas procedimentales sobre el amparo, acción de ejecución, el hábeas corpus, de control de constitucionalidad -por vía directa-, recurso extraordinario de inconstitucionalidad y amparo ambiental.

En la provincia de Santa Fe esta vigente la ley 10.000 de parecido tenor y en Salta hay una ley que regula el hábeas corpus y el amparo. El diputado de dicha Provincia Marcelo Luis Gastaldi ha presentado un proyecto de Código Procesal Constitucional de 89 artículos, que “regula los procesos constitucionales derivados de las acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data e inconstitucionalidad, cuya finalidad esencial es la de garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales” (Art. 1).

La ley 28.237 aprobó el Código Procesal Constitucional del Perú, que entró en vigencia el primero de diciembre del año 2004, el que consta de un título preliminar y trece títulos, con 121 artículos, 7 disposiciones finales y 2 transitorias. Este código tiene por antecedente la ley 23.506 de Hábeas Corpus y Amparo, de 1982. Además de los principios generales el Código regula los procesos constitucionales del hábeas corpus, de amparo, de hábeas data, la acción de cumplimiento y el control de supremacía constitucional, mediante los procesos de acción popular ante el Poder Judicial; el proceso de inconstitucionalidad -por vía directa-, que se ventila ante el Tribunal Constitucional; y el proceso competencial, entre distintos entes estatales, que también es de conocimiento y decisión del Tribunal Constitucional.

Contenido del Código de la Seguridad Personal

Nuestro proyecto tenía un Título primero donde se establecían los “Principios generales”, donde, entre otros temas, se fijaba la competencia de los tribunales, la posibilidad de que los jueces declaren de oficio, en el caso concreto, la inconstitucionalidad normas y actos contrarios a la Constitución, debiendo oír antes a las partes.

En el Título segundo había cinco capítulos. El Capítulo primero que contenía las “Disposiciones generales”, donde se hablaba de la legitimación activa de las acciones de hábeas corpus y amparo, que lo podía intervenir cualquier persona interesada, sus defensores y el Ministerio Público; del horario extraordinario para interponer estas las acciones de hábeas corpus y el amparo, fuera de las horas hábiles; los términos perentorios; los plazos improrrogables; el impulso procesal de oficio; la competencia por materia; la conversión de la acción; las recusaciones que no son admisible cuando son sin causa; la gratuidad, las causales en caso de estado de sitio; la apelaciones, las quejas; procedimiento en la alzada; las costas y las sanciones por acciones maliciosas, entre otros temas.

El Capítulo segundo trata del hábeas corpus que garantiza la libertad física y ambulatoria de las personas, sin limitarlo, como hace la ley 23.098, al caso de las denuncias de actos “lesivos (que) emanen de autoridad nacional o provincial” (Art. 2), extendiéndolas a los casos que sean causado por particulares. Además, se amplían las causales, agregando el caso de las amenazas o limitaciones a la libertad ambulatoria que provengan de autoridad judicial; la restricción ilegítima al derecho de entrar y salir libremente del territorio argentino; cuando la misma exceda el plazo legal de la detención o de la condena; cuando haya ilegitimidad en la incomunicación del detenido o exceso en los plazos y condiciones establecidos por la ley; y cuando el hecho que motiva la detención no esté tipificado y penado en la ley vigente.

Hoy habría que explicitar el caso de la desaparición forzada de las personas, como indica el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el de los derechos de la personas por nacer cuando se la pretende extraer del seno materno para privarla de su vida (aborto). También en los casos que los jueces demoren el hacer efectiva la libertad de personas que han cumplido su condena o el traslado de una persona privada de su libertad a otra jurisdicción que ordenó su captura o que es competente para atender su causa.

También habría que hacerlo con los casos en que no se de incumplimiento o se infrinja la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se respeten los períodos de observación, tratamiento, prueba o de libertad condicional (Art. 12), y no se cumpla con el régimen de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, programas de prelibertad, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, prisión diurna, nocturna o trabajos para la comunidad y libertad asistida. O no se cumplan las normas que garantizan a los internos: higiene, vestimenta, alojamiento adecuado; además de educación, trabajo, asistencia médica y espiritual; o sus derechos de comunicación y relaciones familiares y sociales; o cuando el régimen disciplinario sea transgredido por las autoridades penitenciarias.

Otra causal del hábeas corpus podría ser ahora el incumplimiento de las medidas de seguridad curativa de desintoxicación y rehabilitación previstas en la ley 23.727 de Estupefacientes (Arbs. 16, 17 y 18).

Se amplía la competencia, hoy limitada a los jueces de primera instancia en lo criminal para la presentación y tramitación del hábeas corpus en la Capital Federal (artículo 8 inciso 1 de la ley 23.098) a todos los jueces de primera instancia, porque la libertad física o deambulatoria de las personas no es materia especializada de la que deban entender con exclusividad los jueces, del fuero penal, que instruyen las causas donde se puede castigar con la privación de la libertad a las personas que hayan cometido delitos; sino, todo por el contrario, a todos los jueces que están habilitado para entender en los amparos que protegen a los demás derechos.

No creemos tampoco que las acciones de amparo o de inconstitucionalidad deben ser atendidas por tribunales especializados, como está previsto en el Código de Tucumán, o como en algunas provincias que le dan competencia para atender la acción de inconstitucionalidad al Tribunal Superior o a su Corte Suprema provincial, creo que todos los jueces, antes de la especialidad que se les atribuye son jueces de la Constitución y tienen a su cargo el control de constitucionalidad. Estas acciones deben ser atendidas por cualquier juez y recurridas ante los tribunales encargados de revisar sus sentencias. No deben preverse, como en algunos proyectos, el recurso de casación, que revisa sólo los fundamentos de derecho, separándolo de los hechos algo que con razón fue cuestionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Casal, Matías” (20 de setiembre de 2005).

El proyecto crea el Registro de personas privadas de libertad, que abarca a las personas detenidas, privadas o restringidas en su libertad física, dependiente del Congreso de la Nación (el Art. 49 del Código de Procedimiento Constitucional de Tucumán lo creó y lo hace depender de la Corte Suprema provincial), al cual toda autoridad pública, nacional, provincial o municipal, debe comunicar, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la restricción a la libertad física de las una personas bajo su jurisdicción, informando la identidad y demás datos personales del afectado, clase y duración de la limitación, debiendo mantener actualizada la información. Existe en la provincia de Buenos Aires creado por las Leyes 13.203 y 13.284.

El Capítulo tercero se refiere al “Amparo”, en general, contra actos, omisiones u hechos de autoridad pública o particulares, con un plazo de caducidad de 90 días, sin necesidad de agotar la vía administrativa, las medidas cautelares y el procedimiento en general.

Después de la experiencia de los últimos años sería necesario revisar lo proyectado y ampliar lo referido a las medidas cautelares y agregar lo de la tutela anticipada.

El Capítulo cuarto trata de los “Amparos especiales”: el hábeas data, el electoral, el fiscal y aduanero, el por mora de la administración y el derecho de rectificación (este último fue suprimido por la Legislatura de Tucumán por lo que no integra el Código Procesal Constitucional de esa provincia). Hoy tendríamos que agregar el sindical, previsional y el ambiental, previstos en la legislación nacional, y el de la información sobre actos de gobierno o administrativos, en contra de las autoridades que se nieguen a suministrarla. La demora en expedir documentos de identidad o de inclusión en los padrones electorales o hacer cambio de domicilios en los mismos debería poder ser solucionada mediante una acción de amparo.

El Capítulo quinto se refiere a los “Amparos colectivos” que comprende a los de protección y de reparación de los intereses difusos. En estos tiempos habría que pensar en incluir también la acción de clase, tomando en cuanta la experiencia norteamericana y los proyectos que hay actualmente en el Congreso.

En el Título tercero se trata del “Control jurisdiccional de constitucionalidad”. En el Capítulo primero la que se hace “De oficio”, donde se contempla el traslado a las partes, cuando se estime que la norma aplicable puede adolecer de alguna objeción constitucional, antes del pronunciamiento. En el Capítulo segundo, la “Por acción” declarativa de inconstitucionalidad, para la cual no es necesario agotar la vía administrativa, y se establece un plazo de sesenta días para interponerla a partir de la publicación de la ley o del acto, o desde que se tenga conocimiento de ellos, sin tener en cuenta, como exige la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que la ley haya sido o no aplicada. La falta de presentación en tiempo y forma, por vía directa, no obsta el planteo por vía indirecta de la inconstitucionalidad.

En el Capítulo tercero se titula “Por apelación ante la Corte Suprema de Justicia”, con la queja, el depósito correspondiente y su devolución, y el writ of certiorari, similar al artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, y se establecen como causales las que están previstas en el artículo 14 de la ley 48 y los casos de sentencia arbitraria según la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora haría que agregar las recientes acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que regulan Los Amigos del Tribunal (Acordada Nº 28 del 2004); del reglamento de los escritos de los recursos extraordinarios y de quejas por denegación de aquel ante dicho tribunal, (Acordada Nº 4 del año 2007), con los ajustes y la flexibilidad que la doctrina ha señalado, y la que prevé las audiencias públicas: informativa: conciliatoria y ordenatoria (Acordada Nº 30 de 2007).

