Los desafíos de la Democracia

maritain

Jacques Maritain

La democracia no tuvo buena prensa hasta el siglo pasado. Aristóteles la consideraba una forma degenerada de la politeía (equivalente a República), el gobierno de la mayoría, por no estar dirigido al bien común. Montesquieu en su libro “Del Espíritu de las leyes” de 1748, inspirado en Aristóteles, afirmó que: «La elección por sorteo es propia de la democracia; la designación por elección corresponde a la aristocracia», por ello cuando se dictaron las Constituciones de EEUU (1787) y de nuestro país (l853), se declararon republicanas, y omitieron la palabra democracia.

En el siglo pasado, las trágicas experiencias totalitarias del stalinismo, del nazismo y del fascismo; de los autoritarismo de Francisco Franco, en España, y Antonio Oliveira Zalazar, en Portugal, y de las dictaduras latinoamericanas; el horror de los genocidios armenio y judío; de las dos guerras mundiales y de las dos bombas atómicas en Japón, convencieron a la humanidad que la democracia era la más perfecta forma de gobierno y de vida en la sociedad; por respetar la voluntad popular, la libertad, los derechos humanos, la igualdad, la paz, y el bien común.

Pero, ¿qué es hoy la democracia?

Su punto de partida es la dignidad de la persona humana, y el respeto de sus bienes esenciales: la vida, la libertad y al trabajo y los derechos humanos que de ellos se derivan. Se trata de la mejor forma de representación política y de participación ciudadana. Para su mejor desarrollo es necesario educar políticamente a los ciudadanos y también a los dirigentes; limitar los mandatos, diferenciar lo público de lo privado, lo que es de la sociedad civil y de lo que es del estado, y, dentro de éste, diferenciar las competencias de los distintos niveles, poderes y órganos de gobierno y de la administración.

Que, además, haya plena vigencia de la Constitución y de las leyes, respeto de las instituciones republicanas y cumplimiento de las reglas de ética pública, que aseguren transparencia e impidan la corrupción. Las sociedades deben ser solidarias y fraternales. Y los medios de comunicación deben garantizar que la opinión pública esté bien informada y, a través de ellos, se puedan expresar todas las opiniones y debatir las grandes decisiones políticas. Que la inevitable globalización no se limite a lo económico o a lo financiero, sino que se profundicen los procesos de integración política, y se retome el olvidado ideal de un gobierno mundial, que nos permita, alguna vez, superar conflictos, desigualdades y preservar al planeta.

La Democracia del siglo XXI

En el nuevo siglo las democracias, además, necesitan: adecuar la educación, redefinir y distribuir el trabajo, orientar la economía al servicio del hombre, asimilar las nuevas tecnologías y medios de comunicación, limitar el armamentismo (especialmente el nuclear) y cuidar el ambiente.

Los nuevos desafíos que enfrenta la democracia son: los poderosos (de la política, la economía, lo militar, lo mediático, etc.); la crisis de los partidos, vaciado en “espacios” políticos; las reelecciones, que oligarquizan la política; los “círculos rojo”, que amurallan y separan a los representantes de los representados; al clientelismo y a las “organizaciones sociales”, punteros, piqueteros, lobbistas, etc. que secundan a los que medran con el poder; a las redes y nuevos medios de comunicación, que con frecuencia reemplazan la verdad con la post-verdad; al populismo, con su autoritarismo encubierto; a las grietas (políticas, sociales, territoriales, etc.), profundizadas por la política agonal; las persistentes secuelas de la guerra fría, y los intentos de reconciliación, como el que se ensaya en Colombia; las nuevas formas de violencias (bullying, escraches, desaparecidos, atentados terroristas, etc.); la corrupción; la pobreza; el narcotráfico; las discriminaciones; el cambio climático y la incertidumbre del futuro, que compromete la esperanza.

Maritain, el filósofo de la democracia, alguna vez dijo: “La cuestión no es encontrar un nombre nuevo a la democracia, sino descubrir su verdadera esencia y realizarla; pasar de la democracia burguesa, desecada por sus hipocresías y por falta de la savia evangélica, a una democracia íntegramente humana; de la democracia frustrada, a la democracia real.”

A esto estamos convocados.

Córdoba, octubre de 2017.

 

 

 

 

 

 

Anuncios

La Corte Suprema y la reforma de la Justicia

Ricardo Lorenzetti – Presidente de la Corte Suprema Argentina

Sumario o abstract: Este trabajo propone reformas que atañen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un primer paso para poner en marcha una reforma integral de la organización judicial en la República Argentina, dentro del marco que establece la Constitución Nacional.

Una reforma judicial integral – que se proponga hacer más eficiente el servicio de justicia en nuestro país, incorporando nuevas y mejores tecnologías y que se pongan a los tribunales a tono con los tiempos que se viven, se puede hacer a partir de una reforma de la Constitución; o con el dictado o modificación de normas sub-constitucionales, como se proponemos en este trabajo.

Reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)

La reforma debe comenzar por el más alto tribunal, que es la CSJN, la que habría que reubicarla en el lugar que la Constitución y la sociedad argentina de hoy exigen. Ello deberá completarse luego con las reformas de los tribunales inferiores federales, los de las provincias y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de las normas orgánicas y procesales correspondientes y las que organizan y regulan los organismos que lo complementan, como son los ministerios públicos, los consejos de la magistratura, las policías judiciales y demás reparticiones complementarias o auxiliares.

Antes de discutir cuantos jueces debe tener la CSJN; como se hizo cuando se dictó la ley nacional 26.183, que redujo su número de siete (7) a cinco (5), tema más político que técnico, y sobre el me incliné por los siete (siete); sería conveniente tener en claro cuál es la tarea que les corresponderá realizar a estos magistrados después que se haga la Reforma de la Justicia. En esta discusión también hay que tener en cuenta que los juristas que se designen de aquí en adelante deberían tener el título máximo, y en lo posible que provengan de distintas provincias y de la capital federal; y que haya un equilibrio entre varones y mujeres.

Para ello parece razonable comenzar por disminuir la gran cantidad de causas que se tramitan y resuelven en este Alto Tribunal, lo que exigiría hacer algunas reformas estructurales, procesales y técnicas para conseguir la buscada mayor eficiencia y determinar así cuántos jueces deberían integrarlo. Para disminuir así la enorme cantidad de causas que se tramitan y resuelven en esa instancia2 es imprescindible que:

· el Estado, nacional y las provincias y municipio, dejen de generar y recurrir juicios, como ocurrió, por ejemplo, con el “corralito”, y con los juicios previsionales;

· los tribunales superiores de provincia y de la CABA deberán convertirse en tribunales constitucionales, y dejar de serlo de casación o de apelación ordinaria, para atender las acciones individuales y colectivas y de los recursos de inconstitucionalidad, provincial y federal, especialmente en lo referido a las causales de arbitrariedad;

· la Corte Suprema deberá dejar de ser el tribunal superior de la CABA, por lo que la llamada Justicia “Nacional”, o sea los tribunales ordinarios de la capital federal, deberá ser transferidos a esa jurisdicción (Art. 129 CN), para lo cual debe modificarse el artículo 8 de la ley 24.588.3 Además, deberán transferirse los funcionarios del Ministerio Público que actúan ante los mismos, (Art. 129 y Disposición transitoria decimoquinta “infra” CN); al igual que el Registro de Propiedades, la Inspección de Justicia y la Policía judicial. Esto está en línea con lo dicho por la CSJN en “Corrales, Guillermo, s/ Habeas Corpus” (9/12/2015); y con el “Convenio interjurisdiccional de transferencia progresiva de la Justicia Nacional ordinario penal” del 17/1/2017 entre el presidente de la Nación y el jefe de gobierno de la CABA, que está en el Congreso para su ratificación, y que es sólo una transferencia de unos pocos tribunales ordinarios penales de la Capital Federal. Junto a este convenio, y el mismo dia, se firmaron otros tres, uno que fija la competencia de los tribunales penales que se transfieren por el convenio anterior,

otro que transfiere el Registro de Propiedades y un cuarto que hace lo propio con la Inspección General de Justicia, en los temas que son competencia de la CABA. Los fundamentos de estas transferencias han sido bien desarrollados por Marcela Basterra en su artículo “El traspaso de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a veinte años de la Constitución de la Ciudad”.4

El resto de las reformas que deberán hacerse en el Alto Tribunal, como tribunal de Justicia, además de las administrativas y financieras que este trabajo no incluye, serían las siguientes:

· Que uno de sus miembros vuelva a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, para que dicho órgano sea integrado por los “jueces de todas las instancias” (Art. 114 CN).

· Derogar los artículos 24 inciso 6° apartado a del Decreto ley 1285/58 que establece el recurso de apelación ordinario (distinto al recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48) ante la CSJN en contra de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones cuando el Estado Nacional es parte y el monto en disputa supera la suma de $ 10.890.000; por ser esa norma inconstitucional como lo declaró la CSJN cuando sostuvo que, de acuerdo con el principio republicano de la división del poder, su tarea principal consiste en asegurar la vigencia de los derechos y garantías que reconoce la Constitución en favor de los individuos, y también la vigencia de las normas que ordenan y limitan el ejercicio del poder por parte de las Autoridades de la Nación.5 El recurso ordinario en este caso es un

privilegio que atenta contra el principio de igualdad (Art. 16 de la Constitución).6

· Incorporar a las causales del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 la de sentencias arbitrarias, según fueron elaboradas por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

· Reformar el artículo 257 del CPCCN, para modificar plazos y requisitos en los recursos que resuelve la CSJN, el que quedará redactado de la siguiente manera: “El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito y electrónicamente, fundado con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48, ante el juez, tribunal u organismo administrativo o legislativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de Quince (15) días contados a partir de la notificación. De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por quince (15) días a las partes interesadas, notificándolas personalmente, por cédula o electrónicamente. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso en el plazo de treinta (30) días. Si lo concediere expresa o tácitamente, o sea cuando venciere el plazo para hacerlo, previa notificación personal, por cédula o electrónicamente de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de diez (10) días contados desde la última notificación. Si el tribunal superior de la causa tuviera su asiento fuera de la Capital Federal, la remisión se efectuará por correo y electrónicamente. La parte que no hubiera constituido domicilio electrónico quedará notificada de las providencias de la Corte Suprema por ministerio de la ley. Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252.”

