La Libertad Religiosa en Córdoba

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  1. Poco después del Bicentenario uno de los temas todavía no resuelto en la provincia de Córdoba, y tampoco en Argentina, es la ubicación de la religión en la sociedad política, al menos en algunas áreas donde confluyen los intereses y normas civiles y religiosas, y que podríamos denominar de carácter mixto, como son el matrimonio, la familia, la educación, los medios de comunicación y la cultura. Ello implica que el ejercicio del derecho humano a la libertad religiosa no se encuentra debidamente garantizado, a pesar que las normas que nos rigen son muy claras en su reconocimiento.

    Los tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional(artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional), disponen respecto de la educación religiosa lo siguiente:

    La Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 12, 4 titulado “Libertad de conciencia y de religión” expresa que “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”; Este tratado internacional ha sido aprobado en la Provincia por ley 7098 de 1984 y una disposición complementaria de la Constitución dispone que: “Toda edición oficial de esta Constitución debe llevar anexos los textos de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, de la Organización de las Naciones Unidas del año 1948 y la parte declarativa de derechos de la “Convención Americana sobre Derecho Humanos” (Preámbulo y Parte I)(…)”.

    2. El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, 3 que: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas…y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

    3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 18. (…) 4. Que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones“.

    Constitución de la Provincia

    La quinta Constitución de la provincia de Córdoba fue dictada en abril de 1987 y fue reformada en el año 2001 y en su texto es muy claro el rol que le cabe a lo religioso cuando expresa:

    Preámbulo

    “Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Córdoba, reunidos en Convención Constituyente, con la finalidad de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos;(…) invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución.”

    Libertad religiosa y de conciencia

    Artículo 5. “Son inviolables en el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa.”

    Cultos

    Artículo 6. “La Provincia de Córdoba, reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos su libre y público ejercicio, sin más limitaciones que las que prescriben la moral, las buenas costumbres y el orden público.”

    Derechos enumerados

    Artículo 19. “Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:

    1. A la vida desde la concepción, a la salud, a la integridad psicofísica y moral y a la seguridad personal. (…)

    4. A aprender y enseñar, a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y a participar de los beneficios de la cultura.

    5. A la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica. (…)”

    Derechos no enumerados

    Artículo 20. “Los derechos enumerados y reconocidos por esta Constitución no importan denegación de los demás que se derivan de la forma democrática de gobierno y de la condición natural del hombre.”

    La Educación en Constitución de Córdoba

    La ley fundamental vigente expresa sobre la educación expresa lo siguiente:

    Derechos enumerados

    Artículo 19. “Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:

    4. A aprender y enseñar, a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y a participar de los beneficios de la cultura.(…)”

    Educación

    Artículo 61. “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria.”

    Política Educativa

    Artículo 62. “La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos: (…)

    5. Asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones. (…)”

    Debate de la Convención Constituyente de 1987

    En el debate de la Convención Constituyente que en 1987, que dictó la quinta Constitución de la provincia, se discutió, entre los días 23 y 24 de abril de ese año, la cláusula -que luego de aprobó- que dice que“ (…) Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral según sus convicciones.” (Art. 61 Inc. 5). En el mismo se argumentó de la siguiente manera:

    El convencional Ricardo del Barco (Demócrata Cristiano) dijo: “Pero, insisto,(…)Eduardo Sánchez Martínez,(…) decía: “Esto no significa imponer una enseñanza confesional lo cual violentaría manifiestamente la libertad de conciencia de cada uno; significa en cambio que a través de la enseñanza se ayude al que se educa a plantearse problemas de la trascendencia, a plantearse la cuestión de si detrás del más allá de este mundo, no hay algo que le dé sentido. Y después, de las distintas respuestas que cada uno tenga o se dé, no sólo se respeten y toleren, sino que, además, se encuentren en el medio educativo cauces adecuados para su desarrollo y su profundización. (…)

    Nosotros creemos que en el escuela pública hay que promover un diálogo, también, entre la fe y la cultura, entre la cultura y la vida. Queremos que las distintas expresiones religiosas tengan su ámbito, eso contribuye al pluralismo. No creemos que los católicos que asisten a las escuelas públicas teman no encontrar en ella la expresión de su fe en un encuentro a través de la educación, del diálogo y de la reflexión. No queremos que aquellos que tienen otras confesiones religiosas, cristianas no católicas u otras confesiones, o los que no tienen ninguna no puedan encontrar su expresión en el seno de la escuela pública, según el modo, manera y circunstancia que la propia práctica educativa encuentre y que desde la legislación se oriente para que no se esconda el tema. Que nadie se avergüence de tener una fe o de no tenerla. Lo que se intenta aquí es que la educación no omita esta dimensión humana, no que le impongamos fe alguna o que utilicemos los recursos del Estado para imponer una fe determinada, aunque sea la fe católica, que es la de la mayoría de este pueblo; tienen tanto derecho las mayorías como las minorías a expresar su disenso y buscar su verdad por otro camino. No teman los señores convencionales: no se intenta con estas cláusulas revivir polémicas del pasado. Hoy queremos transitar nuevos y distintos caminos. Deseamos ante todo que en la escuela estatal se dé un ámbito de encuentro, de búsqueda y diálogo.”

    El convencional Jorge de la Rúa (UCR) expresó: “la norma estaría estableciendo una regla en virtud de la cual, fundado en el derecho de los padres a que se les proporcione a sus hijos educación religiosa en las escuelas estatales, el Estado tienen el deber de proveer esa enseñanza religiosa.(…)La Nación tiene reconocido centenares de cultos y sino hay ánimo de discriminación –como descuento que no lo hay en los miembros de la Comisión- el Estado tendrá que proveer centenares, o miles, de maestros o maestras de religión o de moral, para cubrir todo el espectro religioso e ideológico de los alumnos. Porque de lo contrario, reitero, estaríamos en un plano de discriminación.(…)Creo realmente que estamos frente de una norma que en su amplitud puede generar severos problemas de aplicación práctica, y puede generar reales y concretas situaciones de discriminación.(…)Todas estas razones(…)hacen que anticipe mi voto negativo a este precepto.”

    El convencional Juan Carlos Maqueda (Peronismo Renovador): “No creemos que ese inciso del artículo que está en tratamiento lleve en sí mismo una discriminación, sino que por el contrario lleva un sentido de apertura; lleva la posibilidad que la ley máxima por vía reglamentaria, que será la ley de la Legislatura, valga la redundancia, podrá determinar las formas y los modos en que habrá de impartirse la enseñanza moral o religiosa que prevé este precepto.(…) Damos el voto favorable de la bancada del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana.”

    El convencional Abelardo Rahal (UCR): “Creo en el hombre total. Creo en el respeto profundo entre los hombres, Creo en la educación para la libertad. Por eso es que evidentemente no puedo sectorizar al hombre y remitirlo solamente a las expresiones de su razón en la vinculación solidaria. Creo que la dimensión religiosa está totalmente compenetrada dentro de la naturaleza humana.(…)Por eso –reitero- mi voto positivo va a ser por convicción y no sólo por disciplina de bloque.”

    La convencional Ileana Sabattini (UCR): “Si a un radical se le dice que se va aplicar la ley 1420, se pone contento, si a un católico se le dice que se va a aplicar la ley 1420, que está tildada de laicista, se horroriza. Pues bien, señores convencionales: hoy como no se ha mencionado la ley 1420, nos hemos dividido por el mismo tema y con los argumentos expuestos, de manera opuesta. Es decir, estamos preconizando la posibilidad de que los padres organicen fuera de la hora de clase, sin pago por parte del Estado, la educación religiosa. Se está contemplando a la persona como una integridad, no solamente educar a todos los ciudadanos, sino a todos el ciudadano; se está reiterando lo que hemos firmado en los pactos internacionales (…).”

    Ley 8113 de Educación de la Provincia

    La ley de educación provincial 9113, de 1991, que actualmente se intenta reformar para adaptarla a la ley Nacional 26.206, dispone sobre el tema en cuestión lo siguiente.

    Derecho de los Padres

    Artículo 7: “Los padres, o quien los sustituyere legalmente, tienen, sobre la educación de sus hijos, los siguientes derechos:(…)

    c) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública estatal, educación religiosa que les permita aprender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado.(…)”

    Criterios de Orientación Pedagógica

    Artículo 20: “Los centros educativos de la Provincia desarrollarán el proceso de enseñanza- aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del sistema, según los siguientes criterios generales:(…)

    c) Los docentes orientan los aprendizajes con criterio científico en un ambiente propicio para la participación activa y creadora, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico y la responsabilidad cívica y la formación ética y moral de los educando, en un marco democrático y solidario”.

    La Comisión Representativa Honoraria

    Artículo 62: “El Consejo General de Educación podrá ser asistido en sus funciones por una Comisión Representativa, convocada para el análisis y estudio de los temas específicos que aquel le solicite, a fin de ampliar las consultas con la opinión de entidades sociales representativas.”

    Integración de la Comisión Representativa Honoraria

    Artículo 63: “La Comisión Representativa honoraria estará integrada por los representantes invitados de cada y una de las siguientes entidades:

    (…)Organizaciones confesionales y laicas que sostienen instituciones educativas

    (…)”

    Nueva Ley de Educación

    El 15 de diciembre de 2010 la Legislatura de Córdoba aprobó la ley 9870, luego de un largo debate donde grupos de activistas hicieron distintas manifestaciones y tomas de colegios secundarios en contra de su sanción; la que días después fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

    La misma dispone en su:

    Artículo 3º.- Principios generales. La política educativa, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Provincial, se rige por los siguientes principios generales: (…)

    b) Se reconoce a la familia como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones; (…)

    Artículo 11.- Derechos y deberes de los padres. Los padres, o quienes los sustituyeren legalmente, tienen sobre la educación de sus hijos los siguientes derechos y deberes:

    A) Derechos: (…)

    d) A que sus hijos reciban, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, una enseñanza general exenta de dogmatismos que pudiera afectar las convicciones personales y familiares;

    e) A que sus hijos reciban de manera opcional, en el ámbito de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa que les permita aprehender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieren optado, como contenido extracurricular, sin financiamiento estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros autorizados de los diferentes cultos; (…)

    Espero que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, esta vez, implemente y haga operativa las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos, en la Constitución provincial y en lo que, con alguna ambigüedad, regla esta ley sobre educación religiosa.

    Educación

    En el caso de la educación si bien ya no se discute el derecho a enseñar y a aprender, ni el de la libertad religiosa; su ejercicio, algunas veces, es cuestionado en nombre de un laicismo trasnochado que todavía desconfía, con alguna razón, y teme de que lo que se quiere con ello es volver a usar la educación pública, de gestión estatal, con el propósito de “adoctrinar” a los educandos a favor de algún credo o confesión religiosa; cuando en realidad de lo que se trata es de cumplir con la finalidad de la educación que es contribuir al desarrollo integral de la persona humana, especialmente en lo que tiene que ver con su dimensión trascendente. Para ello es necesario trasmitir a los educandos la experiencia religiosa que la historia, la tradición y los textos sagrados nos han legado.

    Las dificultades y problemas que enfrenta el hombre, en estos tiempos, como consecuencia del debilitamiento de la familia; la crisis moral; la desigualdad de oportunidades -especialmente en el plano educacional, laboral, y de ingresos-; la falta de conciencia y participación cívica, la desconfianza en los dirigentes, la inseguridad, las adicciones, y la distancia entre religión y la vida, etcétera; no encuentra en las distintas propuestas, proyectos o modelos de soluciones que se le presentan sólidos fundamentos que lo sustenten.

    Para superar esto se hace necesario apelar no sólo a los conocimientos científicos y técnicos, sino también a los principios y valores universales de la moral y ética, que sólo la sabiduría práctica, estudiada por la filosofía y la teología, nos la puede proporcionar. Ello nos plantea la necesidad de revisar nuestra educación pública, donde es necesario enfatizar los estudios sobre moral, ética, filosofía y teología, conocimientos en los que confluyen la razón y la fe religiosa.

    Los estudios sobre moral y religión no pueden estar ausentes de los planes de estudios de los establecimientos educaciones, sean ellos de gestión estatal o privados. Esto no significa que proponemos volver a la experiencia que a nivel nacional se dio entre los años 1943 y 1955, o que se viene dando en algunas provincias, como Salta, Tucumán y Catamarca donde se enseñó y enseña educación católica, para los católicos y moral para los que no lo eran o son, sino que se trata de hacer conocer lo religioso a través y según la interpretación de las distintas tradiciones y confesiones religiosas, permitiendo así un mejor desarrollo de la faz trascendente que tiene el educando como persona, y permitir que se enriquezca en los valores que adopte para sustentar su vida como persona y como integrante de la sociedad política a la que pertenece. Ello le servirá también para mejor elegir y luego cimentar los proyectos de vida que decida emprender.

    Los devotos de la ley 1420 deben recordar que la misma no prohibía la educación religiosa en los colegios sino que la misma debía hacerse fuera de las horas de clases.Con la doble escolaridad que se impone en la actualidad cada día con mayor fuerza ya no hay pretexto para que la educación religiosa se haga en las escuelas al menos en el horario extendido y no con un criterio catequístico sino verdaderamente de educación religiosa.

    LA PERSONA Y LA EDUCACIÓN

    Si de valores y educación se trata el punto de partida tiene que ser la persona humana y el desarrollo de su personalidad dentro de una sociedad encaminada al bien común.