También se debería agregar, en este capítulo, lo referente al “control de convencionalidad” de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando aplica la Convención Americana sobre Derecho Humanos, de San José de Costa Rica, y lo referente al cumplimiento de sus sentencias, teniendo en cuenta lo resuelto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Cantos, José María c/ Santiago del Estero” (del 21 de agosto de 2003, con motivo de la sentencia del 28 de setiembre de 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Lo nuevo

Luego de las reiteradas desobediencias a las órdenes judiciales de la que son responsables funcionarios políticos, administrativos y de las fuerzas de seguridad, se hace necesario preveer sanciones, pecuniarias o de arresto, que los jueces puedan aplicar a los órganos o funcionarios que no las cumplan, y que se dispongan en casos de tutelas anticipadas, medidas cautelares o para ejecutar sentencias.

También podría preverse el recurso de atentado o de innovación, previsto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de Tucumán (Arts. 44 al 47), para resguardar el efecto suspensivo de un recurso, o cuando esta pendiente de resolución una recusación o una cuestión de competencia o un incidente que impida proseguir el juicio, e impedir que se ejecuten resoluciones o sentencias.

En nuestro proyecto se autorizaba la presentación de escritos por telegramas y cartas documentos, ahora habría que incluir todo lo que se puede hacer mediante los medios electrónicos y la red Internet como: presentar denuncias, escritos, recursos, correr traslados, notificar y acceder a la información respecto de los trámites que siguen los expedientes en los tribunales y en la administración pública, para lo cual no sería necesario constituir domicilio en la ciudades sede de los tribunales. El Registro de detenidos, que actualmente está creado como dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debería que estar informatizado.

También habría que reconocer la legimitación activa de los defensores del pueblo de todas las jurisdicciones -nacional, provincial y municipal- como interpreto que expresa el artículo 43 de la Constitución Nacional. La medidas autosatisfactivas y habría que ponerle límites al per saltum (no regulado actualmente en la legislación nacional e incorporado en el Art. 107 del Código Procesal Constitucional de Tucumán).

Nuestro Congreso tiene una deuda histórica con la Constitución cuando en el artículo 18 dispone que: “(…)El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.(…)”, ya que esta ley nunca fue dictada y, en su reemplazo y con criterios dispares y distintos, esta materia se encuentra regulada por distintas normas de fondo y de forma, en los distintos niveles del Estado. A esto hay que agregar los archivos digitales que tienen las computadoras y las comunicaciones por teléfonos móviles o fijos, que mediante órdenes judiciales o sin ellas son secuestrados o intervenidos, atentando, en algunos casos, contra el secreto profesional o la intimidad de las personas. Un capítulo de éste Código podría saldar la referida deuda y crear, además, un procedimiento eficaz para evitarlo o repararlo.

Reflexión final

Esta de más, señalar las ventajas que significaría unificar y sistematizar la legislación, actualmente dispersa, referida a la protección de los derecho personales y actualizarla incluyendo los nuevos institutos creados por la jurisprudencia, acordadas de la Corte y discutidas por la doctrina de los autores; además de los medios que la tecnología nos proporciona para perfeccionar, simplificar, agilizar y hacer más seguros los procedimientos judiciales y administrativos.

Con ello queremos reafirmar aquello que el 23 de noviembre de 1813 el Decreto de Seguridad Individual, declaró:

“Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. La posesión de este derecho, centro de la libertad civil, y principio de todas las instituciones sociales, es la que se llama seguridad individual.”

La Libertad Religiosa en la Educación de Córdoba

Juan Bautista Alberdi

El tema de hoy lo elegí luego de leer un graffiti, escrito en la pared del frente del Arzobispado de Córdoba cuando se debatía la última ley de educación –y que todavía está-, que dice: “No educarás. Fuera la Iglesia de nuestros colegios”, y que me recordó una frase que escuché en la época del gobierno militar de boca de un guardia de la Cárcel de Sierra Chica -una especie de campo de concentración que había al sur de la provincia de Buenos Aires- mientras hacía cola para ingresar y visitar a un preso político que defendía entonces, y que se lo dijo a una señora que estaba adelante mío en la fila: “La Biblia (que tenía en sus manos) no entra”; y, en esta exposición, me voy a circunscribir a lo que tiene que ver con la Educación religiosa en los colegios de gestión estatal en nuestra provincia, especialmente a partir del debate que hubo en la Convención Constituyente que en 1987 que dictó la quinta Constitución de la provincia de Córdoba, y que tuve el honor de integrar.

La Libertad Religiosa

Pero antes de llegar a este hecho histórico me parece importante significar lo que entiendo por el derecho humano a la libertad religiosa, para lo cual es bueno recordar las palabras que Jesús de Nazaret dijo en respuesta a una pregunta capciosa que le hicieron algunos fariseos y herodianos, a quienes les respondió: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 15-21), ó aquella otra en la que expresó que: “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18, 33-37). Siempre me ha parecido que estas frases deben haber impactado fuertemente en los judíos de entonces –entre los cuales estaban los primeros cristianos-; que esperaba un Mesías con un perfil más político, y con mayor preocupación por las vicisitudes que padecía desde hacía siglos el Pueblo Elegido. La fuerza de las tradiciones y las rígidas normas que regulaban sus conductas fue, para muchos de ellos, un obstáculo para entender el mensaje liberador y de alcance universal del Hijo de Dios.

Pero me animaría a afirmar, también, que esas palabras todavía no han sido bien entendidas por la humanidad de hoy, en el que incluyo a nosotros los cristianos, que durante estos veinte siglos y en estos tiempos les hemos dado las más diversas interpretaciones. De allí la dificultad que tenemos todavía para ubicar la religión o lo religioso en la sociedad política, y la relación que ello tiene con el Estado, que la gobierna, y las normas que lo rigen; especialmente en aquellas áreas de la sociedad civil, donde confluyen intereses y normas civiles y religiosas, y que podríamos denominar de carácter mixto, como son las referidas a: la preservación de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural; al matrimonio; a la familia; a la educación pública; a los medios de comunicación y a todo lo que tiene que ver con la cultura.

Acabo de participar en dos Simposios Internacionales sobre Libertad Religiosa; en Santiago de Chile, y en Provo, Utah, Estados Unidos de América; donde se revisó el estado de la Libertad Religiosa en el mundo y podemos afirmar que vivimos en la zona del planeta donde menos ataques hay al derecho humano a la libertad religiosa, aunque todavía falta mucho para que podamos afirmar que este derecho está debidamente reconocido y garantizado en el mundo y en nuestro país, a pesar de que hay normas constitucionales, tratados internacionales y leyes que los reconocen. En muchas partes del mundo judíos, cristiano, musulmanes o creyentes de otras religiones, padecen persecución, cárceles, exilios o son condenados a muerte por ser creyentes o practicar su fe.

Libertad de Conciencia, Religiosa y de Culto

Cuando la libertad es empleada por el hombre para decidir sobre su relacionamiento con Dios, tenemos lo que conocemos como la libertad religiosa, y cuando la misma debe ser defendida frente a los ataques que puedan hacerle otras personas o la autoridad social, surge el derecho a la libertad religiosa, que las reglas y normas morales y positivas deben reconocer y garantizar. En consecuencia, la libertad religiosa, por su proyección sobrenatural, es la primera de las libertades, el primer derecho; que debe ser respetado y protegido por las leyes.

Desde la profundidad de la conciencia de las personas opera la libertad, que es un medio para decidir sobre un fin, y se proyecta a la vida social, siendo su ejercicio y desarrollo normado por reglas morales, mientras no se expresen en el interactuar de las personas; y en leyes naturales o positivas, cuando se dan en la vida social, para que las decisiones libres de unos no afecten ni avasallen las de otros, para que así se produzca el equilibrio social que exige la justicia –“el dar a cada uno lo suyo” -, que es la esencia del derecho.

El hombre ejerce su libertad religiosa: cuando decide creer en Dios y aceptar su voluntad y mandatos; cuando reza; cuando decide rendirle culto; cuando se reúne o se asocia con otras personas para orar o celebrar su culto; cuando se incorpora, cambia o abandona una confesión o comunidad religiosa; cuando adopta las creencias, dogmas, reglas y participa de los ritos de su religión; cuando elige expresar, transmitir o recibir información religiosa; cuando presta juramento o hace promesas en base de sus creencias religiosas; cuando pide ser asistido por ministros de su confesión religiosa por estar internado en un hospital, asilo o cárcel, o por prestar servicios en una institución militar, o en un organismo de seguridad; cuando conmemora las festividades de su comunidad religiosa; cuando se dispone a recibir o impartir educación religiosa para sí o para sus hijos o personas que de él dependan; cuando decide contraer matrimonio según los ritos de su religión; cuando construye o establece, con su comunidad religiosa, templos o lugares destinados al culto, cementerios, instituciones educativas, hogares, seminarios, centros educativos, editoriales o medios de comunicación.