· Incorporar en el CPCCN el recurso extraordinario in forma pauperis, ya admitido, en algunos casos, por la jurisprudencia de la Corte.7

· Suprimir la expresión “de competencia federal” y “No procederá el recurso en causas de materia penal” del art. 257 bis del CPCCN (según ley 26.790) a los efectos que el recurso per saltum pueda, también, ser interpuesto en contra de las sentencias de los tribunales provinciales y penales de primera instancia, y hacer efectivo también en estos casos el principio de igualdad (art. 16 de la CN).

· Ampliar los plazos a quince (15) días para interponer la aclaratoria prevista en el artículo 272 y del recurso de reposición, y el traslado correspondiente a la contraria, del artículo 238 del CPCCN cuando se trate sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

· El Estado Nacional si fuere condenado por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) por lo que resolvió una sentencia dictada por la CSJN la parte afectada podrá plantear ante dicho tribunal, en el plazo de ciento veinte días desde que fue notificado, un recurso de revisión de dicha sentencia en base de los argumentos de la CIDH. Este recurso deberá ser reglado por el CPCC.8

· Disponer que la constitución de domicilio, cuando se trate de causas que se tramitan ante la CSJN, se deberá hacer en forma electrónica, consignando, además el teléfono y el e-mail del letrado que actúa, y no

en el domicilio de la ciudad de residencia del tribunal, como exige actualmente el artículo 40 del CPCC de la Nación; y que, además, las notificaciones se hagan en forma electrónica, como lo dispone el Acuerdo No. 31 de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, según lo autoriza la ley 26.685, y hacer extensiva la modalidad electrónica en la presentación de escritos en juicios y recursos que se tramitan en la Cámara Nacional Electoral, la Cámara de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones, los Tribunales Orales y los Juzgados Federales; y permitir que los recursos y traslados ante estos tribunales, como los oficios que se libren para los organismos nacionales, se puedan hacer por vía electrónica. Las notificaciones electrónicas deberán contener el texto íntegro del decreto, resolución o sentencia que se hacen conocer.

· Disponer por ley la realización de Audiencias Públicas: informativas, conciliatorias y ordenatorias, y la participación de “Amigo del tribunal”, cuando se tramiten recursos y acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como este Alto Tribunal ya lo reglamentó mediante la Acordada No. 30 del 2007 y las Acordadas Nos. 28 del 2004, Nº 14 de 2006 y Nº 7 de 2013. Autorizar, también, a la Corte a delegar en alguno de sus miembros o en el tribunal que haya dictado la sentencia recurrida el tomar las audiencias conciliatorias.

· Autorizar a la Corte Suprema para que apruebe y publique un Código de Estilo, para uniformar y mejorar la elaboración y comunicación de lo que se expresa y decide en el ámbito judicial, que será obligatorio para la confección y redacción – en soporte papel o digital- de sentencias, fallos, acordadas, resoluciones, decretos, providencias, actas, informes, memorandos, circulares, certificados, pliegos de interrogatorios, declaraciones, pases, oficios, notificaciones, citaciones, órdenes de arresto o allanamiento, exhortos, correspondencias, notas, esquelas, invitaciones, partes de prensa, tarjetas y demás documentación que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Dicho Código determinará también la forma protocolar de la redacción, según quién sea el emisor y el destinatario; el tipo de hoja, tipografía, tamaño, interlineado,

márgenes, sangrías, persona gramatical y pie de páginas; el encabezado, empleo de logotipos o isologotipos, la numeración, la ubicación de fotografías e imágenes, y el lugar y orden de las firmas, de los sellos de los referidos documentos. Fijará, además, las forma en que se confeccionarán los expedientes, sus carátulas, folios y el modo como serán utilizados y archivados. Los escrito que se presenten ante la CSJN deberán tener una portada de colores diferentes, según que sea el del recurso extraordinario, la contestación del traslado, al queja, el del Amigo del tribunal, la petición de audiencia, la presentación de la Procurador Fiscal o del Defensor Público, o los recursos de aclaratoria o reposición; y los que se presentan cuando la CSJN actúa como tribunal ordinario. Deberá incorporarse a este código las normas reglamentarias para los escritos de los recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN, establecidos por este Tribunal en la Acordada No. 7 de 2007. Deberá preverse el caso de los escritos, o párrafos de los mismos, o citas en idioma extranjero para que se presenten con la correspondiente traducción.9