    “La primera finalidad de la educación – para Jacques Maritain- es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser hombre.” En cuanto ser personal el hombre es una realidad hipostática, de espíritu y materia, que se diferencia de los demás individuos de la creación por ser conciente y libre, por ser un todo en sí mismo. Esta dotado de un alma espiritual, donde la inteligencia supramaterial, dirigida hacia la verdad, se nutre del conocimiento racional, que surge de la experiencia; pero que para los cristianos está enriquecido por la revelación, que conoce a través de la fe. La libertad, otro atributo espiritual de su voluntad, lo impulsa hacia el bien; y los sentimientos lo encaminan hacia la belleza. La Verdad, el Bien y la Belleza, como absolutos, se identifican con Dios.

    Maritain entiende que “la idea griega, judía y cristiana del hombre:(…) es un animal dotado de razón cuya suprema dignidad está en la inteligencia; el hombre es un individuo libre en relación personal con Dios, y cuya suprema ‘justicia’ o rectitud consiste en obedecer voluntariamente a la ley de Dios; el hombre es una criatura pecadora y herida, llamada a la vida divina y a la libertad de la gracia, y cuya suprema perfección consiste en el amor.”

    El hombre, entonces, es una animal de naturaleza, pero también de cultura y su desenvolvimiento se da en la sociedad y en la civilización, por lo que también es un animal histórico, todo lo cual demuestra la necesidad de la educación, que es el arte moral, o sea una sabiduría práctica, por el que la persona es auxiliada por las experiencias colectivas, que las generaciones pasadas han acumulado, y por una transmisión regular de conocimientos adquiridos.

    Para conseguir la libertad en la que se determina a sí mismo y para la cual fue hecho tiene el hombre necesidad de una disciplina y de una tradición de la que no puede desentenderse aunque deba luchar, muchas veces, contra ella para enriquecerla y hacerla apta para nuevos combates.

    La educación, que es un arte moral y una sabiduría práctica, se desarrolla en la familia, la escuela o universidad, el Estado y en la Iglesia y no puede desentenderse de sus fines, que no son distintos de los que tiene la persona humana. Una educación preocupada por los medios o los métodos pero desentendida de los fines no es, como no lo es la que se ocupa solo de la ciencias, que indaga sobre las causas segundas, y no atiende a lo ontológico, cuando se interroga respecto de las causas primeras, que estudia la filosofía, o del destino trascendente de la persona, si tenemos en cuenta que está hecho a imagen y semejanza de Dios, de lo que se ocupa la teología.

    Bien decía Juan Bautista Alberdi, que “Casi todas (las constituciones) empiezan declarando que son dadas en nombre de Dios, legislador supremo de las naciones. Esta palabra grande y hermosa debe ser tomada, no en su sentido místico, sino en su profundo sentido político. Dios, en efecto, da cada pueblo su constitución o manera de ser normal, como la da a cada hombre. El hombre no elige discrecionalmente su constitución gruesa o delgada, nerviosa o sanguínea; así tampoco el pueblo se da por su voluntad una constitución monárquica o republicana, federal o unitaria.”

    Refiriéndose a los fines de la Constitución Argentina, expresaba que “El hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras. La religión debe ser hoy, como en el siglo XVI el primer objeto de nuestras leyes fundamentales.”

    Agregaba que  “nuestra política moderna americana(…)debe mantener y proteger la religión de nuestros padres, como la primera necesidad de nuestro orden social y político; pero debe protegerla por la libertad, por la tolerancia y por todos los medios que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal(…)”

    La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión católica el medio de educar esas poblaciones.”[1]

    La ley 25.878 de 2003 ha declarado el día 29 de julio como “el Día de los Valores Humanos” (Art. 1º) y dispone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrará los medios necesarios para que se desarrollen clases alusivas a esta conmemoración en los establecimientos educativos de todo el país.” (art. 2º). Esto nos ratifica en la necesidad de que los “valores humanos” declarados en la Constitución, como los que tienen que ver con la religiosidad de nuestro pueblo, no pueden estar ausentes de la educación.

    En la provincia de Córdoba esta reconocido el derecho que tienen los padres o los tutores de que sus hijos o pupilos reciban educación religiosa y moral, ello surge de los tratados internacionales, de la Constitución provincial y de la ley de educación, aunque en el sistema de educación de gestión publica ello no se cumple.

    Sin embargo la provincia de Córdoba tiene una deuda pendiente con sus niños, con sus jóvenes y con sus ciudadanos, que es el implementar la educación religiosa, como disponen su Constitución, los tratados internacionales de derecho humanos y las leyes de educación que la rigen, y no hay razones que justifiquen esta mora de la gestión política educativa.

    COMINPAZ

    La fundación del COMINPAZ, Comité Interreligioso por la Paz, tuvo lugar en Córdoba el 18 de junio de 1998 y ello se debió a que un año anterior Patricia Caudana, como inspectora de enseñanza media del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,  convocó por primera vez a representantes de religiones minoritarias a participar de un acto público por el inicio del período lectivo. A dicho evento asistieron el imán Mounif El Sukaría y el rabino Gabriel Frydman y allí se conocieron, comenzando una cordial relación.

    En el contexto de los permanentes conflictos en Medio Oriente, estos líderes decidieron crear una organización interreligiosa que bregara por la paz en la ciudad de Córdoba y en todo el mundo. Para ello convocaron al Pastor evangélico Fermín Salcedo y se contactaron con el Arzobispado de Córdoba, que designó a su Obispo Auxiliar Monseñor Roberto Rodríguez para formar parte de este proyecto. Estos cuatro representantes de las distintas confesiones religiosas dieron origen al Comité Interreligioso por la Paz, firmando el estatuto fundacional el 18 de junio de 1998 (24 Safar de 1419 -del calendario islámico- y 24 de Sivan de 5758 -del calendario hebreo-).

    En el año 2002 falleció el Imán Mounif El Sukaría y en su lugar asumió Alí Badrán quién había sido presidente de la Sociedad Árabe Musulmana. En esa época Monseñor Rodríguez fue trasladado a la diócesis de Villa María por lo que fue suplantado dentro del Comité por el presbítero Juan José Ribone. Más adelante Fermín Salcedo enfermó y en su lugar se incorporó el pastor Daniel Anonne. Por último Gabriel Frydman se trasladó a Puerto Rico y en representación de la comunidad judía asumió el rabino Marcelo Polakoff. Con motivo del fallecimiento del Padre Ribone en su reemplazo se incorporó el presbítero Pedro Torres.

    La tarea desarrollada en la provincia de Córdoba en estos años ha sido fructífera para el desarrollo de la libertad religiosa en la ciudad y en la provincia. El Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ) realizó el 18 y 19 de Noviembre de 2008 un Encuentro Interreligioso Nacional con la participación de representantes de las comunidades Católica, Evangélica, Judía y Musulmana de varias ciudades del país. El mismo contó con el auspicio de la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz y del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la adhesión de las organizaciones nacionales más representativas de cada religión, organizó este encuentro con líderes para seguir promoviendo la buena convivencia y la cooperación en pos de una sociedad más madura y respetuosa de las diferencias.

    Entre los meses de Mayo a Noviembre de 2008 tuvo lugar en la Universidad Católica de Córdoba el Seminario Abierto de Diálogo Interreligioso sobre la temática interreligiosa, con clases dictadas por diversos especialistas locales y nacionales.

    En el marco del convenio firmado por el Ministerio de Educación de la provincia y el COMIPAZ (Comité Interreligioso por la Paz) se realiza desde el año 2007 el Programa de Educación en Valores Comunes, con el objetivo de crear espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones, respetando la diversidad cultural y religiosa, la libertad y la convivencia. El programa está dirigido a alumnos/as de 4° año del nivel medio y desde su implementación han participado más de 6000 alumnos/as de escuelas de gestión pública y privada de capital e interior, dichas escuelas son elegidas por las supervisiones del Ministerio.

    Programa Valores Comunes

    El programa tiene como Objetivos: Favorecer espacios de diálogo y encuentro entre jóvenes de diferentes religiones que buscan una sociedad más fraterna. Fortalecer el respeto de la Libertad y la Convivencia por parte de los y las jóvenes. Dicho Programa tiene tres etapas: Una primera etapa en la que alumnos/as y docentes visitan lostemplos de las religiones que conforman el COMIPAZ. La segunda etapa se desarrolla en  la escuela, en cada curso, donde los y las docentes a cargo de esta experiencia, abordan con los alumnos y las alumnas la lectura y reflexión de la “Convención de los Derechos Humanos”, donde se les sugiere desde el Área de Educación en Derechos Humanos e Interculturalidad pautas abiertas orientadoras del trabajo. Por último se desarrolla un Festival por la Paz, para conmemorar el día de la libertad religiosa, donde se presentan las producciones realizadas por los alumnos/as y se realizan actividades recreativas de integración.

    Instituto Jacques Maritain

    La filial Córdoba del Instituto Internacional Jacques Maritain ha publicado, en los últimos tiempos, dos libros en los que hay una parte referida a la libertad religiosa. El primero titulado “Pluralismo y Derechos Humanos” (Compilado por Gonzalo Fernández y Jorge Horacio Gentile, Editorial Alveroni de 2007), tiene un capítulo sobre: “La Religión en un Mundo Plural”; en la que escriben Raúl Scialabba, Muhammad Yussuf Hallar, María Laura Picón y quién escribe este trabajo. En el segundo:“Balance de los 60 años de la Declaración Universal de los Derecho Humanos”(que he tenido el honor de dirigir, del Editorial Alveroni de 2010), donde también hay un capítulo sobre “Libertad Religiosa” que me tocó también escribir.

    Ley de Prevención y Asistencia de víctima de las Sectas

    La Legislatura de la Provincia sancionó el 9 de febrero de 2011 la Ley: 9891, que sin usar el término sectas, se propone prevenir y prestar asistencia a las víctimas de quienes sufran manipulación psicológica por parte de esas organizaciones, cuyo texto es el siguiente:

    Artículo 1º.-  Créase el “Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica”.

    Artículo 2º.- El Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica tiene por objetivos:

    a) Promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación de acciones tendientes a lograr la detección temprana y prevención de cualquier situación de manipulación psicológica, y

    b) Brindar asistencia interdisciplinaria a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica.

    Artículo 3º.- A los fines de la presente Ley entiéndese por:

    a) Grupos que usan técnicas de manipulación psicológica: todas aquellas organizaciones, asociaciones o movimientos que exhiben una gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa y que emplean en su dinámica de captación o adoctrinamiento técnicas de persuasión coercitivas que propicien:

    1) La destrucción de la personalidad previa del adepto o la dañen severamente, y

    2) La destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva del adepto con su entorno social habitual y consigo mismo, y el que por su dinámica funcionamiento le lleve a destruir o conculcar derechos jurídicos inalienables en un estado de derecho.

    b)  Víctimas:

    1) Todas las personas directamente ofendidas por el grupo;

    2) Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o la persona que convivía con ella ligada por vínculos especiales de afecto;

    3) El último tutor, curador o guardador;

    4) Los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o por adopción, o segundo de afinidad;

    5) El representante legal, y

    6) El heredero testamentario.

    Artículo 4º.- A los efectos de la ejecución del presente Programa se determina como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo reemplace.

    Artículo 5º.- En el marco del Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológica, la Autoridad de Aplicación tiene las siguientes funciones:

    a) Investigar y estudiar las principales directrices de los grupos definidos en el artículo 3º de la presente Ley;

    b) Realizar campañas de información en la población sobre las características de estos grupos, de modo que cada uno pueda prevenirse contra las consecuencias negativas, así como facilitar el debate abierto en el seno de la sociedad y de la comunidad y velar para que cada ciudadano no sea privado de su derecho de libre decisión;

    c) Canalizar las presentaciones receptadas sobre estos grupos que impliquen algún tipo de violación de derechos, denunciando los hechos ante las autoridades correspondientes;

    d) Promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la ayuda a los adeptos deseosos de salirse del grupo, así como de los ex-adeptos en su reinserción social y la solidaridad correspondiente con sus familiares;

    e) Sensibilizar a la opinión pública, desde la información y la educación tolerante, ante la peligrosidad que supone la existencia de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica o de la  personalidad;

    f) Coordinar acciones con organismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial, y

    g) Proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de manipulación mental y de condicionamiento psíquico o intelectual que, bajo cualquier máscara filosófica, religiosa o comercial pueden disimular sus prácticas.

    Artículo 6º.- A los fines del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de esta Ley se constituirá un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos y abogados especializados en la temática, para el estudio y abordaje integral de la asistencia a las víctimas, que tendrá a su cargo:

    a) El tratamiento victimilógico adecuado a la persona;

    b) El diagnóstico e identificación de la víctima en cuanto a su situación de tal, ya sea directamente o como familia, testigos y demás afectados indirectos, y

    c) El asesoramiento legal, orientación y preparación frente a las instancias procesales.

    Artículo 7º.- Las municipalidades y comunas de la Provincia pueden celebrar convenios con la Autoridad de Aplicación de esta Ley, manifestando la voluntad de adherirse al presente Programa.

    Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

    Esta ley no tiene antecedente en otras provincias, ni a nivel federal, por lo que es muy difícil predecir si realmente tendrá alguna vez aplicación, cómo y en qué casos. Nos preocupa que pueda ser mal usada en detrimento del derecho a la libertad religiosa.