El ejercicio de la libertad religiosa debe entonces ser defendido invocando el derecho a la libertad religiosa y el mismo debe ser garantizado por las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y demás normas positivas.

La persona necesita convivir con otras personas y las comunidades y sociedades en la que lo hace, como la familia y demás sociedades intermedias, son parte de la sociedad política; que está organizada, reglada y tiene por finalidad el bien común. La manifestación de lo religioso, cuando se socializa, se expresa en la vida de relación y por tanto merece regulación jurídica, para que dicha relación sea justa, como bien lo reconoce la Constitución Nacional (Arts. 14 y 20) cuando dispone que el Congreso debe reglamentar el derecho “a profesar libremente el culto” que tienen los habitantes de la Nación, incluido los extranjeros. Entendiendo por culto no solamente el conjunto de actos y ceremonias que expresan “veneración y respeto a un ser divino o sagrado”, como definen los diccionarios, sino también a lo que se relaciona con la cultura de un pueblo, de una nación, de un continente o de la humanidad en general.

La Iglesia y las demás comunidades religiosas tienen su ámbito de actuación en la sociedad política o civil y como tales merecen también regulación legal. El Estado, como aquella parte de la sociedad política especializada en la ley, que gobierna a la sociedad política y que administra y regula los servicios públicos esenciales, no debe identificarse con ningún de las expresiones religiosas que se muestran en la sociedad, aunque no puedan desconocerlas, ni dejar de tenerlas en cuenta en el ámbito de su actuación para permitirles su mejor desarrollo y contribución al bien común.

La confesionalidad del Estado, en nuestro país, se abandonó cuando se dictó la Constitución de 1853, y no se aceptó que el Estado adoptara la Religión Católica como oficial, y quién fundamentó esta posición con más claridad fue un sacerdote católico, el convencional Benjamín Lavaysse, quién en aquella oportunidad expresó que: “(…) la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar el culto exterior (…).Que la religión, como creencia no necesitaba más protección que la de Dios, para recorrer el mundo, sin que hubiese podido nunca la tenaz oposición de los gobiernos detener un momento su marcha progresiva. (…)”.

El bien entendido Estado laico -no laicista-, o secular, donde lo religioso está separado de la estructura estatal –sin que ello signifique ruptura-, no debe entendérselo como una Estado ateo, agnóstico o indiferente ante la religiosidad del pueblo y de la sociedad a la que sirve, y debe mantener con la Iglesias Católica, que es la más arraigada y que mayor número de fieles tiene en nuestro país, y con las demás  confesiones religiosas una relación regida por los principios de autonomía y cooperación. Lamentablemente nuestra Carta Fundamental de 1853 mantuvo, a pesar de la oposición de la Iglesia, el instituto del patronato para que el Estado siguiera interviniendo en la designación de los obispos de la Iglesias catedrales lo que fue dejado sin efecto en el Acuerdo con la Santa Sede de 1966, cuyos principios fueron incorporados al texto de la Constitución en la reforma de 1994.

Educación

En el caso de la educación si bien ya no se discute el derecho a enseñar y a aprender, ni el de la libertad religiosa; su ejercicio, algunas veces, es cuestionado en nombre de un laicismo trasnochado que todavía desconfía, con alguna razón, y teme de que lo que se quiere con ello es volver a usar la educación pública, de gestión estatal, con el propósito de “adoctrinar” a los educandos a favor de algún credo o confesión religiosa; cuando en realidad de lo que se trata es de cumplir con la finalidad de la educación que es contribuir al desarrollo integral de la persona humana, especialmente en lo que tiene que ver con su dimensión trascendente. Para ello es necesario trasmitir a los educandos la experiencia religiosa que la historia, la tradición y los textos sagrados nos han legado.

Las dificultades y problemas que enfrenta el hombre, en estos tiempos, como consecuencia del debilitamiento de la familia; la crisis moral; la desigualdad de oportunidades -especialmente en el plano educacional, laboral, y de ingresos-; la falta de conciencia y participación cívica, la desconfianza en los dirigentes, la inseguridad, la criminalidad, las adicciones, y la distancia entre religión y la vida, etcétera; nos obligan a volver sobre la necesidad de una mejor educación. Con hacer más severo el Código Penal no vamos a corregir la conducta desviadas de las personas.

Para lograr una mejor educación es necesario apelar no sólo a los conocimientos científicos y técnicos, sino también a los principios y valores universales de la moral y ética, que sólo la sabiduría práctica, estudiada por la filosofía y la teología, nos la pueden proporcionar. Ello nos plantea la necesidad de revisar nuestra educación pública, donde es necesario enfatizar los estudios sobre moral, ética, filosofía y teología, conocimientos en los que confluyen la razón y la fe religiosa.

Un  reciente estudio sobre la formación de los docentes -de nivel primario- en nuestra provincia nos dice que: la sociedad cordobesa prioriza la valoración de las competencias axiológicas de los maestros  –es decir la asunción de valores y la conducta ética–  las  que son señaladas como importantes en la formación por el 55, 5 % de los entrevistados. En este último aspecto,  debe destacarse que,  entre la población con mayor nivel de instrucción,  el  83.0% demanda a los maestros que transmitan y sean ejemplo de valores, mientras que,  entre aquéllos que no concluyeron el nivel medio,  la frecuencia de respuestas  es del 42.3%.  Más específicamente se reclama a los maestros que sean capaces de fomentar la solidaridad, la amistad (…)” (Centro de Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba  realizado por Susana Carena, Livio Grasso, Ángel Robledo y otros).

Los estudios sobre moral y religión no pueden estar ausentes de los planes de estudios de los establecimientos educaciones, sean ellos de gestión estatal o privados. Esto no significa que proponemos volver a la experiencia que a nivel nacional se dio entre los años 1943 y 1955[1], o que se viene dando en algunas provincias, como Salta, Tucumán y Catamarca donde se enseñó y enseña educación católica, para los católicos y moral para los que no lo eran o son, sino que se trata de hacer conocer lo religioso a través y según la interpretación de las distintas tradiciones y confesiones religiosas, permitiendo así un mejor desarrollo de la faz trascendente que tiene el educando como persona, y permitir que se enriquezca en los valores que adopte para sustentar su vida como persona y como integrante de la sociedad a la que pertenece. Ello le servirá también para decidir mejor y con ello cimentar los proyectos de vida que decida emprender.

No se trata de alimentar o de difundir la fe entre los educando, ya que ello se debe hacer en el hogar, en los templos o en las instituciones religiosas -como ocurre por ejemplo con los cursos de catecismo-, pero en las escuelas no se puede omitir el trasmitir a los alumnos el significado que tiene para las personas lo religioso, según las distintas tradiciones, con sus libros sagrados, sus ritos y la incidencia que ello ha tenido y tiene en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra legislación y en nuestro modo de vida. Esta omisión implica también una discriminación para aquellos que no pueden acceder a la educación pública de gestión privada donde esta enseñanza es impartida. Que respuesta le debe dar un docente a un alumno que pregunta por qué nuestra Constitución invoca a Dios, como lo hacen más de la mitad de la constituciones de los países que integran las Naciones Unidas. No hay justificativo para negarse a responder en nombre de una falsa neutralidad.

La ley 1420; dictada en 1884 y que se conoce como la que implantó “la enseñanza laica”, en realidad no prohibió la educación religiosa en los colegios del Estado sino que dispuso que: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases” (Artículo 8).

Con la “jornada extendida” o la “doble escolaridad”, que se impone en la actualidad cada día con mayor fuerza, ya no hay pretexto para que la educación religiosa se deje de hacer en las escuelas, al menos en el horario extendido y no con un criterio catequístico sino verdaderamente de educación religiosa. Lo que dispone la nueva ley provincial de educación (ley 9870 artículo 11 A) e) de que la misma debe estar; a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos” tampoco tiene sentido, por el tipo de educación religiosa que se propone, sino también  porque en la actualidad la educación religiosa en las universidades y escuelas confesionales, en casi todos los casos, está a cargo de laicos. No es indispensable que los maestros y profesores que les toque enseñar religión tengan que pertenecer a la misma religión que profesen sus alumnos, lo importa es que conozcan lo que tienen que trasmitir y que lo hagan objetivamente, como les toca hacer a los profesores que enseñan las distintas ideas o doctrinas políticas.

Si de valores y educación se trata el punto de partida tiene que ser la persona humana y el desarrollo de la personalidad dentro de una sociedad encaminada al bien común.

“La primera finalidad de la educación – como bien indica Jacques Maritain- es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre.”  

La educación, que se desarrolla en la familia, la escuela o en la universidad; no puede desentenderse del plan de vida que deberán adoptar los educandos. Una educación preocupada sólo por los medios, los métodos o por el destino laboral del alumno, pero desentendida del fin trascendente del hombre no es una educación integral; como no lo es la que se ocupa sólo de la ciencias, que indaga sobre las causas segundas, y no atiende a lo ontológico, en donde se interroga respecto de las causas primeras; o del destino trascendente de la persona, de lo que se ocupa la teología.