· Derogar los artículos 286 y 287 del CPCCN 10 y las Acordadas que lo actualizan y obligan a quienes interpongan recurso de queja ante la CSJN, por denegación del recurso extraordinario, a depositar la suma de $ 26.000, que será devuelto, sin la correspondiente actualización ni intereses, en caso que la queja fuere acogida; y no será devuelto si el recurso de hecho fuere desestimado o se produjera la caducidad de instancia y, cuyo caso, se destinará a las bibliotecas de los tribunales nacionales. La razón de la derogación es que el depósito fue establecido con el objeto de “restringir el uso indebido” del recurso de queja (Ver fallo de la Corte en “Baner c/ Rossi” 7/8/1980) y su no devolución significa una sanción, lo que atenta contra la garantía del debido

proceso legal (art. 18 de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Además, como bien lo sostuvo el juez Carlos Santiago Fayt en su disidencia a la Acordada 77 de 1990, dicho depósito “reviste naturaleza similar a la tasa judicial… Excede, en consecuencia, el concepto de arancel…” por lo la Corte carece de facultades para actualizarla, como lo viene haciendo, porque ello es competencia del Congreso.11

· Modificase el CPCCN en su Artículo 281, para que quede redactado de la siguiente manera: “Las sentencias de la Corte Suprema se redactarán en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado, en el que se limitarán a señalar sus discrepancias o diferencias. (…)”

· Autorizar a la Corte Suprema y demás tribunales inferiores a dictar una única sentencia para distintas causas de contenido idéntico o similar que se encuentren en condiciones de ser resuelta, y una copia de dicho fallo deberá ser incorporada en cada uno de los expedientes. Esta modalidad, cuando se trata de casos idénticos, ha sido empleada muchas veces por la CSJN. La Suprema Corte de EEUU lo hace también en casos similares, como ocurrió en el del 26 de junio de 2015 referido al resonante caso de los Matrimonios de personas del mismo sexo.12 Esto podría también hacerlo nuestro Alto Tribunal.

· Autorizar por ley a la Federación Argentina de Colegios de Abogados para que conceda y administre la matrícula de los abogados que litigan en la CSJN, que deberá ser distinta de los abogados que lo hacen en la Justicia Federal y de las provincias. El 26 de octubre de

2016 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que delega en los colegios públicos de abogados de las distintas provincias, el otorgamiento, gobierno y control de la matrícula federal.

Se ha dicho, y se lo ha dicho bien, que el Siglo XXI será el siglo del Poder Judicial, como el XIX fue el del Poder Legislativo y el XX del Ejecutivo. Si ello fuere así en nuestro país se impone hacer una reforma integral de la Justicia, que comience por su más alto tribunal. Alguna de las ideas expuestas en este trabajo puede servir para alcanzar este loable propósito.

Córdoba, Agosto de 2017.

De Vido, Cristina y Menem

Julio De Vido

El caso del diputado Julio de Vido irrumpió bruscamente en la campaña electoral, porque el tema principal para el oficialismo es la corrupción, como el estancamiento económico lo es para la oposición kirchnerista. Se lo acusa de “inhabilidad moral sobreviniente a su incorporación” o de “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” (Art. 66 Constitución), algunos le agregan “indignidad” -causal no prevista ni penada por la Ley Fundamental-; por múltiples y graves presuntos delitos que habría cometido antes de ser elegido por el pueblo.

Una serena reflexión, no influida por la disputa electoral, podría ser la siguiente:

· Sin orden judicial de arresto no cabe el desafuero de De Vido, ya que los procesos puede continuar hasta su culminación. Esta prerrogativa es de la Cámara y no es renunciable.

· Las acusaciones al ex ministro enfatizan las denuncias (80), imputaciones (30) o procesamientos (5), por hechos ocurridos cuando ejercía ese cargo, antes de ser elegido diputado.

· Si los delitos se cometieron antes de ser electo, “corregirlo” o “removerlo” (Art. 66 CN), o sea: suspenderlo o expulsarlo -como se propone en la Cámara de Diputados-, sería desconocer la voluntad popular que lo eligió a pesar de ello.

· Si el Cuerpo que integra le aplicara alguna pena; que los jueces temerosos, morosos o cómplices omitieron imponerle; la misma sería un grave desvío de poder y un atentado contra el principio de inocencia, lo que podría ser anulado judicialmente.

· Llama la atención que ese planteo no se le haya formulado cuando se incorporó a la Cámara, ni al ser designado presidente de la Comisión de Energía y Combustible de dicho Cuerpo; ni que no se lo haya intentado hacer al senador Carlos Menem, ahora candidato a ser reelecto, que tiene dos condenas judiciales que no están firme; ni a Cristina Fernández de Kirchner, tres veces procesada, a la que se le podrían haber hecho por los hechos por el que está procesada un juicio político cuando era presidente, o se le pudo haber impugnado su actual candidatura a senadora.