    Reflexión Final

    El derecho a la libertad religiosa, en Córdoba como en la República Argentina, está bien reconocido por las Constituciones, los tratados internacionales y las leyes, pero las personas y las instituciones no siempre la respetan, como por ejemplo ocurre en la educación pública de gestión estatal; o cuando se produce atentados o discriminaciones a quienes creen o practican un culto determinado, o en los templos o ámbitos donde se rinde culto a Dios. El garantizar su ejercicio debe ser una las preocupaciones y  propósitos fundamentales de la ciudadanía y de las instituciones públicas y privadas de la provincia.

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LEY 9333 que instituye el “Día de la LIBERTAD RELIGIOSA” el 25 de noviembre
SANCIONADA el 15-11-06 PUBLICADA: B.O. 17-01-07
Autor del proyecto Legislador SANTIAGO SOLERI (DEMOCRACIA CRISTIANA) –

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9333

Artículo 1º.- INSTITÚYESE en la Provincia de Córdoba el día 25 de noviembre de cada año como “Día de la Libertad Religiosa”, en recordación de la fecha de proclamación por parte de la Organización de las Naciones Unidas – mediante Resolución de la Asamblea General Nº 36/55 – de la “Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones”.

Artículo 2º.- INSTRÚYASE al Ministerio de Educación de la Provincia para que incluya dicha celebración en el calendario escolar y disponga las medidas necesarias a fin de elaborar proyectos destinados a facilitar la toma de conciencia por parte de los educandos o profundizar la existente, en relación al tema “libertad religiosa”.

Artículo 3º.- INSTRÚYASE al Ministerio de Justicia de la Provincia a fin de que organice, en fechas próximas a la celebración que se instituye por la presente Ley, foros, seminarios, talleres, conferencias y en general acciones tendientes a promover la sensibilización y mejorar el conocimiento y comprensión de toda temática vinculada a la libertad religiosa.

Artículo 4º.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

SCHIARETTI–ARIAS. Gobernador JOSÉ DE LA SOTA
DECRETO DE PROMULGACIÓN: 1525/06.

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COMIPAZ

Somos el primer y único Comité Interreligioso formal en la Argentina. En un clima de verdadera amistad y colaboración, un grupo de hombres y mujeres religiosos y laicos de diferentes edades y tradiciones, nos reunimos periódicamente para organizar y llevar a cabo proyectos de educación, congresos, encuentros, charlas, mediaciones, escribirartículos y libros, participar de actos públicos y realizar oraciones interreligiosas, entre otras actividades.

Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, sin afiliaciones partidarias e independiente de las estructuras religiosas. Contamos con el apoyo de nuestras comunidades, de los diferentes gobiernos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, instituciones interreligiosas globales y hombres y mujeres que se identifican con esta misión y permiten con su labor que nuestros proyectos lleguen a tener un mayor impacto en la sociedad.

Nuestra Misión 

Promover una cultura de paz, trabajando en conjunto desde el ámbito interreligioso, en pos de la construcción de una sociedad más plural, madura y respetuosa de las diferencias.

Nuestra Visión

Queremos SER una organización interreligiosa consolidada como testimonio de fraternidad y convivencia, CRECER en cantidad de hombres y mujeres que conozcan, apoyen y colaboren con esta misión con la esperanza de LOGRAR construir la paz en la diversidad a través del diálogo y la educación en valores.

Nuestros valores

  • La Paz
  • El Respeto
  • El Diálogo
  • La Convivencia
  • La Igualdad
  • La Cooperación

Nuestra Historia

Antes de la fundación del COMIPAZ, en 1997 Patricia Caudana, en sus funciones como Inspectora de enseñanza media del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,  convocó por primera vez a representantes de religiones minoritarias a participar de un acto público por el inicio del año  lectivo. A dicho evento asistieron el imán y sheij Mounif El Sukaría y el rabino Gabriel Frydman. Al conocerse en ese acto,  iniciaron una cordial relación de amistad y fraternidad.

En el contexto de los permanentes conflictos en Medio Oriente, estos 2 líderes decidieron crear una Organización Interreligiosa que bregara por la paz en la ciudad de Córdoba y en todo el mundo. Para ello convocaron al  Pastor Evangélico Fermín Salcedo y se contactaron con el Arzobispado de Córdoba, que designó a su Obispo Auxiliar Mons. Roberto Rodríguez para formar parte de este proyecto. Estos cuatro representantes de las distintas confesiones religiosas dieron origen al Comité Interreligioso por la Paz, firmando el estatuto fundacional el 18 de junio de 1998 (24 Safar de 1419 -del calendario islámico- y 24 de Sivan de 5758 -del calendario hebreo-).

En el año 2002 falleció el Imán Mounif El Sukaría y en su lugar asumió el imán Alí Badránquién había sido Presidente de la Sociedad Árabe Musulmana en 1998. En esa época Monseñor Rodríguez fue trasladado a la diócesis de Villa María por lo que fue suplantado dentro del Comité por quien era su mano derecha y especialista en el Arzobispado en diálogo ecuménico e interreligioso el presbítero Juan José Ribone. Más adelante Fermín Salcedo enfermó y en su lugar se incorporó el pastor Daniel Anonne. Por último, Gabriel Frydman se trasladó a Puerto Rico y en representación de la comunidad judía asumió el rabino Marcelo Polakoff.

Luego en agosto de 2009 le llegó al padre Ribone, el momento de conocer al creador y el Arzobispo designó temporalmente al Profesor Federico Palacios hasta final de ese año y desde 2010 participa el presbítero Pedro Torres.

Nuestros Miembros

Líderes religiosos

Pastor Norberto Ruffa

Imán Alí Badrán

Rabino Marcelo Polakoff

Presbítero Pedro Torres

Líderes religiosos adherentes

Reverendo Padre Jeremía Khachatryan (Iglesia Apostólica Armenia)

Pastor Ricardo Budetta

Juan Carlos Nieto (Asamblea de Comunidad Bahá’í Argentina)

Pastor Juan Pedro Schaad (Luterano)

Presbítero Gabriel Diaz (Ortoxo Griego – Patriarcado Ecuménico)

Jóvenes

Marcelo Castagno (Católico)
María Laura Blanco Ryfenholz (Católica)
Soher El Sukaría (Musulmana)
Gustavo Olivero (Evangélico) Andrea O. de Dubersarsky (Judía)

Miembros laicos

Jorge Abugauch (Musulman)
Héctor Altube (Católico)
Mabel Bianconi (Católica)
Pastor Ricardo Budetta (Evangélico)
Patricia Caudana (Católica)
Aldo Chami (Judío)
Rosa El Sukaría (Musulmana)
Haydée Ferrer de Anonne (Evangélica)
Cristina Mercado (Católica)
Omar Muzza (Musulman)
María A. Pedicino Keuroghcian (Armenia)
Miguel Julio Rodríguez Villafañe (Católico)
Jihad Sleiman (Musulmán)
Edgardo Vega (Bahá’í)

Otros miembros que adhirieron

Cynthia Cargnelutti

Nadir Nifury

Romina Reisin

Adrián Levy

Gladys Ruti

Fundadores a los que la vida llevó a otros destinos

Monseñor Roberto Rodríguez (Católico) fue luego Obispo de La Rioja
Rabino Gabriel Frydman (Judío) actualmente en México

Miembros que acompañan a Dios

Sheij Mouniff Hasan El Sukaria (Musulman)

Pastor Fermín Salcedo (Evangélico)

Presbítero Juan José Ribone (Católico)

Pastor Daniel Annone (Evangélico)

Imán Alí Badrán

 

La diputada nacional Soher El Sukaría juró por el Corán en 2019.

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CONSEJO ARGENTINO PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA

CONGRESO INTERNACIONAL EN CÓRDOBA

“La libertad Religiosa en el Siglo XXI Religión, Estado y Sociedad”

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Córdoba(UNC) Obispo Trejo Nro. 242 – Córdoba (Argentina) 3, 4 y 5 de septiembre de 2014

PROGRAMA

Miércoles 3 de septiembre

Mañana

09.00 Acreditaciones

10.00 Acto inaugural (Salón de Grados) – Marcela Aspell (Decana Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba) – Juan L. Landaburu (Subsecretario de Culto de la Nación) – Octavio Lo Prete (Presidente CALIR)

11.00 Conferencia inaugural

Moderador: Waldo Villalpando (CALIR) – Elizabeth Odio Benito (Costa Rica, ex Relatora de la ONU sobre discriminación religiosa): “La Declaración de 1981 y su vigencia frente al panorama mundial en materia de libertad religiosa”

Comentarios y reacciones: – Ana María Celis (CELIR – Centro de Libertad Religiosa – Chile) – Raúl J. Scialabba (CALIR, Asociación Bautista Argentina)

Tarde

15.00 Sesión plenaria (Salón Vélez Sarsfield): Libertad religiosa y sociedad

Moderador: Sergio González Sandoval (Universidad Javeriana – Colombia) – Natán Lerner (a confirmar) (Universidad IDC Herzliya – Israel): “Acción de las Naciones Unidas contra la discriminación racial y religiosa” – Néstor O. Míguez (Presidente FAIE – Federación Argentina de Iglesias Evangélicas): “Libertad religiosa y transformación cultural” – Rafael Palomino Lozano (Universidad Complutense de Madrid – España): “El lugar de lo religioso en la sociedad”

16.15 Coffee Break

16.45 Talleres o grupos de trabajo

1) Libertad de conciencia y derecho a la objeción de conciencia (Salón Vélez Sársfield)

Moderador: Jorge del Picó Rubio (Universidad de Talca – Chile) – Javier Ferrer (Universidad de Zaragoza – España): “La libertad de conciencia de los políticos” – Juan Martín Vives (Universidad Adventista del Plata – Argentina, CALIR): “El dilema de Antígona: la necesidad de acomodación de las prácticas de las minorías religiosas” – Craig Galli (Asesoría Legal. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días): “Libertad religiosa y afiliación obligatoria a sindicatos” – Julio Raúl Méndez (Universidades Nacional y Católica de Salta): “Dimensión iusfilosófica de la objeción de conciencia”

2) Religión, conflicto y paz social (mesa institucional del COMIPAZ, Comité Interreligioso por la Paz, Córdoba) (Salón Gobernadores)

Moderadora: Gabriela Cáceres (Universidad Nacional de Córdoba) – Marcelo Polakoff (Comunidad judía) – Alí Badrán (Comunidad islámica) – Noberto Ruffa (Iglesia evangélica) – Gabriel Díaz (Iglesia ortodoxa)

3) Libertad religiosa y política (Salón Presidentes)

Moderador: Gonzalo Flores Santana (Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa) – Carlos D. Lasa (Universidad Nacional de Villa María – Córdoba): “Religión cristiana y Estado Constitucional Democrático” – David Wheeler (Liberty University – Estados Unidos): “El estado secular, la fe exclusivista y el pluralismo cultural y religioso: tres fenómenos que no coexisten fácilmente” – Carlos Baena (Senador nacional – Colombia): “Política desde los valores de la religión: el caso de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y el Movimiento Político MIRA” – Miguel Werner (UPF, Federación para la Paz Universal): “Factor interreligioso para liderar la paz” – James Holder – Eric Hellberg (Reuniones evangélicas): “Matrimonio religioso”

19:00 Conferencia de cierre (Salón Vélez Sársfield)

Moderador: Juan Carlos Palmero (Presidente Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba) – Javier Martínez Torrón (Universidad Complutense de Madrid – España): “Tendencias recientes en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de DD. HH. sobre libertad religiosa

Jueves 4 de septiembre

Mañana

09.00  Talleres o grupos de trabajo

1) Símbolos religiosos y espacio público (Salón Vélez Sársfield)

Moderador: Javier Oliva (Universidad de Manchester, Reino Unido) – Rafael Palomino Lozano (Universidad Complutense de Madrid – España): “Premisas para el estudio jurídico de la simbología religiosa” – Julio Ojea Quintana (Universidad Católica Argentina): “Símbolos religiosos y espacios públicos” – Marta Zuzanna Osuchowska (Universidad Cardenal Stefan Wyszynski – Polonia): “Símbolos religiosos cristianos en espacios públicos – jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” – Jerónimo Granados (Instituto Superior de Estudios Religiosos – ISER): “Oratorios interreligiosos en el espacio público” – David A. Frol (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, CALIR): “La violencia urbana hacia los símbolos y la libertad religiosa en la Argentina”

2) La libertad religiosa en perspectiva filosófica (Salón Gobernadores) Moderador: Pedro Collar Noguera (Diócesis Ciudad del Este, Paraguay) – Gabriel Minkowicz (Instituto Superior de Estudios Religiosos – ISER, CALIR): “Libre albedrío y libertad religiosa” – Jorge Precht Pizarro (Universidad Católica de Chile): “Laicidad y laicismo” – Jorge Velarde Rosso (Instituto Acton Argentina, Universidad Católica Boliviana “San Pablo”): “Libertad religiosa en el pensamiento de Joseph Ratzinger” – Guillermo Recanatti (Universidad Nacional de Villa María – Córdoba): “La religiosidad popular latinoamericana: desde la «otra lógica» de la racionalidad sapiencial y hacia el pluralismo de creencias”