Declaraciones y normas internacionales

Estos propósitos están previstos en normas que en Córdoba no se cumplen, como la que disponen la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (Artículo 12,4) [2] y que se reitera casi textualmente en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales  (Artículo 13, 3); y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 18, 4) de 1966. [3] Dichos tratados de derecho humanos tienen, en nuestro país, jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución).

El Acuerdo firmado por el presidente Inacio Lula da Silva entre Brasil y la Santa Sede en el año 2008 admite la enseñanza religiosa la que se imparte en los horarios normales de las escuelas del Estado, como ocurre en otros países.[4]

Constitución de la Provincia

El rol que le cabe a lo religioso en la Constitución de la provincia de Córdoba, dictada en 1987, es bastante claro, por la influencia de la inspiración de la filosofía “personalista” de alguno de los convencionales que la integrabamos, lo que se muestra en el uso reiterado de la palabra persona (30 veces), que comienza en el preámbulo donde se indica como primera finalidad de la Constitución el: “exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos” y a donde, como en la Nacional, se invoca a “Dios, fuente de toda razón y justicia

En una de sus cláusulas declara que Son inviolables en el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.” (Artículo 5) Y en otra “reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.

Respecto de los derechos personales, es importante resaltar, que, entre otros, reconoce el de “la vida desde la concepción (…)” (Inciso 1) y “A la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica. (…)” (Artículo 19 Inciso 5)

Cuando se refiere a la Educación declara que su finalidad “es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria.(Artículo 61), y como principio de la política educativa dispone que debeAsegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. (…)” (Artículo 62 inciso 5)

Debate sobre educación religiosa en la Convención de 1987

En el debate de ésta dos últimas disposiciones está la esencia de lo que hoy queremos remarcar, ya que para su aprobación fue necesario acordar posiciones que históricamente había sido conflictivas, entre quienes habíamos sido protagonistas de posturas encontradas y que parecían imposible de conciliar, aunque después de sancionada la Constitución estas cláusulas quedaron como letra muerta ya que nunca se implementaron las políticas allí acordadas.

En la cocina de la Asamblea los que postulaban los principios de la “enseñanza laica”, y que seguía la tradición de la ley 1420 y de la reforma universitaria, consiguieron imponer aquella vieja consigna que decía que la educación debía ser libre de dogmatismos”, aunque renunciando al texto de la misma, y colocando en la Constitución sólo el concepto, que no era otro de que la educación pública estatal debía ser “exento de dogmatismo”, expresión que no ofrecía reparo. Como contrapartida aceptaron, de quienes habíamos luchado a favor de la “enseñanza libre” y por lo que declaraba el Pacto de San José de Costa Rica, aquello de que los “padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones”

Luego en el plenario el convencional Ricardo del Barco (Demócrata Cristiano) citando a Eduardo Sánchez Martínez, dijo: “Esto no significa imponer una enseñanza confesional lo cual violentaría manifiestamente la libertad de conciencia de cada uno; significa en cambio que a través de la enseñanza se ayude al que se educa a plantearse problemas de la trascendencia, a plantearse la cuestión de si detrás del más allá de este mundo, no hay algo que le dé sentido. Y después, de las distintas respuestas que cada uno tenga o se dé, no sólo se respeten y toleren, sino que, además, se encuentren en el medio educativo cauces adecuados para su desarrollo y su profundización. (…)”. Y agregó: “Nosotros creemos que en el escuela pública hay que promover un diálogo, también, entre la fe y la cultura, entre la cultura y la vida. Queremos que las distintas expresiones religiosas tengan su ámbito, eso contribuye al pluralismo. No creemos que los católicos que asisten a las escuelas públicas teman no encontrar en ella la expresión de su fe en un encuentro a través de la educación, del diálogo y de la reflexión. No queremos que aquellos que tienen otras confesiones religiosas, cristianas no católicas u otras confesiones, o los que no tienen ninguna no puedan encontrar su expresión en el seno de la escuela pública, según el modo, manera y circunstancia que la propia práctica educativa encuentre y que desde la legislación se oriente para que no se esconda el tema. Que nadie se avergüence de tener una fe o de no tenerla.  Lo que se intenta aquí es que la educación no omita esta dimensión humana, no que le impongamos fe alguna o que utilicemos los recursos del Estado para imponer una fe determinada, aunque sea la fe católica, que es la de la mayoría de este pueblo; tienen tanto derecho las mayorías como las minorías a expresar su disenso y buscar su verdad por otro camino. No teman los señores convencionales: no se intenta con estas cláusulas revivir polémicas del pasado. Hoy queremos transitar nuevos y distintos caminos. Deseamos ante todo que en la escuela estatal se dé un ámbito de encuentro, de búsqueda y diálogo.”

El convencional Jorge de la Rúa (UCR), oponiéndose a lo acordado por la mayoría, pero con la altura que siempre lo ha caracterizado, anticipó las dificultades que habría más tarde en su aplicación, al expresar que: “la norma estaría estableciendo una regla en virtud de la cual, fundado en el derecho de los padres a que se les proporcione a sus hijos educación religiosa en las escuelas estatales, el Estado tienen el deber de proveer esa enseñanza religiosa.(…)La Nación tiene reconocido centenares de cultos y sino hay ánimo de discriminación –como descuento que no lo hay en los miembros de la Comisión- el Estado tendrá que proveer centenares, o miles, de maestros o maestras de religión o de moral, para cubrir todo el espectro religioso e ideológico de los alumnos. Porque de lo contrario, reitero, estaríamos en un plano de discriminación. (…) Creo realmente que estamos frente de una norma que en su amplitud puede generar severos problemas de aplicación práctica, y puede generar reales y concretas situaciones de discriminación. (…)Todas estas razones(…)hacen que anticipe mi voto negativo a este precepto.”

El convencional Juan Carlos Maqueda (Peronismo Renovador) dijo: “No creemos que ese inciso del artículo que está en tratamiento lleve en sí mismo una discriminación, sino que por el contrario lleva un sentido de apertura; lleva la posibilidad que la ley máxima por vía reglamentaria, que será la ley de la Legislatura, valga la redundancia, podrá determinar las formas y los modos en que habrá de impartirse la enseñanza moral o religiosa que prevé este precepto.(…) Damos el voto favorable de la bancada del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana.”

El convencional Abelardo Rahal (UCR), a su vez manifestó: “Creo en el hombre total. Creo en el respeto profundo entre los hombres, Creo en la educación para la libertad. Por eso es que evidentemente no puedo sectorizar al hombre y remitirlo solamente a las expresiones de su razón en la vinculación solidaria. Creo que la dimensión religiosa está totalmente compenetrada dentro de la naturaleza humana.(…)Por eso –reitero- mi voto positivo va a ser por convicción y no sólo por disciplina de bloque.”

La convencional Ileana Sabattini (UCR), cuya actuación fue fundamental para acordar la cláusula que en definitiva se aprobó, dijo: “Si a un radical se le dice que se va aplicar la ley 1420, se pone contento, si a un católico se le dice que se va a aplicar la ley 1420, que está tildada de laicista, se horroriza. Pues bien, señores convencionales: hoy como no se ha mencionado la ley 1420, nos hemos dividido por el mismo tema y con los argumentos expuestos, de manera opuesta. Es decir, estamos preconizando la posibilidad de que los padres organicen fuera de la hora de clase, sin pago por parte del Estado, la educación religiosa. Se está contemplando a la persona como una integridad, no solamente educar a todos los ciudadanos, sino a todos el ciudadano; se está reiterando lo que hemos firmado en los pactos internacionales (…).”

La Nueva Ley de Educación

El 15 de diciembre de 2010 la Legislatura de Córdoba aprobó la ley 9870, luego de un largo debate donde grupos de activistas hicieron distintas manifestaciones y tomas de colegios secundarios en contra de su sanción; la que días después fue promulgada por el Poder Ejecutivo, y en la misma se declaró que: “Se reconoce a la familia como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones; (…) (artículo 3º b) y queLos padres, o quienes los sustituyeren legalmente, tienen sobre la educación de sus hijos los siguientes derechos(…) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, una enseñanza general exenta de dogmatismos que pudiera afectar las convicciones personales y familiares; y: A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado, como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos; (…) (Artículo 11).

No advertimos que tampoco, luego del ríspido debate que hizo posible esta ley, haya una voluntad política clara para hacer efectiva la educación religiosa en las escuelas públicas del Estado provincial..

Programa Valores Comunes

Sin embargo, en el marco del convenio firmado por el Ministerio de Educación de la provincia y el COMIPAZ (Comité Interreligioso por la Paz) se realiza desde el año 2007 el Programa de Educación en Valores Comunes, con el objetivo de crear espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones, respetando la diversidad cultural y religiosa, la libertad y la convivencia. El programa está dirigido a alumnos/as de 4° año del nivel medio y desde su implementación han participado más de 6000 alumnos/as de escuelas de gestión pública y privada de capital e interior, dichas escuelas son elegidas por las supervisiones del Ministerio.