· La acusación a De Vido, se basa más en que fue procesado que en los delitos que habría cometido, y su defensa se circunscribe a que es un perseguido político. En esta discusión se elude explicar si fue responsable o no de la muerte de 51 personas en la tragedia de Once, o si es culpable o no de la sustracción o el desvío de millonarios recursos del Estado.

· Lo ciudadanía no entiende por qué la vara de la justicia cae con severidad solo en cabeza de subalternos (María Julia Alsogaray, Ricardo Jaime, Julio López Lázaro Báez o Víctor Manzanares), y nunca en la de los responsables político superiores (Cristina, De Vido o Menem); mientras en países vecinos los jueces condenan y ordenan prisión a ex presidentes, como ocurre en Perú (Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo) o en Brasil (Luiz Ignacio Lula da Silva).

· También es reprochable las conductas de los ciudadanos que votan a corruptos.

Si el “afianzar la justicia”, del preámbulo de la Constitución, significa “dar a cada uno lo suyo”, nos parece que ello no ocurre en este caso, y el obrar de los diputados y candidatos en la campaña electoral nos demuestran que más interesa ganar una elección que actuar como indica la Constitución. Este reproche cabe también contra los jueces que tienen obligación de impartirla y no cumplen con ese cometido.

Si a la incertidumbre sobre nuestro futuro y a la pobreza de las propuestas de los candidatos, le agregamos una inconstitucional sanción a De Vido, además de victimizarlo agravaría la desesperanza de muchos argentinos.

A propósito de ello me viene a la memoria las palabras de mi profesor de derecho penal, el Dr. Helio Olmos -eximio abogado penalista-, cuando sus alumnos le preguntábamos: ¿por qué defendía a delincuentes indeseables?, como serían ahora estos políticos corruptos, y él nos respondía: ¡La Justicia en el juicio final!

Córdoba, julio de 2017.

Éxitos y fracasos en la campaña electoral

Mauricio Macri y Cristina Fernandez de Kirchner

A pesar que la ley fija la fecha del 14/7/17, la campaña electoral comenzó hace un año con la ley de “reparación histórica”, que aumentó haberes previsionales de ANSES, mucho de los cuales recibirán recién ese justo beneficio en víspera de los comicios.

Cómo el gobierno no mejoró la economía, los precios y las tarifas aumentaron más que los salarios y se perdieron empleos, la oposición tomó este fracaso como bandera. Los gobiernos Nacional, provinciales y de los municipales saturan los medios de comunicación con los pocos éxitos de su gestión, donde nunca faltan las fotos de los candidatos que respaldan.

Las elecciones primarias nacionales (PASO) fueron desvirtuadas por la falta de disputa de las candidaturas en los partidos, y se han convertido en una encuesta, obligatoria para los electores. Los partidos desaparecieron al fusionarse en alianzas alrededor de candidatos, muchas veces destacados por su visibilidad mediática, que no representan una propuesta política sino a los líderes que confeccionan las listas, como el presidente, ministros, gobernadores, intendentes o a algunos que ahora sin cargos tienen peso propio, como Cristina Fernández de Kirchner.

Único problema: el gran desorden 

La táctica que mejor intenta el oficialismo y la oposición es, igual que en la elección de 2015, polarizar -profundizar la grieta- entre Cristina, que es el pasado, y Mauricio Macri, que es el presente, sin que poco y nada se diga del futuro, ni que se propongan reformas de fondo, para terminar con el único gran problema que padecemos, que es el grave desorden que sufrimos en la calle y con la seguridad, pero también en la educación, la economía, la Justicia, en lo tecnológico, lo ecológico, en cómo integrarnos al mundo, etcétera.

Además de las obras que exhiben los que gobiernan (algunas ridículas como el tren que va en 7 horas a Mar del Plata), y que no se hicieron en los años no electorales, los caballitos de batalla de la campaña son la lucha contra: la corrupción, la pobreza y el tráfico de las drogas. Sobre la corrupción, es mucho lo que se denuncia e investiga (caso de Vido) y poco lo que aclara y resuelve la Justicia. Respecto de la pobreza no hay proyectos serios para superarla, que no sean los planes sociales. En cuando al narcotráfico el gobierno con el aumento de los decomisos de estupefacientes –que aplaudimos- nos muestra la gravedad del problema, que es el aumento desmesurado del consumo (duplicado en este siglo), sin que haya políticas para frenarla y disminuirla, ya que mientras crezca el consumo y las adicciones, la lucha contra el narcotráfico es una guerra perdida. Si aumenta la demanda de drogas, lo hará también la oferta, por más decomisos y penas que se apliquen. ¿Qué hacer con los consumidores, adictos y soldaditos de este vil negocio?, es el gran dilema a resolver.

Entonces, en política ¿está todo perdido?, ¿no hay soluciones? 