3) Libertad y diálogo interreligioso (mesa institucional del ISER, Instituto Superior de Estudios Religiosos) (Salón Presidentes) Moderadora: Celina Lértora Mendoza – Graciela Grynberg: “Judaísmo y libertad” – Aldo Ranieri: “El cristianismo primitivo y sus disputas: una reflexión sobre la libertad y el diálogo” – Fabio Samuel Esquenazi: “Mística y diálogo interreligioso: desafío y oportunidades en un mundo secularizado” – Andrés Eidelson: “Libertad religiosa y cristianismo evangelical en Argentina” – Celina Lértora Mendoza: “Catolicismo y evangelismo en Argentina: la libre lectura bíblica y el diálogo interreligioso”

11.00 Coffee Break

11.30 Sesión plenaria (Salón Vélez Sarsfield): Libertad religiosa y sistemas políticos

Moderadora: Elizabeth Odio Benito (Costa Rica, ex Relatora de la ONU sobre discriminación religiosa) – Valerio Tozzi (Universidad de Salerno – Italia): “La libertad religiosa en perspectiva europea” – Alberto Patiño (Universidad Iberoamericana – México): “República laica y libertad religiosa en México”

Tarde

15:00 Actividad cultural: visita a lugares de interés religioso en la Ciudad de Córdoba (Punto de encuentro: sede principal de ingreso a la Facultad)

Coffee Break

17.30 Sesión plenaria (Salón Vélez Sarsfield): Libertad religiosa y Derecho

Moderador: Jorge R. Vanossi (Universidad Nacional de Buenos Aires, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires) – W. Cole Durham (Brigham Young University -BYU- Estados Unidos, Presidente International Consortium for Law & Religion Studies -ICLARS-) – Carmen Asiaín Pereira (Presidenta del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Universidad de Montevideo – Uruguay) – Norberto Padilla (Universidad Católica Argentina, CALIR): “Leyes en materia de religión en el siglo XXI. Desafíos y dificultades en la Argentina”

19.00 Talleres o grupos de trabajo

1) Factor religioso en la política internacional (Salón Vélez Sarsfield)

Moderador: Luis D. Mendiola (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales – CARI, CALIR) – Waldo Villalpando (CALIR): “La libertad religiosa como cuestión de Estado” – Gary Doxey (Brigham Young University – Estados Unidos): “La libertad migratoria como componente de la libertad religiosa” – Jorge Vanossi (Universidad Nacional de Buenos Aires, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires), “La trascendencia del Acuerdo con la Santa Sede (1966) y su alto significado” – Agustín Máximo Garay (Instituto Jacques Maritain – Córdoba): “La labor diplomática de Mons. Roncalli y el diálogo interreligioso”

2) La libertad religiosa en perspectiva histórica (Salón Gobernadores)

Moderadora: Cecilia Quintana Maita (Universidad UNIFÉ, Perú) – Marcela Aspell (Universidad Nacional de Córdoba): “El tribunal de la Inquisición en Córdoba del Tucumán en los siglos XVII y XVIII” – Inés Achával Becú (Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” – Unidad asociada al CONICET): “La Iglesia, los católicos y la democracia en perspectiva histórica: 1930-1955” – Nicolás E. Garcés (Universidad Austral – Argentina, CALIR), “Historia de la Dignitatis Humanae” – Mario Burman (OJDI – Organización Judía para el Diálogo Interconfesional, CALIR): “Desarrollo histórico del diálogo judeo-cristiano en la Argentina”

3) Libertad religiosa, algunas experiencias nacionales (Salón Presidentes)

Moderador: Roberto Bosca (Universidad Austral – Argentina, CALIR) – Vicente Prieto (Universidad de La Sabana – Colombia): “Laicidad y laicismo en Colombia” – Adrián Cerón Pérez Negrón (Universidad Nacional Autónoma de México): “La asimilación ciudadana del régimen de separación entre el Estado y las iglesias en México” – Luis Bahamondes González (Universidad de Chile, Universidad Alberto Hurtado): “El monopolio religioso consagrado en La Constitución chilena: de la discriminación a la búsqueda de tolerancia” – Aldir Soriano (Universidade do Oeste Paulista, Brasil): “The migration of constitutional and anticonstitutional ideas and religious freedom”

4) Reunión de responsables provinciales y municipales de asuntos religiosos

Moderador: Ricardo Docampo (Instituto Cristiano Evangélico de Derecho Eclesiástico, CALIR).

Viernes 5 de septiembre

Mañana

09.00 Talleres o grupos de trabajo

1) Régimen jurídico de las confesiones religiosas (Salón Vélez Sarsfield) Moderador: Juan G. Navarro Floria (Universidad Católica Argentina, CALIR) – Scott Isaacson (Brigham Young University, Estados Unidos): “Inmunidad de impuestos para organizaciones religiosas: ¿privilegio o derecho?” – Horacio Bermúdez (Universidad de Buenos Aires, CALIR): “Libertad religiosa e igualdad ante la ley” – Carlos R. Santos Loyola (Universidad Católica del Perú): “El régimen jurídico de las confesiones religiosas en el Perú a la luz de la Ley de Libertad Religiosa” – Jorge del Picó Rubio (Universidad de Talca, Chile): “Sectas religiosas y control jurídico preventivo administrativo” – Nelson Marin (Universidad Alberto Hurtado, Chile): “Evangelismo carcelario en Chile: Elemento para una discusión sobre el rol de religión en las instituciones públicas”

2) Desafíos bioéticos y libertad religiosa (Salón Gobernadores)

Moderador: Julio Plaza (Instituto Jacques Maritain – Tucumán, CALIR) – Gabriel González Merlano (Universidad Católica del Uruguay): “Leyes bioéticas en el Uruguay” – Armando Andruet (Juez del Superior Tribunal de Córdoba): “El desafío de la bioética confesional” – Gabriel Oscar Fernández (ACSAI – Asociación Cristiana de la Salud Internacional): “El derecho de los pacientes en la problemática de la Salud Pública”

3) Diversidad, pluralismo y discriminación (Salón Presidentes)

Moderador: Alfredo M. Abriani (Director General de Cultos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) – Raúl Rocha Gutiérrez (Seminario Internacional Teológico Bautista, CALIR): “La postsecularización como marco social de una libertad religiosa que promueva la paz” – Carlos Luque Ahubán (CIECET, Rosario): “Derechos humanos y Derecho eclesiástico en la zona del Gran Rosario” – Darío Bruno (Iglesia Adventista, CALIR): “Estrategias de un defensor de la libertad religiosa frente a los desafíos pendientes” – Sofía Fernández (Universidad Nacional de Rosario): “Iglesias autónomas: misioneros blancos y autogestión aborigen” – Sebastián Zárate R. (Universidad Católica de Chile): “La regulación de los contenidos religiosos en la televisión”

11.00 Coffee Break

11:30 Acto y Conferencia de clausura (Teatro Real, San Jerónimo 66) Preside: José Manuel de la Sota (Gobernador de Córdoba)

Conclusiones: – Juan G. Navarro Floria (Universidad Católica Argentina, CALIR) – W. Cole Durham (Brigham Young University, International Consortium for Law & Religion Studies) – Jorge H. Gentile (Universidades Nacional y Católica de Córdoba, CALIR)

Conferencia de clausura: Cardenal Peter Appiah Turkson (Presidente Pontificio Consejo Justicia y Paz, Santa Sede)

Lectura de la Declaración Final

Tarde Visita a las estancias jesuíticas

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Ministerio de Salud “2020 -Año del General Belgrano” Provincia de Córdoba PROTOCOLO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LAS IGLESIAS Y TEMPLOS DE CULTO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

  1. FINALIDAD Dentro del esquema de flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio fijado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nacional Nro. 459/20 y subsiguientes, y en el marco de las atribuciones otorgadas al Jefe de Gabinete de Ministros como “Coordinador de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, para la implementación progresiva y escalonada de las distintas actividades, se instrumenta a través del presente, la apertura de las iglesias y templos de culto.
  2. ALCANCE El presente protocolo tiene por finalidad establecer los alcances de la flexibilización fijada por el Jefe de Gabinete de Ministros, para la apertura de las iglesias y templos de los cultos reconocidos por el Estado, en el ámbito de toda la provincia de Córdoba.
  3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1) Instrucciones generales:

  1. Los templos de culto podrán abrir sus puertas de lunes a domingo de 14:00 a 20:00 horas. Excepcionalmente este horario podrá ser flexibilizado durante la mañana en función de las prácticas y costumbres de cada culto. b. En su interior se podrán realizar las siguientes actividades:
  2. a) Oraciones individuales.
  3. b) Confesiones.

2 – 3

  1. c) Ayuda y orientación espiritual individual. d) Se autorizan a celebrarse los siguientes sacramentos teniendo en cuenta las consideraciones que a continuación se mencionan:
  • Casamientos: sólo se autoriza a concurrir a los novios y padrinos o padres, no pudiendo superar la cantidad de OCHO (8) personas incluyendo al celebrante y al eventual asistente.
  • Bautismos: sólo se autoriza a concurrir a los padres y padrinos, no pudiendo superar la cantidad de SIETE (7) personas incluyendo al bautizado, al celebrante y al eventual asistente.
  1. No están permitidas las celebraciones comunitarias, con las salvedades del apéndice 1 y 2. d. El líder espiritual previamente acordará los turnos para recibir a los fieles que soliciten ayuda, orientación espiritual o confesiones. e. No deberá haber agua bendita en las pilas.
  2. Se autoriza la presencia de personal de limpieza, teniendo en cuenta las dimensiones del templo, no debiendo superar en ningún caso la cantidad de CUATRO (4) personas.
  3. Se autoriza la presencia de personal administrativo, no debiendo superar en ningún caso la cantidad de DOS (2) personas.

2) Normas de bioseguridad: Además de las normas de bioseguridad establecidas en el protocolo correspondiente emitido por el COE, se deberán tener en cuenta las siguientes aclaraciones:

  1. Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% / alcohol en gel al ingreso del templo.
  2. Se deberá concurrir con barbijo y/o tapaboca.
  3. Se permitirá la permanencia de una persona cada 20 metros cuadrados.
  4. El sacramento de la reconciliación podrá celebrarse empleando los confesionarios debidamente acondicionados con nylon o plásticos divisorios, de lo contrario en otro lugar se deberá guardar la distancia mínima necesaria (2 metros) sin que perjudique a la confidencialidad.

3 – 3

  1. Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación del mismo, durante las horas de funcionamiento.
  2. Se deberá evitar la manipulación de bancos, puertas, pasamanos, barandas y manijas. g. El camino de entrada y salida deberá ser desinfectado con regularidad.
  3. Se mantiene la imposibilidad de asistir a los templos a los grupos de riesgo y a cualquier persona que presente síntomas compatibles con COVD-19. i. Se deberá controlar el número de fieles permitidos. Una vez completado este número, no podrá ingresar nadie más al recinto.
  4. Se deberá colocar a la entrada y salida un trapo o felpudo embebido en agua con lavandina para desinfectar el calzado.
  5. Se deberá realizar la desinfección de los templos y lugares empleados en las siguientes oportunidades: antes de la apertura, a las 1600 horas, a las 1800 y una vez cerradas las puertas de ingreso.
  6. Personal de la secretaría del templo colocará cartelería con las medidas de bioseguridad que limiten el contacto físico y con objetos de culto.
  7. AGREGADOS: Apéndice 1 Apéndice 2 INTERVINIERON EN LA CONFECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO DIR. DE JUR. ASUNT OS LEGAL ES M.S. ÁREA LOGÍSTI CA M.S. SECRE T. DE PREV. Y PROMO C. DE LA SALUD M.S. DIR. DE JUR. REGUL AC. SANIT. Y RUGEP RESA SECRE TARÍA DE SALUD M.S. DIR. DE JUR. FARMA CIA M.S. SUBS. DE DISCPA C., REHAB. E INCLUS. M.S. JEFE DPTO. SIST. PCIAL. SANGR E M.S. DIR.GR AL. DE SIST. DE GEST. HOSP. M.S. ÁREA ESTUDI OS ESPEC. ÁREA COES REGION ALES ÁREA COORDI NACIÓN POLICÍ A PCIA. CBA. ÁREA DEFEN SA CIVIL ÁREA GERIÁT RICOS ÁREA PREHOSPIT ALARIA ÁREA HOSPIT ALARIA CRUZ ROJA ARGEN TINA

Libertad Religiosa y el coronavirus desde una perspectiva federal

Libertad religiosa en la:

  • Constitución Nacional de 1853, convencional Benjamín Juan Lavaisse, párroco de Villa Tulumba
  • Dijo; La Libertad religiosa es “un precepto de la caridad evangélica”, el catolicismo‘nada tenía que temer de las otra religiones” y por ella se promovería “la inmigración de extranjeros, aunque de cultos disidentes”
  • Constitución de Córdoba de 1987, declara la libertad y la “autonomía y la cooperación” de los distintos cultos. La educación religiosa.
  • Leyes reglamentarias.

COMIPAZ

Ley declarando el “Día de la Libertad Religiosa” (25 de noviembre)

Congreso Internacional de Libertad Religiosa de septiembre de 2014.

La diputada nacional Soher El Sukaría juró por el Corán en 2019.

Beatificación de Fray Mamerto Equiú.

“(…)el inmenso don de la constitución hecho a nosotros, no sería más que el guante tirado a la arena, si no hay en lo sucesivo inmovilidad y sumisión: inmovilidad por parte de ella, y sumisión por parte de nosotros.”