El programa tiene como Objetivos: Favorecer espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones que buscan una sociedad más fraterna. Fortalecer el respeto de la Libertad y la Convivencia por parte de los y las jóvenes. Dicho Programa tiene tres etapas: Una primera etapa en la que alumnos/as y docentes visitan los templos de las religiones que conforman el COMIPAZ. La segunda etapa se desarrolla en  la escuela, en cada curso, donde los y las docentes a cargo de esta experiencia, abordan con los alumnos y las alumnas la lectura y reflexión de la “Convención de los Derechos Humanos”, donde se les sugiere desde el Área de Educación en Derechos Humanos e Interculturalidad pautas abiertas orientadoras del trabajo. Por último se desarrolla un Festival por la Paz, para conmemorar el día de la libertad religiosa, donde se presentan las producciones realizadas por los alumnos/as y se realizan actividades recreativas de integración.

Por otro lado, la ley nacional 25.878 de 2003 declaró el día 29 de julio como “el Día de los Valores Humanos” (Art. 1º) y dispone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrará los medios necesarios para que se desarrollen clases alusivas a esta conmemoración en los establecimientos educativos de todo el país.” (Art. 2º). Esto nos ratifica en la necesidad de que los “valores humanos” declarados en la Constitución, como los que tienen que ver con la religiosidad de nuestro pueblo, no pueden estar ausentes de la educación.

Reflexión Final

No somos ingenuos y conocemos las dificultades políticas que acarrea poner nuevamente en el debate político esta cuestión, pero ello no nos exime de hacer presente, una vez más, que la calidad educativa es un propósito, que va a la par de la necesidad y del reclamo por una “educación inclusiva”, porque no solamente debemos tratar de que todos los niños y jóvenes tengan un  lugar en el sistema educativo, sino también que la misma incluya en su currícula  aquello que tiene que ver con el destino trascendente del hombre..

Si en los programas de estudio están ausente los valores morales y religiosos y dejamos que ello se trasmitan sólo en la familia, en el templo o en la educación de gestión privada, estamos cometiendo una grave omisión, y en muchos casos una discriminación a quienes aspiran a que sus hijos tengan una educación integral que abarque también la educación religiosa y no están en condiciones de pagar una educación privada donde no haya esa carencia.

Por ello es que me animo a afirmar que la provincia de Córdoba tiene esta deuda pendiente con sus niños, con sus jóvenes y con sus ciudadanos, y que el implementar la educación religiosa en los colegios no es sólo una obligación del gobierno, sino también de la sociedad civil y de las instituciones que velan por una mejor educación.

Agradezco a la Academia del Plata que me haya dado la oportunidad para replantear este debate y de reiterar esta propuesta inexplicablemente postergada.

Quisiera terminar recordando las sabias palabra de Alberdi cuando afirmaba, refiriéndose a los fines de la Constitución Argentina, que El hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras. La religión debe ser hoy, como en el siglo XVI el primer objeto de nuestras leyes fundamentales.”

Agregaba, además, que “nuestra política moderna americana (…) debe  mantener y proteger la religión de nuestros padres, como la primera necesidad de nuestro orden social y político; pero debe protegerla por la libertad, por la tolerancia y por todos los medios que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal (…)”

“La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión  católica, y hoy me atrevería a agregar: “los demás credos religiosos”, el medio de educar esas poblaciones.”

Córdoba, Octubre de 2011.


[1] Decreto 18.411 de 1943 del Presidente de facto Pedro Pablo Ramírez: “En las escuelas públicas de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio. Quedan excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral.” (Art. 1) “Los docentes que tengan a su cargo la enseñanza de la Religión Católica serán designados por el Gobierno debiendo recaer sus nombramientos en personas autorizadas por la Autoridad Eclesiástica”. (art. 2) Los programas y los textos destinados a la enseñanza religiosa será aprobados por el gobierno, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica.” (Art. 3) Este decreto fue ratificado por la ley 12.978 de 1947 y fue derogado por la  ley 14.401 del 13 de mayo de 1955.

[2] Este tratado fue aprobado en la Provincia de Córdoba por ley 7098 de 1984 y una disposición complementaria de su Constitución de 1987 dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derecho Humanos” (Preámbulo y Parte I) (…).”

[3] El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Y el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Art. 18, 4).

[4] Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativa al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil firmado el 13 de noviembre de 2008. Artigo 11º A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. §1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação.

Un Tratado Internacional de los Derechos a la Libertad Religiosa

Brigham Young University

Eighteenth Annual International Law and Religion Symposium on October 2-5, 2011 at Brigham Young University Provo, Utah, U. S. A. sobre el tema: “Libertad Religiosa en una Era Pluralista: Tendencias, Desafíos, y Practicas.”

Report:

UN TRATADO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD RELIGIOSA

                                                      Jorge Horacio Gentile *

En algunas partes del mundo los judíos, los cristianos, los musulmanes y quienes profesan otras religiones son perseguidos, denostados o castigados por sus creencias, por practicar su culto o por pertenecer a algunas iglesias o confesiones religiosa; por lo que se torna imprescindible reforzar las garantías a estos derechos injustamente vulnerados, para lo cual proponemos que se apruebe un tratado internacional que los reconozca, los declare y mejor los proteja y garantice.

Alguno de estos derechos, que están estrechamente vinculados con el derecho a la libertad de conciencia, de creencia, de culto y de pensamiento, han sido reconocidos, declarados y garantizados en distintas disposiciones contenidas en declaraciones, tratados, convenios, acuerdos, concordatos, protocolos y normas internacionales, como en la mayoría de la Constituciones y leyes de los Estados, pero no hay un tratado internacional específico que declare y garantice estos derechos, ni hay órganos, comités, comisiones o consejos internacionales especializado que se ocupen hacer el soft Law, de interpretar el alcance de dichas normas, resolver conflictos y denuncias cuando estos derechos son cuestionados, no son respetados, son cuestionados o directamente son limitados o suprimidos.

En lo que hace a las normas internas de los Estados Iván C. Ibán nos recuerda que “Dios aparece expresamente citado en más de un centenar de constituciones” de distintos países del mundo[1], afirma que actualmente excepto en la República Checa, “en el resto de los textos constitucionales aparecen alusiones a la religión, a una religión en concreto, etc.” Además hay estados que declaran en sus leyes fundamentales la estatidad de una religión como es el caso de los que se declaran budistas[2], o los que proclaman el catolicismo como religión oficial [3]; o los países europeos que declaran como del Estado iglesias protestantes[4]; o la estatidad del Islam que declaran algunos países árabes.[5] Otros Estados declaran que no tienen religión oficial[6]; algunos niegan que el Estado tenga identificación con cultos, iglesias, confesiones u organizaciones religiosas[7], lo que no significa que necesariamente se encuentran en conflicto con todas o alguna de ellas.[8]

En un mundo política y religiosamente plural no siempre es fácil acordar en un tema tan espinoso como éste, como seguramente no lo fue tampoco en 1948; al finalizar la segunda guerra mundial, después de los holocaustos armenio y judío, del estallido de dos bombas atómicas, y al comienzo de la guerra fría; conseguir el voto de la mayoría de los países integrantes de la Asamblea de las Naciones Unidas, para aprobar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Para lograr este difícil consenso fue decisivo el consejo del filósofo y diplomático francés Jacques Maritain, quién propuso que sólo se declararan “principios prácticos” y que el acuerdo se limitara a una “finalidad práctica”, “a un mismo conjunto de convicciones que guiaban la acción”, y advertía que “con el por qué comienza la disputa” que no valía la pena discutir los fundamentos, porque en ese momento en los hechos “los espíritus no han sido nunca tan cruelmente divididos”.[9] Este consejo es bueno tomarlo en cuenta también ahora para cristalizar un acuerdo como el que proponemos.

En muchas partes del mundo hay actualmente intolerancia y la falta de libertad religiosa es todavía motivo de desconfianzas, disputas, conflictos, cuando no de violencias, o conflictos bélicos; y para superar esto es necesario comprensión, diálogo, debate, negociación, mediación, consenso y amistad cívica. No parece fácil, pero tampoco imposible.

Declaraciones o tratados

A favor de la idea del tratado que proponemos está el reconocer que hay disposiciones dispersas en el texto de distintas declaraciones, tratados y otras normas u órganos internacionales que reconocen y  protegen los derechos a la libertad  religiosa, de conciencia, de creencias y de culto, como son los que a continuación se indican:

1. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [10] en
su artículo 3 cuando dice que: “Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado”; y en el 22 “Toda persona tiene derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden (…) religioso (…);”

2. La Declaración Universal de Derechos Humanos [11] que expresa en su artículo 2,1 que: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de(…)religión(…)o cualquier otra condición.“; el 18 que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.“; y en el 26,2 dice que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos(…)”.

3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica) [12] en su artículo 1,1 cuando dispone: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de(…) religión (…)o cualquier otra condición social”; el 12 titulado “Libertad de conciencia y de religión” que expresa: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o su creencia, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o derechos y libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”; en el 13,5 se declara que “Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra o toda apología del odio (…) religioso que constituyan incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por cualquier motivo, inclusive los de(…) religión (…)”; el 16,1 expresa que “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines(…)religiosos(…)o de cualquiera otra índole”; el 22.8 reza: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de(…) religión(…)”; y el 27,1 cuando admite la “Suspensión de garantías“: “1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones (…)no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de (…) religión (…)” y en el punto 2 “no autoriza la suspensión de los derecho determinados en los siguientes artículos: (…) 12 (libertad de conciencia y religión)”.