La esperanza es lo último que se pierde. En un país donde hay líderes que el mundo admira (SS Francisco, Lionel Messi y Daniel Barenboim), nuevas promesas políticas (María Eugenia Vidal, Verónica Magario y Martín Lousteau) y una ciudadanía que a pesar de las recurrentes crisis no se rinde, y que con su voto y su deseo de participar (ver las masivas manifestaciones), no admite la polarización, y reclama soluciones de fondo, y sin demoras, aunque se cristalicen después de las elecciones.

Ejemplo de ello es la educación –un tema central-, donde, además de tener clases, los niños y jóvenes necesitan formarse como líderes, no solo político -donde escasea la buena preparación-. Hay que reemplazar la enseñanza actual, que forma alumnos para empleos de baja calificación; por otra, adecuada a la nueva y dinámica realidad, condicionada por la tecnología, donde se necesita, además de educar en valores morales, hacerlo también para la innovación y la creatividad; despertar la curiosidad y la astucia para resolver nuevos dilemas que el futuro deparará y que hoy es imposible prever. Se necesitan para ello docentes e investigadores mejor formados, jerarquizados y remunerados, y evaluaciones que nos indiquen si nos acercamos o no a las metas fijadas; como el examen al terminar el secundario, que se practica en casi todo el mundo, y que en nuestro país está prohibido.

Si con coraje los demás problemas se encaran de esta manera, la política y el futuro de nuestros hijos y nietos será por más promisorio.

Córdoba, julio de 2017.

Disputas por el poder o por trabajar

Mauricio Macri y Cristina Kirchner

El 2017, como todos los años impares, está signado por las elecciones, y por ello todo lo que se hace en política está en función de ganarlas, que por ser en este año sólo legislativas no cambiarán el gobierno, y muy poco las mayorías parlamentarias, pero pondrán en carrera a los que aspiran a las presidenciales de 2019. La táctica del gobierno, asesorado por Jaime Durán Barba, es tensar la relación amigo-enemigo, propia de toda disputa el poder, pero, en este caso, en vez de confrontar proyectos o programas políticos se crea una falsa opción: Macri versus Cristina, apoyar al gobierno o volver al kirchnerismo, el pasado contra el presente, volver a la “grieta”. Por eso poco o nada importa qué hacer con el trabajo, la educación, la seguridad, el cambio climático, etcétera. El Congreso casi no funciona, la economía está en veremos, la seguridad es preocupante, la educación está a la deriva, las calles cortadas, la Justicia sigue ineficaz y llena de vacantes, y la Corte Suprema es el árbitro final de conflictos que nadie resuelve (ejemplos: tarifas del gas, Milagro Sala).

Revertir el empleo cero

Pero entonces, ¿qué hacer con los graves problemas que nos aquejan?

  • Lo primero es centrar el debate político en la solución de los mismos, y no en quién o quiénes serán candidatos en el año 2019. Enfocarnos en el futuro -que es por demás incierto- y terminar con las falsas opciones como: volver a Cristina o ponerla presa, sostenerlo a Macri o subirlo al helicóptero, acentuar la ceocracia o la militancia camporista o piquetera.
  • De lograrse esto, habría que priorizar las cuestiones a resolver, que son muchas y muy complejas, y casi todas no serán solucionadas antes de éstos comicios, ni de los de 2019, como es, por caso, el de la educación.
  • El trabajo se muestra como el tema que más angustia a los argentinos y al mundo, ya que las nuevas tecnologías, aplicadas en el sector privado y público, parecen encaminadas al empleo cero. Trabajar hoy y mañana, no es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Los robots, la informática, la electrónica y el mundo digital nos obligan a pensar hoy, y preparar a las nuevas generaciones, para la innovación, la creatividad y el uso de nuevos instrumentos, que ya existen y que variarán o serán reemplazados por otros en poco tiempo, que nos permitirán gestar nuevos emprendimientos.
  • El trabajo decente, junto a la vida y la libertad, es el bien que toda persona debe ejercitar para vivir con dignidad. Sin valores la vida en sociedad carece de sentido.

El trabajo, que recordamos el 1º de Mayo, es lo que más se discute en las últimas campañas electorales de distintos países. Donald Trump triunfó en EEUU, con un florido discurso, por denunciar la baja del empleo, la consecuente reducción de los salarios, los altos costos de los servicios, como los de la medicina y la educación. Por eso les dijo a los americanos: basta de inmigrantes que les quitan sus trabajos; revertiré el tratado del Nafta que trasladó fábricas a México o Canadá, y propuso repatriarlas, junto a las que se fueron a China; cuestionó el Tratado del Cambio Climático de París de 2016 porque haría cerrar empresas que contaminan el ambiente; propuso crear fuentes de trabajo a través de obras de infraestructura y en las fuerzas armadas. Su lema “Haz América grande de nuevo” (Make America Great Again) ponía en primer lugar al empleo y relegaba, a un segundo plano, otras cuestiones como la política internacional. Si lo propuesto para solucionar esto es acertado, está por verse. Los discursos de las campañas electorales de este año en Europa y América siguen la misma línea.