“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad; existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males de que dios libre eternamente a la república argentina; y concediéndonos vivir en paz, y en orden sobre la tierra, nos dé a todos gozar en el cielo de la bienaventuranza en el padre, en el hijo y en el espíritu santo, por quien y para quien viven todas las cosas.

Amén.”

CFK pregunta a la Corte si debe sesionar el Senado

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La Vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una demanda que calificó y pidió de la siguiente manera: “acción declarativa de certeza contra los poderes del Estado Federal a los fines que en el marco excepcionalísimo del actual estado de emergencia desencadenado por la Pandemia originada por la enfermedad causada por el COVID- despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos, en aplicación del artículo 30 del Reglamento del al H. Cámara de Senadores de la Nación en cuanto este establece que “​Los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional.””

En dicha demanda se confunde quién es el demandado (los tres poderes del Estado) con quien es el actor (el Senado, una de las cámaras del Legislativo), ni se denuncian los domicilios de los tres poderes del Estado demandados.

La presidente del Senado no está facultada en forma expresa, por la Cámara que preside, ni por su reglamento, para entablar esta acción judicial. Para ello el Senado debió haberse reunido, lo que no ha ocurrido a pesar de estar en el período de sesiones ordinarias, las que no han sido suspendidas, ni la Constitución permite que ello suceda. Tampoco el Jefe de gabinete de ministros ha comparecido a hacer el informe mensual a que está obligado.

En el escrito de CFK no se precisa cuál es la controversia, ni entre quienes se plantéa, ni se denuncia en que le afecta a ella, como la Presidente del Senado, o al mismo, que dice representar. Esta supuesta incertidumbre acerca de que si las leyes que sancione el Congreso durante la emergencia, utilizando las nuevas tecnologías, van a ser o no constitucionales, es la misma que ocurre cada vez que se lo hace cuando no hay “gravedad institucional”.

La Corte no es un órgano de consulta de los otros poderes u órganos del Estado, por lo que la acción declarativa de certeza no parece el camino indicado para hacerla. Esta acción sólo cabe para despejar incertidumbres entre personas y posturas concretamente diferentes.

El haber elegido al más alto tribunal de la República, la CSJN, para iniciar este juicio no está explicado en la demanda, ni en el mismo se indica por qué se saltearon las instancias inferiores del Poder Judicial.

La imposibilidad, señalada en la demanda, de que el Poder Ejecutivo en la emergencia no pueda dictar leyes penales o tributarias, qué solo puede sancionar el Congreso, ha hecho decir a algunos que lo que se quiere es que el Senado apruebe el proyecto que grava a las grandes fortunas. Pero para que ello sea posible, la ley debería estar ya sancionada por la Cámara de Diputados, como indica la Constitución; algo que aún no ha ocurrido, ni sabremos si alguna vez sucederá.

Otros quieren ver en este accionar que el Congreso siga sin sesionar hasta que la CSJN se expida, lo que calculan que puede demorar mucho tiempo.

La República tiene tres poderes, de los cuales el más representativo e importante es el Legislativo, y ninguna emergencia justifica que los poderes se concentren en el Presidente, ni lo suple la reunión con los gobernadores, ni un muy respetable consejo de médicos.

Nuestros representantes, los diputados y los senadores, son los que mejor pueden hacer escuchar nuestras voces y tomar las grandes y graves decisiones que las circunstancias imponen.

Por ello, las cámaras deben sesionar en su recinto y cuando haya “gravedad institucional” donde mejor puedan hacerlo, en forma presencial o virtual, y sus presidentes deben convocarlas sin necesidad de consultarle a la CSJN.

 

Córdoba, abril de 2020.

Un parate a la desglobalización

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La despiadada y veloz difusión de la pandemia del Covid-19, ha frenado la reacción nacionalista que en este siglo se había comenzado a imponer en la política de muchos países y regiones, invocando el proteccionismo, la invasión migratoria, la seguridad y otros “intereses localistas” dañados por la globalización.

Prueba de ello son el surgimiento de liderazgos políticos como los de Donald Trump (EEUU) -con su “América primero”-, de Vladímir Putin (Rusia), Jair Bolsonaro (Brasil), Víktor Orbán (Hungría), Narendra Modi (India), Shinzō Abe (Japón), Mateo Salvini (Italia), etcétera; y las reacciones secesionistas como la de Cataluña o el Brexit del Reino Unido.

Esto nos prueba que las murallas y fronteras con que fraccionamos el mundo no sirven para frenar ni detener la epidemia. Los anti-vacunas quedaron sin argumentos. Y si se descubriera una en Israel, ella debería servir también para Irán y viceversa; o si lo fuera en EEUU se debería usar en también China y viceversa, a pesar de sus diferencia políticas. El remedio en el planeta y en el interior de los países, regiones y familias, es unirse para no contagiarnos y curar a los enfermos.

Igualmente, esta trágica experiencia nos demuestra que la globalización exige la unión de nuestros países, como hizo la Unión Europea, y como intentamos iniciarla nosotros con el hoy estancado Mercosur. No sólo para alguna vez concretar aquel ideal histórico de “las provincias unidas del sur”, que expresa nuestra Declaración de la Independencia -votada en Tucumán en 1816- y que invocamos cuando entonamos el Himno Nacional, lo que hoy significaría conformar una confederación de los Estados Unidos de Sudamérica que nos ayude a empoderarnos para afrontar los requerimiento que el mundo nos impone.

Pero la globalización nos exigirá mucho más, como es trabajar para concretar -alguna vez- un gobierno mundial, democrático y republicano, que supere las debilidades de la ONU, de los G-20 y demás organismos internacionales. Que no sólo sirva para enfrentar eficazmente las pandemias, sino también para evitar y castigar atentados y conflictos bélicos; regular el mejor desarrollo de la tecnología -especialmente la nuclear-, las finanzas y el comercio internacional y las migraciones; y reducir las desigualdades, las discriminaciones y la pobreza; garantizar mejor la libertad religiosa y los derechos naturales de las personas: a la vida, a la libertad y al trabajo.

Y, ¿la grieta?

Parece estar en cuarentena. El gobierno abandonó la tendencia a gobernar solo con el 48 % de los que lo votaron, y parece convencido de hacerlo con y para “todos y todas”, lo que

hasta ahora le está dando mejores resultados que los obtenidos en sus primeros cien días en la Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández, el 19 de marzo, en compañía de gobernadores opositores y oficialistas, declaró el: ¡quédate en casa! y propuso una política de salud, que une y coordina nuestro fragmentado sistema público de salud (DNU 297/20). Tanto el de gestión estatal (Nación, provincias y municipios), como el de la seguridad social (obras sociales nacionales, provinciales o sindicales) y el de gestión privada (mutuales, prepagas y pagos), atendiendo las grandes diferencias y falencias que hay en las prestaciones en el extenso territorio argentino. Los análisis de los testeos de los casos de coronavirus que estaban concentrados sólo en el Instituto Malbrán de Buenos Aires, se descentralizaron en nuevos centros ubicados en el interior del país. Los militares reaparecieron -desplegados en todo el país- para hacer “contención social”.

Esta experiencia política de consensuar no debe servir sólo para derrotar la peste, sino que tendríamos que hacerla extensiva a otros graves problemas en los que no damos en la tecla desde hace tiempo. Como, por ejemplo, en la confección de un plan económico, la negociación de la deuda con el Fondo Monetario y los bonistas privados, la redacción del Presupuesto 2020, las reformas del Congreso y de la Justicia, el convocar a un congreso pedagógico que discuta y acuerde: cómo educar en el siglo XXI, etc.

En fin, las desgracias vienen siempre acompañadas de algunas enseñanzas positivas,

¡No dejemos de aprovecharlas!

Córdoba, marzo de 2020.

La renuncia del diputado Scioli

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El cuórum obtenido con la presencia del ex diputado Daniel Scioli en la Cámara de Diputados en la sesión del 27 de febrero pasado, en que se dio media sanción de ley de jubilaciones (de “privilegio”) especiales de jueces y diplomáticos, es inconstitucional porque Scioli dejó ese cargo, días antes, al presentar su renuncia. Con motivo de la impugnación del diputado Mario Negri a la decisión del presidente del Cuerpo, Sergio Massa, de dar por iniciada la sesión, éste admitió que la renuncia fue presentada pero “no fue aceptada por el cuerpo” y su designación como embajador de Brasil no está “publicada en el Boletín Oficial”. Y omitió poner a consideración del Cuerpo dicha renuncia.

El art. 66 de la Constitución Nacional (CN) refiriéndose a los legisladores dice que cada cámara debe “decidir en las renuncias que hicieren voluntariamente de sus cargos”. Sin exigir que la misma sea “aceptada” como expresó Massa. Por tanto, las cámaras sólo puede “decidir”: 1. “(…) admitir o desechar los motivos de la dimisión (…)”, como bien indica el artículo 99,21 CN cuando se refiere a la renuncia del presidente o vicepresidente de la República, donde tampoco se exige aceptarla ni rechazarla. 2. incorporar al suplente, como cuando renuncia el presidente y el vicepresidente debe llamarse “a una nueva elección” (Art. 99, 21 CN).

El 12 de mayo de 1951 fue excluido de la Cámara el diputado Roberto Carena, por renunciar al negarse a acatar una decisión de su bloque de votar la reforma constitucional que contemplaba la separación de la Iglesia y el Estado. Esta sanción fue inconstitucional porque Carena había renunciado y, al decidirse la exclusión, ya no era diputado.

Por otro lado, la incompatibilidad con el cargo de embajador –planteada por Negri- es correcta ya que Scioli fue nombrado embajador por el Poder Ejecutivo, y el Senado le prestó acuerdo el 20 de febrero, como indica el artículo 99,7 de la CN, que no exige, para que la designación sea válida, que ella sea publicada en el Boletín Oficial, ni que el nombrado haya asumido el cargo. Ello, porque “Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, (…).” (Art. 72 CN).

Hay anuncios de futuras renuncias, o renuncias condicionadas a una fecha posterior, como ocurrió recientemente de la diputada Elisa Carrió; o la del presidente de la Nación Eduardo Duhalde, presentada con 6 meses de anticipación (2002/3), acompañada con la convocatoria a elecciones para ser reemplazado.

Renunciar a un trabajo es un derecho natural que tiene toda persona. A nadie se le puede exigir que trabaje si no puede o no quiere. Ello está reconocido y garantizado por la legislación positiva. Pero esta regla tiene excepciones, como puede ser si un cirujano,

renuncia a su empleo a la mitad de una operación quirúrgica, lo que podría producir la muerte de su paciente. Por eso las leyes laborales, del sector público y privado, prevén un preaviso o plazo para su aceptación. La CN no lo dispone para la dimisión de los legisladores, ni para el presidente y vicepresidente, ni para los jueces.

El “Dipotrucho”

El cuórum obtenido con la presencia del Scioli trajo a la memoria lo ocurrido el 26 de marzo de 1992 en la misma Cámara, presidida por Alberto Pierri, convocada para votar la privatización de Gas del Estado, y la sesión venía de un cuarto intermedio. Los 130 diputados presentes, que entonces el Reglamento exigía para el cuórum (hoy es 129), se lograron a las 16.30 horas, y se votó en general, sin debate. Pero desde el palco de periodistas se identificó a un extraño en una banca, el que fue ubicado a la salida del recinto por el periodista Armando Vidal que al preguntarle si era diputado le dijo que no, y le explicó que se sentó en una banca por estar descompuesto. Ese hombre era Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Manuel Samid, el hermano del diputado Alberto Samid.

Kenan sufrió una descompensación y fue asistido, pero igual pasó la noche en una comisaría, detenido. La Cámara de Diputados no sancionó por este hecho al diputado Samid, ni al presidente Alberto Pierri, que validó la irregular sesión. La votación se hizo nuevamente al poco tiempo. En 1994, Samid y Kenan fueron condenados a varios meses de prisión en suspenso.

Córdoba, marzo de 2020.

¿Comenzó una nueva era?

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Las etapas históricas de la humanidad son: la Prehistoria, las Edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. Esta división es una convencionalidad que no es uniforme, ni responde a un criterio científico.

La Prehistoria sería desde el origen de la humanidad hasta que se inventó la escritura (4 mil años a.C.). La Edad Antigua: desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano (siglo V d.C.); la Media: desde el siglo V hasta el descubrimiento de América en 1492, o hasta 1453, año en que Constantinopla cayó en poder de los turcos; la Moderna: desde el siglo XV hasta la Revolución Francesa (1789); y la Contemporánea: desde la misma hasta la actualidad.

En esta última se puso fin o se acorraló a los sistemas autoritarios y populistas que todavía existen. Se expandió la forma democrática, republicana y constitucional de gobierno, que garantiza los derechos humanos, que promueve la igualdad -especialmente de las mujeres y de los pobres- y los derechos a la libertad religiosa, a la información y a gozar de un ambiente y clima sano.

Se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea. Se disolvió la Unión Soviética. Hubo cuatro revoluciones industriales; dos guerras mundiales –y el estallido de dos bombas atómicas-; la guerra civil española; y la guerra fría. Creció y se avejentó la población, y se multiplicaron las migraciones. La globalización se tornó imposible de frenar, a pesar de las recientes reacciones nacionalistas, proteccionistas (Donald Trump, Jair Bolsonaro) y separatistas (Cataluña, Irlanda y el Brexit en Gran Bretaña).