4. El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales [13]
que en su artículo 2,2 expresa: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de (…) religión. O de otra índole(…)”; en el 13, 1 expresa que: “(…)la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos(….”; y en el 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas (…) y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [14] que el artículo
2,1 dispone: “Cada Estado Parte en este Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de (…) religión(…) o de otra índole (….)”; el 4,1 declara que: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto siempre que tales disposiciones(…)no entrañen discriminación alguna fundada únicamente por motivos de (…) religión (…)”; en el 18 dice: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sea necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”; el 20,2 dice que: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia está prohibida por ley.”; el 24,1 manifiesta: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de (…) religión (…) a las medidas de protección que se condición de menores requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.”; el 26 expresa: “(…) la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas la personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de (…) religión (…) o de cualquier índole (…)”; y el 27 dispone: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”

6. El artículo 2,1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio [15]
al reglar que se “(…) entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimientos intencional del grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

7. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial
[16] que en sus considerando dice: “(…) para realizar uno de los propósitos de las Nacionales Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del todos, sin distinción por motivos de raza, sexo idioma o religión(…)” Se acuerda en esta Convención, en el Artículo 5 que toda persona tiene el goce de: “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” [d), vii)].
8. El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño [17] al decir:
que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos (Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos), sin distinción alguna, por motivos de (…) religión (…) o de otra índole (…)”; y el artículo 2,1 cuando expresa: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de (…) la religión (…) o cualquiera otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.”; el 14 al disponer que: “1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a al evolución de sus facultades. 3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a la limitaciones prescriptas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades fundamentales de los demás.”; el 20,3 dispone: “Entre esos cuidados figurará, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesaria la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.”; el 29, 1, d) dice: “Preparar al niño para asegurar una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistades entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena…“; y en el 30 se dice: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o persona de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.”

9. La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos también conocida como Carta de Banjul [18]  al declarar en su Artículo 2: “Todo individuo tendrá derecho al disfrute de los derechos y libertades reconocidos y garantizados en la presente Carta sin distinción de ningún tipo como raza, grupo étnico, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra índole, origen social y nacional, fortuna, nacimiento u otro status.” El Artículo 8 reza: “La libertad de conciencia y profesión, y la libre práctica de la religión estarán garantizadas. Nadie que respete la ley y el orden puede ser sometido a medidas que restrinjan el ejercicio de esas libertades.”

10.  En la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones de la Asamblea de las Naciones Unidas de 1981 [19] que en su  Artículo 1 dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.”

Artículo 2: 1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares.

2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por “intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones” toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”

Artículo 3: “La discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados detalladamente en los Pactos internacionales de derechos humanos, y como un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones.”

Artículo 4: 1. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural.

2. Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes, según el caso, a fin de prohibir toda discriminación de ese tipo y por tomar las medidas adecuadas para combatir la intolerancia por motivos de religión o convicciones en la materia.”

Artículo 5: “1. Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse al niño.

2. Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.

3. El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o convicciones. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones de los demás y en la plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad.

4. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, se tomarán debidamente en consideración los deseos expresados por aquéllos o cualquier otra prueba que se haya obtenido de sus deseos en materia de religión o de convicciones, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.

5. La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral teniendo en cuenta el párrafo 3 del artículo 1 de la presente Declaración.”

Artículo 6: De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones comprenderá, en particular, las libertades siguientes:

a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las convicciones, y de fundar y mantener lugares para esos fines;

b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas;

c) La de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción;

d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas;

e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines;

f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de particulares e instituciones;

g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción;

h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción;

i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional y en el internacional.”

Jorge Precht Pizarro ha señalado que esta Declaración “tiene algunos defectos como el no referirse a las iglesias, confesiones y entidades religiosas. El Artículo 4 es claramente programático. En todo caso, la libertad religiosa –primera de las libertades- es un principio general del derecho internacional sin ninguna duda.”[20] Este documento no ha declarado el derecho a cambiar de religión o de creencias.

11. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [21]  al establecer  en su Artículo 9: que regla sobre la Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que: “1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2 La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.” En el Artículo 14: donde se refiere a la Prohibición de discriminación, y donde expresa que: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.”

12. El Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [22] al establecer en el Artículo 2 sobre el Derecho a la instrucción que: “A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.”

13. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos en su Declaración y Programa de Acción de Viena [23] declaró en el punto A que trata sobre el Aumento de la coordinación en la esfera de los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas” lo siguiente:

“22. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a todos los gobiernos que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y teniendo debidamente en cuenta sus respectivos sistemas jurídicos, adopten las medidas apropiadas para hacer frente a la intolerancia y otras formas análogas de violencia fundadas en la religión o las convicciones, en particular las prácticas de discriminación contra la mujer y la profanación de lugares religiosos, reconociendo que todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de religión. La Conferencia invita asimismo a todos los Estados a que pongan en práctica las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.”

25. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a la Comisión de Derechos Humanos que examine los medios de promover y proteger eficazmente los derechos de las personas pertenecientes a minorías enunciadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En este contexto, la Conferencia pide al Centro de Derechos Humanos que, como parte de su programa de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, proporcione a los gobiernos que lo soliciten servicios de expertos en cuestiones relativas a las minorías y los derechos humanos, así como a la prevención y solución de controversias, para ayudarlos a resolver las situaciones relativas a las minorías que existan o que puedan surgir.”

14. En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas [24] en el punto 4. “Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad soberana de todos los Estados, (…); el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.”

15. En la Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas del 8 de marzo de 2010, entre otros conceptos, se: “2. Expresa profunda preocupación por los estereotipos negativos de las religiones y las manifestaciones de intolerancia y discriminación en materia de religión o creencias que existen todavía en el mundo; 3. Deplora profundamente todos los actos de violencia psicológica y física y los ataques contra las personas basados en su religión o sus creencias, así como la incitación a cometerlos, y los actos de ese tipo dirigidos contra sus empresas, bienes, centros culturales y lugares de culto, así como los ataques contra los lugares santos y los símbolos religiosos de todas las religiones; 4. Expresa profunda preocupación por los programas e idearios de organizaciones y grupos extremistas dirigidos a crear y perpetuar estereotipos sobre determinadas religiones, especialmente cuando estos son tolerados por los gobiernos; 5. Observa con gran preocupación la intensificación de la campana general de difamación de las religiones, y la incitación al odio religioso en general, incluida la caracterización negativa de que han sido objeto las minorías musulmanas en razón de su origen étnico y su religión a consecuencia de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001; 6. Reconoce que, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, la difamación de las religiones y la incitación al odio religioso en general se convierten en factores agravantes que contribuyen a la negación de los derechos y las libertades fundamentales de los miembros de los grupos destinatarios, así como a su exclusión económica y social; 7. Expresa profunda preocupación, a este respecto, por el hecho de que con frecuencia y sin razón se asocie al Islam con violaciones de los derechos humanos y el terrorismo; (…)”

Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Resolución 1986/20, nombró a un “Relator Especial sobre la intolerancia religiosa”. En 2000, la Comisión decidió modificar el título del mandato por el de “Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias”, el cual fue posteriormente confirmado mediante la decisión 2000/261 del Consejo Económico y Social y acogido favorablemente por la Asamblea General en su Resolución 55/97. El 18 de junio de 2010, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 14/11 mediante la que, entre otras cosas, prorrogó el mandato del Relator Especial por un período adicional de tres años.

El Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias es un experto independiente al que se le ha pedido que identifique los obstáculos existentes e incipientes que impiden el goce del derecho a la libertad de religión o de creencias, y formule recomendaciones sobre los medios de superar tales obstáculos

En la resolución 6/37 del Consejo de Derechos Humanos se le encomienda a dicho Relator Especial:

– Promover en los planos nacional, regional e internacional la adopción de medidas para asegurar la promoción y protección del derecho a la libertad de religión o de creencias;

– Determinar los obstáculos actuales e incipientes que impiden el disfrute del derecho a la libertad de religión o de creencias y formular recomendaciones sobre los medios de superar tales obstáculos;

– Proseguir sus esfuerzos encaminados a examinar los incidentes y las medidas de carácter gubernamental que sean incompatibles con las disposiciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones y recomendar medidas correctivas, según proceda, y

– Continuar aplicando una perspectiva de género, entre otras cosas señalando qué abusos se cometen específicamente contra la mujer, en el proceso de preparación de informes, especialmente en lo que respecta a la reunión de información y las recomendaciones.

En el desempeño de su mandato, el Relator Especial:

a)   Transmite llamamientos urgentes y cartas de denuncia a los Estados con relación a aquellos casos que suponen violaciones del derecho a la libertad de religión y de creencias o que representan un impedimento para su ejercicio;

b)   Realiza misiones de investigación a los países, y

c)   Presenta informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General sobre sus actividades, tendencias identificadas y métodos de trabajo.