Terminar en Argentina con la pobreza, la corrupción y el narcotráfico; traer inversores, equilibrar las finanzas públicas, terminar con la inflación y la economía en negro, descentralizar, mejorar la educación, reemplazar el empleo público por el privado, alivianar la presión fiscal, mejorar la infraestructura, terminar con el festival de los subsidios, reforzar la seguridad y cuidar el ambiente; son propósitos que hay que atender para que todos tengan un trabajo, bien remunerado, que les dé sentido a sus vidas y que les permita realizarse como persona.

Si este vuelco se diera, ¿Cómo cambiaría la visión que todos tenemos de la política? Hasta nos despertaría ganas de participar.

Córdoba, abril de 2017.

A 30 años de la Constitución cordobesa

Eduardo Angeloz

La 5ª Constitución de Córdoba se aprobó el 30 de abril de 1987 y satisfizo distintos intereses políticos, como los del gobernador Eduardo Angeloz que consiguió su reelección –la que luego le trajo muchos dolores de cabeza-. José Manuel de la Sota, del entonces rebelde Peronismo Renovador, logró controlar el Partido Justicialista, del que era un disidente, hasta que ganó la elección de constituyentes aliado con la Democracia Cristiana, con la que luego consiguió ser gobernador. Los tres convencionales de la UDC -que sucedió al Partido Demócrata, que después se convirtió en la UCD de Germán Kammerath, y que hoy es el PRO-, consiguieron como tercer partido una representación fija en ambas cámaras, al acordar con Angeloz: darle quorum cuando se votó la reelección; y los Demócratas Cristianos que logramos que la Constitución se funde en principios humanistas y su texto repita 30 veces la palabra persona.

En 2001 fue reformada y se cambió la bicameralidad por la unicameralidad de la Legislatura, luego que la ciudadanía así lo decidiera en consulta popular; y terminó: con las mayorías automáticas en la elección de los diputados, con un senado que hoy sería más numeroso que el nacional, con la sanción tácita de leyes en la cámara revisora, y con una cantidad desmesurada e innecesaria de empleados. Se abolieron los privilegios parlamentarios, incluido el de arresto, que no sea el de opinión (89) y las jubilaciones de privilegio (art.104, 19).

El personalismo

El primer objetivo que propone su preámbulo, es:“(…)exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Afirma que “la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos” (art.4). Declara: “inviolables (…) la libertad religiosa en toda su amplitud, y la libertad de conciencia.”(art.5); que las “(…)personas(…) son libres e iguales ante la ley y no admiten discriminaciones” (art.7); “la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y comunidades” (art.9); la “libre iniciativa privada y actividad económica lícita, y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad” (art.10) y que “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano” (art. 66).

El capítulo de los “Derechos personales” expresa: “Todas las personas en la provincia tienen derecho: (…)” y los enumera (art. 23), y los especifica, luego, como padre (art. 62, 5), hijo (art.34 y 62, 5), mujer (art. 24), niño (art. 25), joven (art. 26), anciano (art.28), discapacitado (art.27), preso (art. 44), consumidor (art.29), litigante, ciudadano, funcionario, magistrado o empleado público. Garantiza la intimidad personal, familiar, de su morada, en las comunicaciones y la inembargabilidad de la vivienda única (arts. 50, 45, 46 y 58).

Los capítulos de las “Asociaciones y Sociedades intermedias” y de las “Políticas Especiales del Estado”, garantizan la dimensión social del hombre; fijan nexos entre la

sociedad y el Estado, y se proclama: “la economía al servicio del hombre” (art. 67), referida a su bienestar (art. 56), su salud (art. 59), a su participación en el progreso tecnológico (art. 64), y a la ecología (art. 66). Declara, además, que “La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral” (art. 61).

Asignaturas pendientes

Pero a pesar de las 30 años todavía no se fijaron por ley los procedimientos de la acciones (personal y colectiva) declarativa de inconstitucionalidad (art.165, 1, a), ni la de los habeas corpus (art.47); que deberían estar en un Código de Procedimiento Constitucional; que regule, además, los del habeas data, los amparos y el acceso a la justicia.

Las jubilaciones se redujeron por la leyes 10.078 (difirió 6 meses los aumentos) y 10.333 (11%), desconociendo que “las jubilaciones y pensiones (son) móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad” (art. 57). La Caja de Jubilaciones (intervenida) no “(…) tiene autonomía” ni está administrada “por los interesados con participación del Estado (…)” (art. 55)

No se reglamentó: aquello que: “Los padres tienen derecho que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral según sus convicciones” (art. 62 ,5); ni las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para los candidatos de los partidos (art. 104, 22); ni el voto de preferencia para las listas de legisladores del distrito único (Art. 78); ni se cambió la división territorial de los departamentos por el de las regiones (art. 104,7). La Legislatura mantiene en su reglamento, como el anterior del senado, que las mociones de tratamiento sobre tablas se aprueban con simple mayoría y no con los 2/3 -lo se permite sancionar proyectos de leyes presentados el mismo día- lo que ha decir a algunos que es una “escribanía”. El Defensor del pueblo (art. 104,36) no puede accionar en tribunales, y los Consejos de Partidos Políticos y el Económico Social no funcionan (arts. 33 y 125).