En la música gozamos con la creatividad de Ludwig van Beethoven que falleció en 1827. Ese año Charles Darwinpublicó “El origen de las especies”. En el 1853 se abolió en Argentina la esclavitud y en EEUU en 1863. En 1899 Sigmund Freud publicó “La interpretación de los sueños” que marcó la base y el nacimiento del psicoanálisis. En 1905 Albert Einstein en el campo de la física publicó su teoría de la relatividad especial.

 

Fin de la edad contemporánea

Pero en este siglo se están produciendo cambios radicales y vertiginosos que justificarían una nueva edad sin saber cuál debería ser su nombre, lo que podría poner punto final a la Edad Contemporánea.

Lo más notable de esta transformación, que vivimos ahora, se muestra en la importancia que ha cobrado la ecología, el cambio climático y la defensa del ambiente; como con los avances tecnológicos emergentes en varios campos, como: los smartphone, la robótica, la inteligencia artificial, las nubes, la automatización, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el Internet de las cosas (I o T), las impresoras 3D, las criptomonedas, los algoritmos, las big data, los drones y los vehículos eléctricos y autónomos.

La multiplicación y la concentración de la riqueza se exhiben en el crecimiento de las nuevas megaempresas como Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Uber y las petroleras sauditas, y en los cambios en los empleos que generaron.

Los desbastadores incendios ocurridos en Australia, en el Amazona y en California produjeron daños irreparables. En los atentados y conflictos bélicos se han visto hechos violentos que conmovieron al mundo, como el ataque a las Torres gemelas (2001) y el reciente asesinado del general Qasem Soleimani en Irán perpetrado desde un dron.

Las multitudinarias protestas callejeras que se han visto, por distintos motivos, en Hong Kong, Irán, India, Francia (“chalecos amarillos”), Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, etc. condicionan las decisiones políticas y exhiben el debilitamiento y la corrupción de los parlamentos, de los partidos y de la representación política.

La eclosión de la cibernética, la genómica y la red han generado nuevas formas sociales y económicas que ya no se centran en la producción de objetos (revolución industrial) o alimentos (revolución neolítica), sino en bienes de conocimiento o intangibles.

Este nuevo período engendra sociedades distintas, que algunos las definen como sociedades del conocimiento o postindustriales. Estas parecen anhelar el ideal de Francisco de Victoria (siglo XVI) que proponía una «autoridad de todo el orbe»; o sea, una sociedad política y un gobierno mundial democrático y republicano, como lo soñó Jacques Maritain, que garantice los derechos de todos los que poblamos esta bendita tierra.

Córdoba, enero de 2020.

La Constitución en su Día

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El primero de mayo se conmemora en Argentina el día del trabajo, pero también, y a partir de la ley 25.863 promulgada el 8 de enero de 2004, el Día de la Constitución.

El Día del Trabajo

En noviembre de 1984 se celebró el IV Congreso de la Federación Americana del Trabajo en Chicago, EEUU en el que se pidió reducir la jornada laboral a 8 horas diarias y si no se cumplía con ello para el 1° de mayo de 1886, se declararían en huelga. Como no se consiguió lo solicitado se hizo una huelga y desfile el 1° de mayo de 1886 en Estados Unidos, en el que se reunieron a más de 350.000 obreros en las ciudades de New York, Chicago y Cincinnati, que eran el centro obrero de los EEUU, y hubo represión y fallecieron cuatro obreros. Como consecuencia de ello el presidente Andrew Johnson promulgó la ley de Ingersoll, que establecía la jornada laboral de ocho horas.

Desde entonces, el 1° de mayo es el Día del Trabajo en muchos países. En EEUU y Canadá se lo celebra el primer lunes de septiembre de cada año, en Austria el 1° de octubre. En Argentina el 1° de Mayo de 1890 se conmemoró por primera vez y el 28 de abril de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen instituyó el 1° de mayo como “fiesta del Trabajo en todo el territorio de la Nación”.

El Día de la Constitución

Cuando el 1° de mayo de 1853 el convencional por Córdoba, Juan del Campillo, terminó de escribir de puño y letra en el “Gran Libro” la “Constitución de la Confederación Argentina”, fecha en que fue firmada y jurada por los convencionales, no se imaginó que en el siglo XXI, dicha Carta –con algunas reformas- seguiría vigente, siendo las 2ª más antigua de América, después de la de EE UU (1787). Actualmente cuenta con 11.954 palabras, si contamos las 100 del preámbulo, las dos partes que la componen -que contienen los 129 artículos, más el 14 bis- y las 17 cláusulas transitorias

Fue el, 30 de abril, en el Cabildo de Santa Fe, y escrita en un libro de contabilidad porque había que firmarlo el día primero de mayo, en que se conmemoraba el segundo aniversario del Pronunciamiento del Gobernador Justo José de Urquiza en contra de Juan Manuel de Rosas (1851). Los veintitrés convencionales constituyentes presentes, encabezados por el Presidente Facundo Zuviría, firmaron al pie del mismo, por el orden alfabético de sus respectivas provincias -como lo propuso el convencional José Benjamín Gorostiaga- y antes que lo hiciera el secretario de la Magna Asamblea, que era hijo del Presidente de la misma sin ser constituyente, José María Zuviría.

El orden de las firmas fue el siguiente: Facundo Zuviría, Presidente y diputado por Salta; Pedro Centeno, diputado por Catamarca; Pedro Ferré, diputado por Catamarca; Juan del Campillo, diputado por Córdoba; Santiago Derqui, diputado por Córdoba; Pedro Díaz Colodrero, diputado por Corrientes, Luciano Torrent, diputado por Corrientes; Juan María Gutiérrez, diputado por Entre Ríos; José Quintana ,diputado por Jujui; Agn. Delgado, diputado por Mendoza; Manuel Padilla; diputado por Jujuy; Martín Zapata, diputado por Mendoza, Regis Martínez, diputado por la Rioja; Salvador María del Carril, diputado por San Juan; Ruperto Godoi, diputado por San Juan; Delfín Huergo, diputado por San Luis; Juan Llerena, diputado por San Luis; Juan F. Seguí, diputado por Santa Fe; Manuel Leiva, diputado por Santa Fe; Benjamín J. Lavaysse, diputado por Santiago del Estero; José Benjamín Gorostiaga, diputado por la provincia de Santiago del Estero; Fray J. Man. Pérez, diputado por Tucumán y Salustiano Zavalía, diputado por Tucumán. En el costado del acta se indicaba que estuvieron “Ausentes” don Ruperto Pérez y “En comisión” Santiago Derqui, que sin embargo firmó al pie de la Constitución. Del Campillo estuvo “ausente con aviso” en la sesión del treinta de abril –como señala el acta de la misma- probablemente porque ese día ya había comenzado a escribir el Texto definitivo.

Después de las firmas Facundo Zuviría dijo: “Acabáis de ejercer el acto más grave, más solemne, más sublime, que es dado a un hombre en su vida mortal: “fallar sobre los destinos prósperos y adversos de su Patria; sellar su eterna ruina o su feliz porvenir. El cielo bendiga el de esta nuestra infortunada Patria. Acabáis también de sellar con vuestra firma, vuestra ignominia en su eterna maldición. Dios nos salve de ellas, siquiera por la pureza de nuestras intenciones.

“Los pueblos impusieron sobre nuestros débiles hombros todo el peso de una horrible situación y de un porvenir incierto y tenebroso. En su conflicto, oprimidos con desgracias sin cuento nos han mandado a darles una Carta Fundamental que cicatrice sus llagas y les ofrezca una época de paz y de orden; que los indemnice de tantos infortunios, de tantos desastres. Se la hemos dado cual nos ha dictado nuestra conciencia. Si envuelve errores, resultado de la escasez de nuestras luces, cúlpense ellos de su errada elección. Con las Carta Constitucional que acabamos de firmar, hemos llenado nuestra misión y correspondiendo a su confianza, como nos ha sido posible. Promulgarla y ordenar su cumplimiento ya no es obra nuestra. Corresponde al Director Supremo de la Nación, en sello de su gloria, en cumplimiento de los deberes que ella le ha impuesto y que él ha aceptado solemnemente. A los pueblos corresponde observarla y acatarla so pena de traicionar su misma obra; de desmentir la confianza depositada en sus representantes y contrariarse a sí mismo presentándose en ludibrio de las Naciones que los rodean.

(…)Quiero ser el primero en dar a los pueblos el ejemplo de acatamiento a su soberana voluntad expresada por el órgano de sus representantes en su mayoría, porque, señor, en mayoría está la verdad legal. Lo demás es anarquía y huya ésta para siempre del suelo

argentino; y para que huya de él, preciso es que antes huya de este sagrado recinto; que huya del corazón de todos los representantes de la Nación; que no quede en él un solo sentimiento que las despierte o autorice en los pueblos.

“Para esto tenemos otra misión que llenar: difundir nuestro mismo espíritu en el seno de las provincias que nos han mandado. Ilustrarlas en el espíritu, en los motivos y objetos de la ley, que a su nombre hemos dictado. Unir la convicción a la obediencia; ved ahí nuestra misión.

El 1º de mayo de 1851; el vencedor de Caseros firmó el exterminio del terror y del despotismo. El 1º de mayo de 1853 firmamos el término de la anarquía; el principio del orden y de la ley. Quiera el cielo seamos tan felices en nuestra obra como él fue en la suya”.

Córdoba, diciembre de 2019.

India, la democracia más grande del mundo

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Pude, por fin, visitar durante 20 días la India, con más suerte que Cristóbal Colón –que también se lo propuso pero sólo llegó a América (1492) -. En ese país viven más de 1.339 millones de habitantes – 48 Millones de varones más que mujeres, por el aborto selectivo-, pronto superarán a China (1395 millones), que hablan 22 idiomas oficiales y 2000 dialectos; en una superficie de 3.287.263 km², por ser el séptimo país más extensos del planeta –Argentina es el octavo-. Es, también, el cuarto país en llegar a la luna (2019).

India o Bharat (su nombre oficial) es una República Federal, con 29 estados y 6 territorios, que fue colonia del Reino Unido desde el siglo XIX, y que se independizó en 1947, tras una lucha no violenta, liderada por Mahatma Gandhi. Su Constitución de 1950, es la más extensa del mundo (448 artículos). El presidente indio es el jefe de Estado y es elegido indirectamente cada 5 años por un colegio electoral, integrado por miembros del Parlamento y de las asambleas legislativas de los Estados. Al vicepresidente lo eligen ambas Cámaras, y preside la Cámara alta. El primer ministro, nombrado por el presidente, es el jefe de gabinete. Cuenta con un parlamento bicameral, con una cámara alta (Rajya Sabha), de 245 miembros, con mandato por 6 años y elegidos por las legislaturas de los estados; más 12 designados por el presidente; y una cámara baja (Lok Sabha), donde 543 de sus 545 miembros son elegidos por voto popular cada 5 años, y 2 son nombrados por el presidente y representan a la comunidad anglo-india. En los comicios se usa el voto electrónico y están habilitados para votar 900 millones. Los dos principales partidos son el BPJ (Partido Popular Indio), del primer ministro Narendra Modi -que gobierna desde 2014-, y el antiguo Partido del Congreso. El poder judicial tiene una Suprema Corte con 25 miembros, 21 tribunales superiores, y muchos tribunales de primera instancia. Los abogados visten toga y en Bombay visitamos los tribunales un día sábado, ya que ese día se trabaja dos veces al mes.

Las religiones de sus habitantes son el hinduismo 79.8%, el Islam 14.2%, el cristianismo 2.3% (los católicos son el 1,8 %), el sijismo 1.7%, el budismo 0.7%, y el jainismo 0.4%.

Socialmente hay 4 castas la de los: religiosos o profesores (Brahmins), los guerreros o militares (Kshatriyas), los artesanos o mercaderes (Vaishyas) y los trabajadores o sirvientes (Shudras). Los demás son los “intocables” (Dalit).

Los hindúes tienen 4 madres sagradas: la propia, la vaca (que circulan por calles y rutas, y cuya carne no se come), el río Ganges y la tierra. Ahora se podría agregar la Madre Teresa de Calcuta.

Es por demás desordenada la circulación en calles, caminos y autopistas de la gran cantidad de personas, vacas, motos y bicicletas (casi siempre sin cascos), autos, ómnibus, Tuk Tuk (moto de alquiler con 3 ruedas y 3 asientos), triciclos-bicicletas (de alquiler) y carros, tirado por caballos o camellos. Las bocinas suenan constantemente y los semáforos e inspectores de tránsito brillan por su ausencia.

Visitamos en Bombay al jesuita John Rose, director del Instituto Xaveriano de Ingeniería; a dos sinagogas, una que sufrió un atentado en 2008 perpetuado por 10 terroristas paquistaníes que produjeron 270 muertes, y la Torre del. Silencio, que es un cementerio donde los difuntos no se entierran ni creman, sino que son devorados por buitres.

Estuvimos, en las ciudades de Jodhpur; de Jaisalmer, donde paseé montado en un dromedario; en Udaipur, en su Palacio Real y navegando en el lago Pichola; en Jaipur, visitamos con budistas de Bhutan el templo de Birla Mandir y la Fortaleza; en Agra, admiramos el Taj Mahal, una de las 7 Maravillas del mundo, y al Fuerte Rojo; en Khajuraho vimos 22 templos construidos hace mil años; y en Varanasi, a la orilla del rio Ganges, donde se bañan los fieles y se creman los cadáveres.