Han sido Relatores Especiales Heiner Bielefeldt (Alemania), desde el 1 de agosto de 2010; la señora Asma Jahangir (Pakistán), desde 2004;  Abdelfattah Amor (Túnez) 1993-2004; Ángelo d’Almeida Ribeiro (Portugal), 1986-1993.

La Iglesia Católica y la Libertad Religiosa

El Papa,  que es el obispo de Roma y por ello su Santa Sede está en el Estado del Vaticano, y que es máxima autoridad de la Iglesia Católica -cuya personería jurídica esta reconocida por los usos y costumbre del derecho de gentes o derecho internacional- ha firmado, en el último siglo, distintos concordatos, acuerdos o convenios con distintos Estados, donde se han reconocido derechos a la libertad religiosa y de culto.[25]

La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa. En la declaración “Dignitatis humanae”, [26] “(…)ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana” y, agrega, “para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano se requiere que en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad.” A esto añade que: “Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(…)Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil.”

Afirma luego que: “La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.”

Continúa este documento sosteniendo que: “A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.” Agrega a ello que: “Las comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser impedidas en la enseñanza y en la profesión pública de palabra y por escrito, de su fe (…)”. Y que:“Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.” Declara, además, que: “Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas.”

Recuerda, también, que: “La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes; y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad.”

El Concilio Vaticano II en la declaración “Nostra aetate”[27], sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, expresó que: “La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, “observando en medio de las naciones una conducta ejemplar” (1Pe 2,12) si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres (Cfr. Rom. 12,18), para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos (Cfr. Mt.5, 45).”

Contenido para un  Tratado Internacional sobre libertad religiosa y de Culto

El Tratado que proponemos para garantizar mejor los derechos humanos a la libertad religiosa y de culto, y que asegure también la libertad de conciencia, de creencias y de pensamiento, debería declarar, hacer respetar y garantizar los siguientes derechos:

A las personas:
1. A profesar sus creencias religiosas y a no ser penado o expulsado del país, cuando se es extranjero, por ello;
2. A cambiar o abandonar dichas creencias;
3. A manifestarlas;
4. A no estar obligado a expresarlas;
5. A recibir y trasmitir información religiosa;
6. A no ser obligado a prestar juramento, hacer promesa o actuar en contra de sus convicciones religiosas;
7. A rezar y practicar; en privado o públicamente, sólo o con otras personas; actos de culto;
8. A no ser obligados a practicar actos de cultos en contra de sus convicciones;
9. A reunirse, manifestarse, participar en procesiones, caravanas, peregrinaciones o actos religiosos en lugares públicos,
10. A asociarse con fines religiosos;
11. A recibir asistencia espiritual de los ministros de su propio cultos en hospitales, asilos, cárceles, establecimientos policiales y militares o en el campo de batalla o en conflictos bélicos;
12. A recibir sepultura o ser cremado respetando sus convicciones religiosas;
13. A educarse y recibir educación moral y religiosa, para sí y para sus hijos, de acuerdo a sus convicciones, incluso en establecimientos de educación pública de los estados, o a negarse a recibir educación religiosa o moral;
14. A conmemorar y no tener obligación de trabajar los feriados o festividades religiosas, y a guardar los días y horarios que según su religión sean dedicados al culto;
15. A celebrar matrimonio según los ritos de su religión o interreligiosos, sin perjuicio de la registración, según lo que dispongan las leyes civiles.
16. A que se respete el secreto de confesión.

17.  A usar hábitos, velos o hiyab, insignias o símbolos religiosos en lugares públicos.

18.  A invocar a Dios o a su palabra expresada en documentos o libros sagrados, o cuando se presta juramento o promesa de decir verdad o de cumplir con los deberes en el ejercicio de un cargo o magistratura.

19  A admitir las objeciones de conciencias, fundadas en razones religiosas (verbigracia: para eximirse de la obligación de usar armas en el servicio militar, de practicar abortos, etcétera).

20. A que se respete a quién no profesa creencia, religión ni culto alguno y que es indiferente, agnóstico o ateo.

A las Iglesias y Confesiones religiosas:

1. A que se les reconozca su personería jurídica, y su organización en base a las normas que por las que ellas se dicten, y con las autoridades que designen de acuerdo a dichas disposiciones.
2. A que se les respeten sus fines, principios, dogmas, doctrina, cultos, ritos, celebraciones, símbolos y libros sagrados o de doctrina.
3. A construir y disponer de templos o lugares dedicados al culto y a las actividades religiosas;
4. A tener cementerios;
5. A disponer de seminarios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares destinados a la recreación o al alojamiento de personas necesitadas de protección especial.
6. A comunicarse entre sus miembros o con sus ministros o autoridades, o con representantes de otras comunidades religiosas.
7. A admitir o excluir fieles.
8. A designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, o enviar o recibir misioneros, y sostenerlos espiritual y económicamente.
9. A reunirse, asociarse, federarse o confederarse con otras entidades religiosas, e integrar organismos religiosos o interreligiosas.
10. A que se respeten los lugares destinados al culto y los objetos sagrados, que los mismos sean inembargables, y que gocen de exenciones y beneficios tributarios y arancelarios aduaneros, como instituciones de bien público.
11. A exigir a sus autoridades, ministros, miembros y empleados a que ajusten su conducta a la doctrina y las normas internas que lo rigen.
12. A que el Estados, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan a las iglesias o a la confesión religiosa que indiquen.
13. A celebrar acuerdos o integrar comisiones asesoras con el Estado o con otras confesiones religiosas.

14.  A que se respeten en los lugares públicos las expresiones culturales religiosas.

15. A que se respete el principio de la igualdad en el trato de las distintas iglesias y confesiones religiosas, sin perjuicio de las diferencias en sus historias, trayectorias, número de fieles e influencias que ellas hayan tenido en la cultura de cada pueblo.

16.  A no ser discriminados por pertenecer a una religión, y a que no se les prohíba a los ministros o fieles de una iglesia o confesión religiosa a ser designados o a ejercer algún cargos públicos o políticos.

17. A que las autoridades políticas, administrativas o judiciales de los estados no puedan decidir sobre la interpretación de doctrinas religiosas o sobre las normas internas de cada iglesia o confesión religiosa.

A que se cree un Comité, Consejo o Comisión, integrado por personalidades de distintos estados, credos y religiones, que tenga por atribuciones.

1. Estimular la conciencia de los derechos humanos que se declaran en este tratado.

2. Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos declarados dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el respeto a los derechos declarados en el tratado.

3. Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones.

4. Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros, o a las distintas iglesias o confesiones religiosas que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de los derechos a que se refiere el tratado.

5. Atender las consultas que,  le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos a los referidos derechos y prestará el asesoramiento que éstos le soliciten.

6. Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en esta Convención, y

7. Rendir un informe anual.

Conclusión

No es fácil ni simple conseguir lo que proponemos, los derechos reconocidos en las declaraciones y tratados internacionales vigentes, antes citados, ha sido un paso fundamental, pero estoy convencido que la necesidad de que en la comunidad internacional se establezca una tutela más sólida que garantice los derechos a la libertad religiosa y de culto, y que con ello se logre una paz duradera; es indiscutida y entendemos que el intentarlo no admite más postergación. Conseguir la aprobación de la Declaración Universal de los Derecho Humanos en 1948 no fue más fácil de lo que ahora queremos concretar.

El tratado podría ser universal o regional, o circunscribirse a ser un protocolo de otro tratado, aunque indudablemente lo más conveniente sería que sea aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas y ratificado luego por los Estados. La Declaración de 1981, y la creación del Relator Especial para el monitoreo de los derechos a la libertad religiosa y de creencia (todavía no reconocidos en una tratado específico), podriamos tomarlo como un primer paso para la concreción de un tratado que declare los derechos personales a tener creencias religiosas, a manifestarlas y rendir culto, a reunirse y asociarse en iglesias o confesiones o asociaciones religiosas, a las que se les reconozca autonomía, y a no ser discriminado por razones religiosas. A ello hay que agregarle la necesidad de crear un comité o consejo de composición religiosa y políticamente plural que pueda hacer un Soft Law en esta materia.

El que haya finalizado la guerra fría significó remover un serio obstáculo para este propósito, aunque los mismos persisten por la existencia de gobiernos autoritarios en algunos estados que no reconocen el pluralismo religioso; por que hay en distintas partes del mundo conflictos religiosos o étnicos-religiosos o políticos-religiosos, y por las posturas fundamentalistas de algunos sectores religiosos o de gobiernos de estados confesionales, que se resisten a la secularización.

A favor del tratado, se puede argumentar, que, en el último siglo, muchos Estados se han desconfensionalizado y secularizado, muchos de ellos se han declarado laicos, con lo que la autoridad política se han separado de la autoridad eclesiásticas, o de las iglesias o comunidades religiosas que predominaban en las sociedades civiles a las que sirven; lo que no ha significado, en la mayoría de los casos, ruptura, ni desconocimiento de la religiosidad de los ciudadanos, ni de las comunidades religiosas de las que son fieles. Por el contrario, los principios de autonomía y de cooperación han sido los que han prevalecidos en las relaciones de las iglesias o confesiones religiosa con dichos Estados.