Córdoba se puso al dia con esta Constitución, pero la mora de la Legislatura en reglamentarla, o cuando la contrarió al reducir las jubilaciones, convirtió en abstracta a muchas de sus sabias disposiciones.

Córdoba, abril de 2017.

Fuentes tributarias separadas o coparticipación

Argentina

Argentina

La reunión de ministros de economía sirvió para recordarnos que hace 23 años no se dicta la ley de coparticipación federal prevista en la Constitución de 1994 (arts. 75, 2 y 3 y Disp. transitoria 6ª CN) y que en este tiempo la caja del gobierno federal creció en desmedro del de las provincias y los municipios acentuándose la injusta dependencia fiscal y política.

La Constitución de 1853 dispuso que el gobierno federal se financie con los derechos de importación y exportación y las tarifas de aduana. Pero desde 1891 el Congreso aprobó leyes que autorizaban a la Nación a recaudar impuestos internos, que gravaban las ventas, y que, hasta entonces, eran recursos provinciales.

El gobierno militar en 1832 creó el impuestos a los réditos (hoy a las ganancias), por el que el gobierno federal gravaba el ingreso de las personas, que, según la Constitución, era de resorte provincial, y para que estas normas no sean declaradas inconstitucionales, se dispuso que regían por tiempo determinado y se prorrogaron hasta ahora, y se coparticipaba a las provincias un porcentaje de lo recaudado. La última ley de coparticipación se dictó en 1988 en forma provisional durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y está vigente todavía.

En la reforma constitucional de 1994 en vez de terminar con este sistema se dispuso que debía dictarse otra ley convenio, de coparticipación federal, en base a acuerdos entre la Nación y las provincias; que tenían que aprobar el Congreso, por iniciativa del Senado y con el voto de la mayoría absoluta de todos los miembros de ambas Cámaras y las Legislaturas de provincias. Esta ley nunca se dictó ni se dictará, ya que nadie querrá recibir menos de lo que ahora tiene asignado.

La Nación y las provincias desde 1991 firmaron 8 pactos fiscales y una ley de responsabilidad fiscal que han servido para desfigurar y engordar, aún más, el Tesoro de la Nación; hacer más injusto e inequitativo el reparto de competencias fiscales; y han gestado un nuevo y poderoso sujeto que participa de esta distribución que es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Fuentes tributarias separada

Ante esto, lo mejor sería abolir la coparticipación y volver a las pautas de la Constitución de 1853, y, a su modelo, la Constitución de EEUU, o sea al sistema de fuentes tributarias separadas, que está vigente en el país del norte y en Brasil, por el cual los distintos impuestos están repartidos y se recaudan tanto a nivel federal, como estadual y municipal o de los condados, compensándose diferencias por razones de equidad a través de fondos de asignación específica. El gobierno federal de EEUU se financia en base a los impuestos indirectos externos y al impuesto a las ganancias –que se federalizó por la Enmienda XVI a la Constitución en 1913-, los estados con los tax (un impuesto a las ventas) y los municipios por los impuestos inmobiliarios.

Este nuevo reparto fiscal significaría redistribuir la administración y recaudación de todos los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, tarifas, aportes, regalía y demás gravámenes y recursos; entre el gobierno federal, las provincias, sus municipios, la ciudad de Buenos Aires y el ANSeS.

Junto a ello deberían descentralizarse servicios, como los que el gobierno nacional presta en la ciudad de Buenos Aires (como el traspaso de los tribunales “nacionales”) y que pagan los contribuyentes de todo el país; terminar con los privilegios instrumentados a través de ATN y el Fondo del Conurbano Bonaerense; revisar la política de subsidios; y dejar sin efectos gravámenes injustos como, por ejemplo, las retenciones o el impuesto al cheque; y la duplicación de impuestos similares o análogos que se cobran en los distintos niveles como el IVA, los ingresos brutos, a las ventas o al comercio e industria –como propuso el ministro Osvaldo Giordano de Córdoba-; o el inmobiliario provincial y el municipal. Esto debería estar ordenado en un Código Fiscal Federal, como los que tienen las provincias y los municipios.

Si seguimos el modelo de EEUU el gobierno federal debería cobrar los derechos de importación y exportación, el impuesto a las ganancias y a los bienes personales, que son los más difíciles de administrar; las provincias el impuesto al valor agregado (IVA), reduciendo el disparatado porcentaje del 21%; y los municipios el impuesto inmobiliario.

En síntesis, derogar la ley de coparticipación federal, redistribuir los tributos que corresponde a cada jurisdicción en base a “criterios objetivos de reparto” y fijar reglas más “equitativa, solidaria” y que den “prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.”, como quiere la Constitución (art. 75, 2).