En la capital, Nueva Delhi, vimos un minarete de 72 metros y medio de altura, construido en 1.192; el templo de los Sikhs; y conversamos un miembro de la Cámara Alta del Parlamento.

Un viaje por demás agradable que nos mostró que la democracia no es imposible.

Córdoba, de diciembre de 2019.

La jubilación no es ganancia

Impuesto a las gananciasJorge Horacio Gentile

Eric Cross

Los recientes fallos de la Corte Suprema parecen querer afirmar lo expresado en el título, aunque las leyes impositivas digan lo contrario.

La regulación actual del impuesto a las ganancias (en lo que respecta a los beneficios previsionales) es inconstitucional, como parece indicar esta jurisprudencia. Solo habría que remitirse al famoso caso “García, María Isabel c. AFIP”, del 26 de marzo del corriente, por el que la Corte Suprema dijo, en resumidas cuentas, que el impuesto a las ganancias que se carga sobre los beneficios previsionales, tal como está normado, es inconstitucional, toda vez que confiere un tratamiento no diferenciado a un colectivo no homogéneo como es el de los jubilados, pensionados y retirados. Por lo que hasta que el legislador no lo regule correctamente, los jubilados que acudan al Poder Judicial deben ser eximidos del tributo. Vale resaltar que tal criterio se ratificó en más de un centenar de causas.

El pasado 1º de octubre, en el caso “Igina” –-donde se resuelven 30 causas-, el máximo Tribunal no hizo más que complementar los fundamentos por los que la normativa atenta contra la Constitución Nacional. Ratificando el fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, entre los cuales está el muy conocido caso “Calderale”, cuyos argumentos adicionales consisten, en síntesis, en lo contradictorio que resultaría reconocer que los beneficios previsionales están protegidos por la garantía de integridad y proporcionalidad, y a la vez tipificarlos como una renta, enriquecimiento, rendimiento o ganancia gravada por el propio Estado, que es el máximo responsable de velar por la vigencia y efectividad de estos principios constitucionales.

No existe a la vista, en un futuro cercano, posibilidad alguna por parte del Congreso en reformar la Ley, atendiendo la exhortación de la Corte. Su escaso funcionamiento en los últimos tiempos sorprendentemente está batiendo records. En consecuencia, a los jubilados se les seguirá reteniendo el impuesto a las ganancias. La única vía posible para evitarlo es la judicial. Tal como ocurre con los centenares de miles de juicios iniciados contra ANSeS por reajuste de haberes (en su gran mayoría con resultado favorable para el jubilado), y que los Gobiernos de turno optan por dilatar el camino judicial en vez de ajustar la normativa a lo que indica la Constitución y la Corte, como ocurrió con el conocido caso “Badaro”.

Si se parte de la base que el sistema republicano de gobierno lleva ínsito la confianza en el Poder Judicial por parte del Pueblo y que “Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial” (según lo manifestara el presidente de la Corte en el discurso de apertura del año judicial 2019), los Tribunales inferiores tienen el deber de seguir los precedentes de la Corte, lo que no siempre hacen. Si se concuerda lo dicho por Alberdi en sus “Bases…” en el sentido que “el respeto al Presidente no es más que el respeto a la Constitución”, y que lo mismo aplica a la Corte y sus pronunciamientos en tanto Suprema y último intérprete de la Constitución y de las leyes.

No puede ignorarse que la pérdida de calidad de vida es irrecuperable, a diferencia del dinero. Ello en función de que para la AFIP, la retención del tributo en cuestión no es más que eso, dinero. Para el jubilado es calidad de vida.

Córdoba, octubre de 2019.

Proceso legislativo y el uso de nueva tecnología

Legislacion y tecnologia

En el siglo XXI se están produciendo profundos y dinámicos cambios políticos en el mundo, con motivo de las nuevas tecnologías y las formas de comunicación, que impactan en la economía, en la ecología y que estimulan la globalización y la concentración del poder y de los recursos financieros y tecnológicos.

Además, estamos viviendo en la cuarta revolución industrial (Industria 4.0) y digital, la que muestra que la tecnología se integra a las sociedades e incluso al cuerpo humano. Está marcada por los avances tecnológicos emergentes en varios campos, que incluyen: la robótica, la inteligencia artificial, las nubes, la automatización, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el Internet de las cosas (I o T), las impresoras 3D, los drones y los vehículos eléctricos y autónomos.

En el libro, “La Cuarta Revolución Industrial”, de Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, la describe principalmente por los avances en tecnología, que permiten continuar conectando a miles de millones de personas a la web, mejorar drásticamente la eficiencia de las instituciones y organismos del estado, de las empresas y organizaciones y ayudar a regenerar el entorno natural a través de una mejor gestión de activos. Los algoritmos y la Big Data son productos de innovaciones tecnológicas.

Esta cuarta revolución industrial es posterior a las tres anteriores:

· La primera, que se dio en Europa y en EEUU, desde mediados del siglo XVIII hasta avanzado el siglo XIX. En ese período las sociedades agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industriales y urbanas. Las industrias del hierro y de los textiles, el uso del agua con el desarrollo de la máquina de vapor, desempeñaron un rol central.

· La segunda tuvo lugar entre 1870 y 1914, antes de la Primera Guerra Mundial., y se caracterizó por el crecimiento de las industrias preexistentes y la expansión de otras nuevas, como el acero, el petróleo, la electricidad y el gas, que permitieron la producción en masa. Los principales avances tecnológicos de este período son el teléfono, la bombita eléctrica, el fonógrafo y el motor de combustión interna.

· La tercera, es la revolución informática y digital, que se produjo el avance de la tecnología desde dispositivos electrónicos y mecánicos analógicos hasta la tecnología digital disponible en la actualidad. La era comenzó durante los años ochenta del siglo XX y está en curso. Los adelantos que se concretaron incluyen el ordenador personal, Internet, y la Tecnología de Información y las Comunicaciones (TIC).

Monarquía o República

La división de poderes imaginada por Montesquieu en “El espíritu de las leyes”, para superar la unidad concentrada de las potestades que detentaban los monarcas, sobre las cuales los constituyentes norteamericanos elaboraron la Constitución de 1789 con un gobierno donde los poderes legislativos, ejecutivo y judicial se encontraban separados y con sus respectivos frenos y contrapesos -checks and balances-; conformando así “El gobierno congresional”, según lo nominó Woodrow Wilson antes de ser presidente de EEUU, y que hoy conocemos como presidencialista, que fuera el modelo de nuestra Constitución de 1853.

Separar las funciones y los órganos de gobierno del Estado aseguraba la diferencia de competencias y de potestades, y ninguna rama puede asumir el poder de otra, generando un esquema en el cual cualquier decisión de algún órgano de poder necesita la aprobación de otro, o puede ser impedido de ser validado o ejecutado por otro. La necesidad de que las leyes deban ser sancionadas, modificadas, reformadas o derogadas con la intervención de ambas cámaras del Congreso y que luego puedan ser vetadas por el Poder Ejecutivo, eran reglas que la Constitución estableció para limitar y dividir el poder. La posibilidad de que una ley o decreto pueda ser declarado inconstitucional por los tribunales de justicia; o que el Presidente pueda dictar leyes a través decretos de necesidad y urgencia (DNU), los que luego pueden ser invalidados por las cámaras del Congreso, es otra facultad acordada para resolver cuestiones urgentes. Que, además, por un procedimiento especial se puedan destituir funcionarios o jueces mediante el juicio político; es otro de los mecanismos defensivos y ofensivos que hacen posible el funcionamiento del poder dividido con sus correspondientes limitaciones y controles.

Pero estas atribuciones defensivas y ofensivas carecen de sentido si no se combinan con los mecanismos de diálogo, debate, negociaciones y acuerdos que las normas de las constituciones presidencialistas en algunos casos declaran y en otro deben entenderse como implícitos y necesarios para implementar políticas, sancionar o interpretar normas y desplegar las competencias estatales; porque el sistema no está hecho para neutralizar, bloquear o impedir las decisiones de gobierno, sino para que las mismas sea más consensuadas y luego mejor acatadas. De esta manera la voluntad popular será ajustada a lo que la Constitución nos propone como objetivo en su preámbulo el “constituir la unión nacional” y el “afianzar la justicia”.

El sistema democrático y republicano parte de la base de que la sociedad es plural y diversa, donde hay personas, asociaciones, partidos políticos, religiones y grupo –algunos vulnerables- que tienen una visión distinta de la sociedad y de las políticas, sobre las que se debe decidir y encarar políticas. De esta diversidad surgen peticiones y reclamos a favor de derechos y de intereses colectivos, muchas veces en pugna, cuya respuesta queda en mano de los distintos órganos del estado que deben escuchar, entender, atender y encontrarle

respuestas y soluciones. Para ello es imprescindible utilizar prácticas dialógica, deliberativas, cooperativas y negociadoras que hagan posible los consensos y las soluciones entre las partes. Que hagan posible tomar decisiones a los órganos del Estado –incluido los jueces-, que superen las divisiones y los límites del orden republicano, con sus frenos y contrapesos, y las reglas de juego de competitividad de la política agonal.

El Poder Legislativo

Afirman Alexander Hamilton y James Madison en “El Federalista” N° LI que: “Con el fin de fundar sobre una base apropiada el ejercicio separado y distinto de los diferentes poderes gubernamentales, que hasta cierto punto se reconoce por todos los sectores como esencial para la conservación de la libertad, es evidente que cada departamento debe tener voluntad propia y, consiguientemente, estar constituido en forma tal que los miembros de cada uno tengan la menor participación posible en el nombramiento de los miembros de los demás.”

En la forma republicana de gobierno la rama legislativa es la más fuerte, aunque ella pueda dividirse en cámaras, y ésta a su vez en comisiones, que deben estar tan poco conectada entre sí como sea posible, las que deben ser integradas por representantes elegidos de diferentes modos por el pueblo. La estructura del gobierno debe proporcionar los adecuados controles y equilibrios entre los diferentes departamentos. En el Federalista se considera que la rama legislativa es la más fuerte ya que es esencialmente la verdadera voz de la gente. Debido a la división del poder, una “doble seguridad surge a los derechos del pueblo. Los gobiernos se controlarán entre sí, al mismo tiempo que cada uno será controlado por sí mismo.”

En “El Federalista” se refirma esto cuando se afirma que: “En el gobierno republicano predomina necesariamente la autoridad legislativa. El remedio a este inconveniente consiste en dividir la legislatura en ramas diferentes, procurando por medio de diferentes sistemas de elección y de diferentes principios de acción, que estén tan poco relacionados entre sí como lo permita la naturaleza común de sus funciones y su común dependencia de la sociedad (…) Un veto absoluto frente a la legislatura se presenta a primera vista como la defensa natural de que debe dotarse al magistrado ejecutivo.”

Hamilton y Madison discute al final el tema de las facciones políticas. Ellos reconocen que las facciones siempre estarán presentes y que la única forma de contrarrestar los efectos de las facciones es tener numerosas facciones. En otras palabras, incluso si los individuos se mezclan con otros miembros de los mismos grupos sociales, ideales y metas, ningún grupo en particular debería ser capaz de volverse tan fuerte como para frustrar el interés de todos los otros grupos. Ninguna facción puede llegar a ser lo suficientemente grande como para derrocar a todas las demás facciones en una república bien administrada.

El siglo XXI

La velocidad, la dinámica y la cantidad y la importancia de los cambios y conflictos, que se producen en la sociedad y en la política durante el siglo XXI hace que los órganos legislativos; integrados por muchas y diversas personas que representan a distintos partidos, grupos sociales y poblaciones que viven en diferentes territorios; sean reacios y difíciles de asimilar las reformas que exigen las nuevas realidades y tecnologías.

La política agonal se ha actualizado más rápidamente que la arquitectónica en la incorporación de estas innovaciones tecnología. Un ejemplo de ello son las campañas electorales donde la comunicación y la digitalidad han cambiado el perfil de los líderes y la forma de comunicarse con sus potenciales electores, poniendo en crisis a los partidos políticos, convirtiéndolos en lo que ahora se denominan “espacios”, donde se disputan más las diferencias entre personas que las doctrinales o programáticas.

El acceso a los liderazgos o candidatura políticas se ha hecho más fácil para quienes tienen una imagen pública ganada en otras actividades, como en los medios de comunicación. Ejemplo de ello son los artistas, deportistas, periodistas y personales del espectáculo.

El avance en la participación de las mujeres en el liderazgo político en estos días es notable. Su protagonismo que comenzó en el siglo XX, con motivo de las dos guerras mundiales, donde tuvieron que suplir la actividad social que desempeñaban los varones, que fueron a combatir y que en muchos casos perdieron la vida.

En la política mostraron sus primeras manifestaciones con el voto femenino. La ley 13.010 de 1947 lo hizo posible en Argentina, y se concretó por primera vez en la elección presidencial de 1951. Le siguió luego la ley 24.012 del llamado del “cupo femenino” de 1991. Actualmente el reclamo es de que haya “paridad de género” en las candidaturas, en los ministerios y hasta en los cargos ejecutivos.

Ese avance es positivo porque honra el principio de igualdad de posibilidades, pero no debe contrariar el de idoneidad (Art. 16 CN), que exige que los electos por el pueblo sean los mejores, aunque en el reparto proporcional de bancas resulten una mayor cantidad de mujeres que de varones o viceversa. Por ello es justo y equitativo que en las listas de candidatos para cargos legislativos, deba haber igual cantidad de varones y de mujeres, pero los electores deben tener el derecho de preferencia, para que los elegidos sean los o las mejores, y no los que encabezan las listas, impuestos por los que la confeccionan, y donde con frecuencia predominan en los primeros puestos parientes, amigos, punteros, militantes, etcéteras, y no los más capaces y que nos puedan mejor representar.