Este esfuerzo que reclamamos a la comunidad internacional podría acercarnos al anhelado momento que anunció Martin Luther King al proclamar:

“Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: “¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipotente, ¡somos libres al fin!”. [28]

 

International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University, Provo, Utah, USA, October 2011.


* Es  vocal del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de las Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba y es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política de Buenos Aires, fue diputado de la Nación Argentina. Está asociado a International Consortium for Law and Religion Studies.

[1] Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belice, Bolivia, Brunei, Canadá, Colombia, Comoras, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Islas Marshall, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesoth, Líbano, Liberia, Lieshtnetein, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Namibia, Nauru, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Panamá, Papua, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santa Lucia, San Vicente, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia (Ley de Sucesión), Suiza, Suriname, Swazilandia, Timor, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zimbabwe (“God, religion and laïcité in the constitutions”, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 9 de septiembre de 2011).

[2] Camboya, Sri Lanka y Tailandia.

[3] Costa Rica, Liechtenstein, Malta y Mónaco.

[4] Dinamarca, Islandia y Noruega.

[5] Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Egipto, Irán, Iraq, Libia, Jordania, Kuwait, Malasia, Maldivas, Marruecos, Mauritania,. Omán, Pakistán, Qatar, Somalia, Túnez y Yemen.

[6] Albania, Australia, Eslovaquia, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Kenya, Kirguistán, Liberia, Lituania, México, Micronesia, Nicaragua, Nigeria, Palau, Corea del Sur, Seychelles, Tayikistán, Ucrania y Uruguay.

[7] Alemania, Brasil, España, Estonia, Japón, Paraguay y Rumania.

[8] God, religion and laïcité in the constitutions, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 9 de septiembre de 2011.

[9] Gentile, Jorge Horacio “Balance a los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, página 12, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2010.

[10] Aprobada por Resolución XXX de la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, entre el 30 de marzo al 10 de mayo de 1948.

[11] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948.

[12]  Aprobada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Humanos en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, y entró en vigor el 18 de julio de 1978.

[13] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.

[14] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.

[15] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 260 A (III), del 9 de diciembre de 1948 y entró en vigencia el 12 de enero de 1951.

[16] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 2106 A (XX), el 21 de diciembre de 1965.

[17] Aprobada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989.

[18] Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya y que entró en vigor: 21 de octubre de 1986.

[19] Resolución 36/55 del 25 de noviembre de 1981.

[20] “Constitutional reception of internacional law provisions on religious freedom”, Second ICLARS Conference, sobre Religion and Constitucion, Santiago de Chile, 10 de septiembre de 2011.

[21]  Aprobada en Roma, el 4 de noviembre de.1950 y revisado de conformidad con los Protocolos números 11 y 14 y completado por el Protocolo adicional y los Protocolos nos 4, 6, 7, 12 y 13.

[22]  Aprobado en Paris, el 20 de marzo de.1952.

[23] Conferencia Mundial de Derechos Humanos, A/CONF.157/23, 12 de junio de 1993.

[24] Asamblea General de la ONU, A/Resolución 55/2,  del 13 de septiembre de 2000.

[25] Algunos de los celebrados en los últimos tiempos son: Acuerdo entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede relativa al estatuto jurídico de la Iglesia Católica del Brasil (13 de noviembre de 2008). Acuerdo entre la Santa Sede y  República de Paraguay sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional (24 de diciembre de 2002). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre la asistencia religiosa a los fieles católicos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de la República de Croacia (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre la colaboración en materia de educación y cultura (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia sobre cuestiones jurídicas (19 de diciembre de 1996). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Libre de Sajonia (2 de julio de 1996). Convención entre la Santa Sede y la República Austriaca (21 de diciembre de 1995). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Venezuela para la creación de un Ordinariato Militar (31 de octubre de 1994).Acuerdo entre la Santa Sede y la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, el Land Meclemburgo-Pomerania Anterior y el Land Schleswig-Holstein (22 de septiembre de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Libre de Turingia sobre al erección de la Diócesis de Erfurt (14 de junio de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Brandeburgo así como con el Estado Libre de Sajonia (4 de mayo de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Sajonia-Anhalt así como con el Land Brandeburgo y el Estado Libre de Sajonia (13 de abril de 1994). Acuerdo entre la Santa Sede y la Republica de Hungría sobre la asistencia religiosa a las fuerzas armadas y policía de frontera (10 de enero de 1994). Acuerdo Fundamental entre la Santa Sede y el Estado de Israel (30 de diciembre de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Niedersachsen con el que se modifica el Concordato del 26 de febrero de 1965 (29 de octubre de 1993). Concordato entre la Santa Sede y la República de Polonia (28 de julio de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre los bienes temporales de la Iglesia (18 de febrero de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre los institutos de enseñanza de la Iglesia (18 de febrero de 1993). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Malta sobre el reconocimiento de los efectos civiles a los matrimonios canónicos y a las decisiones de las autoridades y de los Tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios (3 de febrero de 1993). Convención entre la Santa Sede y la República de Costa de Marfil relativa a la «Fondation Internationale Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro » (20 de mayo de 1992). Concordato entre la Santa Sede y la República de San Marino (2 de abril de 1992). Convención monetaria entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la República Italiana (3 de diciembre de 1991). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Austriaca (26 de enero de 1990). Acuerdo entre la República de Malta y la Santa Sede con el fin de ordenar mejor la enseñanza y la educación religiosa católica en las escuelas estatales (16 noviembre 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Brasil sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas (23 de octubre de 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land Niedersachsen (8 de mayo de 1989). Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno de la República de Malta sobre la incorporación de la Facultad de Teología en la Universidad de Malta (26 de septiembre de 1988). Acuerdo entra la Santa Sede y el Estado libre de Baviera (8 de junio de 1988). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Bolivia sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de la Policía Nacional (1 de diciembre de 1986). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Italiana que modifica el Concordato Lateranense (3 de junio de 1985). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Sarre (12 de febrero de 1985). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Renania del Norte-Westfalia (21 de diciembre de 1984).Convención entre la Santa Sede y la República de Haití (8 de agosto de 1984). Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Austria (21 de enero de 1982). Convenio entre la Santa Sede y el Principado de Mónaco (25 de julio de 1981). Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú (26 de julio de 1980). Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español (3 de enero de 1979). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca del Departamento de Teología católica de la Universidad de Augusta (17 de septiembre de 1970). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Sarre sobre la formación de los maestros (12 de noviembre de 1969). Acuerdo adicional entre la Santa Sede y la República de Austria, al Convenio para regular las relaciones patrimoniales firmado por los dos Estados el 23 de junio de 1960 (29 de septiembre de 1969). Acuerdo entre la Santa Sede y el Land de Renania-Palatinato, con el que se introducen añadidos y modificaciones a las disposiciones concordatarias vigentes en Renania-Palatinato (29 de abril de 1969). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Baviera, con el que se introducen modificaciones y  añadidos a los artículos 5 y 6 del Concordato del 29 de marzo de 1924 (7 de octubre de 1968). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para erigir la diócesis de Feldkirch (7 de octubre de 1968). Acuerdo entre la Santa Sede y Saarland acerca de la creación de una Cátedra de Teología católica en la Universidad de Saarland (9 de abril de 1968). Convenio entre la Santa Sede y la República de El Salvador acerca del Vicariato Castrense (11 de marzo de 1968). Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina (10 de octubre de 1966). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca de la supresión de la Alta Escuela filosófico-teológica de Frisinga (2 de septiembre de 1966). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Baviera acerca de la Facultad de Teología católica de la Universidad de Ratisbona (2 de septiembre de 1966). Concordato entre la Santa Sede y el Land de Niedersachsen (26 de febrero de 1965). Convenio entre la Santa Sede y la República del Paraguay (26 de noviembre de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para la reglamentación de las relaciones patrimoniales (23 de junio de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Austria para la erección en diócesis de la administración apostólica del Burgenland (23 de junio de 1960). Convenio entre la Santa Sede y la República de Bolivia sobre las Misiones (4 de diciembre de 1957). Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana (16 de junio de 1954). Concordato entre la Santa Sede y España (27 de agosto de 1953). Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas (5 de agosto de 1950). Convenio entre la Santa Sede y la República de Portugal sobre las Misiones (7 de mayo de 1940). Concordato entre la Santa Sede y la República de Portugal (7 de mayo de 1940). Concordato entre la Santa Sede y el Tercer Reich (20 de julio de 1933). Concordato entre la Santa Sede y la República de Baden (12 de octubre de 1932). Pactos Lateranenses entre la Santa Sede e Italia (11 de febrero de 1929). Ver otros en: “Acuerdos y Concordatos entre la Santa Sede y Los Países Americanos” Juan G. Navarro Floria (Coordinador) Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, Buenos Aires, 2011.

[26] Concilio Vaticano II, del 7 de diciembre de 1965.

[27]  Concilio Vaticano II, del 28 de octubre de 1965.

[28]“Yo tengo un sueño” en el Lincoln Memorial en Washington D.C. del 28 de agosto de 1963.