La disrupción que ha significado el empleo de los nuevos medios de comunicación, que han reemplazado a los tradicionales, como es el caso de las videoconferencias, las redes sociales, Internet, Facebook, Twitter, Instagram, Google, WhatsApp, You Tube, Big

Data o los Algoritmos. Ello ha cambiado la relación entre líderes o candidatos con sus electores y con el público en general. Los discursos y mensajes son cada vez más breves y dirigidos a sectores afines de la sociedad, acompañados por imágenes. Lo explicativo o racional de los mensajes se lo trata de combinar o sustituir, por lo emocional. El marketing, las encuestas, los focus groups condicionan los comportamientos de los políticos, de los candidatos, de los periodistas y de los electores.

Los programas de gobierno últimamente son reemplazados por propuestas muy genéricas, y por críticas a la persona de los contrincantes, a sus realizaciones o actuaciones en la vida pública o privada, y a los errores o contradicciones de sus conductas políticas. No faltan la práctica de los denominados escraches para atacar al contrincante. En los actos donde disertan los políticos no hay más tribunas, ni nada que se asemeje a un púlpito. Los discursos se hacen cerca o rodeados por el público, algo parecido a la predicación de los pastores. Las visitas a vecinos, familias, fábricas o grupos de personan, que algunos se llaman “timbreos”, tienen por propósito acortar las distancias que hay entre líderes, candidatos o quienes detentan cargos gubernamentales con la gente.

Los afiliados a los partidos, o la mal llamada “militancia”- término que relaciona la lealtad política con la disciplina militar-, muchas veces se enrolan en una suerte de carrera administrativa que les permite detentar, y luego ascender o cambiar, distintos cargos políticos o administrativos, que también condicionan su lealtad partidaria. Los éxitos o derrotas que sufren los partidos o las alianzas políticas dependen en parte de lo que se pueda conseguir con el triunfo o las derrotas de sus candidaturas o propuestas, sino también al destino personal que ello les deparará a sus dirigentes, afiliados, “punteros” o “militantes”. Los líderes políticos que se cambian de partidos, o parlamentarios de bloque, se producen con frecuencia, y, en algunos casos, traicionando la lealtad con sus electores, como lo que se conoce en nuestro país el nombre de “borocotismo”.

En algunos casos estas carreras políticas o administrativas, han permitido conseguir ventajas, privilegios o recursos, por medios no trasparentes, que contradicen lo permitido por las leyes penales, administrativas o financieras, lo que significa corrupción. Conductas ilícitas o delictivas siempre existieron en el quehacer político, pero con el avance de los medios de comunicación, que ahora han penetran hasta en la intimidad de las personas, familias y en los secretos de estado, han hecho posible que los tribunales de justicia hayan podido procesar y condenar a presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, ministros o empresarios corruptos. El rol de los servicios de inteligencia ha cobrado una importancia fundamental en estos manejos o desmanejos que operan en las esferas de gobierno y entre los que están alcanzados por, lo que ahora se denomina en nuestro país, el “círculo rojo”.

Las estrategias electorales de extremar las polarizaciones, la relación amigo-enemigo, han dados resultados positivos para algunos candidatos, pero han creado tensiones y “grietas”

en las dirigencias gubernamentales y en la sociedad civil, que no han ayudado a construir la voluntad popular, ni a hacer efectiva la “paz interior” que nos exige el preámbulo de nuestra Carta Fundamental.

Entre los líderes de las confrontaciones se intercambian críticas, agresiones, se denuncian responsabilidades y hasta se cuestiona sus legitimidades. Sus programas y discursos están dirigidos a sus seguidores y no a todos los ciudadanos. Ello los termina convirtiendo a estos en “militantes”, que ceden su voluntad autónoma a sus respectivos líderes. Los discursos ideologizados, dirigidos a sus seguidores, tratan de crear un blindaje invisible, enfocado a profundizar las gritas y hacer más dura las confrontaciones. Por este camino se puede llegar a conformar gobiernos hegemónicos, o a lo que ahora se llama populismo y hasta se puede arribar al totalitarismo. Esto contraria la democracia y la libertad, y hasta nos puede hacer regresar desde la siempre tan ansiada república a la monarquía, que Montesquieu nos enseñó a superar.

La voluntad popular se construye con la cooperación de todos, y no con la hegemonía de una minoría por numerosa o importante que sea. La amistad cívica o social es un componente indispensable para que la sociedad política desarrolle la democracia constitucional.

La representación en los órganos legislativos

En “El Hombre y el Estado”, Jacques Maritain afirma que: “La función concreta del Estado –su función principal– es velar por el orden legal y la aplicación de la ley. Pero el Estado no es la ley” (Editorial Encuentro página 31), porque, según añade en otro segmento de su obra, “el Estado no es más que un órgano habilitado para hacer uso del poder y la coerción y compuesto de expertos o especialistas en el orden y el bienestar públicos; es un instrumento al servicio del hombre” (página 27).

La representación política encuentra su mejor versión en los integrantes de los órganos legislativos, que son elegidos periódicamente por el pueblo, y están encargados de canalizar las peticiones, reclamos y necesidades del pueblo del que son mandatarios. En los parlamentos se delibera, se dictan leyes y se controla al poder ejecutivo. Además, se designan o se acuerda el nombramiento a funcionarios, ministros, jueces, embajadores o militares de rango superior. El juicio político permite destituir a las más altas autoridades políticas o judiciales. Las políticas de estado, para ser tales, deben ser elaboradas o acordadas y discutidas en los congresos, legislaturas o concejos deliberantes.

Para que esta misión institucional sea mejor cumplida es imprescindible que las normas electorales conformen el primer vínculo que haga efectivo el mandato que invisten los integrantes de estos organismos. Ellas deben hacer que los electores conozcan a quienes lo van a representar, y que puedan decidir mejor a quién elegir en el momento de votar. Y que

puedan con facilidad poder comunicarse con ellos, interrogarlos y reclamarle lo que sea necesario antes y después de ser electos.

Cuando la elección es unipersonal ello es más factible, pero cuando se lo hace por listas proporcionales, es bueno que se autorice el voto de preferencia, como lo prevé la Constitución de la provincia de Córdoba (Art. 78 infra) y la Carta Orgánica de la Municipalidad Córdoba (Art. 133) -aunque lamentablemente ello no se aplica por no estar reglamentado, en el primer caso, y por exigir en la reglamentación de la Carta Orgánica un 3% de preferencias para desplazar a los que están antes en las listas-. En el municipio de Ushuaia se adoptó el voto preferencial en 2002. La posibilidad de poder tachar a alguno de los integrantes de las listas, lo permitió la ley “Sáenz Peña” Nº 8.871, de 1912, que rigió durante varias décadas, a los efectos de cambiar el orden de las mismas.

En el derecho comparado observamos que Brasil, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana se practica el voto preferencial, en listas cerradas pero no bloqueadas, para cambiar el orden de las listas como el establecido en la Constitución y la Carta Orgánica de Córdoba. En Chile hay voto preferencial en las elecciones municipales. En Suiza, Luxemburgo y en el Senado español la preferencia es en listas abiertas, por lo que se puede elegir y votar a candidatos de distintas listas. En Irlanda, Malta y en Irlanda del Norte no hay sistema de listas, sino el voto único transferible que permite que cada elector pueda marcar el orden de preferencia entre los candidatos que se presentan en su circunscripción. En las elecciones del Parlamento Europeo, los electores pueden cambiar el orden de los candidatos en la lista mediante el voto preferencial en Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia. Además, en Luxemburgo, los electores pueden no sólo indicar sus preferencias, sino también votar a candidatos de otras listas y en Suecia, los electores pueden incluso añadir o eliminar nombres de las listas.

Reformas del Congreso de la Nación

En el Congreso de EEUU se produjo un cambio muy importante cuando se dictó después de la segunda guerra mundial y del extenso gobierno de Franklin Delano Roosevelt (entre el 4 de marzo de 1933 y el 12 de abril de 1945), la ley dictada por el Senado y la Cámara de Representantes de reorganización legislativa (Legislative Reorganization Act of 1946 número 601 del LXXIX Congreso) para promover la mayor eficacia de la rama legislativa Gobierno. Por el mismo se reformaron los reglamentos de ambas cámaras, el régimen y procedimiento en las comisiones, normas del personal legislativo y de los agentes de influencia legislativa (“Regulation of Lobbyingt Act”), la ley federal de reclamos por agravios, la compensación y retiro de miembro del Congreso, la oficina de asesoramiento legislativa, entre otras cuestiones. Todo ello está muy bien explicado en el libro de Manuel Fraga Iribarne “La reforma del congreso de los estados Unidos La L.R.A. de 1946”, publicado en Madrid Ediciones Cultura Hispánica 1951.

No estaría mal que en el momento de crisis institucional que vivimos pudiera ocurrir algo parecido en el Congreso de la Nación, para lo cual se podría tomar en cuenta las propuestas que le hiciera al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario en marzo de 2019.

Las reformas propuestas fueron las siguientes:

· Cumplir con el artículo 45 de la CN para actualizar el número de diputados de cada distrito, de acuerdo al último censo, sin que ello signifique aumentar el número de 257 que hay en la actualidad.

· Sancionar una ley que apruebe un Reglamento General del Congreso -no previsto ni prohibido por la CN y que existe en otros países- que regule:

I. El funcionamiento del Congreso reunido en Asamblea: sus autoridades; su constitución; el quórum; sus sesiones generales; y las especiales para: la elección de presidente y vicepresidente, en las que deberán sumarse los sufragios emitidos por el electorado de los distritos y proclamar la fórmula electa, o convocar a segunda vuelta si los porcentajes exigido por la Constitución así lo exige (Art. 120 de la ley 19.945 reformada por la 24.444); para tomar el juramento del presidente y vicepresidente de la Nación (Art. 93 CN); para tratar el motivo de sus renuncias (art. 75 inc. 21 CN); para los casos de acefalía (Art. 88 y ley 20.972 de 1975 modificada ley 25.716), y para el mensaje presidencial en la apertura de las sesiones del Congreso (Art. 99 inc.8 CN).

II. Los procedimientos: para autorizar al presidente de la Nación a ausentarse del territorio de la Nación (Art. 99 inc.18 CN); para los juicios políticos (Arts. 53, 59 y 60 CN ); para designar y remover al Procurador General y al Defensor General de la Nación (Art. 120 CN), al presidente de la Auditoría General de la Nación (Art.85 CN), al Defensor del Pueblo y receptar sus informes (Art. 86 CN); autorizar la delegación legislativa en “materias determinada de administración o de emergencia pública” (Art. 76 CN) y derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia y la promulgación parcial de leyes (Ley 26.122).

III. La estructura, redacción, numeración y caducidad de los proyectos de leyes; sobre pedidos de informes y comunicaciones dirigidas al Poder Ejecutivo (ley 2417 de 1890, ley Olmedo, reformada por la 3721, la 13.640, y la 23.821); de recepción y tratamiento de las iniciativas populares y de las sentencias exhortativas dictadas por los tribunales (en Diputados ingresaron 63 entre 2005 y 2018).

IV. Las comisiones bicamerales, la Dirección de información y asesoramiento -incluso constitucional- parlamentaria y de la Biblioteca.

· Reformar los reglamentos de ambas cámaras para:

I. Regular la interpelación “a los efectos del tratamiento de una moción de censura”, y remover por alguna de las cámaras, al Jefe de Gabinete de ministros (Art. 101 CN).

II. Disminuir el número de comisiones -en especial en Diputados- y controlar su regular funcionamiento.

III. Limitar los tiempos en el uso de la palabra en los homenajes y al plantear cuestiones de privilegios.

IV. Crear bloques mixtos en ambas cámaras integrados por los grupos de legisladores que tengan menos de tres miembros.

· Revisar la ley de Administración financiera y los reglamentos de ambas cámaras para mejorar el trámite de la presentación, tratamiento, aprobación del presupuesto nacional y su eventual reconducción.

· Incorporación nuevas tecnologías para un mejor funcionamiento de las cámaras, las comisiones, las oficinas administrativas y la comunicación con los ciudadanos, a través de los medios y las redes sociales.

· Revisar las leyes promulgadas y no reglamentadas, y que por ello no son aplicadas.

A ello se le podría agregar un código de ética y, la siempre resistida, en nuestro país, reglamentación de los lobbying (Art. 36 infra de la CN).

Para terminar es bueno recordar los consejos de Manuel Fraga Iribarne, en el libro antes citado, cuando expresa que: “(…) los parlamentos con mejores en las críticas que en la elaboración, y superiores en el control que la intervención directa en el Gobierno o la Administración, muchos más aptos para las cuestiones básicas, de principios, que para los detalles y los problemas técnicos o de ejecución. En definitiva los Parlamentos con principalmente cuerpos pasivos, por lo mismo que son representativos de los gobernados; pero a su vez deben ser eficaces y activos en su pasividad (…) Hoy, como en los tiempos de Burke, “la función primordial – escribe Friedrich- es la representación del pueblo en la defensa y la crítica del Gobierno y de su política.” (Página 35/6)

Córdoba, septiembre de 2019.